El gobierno de Venezuela afirmó este domingo que desde 2018 han regresado al país 28.521 venezolanos de 21 países con el denominado "Plan Vuelta a la Patria" tras una última repatriación de 247 ciudadanos desde Perú este fin de semana."Cifra de venezolanos beneficiados con el Plan Vuelta a la Patria asciende a 28.521 pasajeros, procedentes de 21 países, a través de 165 vuelos y un traslado marítimo", señaló la Cancillería venezolana en su cuenta de Twitter.En otro mensaje, indicó que en una nueva jornada de este programa 247 venezolanos llegaron al país desde Perú.El pasado 22 de marzo, el organismo anunció el inicio de una nueva fase del "Plan Vuelta a la Patria", que se puso en marcha en septiembre de 2018, para facilitar el regreso de migrantes que fueron víctimas de xenofobia en países receptores.La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) estima que 6.041.690 personas han abandonado el país ante la crisis de los últimos años. Dicha plataforma indica que, de ese total de migrantes, 4.992.215 viven en América Latina y el Caribe.Escuche el podcast Cómo Como:
La Talanquera es un monumento que anuncia la entrada al municipio de Tame, en Arauca. En medio del conflicto que se ha desatado por los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN, desde hace casi un mes, llegan decenas de venezolanos a este punto para seguir su camino hacia otras zonas de Colombia o hacia otros países vecinos.Ramón viaja junto a 15 personas, salió de Venezuela hace 8 días y espera llegar a Yopal. En este tiempo se ha movilizado caminando, pero también en mulas o camiones que deciden movilizarlos.“Caminando, o de cola en cola; pero con la bendición de Dios primeramente y pa’ lante”, afirmó.Sobre su decisión de salir de Venezuela asegura que, en ese país, “no se puede, todo esta caro y no hay empleo, no hay nada. Pienso llegar a Yopal, pero si es la voluntad de Dios llegar a otro lado pues bueno, amén”.Julio viaja con su esposa y su hijo, dice que va para Perú porque allá tiene familiares que lo están esperando, decidió salir de Calabozo, en Venezuela, hace cinco días.“Allá si comes hoy no comes mañana y lo que se está ganando es demasiado poco para el venezolano, para poder sustentar a su familia hoy en día. Me he visto en la obligación de salir del país porque tenemos que buscar la manera de sustentar a nuestros hijos y a nuestra familia”, puntualizó.Él viene con un grupo de otras 15 personas y manifiesta que “muchas veces se ganan 15, 20 dólares en los establecimientos donde se trabaja y eso no alcanza. Acá hay gente de San Fernando. La mayoría del tiempo hemos venido caminando y ‘agarrando cola’”.A este punto de Arauca llegan algunos ciudadanos venezolanos que buscan oportunidades en otros países. Paran a descansar y esperar un “aventón” de alguien que los pueda acercar a sus destinos.Vea el video: Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Alcaldes de 12 ciudades colombianas, entre ellos los de Bogotá, Cúcuta y Pasto, firmaron un manifiesto en el que rechazan la xenofobia y apoyan la integración de los migrantes venezolanos para vincularlos a la economía del país.La iniciativa la impulsa la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a través de su campaña "Somos Panas Colombia", y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales)."Promovemos la integración entre colombianos y venezolanos, que entendamos que a pesar de ser una situación desafiante para todos, también se abren oportunidades si abrimos los canales de integración", dijo Rocío Castañeda, oficial de Información Pública de Acnur Colombia, en entrevista con Mañanas BLU. La Acnur informó que hasta el momento el documento lo han respaldado los mandatarios de Bogotá, Bucaramanga, Montería, Pereira, Popayán, Cúcuta, Arauca, Armenia, Florencia, Mocoa, Pasto y Sincelejo."La firma de este manifiesto es un hito importante para la integración de personas