La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales del pueblo indígena U’wa, ubicado en Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá. La decisión responde a la imposición de proyectos extractivos y turísticos en sus territorios, así como a actividades petroleras, mineras y de infraestructura, que vulneraron sus derechos fundamentales.El fallo destaca que el Estado colombiano no realizó consultas previas, libres e informadas, como lo establecen los estándares interamericanos. Estas consultas son esenciales para garantizar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios ancestrales. En cambio, el Gobierno otorgó permisos y licencias para proyectos extractivos sin respetar los derechos del pueblo U’wa, profundizando los daños culturales y ambientales.Los U’wa llevan más de 30 años defendiendo sus territorios de los impactos de actividades extractivas, argumentando que estos ecosistemas son esenciales no solo para ellos, sino para la humanidad en el contexto de la crisis climática. Ante la falta de respuestas en las instancias legales nacionales, los U’wa acudieron en 1997 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2020, después de más de dos décadas de espera, la Comisión remitió el caso a la Corte IDH, alegando que Colombia no cumplió las recomendaciones iniciales.El 25 y 26 de abril de 2023, durante una audiencia en Santiago de Chile, la Corte escuchó los testimonios del pueblo U’wa. Este encuentro fue clave para exponer cómo los proyectos extractivos han deteriorado su territorio y su cultura.La sentencia de la Corte IDH representa un precedente importante para la protección de los derechos de las comunidades indígenas en América Latina. “Este fallo confirma nuestra lucha por el territorio y la vida”, declararon líderes U’wa tras conocer la decisión.El Estado colombiano ahora deberá adoptar medidas para reparar los daños causados y garantizar que situaciones similares no se repitan, respetando los derechos de las comunidades indígenas y su rol en la preservación del medio ambiente.
Luego del comunicado firmado por el Consejo de Estado en pleno, y leído por el presidente de esa corporación magistrado Milton Chaves, en donde le piden al primer mandatario que no haga acusaciones contra la Corte, y además le hacen un llamado al respeto de las decisiones judiciales, se conoció en la mañana de este miércoles 18 de diciembre que 38 exconsejeros de Estado se unen a este mismo llamado.“Nuestro acuerdo con esa declaración se fundamenta en la convicción de que el respeto y el acatamiento a las decisiones judiciales por parte de todas las personas, en especial de las autoridades y, con mayor razón, del presidente de la República, constituyen un pilar fundamental del sistema democrático y de derecho consagrado en nuestra carta política, que todos tenemos el deber de defender para la garantía de los derechos y la buena marcha de la sociedad”, expresa el comunicado.Nombres como el de Jaime Rodríguez Navas y Manuel Urueta aparecen en el comunicado, en donde se apoya con vehemencia la postura del presidente del Consejo de Estado.El alto tribunal aclaró que, todas sus decisiones, incluidas las sentencias y conceptos emitidos, se fundamentan en procesos ajustados a la Constitución y la ley, y se orientan bajo los principios de autonomía e independencia judicial.
Con un total de 124 votos a favor y dos en contra, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). En ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que esto significa un “triunfo” para la autonomía del territorial de cada departamento y municipio.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro subrayó que durante las últimas décadas se ha visto una “transferencia permanente” de competencias del Estado central a la “región sin recursos”. Ahora, luego de los debates y su aprobación, dijo que habrá una autonomía simultánea, proporcional y equivalente.“124 representantes, casi unanimidad, de todas las bancadas, desde el Pacto Histórico hasta el Centro Democrático dieron un paso fundamental en la autonomía territorial en Colombia. En la Constitución de 1991 se nos había prometido a los colombianos el sueño de la descentralización y nunca se ha cumplido”, mencionó.El ministro Cristo explicó que anualmente, por los próximos 12 años, se irá transfiriendo competencias y también recursos mayores a los departamentos y municipios del país. Esto, según enfatizó, dentro del marco de la sostenibilidad fiscal y cumpliendo la regla fiscal, que, añadió, es “fundamental”.En ese sentido, aseveró que, aunque la reforma al Sistema General de Participaciones no es una solución definitiva a los problemas del país, sí representa un cambio y un “rediseño del Estado colombiano”. Así, respondió que es un “punto de partida”.“Lo que pretendemos es que el Estado sea mucho más fuerte allí donde el ciudadano lo necesita, que es en los territorios de Colombia, porque precisamente nos quejamos de que estos grupos violentos ejercen control territorial o buscan hacerlo, por qué, porque el Estado no lo ejerce, porque no hay presencia institucional”, indicó.Sobre ese punto de partida al que hizo referencia, el ministro Cristo detalló que el Gobierno y el Congreso tendrán dos años para tramitar una ley competencias que es “absolutamente indispensable” para que se aplique este proyecto del acto legislativo.En cifras, puntualizó que, a peso de hoy, es un crecimiento de 54 billones de pesos “gradualmente año tras año”. Sobre ese dinero, aclaró que es una tarea para evaluar con el Ministerio de Hacienda, es decir, qué funciones seguirá cumpliendo la Nación y qué le corresponde ahora a cada región.Dijo que, hoy, con el “este modelo centralista” no se han logrado cerrar las brechas ni en agua potable ni en educación ni en salud. En ese sentido, precisó que la educación de cero a tres años, de la cual “nadie asume la responsabilidad”, la tendrán que asumir ahora los departamentos y municipios.
