El Colombiano

La decisión del juez de control de garantías, Ángel Monroy, de apartarse del caso en el que se capturaron a 16 personas, muchas de ellas servidores públicos señalados de pertenecer a una banda dedicada al robo de tierras en el Atlántico, no cayó bien en las víctimas y sus abogados.Precisamente, el jurista Alfonso Camerano, quien representa a varias de los procesados, le dijo a Blu Radio que no le queda otra vía que radicar una acción de tutela contra el juez 101 penal municipal con funciones de control de garantías, especializado en Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), ya que su decisión “frustra un esfuerzo investigativo de más de un año” y que es dirigido por la fiscal octava anticorrupción.De hecho, llegó a comentárselo al mismo juez Monroy durante la audiencia celebrada el pasado martes. “Me parece que no solo precipitada, sino que puede colocar, como lo ha señalado la propia fiscalía, casi que en vilo de nulidad lo que se ha hecho. Estimo que tampoco es el momento indicado, después de haber agotado la primera audiencia de legalización, precipitarla sobre la audiencia de imputación para decir que rehúsa ahora la competencia”, expresó.El pasado miércoles, el juez Monroy decidió no continuar la audiencia, invocando su especialización para casos de Grupos Armados Organizados y Grupos Delincuenciales Organizados, ya que el togado consideró que este grupo de 16 capturados no contaba con esas características, todo esto sin haber oído la imputación de cargos.En cambio, el togado decidió remitir lo actuado al Tribunal Superior de Barranquilla.El abogado Alfonso Camerano, en esa línea, escribió una carta que remitió al presidente Gustavo Petro en la que le informa que el juez encargado no cumplió con su trabajo correctamente, alegando que se negó a seguir con el proceso por no estar en su dependencia. Por lo cual, pide solicita su intervención en esta situación, argumentando que muchos de estos acusados pedirán su libertad por haber corpus.“Señor presidente Gustavo Petro Urrego, la presente situación de abandono de justicia, afecta el debido proceso, ya que está comprometida y legalizada la captura y libertad de los sujetos procesales —y consiguientemente, burladas las víctimas—, con 16 capturados que, seguramente, han de acudir al Juez de tutela a reclamar libertad invocando salvaguardar la garantía constitucional del Habeas Corpus, en ejercicio de un derecho fundamental que encuentran ya despejado en el camino trazado de impunidad, expedito y circense que, en este caso, lo impone una decisión insensata, dañosa e irresponsable de un administrador de Justicia que desiste de su sagrada función constitucional”, escribió.Esta semana, la Policía informó que el despojo de tierras que más de 17 personas habrían realizado entre Barranquilla, Soledad, Santo Tomas, Malambo y Cereté afectaron a constructoras, proyectos urbanísticos y cerca de 1.800 familias, tras ser ocupadas zonas destinadas originalmente para mega colegios, centros de desarrollo infantil y parques.

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