Durante varias horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia pública por los 34 años del magnicidio del entonces candidato presidencial, y antiguo guerrillero del M - 19, Carlos Pizarro.Allí, al término del encuentro, el Estado colombiano asumió su responsabilidad internacional por el sufrimiento causado a los familiares de Pizarro tras su asesinato. De acuerdo con uno de los voceros, el Gobierno responde a causa de las actuaciones y omisiones de las autoridades en la investigación del magnicidio del entonces candidato presidencial.Asimismo, los representantes del Estado aseguraron que ya fueron vinculados varios miembros del antiguo DAS en el proceso investigativo de Pizarro. "Hoy contamos con avances sustanciales en la determinación de responsables individuales, que involucran desde el personal de seguridad hasta el personal directivo del antiguo DAS", dijo el vocero del Estado.Tras afirmar lo anterior, desde el Gobierno colombiano afirmaron que, con el reconocimiento de responsabilidad, esperan contribuir a las víctimas. “Colombia reafirma su inequívoca voluntad de proceder con la reparación integral de las violaciones a derechos humanos, por lo que expresa su total disposición para concertar las medidas de reparación en este caso, ya sea en el marco de una solución amistosa o en el ámbito de un informe proferido por esta corporación”, continuó el vocero del Estado.De igual forma, quien espera que haya un avance sustancial es la congresista del Pacto Histórico e hija del entonces candidato, María José Pizarro. Según la funcionaria, el caso de su padre hoy se encuentra en una etapa inicial “Hemos perdido testigos clave; el fiscal no ha tenido el cuerpo técnico para poder avanzar en las investigaciones, pruebas o herramientas que se le otorgan a otros fiscales, a este se las niegan. El caso no avanza y, mientras tanto, mueren personas que tendrían información; quienes podrían ser investigados, juzgados y condenados, por el asesinato de mi padre, ya están demasiado viejos para que puedan asumir cualquier responsabilidad. A mí me tocó hacer lo que la justicia no hizo en 34 años", aseguró Pizarro.Con lo recién mencionado, tanto las víctimas como el Estado colombiano esperan avanzar en una reparación necesaria por un hecho histórico que marcó la violencia en el país.
En las últimas horas, una niña de nueve años pisó una mina antipersona en el Pato Balsillas, en San Vicente del Caguán, Caquetá. La menor fue trasladada a un centro médico, pero por la gravedad de las heridas tuvieron que amputarle su pie derecho. Ella se encontraba con su abuelo y su madre realizando actividades agrícolas cuando sucedieron los hechos. Ante esta situación, desde Naciones Unidas le pidieron al Estado que en las mesas de negociaciones de paz con los diferentes grupos se tomen medidas que garanticen la protección de las comunidades y de los niños."Deploramos el actuar de los actores armados no estatales y los llamamos a tomar un acto de conciencia, a respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de la población civil, nos solidarizamos con la niña, con la familia y la comunidad. Estamos ayudando en las gestiones para proteger los derechos de la comunidad para que el Estado, dentro de las negociaciones y fuera de ellas, cumpla con su deber de protección de los derechos de la comunidad y de la niñez", señaló Juliette de Rivero, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En el mismo sentido desde Naciones Unidas mostraron su solidaridad con los líderes sociales de la zona, es importante recordar que en ese sector se han presentado enfrentamientos en los últimos meses entre las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' y la Segunda Marquetalia, dos grupos que se encuentran en negociaciones de paz con el Gobierno. “Nos solidarizamos también con lideresas y líderes sociales del Pato Balsillas que luchan por los derechos humanos, por la protección de la comunidad y por la paz en el territorio, con las juntas de acción comunal de esta localidad, con la Asociación Municipal de Colonos del Pato Balsillas, y todas las personas que defienden los derechos humanos en este lugar", señaló de Rivero.
La Asociación Diplomática y Consular de Colombia se pronunció sobre los señalamientos en contra del embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, por presuntamente haber maltratado verbalmente a su esposa Adelina Guerrero en Madrid el pasado 30 de junio. Por estos hechos, las autoridades españolas habrían recibido una denuncia oficial por parte de la pareja del actual funcionario.“Estos actos son inaceptables y más aún cuando se trata de altos funcionarios del Estado que llevan la representación de los colombianos y deben mantener el buen nombre de nuestro país. En concordancia con los principios de una política exterior que promueve la igualdad de género, resulta lamentable el impacto negativo en la imagen internacional de Colombia. Es fundamental recordar que la política feminista debe aplicarse tanto hacia afuera como hacia adentro de nuestras instituciones”, dice el comunicado.En el pronunciamiento la asociación destaca la apertura de una investigación por parte de la Cancillería y asegura que estarán atentos a la entrega de resultados oportunos y contundentes que condenen los actos de maltrato hacia las mujeres, asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones, “ya que el Estado debe tener cero tolerancia ante tales hechos”. Además, lamentan profundamente que un incidente de índole familiar y personal se haya convertido en un “problema de Estado debido al posible uso indebido de la inmunidad diplomática para evadir responsabilidades”.En el comunicado también recuerdan que antes de conocerse la denuncia, Asodiplo presentó una demanda contra el nombramiento de Benedetti por “presuntas irregularidades que contravienen los principios de la organización, además de ignorar a los embajadores de carrera, quienes constituían solo el 26 % de los nombramientos en la fecha en que se designó”.
La Presidencia de la República informó en un comunicado que abrió una investigación a la Dirección de Tecnología y a la Secretaría de Comunicaciones de Palacio luego de las denuncias que indican interceptaciones ilegales (chuzadas) a magistrados y miembros de la oposición.“Desde que se hicieron públicas las denuncias por una supuesta operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una investigación a control interno y a control externo disciplinario de la entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaria de Comunicaciones y Prensa y por la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República”, dice el comunicado.Presidencia aclara que conductas como perfilamiento, seguimiento e interceptación no hacen parte de prácticas de la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa y menos del Gobierno nacional.“El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que este tipo de hechos no son permitidos, son totalmente ilegales y cualquier funcionario que se vea involucrado en alguna de estas prácticas deberá responder ante la justicia. La Presidencia de la República está comprometida con proporcionar toda la información necesaria de manera transparente y rápida para aclarar estos hechos”, añade.La denuncia por chuzadas a magistradosLa semana pasada se conoció que los magistrados de la Corte Constitucional denunciaron la posibilidad de que estén siendo objeto de interceptaciones ilegales.El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le entregó a la fiscal una carta en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denuncia que él y su esposa son "víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal".Esto incluye, supuestamente, las interceptaciones telefónicas, así como seguimientos, elaboración de perfiles y monitoreos permanentes.Al respecto, el presidente Gustavo Petro escribió en X este lunes: "He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia), se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada.Las chuzadas, ¿un regreso al pasado?Durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010) ocurrieron también seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y políticos de oposición, lo que derivó en un escándalo con condenas a algunos de los responsables.Durante el Gobierno de Uribe se conoció que el ya extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que ejercía las labores de inteligencia, había instalado micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptaba teléfonos de muchas personalidades, entre jueces, periodistas y opositores.Por este caso fueron condenados, entre otros, Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia de Colombia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del DAS, quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.En septiembre de 2017 también fue condenado a siete años, 10 meses y 15 días de cárcel el también exdirector del DAS Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar "interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial".
En un discurso reciente, el presidente Gustavo Petro, aunque mencionó la propuesta de un acuerdo nacional para asegurar el cumplimiento de estos compromisos, negó que esto implicara la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como algunos sectores habían interpretado.El mandatario habló de respetar lo pactado, subrayando que el acuerdo de paz no es simplemente una responsabilidad del Gobierno actual, sino un compromiso del Estado colombiano en su conjunto. "Eso fue declarado unilateralmente, ¿lo vamos a incumplir? Yo tengo la misión de hablar con el Consejo de Seguridad sobre el cumplimiento o incumplimiento", señaló Petro durante su intervención en la posesión del nuevo contralor general de la República.Ante las críticas y especulaciones sobre una posible Asamblea Constituyente para reformar aspectos del acuerdo, el presidente Petro aclaró que ahora su propuesta se centra en un "decreto gubernamental".Esta medida, según Petro, es una respuesta directa a la necesidad de avanzar en la reconciliación nacional y la construcción de paz en el país.El debate sobre el cumplimiento del acuerdo de paz ha sido recurrente en la agenda política colombiana, con diversas interpretaciones y posturas sobre cómo debería materializarse en la práctica. Petro, como jefe de Estado, subrayó la responsabilidad del Estado en su totalidad, más allá de los cambios de Gobierno, para asegurar que se cumplan los compromisos adquiridos para poner fin a décadas de conflicto armado.Además, también el primer mandatario hizo una fuerte declaración sobre si el país deba definir si se reconocerá el derecho internacional humanitario, ya que afirma que él puede ver en el mundo lo que es no reconocer este derecho, haciendo referencia al genocidio en Gaza por lo que dice que Colombia debe analizar si sigue dentro de este marco.“Con la Contraloría, ahora que se ha rehecho este trance, y la Procuraduría, que también va a tener un cambio, y con el Estado hay que definir si Colombia decide salirse del derecho internacional o lo cumplimos”, aseguró.
