En un documento de 70 páginas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura contra el exrepresentante a la Cámara Gustavo Puentes porque se benefició de su posición para que personas cercanas terminaran con bienes incautados por la Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE.A esta decisión, el alto tribunal también ratificó la condena de cinco años y siete meses de cárcel contra el excongresista de Cambio Radical, por utilizar su cargo como representante (2008 - 2010) ante la entidad mencionada.La investigación adelantada por la Corte determinó que Puente es responsable del delito de tráfico de influencias, al beneficiarse de la Dirección Nacional de Estupefacientes y designar depositarios de una empresa conocida como Inmunizadora Maderas de Oriente para manejar la situación a su antojo.“Utilizó indebidamente sus influencias derivadas del cargo en provecho propio y de terceros, ante los funcionarios directivos de la Dirección Nacional de Estupefacientes – Carlos Salvador Albornoz Guerrero y Omar Adolfo Figueroa Reyes – para lograr la designación de Tomás Alfonso Zambrano Avella y Eduardo Salcedo Velosa, como depositarios de la Inmunizadoras de Maderas del Oriente (I.M.O.), obteniendo a cambio, de manera indebida, beneficios económicos que fueron destinados a su campaña electoral”, explicó el tribunal en la decisión.La conclusión de ese caso se obtuvo luego de que la Fiscalía 28 de la Unidad para la Extinción del Dominio dejó a disposición los de la Dirección Nacional los bienes de un ciudadano español conocido como Manuel Abjó, entre ellos, la Inmunizadora de Maderas de Oriente en Tunja, Boyacá que terminó en los hilos del excongresista Puentes.
En la historia de Colombia, la presencia del narcotráfico y de bandas criminales ha estado muy marcada por diferentes hechos. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha jugado un papel fundamental en la lucha contra la delincuencia en Colombia, pues cuando las autoridades interceden e incauta bienes terminan en sus bodegas para ser vendidos o rematados.Sin embargo, una investigación de Los Informantes, de Caracol Televisión, reveló que las lujosas pertencias que descansan en las bodegas de la entidad se han visto manchadas por hechos de corrupción dentro de los integrantes de la SAE. En conversación de Nena Arrazola con autoridades de la SAE, la periodista recorrió el interior de las bodegas de la entidad en donde encontró bienes de protisbulos, como el Forty Nine, de la localidad de Chapinero, e incluso cuadros de narcotraficantes que reposan en el Museo Nacional."Tenemos partes de las mesas de 'La Monita Trechera'. Partes de la casa de Justo Pastor Perafán; las sillas y el comedor que estaban en el apartamento del Polo Club (...) Tenemos neveras, congeladores, por desalojos de carnicerias", contó Óscar Parra, técnico de la SAE.En las oscuras bodegas de la SAE reposan bienes de narcotráficantes, como el reconodio Pablo Emilio Escobar, jefe del extinto Cartel de Medellín, pues en la entidad está uno de sus autos de lujos.Sebastián Caballero, vicepresidente juridico de la SAE, hizó un balance del valor total de los bienes que se encuentran en las bodegas y aseguró que el total daría mucho más al país que lo que se espera recaudar con la reforma tributaria. "Cuando nos entregan a nosotros, en el empalme nos hablan de 8 billones, se hicieron unas revisiones posteriores y ya se hablaba de 10, la Fiscalía General habla de más de 15", informó.Por desgracia, Caballero reveló que la venta de estos bienes no ha sido efectiva a lo largo de los años, pues muchos políticos y funcionarios han usado estas bodegas como su "caja menor" e incluso se han repartido algunos de ellos para sus propiedades.Le puede interesar: 'El Camerino'
Este miércoles, Mañanas Blu cuando Colombia está al aire reveló un estudio de la Contraloría General de la Nación, oficialmente concluido el 22 de julio de 2022 y que tiene una extensión de 126 páginas, en el que queda claro que no existe un inventario real y que el existente está desactualizado. Adicionalmente, en muchos casos, nadie sabe dónde están los bienes.A la escandalosa incertidumbre, se suma que muchos procesos pueden tardar en resolverse en la Fiscalía o en los tribunales hasta 20 años y que cada proceso le cuesta al país a rededor de 60 millones al año.Datos escandalososEl mismo estudio revela datos escandalosos en el precio de los arrendamientos de los inmuebles en poder de la SAE. Según el reporte, en 2021 se alcanzó un recaudo de $106.468 millones.Sin embargo, no se entiende cómo la SAE calculó este valor porque la entidad no tiene registrado el avalúo