El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) dio a conocer su reporte semestral sobre ‘Escuelas Seguras’ en Colombia correspondiente al periodo de enero a junio de 2023. Este documento arroja luz sobre la seguridad en las instituciones educativas en el país, revela un preocupante panorama de persistentes ataques que ponen en peligro la vida y la integridad de los estudiantes y el personal educativo.El reporte aclara que estos datos no representan un análisis exhaustivo de todos los ataques contra la educación en Colombia, sino que se centran en las áreas donde la organización tiene presencia. Sin embargo, los hallazgos son alarmantes.Entre enero y junio de 2023, al menos 7.485 personas fueron afectadas por eventos que pusieron en peligro su vida o integridad en establecimientos educativos o en su camino hacia las escuelas. De este total, 7.026 eran niñas, niños y adolescentes, 370 eran docentes y 87 pertenecían al personal educativo. Sorprendentemente, el 94 % de las personas afectadas eran estudiantes, lo que representa un aumento significativo en comparación con el mismo período del año anterior, cuando el 83 % de las víctimas eran estudiantes.El informe detalla que se registraron 46 eventos que afectaron la educación en 8 departamentos, lo que representa un aumento del 18 % en comparación con el primer semestre de 2022. De estos eventos, el 67 % ocurrió en el camino hacia la escuela, mientras que el 33 % tuvo lugar dentro de las instalaciones educativas.Norte de Santander sigue siendo el departamento más afectado, concentrando el 39 % del total de los eventos en el país, con un aumento del 80 % en comparación con el mismo período del año anterior. Chocó también experimentó un aumento del 60 % en el número de reportes. Sin embargo, en los departamentos de Antioquia y Arauca se registró una disminución del 60 % y 44 %, respectivamente, en comparación con el primer semestre de 2022.Los municipios más afectados fueron Convención y Hacarí en Norte de Santander, así como Alto Baudó y Sipí en Chocó, representando el 37 % de todos los incidentes registrados.El informe señala que la mayoría de los ataques contra la educación estuvieron relacionados con el uso de Minas Anti Personal (MAP) o Municiones Sin Explosionar (MSE) y enfrentamientos armados que afectaron las escuelas. De los 46 eventos reportados, 42 involucraron el uso de MAP-MSE, 17 fueron enfrentamientos armados, 12 afectaron a estudiantes, 11 implicaron el uso u ocupación militar de una o más escuelas, 3 afectaron a docentes y 3 al personal educativo.La utilización de minas anti personal o municiones sin explosionar en los caminos hacia las escuelas es especialmente preocupante, ya que se observa en el 80 % de los reportes de ataques contra la educación. Además, el 88 % de los enfrentamientos armados que afectaron a las escuelas fueron provocados por combates entre grupos armados no estatales cerca de estas instituciones.A pesar de que los ataques contra docentes y estudiantes representan una proporción menor, estas poblaciones siguen siendo amenazadas e intimidadas, y se cree que hay un subregistro de la información debido al temor de la población a los grupos armados no estatales, especialmente en áreas de difícil acceso.La ocupación de los espacios en las escuelas también es motivo de preocupación, ya que en 2023 se han visto afectados 50 establecimientos educativos por el uso militar, cuadruplicando la cifra del año anterior.En el 54 % de los eventos se suspendió temporalmente la educación, con duraciones que variaron desde una semana hasta más de un mes. Alarmantemente, solo el 33 % de los eventos reportados recibió una atención efectiva y oportuna.Del total de los eventos reportados, en el 54 % se evidenció una suspensión temporal de la educación. En el 44 % de los casos la suspensión tuvo una duración aproximada de una semana, en el 32 % de los casos de dos a tres semanas y en el 12 % de los casos la suspensión se reportó por un mes o más tiempo.Los reportes sugieren que solo el 33 % de los eventos reportados recibieron una atención efectiva y a tiempo.El 67 % de los eventos aún requieren respuestas; en su mayoría relacionadas con: auxilios emocionales, ayuda humanitaria de emergencia, educación en emergencia, kits educativos, desminado humanitario, reparaciones locativas, formación a fuerza pública, educación en riesgo de minas, formación docente sobre declaración de escuelas seguras.Además, los ataques contra la educación y la limitada presencia del Estado en áreas de difícil acceso ocasionan directa o indirectamente riesgos para las comunidades. Por ejemplo, en el Alto Baudó (Chocó), ante la ausencia de mecanismos de protección del Estado en su territorio, un profesor y líderes de la comunidad solicitaron a los actores armados no estatales que dejaran de utilizar MAP alrededor de la escuela. Hoy, esas personas temen por su vida en el territorio como consecuencia de los señalamientos que el grupo armado no estatal por la acción realizada.El Consejo Noruego para Refugiados hace un llamado para que se tomen medidas concretas, incluyendo:1. Mejorar el monitoreo y reporte de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, especialmente en áreas donde faltan datos.2. Fortalecer los esfuerzos para prevenir y proteger las escuelas, especialmente en relación con el uso y ocupación militar.3. Continuar priorizando la protección de las escuelas en áreas de difícil acceso y proporcionar asistencia a las víctimas.4. Evaluar la seguridad de los establecimientos educativos antes de reabrirlos en áreas de riesgo.5. Desarrollar políticas educativas que promuevan la paz y el acceso equitativo a la educación.6. Priorizar la eliminación de peligros de artefactos explosivos en zonas educativas.7. Insistir en el respeto al Derecho Internacional Humanitario en los diálogos de paz con actores armados.8. Establecer un mecanismo conjunto de recolección de información y análisis de ataques contra la educación.9. Incrementar el apoyo financiero al sector de la educación, que actualmente representa solo el 1.7% de los fondos recibidos por actores humanitarios en Colombia.Vea también
