Ecopetrol reportó utilidades para sus accionistas por 3.6 billones de pesos para el tercer trimestre del 2024 lo que implica una caída del 28.3 % frente a las reportadas un año antes. En lo corrido del año, la petrolera acumula ganancias por 11 billones de pesos.De acuerdo con el reporte entregado a inversionistas, en el tercer trimestre del año las ventas de Ecopetrol tuvieron una ligera reducción mientras que sus gastos fijos crecieron cerca de 10 %. Según Ecopetrol, el precio más bajo del barril de petróleo fue parcialmente compensado por mayores ingresos para ISA, la filial de transmisión de energía del grupo especialmente por una revisión de tarifas en Brasil. Además, Ecopetrol aumentó la cantidad de crudo, gas natural y derivados vendidos al mercado.Por su parte, los gastos en exploración registraron una reducción del 1.9 %.En el último trimestre, Ecopetrol redujo su tasa de impuestos por cuenta de la reducción en la sobretasa del impuesto a la renta, que está directamente vinculada al precio del petróleo.La producción del Grupo Ecopetrol fue de 754.400 barriles de petróleo equivalente por día (kbped), lo que implica un incremento de 13.600 barriles de petróleo. El mayor aporte en producción viene de las operaciones de fracking en Estados Unidos, pero también hay un crecimiento de proyectos ya existentes como Caño Sur, Rubiales, Rex Noreste y proyectos asociados a recobro secundario en Castilla y Chichimene.
Desde la COP16 en Cali, Rodrigo Negrete, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (ANLA), explicó en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, qué sucedió con la licencia ambiental que busca el proyecto de perforación Komodo 1.En la entrevista, Negrete aclaró que, hasta la fecha, no ha sido otorgada licencia ambiental alguna para dicho proyecto, el cual está actualmente en un proceso de evaluación ambiental: "Es importante señalar que la evaluación puede llevar a la concesión de la licencia, a su rechazo, o incluso al archivo de la solicitud”, explicó.En ese mismo sentido, en medio de la polémica por la supuesta cancelación de la mencionada licencia, el director de la ANLA aclaró también que, entonces, “no se ha suspendido la licencia, sino el proceso de evaluación ambiental".Continuando por esa misma línea, Negrete dejó en claro que, por la mencionada suspensión, "en este momento no hay licencia ambiental" ni "tampoco hay concepto técnico de viabilidad" y que lo que sí existe actualmente es "el proceso de evaluación ambiental"."Cuando surge la solicitud de la Ministra de Ambiente estamos en el proceso de evaluación, por lo tanto, decir hoy día que había licencia o que había un concepto favorable a la licencia no coincide con la realidad procesal del asunto", concluyó Negrete.
En medio de la discusión por la baja de calificación de J.P. Morgan a Ecopetrol, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aclaró en una entrevista para Mañanas Blu que la estatal petrolera no abandonará los compromisos adquiridos en el negocio de fracking en los Estados Unidos.Durante su intervención, Bonilla destacó que el gobierno colombiano está enfocado en la transición energética como una prioridad. Explicó que se están buscando fuentes de financiamiento más baratas para apoyar este cambio hacia energías limpias.“Hay que hacer la transición y hay que preparar al país para el proceso de transición productiva”, afirmó el ministro, al referirse a la necesidad de avanzar hacia energías renovables como la solar y la eólica, cuya capacidad instalada se espera aumente en seis gigavatios en los próximos tres años.Además, señaló que Colombia debe empezar a reducir su dependencia del petróleo y el carbón, sectores que han sido fundamentales para la economía del país, pero que a largo plazo necesitan ser sustituidos por nuevas fuentes de exportación.