En las últimas horas, la Policía capturó a un hombre en el barrio Porvenir de la localidad de Bosa, sur de Bogotá, quien se identificó como domiciliario de Rappi y que llevaba un total de 55 millones de pesos en efectivo escondidos en una moto que usaba para “trabajar”. En medio de un puesto de control, los patrulleros le pidieron al hombre que se bajara del vehículo y allí tomó una actitud sospechosa.Tras descender de la moto y en medio del registro, los uniformados se percataron que el hombre de 45 años llevaba una bolsa con varios paquetes de billetes de diferentes denominaciones envueltos en plástico de color naranja y verde, algunos marcados con los nombres de establecimientos comerciales con números e incluso la palabra “huevos”.Cuando la Policía le preguntó al propietario de la moto la procedencia de este dinero, lo único que dijo es que él trabajaba como domiciliario y que debía entregar esa encomienda; sin embargo, no logró justificar la procedencia del dinero en efectivo, por lo que fue capturado por el delito de enriquecimiento ilícito.Este hombre presenta anotaciones por el delito de lesiones personales, y fue dejado a disposición de la Fiscalía junto con la motocicleta inmovilizada y el dinero incautado, donde deberá responder por el delito que se le atribuye.
De manera virtual, Nicolás Petro Burgos siguió compareciendo la tarde de este lunes ante el juzgado segundo penal del circuito de Barranquilla, donde la fiscal del caso se ha dedicado a enumerar cada uno de los documentos, informes, entrevistas y demás elementos que ha recaudado el ente acusador para intentar probar en juicio que el hijo del presidente incurrió en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.La fiscal ha dicho que usará, por ejemplo, información extraída del iPhone de Day Vásquez, como los chats de WhatsApp entre ella y Camilo Burgos Soto, primo materno de Nicolás y quien habría movido dineros irregulares durante la campaña presidencial de 2022.La fiscal también se valdrá de las conversaciones que la ex esposa de Nicolás sostuvo con el político Máximo Noriega, ex aspirante a la Gobernación del Atlántico, y tendrá en cuenta una declaración jurada de Gabriel Elías Hilsaca, hijo del 'Turco' Hilsaca.Entre las pruebas también figuran los resultados de una inspección a la Gobernación del Atlántico, así como documentos relacionados con el pago de los honorarios de Nicolás como diputado del Atlántico y su declaración de bienes y rentas del 2021.La lista es extensa, tanto así que la continuación de esta audiencia preparatoria de juicio fue programada para desarrollarse durante varios días de esta semana.Este lunes, la diligencia fue suspendida por solicitud de la fiscal, que pidió tiempo para revisar algunos documentos antes de seguir enunciando cada una de las pruebas y seguirá este martes, a partir de las 9 de la mañana.
El abogado Diego Henao, defensor de Nicolás Petro, informó que su cliente va a presentar a nombre propio una solicitud de nulidad en el proceso que la Fiscalía le adelanta en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.La decisión se conoce este jueves, 11 de enero, cuando Nicolás Petro será acusado por la Fiscalía ante un juez especializado de Barranquilla; esa audiencia ya se había desarrollado en el pasado mes de noviembre, pero se aplazó después de que la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro pretendió trasladar la diligencia desde la capital del Atlántico hacía Bogotá.La solicitud de nulidad de Petro Burgos se conoce horas antes del arranque de la audiencia de acusación, argumentando que dentro del proceso judicial le han violado derechos fundamentales, garantías procesales, ha recibido presiones psicológicas y hasta han pasado 22 audiencias sin ser convocado.En la decisión del exdiputado del Atlántico se detalló que, “a pesar de que él y su defensa se comunicaron con la Fiscalía para ponerse a su disposición, el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos Patiño, solicitó la celebración de 22 audiencias preliminares sin convocar al procesado. Además, aún cuando no era necesaria una captura “forzosa”, el fiscal ordenó un procedimiento en el que se ingresó violentamente a la residencia de Nicolás Petro en Barranquilla; se encontró a su pareja, con varios meses de gestación, y a él, desnudos, a la vez que fueron grabados, en esas condiciones”.Nicolás Petro también alegó que tras su captura fue aislado, trasladado a Bogotá y presentado ante un juez sin explicación alguna, y después recibió presiones “para que se acogiese a un principio de oportunidad por colaboración con la Fiscalía. Además, insistió en que, con ese pretexto, lo llevaron a comparecer a un interrogatorio de indiciado, el cual fue ilegalmente filtrado a los medios de comunicación”.Frente a este panorama, el hijo del presidente consideró que minó a la opinión pública su presunción de inocencia y se montó todo un “espectáculo mediático que puso en riesgo incluso la vida del procesado”.Durante la audiencia de acusación, el juez segundo penal en Barranquilla deberá resolver dicha solicitud de nulidad. Mientras la Fiscalía tendría todos los elementos para acusar al hijo del presidente, la defensa denunciará las irregularidades que se presentaron en el proceso.