refugiadas y migrantes a la sociedad colombiana", dijo la representante adjunta de Acnur en Colombia, Elizabeth Eyster.La funcionaria agregó que las ciudades capitales "sin duda juegan un rol fundamental para abrir caminos para que ellos y ellas puedan aportar cultural, social y económicamente".Recalcó que con la firma del documento los alcaldes también manifiestan el compromiso para rechazar cualquier discriminación y fortalecer los caminos de inclusión y que eso significará protección y bienestar tanto para las personas venezolanas como para las comunidades colombianas que los han acogido.Por su lado, los alcaldes dijeron que entienden la situación que vive el país por múltiples factores, entre ellos la pandemia del coronavirus."Entendemos que la situación que vivimos no es, ni ha sido fácil, que tanto colombianos como refugiados y migrantes, sufrimos la dura realidad del desempleo; la angustia por el acceso a la salud, a la educación; la urgencia de suplir las necesidades básicas", expresaron.A renglón seguido aseguran que son "conscientes también que solo trabajando juntos, hombro a hombro y con miras a proteger los derechos de todos y todas", se va "a salir adelante".Para el alcalde de Montería (norte) y presidente de Asocapitales, Carlos Ordosgoitia, esto significa "pensar en el otro"."Es buscar, a través de esas complejidades que hoy se viven, soluciones integrales al desarrollo del ser humano", expresó.Según Migración Colombia, en el país hay cerca de dos millones de migrantes venezolanos que están principalmente en Bogotá (393.716), Medellín (148.714), Cúcuta (98.680), Barranquilla (93.321), Cali (84.160), Cartagena (50.026), Santa Marta (45.245) y Bucaramanga (41.460).Le puede interesar. Escuche las Noticias del día:
A través de un canje de notas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la Gerencia de Fronteras y la Embajada del gobierno interino de Venezuela en Bogotá, se adoptó un mecanismo temporal, transitorio, expedito, excepcional y alternativo para que los migrantes venezolanos con títulos universitarios puedan apostillarlos frente a las autoridades colombianas.El proceso, de carácter gratuito, busca certificar exclusivamente títulos de educación superior como pregrado, posgrado, maestría y doctorado. No se aceptarán solicitudes en este mecanismo sobre partidas de nacimiento, matrimonio u otros.La certificación podrá solicitarla ingresando a la página web de la Embajada interina de Venezuela en Colombia co.embajadavenezuela.org y seguir los pasos. Además, recuerde que debe estar inscritos en el Registro Único Consular (RUC).Según el encargado de Negocios y jefe de Misión de la Embajada de Venezuela en Colombia, Eduardo Battistini, han recibido a 24 de noviembre, 3.000 solicitudes. Battistini agradeció a los ciudadanos venezolanos que se han acercado a realizar el proceso y pidió paciencia. Además, hace un llamado a no caer en falsos tramitadores que prometen facilitar estas gestiones, que son gratuitas y no necesitan intermediarios.El trámite puede demorar de 48 a 72 horas y hasta semanas, según las particularidades de cada caso. Por ejemplo, si su título universitario tiene el GTU, la convalidación podría recibir respuesta en un lapso corto, pero si no tiene el GTU, el trámite se demoraría mucho más. También hay algunas excepciones, los títulos expedidos por la Universidad Bolivariana de Venezuela no son reconocidos por el momento.Cuando la Embajada expida la certificación, el ciudadano venezolano podrá seguir el trámite en línea a través de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia www.cancilleria.gov.co , allí deberá presentar la carta y realizar un pago en línea de 21.000 pesos colombianos.Luego de este proceso ante la Cancillería, podrá continuar con la presentación de la documentación certificada ante el Ministerio de Educación Nacional en Colombia para el trámite de convalidación.