“Estamos construyendo una nueva oferta de exportación que sustituya el petróleo y el carbón”, explicó Bonilla,Calificación de J.P. Morgan y el impacto en EcopetrolUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue el reciente informe de J.P. Morgan, que redujo la calificación de Ecopetrol, lo cual provocó una fuerte caída en el valor de la empresa en los mercados.Bonilla reconoció la preocupación por las calificadoras de riesgo, pero también subrayó que los criterios utilizados actualmente por estas instituciones necesitan actualizarse para incluir variables climáticas y de transición energética.“El tema ambiental no está siendo tenido en cuenta por las calificadoras de riesgo”, advirtió el ministro, tras resaltar que la falta de reconocimiento de los efectos del cambio climático y la necesidad de transición energética son factores que deben incluirse en futuras evaluaciones. Bonilla mencionó que durante su estancia en Nueva York sostuvo reuniones con estas entidades para exponer sus inquietudes y revisar los criterios de calificación.El proyecto Crownrock y la política del frackingUno de los puntos clave de la discusión fue el rechazo del Gobierno colombiano al proyecto Crownrock en Texas, Estados Unidos, que involucraba exploración petrolera vía fracking.Ante las críticas que señalaron que la decisión fue tomada por razones ideológicas, Bonilla defendió la postura del gobierno y negó que se tratara de un error.“No creemos habernos equivocado. Si en Colombia estamos eligiendo no hacer fracking, no tiene sentido que le digamos a Ecopetrol que lo haga en otro país”, manifestó el ministro.La decisión del Gobierno fue rechazada por algunos sectores que consideran que el fracking en Estados Unidos podría haber sido una oportunidad importante para Ecopetrol. Sin embargo, el ministro fue claro al señalar que la prioridad es fortalecer a Ecopetrol como una empresa de energía más diversificada, no solo enfocada en el petróleo.Cumplimiento de compromisos en frackingA pesar de la negativa del Gobierno de expandir proyectos de fracking, Bonilla aseguró que los compromisos actuales en los Estados Unidos se mantendrán.“Ecopetrol va a seguir con ese negocio o se va a salir de ese negocio, Ecopetrol está evaluando todas las características del negocio. No se trata de ampliar el espacio, pero sí de mantener los negocios actuales”, explicó.Esta aclaración es crucial, ya que la empresa estatal colombiana tiene operaciones en el Bloque Permian en Texas, una de las principales zonas de producción de fracking en EE. UU.Según el ministro, Ecopetrol seguirá cumpliendo con sus obligaciones contractuales, lo que le permitirá mantener una producción diaria de aproximadamente 800.000 barriles de petróleo.“Ecopetrol se queda cumpliendo los compromisos que tiene. No se está rompiendo ningún compromiso”, reiteró Bonilla.La perspectiva económica de EcopetrolLa discusión también abarcó el desempeño financiero de Ecopetrol, cuya acción ha caído un 50% en los últimos dos años, lo que genera preocupación tanto en los inversionistas como en el gobierno. Sin embargo, Bonilla relativizó la situación, argumentando que la caída del precio del petróleo a nivel global y las fluctuaciones en el mercado han influido en el valor de la acción.“Una cosa es tener el petróleo a $100 el barril y otra cosa es tenerlo a $78”, dijo, añadiendo que los desafíos actuales no significan que el gobierno esté en contra de la industria de los hidrocarburos.El ministro también aprovechó para desmentir la idea de una fuga de capitales, asegurando que, fuera del sector petrolero, la inversión extranjera en Colombia ha venido en aumento.“La inversión extranjera por fuera de petróleo ha venido creciendo”, señaló.