comercial para el 77,43% de los bienes inmuebles; es decir, para 21.946 propiedades de un total de 28.343 reportadas.Lo peor es que hay casos en los que los avalúos, en su mayoría de casas y lotes, no superan los $100.000 pesos. Esto se evidenció en 88 registros que demuestran por ejemplo que una finca de 112 hectáreas está avaluada en $64.000 o que un lote con construcción de 780 m² está $4.300 pesos.En la larga lista de inconsistencias, por decir lo menos, un lote urbano sin construcción y en buen estado, de 99,48 m², aparece registrado por $1.318 pesos. Un garaje de 12 m² en buen estado, localizado en el sector de Unicentro Bogotá, aparece avaluado en $35.000.Todos estos casos evidencian que la información que aparece en el inventario no es confiable.Sin embargo, hay más datos escandalosos: con corte a diciembre de 2021, solo se había extinguido $2,14 billones de pesos que corresponden a 6.383 registros. Esto quiere decir que solo el 10,54% de los 60.562 registros que en total tiene la SAE surtieron proceso de extinción de dominio. La compleja realidad hace casi imposible la monetización de los bienes, para que puedan ser utilizados por el Gobierno en programas sociales.DepositariosEn cuanto al tema de los depositarios, la misma SAE incumple de acuerdo con el estudio en cuanto a sus políticas institucionales en materia de asignación de depositarios. Por ejemplo, cinco depositarios superaron en 2021 el tope de 600 bienes inmuebles establecido por la SAE.De acuerdo con el estudio, la propia SAE es depositaria de de 4.940 bienes; es decir el 17,43% del total de bienes inmuebles, pero hay otras empresas como Consultores Santo Domingo que administra 802 bienes, Andrés Mejía Cadavid 713 bienes, Sersigma SAS administra 696 bienes, Báltico Ingenieria SAS administra 686 bienes inmuebles y Inmobiliaria Alianza Group SAS 654 bienesDe ahí hacia abajo, en el listado, ya están dentro de las políticas de la SAE, de 600 bienes inmuebles; entonces, aparecen depositarios con esa cifra hasta 400 bienes en promedio.NegociazosEsa misma situación ocurre con las sociedades porque el 23% de sus depositarios o sea 24 en total, superaron el tope de cinco sociedades establecidas por la propia entidad.Por ejemplo, para 2021, Mario Ernesto Gómez Melo tenía asignadas 10 Sociedades; Numa Alonso Zambrano Suárez, tenía 9; Carlos Alberto Sánchez Escobar, Coempresa S.A.S. y Karim Perea Perea, tenían 8 cada una. En general, 24 depositarios o sea el 23% del total superaron las cinco sociedades asignadas.No obstante, tampoco es confiable pues muchos de los registros, de acuerdo con el estudio, contienen cifras distintas cada año sobre el mismo depositario.La elección de depositarios sí pareciera transparente, porque la SAE generó un sistema que selecciona de manera automática a los depositarios provisionales, previa inscripción en el Registro Único de Depositarios Provisionales de esa SAS. Los requisitos para la participación en las convocatorias públicas, de personas naturales y/o jurídicas interesadas, se hace mediante la plataforma tecnológica dispuesta por la SAE. Este aplicativo garantiza los principios de igualdad y transparencia según el informe, además de realizar el análisis de las solicitudes y la verificación de cumplimiento de requisitos mínimos.Cifras para llorarEl estudio de la Contraloria remata con unas cifras para llorar, las de los ingresos obtenidos frente a los recursos generados por la actividad ilegal y especialmente el narcotráfico. Según el informe, el peso de la economía ilegal, con base en cálculos de expertos, oscila entre el 1% y el 2,3% del PIB; es decir un estimativo de entre los 33 y los 78 billones de pesos en 2021. Por lo tanto, en tan solo ese año se recibieron 1.83 billones de pesos, que en el mejor de los casos representa el 5.4% de lo que en teoria mueve la economía ilegal en Colombia.Para rematar, se reportaron 273.523 millones de pesos de los 550.000 millones o sea el 50% de total sobre los cuales el control y seguimiento es inexistente.Asi las cosas el inventario consignado en el estudio a diciembre de 2021 es de 6.677 lotes, 5.082 casas, 3.743 garajes, 3.597 fincas, 3.282 apartamentos y 2.184 locales comerciales y 3778 correspondiente a otros inmuebles. Los bienes en su mayoría están ubicados en: Valle, 7.550; Antioquia, 4.369; Bogotá, 2.777; Cundinamarca, 1.684; Meta, 1.343; Córdoba, 1.318; Atlántico, 1.227; y 8.075 en otros departamentos del país.Conozca el estudio de la Contraloría acerca de los bienes de la SAE:
El juzgado 4 de conocimiento de Bogotá condenó a 23 años de prisión al exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Luis Fernando Sáchica Méndez, salpicado en el escándalo de corrupción sobre los manejos irregulares de los bienes de la mafia, el cual llevó a la liquidación de la DNE.Sáchica fue condenado a 23 años de prisión, una multa de 407 millones de pesos y una inhabilidad de 283 meses para ejercer cargos públicos, como responsable del delito de peculado por apropiación. Además, el juzgado ordenó su captura inmediata.La Fiscalía logró demostrar que el exmagistrado, siendo subdirector de bienes de la DNE en 2008, cometió irregularidades para entregar bienes incautados.El abogado del exmagistrado, Iván Cancino, apeló la sentencia por lo que la decisión final sobre la condena queda en manos del Tribunal Superior de Bogotá.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
El exjefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, Carlos Albornoz fue condenado por el juzgado 37 de conocimiento de Bogotá a 19 años de prisión como responsable del delito de peculado por apropiación, por las irregularidades en la venta del centro comercial Villa Country de Barranquilla. Además, le impusieron una multa de 5.336 millones de pesos.“La conducta de este alto funcionario, del cual se esperaba ejerciera una correcta, es el producto de la descomposición social y pérdida de valores. Resulta más que justificada la sanción tanto que la conducta punible desplegada es de gran lesividad al punto que arruina la imagen de los funcionarios y crea desconfianza e inseguridad en la sociedad”, sentenció el juez.Argumentó el juez que el caso del centro comercial Villa del Country representó un detrimento patrimonial de 22.250 millones de pesos.“La acusación señala un ilícito acuerdo llevado a cabo por Albornoz y el señor Camilo Bula, como depositario liquidador de esa entidad, y ahí mismo, las inmobiliarias, ‘avaluadores’ y compradores de los bienes inmuebles referidos, tendientes a subvaluar los bienes, venderlos a precios irrisorios distantes del verdadero valor comercial, lográndose un detrimento patrimonial estatal y el beneficio económico de los partícipes en la venta, con el beneplácito del aquí procesado, al no ejercer control ni vigilancia sobre la venta del centro comercial Villa del Country y permitir que fuera adquirido fraudulenta por Inversiones Eliat Ltda representada por Leo Eisenband, por debajo del valor catastral y muy por debajo de su valor real comercial. Detrimento precisado por 22.250 millones de pesos”, dijo el juez.Añadió el funcionario judicial que, Albornoz, no cumplió su deber de vigilar y controlar la administración de los bienes incautados a la mafia.“El doctor Albornoz tenía la obligación legal de vigilar y controlar la administración de los bienes en Barranquilla y el actuar del liquidador. No se puede aducir que esto fue un acto ajeno a su voluntad y que el único responsable es Bula Galeano cuando, claramente, él mismo no podía realizar las tropelías que ejecutó sin el concurso consciente y relevante del doctor Albornoz”, explicó el juzgado.La defensa del condenado, Milderd Hartman, apeló la decisión del juez por lo que queda en manos del Tribunal Superior de Bogotá la determinación sobre si ratifica o modifica la condena.Responsabilidades de la Fiscalía por preclusión de delitosEl funcionario judicial aseguró que los fiscales que pasaron por este proceso fueron culpables, presuntamente, de dilaciones que llevaron a que precluyeran la mayoría de los delitos.A pesar de la prescripción de los delitos, se tuvieron en cuenta las conductas en contexto para la sentencia, el juez argumentó: "el hecho que prescribieran varios delitos no quiere decir que no se hubiesen configurado”, señaló.
Un juzgado de conocimiento de Bogotá absolvió al exdirector de la DNE Carlos Albornoz del proceso que le llevaba la Fiscalía por el manejo irregular en el manejo de bienes de la mafia.Este proceso es por la venta del predio Jesús del Río, ubicado en el municipio de Zambrano, Bolívar, que le fue decomisado a un testaferro de Pablo Escobar.Le puede interesar: Niño con síndrome de Kawasaki en Colombia no tiene relación con COVID-19El juez dijo que la Fiscalía no pudo probar la responsabilidad de Albornoz en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y obtención de documento público falso.En agosto del 2018 Albornoz fue hallado inocente de otro proceso que tenía por supuestos actos de corrupción en el manejo de bienes en proceso de extinción de dominio. Específicamente, con uno denominado Granja 32, una propiedad ubicada en el municipio de Cota, Cundinamarca, e incautada a la mafia.Sin embargo, Albornoz continúa siendo investigado por un tercer proceso relacionado con su paso por la DNE.
