Emilio Tapia, empresario involucrado en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, deberá cumplir una condena de seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el millonario desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).El fallo fue emitido por un juez especializado en Bogotá, marcando un nuevo capítulo en uno de los casos más polémicos de los últimos años en el país.Tapia, conocido previamente por su vinculación en el carrusel de la contratación en Bogotá, había logrado adjudicarse un contrato por $70.000 millones para llevar internet a escuelas rurales. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los documentos utilizados para garantizar el proyecto eran falsos.Estos documentos fueron clave para obtener el anticipo millonario que nunca se tradujo en beneficios para las comunidades vulnerables.La Fiscalía demostró que Tapia no solo fue determinante en la estructuración del fraude, sino que, además, se benefició directamente de los recursos desviados. El juez calificó los actos como una muestra de “flagrante desprecio por los recursos públicos”.Durante la audiencia, Tapia ofreció disculpas públicas, pero el juez consideró que la gravedad de los hechos ameritaba una sanción ejemplar.Además de la condena de prisión, deberá pagar una multa millonaria como reparación al Estado. A pesar de que su defensa intentó buscar una reducción de pena argumentando colaboración con las autoridades, el juez determinó que esta no fue suficiente para mitigar la responsabilidad.El caso Centros Poblados no solo destapó un esquema de corrupción sofisticado, sino que también puso en entredicho los mecanismos de control en la adjudicación de contratos en Colombia. Desde el inicio del escándalo, varios funcionarios públicos han sido investigados por su presunta complicidad y el MinTIC sufrió una crisis institucional que culminó con la renuncia de la entonces ministra Karen Abudinen.Con esta condena, Emilio Tapia enfrenta un nuevo revés judicial, sumándose a su historial de delitos contra el patrimonio público. El desenlace judicial de Tapia también genera expectativas sobre el destino de otros implicados en el caso, quienes siguen bajo investigación.
Emilio Tapia, principal involucrado en el escándalo de corrupción relacionado con el caso Centros Poblados, alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación este martes, en el que admite su responsabilidad en los hechos que resultaron en la pérdida de más de $70.000 millones destinados a conectar con internet a escuelas rurales en Colombia. Este caso, que estalló durante el gobierno del expresidente Iván Duque, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.Detalles del preacuerdoEl preacuerdo entre Emilio Tapia y la Fiscalía contempla cuatro puntos clave que definen las condiciones de su colaboración y su castigo:Condena de seis años de cárcel: Tapia aceptó cumplir una pena privativa de la libertad que, aunque reducida, refleja la gravedad de los delitos cometidos.Devolución de $5000 millones: el empresario deberá reintegrar parte de los fondos desviados. De este monto, ya entregó $2500 millones en efectivo. Los otros $2500 millones serán restituidos mediante bienes que se encuentran en Girardot y zonas rurales de Medellín, según lo confirmó su defensa.Testigo clave para la Fiscalía: Tapia se comprometió a colaborar como testigo en las investigaciones, lo que podría revelar información crucial sobre otros implicados en la red de corrupción.Aceptación de tres delitos: el empresario admitió su responsabilidad en los cargos imputados, consolidando su disposición para cooperar con la justicia.El escándalo de Centros PobladosEl caso Centros Poblados estalló cuando se descubrió que los recursos destinados a llevar conectividad a zonas apartadas del país, mediante un contrato adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), fueron desviados mediante documentación falsa y una red de corrupción liderada por Tapia.El contrato, valuado en $1,07 billones, fue cancelado después de que se conociera que las empresas contratistas no tenían la capacidad técnica ni financiera para ejecutar el proyecto. Este hecho salpicó a funcionarios del gobierno de la época y desató una crisis de credibilidad en las instituciones.
Desde el martes 18 de junio, Emilio Tapia abandonó el pabellón de Medidas Especiales de Tratamiento, conocido como UTE, en la Penitenciaría El Bosque y fue llevado de regreso al pabellón donde recibían a funcionarios públicos condenados por corrupción y otros delitos, el cual había sido cerrado por orden del director nacional del Inpec desde mayo del año pasado, ante denuncias de salidas irregulares de los internos.El juzgado primero promiscuo municipal de Malambo dio la orden al Inpec de regresar al empresario conocido como ‘el zar de la contratación’ al pabellón en que se encontraba, esto ante a una acción de tutela interpuesta por la esposa de tapia, Natalia Morales Alzayus y sus dos hijos menores de edad.En dicha tutela, familiares de Tapia piden el traslado en virtud de garantizar sus derechos fundamentales y condiciones dignas para su detención.De no darse el traslado, informó el Inpec, se incurría en un desacato que llevaba al arresto por cinco días del director nacional del Inpec, el teniente Coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas.Finalmente, Tapia se encontró de vuelta en el mismo pabellón con Jaime Saade Cormane, condenado por el asesinato de Nancy Mestre hace 30 años en el norte de Barranquilla y es que la reapertura de este pabellón ahora se da para recibir a otro tipo de detenidos, no solo funcionarios públicos, detalló el Inpec.
