La Corte Suprema de Justicia negó la recusación que presentó su defensa contra los magistrados que tienen en sus manos este trámite.El argumento central es que la misma corte compulsó copias para que se investigará a Diego Palacio por falsa denuncia, cuando éste los denunció ante la comisión de investigaciones y por ende estaban impedidos.El magistrado Luis Hernández, ponente de la decisión, considera que no se cumplen con las condiciones exigidas por la ley penal y los argumentos de Palacio Betancur no se encuentran contemplados como causales de recusación, por este motivo la sala de decisión conformada por los magistrados Gerson Chaverra Castro, Diego Eugenio Corredor Beltrán y Eugenio Fernández Carlier deberán fallar la revisión de su condena.
La Corte Suprema de Justicia revisará la sentencia en contra del exministro de Protección social Diego Palacios, condenado a seis años por el escándalo de la ‘Yidispolìtica’.Aunque el exfuncionario ya pagó su condena, pidió la revisión del alto tribunal amparándose en el fallo de la Corte Constitucional que concedió la segunda instancia en el caso del exministro Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.El alto tribunal determinó que como la condena de Palacios se emitió en 2015 (y la sentencia de la Corte permitía la revisión de condenas de aforados emitidas después de 2014) y que la petición para revisarla se presentó antes de que se cumplieran los seis meses de emitida la sentencia de la Corte constitucional, procederá a revisarla. Así lo determinó el magistrado Fabio Ospitia a quien llegó la solicitud.Ahora el caso deberá ser repartido en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y estudiado por un ponente y otros dos magistrados que no tengan impedimentos o hayan participado en la ejecución de la primera condena.El exministro fue uno de los altos funcionarios condenados en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe por ofrecer dádivas para la aprobación en el Congreso de la reelección presidencial en 2004.
Durante el anuncio de medida de pico y placa 24 horas para Medellín y el Valle de Aburrá, el alcalde del municipio de Girardota, Diego Agudelo, expresó abiertamente su inconformidad con la restricción y fue enfático en que no respaldaba al Área Metropolitana en esta decisión.Agudelo criticó la medida y dijo que se debían intervenir también las industrias, pues no está de acuerdo en que las restricciones sean solo para las fuentes móviles.Le puede interesar: En Medellín, desde el miércoles 11 de marzo el pico y placa es 24 horas“No podemos seguir en esta situación y la solución no es el pico y placa. Ya quedó demostrado que no es”, dijo el alcalde, quien también le hizo un llamado a los empresarios para que “sacrifiquen parte de sus utilidades y su productividad por la salud de todos".También hizo un llamado a las autoridades ambientales a nivel nacional para que proporcionen soluciones a la contingencia ambiental.“Nos estamos muriendo en el Valle de Aburrá y hay un silencio desde el Ministerio de Medio Ambiente. ¡Ayúdennos que nos estamos muriendo!”, clamó el alcalde, pidiendo ayuda para solucionar los problemas ambientales que se viven en el Valle de Aburrá por mala calidad del aire.En respuesta, el director del Área Metropolitana le recordó a Agudelo que las medidas se tomaron a través de un voto entre los diez alcaldes del Área Metropolitana. Además, hizo énfasis en que el 82% de los contaminantes provienen de fuentes móviles.