Después de casi cinco años de juicio, el juez 33 penal de conocimiento de Bogotá absolvió al exdirector de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) Carlos Albornoz Guerrero en medio de la investigación en su contra por el manejo irregular de bienes en proceso de extinción de dominio. El juez no creyó en la tesis de la Fiscalía en la que indica que Albornoz había recibido millonarias coimas para favorecer a varios depositarios a los que se entregaron bienes incautados a narcotraficantes. Por ejemplo, el exfiscal y depositario Camilo Bula, dijo a la justicia que, en el 2009, se habrían acordado pagos por la venta irregular del centro comercial Villa Country en Barranquilla.Vea aquí: Fiscalía imputó cargos al general (r) Jaime Esguerra por corrupción en contratación Por los hechos, la Fiscalía lo había acusado a Albornoz de los delitos de interés indebido en la celebración en contratos, obtención de documento falso, fraude procesal y peculado por apropiación. Albornoz ya estaba libre por vencimiento de términos y, aunque esta decisión finaliza a su favor en el sentido de que cesa la acción penal en su contra por estos casos, enfrenta otro proceso por la adjudicación irregular de bienes.
La Corte Suprema de Justicia archivó la investigación que cursaba en contra del senador y actual presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, por el escándalo de los bienes de la mafia a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).Andrade era señalado de mover influencias para que se le otorgaran 19 predios administrados por la DNE a personas de su círculo personal. Sin embargo, el alto tribunal no encontró pruebas para continuar con el proceso.Andrade tiene pendiente una investigación en la Corte Suprema por su presunta participación en el escándalo de los sobornos del cartel de la toga. Lea también: Con Vargas Lleras no hay embarazo, es relación política de 16 años: Hernán AndradeEn este caso se le acusa de haberle pagado $2.309 millones al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno para salir bien librado de su proceso judicial.Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:-La Corte Suprema avaló la extradición a Estados Unidos de alias ‘Rocho’, un narco que había intentado colarse en las listas de los desmovilizados de las Farc.-El Gobierno ordenó a todos las concesionarias del país que operan los peajes en Colombia, implementar el servicio electrónico a partir de 2019.-Francia demandará a las gigantes de las comunicaciones Google y Apple.-Desde el Concejo de Bogotá insisten en que los alcaldes locales deben ser elegidos por voto popular.-Se suspendió la audiencia contra el excomandante de la Policía del Huila, coronel Óscar Pinzón, por el supuesto acoso sexual a una subalterna.
El juez 49 con función de garantías dejó en libertad a Carlos Albornoz, el exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, quien está señalado de actos de corrupción por la entrega de bienes a un grupo de particulares a cambio de una millonaria comisión. De acuerdo con su abogado defensor, Carlos Gómez, la Fiscalía ha hecho múltiples aplazamientos a las audiencias y desde septiembre de 2013, cuando fue detenido en Cespo, no se han presentado mayores avances en la investigación. "Sí, él quedó en libertad. Se le sustituyó la medida de aseguramiento con detención preventiva por otras no privativas de la libertad, con la prohibición de salir del país y tener que pagar una caución", aseguró el abogado. Le podría interesar: En libertad el exdirector de la DNE por vencimiento de términos Albornoz fue imputado por la Fiscalía por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal, peculado por apropiación y obtención de documentos falsos. Cabe recordar que el pasado 13 de julio, este mismo juez había negado la libertad por vencimiento de términos a Albornoz debido a un error de su abogado defensor quien pidió una sustitución de medida de aseguramiento no privativa de la libertad, en lugar de argumentar la libertad por vencimiento de términos. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El juzgado 22 de control de garantías concedió la libertad al exdirector de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes Ómar Figueroa bajo el argumento de que completó más de dos años sin que la Fiscalía avance en el proceso que lleva en su contra. El juez se basó en el artículo 307 de la ley 1760 que otorga la libertad a reclusos que lleven más de dos años sin que su situación jurídica se haya definido. Le puede interesar: En libertad Adolfo Figueroa Avella, padre del exdirector de la extinta DNE Desde 2011 Ómar Figueroa permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá y se le investiga por los presuntos delitos de prevaricato por acción, concusión, peculado, fraude procesal, falsedad ideológica y concierto para delinquir. Según el ente acusador, presuntamente sacó provecho de los bienes y recursos incautados a la mafia.
