De manera virtual, Nicolás Petro Burgos siguió compareciendo la tarde de este lunes ante el juzgado segundo penal del circuito de Barranquilla, donde la fiscal del caso se ha dedicado a enumerar cada uno de los documentos, informes, entrevistas y demás elementos que ha recaudado el ente acusador para intentar probar en juicio que el hijo del presidente incurrió en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.La fiscal ha dicho que usará, por ejemplo, información extraída del iPhone de Day Vásquez, como los chats de WhatsApp entre ella y Camilo Burgos Soto, primo materno de Nicolás y quien habría movido dineros irregulares durante la campaña presidencial de 2022.La fiscal también se valdrá de las conversaciones que la ex esposa de Nicolás sostuvo con el político Máximo Noriega, ex aspirante a la Gobernación del Atlántico, y tendrá en cuenta una declaración jurada de Gabriel Elías Hilsaca, hijo del 'Turco' Hilsaca.Entre las pruebas también figuran los resultados de una inspección a la Gobernación del Atlántico, así como documentos relacionados con el pago de los honorarios de Nicolás como diputado del Atlántico y su declaración de bienes y rentas del 2021.La lista es extensa, tanto así que la continuación de esta audiencia preparatoria de juicio fue programada para desarrollarse durante varios días de esta semana.Este lunes, la diligencia fue suspendida por solicitud de la fiscal, que pidió tiempo para revisar algunos documentos antes de seguir enunciando cada una de las pruebas y seguirá este martes, a partir de las 9 de la mañana.
En medio de una creciente tensión política, Héctor Carvajal, abogado del presidente Gustavo Petro, declaró que no recurrirá la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrirle una investigación al mandatario por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño en 2022.Carvajal confirmó que la defensa del presidente no reconocerá las actuaciones del CNE por considerarlas fuera del marco legal.El abogado también explicó que, en paralelo, el equipo internacional de defensores de Petro ha solicitado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Colombia se abstenga de continuar con investigaciones administrativas en contra del presidente."Lo que se busca es ratificar las medidas cautelares para proteger el cargo del presidente, como ya lo hizo la Corte Interamericana en el pasado”, concluyó.Este caso, que podría terminar en manos de la Corte Constitucional, promete seguir siendo un foco de atención en los próximos meses, ya que la estabilidad política del país está en juego.“Una multa abre la puerta a un juicio por indignidad”En relación con una eventual multa contra el mandatario, Carvajal advirtió que una sanción de este tipo podría abrir las puertas a un juicio por indignidad, lo que pondría en riesgo el cargo presidencial.“Es grave que se deje imponer una multa al presidente de la República porque no se puede sentar un precedente de esa naturaleza en el país”, aseguró el abogado en entrevista.Multa del CNE: un ataque al fuero presidencialCarvajal fue claro al señalar que cualquier sanción impuesta por el CNE no solo carece de legitimidad, sino que además podría desatar consecuencias jurídicas de gran alcance.“El CNE no tiene competencia para emitir multas contra un presidente. Si no lo puede investigar, mucho menos multar”, expresó con firmeza. Según el abogado, una multa impuesta al presidente Petro no sería una simple sanción administrativa, sino un paso hacia un proceso de destitución.De acuerdo con Carvajal, la Ley 996 establece que, en caso de violación de los topes de financiación de campaña, la imposición de una multa da pie a un juicio por indignidad que podría culminar en la pérdida del cargo.La respuesta de Petro ante las acusacionesEn relación con las acusaciones de que la campaña de Gustavo Petro violó los topes de financiación, el abogado defendió la postura del mandatario. Afirmó que el presidente ha colaborado plenamente con los procesos legales y ha solicitado que el caso sea de conocimiento público para garantizar la transparencia. “El presidente pidió que sea público el proceso para que todo el mundo conozca que realmente no hubo violación de topes”, explicó.Sin embargo, Carvajal subrayó que la estrategia