En medio de una cumbre de gobernadores adelantada en Cúcuta, la Contraloría reveló que en los últimos tres años la atención médica de la población venezolana en zonas limítrofes le ha costado al Gobierno colombiano 407.000 millones de pesos.El organismo de control advirtió a los mandatarios de frontera que la política migratoria requiere una eficiente gestión del gasto público porque los manejos imprevistos podrían desafiar el régimen legal vigente.“La política migratoria, que demanda una articulación de esfuerzos entre el Gobierno Nacional y las administraciones departamentales, exige un compromiso de ustedes en materia fiscal”, dijo el contralor, Felipe Córdoba.Y es que el Gobierno aún le debe al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, que recibe la mayor cantidad de venezolanos, una suma de 108.000 millones de pesos.Los cálculos que realizó el Fondo Monetario Internacional arrojaron que la atención a la población migrante y refugiada en Colombia tendrá de aquí al 2023 un enorme impacto fiscal.El Banco de la República también añadió que los costos relacionados en salud de los extranjeros se aproximarán a los 620.000 millones de pesos que equivalen a un 0,06% del PIB.Le puede interesar. Escuche La Intérprete en Spotify:
En un informe especial realizado por Noticias Caracol, se conocieron algunas de las situaciones terribles que deben pasar varios menores, en gran parte venezolanos, para lograr superar el hambre.En Villa del Rosario, Norte de Santander, ha sido el espacio para que cientos de migrantes menores de edad lleguen desamparados, sin algún apoyo estatal se vean obligados a recurrir a la prostitución como método de sobrevivencia.En testimonios recogidos por este informe, se conoció que las niñas ingresan en este mundo obligadas por las necesidades, otras son abusadas sexualmente de quienes se aprovechan de su desamparo.Montos desde 8 mil pesos son los montos que en ocasiones reciben por prestar servicios sexuales a pedófilos.Existen fundaciones que buscan ser un alivio para esta población, rescatándolos del mundo de la prostitución, brindándoles una educación y apoyarlos sicológicamente.Sin embargo, ante el crecimiento que registró la ONU de menores venezolanos llegando a Colombia desprotegidos, es necesario incrementar todos los esfuerzos.En respuesta a esto, las autoridades afirmaron que constantemente se encuentran en operativos los cuales buscan frenar las actividades de explotación sexual a los menores.
Los Informantes de Caracol Televisión, retrataron el drama de los niños venezolanos que migran solos de Venezuela a Colombia en busca de oportunidades.
Tras un operativo realizado por la Policía, Personería y Alcaldía de Barrancabermeja, fueron rescatados 11 menores de edad que eran usados para pedir limosna en las calles del puerto petrolero.Según indicaron las autoridades, los niños eran ubicados en los semáforos de las comunas 1, 2 y 3 en Barrancabermeja, donde pedían limosna a los peatones y conductores.“Se rescatan a los 11 menores y se captura a una mujer de 30 años, de nacionalidad venezolana, por el delito de explotación de menor de edad, se pudo establecer que esta mujer tenía una menor de 22 meses que no corresponde a su núcleo familiar”, informó el coronel Gustavo Martínez, comandante de la Policía del Magdalena Medio.Los menores de edad quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
Este lunes, el presidente Iván Duque reveló una nueva estrategia del Gobierno para regularizar la situación de venezolanos en Colombia. Duque presentó el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, para la regularización masiva de los connacionales que viven en Colombia. Quienes se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir visa de residentesBeneficiarios: venezolanos con permiso de ingreso y permanencia, solicitantes de refugio y titulares de un salvoconducto SC-2, que están tramitando una visa y migrantes en condición irregular que demuestren estaban en Colombia antes de la entrada en vigencia de la medida.Una vez termine la vigencia del Estatuto, todo migrante venezolano deberá solicitar una visa para vivir en Colombia y el que no lo haga incurrirá en permanencia irregular y será sancionado.Esta tarde el presidente, la canciller, Claudia Blum y el gerente para la frontera, Lucas Gómez, socializaron el Estatuto con la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi.ABECÉ DEL NUEVO ESTATUTO DE PROTECCIÓN TEMPORAL PARA MIGRANTES VENEZOLANOSEl presidente Iván Duque presentó en el Palacio de San Carlos el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, que busca la regularización masiva de cerca de 1 millón de connacionales que viven en Colombia de forma irregular.