La Defensoría del Pueblo había emitido al menos dos alertas tempranas en los últimos meses sobre la posibilidad de que el conflicto entre disidencias del frente 33 y ELN escalara en la región del Catatumbo, alerta que se cumplió este jueves 16 de enero.“Lo que se está presentando en el Catatumbo es de extrema gravedad. La Defensoría había alertado varias veces y había emitido una alerta de inminencia en noviembre. Hoy tendremos que reportar su consumación”, dijo la defensora Iris Marín.Dichas alertas son la Temprana 025 de 2021 y la alerta de Inminencia 026 de noviembre de 2024, que ya incluían recomendaciones a las autoridades locales para la protección de la población civil.Hasta el momento, han sido ubicados los cuerpos de cinco firmantes de paz asesinados, pero avanzan en la verificación de otros 23 a 25 asesinatos que la comunidad ha reportado desde los territorios.La otra preocupación es precisamente el confinamiento de los habitantes de municipios como El Tarra, Hacarí, Convención y Tibú, donde la gente se encerró en sus viviendas, el comercio cerró y las clases se suspendieron.Y es que en videos grabados por los ciudadanos, se ve a hombres armados buscando a quienes serían firmantes casa por casa para luego llevárselos secuestrados y asesinarlos.“Se hace un llamado al ELN para que respete el DIH y cese de inmediato los ataques contra la población. También se deben priorizar acciones humanitarias para proteger a la población”, pidió la defensora.En la tarde de este viernes, 17 de enero, se espera la llegada del presidente Gustavo Petro a Tibú, uno de los municipios más afectados por los hechos violentos; allí liderará una reunión de seguridad.
En las últimas horas, el Ejército encontró una fábrica de artefactos explosivos improvisados de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ en el norte de Antioquia. Según las autoridades, el material pertenece puntualmente a las estructuras 18 y 36 del bloque Magdalena Medio, la última que delinque bajo las órdenes de alias ‘Firu’, uno de los cabecillas de este grupo armado criminal y quien hace poco tiempo fue nombrado gestor de paz.Sobre esto, según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hay siempre unas obligaciones que se asumen de parte de las organizaciones, teniendo en cuenta que actualmente está vigente un cese al fuego con esta facción de las disidencias; sin embargo, calificó este hecho como una clara violación al Derecho Internacional Humanitario.“No podríamos, no obstante, siguiendo los protocolos como se han convenido con esa organización, dar nosotros conclusiones sin agotar los mecanismos que dentro del proceso de verificación que está establecido en el cese al fuego y esas son las reglas que se acordaron y que nosotros respetamos”, indicó el ministro Velásquez, quien indicó que sobre todos los hechos que verifica la Fuerza Pública se presentan informes.Sobre si alias ‘Firu’ continúa o no designado como gestor de paz ante el hallazgo de este material explosivo que sería usado para atacar a la fuerza pública y la población civil, el ministro Velásquez indicó que esta es una decisión que escapa al Ministerio de Defensa y que es única del Presidente de la República.“Estos son hechos que se presentan de acuerdo con la valoración que se hace desde Fuerzas Militares o desde Policía Nacional, como incidentes al mecanismo para la verificación, pero independientemente de la actuación del mecanismo, dentro de los Consejos de Paz y Seguridad siempre Fuerzas Militares y Policía Nacional hacen el balance de los hechos que se han venido registrando de parte de esas organizaciones”, añadió el ministro.
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó al general en retiro Jaime Lasprilla Villamizar y otros 34 militares por 200 casos de ejecuciones extrajudiciales que se registraron en el departamento del Huila entre los años 2005 y 2008.Lasprilla fue comandante del Ejército entre los años 2014 y 2015. Sin embargo, la imputación se da por su responsabilidad mientras ocupó la comandancia de la Novena Brigada. Hasta el año 2007, Lasprilla reemplazó al general en retiro William Pérez Laiseca, quien también fue imputado.Los generales imputados no aceptaron su responsabilidad ante la JEP, en las últimas horas las víctimas acreditadas en el caso presentaron sus observaciones a la imputación contra los militares, en primer lugar, muestran sus reparos frente a uno de los patrones que se tuvo en cuenta para la imputación el cual es "realización de operaciones que formalmente eran dirigidas contra la delincuencia común y/o milicianos, en contravía de los lineamientos del DIH, del Didh".Según las víctimas, "por la forma en la cual fueron cometidos estos asesinatos, el patrón no debe estar definido por la mala aplicación o inaplicación de las normas del DIH y el Didh. De la información obtenida es posible afirmar que los integrantes de las unidades militares ni siquiera tenían la intención de aplicar las normas del DIH", señala el texto.En el mismo sentido, señalan que algunos de los militares no estaban combatiendo la delincuencia, sino que sabían que estaban cometiendo delitos contra civiles. Posteriormente, se refieren a la imputación de algunos militares, pues la JEP acudió a la responsabilidad de algunos de ellos por omisión, ya que se abstuvieron de tomar las medidas adecuadas para evitar que se cometieran falsos positivos."En esta oportunidad la Sala imputó responsabilidad penal individual a título de comisión por omisión en contra de tres comandantes dela BRI09: Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y William Fernando Pérez Laiseca, al considerar que estos comparecientes I) tenían una posición de garante e incumplieron los deberes que se derivan de esta posición, II) tenían capacidad material para evitar la comisión de los crímenes por parte de sus subordinados, y III) aumentaron el riesgo de perpetración de los crímenes por parte de los autores directos", señala el documento de las víctimas.Las víctimas consideran que hay incongruencias teniendo en cuenta que en las versiones a las cuales fueron citados los militares se habló sobre su trayectoria, la toma de decisiones en el Ejército y el conocimiento que tenían los uniformados sobre los crímenes cometidos, pero, no se abordaron temas de manera conjunta y otros no se abordaron, eso habría llevado a que se hablara de las ejecuciones extrajudiciales de forma general."Los hechos determinados por la Sala permiten concluir que las conductas de estos comparecientes, desde su rol como comandantes de la BRI09, más allá de no haber adoptado medidas para evitar la comisión de estos crímenes en contra de la población civil y no haber investigado, denunciado o sancionado a quienes cometieron materialmente los crímenes, estuvieron encaminadas a favorecer directamente la comisión de estos crímenes y con ello aumentar los resultados operacionales y la percepción de seguridad en el departamento del Huila", señalan las víctimas.Por otro lado, las víctimas consideran que la información recolectada por la JEP no da cuenta de que los generales Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y William Fernando Pérez Laiseca tengan una responsabilidad por omisión como comandantes de la Brigada."Por el contrario, sus comportamientos tuvieron la intención orientada a preservar, prolongar y encubrir la práctica criminal. De manera ilustrativa se trae a colación las propias conclusiones de la Sala según las cuales estos comparecientes aumentaron el riesgo de perpetración de los crímenes por parte de los autores materiales, pero no a través de conductas omisivas, sino a través de “las presiones, el sistema de incentivos y castigos para que se reportaran muertes en combate”," señala el documento.Además, los generales, según lo expuesto por las víctimas, tomaron la decisión consciente de no tramitar las denuncias para garantizar y favorecer la continuidad de los falsos positivos."Desde la BRI09 la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar muertes en combate como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no consecuencias adversas por no contribuir a la política de conteo de cuerpos" explican en las observaciones.También mencionan las versiones entregadas por algunos militares, según las cuales las presiones por resultados venían directamente del general (r) Lasprilla y otros comandantes de la Brigada."En efecto, los comandantes de la BRI09 participaron activamente en el encubrimiento de los homicidios realizados por los subordinados, así como también propiciaron explícita e implícitamente la comisión de estos crímenes, pues tenían una posición de liderazgo que les permitía ostentar el poder de mando y control, y con base en ello pudieron emitir órdenes para la comisión de los crímenes con la tranquilidad de que las mismas serían cumplidas pues, también controlaban su cumplimiento debido al dominio que tenían sobre el aparato de poder organizado y no sobre los autores directos", señalaron las víctimas.Además, en el documento explican que resulta difícil entender que la JEP en este caso no haya evidenciado la existencia de un aparato criminal en la Brigada, lo que podría llevar a sugerir que los crímenes no fueron resultado de un plan promovido por una organización, sino acciones aisladas. Al final del documento hacen algunas solicitudes a la Sala, pues, aunque reconocer que el auto y la imputación a los responsables son pasos importantes, consideran que hay elementos que deben ser modificados."Variar la imputación de Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y William Fernando Pérez Laiseca, comandantes de la BRI09, como autores a título de comisión por omisión y, en su lugar, imputarles responsabilidad como coautores mediatos de crímenes de guerra y de lesa humanidad", señalan en el documento.
Muy cerca de varias viviendas, en una vía transitada del barrio La Cañada en Anorí, Antioquia, dos personas dejaron abandonado un objeto que al ser inspeccionado se determinó que se trataba de un artefacto explosivo improvisado.El coronel José Vicente Ávila Ballén, comandante Décima Cuarta Brigada, confirmó que "tras la verificación del binomio canino constatamos que se trataba de un explosivo que fue destruido por el Grupo de Explosivos y Demoliciones del Ejército Nacional. Realizaremos las respectivas denuncias para identificar a los responsables de este acto criminal".El coronel Ávila, condenó este hecho y advirtió que si hubiera hubiera llegado a explotar, hubiera ocurrido una tragedia pues además de que varias personas viven cerca es un corredor de movilidad muy transitado.De momento se desconoce qué grupo armado estaría detrás de la instalación de este artefacto explosivo, no obstante en la zona delinquen las Disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. La Policía y el Ejército.Le puede interesar:
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió el jueves una investigación internacional tras "acusaciones extremadamente graves" de vulneraciones del derecho internacional en la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás."Las acusaciones extremadamente graves de múltiples y serias violaciones del derecho internacional humanitario, sean quienes sean sus autores, exigen una investigación rigurosa y la depuración de responsabilidades", declaró Volker Türk en una sesión informativa a los países miembros de la ONU en Ginebra.El responsable añadió que a tenor de los acontecimientos, es necesaria una investigación internacional."Allí donde las autoridades nacionales no muestran voluntad o no son capaces de llevar a cabo dichas investigaciones, y allí donde hay narrativas encontradas sobre determinados acontecimientos significativos, se necesita una investigación internacional", enfatizó.Türk dijo esto tras una visita a Oriente Medio la semana pasada, en la que advirtió que ambas partes, Israel y Hamás, estarían cometiendo "crímenes de guerra".El responsable no pudo ingresar en Israel ni en los territorios palestinos, pese a haber pedido autorización.El 7 de octubre, Hamás lanzó un ataque sorpresa en el sur de Israel en el que murieron unas 1.200 personas y otras 240 fueron secuestradas, según las autoridades israelíes.En respuesta, Israel prometió "aniquilar" al movimiento islamista, bombardeando a diario la Franja de Gaza. Más de 11.500 palestinos han muerto en esos ataques, según el ministerio de Salud de Hamás.Türk incidió en que la guerra va más allá de Gaza, y se mostró preocupado por la "intensificación de la violencia y la discriminación contra los palestinos en la ocupada Cisjordania y en Jerusalén oriental", la parte de mayoría palestina de la ciudad santa."En mi opinión, esto crea una situación potencialmente explosiva, y quiero ser claro: estamos mucho más allá del nivel de alerta inicial. Quiero hacer sonar la alarma más fuerte posible sobre la situación en Cisjordania ocupada", dijo.Le podría interesar:
Este 3 de agosto empezó el cese al fuego bilateral entre el ELN y el Gobierno nacional que se había anunciado semanas atrás. Aunque hay unos puntos que son fundamentales para llevar a cabo este proceso, en medio de lo que se ha denominado paz total, existen otros que no están del todo claros, como las formas de financiación de este grupo ilegal.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Luis Emil Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadana por la Paz y Contra la Guerra (Redepaz), dijo que esperan que “todos los actores armados se involucren en este proceso de paz” y no sea únicamente con el ELN.“Por supuesto que tenemos una gran preocupación, cómo hacer de este cese al fuego bilateral con el ELN un cese al fuego multilateral, porque hay otros actores armados que no están sentados en la mesa, la invitación es que se sienten”, recalcó.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFExtorsiones y secuestros como financiaciónSanabria también se refirió a uno de los temas que más inquietudes ha causado a lo largo de este proceso, las extorsiones y secuestro como forma de financiación del ELN, que, en su momento, revelaron no hacia parte de los diálogos.“Nosotros seguimos insistiendo en el respeto al derecho internacional humanitario, que incluye el secuestro. Seguramente la extorsión y otros delitos menores no están ahí contemplados, pero el secuestro y otras formas de agresión contra la población deben ser respetados”, puntualizó.De acuerdo con Sanabria, seguirán “exigiéndole al ELN y todos los actores armados el respeto a la población civil, organizaciones y líderes” para que el cese al fuego pueda ser eficaz y duradero.Al debate también se unió el general retirado Guillermo León, quien actualmente es presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore). Según señaló, “hay que aprender de las experiencias anteriores”, porque, añadió, “la experiencia en La Habana ha dejado muchas lecciones que hay que utilizar”.“Nuestra postura en el tema de justica al día de hoy son claras con las experiencias que tenemos. En el caso de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, sentimos desde nuestras organizaciones que no se escucharon todas las voces (…) No es una verdad completa”, aseveró sobre los procesos que, según él, no se deberían repetir en estos nuevos diálogos de paz.Vea las entrevistas completas en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
La sargento segundo Ghislaine Karina Ramírez fue secuestrada junto a sus dos hijos de 6 y 8 años por parte del ELN cuando viajaba en un carro particular hacia Fortul, en Arauca, uno de sus hijos tiene una condición de autismo. Gerardo Ramírez, padre de la sargento segundo, dijo que no tiene ninguna información sobre sus familiares y que la última vez que habló con Ghislaine fue el domingo en la noche, cuando se dirigía de Yopal a Fortul.El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, acaba de referirse al secuestro de Ramírez y asegura que es una violación al Derecho Internacional Humanitario, DIH, teniendo en cuenta que en esa zona hay presencia del ELN, Rueda le pidió a la guerrilla pronunciarse al respecto."Condenamos enérgicamente el secuestro de la suboficial del Ejército Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad en Arauca. Instamos al ELN a pronunciarse sobre este hecho violatorio del DIH y, de ser responsables, a liberar a estas personas inmediatamente" señala la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El secuestro de la sargento Ramírez se registran solo horas después del homicidio de 3 oficiales de la policía en Norte de Santander, dos en El Zulia y Uno en Tibú. Además, en horas de la noche se presentó un atentado contra una mina de carbón cerca de Cúcuta, todos estos actos violentos se registraron en zonas donde hay presencia de la guerrilla."Nos solidarizamos también con las familias de Renson García Castro, Samir José Vega Velásquez y Jerson David Cuevas Pineda, patrulleros de la Policía asesinados en Norte de Santander. Rechazamos estos crímenes. Nos duele toda muerte violenta y toda privación de la libertad", manifestó el alto comisionado para la Paz.El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también se refirió en las últimas horas a estos hechos delictivos y aseguró que un proceso de paz requiere de la aceptación ciudadana y que este tipo de situaciones generan es un rechazo por parte de los colombianos."Me incluyo entre el rechazo, espero que el ELN no solo reconozca el secuestro, sino que haga las acciones inmediatas para liberar a esta señora y a sus hijos y tratamos de conectarnos con un país que está diciendo por favor ya no más locura de guerra lo que queremos es paz", dijo Velasco.Le puede interesar
Esta miércoles, 24 de mayo, un nuevo atentado en Tibú, Norte de Santander, exactamente en el barrio Santander Bajo, ocurrió contra unidades de la Policía Nacional con explosivos mientras realizaban labores de patrullaje y control.La detonación afectó gravemente a la patrulla policial, un bus de turismo, dos motocicletas y un poste de energía eléctrica. Como resultado de este lamentable suceso, dos miembros de la fuerza policial y una mujer perdieron la vida de manera inmediata. Por este hecho, el Ministerio de Defensa ofreció más de 200 millones de recompensa para dar con los responsables de este hecho.Ante esta situación de orden público, la oficina del Alto Comisionado para la Paz se pronunció por medio de un comunicado. En este documento, la entidad aseguró que este tipo de acciones generan un ambiente de miedo y zozobra, contrario a la construcción de paz que se adelanta en esta región del Catatumbo.Asimismo, la oficina del alto comisionado aseveró que la construcción de paz se hace con "justicia social" y "ambiental" para desarrollar transformaciones territoriales, acciones que solo serán posibles, según ellos, a través de la mano de comunidades y procesos organizativos.Por otro lado, defensores de Derechos Humanos en Norte de Santander manifestaron que Tibú está entre los municipios con mayor número de líderes asesinados (19); por ende, piden protecciones a las autoridades para la comunidad, que, según ellos, enfrenta una nueva época de violencia.Cabe recordar que el 2 de abril el ELN se encontró patrullando esta zona de Norte de Santander, hecho que se dio a conocer a través de redes sociales en donde integrantes de este grupo ilegal salieron junto con menores de edad.Le puede interesar
En medio de un evento, el presidente Gustavo Petro habló sobre de diálogo que sostiene el Gobierno nacional con el ELN. Allí, el jefe de Estado aseguró que, independientemente de las negociaciones, se debe destruir la economía ilícita de este grupo. Ante estas declaraciones, el ELN aseguró que la mesa de diálogos entró en crisis y que el presidente debía explicar públicamente si la delegación de diálogos es un interlocutor válido para las negociaciones."Las declaraciones del presidente interrogan de manera pública a nuestra delegación, se cuestiona su representatividad, por tanto el Gobierno debe aclarar públicamente si esta es un interlocutor válido para adelantar el proceso de paz con el Gobierno", señaló el comando central del ELN.Asimismo, a través de un comunicado, el presidente Gustavo Petro reiteró que el ELN tiene un carácter político, como ya ha sido reconocido por el Gobierno, pero también señaló que este proceso de paz es "serio y coherente".“Las declaraciones de los últimos días son un llamado a ambas partes a ser responsables con las dinámicas del conflicto armado y con lo que está sucediendo en la vida diaria de los territorios. Como Gobierno nacional reconocemos la legitimidad de la delegación del ELN, la agenda y el apoyo de los países garantes y observadores en este proceso de diálogo", indicó el comunicado del jefe de Estado.'Pablo Beltrán', cabecilla del ELN, aseguró que los diálogos están en pausaEn las últimas horas el jefe negociador de la guerrilla, alias 'Pablo Beltrán', se refirió al momento de crisis que atraviesa la mesa tras estas declaraciones y explicó que mientras evalúan el último comunicado del presidente Petro están en pausa los diálogos en La Habana, Cuba, en donde se desarrolla el tercer ciclo."La mesa está pasando por una pausa, los trabajos que había hoy lunes los suspendimos a la espera de que hubiera la respuesta del Gobierno y quedamos de convocarnos mañana martes para estudiar, de acuerdo al estudio que se haga de las posiciones, se reactivaría la mesa", señaló Beltrán.Pero la delegación de diálogos también respondió a la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro, según la cual, el cese al fuego podría ser territorial, empezando en una zona en concreto e ir ampliando a nivel nacional.“Los conflictos son diferentes de territorio en territorio. El cese al fuego puede ser territorial, podemos escoger una región concreta, ponerle los límites de la no agresión y comenzar a hacer expandir en el espacio colombiano a través del tiempo, en la medida en que vayamos aprendiendo y consolidando las primeras regiones de cese al fuego. Escojamos una Nariño podría ser, no la impongo, discutámoslo”, aseguró el presidente Petro.En estas declaraciones alias 'Pablo Beltrán' explicó que el cese al fuego bilateral debe ser nacional."La explicación es muy sencilla, hay muchas partes donde está el ELN y está público, pero hay tantas o más partes donde el ELN está y está clandestino, eso hasta ahora no se ha pactado ninguna negociación, que yo les entregue un censo de donde está hasta el último militante y eso nunca va a pasar, lo que puedo garantizar es que si el ELN firma un cese hasta el último militante y hasta el último integrante del ELN así esté en la parte más recóndita y más secreta va a cumplir el cese", explicó Beltrán.Le puede interesar: 'Lo mejor de la semana en FPC'
Un joven de 17 años fue secuestrado por hombres armados este miércoles en el departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela, informó la Defensoría del Pueblo.El organismo detalló en sus redes sociales que el menor, identificado como Brayan Camilo Carrillo Flores, fue secuestrado en la vereda Fundadores, del municipio de Arauquita."La Defensoría del Pueblo ha tenido conocimiento del secuestro de Brayan Camilo Carrillo Flores, de 17 años de edad, en la vereda Fundadores (...) cuando hombres armados con fusiles que se movilizaban en dos camionetas se lo llevaron a la fuerza", señaló la entidad.Por ello, el organismo pidió a los secuestradores "respetar su vida e integridad y a dejarlo en libertad de manera inmediata", para lo cual puso a disposición sus "canales humanitarios"."Reiteramos nuestro llamado al respeto por los derechos de niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección", explicó la Defensoría, que recordó que en una alerta temprana advirtió de "los riesgos para los niños, niñas y adolescentes por las acciones en el marco del conflicto armado".En el convulso departamento de Arauca, el Frente de Guerra Oriental, uno de los más fuertes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), libra una guerra por el control territorial de este zona que se constituye como su principal bastión contra disidencias de las antiguas FARC.Asimismo, diversas organizaciones civiles y miembros de la comunidad internacional denunciaron la semana pasada la "alta y preocupante" situación de riesgo que la población vive a causa de la violencia entre esos grupos.Igualmente alertaron que la situación es preocupante por los enfrentamientos entre el Estado con las disidencias y el ELN.A esta situación se agrega el aumento de los desplazamientos forzados, la instalación de minas antipersonales y el reclutamiento forzado de menores de edad.¿En qué cambio se debe dejar un carro automático al estacionarlo? No lo ponga de inmediato en la 'P'
