El 1% que la Gobernación de Santander y entidades descentralizadas cobran por estampilla pro fondo reforestación a contratistas, ya no será una obligación.Esto luego de un fallo de la sección cuarta del Consejo de Estado que dejó en firme la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que declaró nulo el cobro.Luis Gómez y María Fernanda Rangel, quienes hacen parte del Observatorio de Hacienda Pública de la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga, fueron quienes demandaron la ordenanza de la Asamblea de Santander que autorizó el cobro, por considerarla ilegal.“En este caso la Gobernación de Santander había creado un tributo vulnerando los principios de legalidad y reserva de la ley en materia tributaria porque lo creó sin tener una base legal. Recordemos que es al Congreso de la República al que le corresponde legislar y no hay ninguna norma en este caso que habilitara a la administración para realizar el cobro”, explicó Luis Gómez, uno de los demandantes.Según Gómez, anualmente por concepto de esta estampilla la Gobernación de Santander recauda más de $6.000 millones, que están dirigidos a financiar programas y proyectos que impulsen el desarrollo de la cadena forestal.“Este 1% lo estaban recaudando a través de la estampilla a los contratos que superaban la mínima cuantía, esas personas o empresas hasta cinco años atrás podrán hacer la reclamación a través de acciones individuales para que recuperen el dinero”, explicó.Finalmente, señaló que como este impuesto de estampilla pro fondo reforestación hay otros más en Barrancabermeja, Girón, Piedecuesta y Bucaramanga que se están cobrando de manera ilegal.“Y es curioso que se sigan cobrando porque no hay leyes que habiliten a estas entidades territoriales a crear los tributos, esos casos también los vamos a demandar”, puntualizó.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal el no cobro de la estampilla pro-anciano a las empresas contratadas por la Alcaldía de Bucaramanga para entregar mercados y elementos de bioseguridad al inicio de la pandemia por COVID-19.Según el abogado y exconcejal de Bucaramanga, Pedro Nilson Amaya, la exoneración del pago de las estampillas que le hizo la Alcaldía la Alcaldía no contó con la aprobación del Concejo. “Así que quienes celebraron contratos con la Alcaldía de Bucaramanga, durante los meses de marzo, abril y mayo, deberán ahora pagar los costos de la estampilla pro- anciano de la cual habían sido exonerados de forma irregular por el alcalde Juan Carlos Cárdenas. Tienen que hacerlo para reintegrar ese dinero, porque si no se incurre en un daño fiscal”, afirmó el abogado Amaya Martínez. La Alcaldía de Bucaramanga anunció que acepta la decisión del Tribunal Administrativo de Santander.
La Alcaldía de Bucaramanga interpuso una tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander, tras la sentencia proferida por esta instancia que ordenó la reactivación del cobro de la Estampilla Pro Adulto Mayor en el municipio.“Ellos no aceptan que la justicia opere en derecho, es inaudito que la administración quiera hacer osos jurídicos. Hoy la estampilla pro anciano está revivida y el Alcalde y la Secretaria Jurídica no quieren aceptar, pero hay personas que se interesan por el bienestar de los adultos mayores, por eso este tema lo vamos a llevar ante el Consejo de Estado”, explicó el exconcejal y abogado Pedro Nilson Amaya. Desde la Alcaldía de Bucaramanga selañaron que el cobro de la estampilla que pagan los contratistas permanecerá vigente para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores."Son cerca de $5.000 millones los que se invierten este año. Desde la Alcaldía de Bucaramanga estamos buscando mantener las políticas públicas que protegen y dignifican la vida de nuestros adultos mayores. A quienes en este momento de pandemia son una prioridad”, explicó Saharay Rojas, secretaria de Hacienda de la Alcaldía de Bucaramanga.La funcionaria manifestó que desde la Alcaldía de Bucaramanga no se ha planteado suspender el cobro de dicha estampilla y la expedición del Decreto 121fue una situación transitoria y de aplicación excepcional.