¿POR QUÉ?Teniendo en cuenta que más del 56% de los venezolanos que se encuentran en Colombia están en condición irregular y entendiendo que la irregularidad afecta no solo al migrante, sino también al país.¿QUÉ CAMBIA?Los migrantes venezolanos que se encuentran en un régimen de protección temporal pasarán a un régimen migratorio ordinario. Obligatoriamente debe hacerse la transición de PEP a Permiso por protección temporal para unificación y control.¿CUÁL ES SU VIGENCIA?Los migrantes venezolanos que se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes.¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?Migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia de manera regular, beneficiarios de un permiso de ingreso y permanencia, porque realizaron una prórroga de permanencia o porque cuentan con un PEP.Migrantes venezolanos solicitantes de refugio y titulares de un salvoconducto SC-2, es decir, que están tramitando una visa ante la Cancillería.Migrantes venezolanos en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en Colombia a 31 de enero de 2021.Como una medida para desincentivar la irregularidad, aquellos migrantes venezolanos que ingresen de manera regular al país durante los primeros dos años de vigencia del Estatuto.¿QUÉ PASA CON LOS MIGRANTES IRREGULARES?Para los migrantes irregulares en Colombia a la fecha de entrada en vigencia del Estatuto, este tiempo será amplio y suficiente para obtener su permiso por protección temporal y posteriormente acumular el tiempo de permanencia requerida para aplicar a la visa de residente.El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, contempla dos herramientas jurídicas: El Registro Único de Migrantes Venezolanos bajo régimen de protección temporalEl Permiso por Protección Temporal.¿SE EXPEDIRÁN MÁS PERMISOS ESPECIALES DE PERMANENCIA?A partir de la entrada en vigencia del Estatuto, NO se expedirá ni prorrogará ningún Permiso Especial de Permanencia y, aquellos que se encuentren vigentes, harán tránsito al Permiso por Protección Temporal.DOS FASES DE IMPLEMENTACIÓN90 días después a la publicación del Decreto que pone en marcha el Estatuto, se implementará en dos fases:Fase 1: Registro único de Migrantes Venezolanos que hace parte del Proyecto de Identificación y Registro de Ciudadanos venezolanos.Fase 2: Expedición del Permiso por Protección Temporal.IMPORTANTE Quienes se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir visa de residentes. Una vez termine la vigencia del Estatuto, todo migrante venezolano deberá solicitar una visa para vivir en Colombia y el que no lo haga incurrirá en permanencia irregular y será objeto de las medidas administrativas sancionatorias correspondientes, entre ellas la deportación.
El presidente Iván Duque manifestó que Colombia gasta anualmente más de 1.000 millones de dólares para atender a la población migrante de Venezuela y que los recursos de la comunidad internacional no superan los 100 millones de dólares. Por eso hizo un llamado a que se desembolsen ayudas para atender esa situación.Manifestó que no es por quejarse y que los recursos “se agradecen”, pero que se debe generar mayor acción de la comunidad internacional para poder atender temas tan apremiantes como los pagos acumulados en el sistema de salud en la frontera por la atención de venezolanos.“La solución para ponerle fin a la situación migratoria es ponerle fin a la dictadura de Venezuela. La comunidad internacional tiene que ser activa, persistente y contundente para que cese la dictadura”, reiteró el presidente Iván Duque.Hizo un llamado a la comunidad internacional para que sea consciente en que “no se puede seguir en declaraciones de recursos que nunca se desembolsan. Necesitamos que los compromisos hechos en las mesas se traduzcan en la asignación efectiva de recursos económicos”, dijo.
