Tras el anuncio de un cese de actividades y bloqueo de la vía que comunica a Medellín con Ituango por parte de transportadores exigiendo una pronta solución para la pérdida de banca que se presenta sobre el kilómetro 13 en jurisdicción de San Andrés de Cuerquia, hubo acuerdo.Y es que tras una reunión sostenida con el gremio y EPM, como encargado del mantenimiento de la vía que tiene en comodato y que conecta también con la central Hidroituango, se pactó el inicio de labores cuanto antes en el sector conocido como El Recreo.Según Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia, las labores de reparación han registrado demoras por la dificultad que la misma alcaldía de San Andrés de Cuerquia ha tenido para desalojar unas familias que están en riesgo en zona de influencia de estas obras.El funcionario manifestó que, tras lograr esta evacuación, en las próximas horas inician labores que podrían tardar, al menos 10 días, aunque han solicitado la mayor celeridad posible."EPM inicialmente había dicho que se demoraba 10 días para dar paso. Nosotros le estamos pidiendo que acelere el tema porque hoy nos acaban de decir que de acuerdo a unos estudios que realizaron puede que se demore unos días adicionales, pero la comunidad está inquieta", declaró.Gallón también aseguró que avanzan en la legalización del contrato de mantenimiento de diferentes vías en Antioquia entre las que se encuentra San José de la Montaña-Toledo, la alternativa ante la situación que se está registrando en esta zona del Norte de Antioquia y que hace pocos días también alcanzó a ser bloqueada por algunas horas por parte del gremio transportador solicitando mayor mantenimiento.
En el corregimiento del Aro, en Ituango, la comunidad vive en condiciones complejas a falta de una carretera que lleva 28 años esperando a ser construida, a pesar de los diversos gobiernos que han pasado y prometido finiquitar esta vía, estas palabras se han disuelto a través del tiempo.Recordemos que el año pasado, el presidente Gustavo Petro, durante una visita al corregimiento del Aro, lanzó unas polémicas declaraciones por la demora de la construcción de la vía, indicando que, si EPM no era capaz de realizar la construcción de la vía, su gobierno sí lo haría. Aun así, y después de varios meses de su visita, la carretera del Aro sigue en el mismo estado de hace un año.La comunidad denuncia que la falta de la construcción de esta vía ha afectado el desarrollo del territorio, que ha dificultado la calidad de vida de las personas que habitan ahí, y que no cuentan con viviendas en condiciones adecuadas, pues, el material para construir es difícil transportarlo, además, Jhon Jairo Briceño, el representante de la curul de Paz 2024 en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, le explicó a Blu Radio que la falta de la vía además ha privado a la comunidad de agua potable y alcantarillado."No hay acceso a internet, difícilmente llega la telefonía celular, el único servicio que tienen es el de energía eléctrica, no hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay un parque para los niños, difícilmente se comunican las jornadas a ese territorio porque es muy difícil llegar allá", explicó el representante.Adicionalmente, el representante se refirió sobre los retrasos de los permisos de cada entidad que han dificultado que se avance en la construcción de la carretera."Hay que revisar el tema porque la demora ha sido mucha. El Gobierno nacional no va a iniciar, no va a tener tiempo para iniciar el tramo que le toca a ellos, entonces es muy difícil, es muy complicado la tramitología, los permisos, y a veces cada entidad se toma su tiempo, entonces este problema de que ni el uno avanza ni el otro tampoco", señaló Briceño.Finalmente, la Gobernación de Antioquia, EPM, la Unidad para las Víctimas, y otras entidades se reunirá este viernes,17 de enero, para entablar soluciones concretas frente a las responsabilidades de cada organización y empresa con la construcción de la carretera.
El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín confirmó que el próximo 25 de febrero a la 1:30 p. m. se llevará a cabo una audiencia de cumplimiento entre el abogado que interpuso una acción popular y representantes de la alcaldía de Medellín, Concejo de Medellín y EPM, ¿el motivo? Posibles irregularidades en la enajenación de las acciones de Empresas Públicas de Medellín en Tigo-UNE.Hay que recordar que hace algunos meses el mismo Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín aceptó la acción popular con la que se busca frenar la venta de las acciones, según el abogado Esteban Manco, porque la decisión se tomó a pesar de que los concejales de la capital antioqueña debían conocer el valor de las acciones a la hora de votar por la enajenación.Precisamente, lo que se alega en la acción popular es que los concejales de Medellín realizaron todo el proceso sin saber el valor que tenía cada acción de EPM en Tigo-UNE, en un hecho que argumenta el abogado debía ser suficiente para que el sufragio no se realizara. Manco explicó por qué se busca suspender el polémico proceso."No cumplieron el procedimiento de enajenación o venta estipulado en la ley, la cual consagra un deber del secretario de Hacienda de enviar al Concejo Distrital el avalúo preliminar de las acciones o de la participación accionaria de EPM", insistió el abogado.Sobre esta problemática en su momento EPM insistió que no se debía dar a conocer el avaluó, ya que esto obedecería a los casos en que el municipio o entidad territorial sea el propietario directo de las participaciones que se quieran vender. No obstante, el proceso habría seguido porque en su defecto quien tomó la decisión fue el Concejo de Medellín, una entidad territorial.Finalmente, en el documento donde se confirma la fecha de la audiencia se afirmar que, "se previene a las partes y demás personas que interviene en esta acción sobre el deber que tiene de comparecer e intervenir en la audiencia so pena de las sanciones establecidas".
La empresa de Interconexión Eléctrica, ISA, reconoció al Consejo de Estado que Jorge Andrés Carrillo tiene suspendidas labores de representación legal en nombre de la compañía ante terceros, mientras se define recurso de reposición que busca tumbar su nombramiento como presidente. La Superintendencia de Sociedades debe definir la acción legal.Sigue la novela en ISA Tras la polémica elección por parte de la Junta Directiva de Jorge Andrés Carrillo como presidente, se han conocido nuevos detalles sobre el desempeño de sus funciones en medio de los requerimientos que al respecto ha hecho el Consejo de Estado.Recientemente se reveló la respuesta que ISA entregó al alto tribunal, luego de que este le solicitara informar si Carrillo “tomó posesión efectiva de su cargo y si el mismo está surtiendo efectos”.Tras un recuento detallado de cada una de las situaciones que han ocurrido, luego de que Carrillo fuera elegido en el cargo tras una reñida votación de la Junta a mediados de agosto del año pasado, sobre el final de la carta la compañía generadora de energía admitió que este aún no ejerce en plenitud sus funciones a pesar del inicio de su gestión desde el 2 de septiembre de 2024.“Para efectos legales las funciones de representación ante terceros, a cargo del presidente, se encuentran suspendidas según lo indicado en los numerales 13 y 14. No obstante, las demás labores propias del cargo de presidente vienen siendo ejercidas por el señor Jorge Andrés Carrillo desde la fecha previamente señalada”, se lee en el documento.El concejal de Medellín, Alejandro De Bedout, nuevamente aprovechó para cuestionar los intereses políticos que estarían primando en ISA, donde EPM es propietaria del 9% de acciones, para la toma de decisiones.“Este informe presentado por Camilo Zea como presidente de la Junta Directiva, no hace más que ratificar lo que ya se vislumbra un proceso lleno de irregularidades, la situación es clara y el mensaje es aún más claro, los intereses personales y políticos en ISA para parecen haberse impuestos sobre el bien común de los accionistas”, afirmó el concejal de Creemos.Hay que recordar que la permanencia en esta plaza por parte de Carrillo aún está sujeta a la decisión que pueda tomar la Superintendencia de Sociedades luego de que la Cámara de Comercio de Medellín resolviera no acceder al recurso de reposición, y en apelación que un accionista de ISA que interpuso contra su inscripción en el cargo ante la entidad.
Empresas Públicas de Medellín anunció que realizará cortes de agua programados con el fin de adelantar trabajos de mantenimiento y modernización, como lavado de tanques y empalme de redes, en tres municipios del Valle de Aburrá: Medellín, Itagüí y Bello. Cortes de agua en MedellínInicialmente, los cortes de agua en Medellín serán entre las 9:00 de la noche del martes 14 de enero y las 4:00 de la mañana del miércoles 15 de enero. En ese horario, se interrumpirá el servicio en sectores entre las calles 71 y 88, con carreras desde la 42A hasta la 49. Esto afectará a 12.820 usuarios de los barrios Campo Valdés, Manrique Central, La Piñuela, Las Esmeraldas, El Pomar y otros.Barrios de Itagüí sin agua esta semanaEn Medellín e Itagüí, entre las 9:00 de la noche del martes 14 de enero y las 7:00 de la mañana del miércoles 15 de enero, se suspenderá el servicio en sectores como Colinas del Sur y La Colina, además de los barrios El Porvenir y Entre Colinas en Itagüí, impactando a 5.207 usuarios.Entre Medellín y Bello, mientras tanto, los cortes se llevarán a cabo entre las 8:00 de la noche del miércoles 15 de enero y la 1:00 de la mañana del jueves 16 de enero, afectando el servicio en el barrio París de Bello y sectores del Doce de Octubre en Medellín. Este corte impactará a 5.024 usuarios.También en Medellín, pero entre las 9:00 de la noche del miércoles 15 de enero y las 4:00 de la mañana del jueves 16 de enero, se interrumpirá el servicio en zonas como San Germán, Los Colores, Suramericana y Calasanz. Los cortes incluyen sectores entre calles 48 y 84, impactando a 31.954 usuarios.En otro sector de Medellín, el miércoles 15 de enero entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la mañana del jueves 16 de enero, se suspenderá el servicio en barrios como Córdoba, Universidad Nacional y Progreso. Este corte afectará a 5.430 usuarios.Sectores de Bello con cortes de aguaEl jueves 16 de enero, entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, se realizará una suspensión en Medellín en barrios como Versalles, La Cruz, El Raizal y Carpinelo. Este corte impactará a 11.929 usuarios. Adicionalmente, ese mismo día y horario, otros sectores de Medellín como Bello Oriente y La Honda tendrán una interrupción que afectará a 3.086 usuarios.Entre las 2:00 de la tarde del jueves 16 de enero y las 4:00 de la mañana del viernes 17 de enero, se suspenderá el servicio en sectores como Castilla, Girardot y Tricentenario, impactando a 10.904 usuarios.En Itagüí, entre las 7:00 de la noche del jueves 16 de enero y las 5:00 de la mañana del viernes 17 de enero, barrios como Camparola, Glorieta Pilsen y San José tendrán cortes programados que afectarán a 2.058 usuarios.Finalmente, cabe resaltar que EPM recomendó a los usuarios, para afrontar los cortes de agua, abastecerse de agua antes de los mencionados horarios en cada sector y agradeció "la comprensión ante estas labores necesarias para garantizar un mejor servicio".
Ya inició un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad Hidroituango, esto por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quien habría evidenciado algunas irregularidades en unas obligaciones que debía cumplir el proyecto. La notificación llegó a Empresas Públicas de Medellín, misma que deberá responderle a la ANLA antes de que se tome una decisión.Según destacó la autoridad ambiental, el proceso comenzó por el presunto incumplimiento de obligaciones de la licencia ambiental del proyecto Hidroeléctrico Pescadero – Ituango, irregularidades que habrían sido evidenciadas durante el seguimiento de las actividades de Hidroituango.Por el momento únicamente se ha conocido el inicio del proceso sancionatorio, no obstante aun se desconoce cuál sería el monto que tendría que pagar EPM en caso de ser hallado responsable de los incumplimientos, de los cuales tampoco se dieron mayores detalles por parte de la ANLA.Hay que recordar que esta noticia se da cerca de un año después de que la misma Autoridad Nacional de Licencias Ambientales decidiera sancionar con 1.400 millones de pesos a Empresas Públicas de Medellín porque sustituyeron dos puentes y realizaron vertimientos sin permiso en la zona de injerencia de Hidroituango.La millonaria sanción se tomó en segunda instancia, como podría ocurrir en esta ocasión, tras decidirse que Hidroituango sí había tenido responsabilidad en las irregularidades ambientales durante la ejecución de algunas obras relacionadas con el proyecto hidroeléctrico.
Tigo-Une solicitó este 7 de enero, ante el Ministerio del Trabajo, la autorización de despido colectivo de un grupo de trabajadores "por razones técnicas, operativas y financieras".La compañía de telecomunicaciones informó que la decisión obedece también "al resultado de un análisis estructural para responder a los desafíos económicos de la industria y la gestión eficiente de la sostenibilidad operativa de la compañía”, según se puede leer en la información relevante ante la Superintendencia Financiera.En la red social X circula una carta enviada a los trabajadores afectados con la medida, en la que se indica que fue radicada la mencionada solicitud ante el MinTrabajo por los "cambios de los que constantemente es objeto la industria de las telecomunicaciones, transformaciones que resultan indispensables para adaptar la compañía a la nueva realidad haciendo el negocio sostenible y viable"."Nos lleva a la necesidad de reducir nuestra operación y, por lo tanto, a requerir menos personal de aquel con el que contamos actualmente", se lee en la comunicación.Vale la pena mencionar que todo esto ocurre mientras sigue su curso la venta que autorizó el Concejo de Medellín a EPM para que oferte su participación accionaria del 50 % más uno en esta compañía de telecomunicaciones.Aunque esto se dio en agosto del 2024, tardará por lo menos 18 meses y según detalló EPM se prevé que la primera fase de ejecute en abril de este año, entre julio y septiembre se adelantaría la fase de oferta del público en general, en la que cualquiera puede comprar incluido el mismo Millicom y posteriormente ya siguen derechos de preferencia y la posibilidad de vender conjuntamente toda la empresa.Por lo pronto, en la información relevante ante la Superintendencia Financiera se señala que el resultado de esta solicitud se informará al mercado oportunamente.
Luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se vieran nuevamente envueltos en una polémica por la situación energética del país, Gutiérrez advirtió que las deudas con diferentes empresas de energía ascenderían a más de 4 billones de pesos. Según el mandatario solamente las obligaciones con Afinia son de 2.4 billones de pesos y que dicha deuda podría poner en riesgo la prestación del servicio en la Costa Caribe."EPM tuvo que adquirir un crédito superior al billón de pesos amparado en las deudas del Gobierno nacional, para darle vida a Afinia. Necesitamos que el Gobierno nacional pague lo que corresponde por ley", explicó Federico Gutiérrez en Mañanas Blu.Hay que recordar que la deuda tiene que ver precisamente con la opción tarifaria que fue implementada por la pandemia y por los subsidios que por ley asume la Nación a los habitantes de los estratos 1, 2 y 3."El presidente sale a sacar excusas, pero el gobernante actual es él, que resuelva, él se comprometió en mayo. Si el Gobierno gira estos recursos, las empresas tienen con que operar, si no, van a entrar en quiebra y el Gobierno las va a tener que intervenir”, advirtió Gutiérrez.En medio de ese panorama, llamó la atención el ultimátum que entregó Federico Gutiérrez sobre la situación de Afinia que de no pagarse la mencionada deuda se pondría en riesgo la prestación del servicio."Asumir un crédito casi que le da vida a Afinia hasta febrero. De no pagarse los recursos que se le deben a Afinia haría practicamente insostenible la situación financiera de la empresa", indicó el mandatario.“Afinia tiene oxígeno hasta febrero, por la decisión que tomamos en diciembre, sino tomamos el crédito superior al billón de pesos, ya se hubiera generado el apagón. Se ha venido soportando la operación de Afinia en 4 departamentos, porque lo importante es la gente, esa ha sido nuestra justificación para seguir dándole vida”, agregó.Además, el alcalde de Medellín explicó que el total de la deuda al grupo EPM es cercana a los 4 billones de pesos y que correspondería a 2.27 billones por opción tarifaria y 1.3 billones por los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Finalmente, y como parte de una solicitud hecha por el alcalde de Medellín, señaló que, “toda la responsabilidad está bajo el Gobierno nacional, así de claro”. Ahora se espera que llegue respuesta por parte de la Nación y se pueda solucionar la deuda billonaria a las Empresas Públicas de Medellín.“No estamos pidiendo un favor, que nos manden flores, es que cumpla la ley. El Gobierno tiene que dar ejemplo, si eso no ocurre, aquí empezará a versen apagones como el vivido en Puerto Carreño”, concluyó en Mañanas Blu el mandatario de la capital antioqueña.
La crisis energética en Colombia ha escalado a un nuevo nivel de tensión con un reciente enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, centrado en una deuda de 4.4 billones de pesos del Gobierno Nacional con Empresas Públicas de Medellín (EPM). Gutiérrez ha denunciado públicamente que esta deuda, que incluye subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3, está llevando a empresas como AFINIA, filial de EPM, al borde del colapso.Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, en dialogo con Ricardo Ospina en el programa El Radar, señaló que "la deuda a EPM de parte del Gobierno nacional sumando opción tarifaria y sumando subsidios de estrato de 1, 2 y 3 por la energía son 4.4 billones de pesos."En respuesta, Petro negó que las deudas actuales sean responsabilidad de su administración, argumentando que la propuesta de convertir la deuda en pública fue rechazada por sectores políticos que respaldan a Gutiérrez. Sin embargo, el alcalde de Medellín acusó al presidente de no cumplir con los pagos de subsidios y de no haber concretado la opción tarifaria como deuda pública, situación que, según Gutiérrez, podría desencadenar una crisis energética nacional.Gutiérrez instó al Gobierno a buscar soluciones conjuntas para evitar el colapso del sector eléctrico, mientras la Alcaldía de Medellín ha comenzado a enviar cartas a AFINIA para exigir el pago de la deuda. Este conflicto se produce en un contexto de creciente preocupación por la estabilidad del sistema energético del país y la capacidad del Gobierno para cumplir sus compromisos financieros con empresas clave como EPM.
Luego de 16 años de servicio en Quibdó, el convenio que había firmado Empresas Públicas de Medellín para prestar el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo llegaba hoy a su fin, sin embargo, en las últimas horas se conoció una propuesta de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de las Empresas Públicas de Quibdó para que EPM se quedara 6 meses más en la capital chocoana, misma que fue aceptada y renovada hasta el 30 de junio de 2025.Según ha trascendido, las Empresas Públicas de Quibdó, que está en liquidación, en conjunto con la Superservicios, acordó la nueva prórroga para que EPM continúe operando los servicios públicos mientras se hacen mesas de trabajo para diseñar un esquema empresarial que permita que Quibdó mejore su prestación y, además, se comunicó que se incluirá la transferencia de prácticas de EPM al nuevo prestador que se designe a partir del 1 de julio de 2025. Asimismo, hay que destacar que los servicios se prestarán a través de su filial Aguas Nacionales y la marca Aguas del Atrato.Por su parte, mientras se conoce cuál será el nuevo operador en la capital chocoana, EPM indicó que el convenio se firmó oficialmente en el 2008 y hasta el 2015, no obstante, hace 9 años se venían firmando varios prórrogas bajo el esquema de colaboración en donde Empresas Públicas de Medellín no ha tenido remuneración por su operación con Aguas del Atrato durante estos 16 años.En este sentido y a pocos meses de entregar la operación hay que señalar que actualmente hay un 52 % de cobertura en el suministro de agua potable, un 16 % en el alcantarillado y una cobertura cercana al 100 % en la recolección de residuos sólidos. Además, EPM tiene hasta la fecha 21.532 usuarios en el servicio de acueducto, 6.562 en alcantarillado y 41.255 en el servicio de aseo.Adicionalmente, destacan desde Empresas Públicas de Medellín que Aguas del Atrato tiene una infraestructura con tres plantas de tratamiento de agua potable, una estación de bombeo de aguas residuales y una flota de nueve vehículos compactadores, así como una volqueta para la recolección de residuos.Finalmente, EPM expresó que hoy Quibdó dispone de una infraestructura adecuada para seguir prestando servicios con un personal capacitado y fortalecido por la estadía de Aguas del Atrato en la capital del departamento de Chocó.
