El 18 de abril de 1998, estando en su oficina, el abogado Eduardo Umaña Mendoza recibió dos hombres y una mujer que, haciéndose pasar por periodistas, intentaron secuestrarle, pero ante la resistencia del jurista, quien era considerado como el más importante defensor de Derechos Humanos en Colombia, lo atacaron con arma de fuego y lo asesinaron. En el momento de su asesinato Eduardo Umaña llevaba el caso de las víctimas de los desaparecidos en la Retoma del Palacio de Justicia ocurrida el 5 de noviembre de 1985. Por esta defensa, Umaña recibió muchas amenazas a lo largo de su vida; según Jorge Molano, abogado representante de la familia Umaña, el jurista denunció con nombre propio las amenazas de las que fue víctima cuando adelantaba su defensa por los derechos humanos. “El denunció un mes antes de su muerte cómo existía un plan en el que estaban vinculados personal de la Fiscalía General de la Nación, el CTI y de las brigadas 13 y 20 del Ejército Nacional”, explicó Molano a Blu Radio. El proceso Como en la novela inconclusa de El Proceso de Franz Kafka, la investigación ha tenido un gran número de obstáculos para encontrar la verdad sobre quiénes estarían implicados en el crimen del abogado Umaña. “En los primeros años lo que ha sucedido, como ha pasado con los grandes crímenes de la década de los 80 y 90, es que las autoridades de la Fuerza Pública se encargaron de desviar la investigación con la clara intención de favorecer a los victimarios”, precisa Molano. Dice que se quiso relacionar a bandas del crimen que no tenían relación con el mismo, lo cual permitió que las personas que Eduardo Umaña había denunciado siguieran con “total tranquilidad y cobijados con la impunidad”. Lo que sí está claro es que después de 19 años la investigación ha permanecido en la etapa preliminar y solo hasta hace poco la Fiscalía ordenó vincular como uno de los autores del crimen a Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’. Molano insiste que en general lo que se observa es que las responsabilidades de los agentes del Estado que el abogado Eduardo Umaña denunció “con nombre propio” sigue sin establecer y gran parte de la información para lograr la verdad sobre este crimen, “la Fuerza Pública sigue ocultándola”. El caso ante la CIDH Según el jurista, el caso fue transmitido por la familia del entonces abogado Eduardo Umaña Mendoza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Esperamos que este acto motive a las autoridades de Colombia a impulsar con mayor celeridad la investigación”, precisa. Preocupa que la Justicia Especial para la Paz se convierta en “una piñata” Jorge Molano señala que como defensores de Derechos Humanos les preocupa que la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz resulte convertida en un festín o una piñata de impunidad. La anterior afirmación se debe a los beneficios que podría recibir ante la JEP el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales condenado dentro del proceso de la retoma del Palacio de Justicia. “Personas que se vean beneficiadas con medidas de libertad sin que hayan contribuido en nada con la verdad y sin que hayan aportado para nada en relación con los crímenes que han sido procesados o condenados. Vemos que es un hecho grave”, explica. Las amenazas a los testigos y los exilios En sus inicios de este caso testigos del hecho reportaron ante las autoridades ser víctimas de amenazas, seguimientos y escuchas telefónicas. “Varias de esas personas debieron abandonar el país y hoy permanecen fuera del mismo sintiendo que no existe garantías de protección y de seguridad por parte de las autoridades”, sostiene Molano. Según la defensa de la familia Umaña, el último obstáculo que han encontrado “es del Ministerio de Defensa, entidad que ha entrado en un juego del ocultamiento de los archivos que permiten conocer la verdad”.
Los abogados aseguran que se tienen en cuenta ataques sistemáticos contra los defensores de derechos humanos entre los años de 1988 y 1997 durante los cuales se reportaron 729 agresiones en total, 568 son asesinatos, 62 desapariciones forzadas y 65 amenazas, entre otros crímenes. “Con el asesinato de Eduardo Umaña Mendoza se pretendía acallar, destruir e inmovilizar al movimiento de derechos humanos, por parte de agentes del Estado, de los cuales ya Eduardo había revelado su identidad”, afirmaron los abogados Germán Romero y Jorge Molano. Agregaron que también solicitaron a la Fiscalía que “las investigaciones también se dirijan en contra de los integrantes del Ejército Nacional, Departamento Administrativo de Seguridad y Policía Nacional”. Umaña Mendoza fue asesinado el 18 de abril de 1998 en su apartamento por dos hombres y una mujer que se hicieron pasar por periodistas. Por el crimen solo ha sido condenado el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil como autor intelectual del crimen.