En el año 2000 el exministro de comunicaciones durante el Gobierno Samper, Saulo Arboleda Gómez, fue condenado por presuntas irregularidades en la adjudicación de una emisora FM. Por lo tanto, a Arboleda se le habrían violado los derechos a recurrir el fallo condenatorio y a la protección judicial, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pues no se le garantizó una segunda instancia."Saulo Arboleda Gómez ocupaba el cargo de ministro de Comunicaciones de Colombia cuando varios medios de comunicación publicaron la transcripción de la grabación de una conversación sobre un proceso de adjudicación de una emisora de radio, la cual causó interés público debido a que en la misma se discutían asuntos que podían revestir carácter de hecho punible. El fiscal general de Colombia presentó ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia una acusación por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos en contra del señor Saulo Arboleda Gómez, y por ser este ministro, la Constitución obligaba a que fuera enjuiciado en fuero especial. El 25 de octubre de 2000 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia dictó sentencia condenatoria en única instancia en contra del señor Saulo Arboleda Gómez por la cual lo condenó como autor del delito de interés ilícito", señaló la Corte IDH.Tras la condena la defensa del exministro, interpuso una tutela y cinco recursos, todos los mecanismos fueron rechazados o inadmitidos. La Corte IDH determinó que, según la Convención Americana, existe el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, algo que aplica a todos los procesos y aforados."La Corte encontró que existía una clara violación al derecho a recurrir el fallo condenatorio, ya que al no existir la instancia, no era posible que ningún recurso bridara la protección judicial adecuada, por lo que consideró que también se ha violado el artículo 25.1 de la Convención. En su sentencia, la Corte destacó los esfuerzos realizados por el Estado con posterioridad a los hechos de este caso, sin embargo, encontró que al momento en que ocurrieron los hechos de este caso, Colombia no había adoptado las medidas necesarias para la adecuada implementación de sus obligaciones convencionales en el ordenamiento jurídico interno", aseguró la Corte IDH.Ante esta situación se ordenaron algunas medidas de reparación y el Estado colombiano deberá garantizar a Arboleda Gómez el derecho a recurrir el fallo condenatorio.
Durante varias horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia pública por los 34 años del magnicidio del entonces candidato presidencial, y antiguo guerrillero del M - 19, Carlos Pizarro.Allí, al término del encuentro, el Estado colombiano asumió su responsabilidad internacional por el sufrimiento causado a los familiares de Pizarro tras su asesinato. De acuerdo con uno de los voceros, el Gobierno responde a causa de las actuaciones y omisiones de las autoridades en la investigación del magnicidio del entonces candidato presidencial.Asimismo, los representantes del Estado aseguraron que ya fueron vinculados varios miembros del antiguo DAS en el proceso investigativo de Pizarro. "Hoy contamos con avances sustanciales en la determinación de responsables individuales, que involucran desde el personal de seguridad hasta el personal directivo del antiguo DAS", dijo el vocero del Estado.Tras afirmar lo anterior, desde el Gobierno colombiano afirmaron que, con el reconocimiento de responsabilidad, esperan contribuir a las víctimas. “Colombia reafirma su inequívoca voluntad de proceder con la reparación integral de las violaciones a derechos humanos, por lo que expresa su total disposición para concertar las medidas de reparación en este caso, ya sea en el marco de una solución amistosa o en el ámbito de un informe proferido por esta corporación”, continuó el vocero del Estado.De igual forma, quien espera que haya un avance sustancial es la congresista del Pacto Histórico e hija del entonces candidato, María José Pizarro. Según la funcionaria, el caso de su padre hoy se encuentra en una etapa inicial “Hemos perdido testigos clave; el fiscal no ha tenido el cuerpo técnico para poder avanzar en las investigaciones, pruebas o herramientas que se le otorgan a otros fiscales, a este se las niegan. El caso no avanza y, mientras tanto, mueren personas que tendrían información; quienes podrían ser investigados, juzgados y condenados, por el asesinato de mi padre, ya están demasiado viejos para que puedan asumir cualquier responsabilidad. A mí me tocó hacer lo que la justicia no hizo en 34 años", aseguró Pizarro.Con lo recién mencionado, tanto las víctimas como el Estado colombiano esperan avanzar en una reparación necesaria por un hecho histórico que marcó la violencia en el país.