En sentencia de única instancia, el Tribunal Administrativo de Santander declaró no ajustado a derecho el decreto 121 del 8 de abril de 2020 expedido por la Alcaldía de Bucaramanga con el cual se exoneró de manera transitoria del pago de la estampilla proanciano a los contratistas.La decisión obedeció a una demanda por control de legalidad del acto administrativo, interpuesta por el abogado y exconcejal, Pedro Nilson Amaya.“Incurrió en una ilegalidad al quitar el recaudo de la estampilla proanciano destinado para los adultos mayores y ancianatos de la ciudad. Es una falta que tiene que compensarla las personas que autorizaron el acto administrativo, deben responder por esos recursos que se dejaron de percibir”, manifestó Amaya.Según el Tribunal Administrativo de Santander, el Decreto Legislativo 461 de 2020 autorizó a los gobernadores y alcaldes a reducir impuestos y no tasas, naturaleza tributaria que tienen las estampillas.“Una razón para declarar no ajustado a derecho el decreto 121 de 2020 es que la estampilla para el bienestar del adulto mayor no es un impuesto, qué pensara el alcalde que insistía en que sí era legal la exoneración”, señaló el exconcejal.El exconcejal Amaya Martínez ahora espera una solicitud que hizo a la Alcaldía de Bucaramanga sobre los contratos que se firmaron a partir del decreto, y cuánto fue el valor que se dejó de percibir por el no cobro de la estampilla proanciano.
Ante el ente de investigación, la Gobernación del Valle presentó una denuncia por la presunta presencia de una red de funcionarios y contratistas que estarían vendiendo estampillas adulteradas para diplomas a los ciudadanos vallecaucanos.Esto quedó en evidencia luego que varios usuarios informaran sobre las irregularidades, así como la venta de las estampillas por fuera de las ventanillas autorizadas. “La estampilla presenta unas características diferentes, uno es el papel, otra es la tinta, y el alto relieve”, explicó la Directora ( e) de la Unidad de Rentas, Marleny Victoria Llanos.Para identificar las estampillas falsas debe tener en cuenta que a tinta se corre, no tienen nombre y ni el alto relieve de las oficiales, agregó la funcionaria. Asimismo, informaron de la Unidad de Rentas que dentro de la entidad se adelanta una investigación por parte de la oficina de control interno.Finalmente, desde la Gobernación del Valle hicieron un llamado a la ciudadanía para que no realice ningún trámite o pago por fuera de las oficinas o casillas destinadas para tal fin.
El secretario de Hacienda departamental, Juan Carlos Muñiz, manifestó preocupación frente al 'techo' que estableció la Reforma Tributaria para el recaudo de dinero a partir de la figura de la estampilla, la cual es cobrada a los contratistas de obras públicas. Señaló que actualmente recaudan 11.3% por concepto de estampilla sobre contratos, más un 5% de contribución especial, lo que equivale a un 16% en total. Pero que con el cambio que impone la Reforma, de que haya un tope hasta el 10%, hay riesgo de que el departamento deje de recibir $30 mil millones de pesos. "Algunos de esos recursos los tenemos comprometidos en vigencias futuras. Por eso tocaría financiarlo de otras fuentes. Esa es la complicación. Eso sería algo muy nefasto para los departamentos y es es el punto principal que le vamos a tocar al ministro en la cumbre mañana (viernes", comentó Muñiz en diálogo con Vive Barranquilla. Explicó que los recursos de la estampilla son invertidos principalmente en hospitales, desarrollo para acueducto, saneamiento básico y construcción de escenarios deportivos.
La estampilla, de emisión filatélica, fue diseñada por el artista y caricaturista chocoano Harold Trujillo, quien fue el ganador de un concurso del Ministerio TIC y Servicios Postales Nacionales. La imagen hará parte de las colecciones oficiales de los 192 países que conforman la Unión Postal Universal y será un canal de difusión, desde las artes, como homenaje al acuerdo de paz pactado entre el Gobierno Nacional y las Farc, un acontecimiento histórico de trascendencia nacional. En total se produjeron 25 mil estampillas, cuyo tamaño es de 45 por 28 milímetros cada una, y fueron impresas en policromía, con tinta fluorescente y aroma a flor de olivo. El precio de cada unidad será de $10.000.