En medio de un operativo que adelantó la Policía en Antioquia y Bolívar, fueron capturadas cuatro mujeres que lograron enriquecerse con el dinero del narcotráfico del Clan del Golfo.Según la investigaciones, Yulisa de las Aguas, Vilma de León, Sandra Hernández y Linet Zuluaga fueron compañeras sentimentales de varios extraditables del Clan del Golfo, y se prestaron como testaferros de los dinero ilícitos de esa organización.Así lograron administrar complejos turísticos, lujosas casas, bodegas, botes, establecimientos comerciales como sex shops y dinero en efectivo, hasta enriquecerse cada una con más de 7.000 millones de pesos.Cabe mencionar que, de esta manera, lograron dar apariencia de legalidad a dinero producto del narcotráfico. Fue tan así la actividad que, durante el operativo, se logró hacer extinción de dominio a bienes avaluados en más de $13.000 millones en los que se encuentran inmuebles, vehículos, tiendas, sociedades comerciales y hasta una embarcación.Las cuatro mujeres capturadas fueron presentadas ante un juez y les dictó medida de aseguramiento domiciliaria.Le puede interesar:
El año político estuvo marcado por los escándalos de tintes novelescos de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo Petro, y por las interceptaciones ilegales que hicieron a la niñera de Laura Sarabia, una de las personas de mayor confianza del mandatario.Como si se tratara de una telenovela, los dos casos tuvieron como ingredientes problemas amorosos, venganzas y disputas personales que entorpecieron el desempeño del Gobierno de Petro, que pasó buena parte de 2023 defendiéndose en la red social X (antes Twitter), su principal tribuna.La tormenta amainó en los últimos meses, pero los dos casos siguen vivos, tanto mediática como judicialmente, y en cualquier momento de 2024 volverán a estallar. La rueda suelta Nicolás Petro Burgos está procesado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Todo comenzó en marzo pasado cuando la Fiscalía recibió las denuncias de su exesposa Daysuris Vásquez y comenzó a investigar al hijo del mandatario, que era diputado de la Asamblea del departamento caribeño del Atlántico, por presuntamente haber recibido dinero ilícito para la campaña presidencial de 2022 de su padre.Vásquez y Petro Burgos fueron detenidos el 29 de julio, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras lo cual el hijo del mandatario reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como 'el hombre Marlboro', y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso 'Turco' Hilsaca.Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña presidencial de su padre en 2022, aunque Petro Burgos aseguró en una entrevista a la revista Semana que, en este caso, el hoy mandatario no lo sabía. En este contexto, el hijo del presidente fue acusado de obtener en los últimos años de forma ilícita hasta 600 millones de pesos (unos 150.000 dólares) de Hilsaca en su apartamento de Barranquilla, donde estaba presente Vásquez, que guardó el dinero en la caja fuerte del inmueble. A lo largo del proceso, Vásquez ha tenido un rol crucial porque es quien más ha hablado con la prensa y con la Fiscalía. También utiliza su cuenta de X, en la que tiene casi 50.000 seguidores, para lanzar indirectas a los otros involucrados en la investigación y recalcar que va a contar todo lo que sabe, pues actualmente tiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía.Este escándalo familiar seguirá siendo una piedra en el zapato para Petro, que ha acusado al fiscal general, Francisco Barbosa, de usar mediáticamente el caso de su hijo en su contra. Relación rotaEl otro caso que marcó el año político del Gobierno es el de Laura Sarabia, actual directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), quien llegó a la campaña de Petro de la mano del entonces ahora exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti. Ambos fueron piezas fundamentales para su victoria presidencial.Sarabia se convirtió en la sombra de Petro