En las últimas horas, una niña de nueve años pisó una mina antipersona en el Pato Balsillas, en San Vicente del Caguán, Caquetá. La menor fue trasladada a un centro médico, pero por la gravedad de las heridas tuvieron que amputarle su pie derecho. Ella se encontraba con su abuelo y su madre realizando actividades agrícolas cuando sucedieron los hechos. Ante esta situación, desde Naciones Unidas le pidieron al Estado que en las mesas de negociaciones de paz con los diferentes grupos se tomen medidas que garanticen la protección de las comunidades y de los niños."Deploramos el actuar de los actores armados no estatales y los llamamos a tomar un acto de conciencia, a respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de la población civil, nos solidarizamos con la niña, con la familia y la comunidad. Estamos ayudando en las gestiones para proteger los derechos de la comunidad para que el Estado, dentro de las negociaciones y fuera de ellas, cumpla con su deber de protección de los derechos de la comunidad y de la niñez", señaló Juliette de Rivero, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En el mismo sentido desde Naciones Unidas mostraron su solidaridad con los líderes sociales de la zona, es importante recordar que en ese sector se han presentado enfrentamientos en los últimos meses entre las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' y la Segunda Marquetalia, dos grupos que se encuentran en negociaciones de paz con el Gobierno. “Nos solidarizamos también con lideresas y líderes sociales del Pato Balsillas que luchan por los derechos humanos, por la protección de la comunidad y por la paz en el territorio, con las juntas de acción comunal de esta localidad, con la Asociación Municipal de Colonos del Pato Balsillas, y todas las personas que defienden los derechos humanos en este lugar", señaló de Rivero.
La Asociación Diplomática y Consular de Colombia se pronunció sobre los señalamientos en contra del embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, por presuntamente haber maltratado verbalmente a su esposa Adelina Guerrero en Madrid el pasado 30 de junio. Por estos hechos, las autoridades españolas habrían recibido una denuncia oficial por parte de la pareja del actual funcionario.“Estos actos son inaceptables y más aún cuando se trata de altos funcionarios del Estado que llevan la representación de los colombianos y deben mantener el buen nombre de nuestro país. En concordancia con los principios de una política exterior que promueve la igualdad de género, resulta lamentable el impacto negativo en la imagen internacional de Colombia. Es fundamental recordar que la política feminista debe aplicarse tanto hacia afuera como hacia adentro de nuestras instituciones”, dice el comunicado.En el pronunciamiento la asociación destaca la apertura de una investigación por parte de la Cancillería y asegura que estarán atentos a la entrega de resultados oportunos y contundentes que condenen los actos de maltrato hacia las mujeres, asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones, “ya que el Estado debe tener cero tolerancia ante tales hechos”. Además, lamentan profundamente que un incidente de índole familiar y personal se haya convertido en un “problema de Estado debido al posible uso indebido de la inmunidad diplomática para evadir responsabilidades”.En el comunicado también recuerdan que antes de conocerse la denuncia, Asodiplo presentó una demanda contra el nombramiento de Benedetti por “presuntas irregularidades que contravienen los principios de la organización, además de ignorar a los embajadores de carrera, quienes constituían solo el 26 % de los nombramientos en la fecha en que se designó”.
La Presidencia de la República informó en un comunicado que abrió una investigación a la Dirección de Tecnología y a la Secretaría de Comunicaciones de Palacio luego de las denuncias que indican interceptaciones ilegales (chuzadas) a magistrados y miembros de la oposición.“Desde que se hicieron públicas las denuncias por una supuesta operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una investigación a control interno y a control externo disciplinario de la entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaria de Comunicaciones y Prensa y por la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República”, dice el comunicado.Presidencia aclara que conductas como perfilamiento, seguimiento e interceptación no hacen parte de prácticas de la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa y menos del Gobierno nacional.“El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que este tipo de hechos no son permitidos, son totalmente ilegales y cualquier funcionario que se vea involucrado en alguna de estas prácticas deberá responder ante la justicia. La Presidencia de la República está comprometida con proporcionar toda la información necesaria de manera transparente y rápida para aclarar estos hechos”, añade.La denuncia por chuzadas a magistradosLa semana pasada se conoció que los magistrados de la Corte Constitucional denunciaron la posibilidad de que estén siendo objeto de interceptaciones ilegales.El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le entregó a la fiscal una carta en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denuncia que él y su esposa son "víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal".Esto incluye, supuestamente, las interceptaciones telefónicas, así como seguimientos, elaboración de perfiles y monitoreos permanentes.Al respecto, el presidente Gustavo Petro escribió en X este lunes: "He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia), se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada.Las chuzadas, ¿un regreso al pasado?Durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010) ocurrieron también seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y políticos de oposición, lo que derivó en un escándalo con condenas a algunos de los responsables.Durante el Gobierno de Uribe se conoció que el ya extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que ejercía las labores de inteligencia, había instalado micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptaba teléfonos de muchas personalidades, entre jueces, periodistas y opositores.Por este caso fueron condenados, entre otros, Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia de Colombia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del DAS, quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.En septiembre de 2017 también fue condenado a siete años, 10 meses y 15 días de cárcel el también exdirector del DAS Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar "interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial".
En un discurso reciente, el presidente Gustavo Petro, aunque mencionó la propuesta de un acuerdo nacional para asegurar el cumplimiento de estos compromisos, negó que esto implicara la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como algunos sectores habían interpretado.El mandatario habló de respetar lo pactado, subrayando que el acuerdo de paz no es simplemente una responsabilidad del Gobierno actual, sino un compromiso del Estado colombiano en su conjunto. "Eso fue declarado unilateralmente, ¿lo vamos a incumplir? Yo tengo la misión de hablar con el Consejo de Seguridad sobre el cumplimiento o incumplimiento", señaló Petro durante su intervención en la posesión del nuevo contralor general de la República.Ante las críticas y especulaciones sobre una posible Asamblea Constituyente para reformar aspectos del acuerdo, el presidente Petro aclaró que ahora su propuesta se centra en un "decreto gubernamental".Esta medida, según Petro, es una respuesta directa a la necesidad de avanzar en la reconciliación nacional y la construcción de paz en el país.El debate sobre el cumplimiento del acuerdo de paz ha sido recurrente en la agenda política colombiana, con diversas interpretaciones y posturas sobre cómo debería materializarse en la práctica. Petro, como jefe de Estado, subrayó la responsabilidad del Estado en su totalidad, más allá de los cambios de Gobierno, para asegurar que se cumplan los compromisos adquiridos para poner fin a décadas de conflicto armado.Además, también el primer mandatario hizo una fuerte declaración sobre si el país deba definir si se reconocerá el derecho internacional humanitario, ya que afirma que él puede ver en el mundo lo que es no reconocer este derecho, haciendo referencia al genocidio en Gaza por lo que dice que Colombia debe analizar si sigue dentro de este marco.“Con la Contraloría, ahora que se ha rehecho este trance, y la Procuraduría, que también va a tener un cambio, y con el Estado hay que definir si Colombia decide salirse del derecho internacional o lo cumplimos”, aseguró.
A raíz de la carta emitida a la ONU, por parte del expresidente Juan Manuel Santos, el excanciller Álvaro Leyva no tardó en responderle calificando las explicaciones de Santos como innecesarias y acusándolo de omitir referencias a la posible insinuación a que las Fuerzas Militares fueran en contra del Gobierno.Leyva expresó su posición a través de las redes sociales, criticó la falta de claridad del expresidente en tres puntos, tales como, que Santos aún no entiende bien qué firmó, que olvida que no firmó a nombre propio, sino de un Estado que él ya no representa y que además quiere “minarle” la visita al presidente Gustavo Petro al Consejo de Seguridad.“Pero cero nervios. El sindicato del pasado no nos va a quitar el futuro. Yo se lo explicaré con plastilina. Eso sí, será en un próximo trino”, dijo Leyva.Además, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también se manifestó a través de sus redes sociales con el fin de recalcarle a los expresidentes que la reforma constitucional que les permitió a ellos “reelegirse” no es una opción actual. Velasco subrayó que ni el Gobierno ni el presidente Petro tienen intenciones de modificar la Constitución para buscar una reelección.Al respecrto, el expresidente Juan Manuel Santos en Mañanas Blu, con Néstor Morales pidió al presidente Gustavo Petro dedicarse a implementar el acuerdo de paz con las Farc y no enfrascarse en “discusiones innecesarias” sobre una Asamblea Nacional Constituyente y, menos, si esta tiene como base el acuerdo con el grupo que entregó las armas tras el acuerdo de 2016.El expresidente, quien le envió una carta a la ONU en la que reitera que los acuerdos con las Farc no estaban encaminados a una Constituyente, manifestó que el presidente Petro ha hecho menos que el expresidente Iván Duque en materia de su implementación.“El sentido de esta carta es dejar claro que el proceso de paz no se puede utilizar como la excusa para convocar una Constituyente. El acuerdo es muy claro, no menciona ni exige al presidente Petro la convocatoria. (…) Lo que busca es: dejemos esta discusión que nos ha venido desgastando desde hace mucho tiempo y dediquémonos a implementar el proceso de paz, que es lo que le hemos dicho al presidente Petro desde el principio: Dedíquese a implementar el proceso. Lleva dos años y, como ha dicho Rodrigo Londoño, ha hecho menos de lo que hizo Duque y Duque hizo casi nada”, puntualizó el expresidente.