Luego de que la Procuraduría hiciera una visita de inspección a la Penitenciaría el Bosque, donde se tomaron declaraciones juramentadas a Emilio Tapia, quien está recluido por el escándalo de los Centros Poblados, y al comandante de vigilancia para alimentar la indagación previamente abierta por el Ministerio Público para determinar si Tapia salió o no de la cárcel.“Hoy ni podemos decir si salió o no, porque la Procuraduría está haciendo las respectivas investigaciones y en su momento dará los resultados”, expresó el coronel Gutiérrez.En este caso, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó un operativo en la celda de Emilio Tapia para determinar si tiene elementos no permitidos (como teléfonos celulares) y dependiendo de lo que allí se encuentre se tomarán decisiones con la dirección de la cárcel, no solo en el caso de Tapia, sino para garantizar el mejoramiento del servicio penitenciario.“Queremos evitar dejar manto de duda sobre situaciones de corrupción por parte de cualquier servidor penitenciario que no esté alineado a las políticas anticorrupción del Gobierno Nacional”, dijo Daniel Gutiérrez, director del Inpec.Además, el coronel Daniel Gutiérrez anunció con preocupación el hallazgo de la Procuraduría, donde encontraron que solo 16 cámaras de seguridad funcionan en la Penitenciaría el Bosque, y que ya se solicitó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) el mantenimiento de esas cámaras.Ante esto, el director del Inpec reiteró que se ha hecho la solicitud a la Uspec en reiteradas ocasiones, y que esta situación es usual en muchas cárceles del país.Por último, ante el cuestionamiento de si Emilio Tapia seguiría recluido en el Bosque, el coronel Gutiérrez respondió que sí, ya que un juez de la república ordena tenerlo en reclusión en la ciudad de Barranquilla.
Los rumores sobre supuestas salidas de Emilio Tapia de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, a bordo de una camioneta blanca de su posesión, sin que esto tuviera algún tipo de autorización oficial, llevaron a la Procuraduría a abrir una indagación preliminar en búsqueda de evidencia que desvirtúe o confirme esta sospecha. Según expone el Ministerio Público, Tapia estaría saliendo a diligencias personales, a plena luz del día, sin que al respecto se tome algún tipo de sanción, pues dichas salidas "irregulares" estarían contando con la "presunta anuencia de la dirección y la guardia del penal", la cual se encuentra a cargo del Inpec. Para esto no solo pedirán registros de salidas, incluso para citas médicas, por parte de Tapia, sino también el registro de ingreso de vehículos y el detalle de los horario y funciones del cuerpo de custodia y vigilancia a cargo del polémico ex contratista. "Con la información recaudada, la Procuraduría definirá si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria e identificará los posibles autores de la falta disciplinaria", indicó el ente a través de un comunicado. DefensaPrevio a la apertura de esta indagación preliminar, el pasado 17 de abril la directora del penal Elsy Torres, respondió un derecho de petición presentado por el mismo Tapia, en el que establecen que este recluso "no ha solicitado u obtenido permisos en los términos indicados en su solicitud para atender requerimientos personales o medicas fuera de este establecimiento". A la comunicación le agregan que las salidas del establecimiento solo se realizan en los vehículos del establecimiento y que, de ninguna manera, esto podría ser en un vehículo particular, tal y como se ha indicado en las denuncias publicadas a través de la red social X. "Los traslados o Remisiones de las Personas Privadas de la Libertad previamente verificados y autorizados, se realizan en los vehículos Institucionales con todas las medidas de seguridad establecidas bajo el manual de remisiones", expone el documento.