A raíz de la carta emitida a la ONU, por parte del expresidente Juan Manuel Santos, el excanciller Álvaro Leyva no tardó en responderle calificando las explicaciones de Santos como innecesarias y acusándolo de omitir referencias a la posible insinuación a que las Fuerzas Militares fueran en contra del Gobierno.Leyva expresó su posición a través de las redes sociales, criticó la falta de claridad del expresidente en tres puntos, tales como, que Santos aún no entiende bien qué firmó, que olvida que no firmó a nombre propio, sino de un Estado que él ya no representa y que además quiere “minarle” la visita al presidente Gustavo Petro al Consejo de Seguridad.“Pero cero nervios. El sindicato del pasado no nos va a quitar el futuro. Yo se lo explicaré con plastilina. Eso sí, será en un próximo trino”, dijo Leyva.Además, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también se manifestó a través de sus redes sociales con el fin de recalcarle a los expresidentes que la reforma constitucional que les permitió a ellos “reelegirse” no es una opción actual. Velasco subrayó que ni el Gobierno ni el presidente Petro tienen intenciones de modificar la Constitución para buscar una reelección.Al respecrto, el expresidente Juan Manuel Santos en Mañanas Blu, con Néstor Morales pidió al presidente Gustavo Petro dedicarse a implementar el acuerdo de paz con las Farc y no enfrascarse en “discusiones innecesarias” sobre una Asamblea Nacional Constituyente y, menos, si esta tiene como base el acuerdo con el grupo que entregó las armas tras el acuerdo de 2016.El expresidente, quien le envió una carta a la ONU en la que reitera que los acuerdos con las Farc no estaban encaminados a una Constituyente, manifestó que el presidente Petro ha hecho menos que el expresidente Iván Duque en materia de su implementación.“El sentido de esta carta es dejar claro que el proceso de paz no se puede utilizar como la excusa para convocar una Constituyente. El acuerdo es muy claro, no menciona ni exige al presidente Petro la convocatoria. (…) Lo que busca es: dejemos esta discusión que nos ha venido desgastando desde hace mucho tiempo y dediquémonos a implementar el proceso de paz, que es lo que le hemos dicho al presidente Petro desde el principio: Dedíquese a implementar el proceso. Lleva dos años y, como ha dicho Rodrigo Londoño, ha hecho menos de lo que hizo Duque y Duque hizo casi nada”, puntualizó el expresidente.