de defensa de Petro se centra en la protección de su fuero presidencial, un derecho consagrado en la Constitución colombiana. “La defensa del presidente tiene que enfocarse en lo fundamental, en el fuero. Él viene haciendo alusión al tema probatorio, porque ya se está debatiendo”, añadió.Comparaciones con el caso SamperDurante la entrevista, se le preguntó a Carvajal si este proceso guardaba alguna similitud con el juicio político que enfrentó el expresidente Ernesto Samper en los años noventa. El abogado respondió que, aunque el contexto político es diferente, la ley actual establece un camino claro hacia la destitución en caso de violación de las normas de campaña.“Hoy en día hay una ley estatutaria que establece el procedimiento para llevar a cabo este tipo de violación. No es imposible que este proceso termine en la destitución del presidente, debido a la polarización política que vive el país”, comentó.Carvajal también mencionó las diferencias clave entre los casos: “En los tiempos del presidente Samper no existía la ley de las campañas. Hoy la situación es distinta, porque hay una normativa clara que regula la financiación electoral”, enfatizó.El papel del Consejo de Estado y la tutela pendienteA pesar del rechazo del Consejo de Estado a las solicitudes de anulación presentadas por la defensa de Petro, Carvajal reveló que aún queda una batalla jurídica por librar.El abogado indicó que, de no obtener una resolución favorable en las instancias colombianas, existe la posibilidad de recurrir al sistema interamericano de derechos humanos. Este argumento se basa en el precedente de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013, cuando Gustavo Petro fue destituido como alcalde de Bogotá por la Procuraduría General. “Son dos situaciones idénticas y ambas por autoridades administrativas, solo que una era por la Procuraduría y ahora es el CNE”, señaló.
“Ha comenzado el golpe de Estado”, escribió en X el presidente Gustavo Petro luego de conocerse la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que formuló pliego de cargos contra la campaña del 2022 por irregularidades en los topes de financiación y en la que, en ese momento, era gerente Ricardo Roa, ahora presidente de Ecopetrol.Esto, por supuesto, provocó una ola de reacciones de varios sectores. Por un lado, están los que consideran que el CNE no tiene las facultades para investigar al presidente Petro, pero, también, otros alegan que este organismo actúa en cumplimiento de la ley. Para la magistrada Alba Velásquez, postulada por el Polo Democrático, “hay una vulneración a la Constitución”.Cabe recordar que la votación terminó 7 a 2 a favor de abrir una investigación contra el jefe de Estado. En ese sentido, la magistrada Velásquez aseguró en diálogo con Mañanas Blu que, desde que la sala tuvo conocimiento del primer proyecto de resolución que sacaron los ponentes, manifestó su postura de que el CNE sí es competente par conocer sobre las campañas presidenciales, pero no para investigar."Yo, aunque he mostrado mi postura respecto de que el Consejo Nacional Electoral no es el organismo competente para investigar, la investigación está ahí y no me puedo apartar porque tengo que conocerla y al final tengo que tomar una decisión. Sin embargo, lo que sí quiero decir, es que yo sí encuentro que hay una vulneración de la Constitución, porque ha establecido un fuero presidencial y ese fuero, considero en lo personal, que no se está respetando", recalcó.Así, señaló que tiene varios reparos respecto a la decisión de la entidad, pues consideró que los magistrados no son los competentes para el caso y, por eso, explicó que presentó un salvamento de voto.“Lo que yo dije en el informe que presenté el día de ayer (martes) fue, primero, el salvamento de voto porque considero que no somos competentes y, segundo, un reproche a varios de los aspectos planteados en la resolución que fue presentada por los ponentes. No puedo hablar de ello acá porque estaría pisando la débil línea de los impedimentos y no quiero incurrir en eso porque pues debo estar en el debate y así debe ser, pero tengo muchos reparos que están en ese informe respecto de las apreciaciones y el enfoque que los ponentes le dan al análisis probatorio”, detalló.
En entrevista con Mañanas Blu, César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), se refirió a la formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro, su campaña presidencial y varios miembros clave del equipo de campaña, entre ellos su gerente, Ricardo Roa. Los cargos, que giran en torno a la presunta violación de los topes de financiación permitidos por la ley en la campaña presidencial de 2022, han generado un fuerte debate en la esfera pública y jurídica.¿Se vulnera el fuero presidencial?Uno de los puntos clave de la entrevista fue la preocupación sobre si la apertura de esta investigación por parte del CNE vulnera el fuero del jefe de Estado.Al respecto, Lorduy fue enfático al explicar que su actuar está dentro de los límites que establece la ley y la Constitución y dijo, además, que la decisión tiene el respaldo de diversas jurisprudencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional."Nosotros ejercemos competencia y en ejercicio de esa competencia hemos actuado", aseguró el presidente del CNE. Lorduy aclaró que la investigación no compromete la función del presidente como jefe de Estado, sino que se limita a la campaña electoral.“No se confunda que al incluir al presidente de la República nuestras competencias pueden ir más allá de las que nos corresponden”, afirmó tras dejar claro que cualquier posible implicación penal o disciplinaria sería remitida a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el órgano encargado de investigar al mandatario en ejercicio.La competencia del CNE para investigarUn tema recurrente en la entrevista fue la interpretación jurídica sobre la competencia del CNE para investigar a un presidente en ejercicio.Algunos juristas han señalado la existencia de un "fuero de atracción" que obligaría a que cualquier investigación sobre el mandatario se trasladara de inmediato a la Comisión de Acusaciones.No obstante, Lorduy defendió la posición del CNE argumentando que "el Consejo de Estado determinó que el Consejo Nacional Electoral es el organismo competente para investigar las campañas y para establecer las sanciones a que hubiera lugar". Según sus palabras, la investigación se centra exclusivamente en las finanzas de la campaña de Gustavo Petro como candidato, sin interferir en su actual rol como presidente. Al citar una decisión clave del Consejo de Estado, Lorduy reafirmó que el CNE está autorizado para llevar adelante la investigación sobre las irregularidades en la financiación de la campaña de 2022."Declarar competente al Consejo Nacional Electoral para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación e imponer las sanciones administrativas correspondientes si a ello hay lugar", leyó el presidente del CNE durante la entrevista. Posibles sanciones y consecuenciasRespecto a las posibles sanciones, César Lorduy señaló que, en caso de encontrarse responsables a los involucrados, las multas serían proporcionales a los gastos que excedieron los topes de financiación y a los recursos públicos que fueron utilizados en la reposición de votos. Además, el CNE tiene la facultad de imponer sanciones administrativas, pero en ningún caso puede intervenir en procesos de carácter penal o disciplinario.“La multa podrá ser en función de los gastos que se hayan incurrido y que estén con posterioridad a los topes establecidos por la ley”, explicó. A la pregunta sobre la posibilidad de compulsar copias a la Comisión de Acusaciones, Lorduy afirmó que, si se demostraran las violaciones, esa sería la ruta por seguir."Es nuestra obligación, si hubiere lugar a ello, compulsarle copias a la Comisión de Acusaciones", dijo.La investigación debe concluir antes de junio de 2025, fecha en la cual caducan las presuntas irregularidades administrativas, lo que significa que aún queda un largo camino antes de conocer una decisión definitiva.La respuesta de Petro y las implicaciones políticasTras la decisión del CNE, el presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente, calificando la decisión como una burla al voto popular y señalando a los magistrados como "politiqueros pagos". Frente a estas declaraciones, Lorduy defendió la integridad del proceso y la honorabilidad de los magistrados del CNE y dijo que las decisiones se toman con base en pruebas y no en consideraciones políticas."Bastante lejos está de que haya un comportamiento o un argumento de carácter político", subrayó. Finalmente, aunque Lorduy evitó entrar en especulaciones sobre las posibles implicaciones políticas de esta decisión, reconoció que el escenario político puede verse afectado."Las consecuencias políticas serán o deberán ser evaluadas por otro actor", afirmó.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha formulado pliego de cargos contra el presidente Gustavo Petro y su gerente de campaña, Ricardo Roa, por presunta violación de los límites de financiación en la campaña presidencial de 2022. En una votación de 7 a 2, los magistrados del CNE decidieron abrir una investigación tras detectar que la campaña del Pacto Histórico podría haber excedido los topes permitidos por un valor aproximado de 5.300 millones de pesos.>>> En contexto: "Ha comenzado el golpe de Estado": presidente Petro ante decisión del CNELa investigación se centró en la primera y segunda vuelta de las elecciones, encontrando irregularidades en ambos casos. Para la primera vuelta, se reportó una posible vulneración en los gastos permitidos por un monto de 3.709 millones de pesos, distribuidos en varios conceptos, entre los que se destacan:Aportes no reportados: la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) habría aportado 500 millones de pesos que no fueron declarados.Préstamo omitido: se omitió el reporte de un préstamo realizado por el partido Polo Democrático Alternativo por valor de 500 millones de pesos.Gastos de testigos electorales: se identificó la falta de reporte en pagos a testigos electorales por un valor de 931 millones de pesos.Propaganda electoral: la campaña no reportó gastos en propaganda electoral por 356 millones de pesos.Gastos del Senado: se omitieron pagos relacionados con la campaña al Senado de la coalición por 202 millones de pesos.Transporte aéreo: no se reportaron los gastos del servicio de transporte aéreo, que alcanzaron los 1.249 millones de pesos.Aportes de la Unión Sindical Obrera (USO): la campaña tampoco declaró un aporte de 121 millones de pesos por parte de esta organización sindical.Además, el CNE encontró que la campaña recibió aportes de personas jurídicas, lo cual está prohibido por la ley electoral. Entre las entidades involucradas están FECODE, Ingenial Media S.A.S., y la Unión Sindical Obrera (USO). Gastos sin reportar en segunda vueltaEn la segunda vuelta, el CNE señaló una vulneración al límite de gastos por 1.646 millones de pesos. Entre las omisiones más importantes se destacan:Evento en Movistar Arena: no se reportó el pago de 100 millones de pesos por un evento realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena.Testigos electorales: nuevamente, no se declaró el pago a testigos electorales, en esta ocasión por un valor de 177 millones de pesos.Transporte aéreo: los gastos de transporte aéreo en esta etapa alcanzaron los 962 millones de pesos, sin ser reportados.Gastos del movimiento Colombia Humana: se omitieron pagos por 530 millones de pesos realizados por este movimiento político.Aportes de la USO: se detectó otro aporte no declarado de 379 millones de pesos provenientes de la Unión Sindical Obrera.Además de las irregularidades mencionadas, el CNE también formuló cargos contra el movimiento Colombia Humana y el Partido Unión Patriótica (UP), organizaciones políticas responsables de la auditoría y presentación de informes de ingresos y gastos.
En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Héctor Carvajal, abogado defensor del presidente Gustavo Petro, anunció que no reconocerán la decisión que adopte el Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a una posible imputación de cargos por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022.Durante la entrevista, Carvajal expresó la postura del equipo de defensa y afirmó que “nadie está obligado a reconocer una decisión totalmente violatoria de la ley”.“Nosotros no haremos caso a una decisión que se adopte en ese sentido, sino que nos iremos en una acción de tutela y activaremos las medidas cautelares. (…) Nadie está obligado a reconocer una decisión totalmente violatoria de la ley”, dijo el abogado.A la pregunta de si le parece un buen mensaje para el país que el presidente desacate una decisión del CNE, Carvajal dijo: “Lo ha dicho la Corte Constitucional en el escrito mío hago las citas textuales en las que el mismo Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha dicho las decisiones judiciales fundadas en la ilegalidad y violatorias de la Constitución no tienen fuerza vinculante. Es decir, cualquier decisión que salga de este consejo electoral, doctor Carbajal, lo que usted está anunciando es no será reconocida. Siempre que vaya en contra del fuero presidencial, no será reconocida”.El conflicto por el fuero presidencialUno de los puntos clave de la defensa de Petro es el fuero presidencial, el cual, según Carvajal, ha sido ignorado por el CNE.“El fuero del presidente está muy definido y existe una sentencia de unificación de la Corte Constitucional que establece que el fuero no solo aplica para procesos penales y disciplinarios, sino también para procedimientos sancionatorios de carácter pecuniario ante autoridades administrativas”, explicó Carvajal. A su juicio, las acciones del CNE violan este fuero, ya que dicha institución no tendría competencia para investigar a Petro en su calidad de presidente electo. El abogado de Petro aseguró que se ha presentado un incidente de nulidad ante el Consejo de Estado para revertir la decisión de la Sala de Consulta, que resolvió que tanto el CNE como la Cámara de Representantes pueden investigar al presidente.Según Carvajal, esta resolución se produjo bajo un "absoluto desconocimiento de la ley y de la Constitución". A este respecto, enfatizó que se debe respetar el fuero presidencial integral, tal como lo establece la jurisprudencia.Los cuestionamiento al CNEOtro aspecto que ha generado desconfianza en el equipo de defensa de Petro es un reciente comunicado emitido por el CNE, en el cual se afirmaba que se respetaría el fuero presidencial. Sin embargo, Carvajal mostró escepticismo y argumentó que dicho comunicado no estaba firmado por los magistrados, ni por la presidenta del Consejo, lo que sembró dudas sobre su autenticidad.“No podemos creer en un comunicado que no tiene autoría. En un contexto digital como el actual, es muy fácil que cualquiera publique un documento sin verificación”, indicó Carvajal.Petro ha mantenido su postura de que el proceso que se adelanta en su contra es un ataque directo a la institucionalidad del país, lo que alimenta la teoría de un "golpe blando" o "golpe de Estado".La sesión que celebrará el pleno del CNE tiene como objetivo determinar si la campaña de Petro incumplió los topes de financiación establecidos. Esta investigación surgió de una denuncia presentada por el exrepresentante a la Cámara, Edward Rodríguez, quien alegó que la campaña presidencial de Petro habría superado los límites de gastos permitidos.El CNE, que históricamente ha investigado campañas presidenciales, como la de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, se enfrenta a la delicada tarea de indagar los gastos de la campaña de un presidente en ejercicio. Según Carvajal, la diferencia radica en que el presidente Petro goza de un fuero especial que impide que una entidad administrativa, como el CNE, lo investigue por este tipo de infracciones.“La ley es clara: las campañas presidenciales inician y terminan en fechas específicas. Los eventos que se investigan, como la consulta interna del partido, no son parte de la campaña oficial y, por lo tanto, no pueden ser objeto de la investigación del Consejo”, explicó el abogado.
El Consejo Nacional Electoral - CNE estudiará hoy dos ponencias que piden formular cargos contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña en 2022 y por el presunto inicio extemporáneo de las manifestaciones públicas que lo llevaron a ganar las elecciones.Este lunes, los 8 magistrados que hoy conforman el CNE, tienen tres escenarios posibles: pueden avalar la propuesta de los magistrados Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada y Alfonso Campo lo cual llevaría a formular pliego de cargos contra el presidente de la República, pueden negar la ponencia, ante lo cual quedaría archivado el caso y un tercer escenario podría ser el aplazamiento de la decisión por dos semanas más, en caso de que la magistrada del Pacto Histórico Alba Lucía Velásquez pida más tiempo para leer el expediente, tras haberse reintegrado el pasado viernes a sus funciones luego de una incapacidad médica.Para que el Consejo Electoral Electoral formule cargos contra el presidente Gustavo Petro se necesita el voto de seis de los ocho magistrados que hoy conforman esa corporación, en caso de que eso ocurra, no iniciará un juicio contra el jefe de Estado, comenzará una investigación formal que podría demorarse varios meses.Una vez adelantada la investigación formal, los magistrados del CNE de nuevo tienen que sentarse a votar y deberán definir entre dos posibilidades: archivar el caso o sancionar administrativamente con una multa al presidente de la República y a su gerente de campaña por violación del tope máximo de gastos para su campaña en 2022.Esa eventual y lejana sanción administrativa al Presidente, plantearía una nueva discusión sobre si una eventual investigación penal, que en cualquier caso tendría que asumir la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, ya habría caducado o si podría adelantarse.La gran discusión y el ruido que ha tenido esta decisión surge de dos interpretaciones sobre la ley: una, la que tiene el Consejo Nacional Electoral, avalada recientemente por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional, que señala que esa corporación sí es competente para investigar y sancionar administrativamente al Presidente. La otra interpretación es la que tiene el Presidente Gustavo Petro, sus abogados y otros juristas que consideran que el fuero del jefe de Estado es integral y por lo tanto, cualquier investigación en su contra tendría que ser asumida por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.Si el Consejo Nacional Electoral decide formular cargos al presidente de la República, el presidente Gustavo Petro tendrá la oportunidad de controvertir las múltiples evidencias que demostrarían que su campaña se voló los topes máximos de gastos de su campaña en más de cinco mil millones de pesos, que según su opinión, son pruebas “chambonas”.Hoy el Consejo Nacional Electoral se reunirá a las 11 de la mañana en su sede para estudiar el caso Gustavo Petro, ante lo cual, sus magistrados deben contar con todas las garantías por parte del jefe de Estado, que está obligado a respetar sus decisiones y sus competencias y debe hacer un llamado claro a sus seguidores para que actúen de la misma forma, sin ejercer presiones indebidas contra sus magistrados.
Rodolfo Hernández, el ingeniero convertido en político y al que se le llegó a llamar el "Trump" colombiano y que perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 con el actual mandatario Gustavo Petro, murió este lunes a los 79 años por un cáncer terminal.Hernández, que tuvo un sinfín de salidas poco habituales en los políticos, propuestas de tinte populista sobre todo de lucha contra la corrupción y episodios de ataques verbales e incluso físicos a otros políticos, falleció en Piedecuesta, en el departamento de Santander.Su nombre comenzó a sonar en la política colombiana desde que fue alcalde de Bucaramanga, la capital de Santander, pero a nivel nacional su rostro era casi desconocido hasta que dio la sorpresa en 2022 y con una gran despliegue en redes, un discurso que calaba para los descontentos con la política tradicional consiguió meterse en la segunda vuelta y quedarse a apenas 680.000 votos de ganarle la Presidencia a Petro.En diálogo con Mañanas Blu, Marelen Castillo, quien fue su fórmula vicepresidencial durante las elecciones abordó la ruptura de su relación con Rodolfo Hernández, destacando que no han tenido contacto en más de dos años. Según Castillo, la pelea se debió principalmente a diferencias en cuanto al respeto y la educación en el trato. Ella mencionó que no permitiría que se atropellara su dignidad y que si la relación no se daba en esas