El proyecto de exploración de gas en el Pozo Uchuva-2, ubicado frente a la costa de Santa Marta, el cual es trabajado conjuntamente entre Ecopetrol y la brasileña Petrobras, sufrió un reversazo, luego del que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta ordenara suspender todas las actividades relacionadas con este por no haber adelantado procedimientos de consulta previa con las comunidades étnicas e indígenas de la zona.La decisión fue adoptada a partir del fallo de una tutela que fue interpuesta por el cabildo gobernador de Taganga, Ariel Daniels Andreis, debido a que no fueron consultados este año, previo a que se autorizara el inicio de la perforación del mencionado pozo, lo que según el líder indígena afecta la zona de pesca de su comunidad. Al parecer, estos no habrían sido tenidos en cuenta porque el Ministerio del Interior no los vinculó al proceso, pese a que desde el 2020 fueron reconocidos, vía resolución, de ser un grupo indígena con presencia ancestral en la zona de Taganga, por lo que deberá corregir el MinInterior una resolución de 2023 para que así sean vinculados y se convoque, en un plazo no mayor a 30 días, la realización de una consulta previa en la que se garantice la participación del cabildo. "El año pasado el Ministerio del Interior envió una verificación al proyecto de que en el área de influencia no existían comunidades étnicas, siendo que el mismo Ministerio nos había inscrito en el 2020. Este año, en junio, el Anla modificó la licencia ambiental. Eso hacía que la licencia ambiental fuese sujeto de consulta previa. En el área de influencia los impactos negativos llegan hasta las zonas de donde sacamos nuestra pesca de subsistencia. Por eso solicitamos a la Anla por qué no los habían consultaron y dijeron que no había impacto y que no eran sujetos de consulta previa", explicó el gobernador Ariel Daniels Andreis. El líder indígena reconoce que el proyecto de exploración de gas Uchuva-1, que inició hace 12 años, no requirió la consulta con su comunidad porque estaban constituidos, pero no inscritos. Sin embargo, esta situación ya no se dio en las mismas condiciones para los nuevos permisos que se tramitaron para Uchuva-2, por lo que piden las modificaciones. Para entender esto es importante tener en cuenta que el proyecto Uchuva -1 es considerado uno de los descubrimientos de gas natural más grandes en Colombia de los últimos años y, precisamente, Uchuva-2, cuya perforación arrancó en junio de este año, busca delimitar la zona en la que hay presencia del gas para reducir la incertidumbre del proyecto y asegurar su comercialización. "No nos oponemos al proyecto, pero pedimos una consulta previa y que se indiquen las afectaciones a la biodiversidad y también a nuestro entorno pesquero. Nosotros somos pescadores itinerantes", explicó. Además, el juzgado ordenó a las empresas Ecopetrol y Petrobras que no utilicen nombres o símbolos culturales de la cultura Tayrona, por lo que deben retirar en las próximas 48 horas a la notificación del fallo, el nombre Uchuva del proyecto.A raíz de esta situación, fue convocada una cumbre entre Ecopetrol y Petrobras para analizar las implicaciones de la tutela que paró la exploración en Uchuva 2, teniendo en cuenta que este contrato hace parte de los compromisos del Gobierno para garantizar abastecimiento de gas para los próximos años, lo que lo convierte en uno de los pozos más importantes del país. "Uchuva-2 nos permitirá obtener mayor información sobre lo descubierto y la información necesaria del yacimiento para la planeación y ejecución de la conexión con los centros de consumo, contribuyendo con el abastecimiento del país”, explicó el pasado 21 de junio Elsa Jeanneth Jaimes, vicepresidente Costa Afuera de Ecopetrol.Vale la pena mencionar que el contratista a cargo de estas obras de exploración y explotación está conformado por Petrobras, con una participación del 44,44 % ,y Ecopetrol con el 55,56 %.
El papa Francisco elogió el día 31 de agosto el fomento de las energías renovables en contraposición a los combustibles fósiles y "energía sucia en el planeta", y dijo que "la producción y el consumo deben ser cada vez más justos e inclusivos"."Apostáis por un futuro impulsado por energías limpias, por nuevas formas de consumirla y de producirla cada vez más basadas en fuentes renovables", destacó el papa en una audiencia con empleados de la empresa eléctrica italiana Terna, que trabajada en la transición energética del país.Según el pontífice, "hay mucha energía sucia en el planeta" y "demasiadas fuentes fósiles y no renovables", recursos que a menudo se obtienen a través de "la injusticia, por las guerras que surgen y son alimentadas por el hambre de energía".A esto se suman "relaciones laborales injustas por concentraciones de enormes ganancias en pocas manos", así como "ritmos de trabajo insostenibles que contaminan las relaciones corporativas y el alma de las personas"."La buena energía no es sólo una cuestión tecnológica: la producción y el consumo deben ser cada vez más justos e inclusivos", añadió Francisco.En su opinión, "la inclusión energética, la democracia energética, es hoy un desafío multidimensional"."No podéis ser ciudadanos soberanos si seguís siendo súbditos energéticos. Por eso merece ser apoyada y fomentada la expansión de las comunidades energéticas, esas nuevas expresiones de ciudadanía integral y de democracia que, con dificultad, también se están desarrollando en Italia. Y eso es bueno", remarcó el pontífice.
La petrolera Interoil anunció un acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Colombia para la terminación parcial del contrato Llanos 47. Según el acuerdo, la compañía dejará de explorar el área, pero continuará con la explotación del pozo de producción Vikingo debido a la oposición de las comunidades locales.Además, Interoil espera que se logre también la terminación del contrato Altair, que se ha visto afectado por una situación similar."Esta terminación contractual se basa en las dificultades relacionadas con la inflexible oposición a las actividades de exploración, lo que ha impedido el normal desarrollo de las operaciones y el cumplimiento de los compromisos de exploración durante un periodo prolongado, lo cual llevó a varias extensiones y suspensiones del contrato por parte de la ANH", explicó Interoil en un comunicado refiriéndose al contrato Llanos 47.Tras la finalización del contrato, Interoil no tendrá que pagar penalidades ni indemnizaciones, y tampoco estará obligada a ejecutar los compromisos exploratorios del campo, que incluían el desarrollo de unos nueve pozos.La compañía aún deberá tramitar la aprobación de la terminación con sus tenedores de bonos.Interoil continuará operando en Colombia, explotando el área de Vikingo hasta que termine su ‘vida económica’.
Tropas de la Quinta Brigada en coordinación con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizaron allanamientos en varias zonas del corregimiento El Centro, dando con la captura de cinco hombres responsables del hurto continuo de elementos de la industria de hidrocarburos en el Campo Cira Infantas de Barrancabermeja.Los cinco capturados presuntamente eran los responsables de robos a la infraestructura generando una afectación superior a los 600 millones de pesos, la operación "Éxodo III", se dio con el fin de contrarrestar este delito frecuente en el puerto petrolero.Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, se enfrentan a cargos por hurto agravado y calificado, y concierto para delinquir, se espera la audiencia de legalización de capturas e imputación de cargos.Dentro de los allanamientos les fueron incautados celulares, dos armas de fuego y radios de comunicación.Violencia en BarrancabermejaUn vendedor ambulante, de 42 años, y una mujer de 24, fueron atacados a bala en un sector conocido como La Campana.El ataque causó pánico entre Los habitantes de la comuna 1 en Barrancabermeja donde un vendedor ambulante José Luis Petana conocido como “Platanito” fue asesinado con varios tiros en su cuerpo mientras realizaba sus actividades diarias de ventas en el sector, una mujer que casualmente le estaba comprando un producto recibió un disparo en su hombro.
La Unión Sindical Obrera (USO) hizo un llamado urgente a Ecopetrol y al Gobierno nacional para que haga un esfuerzo hacia la reactivación de la exploración y producción de hidrocarburos para aumentar reservas en Colombia.La organización sindical ve una oportunidad para generar nuevos empleos, aumentar las reservas de gas natural y fortalecer la infraestructura energética del país, con un enfoque especial en las cuencas del Magdalena Medio, Llanos Orientales, Piedemonte llanero y Putumayo.>>> Lea también: Utilidades de Ecopetrol caen 17,4 % y llegan a $3.37 billones en segundo trimestre de 2024En las cuentas del sindicato está el préstamo por 3.600 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda recomendó a Ecopetrol no adquirir en la banca internacional para financiar el negocio con la OXY en campos petroleros de Estados Unidos.Aseguró el sindicato que “sin la inversión decidida y la reactivación de la actividad perforadora, el futuro de Ecopetrol está en riesgo puesto que las reservas probadas actuales se agotarán en 7,6 años. De igual forma se debe hacerse el Proyecto de Línea Base de Calidad de Combustibles en la Refinería de Barrancabermeja para garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos para el diésel y la gasolina en resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y de Medio Ambiente en el año 2021 y en la política CONPES de julio de 2018”.
Persiste la preocupación para cientos de familias en el Magdalena Medio por el futuro de un importante proyecto de extracción de hidrocarburos que podría desaparecer, pero que además en varias décadas de operación ha dejado poca inversión social para poblaciones de los municipios de Puerto Triunfo y Puerto Nare.Se trata del pozo petrolero de Campo Teca, el cual nuevamente fue bloqueado en las últimas horas por habitantes de la zona, exigiendo al Gobierno nacional, Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, respuestas frente al deterioro progresivo y posible cierre de este complejo del que diariamente se extraen hasta 1.300 barriles de crudo.Un proyecto planteado el año anterior por 1.350 millones de pesos para extraer hasta 50.000 barriles aún no se materializa, y aumentan las dudas para los vecinos de esta zona, pues el cierre de Campo Teca podría dejar sin sustento a cerca de 2.500 personas. Esto dijo Heriberto Sandoval, vocero de la comunidad que acompaña la manifestación."Pedimos que se haga la fase 2 donde existen más o menos 300 pozos y donde se genera cierto número de empleados para aliviar la crisis social y económica que en este momento vivimos y estaremos aquí hasta que tengamos diálogos y respuestas positivas para nuestra comunidad", señaló Sandoval.De igual manera, el concejal de Puerto Triunfo, Carlo Tobón, expresó que a pesar de la importante cantidad de hidrocarburos que se extraen día a día de la zona ha sido poca la inversión social de Ecopetrol en el territorio y los recursos que se han quedado para planes de desarrollo producto de asuntos como regalías."Son unos derechos que se tienen adquiridos porque es la riqueza de nuestros suelos, ahí están los ductos por donde salen los los productos que están sacando de nuestros suelos, pero no le están retribuyendo nada al municipio, la inversión social es cero". destacó el funcionario.Se estima que la entrada en operación de una segunda fase de Campo Teca tendría un potencial de 750 millones de barriles de crudo para extraer, algo que según los manifestantes, oxigenaría las oportunidades laborales y el desarrollo económico de esta zona del Magdalena Medio antioqueño.
El pasado 7 de mayo, el presidente Gustavo Petro lanzó una serie de denuncias sobre hallazgos “profundamente alarmantes” en Ecopetrol y otras entidades del Estado, relacionados con recursos usados para, supuestamente, “financiar personas, paramilitares y la política” durante años. Días después de estas declaraciones, las que fueron las máximas cabezas de la petrolera le respondieron al jefe de Estado a lo que llamaron “afirmaciones falsas y temerarias” sin sustento alguno.A través de una carta, los expresidentes de Ecopetrol Felipe Bayón, quien estuvo en el cargo del 2017 al 2023; Juan Carlos Echeverry (2015-2017) y Javier Gutiérrez (2007-2015), aseguraron que la empresa ha cumplido a cabalidad y sin cuestionamiento alguno las leyes. Indicaron, además, que “ha sido reconocida por sus sólidas prácticas de gobierno corporativo, cumplimiento, ética, transparencia, control interno, gestión de riesgos y sostenibilidad, con notables calificaciones en radares y mediciones nacionales e internacionales”.“Durante los periodos en los que tuvimos el honor y la responsabilidad de presidir la primera empresa de los colombianos, entre enero de 2007 y marzo de 2023, no conocimos información del presunto desfalco al que hace referencia el señor presidente. Los casos de presunta violación de la ley, del Código de Ética o de cualquier normatividad aplicable en Colombia o en Estados Unidos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes de forma oportuna, tal como lo exige la misma ley”, se lee en la masiva.Los tres exfuncionarios recalcaron en la carta, publicada este 14 de mayo, que Ecopetrol tuvo, bajo sus administraciones, una “gran variedad de controles internos y externos en Colombia”. Con esto, le responden al presidente Petro sobre las acusaciones en las que dijo que “decenas de millones de dólares” ha sido usados de manera irregular por parte de la empresa.