La familia real de Noruega anunció el martes que la princesa Marta Luisa se comprometió con su novio estadounidense Durek Verrett, un chamán y gurú muy popular entre las estrellas de Hollywood.Marta Luisa, de 50 años es cuarta en la línea de sucesión a la corona, por detrás de su hermano el príncipe heredero Haakon y de sus dos hijos."Su majestad el rey y su majestad la reina le envían sus más cálidas felicitaciones y le desean lo mejor para el futuro", anunció la familia real en un comunicado.La princesa renunció hace años a la mayoría de sus títulos y de deberes oficiales para dedicarse a actividades en el mundo privado.La princesa tiene tres hijas de su primer matrimonio con el escritor noruego Ari Behn, de quien se divorció en 2016 y que se suicidó en diciembre de 2019.En 2019 Marta Luisa confirmó su relación con su actual novio, que es conocido como "Shaman Durek".La princesa es adepta a las "terapias alternativas" y es considerada como una persona excéntrica, que afirma poder comunicarse con ángeles, lo que ha intentado compartir con otros en libros y seminarios.La relación ha generado mucha atención en los medios noruegos y la princesa fue acusada de mezclar sus negocios con su estatus como miembro de la realeza al promover un ciclo de conferencias titulado "La princesa y el chamán".Escuche aquí el podcast de Cómo como:
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes la retirada de las extintas Farc de su lista negra de grupos terroristas, de la que formaba parte desde 1997, al asegurar que "ya no existe como organización unificada"."Tras el acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, las Farc se disolvieron y desarmaron formalmente. Ya no existen como una organización unificada que esté involucrada en terrorismo, en actividades terroristas, o tenga la capacidad o intención de hacerlo", indicó el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.La decisión se produce poco después del quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el extinto grupo guerrillero y el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).El departamento de Estado aclaró, no obstante, que la decisión no elimina cargos en EE. UU. por narcotráfico y otros crímenes que existan o puedan surgir en el futuro contra exmiembros de las Farc. Blinken remarcó que con esta decisión se busca reforzar la capacidad de Washington de "apoyar mejor la implementación de los acuerdos de 2016, incluido en el trabajo con combatientes desmovilizados".Asimismo, el comunicado señaló que ha incluido en la lista de organizaciones terrorista a dos grupos asociados: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) y al grupo Segunda Marquetalia.Y a los líderes de esos grupos: Luciano Marín Arango, Hernán Dario Velásquez Saldarriaga, Henry Castellanos Garzón, Nestor Gregorio Vera Fernández, Miguel Santanilla Botache, y Euclides España Caicedo.Las Farc fueron incluidas en esa lista estadounidense de organizaciones terroristas en 1997.Como resultado, sus integrantes tuvieron prohibida la entrada a Estados Unidos, y vieron restringido su acceso al sistema financiero internacional, basado en el dólar, entre otras acciones punitivas.Escuche la noticia en Mañanas BLU:
La sentencia considera que el régimen de aislamiento al que está sometido Breivik desde hace casi cinco años viola el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y el trato inhumano o denigrante; pero no el artículo 8, que se refiere al respeto a la vida privada y la correspondencia. Para justificar la condena el fallo menciona la duración del aislamiento, la falta de base para esa medida, las limitadas posibilidades de queja y las pocas iniciativas para compensarlo. "El tribunal ha hecho hincapié en que no se ha tenido en cuenta de forma suficiente su estado de salud mental al establecer el régimen de condena", consta en la sentencia. Los rutinarios cacheos desnudo a los que fue sometido durante meses y los controles sin aviso no se justifican por motivos de seguridad, considera el tribunal, que concluye que tomando todas las restricciones de forma conjunta "deben ser consideradas como un trato denigrante en el sentido de la convención". El Estado noruego queda absuelto sin embargo del otro artículo por el que había sido denunciado por Breivik, porque cuando el estricto control de las comunicaciones está motivado por la lucha contra el terrorismo o su prevención, aquel debe tener "cierto margen discrecional", aunque ello afecte a las relaciones privadas. La condena implica que el Estado deberá sufragar las 330.937,50 coronas noruegas (35.718 euros) en concepto de costas de los representantes legales de Breivik en el proceso civil celebrado el mes pasado en la cárcel de Skien (al sur de Oslo), donde el ultra ha pasado los últimos dos años de condena. Durante el juicio la defensa de Breivik sostuvo que el régimen al que está sometido no cumplía los estándares mínimos, ni por su duración ni por la dimensión del encierro, que impide el contacto con otros reos y reduce al mínimo las visitas, que no puede elegir. La defensa apeló también a la "fragilidad mental" del ultra noruego, que a su entender se mostró "confuso" en el juicio. Breivik contaba a su favor con un informe de hace unos meses del Defensor del Pueblo noruego, que advirtió de los riesgos de que sufra daños y trato inhumano, lo que provocó que se introdujeran algunas modificaciones en el régimen de aislamiento. Los fiscales del Estado negaron en cambio que ese régimen suponga trato inhumano y justificaron el control de las comunicaciones por motivos de seguridad, además de acusar a Breivik de burlarse del tribunal por hacer un saludo nazi en la primera vista. Las declaraciones de psiquiatras y otro personal médico que testificaron en el proceso reforzaron la tesis de la Fiscalía, que calificó a Breivik de ser un narcisista alterado ideológicamente". Breivik fue condenado a 21 años prorrogables de forma indefinida por hacer estallar en el complejo gubernamental de Oslo el 22 de julio de 2011 una bomba, que mató a ocho personas. Justo después se trasladó en coche a la isla de Utøya, al oeste de la capital, donde perpetró una matanza en el campamento de las Juventudes Laboristas, donde murieron otras 69 personas.