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Óscar Obeso Hernández, el exfuncionario de la Procuraduría Provincial de Barranquilla que en julio de este año apremió al comandante del Batallón de Ingenieros de Combate Vergara y Velasco para que cumpliera con un fallo de tutela de recibir en las instalaciones a Emilio Tapia, todo bajo amenaza de suspensión.Por esto, el Ministerio Público le imputó cargos por presunta falta disciplinaria como gravísima dolosa al, presuntamente, actuar en motu proprio al adoptar tal determinación, con la que además se habría extralimitado en sus funciones en medio de un posible abuso de la función pública.De acuerdo con documentos que conoció en exclusiva Blu Radio, en medio de la investigación fue detectado que Obeso no estaba en funciones de atención al público en su cargo como profesional universitario grado 17 para la fecha en la que se dio la asignación del estudio del caso, por lo que consideran que su intervención para quedar al frente del mismo pudo ser indicio de que “le asistía un interés para que se le asignara el caso y proceder como lo hizo”.En consecuencia, la Procuraduría decidió archivar el proceso en contra de Jorge Antonio Vásquez, procurador provincial de Barranquilla, por considerar que Obeso Hernández habría actuado a espaldas de su entonces jefe, pues no habría pruebas que comprometieran la responsabilidad de Vásquez.Es importante mencionar que una vez fue abierta en julio una investigación contra Obeso por lo ocurrido, este renunció a su cargo en la Procuraduría, por lo que le proceso lo enfrentará en calidad de exfuncionario.Este es otro caso que enreda más las movidas judiciales en torno a la solicitud de traslado de Emilio Tapia de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla al batallón Vergara y Velasco de Malambo, por lo que, incluso, fueron ordenados días de arresto contra militares por desacato, siendo que también está bajo investigación al juez primero promiscuo de Malambo Franklyn Bedoya que fallo la tutela a favor de Tapia para que se diera su movilización.Le puede interesar:
BLU Radio Barranquilla conoció en exclusiva un escrito radicado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo, Atlántico, ante el Consejo Superior de la Judicatura en el que se dio por culminado el proceso judicial que se desató por un incidente de desacato a raíz de una tutela interpuesta, en principio, por Natalia Morales, esposa del polémico contratista Emilio Tapia, para que éste fuera trasladado al Batallón Militar Vergara y Velasco.El auto, con fecha del 06 de diciembre de 2023, se emite en medio del estricto seguimiento que el equipo periodístico de BLU Radio ha venido realizando al pleito jurídico que mantenía enfrentados los autos de dicha tutela, teniendo en cuenta las consideraciones de la Procuraduría y el Ejército, en el sentido de que no había un lugar para recibirlo, pues el único espacio con el que se contaba lo ocupó la ex congresista Aida Merlano.En este sentido, en la misiva se informa que el hoy condenado desistió de continuar con el recurso y, siendo así, ya no buscará que lo trasladen al Batallón Militar Vergara y Velasco.Y es que, como se recordará, esta confrontación jurídica también se vio permeado por una exigencia de que Tapia fuera trasladado a una casa fiscal, sin embargo, un juez de Soledad resolvió enviarlo a una celda en la Cárcel de Mediana Seguridad para Militares, a la cual se negó el polémico contratista.Así las cosas, con el desistimiento de Emilio Tapia y su familia, en cabeza de su esposa y sus dos hijos menores de edad; también se reversan las consecuencias del no traslado por parte del Inpec al Batallón Militar y, por lo tanto, queda sin efecto la sanción económica por valor de cinco salarios mínimos legales vigentes y la orden de arresto por cinco días contra el teniente coronel Oscar Javier Fernández Gómez, comandante del Batallón Vergara y Velasco.De igual forma, la medida también cobija al brigadier general Roger Gómez Herrera, como superior jerárquico del teniente coronel Fernández, pues las sanciones antes impuestas contra él quedarán también sin efecto.En cuanto al Inpec, el Juzgado Promiscuo Municipal lo exhorta a seguir garantizándole a Emilio Tapia su seguridad en el interior de la Penitenciaría El Bosque donde continuará pagando su condena de 17 años por el denominado 'Carrusel de la Contratación' registrado en la ciudad de Bogotá. MalamboLe puede interesar:
No para el rifirrafe entre el juez primero promiscuo de Malambo y el Ejército por el traslado de Emilio Tapia hacia el batallón militar Vergara y Velasco, pues aunque en las últimas horas estaba listo el operativo para que este fuera remitido al Centro de Reclusión de Mediana Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública ubicado en esta guarnición, el procedimiento tuvo que ser aguantado por un auto del mencionado juez, quien señaló que este no era lugar para el condenado contratista, debido a sus condiciones de seguridad y salud. Esto en medio de una polémica reclamación que se ha dado vía tutela, en los últimos seis meses, luego de que Tapia terminara en una celda de la Penitenciaría El Bosque, junto a delincuentes comunes, tras el cierre del pabellón de funcionarios públicos.El Juez Franklin Bedoya, quien ha insistido a través de varios autos sobre el urgente traslado y quien además sancionó con días de arresto a varios funcionarios del Ejército, determinó que el sitio de reclusión debía ser “la habitación número 1 transeúnte, ubicada dentro del casino de oficiales”, porque solo así podrían garantizar la seguridad y el cuidado de la salud de Tapia.Este argumento fue polemizado por el Inpec, que ya tenía lista y firmada la orden de traslado, pues contrario al juez, consideran que no hay condiciones de seguridad en dicho espacio, el cual no cuenta con custodios por ser una zona de tránsito libre para quienes prestan su servicio en la mencionada base.“Sin conceptos de seguridad, habitabilidad, infraestructura y espacios apropiados para resocialización, el INPEC no podría avalar un espacio, porque terminaría vulnerando derechos del PPL, de la comunidad y los protocolos que competen a nuestra institución”, indicó el documento.Por lo pronto, el Ejército volvió a apelar los fallos del polémico juez Bedoya, que recientemente entró a ser investigado por parte de la Comisión de Disciplina Judicial por sus reiterativas decisiones a favor de los intereses de Emilio Tapia.
El juez promiscuo de Malambo Franklin Bedoya se mantiene firme en su orden de que el Ejército debe recibir a Emilio Tapia en el batallón Vergara y Velasco, debido a los problemas de seguridad que este supuestamente enfrenta en su permanencia en la penitenciaría El Bosque, donde tiene una celda lejos del pabellón de funcionarios públicos, el cual fue cerrado en mayo pasado.Blu Radio conoció en exclusiva el documento mediante el cual el pasado viernes 17 de noviembre el Ejército fue notificado de una orden de cinco días de arresto contra el brigadier general Roger Gómez Herrera, comandante de la Primera División, y contra el coronel Óscar Javier Fernández, quien es director del batallón al que envían a Tapia, por el incumplimiento de la orden.Debido a que en anteriores comunicaciones el ejército había indicado que no contaban con un espacio disponible para el recluso, debido a que tenían a Aida Merlano, ahora la orden fue más allá, en el sentido de que deben ser desplegados "los medios disponibles y necesarios" para cumplir con la tutela que desde junio de este año fue emitida con la misma orden.De manera detallada explica que debe ser en una habitación dentro del "casino de oficiales o casa fiscal, y que de ningún modo podría ser en la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad para Miembros del Ejército que allí también funcionaAdicional, solicitó el juez que fuera enviada una copia de la sanción a la Procuraduría y a la Fiscalía para que asumiera las acciones disciplinarias y penales que corresponde por el presunto desacato contra los funcionarios.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Este lunes se tenía programada una audiencia preparatoria de juicio contra Emilio Tapia por el delito de peculado, pero se pospuso debido a que Tapia está tratando de alcanzar un acuerdo previo con la Fiscalía. En ese contexto, se comprometió a restituir la parte del dinero que debe en relación con el caso de Centros Poblados.El director Anticorrupción de la Fiscalía sostiene que la cantidad por peculado por apropiación asciende a 15.000 millones de pesos, de los cuales solo 6.000 millones corresponden a Emilio Tapia. Lo cierto es que el juez, en la audiencia de este lunes, le concedió plazo hasta enero a Tapia para reintegrar la mitad de la deuda, motivo por el cual devolverá 2,500 millones de pesos.La próxima audiencia se llevará a cabo en enero, y si Emilio Tapia ha cumplido con su parte y ha devuelto los 2,500 millones de pesos para esa fecha, la Fiscalía procederá a firmar un acuerdo previo que deberá ser avalado por un juez, permitiendo a Tapia obtener dicho beneficio.Cabe recordar que Emilio Tapia fue acusado por la Fiscalía por su presunta participación en graves hechos de corrupción relacionados con el contrato de 2020 suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal Centros Poblados, que tenía como objetivo llevar internet a 7.000 escuelas rurales del país.Emilio Tapia se habría apropiado de una parte del anticipo que le fue desembolsado, exactamente 6,182 millones de los 70.000 millones de pesos del anticipo del caso de Centros Poblados, y con ese dinero habría adquirido obras de arte, apartamentos y automóviles de lujo. Esta suma deberá ser restituida para compensar a las víctimas.Puede ver:
