El municipio de El Carmen de Chucurí, en Santander, enfrenta una difícil situación tras una semana de intensas lluvias que han dejado afectaciones en varias zonas rurales y urbanas. Según autoridades locales, cinco veredas presentan serios problemas viales debido a deslizamientos y bloqueos en las carreteras, complicando la movilidad y el acceso a las comunidades afectadas.Las lluvias han dejado a su paso una estela de destrucción, dañando severamente la infraestructura vial y afectando viviendas, algunas de las cuales han sufrido daños parciales y otras han sido completamente destruidas. “En este momento hemos venido sacando a esas personas, a las familias de los lugares donde están. Las hemos venido ubicando en algún tipo de infraestructura que disponemos en la cabecera municipal”, dijo William Tello, alcalde de El Carmen de Chucurí.Las autoridades han redoblado esfuerzos para garantizar la seguridad de las familias afectadas, trasladándolas a albergues temporales mientras se busca una solución definitiva.El municipio ha establecido comunicación y coordinación con la Gobernación de Santander y la Oficina de Gestión del Riesgo, que han facilitado maquinaria pesada para despejar algunas vías. Sin embargo, la magnitud de los daños ha llevado a las autoridades a solicitar ayuda adicional del Gobierno Nacional.En Bucaramanga, representantes municipales gestionan apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con la esperanza de obtener maquinaria retroexcavadora y equipos que permitan recuperar las vías en las áreas más afectadas.Una de las zonas críticas es la vereda Tamborredondo, en la región cafetera, donde aproximadamente 85 familias permanecen aisladas. “Ahí definitivamente necesitamos intervención de manera inmediata”, enfatizó el mandatario local. La producción de café, uno de los motores económicos del municipio, está en riesgo, ya que los campesinos no pueden trasladar sus cosechas hacia el casco urbano. La urgencia de restablecer la conectividad es prioritaria para asegurar la economía y bienestar de estas familias. Las autoridades municipales instan al Gobierno nacional a intervenir rápidamente para mitigar las consecuencias de este desastre natural.
Un juez de control de conocimiento condenó a los hermanos Carlos Andrés y Emerson Godoy López, a 58 años de cárcel, por golpear y quemar a dos menores de 15 y 16 años en el departamento de Santander. Los hechos ocurrieron en la vereda Angostura de El Carmen de Chucurí el 29 de mayo de 2022Dicen las autoridades que esta es una condena ejemplar. Una de las víctimas murió, la otra huyó y sobrevivió a las graves heridas que afectaron gran parte de su cuerpo“En el curso de la investigación se acreditó que los sentenciados sostuvieron una discusión con los adolescentes, a quienes culpaban de ser los responsables de un hurto. Luego, los golpearon, atacaron con armas cortopunzantes, lanzaron al piso y dejaron que sobre ellos se derramara la gasolina de una motocicleta. Finalmente, les prendieron fuego. La víctima de 15 años murió; mientras que la otra escapó y fue trasladada a un centro asistencial, donde fue intervenida quirúrgicamente y sobrevivió a las graves heridas sufridas”, dice el informe oficial de la Fiscalía General de la Nación.“Se presentó un hecho de intolerancia cuando cuatro jóvenes departían en horas de la noche en una residencia, desencadenando una riña. Dos de ellos, que serían hermanos, habrían agredido a los otros dos jóvenes hasta causarle la muerte a Johan Sneider González Chacón, de 16 años”, informó en su momento el coronel Franklin Cruz, quien era el comandante de la Policía de Santander en 2022.Los hermanos Godoy López, de 18 y 20 años, respectivamente, fueron declarados responsables de los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa e incendio, todas las conductas agravadas.Comunicado de la Fiscalía:
Habitantes del municipio del Carmen de Chucurí, Santander, rechazaron el homicidio del agricultor Jorge Saúl Cruz Pardo, de 49 años, quien aspiraba al concejo municipal por el partido Creemos de Federico GutiérrezEl dirigente campesino fue atacado a tiros por un sicario en el sector conocido como El Retén en Barrancabermeja el pasado 28 de julio, pero horas después falleció en un centro asistencial.El delincuente, sin pensarlo, accionó el arma y le propinó varios disparos a Jorge Saúl. La víctima quedó tendida en el lugar mientras que el pistolero quiso darse a la fuga, pero horas después fue capturado por la Policía Nacional.“Estamos aquí reunidos para hacerle un homenaje a nuestro amigo y quien aspiraba al Concejo de nuestro municipio. Jorge Saúl Cruz Pardo, era un reconocido líder de la vereda Filo de Oro, y se dedicaba a la piscicultura. Era candidato al Concejo del del Carmen de Chucurí por el partido Creemos de Federico Gutiérrez”, afirmó un amigo Cruz Pardo quien fue sepultado en el cementerio local.El comandante de la Policía del Magdalena Medio, coronel Luis Cubillos, confirmó a Blu Radio que un juez de Barrancabermeja tras legalizar la captura del hombre que atento contra Jorge Saúl Cruz Pardo, este fue enviado a la cárcel mientras avanza la investigación.“En un sector de la comuna 7 de Barrancabermeja se presenta un hecho lamentable de homicidio del señor Jorge Cruz. Al capturado se le encontró un revolver con tres cartuchos percutidos. Es de establecer que la víctima dentro de las primeras indagaciones que realizamos con nuestras unidades tenía su arraigo en el municipio del Carmen de Chucurí, donde era un reconocido agricultor”, afirmó el coronel Cubillos.Las autoridades investigan si el asesinato de Jorge Saúl Cruz Pardo está relacionado con temas políticos, personales o amenazas.Durante este año en Barrancabermeja se han presentado 82 homicidios, que en comparación con el mismo período de 2022 representa un 116% de más casos.En Santander más de 2.300 personas se inscribieron como candidatos para las elecciones regionales del mes de octubre. Le puede interesar:
Un fuerte vendaval provocó varias emergencias en el municipio del Carmen de Chucurí, en Santander. Según el reporte de las autoridades fueron 10 viviendas afectadas. La plaza de mercado también sufrió daños.En zona rural del municipio también se presentaron emergencias por inundaciones y afectaciones en vías.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF“La fuerte tormenta destechó la plaza de mercado y diez viviendo resultaron afectadas. Las pérdidas fueron significativas en establecimientos públicos y en viviendas. Reportan la caída de árboles y redes eléctricas en el municipio Estamos realizando un censo de daños y de personas afectadas para tramitar las ayudas necesarias”, señaló Fabián Vargas, director de la Oficina de Gestión de Riesgo de Santander.El funcionario señaló que por el momento las pérdidas han sido materiales, no hay personas lesionadas.“Sin embargo, le hemos solicitado a la comunidad que vive cerca a ríos y quebradas del Carmen de Chucurí a estar en alerta por posibles avalanchas tras las fuertes lluvias que siguen cayendo en la región y la Serranía de Yariguíes”, manifestó el director de Gestión de Riesgo de Santander.En otros cinco municipios de Santander se presentaron varias emergencias por fuertes lluvias y corrientes súbitas en quebradas.Alerta por lluvias y erosión que hicieron colapsar el jarillón de Puerto Wilches, SantanderHace una semana, fuertes lluvias hicieron colapsar unos 30 metros el jarillón que protegía el casco urbano del municipio de Puerto Wilches de las posibles inundaciones del río Magdalena. El contratista de la obra llegó al lugar para tratar de reconstruir el muro de contención.Las obras de contención que se habían terminado de construir hace apenas tres meses volvieron a colapsar en el sector conocido como Vuelta Perico en el municipio de Puerto Wilches, Santander, donde las lluvias y la erosión hicieron que el muro de contención contra las inundaciones colapsara más de 30 metros dejando en grave riesgo de emergencias a la comunidad del municipio frente al río Magdalena .Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
El equipo de abogados de la empresa Colcco encontraron una alternativa para tratar de reactivar la licencia de exploración minera de carbón en predios rurales del municipio del Carmen de Chucurí en Santander.Los abogados señalaron que el Tribunal Administrativo de Santander no era el estamento idóneo para frenar la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma de Santander. Licencia que es importante recordar generó el rechazo de algunos sectores ciudadanos que realizaron protestas en las calles argumentando que se generaría contaminación ambiental.“Como apoderado oficial de Colcco impugné la competencia del Tribunal Administrativo de Santander para que conociera de la demanda de medida de control de nulidad que presentaron algunos congresistas santandereanos contra el acto administrativo de la CAS que autorizó la licencia ambiental a Colcco para el proyecto minero en el Carmen de Chucurí, en ese sentido debo manifestar que efectivamente el Tribunal Administrativo ha declarado su falta de competencia en auto de fallo que está siendo notificado en el día de hoy lo que significa que este proceso pasará a conocimiento del Consejo de Estado en donde esperamos que el Consejo de Estado decrete la nulidad de lo actuado por el Tribunal Administrativo de Santander”, explicó el abogado Daniel Caicedo, representante de Colcco.También es importante decir que los trabajadores de Colcco salieron a las calles a protestar porque al retirar la licencia ambiental para operar se quedarían sin sustento para sus familias en una protesta que transcurrió de manera pacífica por las calles del municidpio de El Carmen de Chucurí.El pasado 17 de mayo el Tribunal Administrativo de Santander confirmó el fallo de una demanda de nulidad en el que se suspendió, de manera provisional, la licencia ambiental a la multinacional Colcco para el proyecto de explotación de carbón en los municipios de Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí en Santander.Según el fallo, la Corporación Autónoma de Santander, CAS, entidad que otorgó la licencia, la entregó aun cuando el estudio de impacto ambiental tenía inconsistencia.Los demandados sustentaron, dentro de la solicitud de suspensión de la licencia que la CAS, "contrario a la normatividad, decidió primero aprobar la licencia ambiental y dar la oportunidad a la empresa para que allegara posteriormente dicha información, cuando la normatividad no lo permite, máxime cuando esa información era esencial para determinar la viabilidad o no del otorgamiento de la licencia”.
El Tribunal Administrativo de Santander confirmó el fallo de una demanda de nulidad en el que se suspende, de manera provisional, la licencia ambiental a la multinacional Colcco para el proyecto de explotación de carbón en los municipios de Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí en Santander.Según el fallo, la Corporación Autónoma de Santander, CAS, entidad que otorgó la licencia, la entregó aún cuando el estudio de impacto ambiental tenía inconsistencia.Los demandados sustentaron, dentro de la solicitud de suspensión de la licencia que la CAS, "contrario a la normatividad, decidió primero aprobar la licencia ambiental y dar la oportunidad a la empresa para que allegara posteriormente dicha información, cuando la normatividad no lo permite, máxime cuando esa información era esencial para determinar la viabilidad o no del otorgamiento de la licencia”.La demanda de nulidad fue interpuesta por los congresistas Cristián Avendaño, Fabián Díaz, Gloria Inés Flórez, entre otros.“Los congresistas y la comunidad recogieron firmas y acompañaron a las comunidades que estuvieron protestando y obviamente recibimos con beneplácito y mucha alegría esta decisión judicial que va en favor a la vida, de la naturaleza y de la protección de las comunidades”, expresó Hernán Morantes, abogado experto en temas ambientales.A principios de enero, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, confirmó que, tras una revisión al proceso de otorgamiento de la licencia ambiental a la multinacional Colcco para la explotación de carbón a cielo abierto en el municipio del Carmen de Chucurí, Santander, se hallaron múltiples fallas, por lo que anuncio en ese entonces una demanda de nulidad a la licencia otorgada por la CAS.“Hemos avanzado en examinar la licencia ambiental que fue entregada por la Corporación Autónoma de Santander, lo hicimos, además, con anuencia de la dirección general de la CAS y hemos radicado un documento a la corporación autónoma para su revisión, en dónde encontramos múltiples fallas de esa licencia. La decisión del ministerio, por lo tanto, es que va a demandar la nulidad de esa licencia para la empresa Colcco que se entregó allá en el Carmen de Chucurí y ese es el tipo de decisiones que queremos fortalecer con esa reforma en el Congreso del sistema nacional ambiental", aseguró la ministra Muhamad en unas declaraciones hechas el pasado 24 de enero de 2023.Le puede interesar:
El Tribunal Administrativo de Santander ratificó en fallo, de segunda instancia, que negó la tutela interpuesta por Eduardo Ramírez y otros para tratar de detener la licencia minera para explotar carbón a cielo abierto, en el Carmen de Chucurí, a una empresa multinacional era improcedente, así como lo había señalado el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga en primera instancia.Lo que se buscaba con esta tutela era que se “amparará el derecho fundamental a la participación en asuntos ambientales y el derecho a gozar de un ambiente sano, en conexidad con el derecho a la participación, el derecho a la salud, a la vida en condiciones dignas”, dice el documento que también solicitaba: “Espacios de deliberación amplios con los líderes de esta comunidad, a fin de que puedan ejercer su derecho a la participación en asuntos ambientales”.Por su parte, el director de la Corporación autónoma de Santander, CAS, Alexcevith Acosta, explicó que el fallo de primera instancia de estas tutelas (porque en total fueron dos tutelas) se estableció el proceso jurídico y el marco normativo que utilizó la CAS para otorgar la licencia minera, lo que fue ratificado por los tribunales.“Precisamente antes de que se iniciara el bloqueo en la entrada a la CAS, en San Gil, por una protesta de la comunidad que busca detener la licencia minera entregada para explotar carbón, recibimos el fallo en segunda instancia que ratifica lo que estableció el fallo en primera instancia por parte del Tribunal Administrativo de Santander, por eso hemos sido consecuentes con el tema y les hemos dicho a las personas que han liderado estas protestas que hacen parte de varios sectores políticos que el Ministerio de Ambiente también pronunció sobre este tema”, explicó Acosta.De igual forma es importante decir que, además de dos tutelas que fueron interpuestas para tratar de detener la explotación de carbón a cielo abierto en el municipio de El Carmen de Chucurí, también fueron interpuestos procesos de demanda de nulidad del Acto Administrativo que emitió la CAS sobre la licencia minera.Le puede interesar: 'El Camerino'
Comunidades de Bucaramanga, Cabrera y El Carmen de Chucurí, bloquean vías en el departamento de Santander en protesta por el mal estado de las carreteras y contra de una licencia ambiental que la Corporación Autónoma de Santander, CAS, le otorgó a una empresa extranjera para la explotación de minas de carbón a cielo abierto, lo que generaría contaminación ambiental en la serranía de los Yariguíes.La manifestación más grande se registra en la Ruta del Sol, en el lugar conocido como Campo 23, donde comunidades y ambientalistas bloquean el paso de vehículos en protesta contra la licencia ambiental otorgada a una multinacional para la explotación de 44.5 hectáreas de minas de carbón ubicadas en el municipio de El Carmen de Chucurí.“El proyecto va a impactar los lugares donde las comunidades se han desarrollado, es donde tenemos la producción de alimentos, la vereda Rancho Grande y la vereda Aljibes, como su nombre lo indica son nidos de agua y no queremos que la explotación de carbón dañe nuestros territorios”, dijo Mariela Ruiz, una de las protestantes en contra de la licencia para explotar carbón.En Bucaramanga, la protesta está situada en el barrio Colorados, exactamente en la vía que conduce hacia la costa atlántica, lugar donde le están reclamando a las autoridades que arreglen la vía que se encuentra en mal estado y que regularmente genera accidentes por la falta de mantenimiento. La manifestación ha generado afectaciones en la prestación del servicio público de buses y taxis, incluso ni motocicletas pueden pasar por ese lugar.Por su parte, la tercera manifestación que tiene vías bloqueadas en Santander se presenta en el municipio de Cabrera, en la vía que conduce hacia San Gil, lugar donde los habitantes también protestan por el abandono de la carretera, por este motivo hay cierre total en este tramo metros adelante de la quebrada seca.“Pedimos la presencia del gobernador de Santander Mauricio Aguilar, el alcalde de San Gil, el de Cabrera, los gerentes de Acuasan, Ecosangil, Epsacol y Concay para que se comprometan con el arreglo y mantenimiento de la vía, ya que la misma está afectada y destruida por los doble troques que pasan a cada momento, los compactadores que van al relleno sanitario y a demás vehículos de carga que transitan por esta carretera departamental”, explicó Zeferino Gutiérrez, uno de los manifestantes.Le puede interesar este contenido:
Alexcevith Acosta, director de la Corporación Autónoma de Santander y presidente de Asocars (Asociación Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible) explicó que como organización apoyarán al Gobierno del presidente Gustavo Petro en la revisión exhaustiva de todos los títulos mineros, un anuncio que el mismo mandatario hizo desde Jericó, Antioquia.“Toda la titulación minera, hasta ahora entregada por doquier, por allá y por acá, se revisará para tratar de hacerla coherente con una serie de principios básicos del territorio, entre ellos, el cuidado del agua”, dijo el presidente Gustavo Petro, quien además aclaró que esto se debe al cumplimiento de una decisión judicial y de su promesa de campaña.“La idea es que logremos comprender con información, con análisis jurídicos y técnicos, lo que está pasando en los títulos mineros en el país. Por eso hemos solicitado también como Asocars al Gobierno Nacional toda la información que tiene para iniciar un proceso de reforma al sector minero”, explicó Alexcevith Acosta.Sobre los títulos mineros en este momento en Santander hay 20 títulos otorgados legalmente, de ellos hay aproximadamente unos seis licenciados que están funcionando hace más de 10 años y cuatro están en proceso de evaluación.“Hace 15 años el Estado colombiano invirtió más de 10 millones de dólares para poder identificar las reservas carboníferas de Santander, por ende en ese momento eso era una política nacional y si recordamos lo planes departamentales de desarrollo, esa zona del Carmen de Chucuri y San Vicente de Chucurí es denominada como el corredor estretégico minero energético de la región. Por eso es importante que logremos encontrar puntos de acuerdo con las comunidades en donde sepamos que es viable el desarrollo sostenible pero garantizando la protección de nuestros ecosistemas”, manifestó el presidente de Asocars.En este momento una licencia ambiental para explotar carbón a cielo abierto en el Carmen de Chucurí, Santander, otorgada anteriormente a una empresa multinacional por la Agencia Nacional Minera, hizo que las comunidades salieran a protestar y reclamar su derecho a un medio ambiente sano."Estamos cumpliendo una semana de la protesta. Estas minas van a contaminar el río Cascajales que abastece de agua a mas de 25.000 familias de la región", señaló el ambientalista Mauricio Meza.
Una licencia minera para explotar carbón, otorgada por la Corporación Autónoma de Santander, CAS, a la empresa Colcco, desató una ola de protestas en la Ruta del Sol sobre el tramo de La Lizama, Santander.Los campesinos de los municipios de San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí han salido a la carretera nacional que comunica a Santander con Antioquia, parte de Boyacá y Cundinamarca, para exigirle a la CAS que decline la licencia minera porque, en su concepto, las fuentes de aguas serán contaminadas.“Es una minería de la muerte, la CAS le otorgó la licencia para explotar carbón en nuestro territorio y esta minera quiere tomar nuestra agua, nuestro territorio y la voluntad de las comunidades, allí hay muchos nacimientos de agua”, dijo Oneida Suárez, una líder ambientalista de la zona.Las protestas ya cumplen cuatro días y, según confirmó la corporación ambiental, ya fue instalada la mesa de diálogo con las comunidades.“Frente al licenciamiento que hemos otorgado a Colcco, se vienen haciendo unas mesas de trabajo y acompañamiento en campo y nos hemos comprometido a recopilar toda la información e incorporarla una vez más dentro de nuestro sistema de información geográfica y de esta forma acompañados del Ministerio de Minas y Energía, que otorga los títulos, para atender los requerimientos y sustentar dicha información”, dijo el director de la CAS, Alexevith Acosta, en un video publicado en redes sociales.Mientras avanza la mesa de diálogo, los campesinos han anunciado que las protestas seguirán sobre la Ruta del Sol sin afectar la movilidad sobre esta importante vía del oriente colombiano. Le puede interesar:
Un juzgado especializado condenó este viernes a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha por el delito de terrorismo agravado, tras comprobarse su responsabilidad en el ataque al CAI del barrio La Aurora durante el estallido social, la noche del 4 de mayo de 2021. En el lugar se encontraban refugiados 15 policías, y los agresores emplearon piedras, palos y bombas incendiarias para llevar a cabo el ataque.La sentencia se basó en pruebas contundentes presentadas durante el juicio. Los videos de las cámaras de seguridad, el reconocimiento fotográfico y los testimonios de las víctimas señalaron a Murcia Rodríguez y Hernández Socha como los responsables del ataque. Además, se encontró que los artefactos explosivos incautados en la vivienda de Murcia Rodríguez coincidían con las sustancias empleadas contra las instalaciones policiales.El juez desestimó las pruebas presentadas por la defensa, y las calificó de inconsistentes y contradictorias. En su fallo, afirmó que quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” que los acusados actuaron con dolo y que las conductas punibles fueron ejecutadas con premeditación y violencia.El Ministerio Público también respaldó la condena. El procurador enfatizó que no se trató de una protesta social, como argumentaba la defensa, sino de un acto deliberado de terrorismo destinado a intimidar y generar temor. “Se comprobó la materialidad de las conductas y la responsabilidad penal de los procesados”, afirmó, añadiendo que el allanamiento realizado en la vivienda de Murcia Rodríguez cumplió con todos los protocolos legales.
La Superintendencia Nacional de Salud encabezada por Giovanni Rubiano, ha decidido adelantar la toma de posesión de la EPS Coosalud en Cartagena tras ordenar su intervención forzosa para la administración. Esta medida se fundamenta en una serie de hallazgos que según la entidad evidencian serias falencias, esta EPS tiene a más de 3.3 millones de afiliados.La intervención llega en el momento en el que Coosalud se encuentra dentro de las cuatro EPS que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, a raíz de las denuncias presentadas por Luis Carlos Leal, el anterior superintendente por presunta corrupción.En un contexto de grandes reformas al sistema de salud, el presidente Gustavo Petro había declarado con firmeza durante la posesión de Giovanni Rubiano como nuevo superintendente, que la vigilancia de las EPS es una de las tareas cruciales en el marco de la reforma al sector. "Antes de la aprobación del proyecto de reforma a la salud, la Superintendencia debe vigilar las EPS" habia dicho el mandatarioY es que recordemos que durante esta posesión el mandatario solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a fondo nuevas denuncias sobre corrupción en EPS. Al respecto, se refirió a la EPS Coosalud "Esta EPS no responde a las intervenidas, hoy por hoy es privada, aunque en mi opinión debería ser intervenida", señaló PetroLa intervención de Coosalud es la octava de este tipo y es la primera intervención ordenada por Rubiano desde su nombramiento. Durante la intervención el superintendente posiciono como agente interventor a Mauricio Camaro Fuentes. Coosalud es una de las EPS más grandes del país, ocupando la quinta posición en número de afiliados, con un total de 3.369.583 personas cubiertas bajo su servicio.
Un accidente de tránsito dejó tres personas lesionadas, dos de ellas de consideración grave, en un choque múltiple que involucró tres motocicletas y un bus. El incidente ocurrió en el kilómetro 14+180 de la vía Medellín-Bogotá, en el sector conocido como Peñolsito.De acuerdo con las primeras versiones y un video difundido en redes sociales, el accidente se presentó en condiciones de baja visibilidad debido a la niebla. En el siguiente video se observa cómo un bus se detiene en la vía, momento en el que uno de los motociclistas no logra frenar a tiempo y choca contra la parte trasera del vehículo. Tras el impacto, el motociclista cae sobre la calzada, provocando que las otras dos motocicletas que venían detrás también se estrellaran y terminaran en el suelo.Las autoridades de tránsito acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia y coordinar el traslado de los heridos a centros asistenciales cercanos. Se informó que dos de los lesionados presentan heridas de consideración y están bajo observación médica, mientras que el tercero sufrió lesiones menores.El tráfico en el sector se vio afectado durante varias horas mientras se realizaban las labores de atención y limpieza de la vía. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para extremar las precauciones, especialmente en condiciones de baja visibilidad, y recordaron la importancia de mantener distancias seguras y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de accidentes.
La Sección de Apelación de la JEP decidió declarar improcedente la solicitud de nulidad que presentó el general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, quien fue imputado por su responsabilidad en casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia mientras él comandó la Brigada Cuarta.“La Subsala consideró que tenía bases suficientes para señalar, entre otros, al compareciente MONTOYA URIBE como máximo responsable en calidad de autor por crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, en su calidad de comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional, dada su posición de garante por competencia institucional y en atención al ejercicio de tal calidad en la configuración de los patrones macrocriminales analizados por la SRVR en el ADHC”, explicó la JEP.Montoya pidió anular dicha imputación y en una primera medida esa solicitud fue negada, por lo que su abogado volvió a apelar.“Mediante escritos del 17 y 24 de mayo de 2024, el representante judicial del compareciente interpuso de forma oportuna el recurso de apelación contra el auto 024 del 6 de mayo de 202445. Fundamentó su inconformidad en cuatro ejes temáticos: (i) Sobre la imputación como autor por instigación a título de dolo, cuestionó la decisión de la SRVR pues en su criterio los títulos de “autor” e “Instigador” usados por la Sala de justicia implican una mixtura de figuras legales, en tanto el primer vocablo alude al dominio del hecho y el segundo no. Situación que resulta confusa, incoherente e incomprensible para el compareciente y deviene en un vicio del consentimiento de cara a una posible aceptación46. (ii) La falta de enunciación de los hechos” explica la JEP.La defensa aseguraba que algunos hechos imputados se encuentran fuera del rango temporal en el que Montoya ejerció la comandancia en dicha Brigada y que habría violaciones a los derechos en el proceso.“ninguno de los disensos que elevó el representante judicial del señor MONTOYA URIBE configura una violación a sus garantías y derechos fundamentales, pues de lo conocido por la SA en el trámite, no es posible acreditar los principios, reglas y subreglas que regulan las nulidades ante la JEP. Por un lado, esta Sección referirá que lo alegado respecto al ADHC son aspectos sustanciales que no pueden ser objeto de nulidad pues hacen parte de la esfera valorativa de la SRVR, lo que deviene inevitablemente en una improcedencia de la solicitud de nulidad respecto a la controversia tanto en la imputación realizada por la Sala de Justicia como por la forma en que relacionó los hechos jurídicamente relevantes en el ADHC. Luego de analizar los argumentos de disenso, el a quo consideró que el procedimiento dialógico adelantado cumplió con las garantías procesales que le asisten al compareciente y que, contrario a lo sostenido por el recurrente, no hubo afectación de los derechos fundamentales al debido proceso. Como quedó reseñado, en la solicitud de nulidad se realizó una amplia serie de reproches, por lo que cabe aclarar que la SA sólo se ocupará de verificar el cumplimiento de los requisitos para la procedibilidad de los cargos de nulidad, en los que se insiste en la vulneración de garantías procesales por la indebida valoración de ciertos elementos materiales probatorios y por otra parte, debido a la ausencia de traslado de algunas versiones voluntarias que lo incriminan”, resolvió la JEP.Ante esta situación la Sección de Apelación declaró desierta la solicitud de Montoya.“REVOCAR el numeral CUARTO del auto SUB-D SUBCASO ANTIOQUIA- 024 del 6 de mayo de 2024 y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada por el representante judicial del compareciente señor Mario MONTOYA URIBE, frente a los cargos de formulación de imputación, determinación de los hechos y conductas y valoración probatoria, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.Segundo.- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el abogado del compareciente MONTOYA URIBE en relación con la vulneración del debido proceso por la ausencia de traslado probatorio deprecado, al no cumplirse por parte del apelante la carga argumentativa conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.Tercero.- En firme esta providencia, DEVOLVER las diligencias a la Subsala D de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, para lo de su competencia”, dice el auto.De esta manera el general en retiro Mario Montoya deberá enfrentar un juicio adversarial, de ser vencido podría pagar 20 años de prisión.
Luis Fernando Llano se ha convertido en una de las voces que ha denunciado a lo largo de los años al sacerdote Darío Chavarriaga. Públicamente, Llano, de 62 años, lo acusó de abuso sexual, delito que, aseguró, se repitió en varias ocasiones y que también cometió contra sus siete hermanas, cuando eran todos menores de edad.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Llano contó su historia. Según recordó, los abusos por parte de Darío Chavarriaga, quien falleció en 2015, ocurrieron cuando tan solo tenía 14 años y era estudiante en el Colegio San Bartolomé de Bogotá en 1976.En ese entonces, el sacerdote, que era el segundo al mando, le otorgó una beca por su rendimiento académico y, de a poco, se ganó su confianza y la de su familia al punto de que Llano se llegó a quedar a dormir en los aposentos de Chavarriaga varias noches, donde ocurrieron parte de los abusos.Cadena de complicidadHoy, años después, Llano se pregunta cómo fue posible que en ese momento nadie, incluyendo sacerdotes, preguntara por las conductas inapropiadas que tenía Chavarriaga con él. Por eso, dijo que eso lo hace pensar en que, tal vez, se dieron cuenta, pero “guardaron silencio”.“Hubo gente alrededor, porque es muy raro que llegue un niño al colegio a las 11:00 de la noche a dormir, es algo muy raro. De esto puedo dar fe, que cuando bajábamos en la mañana, que yo bajo con el pelo mojado y mis libros, me siento en la mesa donde estaban sacerdotes y gente de la comunidad, cómo es posible que ninguno de ellos se haya levantado a preguntarle: ¿usted qué hace en el cuarto con este niño?”, comentó Llano.El día que se reencontró con su abusador: un hecho que lo animó a denunciar públicamenteLlano contó que fue en el 2014, en un evento al que asistió con parte de su familia, que se reencontró por casualidad al sacerdote Darío Chavarriaga. Cuando lo vio solo tuvo el impulso de irse contra él para enfrentarlo e, incluso, golpearlo por todo lo que le había hecho en la infancia, pero uno de sus sobrinos lo detuvo y lo calmó, pese a que nadie entendía qué pasaba.“No tenía previsto ese encuentro. Era un capítulo en mi vida que tenía sepultado, tapado con cerrojo, pero las circunstancias de la vida me llevaron a reaccionar de esa manera (…) Él me vio y vio mi reacción, se dio vuelta y subió a sus aposentos”, detalló.Denuncia al padre Francisco De RouxLuego de eso, Llano decidió denunciarlo y no seguir guardando silencio con su caso. Ese mismo año, lo acusó ante el padre Francisco De Roux, quien en ese entonces era el jefe de la comunidad en Colombia. Unos años más tarde lo hizo también ante el sacerdote alemán Hans Zollner, profesor en la Universidad Gregoriana de Roma y muy cercano al papa Francisco.“Él (De Roux) tomó unas medidas canónicas. Dijo que iba a obtener toda la información posible para una máxima sanción, pero, como lo dice en nuestra carta, la solicitud de llevarlo a la Fiscalía pues no se habló; era presentarlo a las autoridades, pensamos que con eso ya quedaba resuelta la solicitud”, agregó.Insistió que por la gravedad de los delitos denunciados, era suficiente para que Chavarriaga fuer apuesto en manos de la justicia ordinaria.“Yo pienso que él ha de ir más lejos porque los delitos que se estaban denunciando no eran simples faltas disciplinarias o una cuestión muy leve. Así como pedimos que llevara esto a las autoridades, esperábamos que fuera un paso más adelante. No lo juzgo, pero las cosas pudieron hacerse de otra manera en ese momento”, recalcó.Otros abusos: un recuerdo dolorosoFue año después de ese incidente que su hermana Sofia, en una conversación mientras conducía, le preguntó qué había pasado esa vez. Luis Fernando decidió contarle que había sido abusado por el cura.En ese momento, según recordó, su hermana “se tacó a llorar” y le reveló que ella también había sido abusada por él.Cuatro de los hermanos Llano, a partir de ahí, dijeron: “A mí también me pasó” y luego los demás. “Es muy difícil decirlo”, añadió sobre su lucha todos estos años.