condiciones, no podría continuar. La pelea también involucró un cobro que Hernández le hizo a Castillo debido a un acuerdo que tuvieron durante una campaña política. Castillo afirmó que la deuda ya estaba saldada, pero Hernández cobró los recursos que le había dado. A pesar de ello, la relación nunca pudo ser recomponerse. Además, Castillo habló sobre el proyecto político que los unió. Este proyecto se basaba en oportunidades laborales para todos, vivienda, emprendimiento, educación y trabajo con el campo. Castillo destacó la importancia de la transparencia y la lucha contra la corrupción, aunque reconoció la paradoja de que Hernández haya terminado su vida con una condena por corrupción, a pesar de ser abanderado en esta lucha. Escuche aquí la entrevista:
En la tarde de este lunes, 2 de septiembre, el Hospital Internacional de Colombia (HIC) confirmó que el excandiato presidencial y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández murió, luego de pasar varios días internado en una unidad de cuidados intensivos. Según el comunicado, venía sufriendo de algunas complicaciones a causa del cáncer de colon que le fue diagnosticado hace un tiempo. “A pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez falleció hoy debido a complicaciones de patología neoplásica metastática de colon”, precisa la masiva del HIC, firmada por su director Jonathan Cáceres Prada.El director Cáceres lamentó el fallecimiento del exalcalde y explicó las causas del deceso. En primer lugar, aclaró que fue diagnosticado con cáncer de colon y, a partir de entonces, empezó “terapias especificas por etapas” con alcances terapéuticos diferentes.Sobre la enfermedad, detalló que se intentó todo tipo de tratamientos para su caso y en cada “hospitalización venía para cumplir parte del plan” con los especialistas. Para intentar combatir el cáncer, el director del HIC mencionó que el exalcalde pasó por medicina interna, cirugía patovilial y oncología clínica.En la última hospitalización, hace más de un mes, de acuerdo con Cáceres, Hernández recibió soporte y atención en la UCI en la que se encontraba.El día que Rodolfo Hernández anunció que tenía cáncer terminalA principios de 2023, fue hospitalizado y operado por este cáncer. Luego, en medio de los procesos que la justicia colombiana adelantaba en su contra, contó en una audiencia, entre lágrimas, la gravedad de ese cáncer, asegurando que era terminal. “Atendieron mi llamado de que el médico me atendiera, tengo cáncer terminal, gracias por haberme dado ahí donde no es, donde duele, de todo me esperaba, menos terminal, por cosas que no hice, gracias señor juez, muy amables”, dijo Hernández en medio de la audiencia.
Una de las respuestas que más llamó la atención en la entrevista concedida a Mañanas Blu por parte del catalán Xavier Vendrell fue la admisión de que recibió honorarios por su papel en la campaña del hoy presidente de la República, Gustavo Petro.>>> Lea también: Xavier Vendrell admite que pagaron a algunos testigos electorales en campaña Petro 2022Al ser indagado sobre cuál era la empresa que había costeado sus altos honorarios para cumplir la labor de organizar el esquema de testigos electorales para el Pacto Histórico, Vendrell afirmó que él no podía revelarlo porque había suscrito un acuerdo de confidencialidad con dicha empresa.Blu Radio revisó las cuentas de la campaña reportadas ante el Consejo Nacional Electoral y consultó con varias fuentes al interior de la entidad y en la Fiscalía General de la Nación, y pudo comprobar que no hay ningún reporte de gasto por concepto de la asesoría de Vendrell. En la contabilidad de la campaña, dentro de la categoría 'Gastos de Administración', se observan dos pagos por un total de 3,8 millones, destinados a 'Testigos Electorales' a nombre de Andrés Gamero, correspondientes a la primera vuelta.Sin embargo, fuentes confirmaron a Blu Radio que el despacho del fiscal Elkin Ardila Espinosa, quien lleva adelante las investigaciones frente a los no aforados en el caso de presunta financiación ilegal e irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro, está adelantando las indagaciones para determinar cuál fue la empresa que pagó a Vendrell y mediante qué forma terminó relacionada con la campaña presidencial.Esta presunta triangulación de pagos podría sumar otro rubro los gastos no reportados de la campaña y que superarían el tope de gastos legales. Cabe recordar que por un hecho similar hoy se encuentra ad-portas de un juicio el excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga por el pago que hizo la multinacional Odebrecht al publicista Duda Mendonça.