como jefa de Gabinete pero en mayo pasado se filtró a la prensa un posible abuso de poder cometido contra su exniñera Marelbys Meza, acusada del robo de un maletín con una suma no precisada de dinero de la casa de la funcionaria y quien fue llevada al palacio presidencial para ser interrogada.Días después se supo que se había ordenado la interceptación ilegal de llamadas de Meza y de otra empleada. Además, el pasado 9 de junio se suicidó el teniente coronel Óscar Dávila, que supuestamente tuvo que ver con el interrogatorio ilegal a Meza.El caso se volvió más oscuro cuando la prensa reveló los audios que Benedetti le envió a Sarabia, donde con un tono vulgar y amenazante le pedía un puesto importante en el gabinete y la amenazaba con revelar secretos que podían enlodarla a ella y a Petro.En uno de esos audios, Benedetti reclamó a Sarabia mejor trato del Gobierno alegando que él gestionó 15.000 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares) para la campaña de Petro y dijo que si contara quiénes la financiaron en la costa atlántica, "nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos".Aunque Sarabia dejó su puesto en el Gobierno, volvió a los pocos meses al cargo de directora del DPS, un departamento que no tiene rango ministerial pero gestiona gran cantidad de dinero para programas sociales, y sigue siendo una de las personas de confianza del presidente.Al igual que con Nicolás Petro Burgos, este escándalo puede reactivarse judicialmente en cualquier momento y puede traerle en 2024 al presidente los mismos dolores de cabeza que ya tuvo este año y que entorpecieron la labor de su Gobierno. Le podría interesar:
La Corte Suprema de Justicia decidió que el juicio contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito se llevará a cabo en el Juzgado 2 Penal Especializado de Barranquilla. El alto tribunal desestimó la solicitud de los abogados del hijo del presidente Gustavo Petro que pedían que el juicio se adelantara en Bogotá.La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró que la competencia para conocer la etapa de juzgamiento del proceso penal que se adelanta contra Nicolás Fernando Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, corresponde al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.La decisión de la definición de esta competencia fue adoptada de manera unánime, porque para todos los magistrados es claro que, aunque los hechos habrían ocurrido tanto en Bogotá como en Barranquilla, la mayoría de presuntos ilícitos y los más graves (lavado de activos) habrían ocurrido en Barranquilla.Este miércoles, también se negó la solicitud del abogado de Nicolás Petro que buscaba medidas por filtración de interrogatorio. El juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, no aceptó la petición que en octubre pasado hizo la defensa y, por consiguiente, decidió no programar ninguna audiencia de imposición de medidas correccionales por la filtración del interrogatorio que rindió el hijo del presidente ante la Fiscalía y que fue divulgado en medios de comunicación.El abogado Diego Henao, en representación de Nicolás Petro, le había pedido al juez de conocimiento “fijar fecha y hora” para adelantar dicha audiencia, de modo que la defensa pudiera manifestar allí su inconformismo por la “omisión en la custodia de archivos sometidos a reserva”, más específicamente el interrogatorio rendido por Petro Burgos el pasado 2 de agosto.Henao afirmó que, más allá de buscar sanciones contra el fiscal del caso Mario Burgos, lo que pretendía con esta audiencia era que el juez le “llamara la atención” sobre “los protocolos de la reserva, de las garantías y del debido proceso”."Que llamara al orden, a la mesura, al cumplimiento de las garantías procesales, a la ética profesional y al decoro. Era simplemente eso. Esto no es algo excepcional donde se esté solicitando algún tipo de medida o de sanción específica", dijo el defensor.Puede ver:
Este lunes 20 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación dará inicio a la audiencia de acusación contra Nicolás Petro , exdiputado del Atlántico. Quien enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito , relacionados con la financiación de la campaña presidencial de su padre en 2022.Nicolás Petro, detenido el 29 de julio por los cargos anteriores, llegó a un acuerdo de colaboración con la Justicia para responder al proceso en libertad . Sin embargo, se cuestiona si ha cumplido con este compromiso.La investigación surgió a raíz de denuncias de su exesposa en marzo pasado. Petro Burgos admitió haber recibido dinero ilícito de figuras como 'el hombre Marlboro' y el hijo del empresario Alfonso 'Turco' Hilsaca , alegando que parte de esos fondos se destinaron a la campaña presidencial de su padre en 2022.Cabe recordar que ante el caso que se enfrenta Nicolás Petro, su padre Gustavo Petro aseguró hace unos meses lo siguiente “Hay que hablar las cosas como son: aquí lo que se está investigando no es mi hijo, yo dije: investíguenlo. Aquí lo que se está tratando de impedir es que existe una fiscal independiente que sea capaz de hacer las investigaciones”.La Fiscalía insiste en la importancia de someter a juicio a Nicolás Petro Burgos debido a las acusaciones planteadas. Sostiene que el exdiputado del Atlántico tenía pleno conocimiento de la ilicitud de sus acciones , las cuales no solo proporcionarán una apariencia de legalidad a sus activos, sino también a actividades de origen dudoso.Conforme se especifica en el escrito de imputación, "Nicolás Fernando Petro Burgos es considerado responsable, ya que era plenamente consciente de la índole de sus acciones al realizar dichos comportamientos. Contaba con la capacidad de comprender la ilegalidad de sus actos, comprendía que estaba incrementando de manera injustificada su patrimonio financiero; al mismo tiempo que desempeñaba funciones como funcionario público en calidad de Diputado, vinculado a la Asamblea Departamental de Barranquilla".Le puede interesar: ¿Qué viene para Argentina tras la elección de Javier Milei? Habla diputado cercano a nuevo presidente
La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, quien debe responder por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.La Fiscalía, en el escrito de acusación contra Nicolás Petro Burgos, establece la presunta existencia de un ingreso patrimonial injustificado. De sus actividades como diputado, se logran demostrar unos ingresos por un monto de $280.331.394; sin embargo, registró un total de $1.205.750.000, lo cual no tiene soporte del origen de $1.053.911.056. Estos dineros ingresaron irregularmente a su patrimonio sin ser fruto de su trabajo.Asimismo, la Fiscalía acusa al hijo del presidente Petro por un supuesto lavado de activos en la medida en que con estos ingresos injustificados, que ascienden a la suma de $1.053.911.056, adquirió e invirtió en la compra del lote 2 A-Manzana 24, Carrera 8 No. 3-24 del proyecto SZIGE en Villas de Palmarito, Tubará, Atlántico, por un valor de $334.938.000, pagado en efectivo. Incluso, con el objetivo de dar apariencia de legalidad al inmueble con el fin de ocultar y encubrir su origen, decidieron colocarlo a nombre de un tercero, de nombre César Emilio Vásquez Buendía.El documento de 83 páginas revela que Nicolás Petro Burgos "a través de la señora Daysuris del Carmen Vásquez, justificó, mediante certificaciones falsas emitidas por el proyecto 'Sziget Beach House-Casa Kicsi', el patrimonio reseñado en su declaración de renta para los años 2020 y 2021 por $49.300.000 y $100 millones de pesos, respectivamente," narra el documento.Para la Fiscalía, Nicolás Fernando Petro Burgos "preordenó" su conducta para cometer esos dos delitos que le imputan, razón por la cual la Fiscalía considera que es necesario llevarlo a juicio."El señor Nicolás Fernando Petro Burgos se predica imputable porque conocía lo que estaba haciendo al momento de ejecutar las conductas, tenía la capacidad de comprender su ilicitud, comprendía que estaba incrementando para sí y para otro de manera no justificada su patrimonio económico, siendo servidor público - Diputado adscrito de la Asamblea Departamental de Barranquilla-. Además, conocía y comprendía que estaba adquiriendo, invirtiendo, ocultando y encubriendo bienes que tenían su origen mediato o inmediato en el delito de enriquecimiento ilícito (delito subyacente), dando no solo a los bienes sino también a las actividades, apariencia de legalidad," dice el escrito de acusación.Para la Fiscalía, haber ganado más de mil millones de pesos no pudo haber sido producto de su actividad como diputado del Atlántico, pues desde mayo de 2021 hasta finales de 2022, el hijo del presidente habría recibido altas sumas de dinero en efectivo, pero de actividades económicas distintas a las de su trabajo como político.Puede ver:
Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y Day Vásquez, el fiscal del caso, Mario Burgos, reveló que Day Vásquez, con ayuda de miembros de la Policía Nacional, habría chuzado el celular de Laura Ojeda para saber si ellos dos tenían un romance.Por esta raón, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios por determinar dentro de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional debido a alegaciones de actividades de perfilamiento que apuntan a unas presuntas “chuzadas” sobre Laura Ojeda Estupiñán, la actual pareja sentimental de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro.Según información recolectada por la entidad, el personal de inteligencia dentro de la institución policial estaría involucrado en actividades de perfilamiento y supuestos hackeos de cuentas personales de Laura Ojeda Estupiñán.Estas acciones, al parecer, fueron realizadas en favor de Daysuris Vásquez Castro, quien recolectó la información para denunciar los dineros irregulares que habría recibido su expareja Nicolás Petro para la financiación de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro en 2022.Tras el anuncio, la Procuraduría solicitó información detallada sobre los procedimientos de perfilamiento a la Dirección de Inteligencia de la Policía, esta medida busca esclarecer los hechos y permitir una evaluación precisa de la situación en curso.Asimismo, para garantizar la imparcialidad y la transparencia en el proceso, la procuradora delegada del caso programó diligencias de declaración virtual con Daysuris Vásquez y Laura Ojeda Estupiñán. Se espera que ambas partes proporcionen testimonios que contribuyan a la comprensión integral de los eventos que están siendo objeto de investigación.Le puede interesar:
Day Vásquez, mediante su cuenta de Twitter, afirmó que el presidente Gustavo Petro y el gerente de la campaña no tenían ningún conocimiento de los financiamientos irregulares por parte de dineros irregulares por parte de ‘Hilsaca’ y ‘Hombre Malboro’ a la campaña presidencial de 2022. La publicación fue posteada por el presidente a los pocos minutos.Lo que mitiga las dudas sobre la posible culpabilidad del presidente de la República en este caso, lo que sigue en materia de investigación es la participación de Gustavo Petro en reuniones con Euclides Torres, quien también habría financiado de manera irregular la campaña en la costa Caribe.Cabe recordar que Day Vásquez fue quien reveló el ingreso de financiación irregular a la campaña del presidente, lo que tiene en el ojo del huracán al Gobierno tras la captura de Day y su exesposo el diputado del Atlántico, Nicolás Petro, quienes decidieron colaborar con la Fiscalía por lo que los dos fueron puestos en libertad, resaltando que Nicolás Petro no puede salir de Barranquilla mientras esté abierta la investigación.La Fiscalía se encuentra indagando las pruebas proporcionadas por el hijo del presidente, las cuales presuntamente estarían vinculando al caso de corrupción a personas al interior de la campaña, a altos funcionarios del Gobierno y a personas que hicieron parte del primer gabinete presidencial.Le puede interesar:
