En respuesta a una carta enviada al presidente Gustavo Petro, en la que se exigía una aclaración respeto al uso de ‘Pegasus’ o tecnología similar en Colombia, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) negó que existiera algún registro en documento que evidencie que se haya adquirido este software espía para el desarrollo de actividades de inteligencia.“La Dirección Nacional de Inteligencia realizó las respectivas verificaciones al interior de la entidad sobre la posible existencia del software en mención, frente a lo cual no se evidenció ningún documento contractual o financiero en el que conste que se haya adquirido para el desarrollo de las actividades misionales en el cumplimiento de alguna de las funciones legalmente atribuidas a esta Entidad”, indica el documento.>> Lea también: Petro ante tutela por alocución sobre Pegasus: "Al presidente no se le puede acorralar"La DNI argumentó la respuesta en que no realiza sus actividades individualizando, como objetivos para la recolección de información de inteligencia, a las personas naturales o jurídicas, por lo que negó entonces que se haya hecho algún tipo de seguimiento o interceptación, a pesar de la alerta emitida por el propio presidente Petro en una alocución el pasado 4 de septiembre, en la que argumentó que este software fue usado durante el Gobierno Duque.“Sus actividades (las de la DNI) van direccionadas a fenómenos que puedan afectar los bienes superiores protegidos por el Estado”, indicó la Dirección Nacional de Inteligencia en el documento, en el que, además, menciona que la entidad desarrolla actividades de inteligencia y contrainteligencia atendiendo únicamente los requerimientos y prioridades que se le asignan como responsable en el Plan Nacional de Inteligencia.El documento en el que la DNI niega la existencia de ‘Pegasus’ en sus registros se da unos días después de que el Consejo de Estado admitiera una tutela, tras la cual fijó un plazo para que el presidente Petro, en un plazo de dos días, entregara las pruebas de la compra del software espía Pegasus durante el Gobierno de su antecesor, el expresidente Iván Duque.“Al presidente no se le puede acorralar en sus decisiones legales y constitucionales. No hay un discurso oficial que prescribir contra la personalidad libre del ser humano. El presidente habla y actúa con libertad porque los seres humanos solo somos libres en una democracia. Al voto popular se le respeta”, respondió el presidente Petro al Consejo de Estado.
Tal como adelantó Blu Radio, Egmont Group confirmó que suspendió el acceso de Colombia a la información confidencial y secreta que intercambian 177 países sobre lavado de activos y terrorismo, tras la divulgación no autorizada por parte del presidente Gustavo Petro de información de una de las agencias sobre la presunta compra del software espía Pegasus durante el Gobierno de Iván Duque.Egmont Group, considerada como la Interpol financiera, es una importante organización internacional de cooperación e intercambio de información financiera de inteligencia para combatir el lavado de activos y el terrorismo.Esta suspensión es consecuencia de la divulgación de información confidencial, el pasado miércoles 4 de septiembre, por parte del presidente Gustavo Petro relacionada con el software Pegasus.>>> Lea también: Director Policía sobre Pegasus: "Creamos investigación interna, estamos abiertos a apoyar""Debido a las recientes acciones que involucran a Colombia y la divulgación no autorizada de información proporcionada por uno de nuestros miembros, los Jefes del Grupo Egmont de FIU han confirmado la suspensión del acceso de Colombia a Egmont Secure Web (ESW), que es la red segura utilizada por nuestros 177 miembros para intercambiar información relacionada con el lavado de activos, delitos predicados asociados y financiamiento del terrorismo", informó el Grupo Egmont en un comunicadoEl presidente Petro mencionó que $11 millones de dólares en efectivo fueron entregados a la firma NSO Group en Tel Aviv, una información que fue considerada confidencial y que se había entregado a través de los mecanismos del Egmont Group.Según informó el Grupo Egmont, esta medida de emergencia permanecerá vigente mientras se evalúa más a fondo la situación de acuerdo con los procedimientos internos.
El director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, aseguró que luego de las investigaciones que se han realizado no hay registros de la compra del software Pegasus, esto luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara la adquisición de este para realizar chuzadas.Así lo advirtió Jorge Lemus al término de un debate de control en la Comisión Segunda del Senado. La historia surge luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara durante una alocución presidencial que el programa fue adquirido por la Dirección de Inteligencia Policial por 11 millones de dólares en el Gobierno de Iván Duque, esto con el fin de realizar laborales de espionaje de celulares de cualquier tipo.“Hemos hecho investigaciones y no hemos encontrado ningún indicio”, dijo Lemus.Sin embargo, Lemus afirmó que en la entidad se avanza en investigaciones que arrojan indicios de chuzadas, pero no necesariamente a través de Pegasus. Dentro de esto también se refirió al caso del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que fue foco de labores de inteligencia ilegales por parte del Estado y que le costó a Colombia una sanción de la Corte IDH.En este debate, el general William Salamanca, director de la Policía, aseguró que adelantan las investigaciones internas con la Dirección de Inteligencia con miras a apoyar las labores que adelanta la Fiscalía General de la Nación. “Una vez el señor presidente hizo la denuncia, estructuramos una línea investigativa al interior de la Policía. La Policía tiene toda la disponibilidad y disposición para contribuir con lo que requiera la Fiscalía. Estamos abiertos a apoyar estas investigaciones. La más interesada es la institución que yo dirijo, que se encuentre si esté aplicativo o software estuvo, que se esclarezca y se conozca la verdad”.Por su parte, dicho proceso, según Lemus, confirma que en el país se han presentado chuzadas ilegales. Pero por ahora se desconoce si fue por medio de Pegasus, que habría sido adquirido por el Estado durante el gobierno de Iván Duque, según la denuncia del presidente Gustavo Petro.
A pesar de que el Consejo Nacional Electoral aplazó hasta el próximo 30 de septiembre la decisión sobre si formula o no cargos contra el presidente Gustavo Petro por la presunta violación del tope de gastos en la campaña de 2022, el Gobierno insiste en que hay un golpe de Estado en curso y por eso ha decidido movilizar sus bases a las calles este jueves 19 de septiembre.En ese contexto, además de agitar a los sectores petristas para que salgan a manifestarse, el presidente Gustavo Petro ha vinculado a su narrativa, dos asuntos clave que han contribuido a enrarecer el ambiente político en el país: la supuesta adquisición del software espía Pegasus por parte del gobierno del expresidente Iván Duque y la instrucción a las Fuerzas Militares y de Policía para que, en sus palabras, “no apunten las armas contra el Pueblo”.En el caso de la presunta compra del Spyware israelí Pegasus, que según el presidente Gustavo Petro habría sido adquirido para adelantar seguimientos contra los jóvenes en el marco del “estallido social” de 2021, en las últimas horas la Dirección de Inteligencia de la Policía, Dipol, respondió un derecho de petición asegurando que en esa dependencia “no se cuenta con procesos contractuales, equipos o software Pegasus” y agrega que “no se ha destinado o asignado ningún rubro para la adquisición del mencionado software”.Sobre Pegasus, esta semana se debe definir si Colombia definitivamente es retirado del Egmont Group tras la revelación que hizo el presidente Gustavo Petro de un informe reservado de las autoridades israelíes, que daría cuenta de la supuesta compra clandestina de ese software con dinero en efectivo. En ese escenario, incluso desde la Presidencia algunos funcionarios expertos en inteligencia como René Guarín aseguran que según las normas, el director de la UIAF debió haberle entregado al Presidente un informe con el análisis del informe israelí, y no el documento en bruto.Frente a la instrucción a las Fuerzas Armadas y de Policía para que no apunten sus armas contra el Pueblo a pocas horas de las protestas convocadas por el Presidente Petro contra un supuesto “golpe de Estado” en su contra, llama la atención que coincida con la directiva 0001 de 2024 firmada por la fiscal General Luz Adriana Camargo, que ha generado controversia por la ampliación de garantías para los manifestantes, incluso para quienes bloqueen vías, irrespeten la autoridad policial o participen en “alteraciones del orden público disruptivas”.Las conclusiones de los dos nuevos escenarios de confrontación que plantea el presidente Petro tendrán definiciones prontas: en el caso del software Pegasus, la Fiscalía tendrá que contarle muy pronto al país si se hizo o no la compra y en caso de que se haga, tendrá que decir quiénes fueron los responsables.En el caso de la directiva 0001 de la Fiscalía, la prueba de fuego para su aplicación será la protesta del 19 de septiembre, convocada por el presidente Petro y en la que más allá de las directrices de la fiscal General, la justicia y las autoridades deben velar por el respeto de los derechos de quienes no participen de las manifestaciones.
Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, informó en Mañanas Blu que Colombia fue suspendida temporalmente del Egmont Group, una importante organización internacional de cooperación e intercambio de información financiera de inteligencia para combatir el lavado de activos.Esta suspensión es consecuencia de la divulgación de información confidencial, el pasado miércoles 4 de septiembre, por parte del presidente Gustavo Petro relacionada con el software Pegasus.¿Qué es el Egmont Group?El Egmont Group fue creado en 1995 y está conformado por una decena de entidades gubernamentales dedicadas al análisis de información financiera y la prevención del financiamiento de actividades ilegales a través del lavado de activos. Este grupo tiene altos estándares de gobierno y seguridad, y Colombia ha sido uno de sus miembros hasta la reciente suspensión.Según Ospina, la causa de esta suspensión está directamente relacionada con la revelación hecha por el presidente Petro sobre la presunta adquisición del software de espionaje Pegasus durante el Gobierno del expresidente Iván Duque. Petro mencionó que $11 millones en efectivo fueron entregados a la firma NSO Group en Tel Aviv, una información que fue considerada confidencial y que se había entregado a través de los mecanismos del Egmont Group.Esta suspensión temporal, que podría verse como una sanción, es consecuencia de la infracción de los estrictos estándares de confidencialidad que el Egmont Group exige a sus miembros. Según el manual corporativo del grupo, cada país miembro debe ser capaz de proteger la información clasificada que recibe, incluyendo aquella proveniente de otras unidades de inteligencia financiera.El presidente Petro, al revelar un memorando confidencial, ya sea de inteligencia suiza o israelí, habría violado la ley de inteligencia de Colombia, específicamente el artículo 38, que establece el compromiso de confidencialidad por parte de los servidores públicos que reciben información de inteligencia, según opinó en Mañanas Blu el panelista Daniel Mejía.
El presidente Gustavo Petro anunció este viernes, 26 de julio, la renuncia de Carlos Ramón González como director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DIN). La decisión fue comunicada a través de un mensaje oficial en X, en el que el mandatario se refirió a los procesos judiciales y el funcionamiento del sistema de justicia del país. Según indicó, “lo más apropiado era su separación del cargo”; aseguró que con esto se busca dar tranquilidad en el proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).“Acepto la renuncia de Carlos Ramón como director de la Dirección de Inteligencia Nacional. Su posición como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier proceso judicial y con el funcionamiento mismo del sistema de justicia del país. Para asegurar la tranquilidad de fiscales y jueces, para preservar su independencia y buen criterio, así como para facilitar la defensa legal de Carlos Ramón, consideramos que lo más apropiado es su separación del cargo”, expresó el presidente Petro en su declaración.Cabe recordar que, entre los hechos relevantes que expuso la Fiscalía en la imputación al exdirector de la UNGRD Olmedo López, al exsubdirector Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, alias 'El Pastuso', Ramón González fue mencionado como quien habría dado la orden de entregar contratos por 60.000 y 10.000 millones de pesos al expresidente del Senado Iván Name y Andrés Calle, de la Cámara. Aunque este dinero no se entregó en su totalidad, si habrían sido desembolsados 3.000 millones para Name y 1.000 para Calle.Justamente, este 25 de julio, el funcionario se pronunció al respecto y aseguró que su inocencia era irrefutable: "Ante los recientes hechos relacionados con la UNGRD, me veo en la obligación de aclararle a la opinión pública que mi inocencia es irrefutable. Jamás he ordenado a alguien cometer delito alguno", se lee en el comunicado.Así repartieron $14.000 millones de sobrecostos de carrotanques en La GuajiraDurante la audiencia de imputación, los fiscales designados detallaron cómo se desarrolló parte del entramado de corrupción. Según explicaron, Olmedo López habría recibido la orden de Carlos Ramón González de entregar el pago de coimas a Calle y Name. Asimismo, que se direccionaron contratos en tres departamentos con los dineros que fueron girados por parte del Ministerio de Hacienda.“Olmedo López designó un presupuesto de 100.000 millones de pesos para la compra de los carrotanques (…) De ahí salieron los dineros para Iván Name y Andrés Calle, usted, Sneyder Pinilla, recibió un 1 % del contrato y Luis Eduardo López un 13 % de esa licitación”, dijeron las fiscales del caso.
En respuesta a los señalamientos sobre posibles interceptaciones de comunicaciones dirigidas a magistrados de las altas cortes, la Inspección General de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) emitió un comunicado en el que niega cualquier implicación en dichas actividades. Asegura que las prácticas de inteligencia y contrainteligencia de la DNI se realizan respetando los derechos humanos y sin habilitación legal para interceptar comunicaciones.Además, habla de varias investigaciones: una primera que se inició en febrero de este año tras recibir información sobre la posible interceptación de comunicaciones a magistrados, incluyendo inspecciones tecnológicas y entrevistas con agentes de inteligencia. Según el comunicado, no se hallaron pruebas de equipos de interceptación ni de información relacionada con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.El comunicado también aborda las acusaciones del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibañez, sobre la posible interceptación de sus dispositivos de comunicación y de sus colaboradores, así como preocupaciones similares expresadas por dignatarios de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Inspección General abrirá verificaciones respectivas en estos casos.Asimismo, se investiga la posible implicación de la DNI en la adquisición del malware de espionaje Pegasus por el Gobierno colombiano en 2020, como reportó el periódico israelí Haaretz. La Inspección General remitió esta información a la Fiscalía General de la Nación.El comunicado concluye: "El señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, ordenó a la Inspección General que se verificara el cumplimiento estricto de la ley de inteligencia".
En diálogo con Néstor Morales, el senador de Cambio Radical David Luna expresó serias preocupaciones sobre las prácticas de interceptación y seguimiento, aparentemente, realizadas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Luna comparó la situación actual con las operaciones del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el Gobierno de Álvaro Uribe y argumentó que los métodos y objetivos siguen siendo los mismos.David Luna inició el debate sobre las chuzadas debido a dos factores principales. Primero, mencionó una serie de informes y denuncias recibidas en su oficina desde el año pasado, tanto presencialmente como de manera anónima.Tres formas de chuzadas, según David LunaLuna detalló tres formas principales de seguimiento identificadas:Interceptación de mensajería instantánea: según informes, la DNI ha adquirido equipos tecnológicos para interceptar aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Signal.Seguimientos a periodistas, militares retirados y opositores: se denunció que la DNI alquila inmuebles cerca de las residencias de estas personas para vigilarlas.Operación Orión: una operación coordinada entre varias entidades del estado para perfilar a diferentes personas.Denuncias y respuestas evasivas sobre chuzadasDurante el debate en el Congreso, Luna solicitó al director de la DNI, Carlos Ramón González, responder a una serie de preguntas bajo juramento. Sin embargo, las respuestas fueron evasivas. "Lamentablemente sus respuestas dejaron mucho que desear, porque a todas las preguntas dijo no, pero sí, yo no, pero no me consta lo que esté pasando en la entidad", comentó Luna.Además, el excanciller Álvaro Leyva denunció una extorsión que, según él, se pagó con fondos de la DNI y mencionó reuniones con la inteligencia venezolana. El senador Luna también cuestionó al presidente Gustavo Petro, quien en un trino reciente afirmó que la DNI no posee dispositivos tecnológicos para interceptar teléfonos privados."Nosotros preguntamos si lo habían adquirido con recursos reservados. No nos contestaron. Por eso el contralor general de la República manifestó haría una auditoría sobre los gastos reservados de la DNI", señaló Luna, subrayando la falta de transparencia en el manejo de recursos y tecnologías de la entidad.Comparación con el DASLuna no escatimó en comparar la DNI con el extinto DAS. "Para el efecto eso es lo mismo hoy. Exactamente. Y es que el viejo DAS se acabó precisamente por lo que denunció en su momento el presidente Petro. Hacía perfilamientos, seguimientos, interceptaciones", explicó. La creación de la DNI fue asesorada por el gobierno inglés y tenía como objetivo evitar estos abusos, pero según Luna, no se ha cumplido con esa misión.Luna dejó claro que, a su juicio, existe una persecución política en curso. "La duda sí es muy grande y yo sí siento que acá hay persecución. Está en el ambiente, pero adicionalmente ya con denuncias puntuales, que hay interés de hacer seguimiento, perfilamiento, interceptaciones, y nadie niega categóricamente", enfatizó el senador.
