El Congreso peruano declaró persona 'non grata' al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en rechazo a sus declaraciones contra la Policía Nacional del país vecino y pidió a las autoridades que garanticen que "no ingrese al territorio nacional".En diálogo con Blu Radio, el congresista Roberto Chiabra consideró que son lamentables los pronunciamientos que ha hecho el mandatario de los colombianos, sobre los problemas internos que se viven en este territorio; por cuenta de la destitución del expresidente Pedro Castillo el nombramiento de la actual mandataria, Dina Boluarte.“Es lamentable, pero es una forma de decirle al presidente Petro que no puede estar permanentemente -porque no es la primera vez- metiéndose con injerencias de nuestro país y señalar que nuestra policía le hace recordar la policía nazi. Yo creo que se ha considerado como un insulto, porque así lo hemos tomado en el Congreso”, explicó Chiabra.Cabe destacar que el parlamento peruano declaró persona 'non grata' a Petro con una decisión de 72 votos a favor, 29 en contra y siete abstenciones del pleno legislativo. En ella, se pide a los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores hacer "las gestiones necesarias" para garantizar que el jefe de Estado "no ingrese al territorio nacional", luego de los pronunciamientos“No es justo que se mienta, no es justo que los presidentes por ideología estén faltando a la verdad y no es justo que países como los nuestros, como Perú y Colombia, que hace muchísimos años tenemos una gran relación con este gabinete binacional, tengamos nosotros un presidente que genere esta separación política. Yo no veo ninguna separación en lo social, en lo poblacional, pero es una pena, porque depende cómo funcione la cabeza de un gobierno funciona todo el país", señaló Chiabra, quien es senador.Por el momento, los ministerios del Interior y la Cancillería no han tomado una decisión frente a la petición que hizo el Congreso inca a su gobierno.Le puede interesar.
El Gobierno de Perú declaró este domingo el estado de emergencia en los sureños departamentos de Madre de Dios, Apurímac, Arequipa y Moquegua por 60 días, y prolongó por el mismo periodo la medida en las regiones de Cuzco, Puno y Tacna para controlar las protestas que han cobrado la vida de 69 personas.A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo extendió el estado de emergencia a estas zonas donde se siguen reportando las mayores protestas antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones para 2023 y una convocatoria a una asamblea constituyente.La medida ya se aplicaba en Cuzco, Puno y Tacna, y en algunas provincias de Apurímac, Madre de Dios y Moquegua, pero ahora se amplía a nivel regional e se incluye Arequipa. Asimismo, el Gobierno decretó a medianos de enero y por 30 días el estado de emergencia en Lima, Callao, Amazonas y La Libertad, por lo que en total son once departamentos los que permanecen en estado de emergencia.El decreto establece que durante el estado de emergencia quedan restringidos o suspendidos "los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales".La norma precisa, además, que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, "con excepción del departamento de Puno, donde se requiere que el control interno sea asumido por las Fuerzas Armadas".Detalla que la intervención de las fuerzas del orden se efectúa conforme la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de fuerza de los militares.El documento también señala que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de "perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación".Por otro lado, el artículo tercero del decreto extiende por diez días la inmovilización social obligatoria, entre las 20.00 y las 4.00, que ya estaba vigente en la sureña región de Puno, uno de los epicentros de las protestas.Desde que arrancaron las protestas en diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo, 69 personas han perdido la vida, la mayoría de las cuales eran manifestantes que fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, uno era policía y una veintena más murieron por hechos relacionados con las movilizaciones.La norma lleva las firmas de la presidenta Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y los titulares de las carteras de Defensa, Interior y Justicia.Le puede interesar:
Por tercera vez, el Congreso de Perú volvió a rechazar un proyecto de ley que incluía adelanto electoral, en esta ocasión lo proponía para 2023 y añadía un referéndum para la convocatoria de una asamblea constituyente, dos de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que comenzaron a principios de diciembre y en las que han muerto 66 personas.Con 48 votos a favor, 75 en contra y una abstención, la iniciativa legislativa propuesta por el partido marxista Perú Libre, que llevó al expresidente Pedro Castillo a la presidencia, se quedó lejos de los 87 votos necesarios para aprobarla.Este proyecto de ley incluía comicios para elegir a presidente, congresistas y parlamentarios andinos el segundo domingo de julio de 2023 y un referéndum de una asamblea constituyente, que sería planteado a la ciudadanía en esa misma fecha.Fue apoyado por partidos de izquierda como el propio Perú Libre, quien definió la jornada como "histórica" al debatir la asamblea constituyente, también Perú Democrático, Juntos por el Perú y el Bloque Magisterial.Pero, la mayoría conservadora y ultraconservadora del Congreso conformada por Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso entre otros rechazó la propuesta, puesto que conformar una nueva Constitución que reemplace la actual, redactada en 1993 durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), es una tradicional posición de parte de la izquierda peruana.El largo debate se desarrolló tras el rechazo de este miércoles de otro proyecto de ley presentado por el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra García y que planteaba celebrar elecciones complementarias en diciembre de este año, lo que implicaba elegir nuevos representantes en el Ejecutivo y el Legislativo para completar el periodo que comenzó en 2021 y concluye en 2026.Esta propuesta presentada por la derecha consiguió 54 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones.También le puede interesar:
El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció este lunes que el Gobierno ha presentado en el Congreso una nueva iniciativa legislativa que propone el adelanto de elecciones generales para este año, "un proyecto de ley que, por mandato constitucional, tiene el carácter de urgente".Esta iniciativa legislativa incluye que la primera vuelta se celebre el segundo domingo de octubre de 2023, está aprobada por el Consejo de Ministros y, según Otárola, la han promovido "en seguimiento del mensaje de la presidenta Dina Boluarte, que este domingo ya advirtió al país acerca la necesidad de buscar consensos".Este mensaje del primer ministro llegó horas después de que el pleno del Congreso de Perú rechazara un proyecto de ley que plantea celebrar comicios generales en 2023 para elegir nuevo presidente y diputados, uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que han dejado un saldo de 65 muertos, la segunda propuesta en este sentido que han declinado."Esperamos que el Congreso ponga prontamente, si es posible en los próximos días, en agenda este proyecto de ley y vuelva a discutir y reflexionar sobre la necesidad de la paz y la tranquilidad que el país requiere y de una correcta lectura del sentido de urgencia que la perspectiva democrática necesita", dijo Otárola.El jefe de gabinete aseguró que la presidenta no va a dimitir por "una responsabilidad histórica" y porque están consolidando un proyecto que se basa en el deseo de un país en orden, tranquilidad y paz.Ante las preguntas formuladas por los medios sobre qué pasaría si el Congreso no aprueba esta nueva iniciativa, respondió que creen que todavía hay espacio para el diálogo y que confía en que el Legislativo "esté a la altura de la circunstancia".La iniciativa detalla que el nuevo presidente de la República tendría un mandato del 31 de diciembre del 2023 al 28 de julio de 2028, los congresistas del 29 de diciembre del 2023 hasta el 26 de julio de 2028 y los parlamentarios andinos del 1 de enero del 2027 al 27 de julio del 2028.Así, la presidenta Dina Boluarte culminaría sus funciones el 31 de diciembre de 2023, los congresistas el 29 de diciembre del 2023 y los parlamentarios andinos el 31 de diciembre del 2026."Lamento que el Congreso no haya alcanzado el consenso necesario para adelantar las elecciones. Como anuncié en el último mensaje a la nación, presentaremos inmediatamente el proyecto de ley para que peruanos y peruanas puedan elegir democráticamente a sus autoridades el 2023", indicó simultáneamente la cuenta de Twitter de la Presidencia del país.Añadió que reitera su "exhortación para que esta iniciativa legislativa sea vista por el Parlamento con sentido de responsabilidad y la urgencia que el país demanda".Este domingo, Boluarte anunció que, si el Congreso no aprueba este lunes un adelanto de elecciones generales en el país para este año, votación que se ha extendido hasta este miércoles, su Gobierno enviará de inmediato dos proyectos para que esos comicios se celebren de todas maneras este 2023 y, además, se proceda a la reforma total de la actual Constitución peruana.Este miércoles, con 54 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, el hemiciclo quedó lejos de los 87 votos que necesitaba para aprobar la iniciativa que proponía celebrar elecciones complementarias en diciembre de este año, lo que implicaba elegir nuevos representantes en el Ejecutivo y el Legislativo para completar el periodo que comenzó en 2021 y concluye en 2026.Posteriormente, el partido marxista Perú Libre presentó otra propuesta para adelantar las elecciones que incluye una consulta sobre una asamblea constituyente.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que si el Congreso no aprueba este lunes un adelanto de elecciones generales en el país para este año su Gobierno enviará de inmediato dos proyectos para que esos comicios se celebren de todas maneras este 2023 y, además, se proceda a la reforma total de la actual Constitución peruana."Depende única y exclusivamente del Congreso la responsabilidad de aprobar el adelanto de elecciones este año", enfatizó Boluarte en un mensaje televisado este domingo.La gobernante remarcó que "de no prosperar el consenso en el Congreso" el Ejecutivo "estará presentando inmediatamente dos iniciativas legislativas con carácter de urgencia".Añadió que su país está afrontando una "espiral de violencia", tras las protestas antigubernamentales que han dejado, desde diciembre pasado, 65 muertos, y que la "policía es agredida a mansalva por un grupo organizado que quiere sembrar el caos, el odio entre todos los peruanos".En ese contexto, sostuvo, "en el Congreso, en un debate estéril, no se ha llegado a nada concreto" para aprobar el adelanto de elecciones que ha planteado su Gobierno como una forma de intentar responder a las protestas sociales, que también exigen la renuncia de la mandataria, el cierre del Legislativo y la convocatoria a una asamblea constituyente.Boluarte recordó que el único acuerdo del Legislativo ha sido reconsiderar este lunes la votación que el viernes rechazó el adelanto de elecciones para octubre próximo."Las autoridades tenemos el deber de proteger a todos y todas las peruanas, esta responsabilidad no exceptúa al Congreso", dijo.Al referirse a las iniciativas anunciadas, dijo que la primera planteará que se debata una reforma constitucional para que las elecciones generales "sean indefectiblemente" en octubre de este año, con una eventual segunda vuelta presidencial en diciembre.Indicó que en la norma implica incorporar disposiciones transitorias especiales para disponer que "el presidente convoque a elecciones generales para el segundo domingo" de octubre y que el Congreso podrá aprobar otras leyes para la realización de los comicios hasta el 28 febrero próximo."Esta propuesta normativa responde a la imperiosa necesidad de mejorar los niveles de legitimidad democrática de la representación política del país, situación que va a permitir a la población canalizar institucionalmente, y no por la violencia, sus principales demandas a la agenda política nacional", enfatizó.La gobernante dijo que el segundo proyecto busca "zanjar el debate sobre la reforma de la Constitución", al proponer "que el próximo Congreso elegido le encargue a la Comisión de Constitución la reforma total de la Constitución de 1993".Boluarte aseguró que esta medida "calza perfectamente con las expectativas del otro sector del Congreso", en referencia a las bancadas izquierdistas, que exigen que se convoque a una asamblea constituyente.Añadió que la propuesta de reforma total se haría "tomando en cuenta la Constitución histórica del Perú" y que el texto, tras su aprobación por el Congreso, será sometido a un referéndum "para que el pueblo decida si se acepta o no".Indicó que la propuesta "busca una amplia participación de la ciudadanía", ya que "todas las personas e instituciones podrán presentar sus anteproyectos y aportes al Congreso".Antes de finalizar, la jefa de Estado se dirigió nuevamente a los congresistas para decirles que "el día de mañana tienen la posibilidad de ganarse la confianza del país, atendiendo esta demanda tan esperada del pueblo peruano"."Voten por el Perú, a favor del país, adelantando las elecciones del 2023, y digamos al Perú entero con la mas alta responsabilidad que nos vamos todos", concluyó.El proyecto de adelanto de elecciones para octubre próximo fue planteado por el congresista fujimorista Hernando Guerra García, pero el pasado viernes solo recibió 45 votos de los legisladores, cuando requería de un mínimo de 87 por tratarse de una reforma constitucional, aunque luego se informó que se había presentado una reconsideración que será debatida este lunes por el pleno.Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea? Le puede interesar: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios Óscar 2023?
"Quiero saber dónde está mi hermano", dijo el domingo Domitila Quispe frente a la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) en Lima, Perú, a donde acudió para averiguar dónde se encuentra su familiar, uno de los 193 detenidos la víspera en la Universidad de San Marcos, donde dormían manifestantes venidos de zonas andinas para protestar contra el gobierno peruano.Las familias no tienen noticias sobre sus seres queridos desde que la policía irrumpió el sábado en la universidad derribando el portón con vehículo blindado. Tras tumbar en el suelo a decenas de manifestantes y realizar un allanamiento, los uniformados se marcharon con 193 personas."No he dormido. Quiero saber donde estará mi hermano. Me envió un mensaje por Whatsapp que estaba detenido", explicó a la AFP Domitila Quispe (47), quien llegó con su hermano Silverio (40) desde la región sureña de Huancavelica para participar en las manifestaciones en Lima en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.Bajo un intenso sol de verano, la mujer se acercó preocupada a la puerta de la Dircote para averiguar el lugar de detención de su hermano."Tiene el celular apagado, quiero saber si estará comiendo o no. Él ha venido para participar en la macha pacifica", agregó.En una de sus manos sostenía una bolsa con papel higiénico y galletas que buscaba entregar a su pariente.Con caldos de gallina, panes, agua y útiles de aseo, una treintena de familiares y amigos de los 193 detenidos llegaron a las sedes de la Dircote y de la Dirección de Nacional de Investigación Criminal (Dirincri), fuertemente resguardadas por decenas de policías antidisturbios.Los parientes buscaban con avidez en las listas que sostenían dos efectivos en las puertas de las dos sedes policiales, donde permanecen los detenidos. Al lugar llegaron representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos para verificar la situación de los arrestados.- "Queremos que los liberen" -"Inmediatamente queremos que se libere a mis amigos", declaró Héctor Apaza, que llegó desde la provincia San Román, en la región de Puno, fronteriza con Bolivia."Hemos venido a Lima para hacer respetar nuestros derechos. Estoy luchando por mis hermanos de Juliaca, Azángaro, Ayaviri que están detenidos, la policía no nos deja ingresar para averiguar", agregó Apaza, quien se salvó de ser arrestado durante el operativo en la universidad."Gracias al señor salí de San Marcos, estoy sano y salvo", dijo este campesino de 51 años, que vestía de negro en señal de luto por los 46 muertos desde que iniciaron las protestas tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, luego de intentar disolver el Parlamento -controlado por la derecha-, que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción.Fue sustituido por su vicepresidenta Boluarte, cuya renuncia reclaman los manifestantes, junto con elecciones generales inmediatas y una Asamblea Constituyente; peticiones rechazadas por el gobierno, que alega que las marchas son promovidas por movimientos y grupos sociales radicales de izquierda que han movilizado a campesinos indígenas."Hemos venido para que nos escuchen y no que nos tilden de muchas cosas", declaró por su parte Bianett Monroy, de 35 años, que llegó con su esposo desde la sureña ciudad de Juliaca."Estamos preocupados, la tienen incomunicada, no sabemos nada de ella", manifestó Monroy frente a la Dirincri, en alusión a su amiga Rosa Condori (32), a quien le llevaba el desayuno.Julia Quispe, de 73 años y quien también se salvó de ser detenida en la universidad, reclamó la libertad de sus tres amigos con los que llegó a la capital desde la ciudad de San Francisco, en la región Ayacucho (sureste)."Yo pido la libertad de los tres compañeros, hemos venido juntos, estaremos acá hasta lograr su libertad", la anciana, que llegó al local de la Dircote con varios recipientes de plásticos con caldo de gallina.Le puede interesar:
Sectores políticos conservadores han convocado este martes a una "marcha por la paz" en varias ciudades de Perú, evento que contó con el apoyo inicial de la Policía Nacional, anticipándose al probable reinicio de las manifestaciones de protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte.Distintas organizaciones y líderes políticos conservadores han pedido el respaldo de la población a la "marcha por la paz", que recorrerá varias avenidas del centro de Lima y otros puntos del país, un día antes de que finalice la tregua dada al Gobierno por las movilizaciones de protesta de diciembre pasado.Sin embargo, lo más llamativo de la convocatoria para este martes fue el llamado hecho, a través de las redes sociales, por el general de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Óscar Arriola, a "todos los peruanos" para que acudan a movilizarse a partir de las 15.00 hora local (20.00 GMT) en todo el país."Ni una gota de sangre más. Ni un peruano más herido. No a la violencia", pedía Arriola en un video compartido por la Policía Nacional en referencia a los 28 fallecidos en las protestas desarrolladas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.La convocatoria de Arriola generó críticas en otros sectores políticos por su aparente activismo e infracción de la Constitución Política, razón por la cual la Policía Nacional del Perú (PNP) pidió el lunes a sus miembros que no promuevan ni participen en la aludida marcha."Se ha dispuesto que los miembros de la Policía Nacional del Perú se abstengan de promover la participación activa y organizada de la comunidad en las actividades programadas para el día martes", informó en un comunicado la institución.La PNP eliminó de sus redes sociales la invitación a "ser parte de esta gran marcha por la paz que se realizará en las principales plazas de las ciudades a nivel nacional", que hicieron pública el pasado sábado y replicaron durante los días posteriores.Entre las publicaciones borradas de las cuentas oficiales de la PNP, se encuentra el video del general Arriola y la misma institución recordó en un comunicado que "en concordancia con la Constitución Política y la normatividad vigente, la Policía Nacional del Perú, no tiene opinión ni manifestación política alguna".Además, señaló que la Policía es "promotora de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos de acuerdo a la cultura de paz que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU)".A partir de este miércoles, el Gobierno de Boluarte prevé una reactivación de las protestas antigubernamentales en la zona sur del país, y, por ese motivo, el ministro del Interior, Víctor Rojas, viajó a los sureños departamentos de Arequipa y Puno para coordinar acciones con las autoridades de la región ante una posible escalada de la violencia.En declaraciones a la prensa, Rojas dijo que "jamás una marcha por la paz va a tener un tinte político" y pidió que "no se malinterprete que pedir marchar por la paz sea algo para enfrentar".Le puede interesar:
El expresidente Pedro Castillo pidió que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual llegó hace poco a ese país, lo visite "de manera urgente" en la prisión de Lima, Perú, donde debe cumplir 18 meses de prisión preventiva tras haber sido destituido por intentar cerrar el Congreso y gobernar por decreto.El exmandatario aseguró a través de un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, que está "privado arbitrariamente" de sus derechos y que decidió publicar un comunicado, suscrito por su abogado, Wilfredo Robles Rivera, "ante la visita de la CIDH en el Perú".En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la CIDH, habló sobre la crísis política en Perú después de la salida del expresidente Pedro Castillo y las recientes protestas que se han realizado en ese país.“Si un presidente lee en público una carta en la que anuncia que va a cerrar el Congreso y que va a tomar control del poder judicial, cosas que son totalmente institucionales en todo el mundo, es considerado un golpe de Estado. El caso de Castillo, además de ser un autogolpe anunciado, es igual al que hizo Fujimori en su momento. Lo lógico, en este momento, sería que la CIDH hable con Castillo, eso legitimaría más su trabajo”, manifestó.Según Cantón, desde hace un buen tiempo Perú tiene un problema serio constitucional en su democracia, ya que, en tan solo seis años, ha tenido más de seis personas en el cargo de jefe de Estado, pero, al final, siempre terminan dejando el cargo. “Perú tiene un serio problema constitucional en su democracia y por eso lleva seis presidentes en seis años. Eso abre terreno para que haya la inestabilidad que tiene el país, tienen que cuadrar y arreglar cosas en su Constitución para poder afrontar esas adversidades”, aclaró.Asimismo, con respecto a las peticiones que le ha hecho Castillo a la CIDH, Cantón mencionó que lo más lógico es que la organización hable con Castillo e indague sobre las duras protestas que han ocurrido en el último mes. “Además, el hecho de que Perú pueda remover un presidente elegido por voto popular muestra una inestabilidad en la democracia, por eso la situación es tan delicada. La CIDH están en estos momentos en Perú y espero que haya aceptado ir bajo la con la condición de no reunirse con Castillo, sino con la voluntad de escucharlo. Además, tienen que indagar sobre las fuertes protestas que se han presentado en ese país”, aseveró.Carta de Pedro Castillo a la CIDH
El pleno del Congreso de Perú aprobó este martes un proyecto de adelanto de elecciones generales en el país para abril de 2024, con el objetivo de que el mandato de las actuales autoridades del Ejecutivo y el Legislativo concluya a fines de julio de ese año y no en el mismo mes de 2026.El proyecto, que fue presentado por el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, el fujimorista Hernando Guerra, recibió 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención, en una primera votación que deberá ser refrendada en la siguiente legislatura ordinaria.Al tratarse de una reforma constitucional, la norma requería de un mínimo de 87 votos para ser sometida a una segunda votación en la siguiente legislatura, o de 66 para ser llevado a un referéndum.La actual legislatura, que debió concluir la semana pasada, fue ampliada por el pleno hasta el próximo 28 de febrero, mientras que la segunda legislatura del periodo ordinario 2022-2023 deberá comenzar el 1 de marzo del próximo año.La norma aprobada modifica la duración constitucional del mandato de la presidenta Dina Boluarte, los 130 congresistas y los representantes al Parlamento Andino mediante una disposición transitoria que indica que la jefa de Estado concluye su mandato el 28 de julio de 2024 y los legisladores dos días antes, el 26 de julio.La decisión del Congreso se dio después de que el pleno aprobara, este mismo martes, reconsiderar un primer proyecto de adelanto de elecciones para diciembre de 2023, después de una votación que durante la semana pasada rechazó esa iniciativa.Precisamente, los organismos del sistema electoral peruano señalaron este martes que la fecha más próxima para que se cumpla con un nuevo proceso electoral presidencial y legislativo era diciembre de 2023.EL DEBATE PARLAMENTARIOEl congresista Guerra se declaró, en un primer momento, a favor de que los parlamentarios deberían "salir a diciembre de 2023", pero luego añadió que "hay diferentes posiciones" y el Congreso tenía que "demostrar una discusión democrática".En ese sentido, el proyecto final retomó un primer planteamiento del Ejecutivo, que originalmente propuso que los comicios se celebren en abril de 2024 para que se incluyan reformas al sistema electoral y de partidos políticos en el país.Durante la sustentación del proyecto aprobado este martes, Guerra dijo que "se ha considerado lo señalado por los órganos electorales que afirmaron la necesidad de mantener los plazos".Consideró que "entre la primera y segunda votación" que se tiene que hacer en el Congreso, se debe continuar con el debate de propuestas electorales como la consulta a un eventual referéndum para una asamblea constituyente, la bicameralidad, renovación por mitades del legislativo, el voto electrónico y eliminación del voto de confianza a los Consejos de Ministros.Durante el debate, los legisladores de izquierda ratificaron su exigencia de que se incluya la consulta sobre la convocatoria a una asamblea constituyente, una posición rechazada por los representantes de bancadas de derecha."Serán nuestros votos los que hoy le pueden dar tranquilidad a nuestro país", afirmó Guerra al invocar al voto favorable de los legisladores al proyecto.La presidenta Boluarte asegura que el suyo es "un Gobierno de transición" y que tomó la decisión de no terminar su mandato al interpretar "de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía", en referencia a las protestas y manifestaciones violentas desatadas en el país que han dejado 26 muertos hasta el momento.Boluarte asumió su cargo el pasado 7 de diciembre en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocar a una asamblea constituyente y a reorganizar el sistema de Justicia.Escuche y siga el podcast Diagnóstico Criminal
El Gobierno de Perú declaró este miércoles el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda."Se ha aprobado declarar el estado de emergencia a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando y que están siendo controlados por la Policía Nacional y por Fuerzas Armadas", dijo el ministro de Defensa, Alberto Otárola en una declaración a la prensa.El Gobierno decretó esta medida tras las manifestaciones y disturbios en los últimos días en diversos puntos del país en los que, por ahora, se han confirmado siete víctimas mortales de protestantes y más de un centenar de policías heridos."Se requiere una respuesta contundente y la autoridad de parte del Gobierno", dijo el ministro en el patio del Palacio de Gobierno en una breve comunicación ofrecida mientras se desarrollaba una reunión del Consejo de Ministros.Explicó que en unas horas se oficializará en una edición especial del diario oficial El Peruano la norma por la que se decreta por 30 días el estado de emergencia a nivel nacional, lo que significa que la Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas."Quiero recordar que la declaratoria del estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión", indicó Otárola.Señaló que esta medida ha sido motivada "para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que estamos controlando el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los ciudadanos", dijo al añadir que es necesario proteger las infraestructuras estratégicas para asegurar el bienestar y paz de ciudadanos.Dijo que existe la posibilidad de también decretar toque de queda pero que tienen que definir el marco legal de la norma.Las protestas producidas en los últimos días sobre todo en el sur del país piden la convocatoria de una asamblea constituyente, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso, la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la liberación del exmandatario Pedro Castillo, detenido desde hace siete días tras el autogolpe de estado fallido.Este lunes, manifestantes invadieron el aeropuerto de la segunda ciudad del país, Arequipa, y una central láctea. Este martes, protestantes tomaron una planta de gas en el departamento de Cuzco y se han sucedido numerosos cortes de carreteras, saqueos de comercios o incendios a instituciones públicas en diversos puntos del país.Julián Torres: quien se levanta tendrá otra oportunidadEscuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?
A más de 12 de horas de que un grupo de estudiantes decidiera bloquear el acceso a la Sede de Investigación de la Universidad de Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón se pronunció frente a estos hechos que han puesto en riesgo varios de los procesos investigativos y académicos que se llevan a cabo en este lugar cercano al campus principal de la institución en la capital antioqueña.A través de su cuenta en X, el mandatario confirmó que, con la protesta, no se permitió el ingreso de dos riñones que estaban dispuestos para ser donados, pero además, cuestionó una posible falta de alerta sobre lo que estaba sucediendo por parte de las directivas de la universidad.“Si las directivas de la universidad nos hubieran notificado, habríamos enviado a la Fuerza Pública tal y como lo hicimos en el Politécnico”, aseguró el gobernador a propósito de la reciente intervención de efectivos del antiguo Esmad en ese campus al sur de Medellín en medio de protestas que, incluso, generaron la quema de un vehículo de la Secretaría de Movilidad sobre la avenida Las Vegas.El mandatario fue claro en resaltar que “ninguna protesta puede vulnerar los derechos de los demás ni poner en riesgo la vida de nadie”.Por su parte, en un comunicado a la opinión pública, los manifestantes desmintieron que las vías de hecho que implementan se traten de un bloqueo generalizado al acceso a este sede, pues están permitiendo de manera restringida el acceso a personal que realiza asuntos prioritarios como la alimentación de animales, la muestra de pacientes con enfermedades infecciosas y el sostenimiento de otros procesos necesarios para el desarrollo de investigaciones.Los estudiantes también expresaron que mantendrán este mecanismo de presión hasta tanto no se logre la instalación de una mesa de negociación con diferentes partes para abordar la problemática financiera de la universidad que está en vilo desde hace por lo menos dos meses y donde persiste el déficit que ronda los 350.000 millones de pesos.
Un nuevo hecho de violencia sacude a Barrancabermeja. Eduardo Stiven Soto, un joven de 19 años, fue asesinado con arma de fuego en el sector conocido como La Ladrillera, en el Cerro de Oro. Este homicidio eleva a 139 las víctimas mortales registradas en la ciudad durante este año.De acuerdo con el mayor Sergio Taborda, comandante de la Policía del Magdalena Medio, la víctima recibió dos impactos de bala."En este momento ya se desplegaron todas las capacidades institucionales, lo que tiene que ver con coordinación con la Fiscalía General de la Nación, policía judicial de la Policía Nacional y del CTI, además de acciones de inteligencia para dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho", aseguró el oficial.El sector donde ocurrió el crimen es conocido por ser de difícil acceso, lo que complicó la llegada tanto de las autoridades como de los medios de comunicación. Sin embargo, Taborda reiteró el compromiso de las fuerzas de seguridad para esclarecer este y otros casos de homicidio que han estremecido al municipio.En un intento por combatir la ola de violencia, la Policía Nacional mantiene activa una línea de recompensas, ofreciendo hasta 15 millones de pesos a quienes proporcionen información que permita identificar y capturar a los responsables de crímenes en la región.
La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) reaccionó a la multa que interpuso la Dimayor contra los once futbolistas de Atlético Bucaramanga que salieron en la fecha 18 de la Liga BetPlay con cinta tapando sus bocas y el escudo del equipo luego de la sanción contra el entrenador Rafael Dudamel y el jugador Fabián Sambueza. Vale recordar que cada jugador deberá pagar $ 1.300.000.Por eso, el presidente de Acolfutpro, Carlos González Puche, manifestó en Blog Deportivo que el Código Disciplinarios está lleno de artículos que vulneran a los futbolistas y enfatizó en el artículo 73 se equivocó en este caso en calificar como "conducta incorrecta" la manifestación pacífica que realizaron los once jugadores que fueron titulares en el partido contra Fortaleza."No sé en qué afecte que los jugadores del Bucaramanga, en el ejercicio de su derecho constitucional a la protesta, se tapen la boca. No entiendo en qué afecta eso el desarrollo de un partido de fútbol o el desarrolló de la competencia (...) ¿Entonces el derecho constitucional dónde lo ejercen los futbolistas, en la cocina de sus casas?", cuestionó Puche.Asimismo, manifestó que los futbolistas en Colombia, así como los técnicos, no pueden expresarse libremente y están expuestos a ser sancionados de acuerdo con el criterio de los directivos de la Dimayor."Ahí tenemos la cantidad de artículos que vulneran derechos y que pedimos que cambien, modifiquen. Si no es así, tenemos que recurrir a una tutela o querella al Ministerio de Trabajo, pues la protesta es un derecho constitucional", añadió Puche.Recordó la postura que emitió la propia Corte Constitucional al reglamento de la Dimayor al enfatizar que este organismo solo puede sancionar conductas que afecten el desarrollo del juego y, según Puche, protestar con una cinta no afectó el partido Bucaramanga - Fortaleza."¿Afectaron el partido? ¿No dejaron hacer goles? ¿Insultaron al árbitro? ¿Ofendieron a alguien? Esto fue una protesta pacífica porque sus compañeros se manifestaron y fueron sancionados drásticamente", recalcó.Ahora se espera conocer si Bucaramanga apelará ante la Dimayor esta sanción económica contra sus futbolistas.
La Contraloría de Bogotá, a través de su Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, y en atención a varias denuncias de la ciudadanía, inició una actuación especial de fiscalización con el fin de establecer el estado de 181 canchas sintéticas cuyo uso y mantenimiento está a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).Hasta el momento, la Contraloría Distrital ha recorrido 60 canchas sintéticas en las veinte localidades de la capital para identificar en sitio las condiciones de estos espacios deportivos y constatar el cumplimiento de las condiciones establecidas en cada uno de los contratos suscritos para su uso y mantenimiento, y que sumados ascienden a 43.370 millones de pesos.El director de Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría, Camilo Quiroz, manifestó que están haciendo este trabajo corroborando que las condiciones contractuales bajo las cuales se firmaron esos convenios se estén cumpliendo en terreno y que especialmente cada uno de estos escenarios beneficien de manera óptima a la comunidad.Dentro de las quejas de los ciudadanos allegadas al organismo de control, reportan dificultades para acceder a estos escenarios deportivos, deterioro y precariedad de la mayoría de canchas sintéticas, falta de baños, baja luminosidad, problemas de inseguridad y consumo de sustancias psicoactivas.
Preocupación en los hinchas de Atlético Nacional ante una situación, que, por desgracia, no estaba contemplada al inicio de los cuadrangulares finales y sería sobre el uso el estadio Atanasio Girardot, pues una fecha no se podría utilizar el recinto debido a que este acogerá un concierto durante tres días consecutivos.La fecha es la quinta, según el calendario Dimayor, cuando Atlético Nacional recibe a Deportivo Pasto y, por desgracia, este duelo no podría ser en el Atanasio Girardot a raíz del concierto de Feid en Medellín el 6, 7, y 8 de diciembre. El 'Ferxxo', como también se le conoce, ocupará el recinto para su 'Ferxxocalipsis' y esto obligaría al cuadro paisa a buscar alternativas, según algunas fuentes cercanas al club como el periodista Juan David Londoño.Atlético Nacional podría salir de MedellínDe acuerdo con estas fuentes cercanas al club, la institución estaría mirando la posibilidad de que ese fin de semana se juegue en Armenia o Pereira el partido de los cuadrangulares final, así evitarían afectar el calendario pensando en el descanso de los futbolistas, pues no solo disputan los cuadrangulares, sino también tendría que afrontar la final de la Copa BetPlay.Otra opción sería que se disputen la ida y vuelta con Pasto y luego la ida y vuelta con Millonarios, pero esto debería ser aceptado por la Dimayor, lo cual no ha recibido una respuesta del ente deportivo. Por otro lado, el tema de los abonados tendría una solución en caso de perderse este compromiso en casa y sería que el partido se incluya en la final de la Copa BetPlay, es decir, sería válido para el encuentro de ida vs. América de Cali.Sin embargo, ni lo uno ni lo otro ha sido confirmado por Dimayor y club, sino que son alternativas que se analizan debido al concierto del 'Ferxxo' en la capital de Antioquia, del cual se conoce fecha oficial desde el primer semestre del 2024.