Un juzgado especializado condenó este viernes a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha por el delito de terrorismo agravado, tras comprobarse su responsabilidad en el ataque al CAI del barrio La Aurora, sur de Bogotá, durante el estallido social, la noche del 4 de mayo de 2021. En el lugar se encontraban refugiados 15 policías, y los agresores emplearon piedras, palos y bombas incendiarias para llevar a cabo el ataque.La sentencia se basó en pruebas contundentes presentadas durante el juicio. Los videos de las cámaras de seguridad, el reconocimiento fotográfico y los testimonios de las víctimas señalaron a Murcia Rodríguez y Hernández Socha como los responsables del ataque. Además, se encontró que los artefactos explosivos incautados en la vivienda de Murcia Rodríguez coincidían con las sustancias empleadas contra las instalaciones policiales.El juez desestimó las pruebas presentadas por la defensa, y las calificó de inconsistentes y contradictorias. En su fallo, afirmó que quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” que los acusados actuaron con dolo y que las conductas punibles fueron ejecutadas con premeditación y violencia.El Ministerio Público también respaldó la condena. El procurador enfatizó que no se trató de una protesta social, como argumentaba la defensa, sino de un acto deliberado de terrorismo destinado a intimidar y generar temor. “Se comprobó la materialidad de las conductas y la responsabilidad penal de los procesados”, afirmó, añadiendo que el allanamiento realizado en la vivienda de Murcia Rodríguez cumplió con todos los protocolos legales.
La Superintendencia Nacional de Salud encabezada por Giovanni Rubiano, ha decidido adelantar la toma de posesión de la EPS Coosalud en Cartagena tras ordenar su intervención forzosa para la administración. Esta medida se fundamenta en una serie de hallazgos que según la entidad evidencian serias falencias, esta EPS tiene a más de 3.3 millones de afiliados.La intervención llega en el momento en el que Coosalud se encuentra dentro de las cuatro EPS que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, a raíz de las denuncias presentadas por Luis Carlos Leal, el anterior superintendente por presunta corrupción.En un contexto de grandes reformas al sistema de salud, el presidente Gustavo Petro había declarado con firmeza durante la posesión de Giovanni Rubiano como nuevo superintendente, que la vigilancia de las EPS es una de las tareas cruciales en el marco de la reforma al sector. "Antes de la aprobación del proyecto de reforma a la salud, la Superintendencia debe vigilar las EPS" había dicho el mandatarioY es que recordemos que durante esta posesión el mandatario solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a fondo nuevas denuncias sobre corrupción en EPS. Al respecto, se refirió a la EPS Coosalud "Esta EPS no responde a las intervenidas, hoy por hoy es privada, aunque en mi opinión debería ser intervenida", señaló PetroLa intervención de Coosalud es la octava de este tipo y es la primera intervención ordenada por Rubiano desde su nombramiento. Durante la intervención el superintendente posiciono como agente interventor a Mauricio Camaro Fuentes. Coosalud es una de las EPS más grandes del país, ocupando la quinta posición en número de afiliados, con un total de 3.369.583 personas cubiertas bajo su servicio.
Un accidente de tránsito dejó tres personas lesionadas, dos de ellas de consideración grave, en un choque múltiple que involucró tres motocicletas y un bus. El incidente ocurrió en el kilómetro 14+180 de la vía Medellín-Bogotá, en el sector conocido como Peñolsito.De acuerdo con las primeras versiones y un video difundido en redes sociales, el accidente se presentó en condiciones de baja visibilidad debido a la niebla. En el siguiente video se observa cómo un bus se detiene en la vía, momento en el que uno de los motociclistas no logra frenar a tiempo y choca contra la parte trasera del vehículo. Tras el impacto, el motociclista cae sobre la calzada, provocando que las otras dos motocicletas que venían detrás también se estrellaran y terminaran en el suelo.Las autoridades de tránsito acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia y coordinar el traslado de los heridos a centros asistenciales cercanos. Se informó que dos de los lesionados presentan heridas de consideración y están bajo observación médica, mientras que el tercero sufrió lesiones menores.El tráfico en el sector se vio afectado durante varias horas mientras se realizaban las labores de atención y limpieza de la vía. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para extremar las precauciones, especialmente en condiciones de baja visibilidad, y recordaron la importancia de mantener distancias seguras y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de accidentes.
La Sección de Apelación de la JEP decidió declarar improcedente la solicitud de nulidad que presentó el general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, quien fue imputado por su responsabilidad en casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia mientras él comandó la Brigada Cuarta.“La Subsala consideró que tenía bases suficientes para señalar, entre otros, al compareciente MONTOYA URIBE como máximo responsable en calidad de autor por crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, en su calidad de comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional, dada su posición de garante por competencia institucional y en atención al ejercicio de tal calidad en la configuración de los patrones macrocriminales analizados por la SRVR en el ADHC”, explicó la JEP.Montoya pidió anular dicha imputación y en una primera medida esa solicitud fue negada, por lo que su abogado volvió a apelar.“Mediante escritos del 17 y 24 de mayo de 2024, el representante judicial del compareciente interpuso de forma oportuna el recurso de apelación contra el auto 024 del 6 de mayo de 202445. Fundamentó su inconformidad en cuatro ejes temáticos: (i) Sobre la imputación como autor por instigación a título de dolo, cuestionó la decisión de la SRVR pues en su criterio los títulos de “autor” e “Instigador” usados por la Sala de justicia implican una mixtura de figuras legales, en tanto el primer vocablo alude al dominio del hecho y el segundo no. Situación que resulta confusa, incoherente e incomprensible para el compareciente y deviene en un vicio del consentimiento de cara a una posible aceptación46. (ii) La falta de enunciación de los hechos” explica la JEP.La defensa aseguraba que algunos hechos imputados se encuentran fuera del rango temporal en el que Montoya ejerció la comandancia en dicha Brigada y que habría violaciones a los derechos en el proceso.“ninguno de los disensos que elevó el representante judicial del señor MONTOYA URIBE configura una violación a sus garantías y derechos fundamentales, pues de lo conocido por la SA en el trámite, no es posible acreditar los principios, reglas y subreglas que regulan las nulidades ante la JEP. Por un lado, esta Sección referirá que lo alegado respecto al ADHC son aspectos sustanciales que no pueden ser objeto de nulidad pues hacen parte de la esfera valorativa de la SRVR, lo que deviene inevitablemente en una improcedencia de la solicitud de nulidad respecto a la controversia tanto en la imputación realizada por la Sala de Justicia como por la forma en que relacionó los hechos jurídicamente relevantes en el ADHC. Luego de analizar los argumentos de disenso, el a quo consideró que el procedimiento dialógico adelantado cumplió con las garantías procesales que le asisten al compareciente y que, contrario a lo sostenido por el recurrente, no hubo afectación de los derechos fundamentales al debido proceso. Como quedó reseñado, en la solicitud de nulidad se realizó una amplia serie de reproches, por lo que cabe aclarar que la SA sólo se ocupará de verificar el cumplimiento de los requisitos para la procedibilidad de los cargos de nulidad, en los que se insiste en la vulneración de garantías procesales por la indebida valoración de ciertos elementos materiales probatorios y por otra parte, debido a la ausencia de traslado de algunas versiones voluntarias que lo incriminan”, resolvió la JEP.Ante esta situación la Sección de Apelación declaró desierta la solicitud de Montoya.“REVOCAR el numeral CUARTO del auto SUB-D SUBCASO ANTIOQUIA- 024 del 6 de mayo de 2024 y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada por el representante judicial del compareciente señor Mario MONTOYA URIBE, frente a los cargos de formulación de imputación, determinación de los hechos y conductas y valoración probatoria, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.Segundo.- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el abogado del compareciente MONTOYA URIBE en relación con la vulneración del debido proceso por la ausencia de traslado probatorio deprecado, al no cumplirse por parte del apelante la carga argumentativa conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.Tercero.- En firme esta providencia, DEVOLVER las diligencias a la Subsala D de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, para lo de su competencia”, dice el auto.De esta manera el general en retiro Mario Montoya deberá enfrentar un juicio adversarial, de ser vencido podría pagar 20 años de prisión.
Luis Fernando Llano se ha convertido en una de las voces que ha denunciado a lo largo de los años al sacerdote Darío Chavarriaga. Públicamente, Llano, de 62 años, lo acusó de abuso sexual, delito que, aseguró, se repitió en varias ocasiones y que también cometió contra sus siete hermanas, cuando eran todos menores de edad.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Llano contó su historia. Según recordó, los abusos por parte de Darío Chavarriaga, quien falleció en 2015, ocurrieron cuando tan solo tenía 14 años y era estudiante en el Colegio San Bartolomé de Bogotá en 1976.En ese entonces, el sacerdote, que era el segundo al mando, le otorgó una beca por su rendimiento académico y, de a poco, se ganó su confianza y la de su familia al punto de que Llano se llegó a quedar a dormir en los aposentos de Chavarriaga varias noches, donde ocurrieron parte de los abusos.Cadena de complicidadHoy, años después, Llano se pregunta cómo fue posible que en ese momento nadie, incluyendo sacerdotes, preguntara por las conductas inapropiadas que tenía Chavarriaga con él. Por eso, dijo que eso lo hace pensar en que, tal vez, se dieron cuenta, pero “guardaron silencio”.“Hubo gente alrededor, porque es muy raro que llegue un niño al colegio a las 11:00 de la noche a dormir, es algo muy raro. De esto puedo dar fe, que cuando bajábamos en la mañana, que yo bajo con el pelo mojado y mis libros, me siento en la mesa donde estaban sacerdotes y gente de la comunidad, cómo es posible que ninguno de ellos se haya levantado a preguntarle: ¿usted qué hace en el cuarto con este niño?”, comentó Llano.El día que se reencontró con su abusador: un hecho que lo animó a denunciar públicamenteLlano contó que fue en el 2014, en un evento al que asistió con parte de su familia, que se reencontró por casualidad al sacerdote Darío Chavarriaga. Cuando lo vio solo tuvo el impulso de irse contra él para enfrentarlo e, incluso, golpearlo por todo lo que le había hecho en la infancia, pero uno de sus sobrinos lo detuvo y lo calmó, pese a que nadie entendía qué pasaba.“No tenía previsto ese encuentro. Era un capítulo en mi vida que tenía sepultado, tapado con cerrojo, pero las circunstancias de la vida me llevaron a reaccionar de esa manera (…) Él me vio y vio mi reacción, se dio vuelta y subió a sus aposentos”, detalló.Denuncia al padre Francisco De RouxLuego de eso, Llano decidió denunciarlo y no seguir guardando silencio con su caso. Ese mismo año, lo acusó ante el padre Francisco De Roux, quien en ese entonces era el jefe de la comunidad en Colombia. Unos años más tarde lo hizo también ante el sacerdote alemán Hans Zollner, profesor en la Universidad Gregoriana de Roma y muy cercano al papa Francisco.“Él (De Roux) tomó unas medidas canónicas. Dijo que iba a obtener toda la información posible para una máxima sanción, pero, como lo dice en nuestra carta, la solicitud de llevarlo a la Fiscalía pues no se habló; era presentarlo a las autoridades, pensamos que con eso ya quedaba resuelta la solicitud”, agregó.Insistió que por la gravedad de los delitos denunciados, era suficiente para que Chavarriaga fuer apuesto en manos de la justicia ordinaria.“Yo pienso que él ha de ir más lejos porque los delitos que se estaban denunciando no eran simples faltas disciplinarias o una cuestión muy leve. Así como pedimos que llevara esto a las autoridades, esperábamos que fuera un paso más adelante. No lo juzgo, pero las cosas pudieron hacerse de otra manera en ese momento”, recalcó.Otros abusos: un recuerdo dolorosoFue año después de ese incidente que su hermana Sofia, en una conversación mientras conducía, le preguntó qué había pasado esa vez. Luis Fernando decidió contarle que había sido abusado por el cura.En ese momento, según recordó, su hermana “se tacó a llorar” y le reveló que ella también había sido abusada por él.Cuatro de los hermanos Llano, a partir de ahí, dijeron: “A mí también me pasó” y luego los demás. “Es muy difícil decirlo”, añadió sobre su lucha todos estos años.