Álvaro Uribe: "Ecopetrol va rumbo al precipicio"“En nuestra calidad de expresidentes de Ecopetrol, rechazamos de forma categórica esas afirmaciones falsas y temerarias, pronunciadas sin pruebas ni sustentos fácticos, que afectan uno de los principales activos de Colombia, de la que son accionistas la Nación, con el 88,5%, y cerca de 250.000 accionistas minoritarios, la mayoría ciudadanos colombianos, a quienes se suman 19 millones de mujeres y hombres en todo el país que tienen parte de sus ahorros en la empresa a través de las inversiones y portafolios de los fondos de pensiones y cesantías”, se lee en la masiva.Además, señalaron que les “preocupa que desde la cabeza del Gobierno Nacional se hagan afirmaciones injuriosas contra su más valioso activo que ponen en tela de juicio el desempeño histórico de la empresa” y ponen en juego su “reputación y la de sus trabajadores”. En la carta, también dicen que las palabras del presidente Petro “dificultan su posicionamiento internacional y el acceso a mercados y a potenciales socios”.Esta es la carta de los expresidentes de Ecopetrol:
En entrevista con Camila Zuluaga en Mañanas Blu, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), ofreció una visión crítica sobre las perspectivas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en cuanto a las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional. Bonilla resaltó varios desafíos clave que enfrenta Colombia para lograr una paz duradera con este grupo armado.Según la experta, "la llave de la paz nunca se debe botar definitivamente", aunque advirtió que esto no implica abrir las puertas a negociaciones sin condiciones. Este tipo de enfoque, como el que se observó al inicio del actual Gobierno, podría ser contraproducente, ya que no garantizaría el control institucional sobre el país. La subdirectora destacó que "este Gobierno el ELN tuvo varios golpes como organización", lo que demuestra que su disposición a negociar está más ligada a cumplir sus demandas que a un verdadero deseo de dejar las armas.Bonilla también señaló que la guerra del ELN ha tenido un costo elevado, con un número significativo de víctimas civiles, ya que la organización busca consolidar su poder sobre los territorios en disputa. Sin embargo, destacó que el proceso de paz no ha sido lo que ha fortalecido al grupo: "Desmovilizamos un grupo, pero no somos capaces de controlar el territorio", señaló, apuntando a las debilidades institucionales en la implementación de los acuerdos.Además, la analista subrayó las fracturas internas dentro del ELN, las cuales se han profundizado por la falta de avances en los diálogos con el Gobierno. "El ELN se fortaleció en paz y en guerra, o estamos haciendo mal la paz o la guerra, o las dos", comentó, sugiriendo que el enfoque actual para tratar con este grupo no está funcionando.Finalmente, Bonilla hizo énfasis en la diferencia entre el ELN y las Farc, destacando que los ciclos de la guerra son distintos y que las herramientas usadas con las Farc no son aplicables para otros grupos armados. "En este momento ningún grupo se parece a las Farc", concluyó, reafirmando la complejidad del conflicto y la necesidad de un enfoque adaptado a cada situación.En relación a la situación política en Venezuela, Bonilla también indicó que "si ahora el Gobierno de Maduro se cae no sería para un problema en Colombia y las negociaciones, sería más un problema para el ELN". Esta declaración subraya cómo el ELN, con su presencia en la frontera colombo-venezolana, podría verse afectado por los cambios en el poder en Venezuela, afectando sus propias dinámicas y estrategias."El próximo Gobierno tiene que tener decisiones inteligentes, es importante considerar las evidencias", terminó sugiriendo Bonilla al Gobierno que sea electo como sucesor del actual, el de Gustavo Petro.
Tal y como lo había denunciado la comunidad, siete personas se encontraban retenidas en una finca de la vereda Los Trozos de Anorí, por parte de integrantes del Clan del Golfo y en las últimas horas tropas de la Brigada 14 del Ejército lograron su liberación.De acuerdo con los testimonios de los liberados, estos habían sido forzados a permanecer en allí, donde eran obligados a realizar labores de cocina para presuntos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle, del Clan del Golfo. A la par, más familias siguen desplazándose por los combates entre este grupo armado, las disidencias de las FARC y el ELN, en los últimos días, cifra que ya llega a las 150 que han llegado al casco urbano, por lo que las fuerzas militares mantienen la ofensiva en la zona. El coronel José Vicente Ávila Ballen, comandante de la Décima Cuarta Brigada del Ejército."Posterior a su liberación, a las personas se les brindó atención médica por parte de las tropas, verificando su estado de salud, así como el acompañamiento necesario para garantizarles la protección de sus derechos fundamentales. El Ejército Nacional continúa adelantando operaciones de esta zona del nordeste antioqueño con el fin de garantizar la protección de la población civil", manifestó.En su huida, los ilegales se llevaron tres equinos de la comunidad, exponiendo a las personas retenidas a graves riesgos, teniendo cuenta que pueden ser estigmatizadas como supuestos colaboradores de organizaciones al margen de la ley.José David Hernández Gandía, representante legal de la Asociación de Campesinos del Norte y Nordeste de Antioquia, había mostrado su preocupación por la familia retenida."Llamaba a los familiares que están acá en el municipio de Anorí y la llamada era de 20 segundos y colgaba y decía que estaba bien. Ellos están de rehenes del grupo paramilitar que se encuentra en la zona. Ya se supo por medio de un trabajador que a ellos los tienen detenidos en una vivienda", dijo en su momento.
A pesar de la presencia de la Fuerza Pública en El Plateado, corregimiento del municipio de Argelia, Cauca ubicado en el corazón del Cañón del Micay, las disidencias de alias “Iván Mordico” sigue atemorizando a la población civil.Esta semana, según lideres de la comunidad, el grupo armado ilegal se llevó 15 menores de edad que estudiaban en la Institución Educativa Técnica Miguel Zapata.Los padres de cinco de estos niños alertaron sobre el reclutamiento, los demás no han interpuesto la denuncia por temor a una represalia.La Defensoría del Pueblo reveló un informe según el cual cerca de 200 niños han sido reclutados en el Cauca este año y el gobernador del departamento, Octavio Guzmán, asegura que podrían ser más de 350 niños reclutados por estos grupos criminales."El reclutamiento en nuestra región hoy nos pone en el primer lugar del mayor numero de casos en el país, según la Defensoría del pueblo van 210 niños reclutados en lo corrido del 2024, pero las organizaciones sociales señalan que son mas de 350 niños reclutados y tenemos que enfrentar eso", dijo el mandatario.No sólo las disidencias de las Farc, también el ELN estaría reclutando niños en el Cauca en medio de la disputa por el control de esa zona del suroccidente colombiano.
El director de Asoportuaria, Lucas Ariza, aseguró que es "bastante delicada" la alerta que lanzó la Contraloría sobre la posibilidad de que haya una terminación anticipada de este contrato de obras en el Canal del Dique.Advierte que esto genera "un problema, primero, para las comunidades, porque este es un proyecto ambiental de mitigación de efectos del cambio climático" y esto sería "quitarle la oportunidad a las personas de tener una solución segura, para que no vuelvan a sufrir una inundación".Agrega que "este es un contrato que se adjudicó y cumplía con todos los requisitos", por lo tanto, "debe respetarse" por el bien del país."Al final termina perdiendo el país, porque si aquí hay un tema de terminación anticipada del contrato, seguramente tendremos que estar expuestos a indemnizaciones y demás. Es una mala noticia", dijo.En este mismo sentido se pronunció el director ejecutivo de la Cámara Colombia de Infraestructura capitulo norte, Héctor Carbonell, quien ha pedido que se facilite el camino para que el megaproyecto se ejecute a favor de todos.
Una fuente reservada respondió a varios interrogantes sobre el papel que jugó el general Jorge Luis Vargas, quien era director de la Policía Nacional en el año 2021 en la llegada de los miembros de NSO Group, desarrolladores de Pegasus en medio de la polémica por la compra del software. Vargas, hace unos días se presentó ante la Fiscalía y, tras una citación, decidió “guardar silencio”.Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, que miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de Catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países(Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir una herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial(Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.El pasado 8 de noviembre, el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, el general Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía, guardó silencio frente a todo lo relacionado con el programa espía Pegasus, señalando que todo esto forma parte del marco de algunas operaciones reservadas manejadas por la Policía Nacional, razón por la cual decidió no hablar.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el Jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, también por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