Durante lo corrido del año 2024 se han impuesto más de 165.000 comparendos a quienes incumplan algún artículo del código de convivencia ciudadana. Entre los más comunes se encuentra la evasión del pago del pasaje en el transporte público, no recoger los excrementos de las mascotas y el porte de armas cortopunzantes.Desde la Secretaría de Seguridad le informan a todos aquellos ciudadanos que tengan algún comparendo sin pagar, que ya se encuentra disponible el portal web para cumplir con las obligaciones y así evitar aumentos en el interés tributario. Lico, es el nombre de la plataforma habilitada que permitirá el pago ágil y sin filas en los centros bancario, ya que cuenta con la opción de hacer los pagos a través de PSE (pago electrónico).Para realizar el pago virtual debe ingresar a la página web https://lico.scj.gov.co/part3/ digitar el número de documento de identidad, completar los datos personales, descargar el recibo de pago y recoger el método de pago, selecciona la opción PSE e ingresas los datos de su banco. Al terminar la transacción, le llegará el comprobante de pago al correo electrónico registrado.Tenga en cuenta que si paga el comparendo dentro de los siguientes cinco días hábiles de haberse expedido, podrá acceder a un 50 % de descuento del valor total.¿Cuál es el costo de un comparendo por convivencia?Estas sanciones son impuestas a quienes irrumpen en tranquilidad y afecten la sana convivencia de la ciudadanía. Existen tres tipos de comparendo:Tipo 1: las personas que eviten recoger los excrementos de sus mascotas en áreas comunes o espacio público, tendrán que pagar un comparendo de $86.666 COPTipo 2: a quienes generen o estén involucrados en riñas o confrontaciones violentas, la sanción impuesta es de 173.333 COPTipo 3: por agredir físicamente a personas por cualquier medio $346.666. Tipo 4: por lavar bienes inmuebles (carros, motos, camionetas, etc.) en espacios públicos, deberán afrontar un comparendo de 693.300COP.Aquellas personas que incumplan con el pago del comparendo del código de convivencia, no podrán contratar con una entidad del Estado, ni realizar actualizaciones o registros ante Cámara de Comercio, o concursar en los empleos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar los compromisos del Estado colombiano con el acuerdo de paz con las Farc que firmó del presidente Juan Manuel Santos en 2016.“Le guste o no al EMC este Gobierno tiene que hacerlo (sustitución de economías ilícitas), eso significa que el Cañón de Micay debe tener su embalse”, dice Petro desde Popayán. “Yo no me quiero reelegir, quiero que esto se vuelva realidad (el acuerdo de paz), lo que produce violencia en Colombia es incumplir”, dijo el mandatario.El presidente Petro aseguró que acuerdo de paz acuerdo de 2016, sí lo habilitaría para llamar a una constituyente."Esto es un documento del pueblo, de la nación colombiana. Es un instrumento de lucha popular, con la legitimidad que va más allá de la Constitución. Lo de la jugadita que dijo la periodista es que yo puedo a través de las altas partes contratantes citar a una asamblea nacional constituyentes, ella hace esos cálculos, pero tiene esa fuerza", consideró Petro.El presidente Petro se desplazó a Popayán para encabezar un diálogo con la comunidad luego de los ataques terroristas de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ en el departamento de Cauca.“Mi Gobierno por ahora nada en una trampa de la que hay que salir ya. El mismo presidente Santos, tratando de aplicar esto, creó el fast track, leyes que rápidamente aprobó el Congreso, pero que no tienen que ver con transformación agraria. Quedó una institucionalidad, que la ART, un poco de pequeñas instituciones que tienen que ver cómo transforman el territorio. El resto es el Gobierno, que tiene el presupuesto general de la nación (…) por eso esto no se está cumpliendo”, explicó el mandatario.El pasado 14 de mayo el presidente Petro anunció que denunciará ante las Naciones Unidas que el Estado no cumple el acuerdo de paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de la Farc y vaticinó que eso puede llevar a “derramamientos de sangre”.Petro hizo los comentarios en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, durante la posesión de la jurista Mary Lucero Novoa como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, acto en el que insistió en que el cumplimiento del acuerdo de paz “no es un juego”.“Yo quiero que se abra la discusión porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas, cada tres meses hay que ir (…) pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”, manifestó Petro.El presidente llegó a esa conclusión tras señalar que el Gobierno de Juan Manuel Santos firmó el acuerdo de paz, pero no se ha cumplido cabalmente el primer punto, sobre una reforma rural integral, ni tampoco otros relacionados con verdad y justicia.“Los acuerdos de paz fueron entregados al consejo de seguridad de la ONU bajo la forma de ‘declaración unilateral de Estado' ”, explicó Petro, según el cual dicho instrumento, en la práctica, no se está cumpliendo.Por eso, añadió, en una visita que hicieron al país en febrero pasado, los miembros del consejo de seguridad de la ONU tuvo que comunicarles ese “flagrante incumplimiento” de la declaración unilateral de Estado.“Colombia es el único Estado en el mundo que no está cumpliendo su declaración unilateral de Estado porque estamos muy acostumbrados a desacatar las sentencias de las cortes”, afirmó el mandatario.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue enfático en señalar que las últimas acciones terroristas por parte de las disidencias de las Farc, responsables de los hostigamientos en Morales, Cauca y Jamundí, que dejaron cuatro muertos, entre ellos dos policías, le cierra la posibilidad a que se pacte un nuevo cese al fuego con las disidencias de las Farc.De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, las acciones terroristas se dieron en una parte por las operaciones desarrolladas contra esa organización ilegal, en reacción de algunos de sus frentes que pretendiendo distraer la atención de las FFMM y la Policía para desenfocar acciones que están en curso.“Pero en particular, acudieron ayer al atentado terrorista que es la única forma de reacción que esta organización en el frente Jaime Martínez que es el responsable de estas acciones, la única forma de expresión, porque no tienen capacidad para enfrentarse con las FFMM acuden a estos hechos violentos contra la población civil”, agregó el ministro.Velásquez mencionó, además, que las acciones no son exclusivamente contra la fuerza pública, sino contra la población civil y por eso: “No se pactará un nuevo cese al fuego con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país”, todo esto luego de anunciar el aumento de las capacidades ofensivas y de inteligencia contra estas organizaciones criminales.Mindefensa explica cambio de comandancia en el Ejército
El presidente Gustavo Petro se refirió a la implementación del acuerdo de paz y aseguró que se podría dar el caso en el que él mismo tenga que ir a la ONU a asegurar que el Estado colombiano no quiso cumplir con lo acordado. El pronunciamiento ha generado diferentes reacciones, una de ellas es la de Pastor Alape, quien hace parte del Partido Comunes e integró el último secretariado de las Farc."Se nos hace extraño que el presidente no hable como un jefe de Estado, sino que hable como el directo de una ONG para ir a presentarse ante la ONU. El reclamo que le hace el país es una implementación efectiva más allá de la narrativa que emociona y que uno aplaude pero que es necesario poner en temas concretos de acciones políticas en los territorios de tal manera de que pueda Colombia avanzar en esos compromisos con la comunidad internacional en cuanto a la implementación del acuerdo", señaló Alape.En el mismo sentido, desde el partido Comunes aseguran que el cumplimiento del acuerdo es una responsabilidad institucional, pero además, recuerdan que el presidente Gustavo Petro asumió una responsabilidad política, pues se comprometió con la implementación del acuerdo de paz una vez llegó a la presidencia."Hoy diríamos que Duque incumplió el acuerdo de manera frontal, incluyendo una frase de la campaña de que iba a hacer trizas la paz, el presidente Petro ha planteado el compromiso de paz de este Gobierno y hoy, pues estaría haciendo un incumplimiento blando y silencio del acuerdo de paz, es decir, estaría echando por la borda una responsabilidad institucional y una responsabilidad política que asumió durante la campaña y al posesionarse como presidente", explicó Alape.
Estos fueron los temas tratados en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, este jueves, 21 de noviembre de 2024:Didac García, presidente ejecutivo de Global Reformbnb, habló del evento organizado en Colombia por Cotelco. Este encuentro busca discutir el impacto de las viviendas turísticas como Airbnb y explorar un posible marco regulatorio.Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, se pronunció respecto a la polémica en la que firmó que el Icetex no pertenece a su sector, pero es presidente de la junta directiva. El Icetex atraviesa una situación crítica debido a la falta de recursos necesarios para continuar financiando los créditos educativos.Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de WOLA, habló sobre lo que se puede esperar Latinoamérica, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.Frederico Pedreira, CEO de Avianca, reveló detalles sobre los problemas operacionales en El Dorado por cuenta del mal clima, que se suma a daños en infraestructura y equipos en varios aeropuertos del país, principalmente en El Dorado. Escuche el programa completo aquí:
Este jueves, 21 de noviembre, un trágico accidente en la Autopista Norte de Bogotá, a la altura de la calle 243, cobró la vida de una joven de 20 años tras la caída de un árbol de especie ‘alcaparro pequeño’. El incidente, causado por las fuertes lluvias que azotan la capital, ocurrió a las 8:45 de la mañana y dejó también a varias personas heridas.La víctima, quien se desplazaba como pasajera en una motocicleta de la aplicación ‘Picap’, falleció de manera instantánea al ser impactada por el tronco. El piloto de la motocicleta fue trasladado a un hospital, mientras que otras 12 personas, también motociclistas, resultaron lesionadas debido a la caída de sus vehículos o al desplome de ramas. El testimonio del padre de la joven que murióEl padre de la joven fallecida, Armando Quintero, se pronunció entre lágrimas sobre la pérdida de su hija. “Uno nunca sabe cuál es el último adiós, el último saludo, la última cena. Ojalá lo que le sucedió a mi hija no le pase a nadie más. Por favor, que la Alcaldía Mayor de Bogotá haga mantenimiento a los árboles”, declaró a Blu Radio, pidiendo acciones para prevenir más tragedias.Los bomberos de la estación Bicentenario acudieron al lugar para atender a las víctimas y coordinar las labores de limpieza. A pesar de que el árbol fue cortado y retirado del carril, los troncos aún permanecen en el lugar, a la espera de ser recogidos por las autoridades. Criminalística adelantó el levantamiento del cuerpo de la joven en medio del dolor de los familiares presentes.La tragedia ha encendido el debate sobre el mantenimiento de árboles en zonas urbanas y el impacto de la ola invernal en Bogotá, que ha generado emergencias similares. La ciudadanía exige medidas urgentes para evitar más incidentes de esta naturaleza.
Resultado de los números ganadores del sorteo de Paisita Noche de este jueves, 21 de noviembre de 2024. Todos los días hay un nuevo chance de ganar, felicidades al ganador.¿Qué número cayó por el Paisita Noche?En el último sorteo de El Paisita Noche este jueves, 21 de noviembre de 2024, el número ganador fue el , según publicaron en sus redes sociales.Tres últimas cifras: Tres primeras cifras: Cuatro cifras: Conozca todos los resultados de los sorteos anteriores de Paisita Noche .Quiere consultar los resultados de sus loterías y chances favoritos por WhatsApp? Haga clic aquí, suscríbase a nuestro canal y descubra al instante si es el próximo ganador-.¿Cuánto paga Paisita Noche?Un acierto (última cifra): la uña, 5 pesos por cada peso apostado.2 aciertos (últimas cifras): la pata, 50 pesos por cada peso apostado.3 aciertos (últimas cifras): con pleno 400 pesos por cada peso apostado y con combinado 83 pesos por cada peso apostado.4 aciertos (todas las cifras): son súper pleno 4.500 pesos por cada peso apostado y con súper combinado 308 pesos por cada peso apostado.Recuerde que para premios mayores de 48 UVT, es decir $2.259.120 se genera retención en la fuente del 20 % sobre el valor del premio.¿Qué es el Paisita Noche?El Paisita Noche, conocido como Paisita 2, es una lotería que se juega todos los días en Colombia. Aquí puede revisar todos sus resultados.
En la tarde de este jueves, 21 de noviembre, funcionarios de la Procuraduría adelantan una visita preventiva al Ministerio de Hacienda y al Icetex para determinar qué está pasando con el giro de la matrícula de miles de estudiantes del país.Por eso, los propios estudiantes han lanzado una alerta al Gobierno nacional para revisar la financiación de esta entidad y así no comprometer sus estudios.¿Qué está pasando con Icetex?El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) enfrenta una situación crítica debido a la falta de recursos financieros para continuar otorgando créditos educativos. La entidad esperaba recibir 432.000 millones de pesos del Ministerio de Hacienda, pero solo ha recibido 30.000 millones hasta la fecha.Esta situación pone en riesgo la financiación de matrículas para más de 200.000 estudiantes universitarios que dependen de estos créditos. El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, ha generado polémica al afirmar que el Icetex "no pertenece a su sector", a pesar de ser el presidente de la junta directiva.La Asociación de Representantes Estudiantiles de la Educación ha expresado su preocupación por la crisis y ha advertido que la desfinanciación del Icetex es una "grave amenaza" para las instituciones de educación superior privadas y para las familias del país, especialmente las más vulnerables y de clases medias.Los estudiantes han insistido en que depende de la voluntad política del gobierno encontrar soluciones y han llamado al ministro Rojas a dejar atrás su postura "hostil" y buscar consensos para proteger el derecho fundamental a la educación superior.Consecuencias de la crisis del Icetex:Riesgo para la financiación de matrículas de más de 200.000 estudiantes universitariosAmenaza para las instituciones de educación superior privadasImpacto en los bolsillos de las familias del país, especialmente las más vulnerables y de clases medias
La polémica alrededor de la sanción interpuesta al técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, por presuntamente provocar a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay sigue dando de que hablar, ahora de cuenta de los inspectores de la capital de Antioquia quienes emitieron un comunicado en donde rechazan que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, haya considerado desproporcionada la sanción interpuesta por una inspectora en primera instancia.Hay que recordar que la decisión fue que el técnico mexicano deberá estar ausente de todos los estadios del país por un periodo de 36 meses y, además, le fue impuesta una multa económica 26 millones de pesos. Asimismo, según se ha podido establecer esta decisión está amparada bajo la Ley del Fútbol y es la sanción mínima que se le puede imponer a un protagonista directo de un espectáculo deportivo, en este caso el director técnico de un equipo de fútbol.Pero hay que decir que la cuestionada decisión ha causado reacciones desde varias orillas como en el Concejo de Medellín en donde el actual corporado y expresidente de Atlético Nacional, Juan Carlos De la Cuesta, solicitó que se investigue el accionar de la inspectora que, supuestamente, desconoce situaciones del fútbol."Hablar de tres años de sanción por Dios, ¿eso a quién se le ocurre? Yo sí solicito que a la mesa directiva, todo lo que tiene que ver con la política nacional de la cultura del fútbol, investiguen la actuación de esta persona que está impartiendo esta sanción, que de verdad está en todo despropósito y que aprenda por favor un poco de fútbol", denunció De la Cuesta.Ante esta petición llegaron las voces de rechazo desde los inspectores de Medellín, quienes le expresaron a Blu Radio que la decisión se tomó conforme a la ley tal y como lo aseguró la inspectora Claudia Flores, quien también manifestó que se está satanizando a los funcionarios públicos."No queremos darle ningún tipo de matiz, ni matiz de fútbol ni político. Entonces no vemos bien que se nos este satanizando o indicando que no tomamos decisiones en derecho o que son absurdas nuestras decisiones", afirmó Flores.Por su parte, otra voz de rechazo fue la de la inspectora Ana Vergara, que explicó que en las próximas horas habrá una reunión del colectivo para determinar otras acciones como, por ejemplo, una manifestación en el Centro Administrativo La Alpujarra. "Las decisiones de las autoridades de Policía deben ser respetadas y acatadas por todas las personas, incluidos el alcalde de Medellín. Para ello, las decisiones son susceptibles de los recursos", destacó la inspectora.Sin embargo, no solo la decisión de la inspectora generó polémica, puesto que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su desacuerdo y calificó la sanción como desproporcionada."Lo único que le faltó fue ese charlo de la ciudad, absurdo, claro, pueden haber sanciones, pero una sanción que me digan a mí, que quede expulsado del estadio el técnico de Nacional durante tres años, es una cosa absolutamente desmesurada, desproporcionada y que de nada contribuye a la solución", mencionó el mandatario.Precisamente estas declaraciones del mandatario podrían enredar aún más la situación, ya que según el inspector Carlos Jaramillo, Gutiérrez emitió un prejuicio que le impediría, según la ley, a la alcaldía de Medellín, en este caso a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, dar una sanción en segunda instancia."Eso es un prejuicio y en legalidad, la ley, la ley establece que yo no puedo prejuiciar ante situaciones que a posterior voy a conocer. Eso genera un impedimento o puede ser objeto de una recusación para que nos conozcan de esa segunda instancia", manifestó Jaramillo.En este caso y si en efecto la Administración Distrital queda impedida como aseguran los inspectores, sería el Ministerio del Deporte quien entre a dar una sentencia final en contra del entrenador extranjero.Por último y como pudo conocer Blu Radio, la decisión de que todo el proceso fuera llevado hasta una Inspección de Policía habría sido tomada por el delegado de la alcaldía de Medellín en el Puesto de Mando Unificado del partido en discusión, por lo que los inspectores han evidenciado su sorpresa por las declaraciones de Gutiérrez que eventualmente complicarían mucho más el proceso contra el técnico de Atlético Nacional.