El juez 29 de ejecución de penas expidió la boleta de libertad del exministro de Protección Social Diego Palacio, quien había sido condenado a seis años y seis meses de prisión por el escándalo de la 'yidispolitica'.El exministro fue hallado responsable por el delito de cohecho tras comprobarse la entrega de sobornos a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió que Álvaro Uribe Vélez aspirar a la reelección. Por estos hechos Yidis Medina fue condenada en el 2008. Vea aquí: Juez deja en libertad al exgobernador de Santander Hugo AguilarEl argumento del juez para concederle la libertad condicional es que Palacio ya cumplió las tres quintas partes de la condena, tras haberse entregado a las autoridades en el 2015. Cabe mencionar, además, que Palacio había pedido pista en la Justicia Especial para la Paz argumentando que los hechos por los que fue condenado tienen relación directa con el conflicto armado. Sin embargo, está solicitud le fue negada.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidió confirmar la decisión del pasado 12 de mayo mediante la cual se le negó la libertad condicional al exministro de Protección Social Diego Palacio Betancourt bajo la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta decisión se da tras una orden de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado 25 de octubre le ordenó al tribunal emitir una nueva sentencia para determinar si el exministro podía acceder a los beneficios de esta jurisdicción. Vale recordar que el 23 de marzo Palacio Betancourt solicitó ingresar a la JEP y recibir los beneficios argumentando que su condena estaba relacionada al conflicto. Sin embargo, el Juzgado 29 de Ejecución de Penas decidio negar dicha petición, la cual fue impugnada por la defensa del ex funcionario argumentando que el juez carecía de fundamentos. Lea también: Ordenan la libertad de coronel Hernán Mejía tras acogerse a la JEP Dicha impugnación fue resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá el 9 de agosto de este mismo año, en la cual se le negaba la posibilidad al ex ministro de salir en libertad. Pero allí no termino su pelea, ya que Palacio presentó una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia, la cual ordenó emitir una nueva sentencia para determinar si el ex funcionario del gobierno Uribe podía quedar en libertad, pero finalmente esta pelea fue resuelta este 3 de noviembre, cuando el Tribunal decidió negar rotundamente esta posibilidad. Diego Palacio Betancourt fue condenado a 6 años y ocho meses de prisión por haber participado en el escándalo de la “yidispolítica”.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia falló una tutela a favor del exminsitro Diego Palacio, condenado por el caso de la 'Yidispolítica', y ordenó al Tribunal Superior de Bogotá revisar la solicitud de libertad del exfuncionario, quien solicitó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. La sala, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramirez, argumentó que las actuaciones de la política de seguridad democrática en el gobierno de Álvaro Uribe se desarrollaron en el marco del conflicto armado y pueden ser revisadas por la Justicia Especial para la Paz.La Corte afirma que Palacio actuó buscando “favorecer los intereses políticos de su gobierno, influyendo indebidamente en la votación de una iniciativa legislativa que facilitaría la continuidad de ese plan de seguridad democrática”. Palacio fue condenado en el 2015 a seis años y seis meses, y, el 23 de marzo de 2017, solicitó pista en la JEP con el fin de que su condena sea revisada. El juzgado 29 de ejecución de penas la había negado al considerar que los hechos por los cuales fue condenado no tenían relación con el conflicto ademado. Tras la negativa del juzgado 29, Palacio elevó una acción de tutela que también le fue negada por El Tribunal Superior de Bogotá. Le puede interesar: Uribe pide aprobar doble instancia retroactiva para revisar caso Diego Palacio Para la Corte, el Tribunal deberá dejar sin efectos esa decisión y revisarla nuevamente con el fin de emitir un nuevo pronunciamiento en el cual se verifique si sí se satisfacen o no los requisitos para hacerse acreedor a los beneficios allí consagrados en el proceso de paz.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El exministro Diego Palacio, condenado por el escándalo de la Yidispolítica, confirmó que pedirá que se revise la decisión de un juez que le negó la entrada a la Jurisdicción Especial para la Paz. BLU Radio estableció que el recurso de apelación será interpuesto por su abogado y, en caso de que no sea aceptada su inclusión a la JEP, seguiría en su condena. Sin embargo, Palacio dijo que, según sus cálculos, podría solicitar la libertad condicional en 2018, cuando cumpliría las tres quintas partes de la condena. Por otro lado, al ser cuestionado por la fotografía que circula en redes sociales en la que se le ve en libertad, Palacio explicó que se trata de un permiso de 72 horas que tienen los detenidos cuando ya están próximos a cumplir la condena.
Los jueces de ejecución de penas tomaron las primeras decisiones frente a las múltiples solicitudes que han recibido para que muchos procesados en el país se puedan beneficiar de la Justicia Especial para la Paz. La primera negativa se hizo por parte del juez 29 de ejecución de penas de Bogotá, quién le negó al exministro de protección social, Diego Palacio Betancourt, la libertad condicional en la Justicia Especial para la Paz. “Negar la libertad transitoria condicionada y anticipada”, dice el auto. Esta petición era una de las más polémicas, pues se argumentaba que el proceso no tenía nada que ver con el conflicto. Palacio Betancourt fue condenado a seis años y seis meses de cárcel por el delito de cohecho, por haber ofrecido prebendas a cambio de votos para asegurar la reelección del expresidente Álvaro Uribe. La negativa a Sepúlveda El juez tercero de ejecución de penas de Ibagué negó la amnistía al hacker Andrés Sepúlveda, quien también había pedido pista en la JEP argumentando que su caso tenía un "nexo causal" con el conflicto interno. La decisión del juez señala que no se cumplen con los requisitos para otorgar este beneficio. En un documento de 42 páginas, la defensa de Sepúlveda argumentaba que su condena por las interceptaciones al proceso de paz puede ser tenida en cuenta por la ley 1820 de 2016, dado que los hechos que rodearon las presuntas ‘chuzadas’ ocurrieron, según dicen, en el marco del conflicto. "De allí que el indulto o perdón de la pena impuesta al señor Andrés Fernando Sepúlveda, resulte perfectamente procedente. Máxime cuando no se trata de las conductas expresamente excluidas de la amnistía e indulto por el artículo 23 de dicha normatividad, al no tratarse de delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra”, señala el documento. Andrés Sepúlveda fue condenado a 10 años de prisión después de avalarse un preacuerdo en el cual aceptaba su responsabilidad en cinco delitos que la Fiscalía le imputó, además se comprometió a colaborar en los casos relacionados a las interceptaciones ilegales que presuntamente se realizaron desde la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -En el Congreso Nacional de Minería el presidente Juan Manuel Santos anunció que el gobierno ultima detalles del proyecto de ley que reglamentará la consulta previa, el cual será presentado en las próximas semanas al Congreso. -Según el Mecanismo de Monitoreo de Verificación 76 guerrilleros han sido trasladados de cárceles a las zonas veredales desde el mes de marzo. -Las Autoridades en el Meta ofrecen hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con los responsables del asesinato de un patrullero de la policía en San Martín. -Desde el senado aseguran que es imperativo que Colombia le reclame a Panamá la soberanía sobre el espacio aéreo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. -Agentes cibernéticos del Reino Unido siguen trabajando para combatir el ataque informático que aseguran no estaba dirigido contra el sistema público de salud británico, sino que es un ataque internacional que ha afectado a diversos países y organizaciones. -En Cundinamarca y Tolima, hay alerta roja por la preocupante creciente del río Magdalena, que ya sobrepasa los 6 metros. Las poblaciones con mayor riesgo son Puerto Salgar, Honda y Ambalema. -Hoy será radicado ante el concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo de valorización, con el que se pretende mejorar la infraestructura de Bogotá. No se incluirán las obras de ampliación de la carrera séptima para Trasmilenio.
El exministro de Protección Social Diego Palacio, se refirió a su decisión de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la polémica generada en los últimos días por cuenta de unas declaraciones del secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz, Néstor Raúl Correa, que terminaron causando reacciones hasta del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Palacio aseguró que asistirá a la jurisdicción especial a decir la verdad “real desde la cual no tengo ningún delito que reconocer, ya otra cosa es la verdad procesal que tengo que es la que ha hecho que yo ya lleve 23 meses pagando una condena”. Se refirió al expresidente Álvaro Uribe Vélez revelando que le consultó todo el proceso antes de llegar a la conclusión de llegar al tribunal especial, decisión que el senador “no comparte, pero respeta porque entiende los argumentos que tengo para acogerme a esta jurisdicción”. Agregó que en ningún momento considera haber traicionado al expresidente Uribe, “pues es un tema que se ha conversado mucho por él”. Sobre la Jurisdicción Especial de Paz aseguró que pretende que haya un tratamiento igualitario y la única de saber si realmente los acuerdos y el paso que el país está dando sirve para “aclimatar” el proceso de paz para los colombianos “es estando dentro del tribunal especial”. Advirtió que, si no se obtiene un tratamiento equilibrado, se va a demostrar que “esto que nos vendieron se convirtió en un instrumento para acabar con las personas que no comparten esa ideología”. Explicó que una vez se presente a la Jurisdicción Especial de Paz pedirá su libertad condicional pues en la misma “está prevista que se pueda solicitar una libertad transitoria”. El exministro aseguró que, a pesar de la advertencia del presidente Uribe, está volviendo a confiar en la justicia y espera ser juzgado en el marco de lo jurídico y no de lo político.
El asesor jurídico de las Farc, Álvaro Leyva, explicó que el exministro Diego Palacio, condenado por la "Yidispolítica", podrá someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. "La seguridad democrática tuvo que ver con el proceso de paz, es así de sencillo. La reelección tuvo que ver con el proceso de paz y hay pruebas, documentos y declaraciones de la época", explicó Leyva en diálogo con Blu Radio. La Jurisdicción Especial para la Paz estudiará los casos ocurridos en el marco del conflicto armado y según Leyva la condena de Palacio, por ofrecer comisiones a congresistas para que avalaran la reelección presidencial de Álvaro Uribe, también aplica. "El ministro de Defensa del presidente Uribe dijo que era necesario, para seguir combatiendo exitosamente a las Farc, la reelección. Todo está allí clarito y naturalmente los que trabajamos y armamos esto lo hicimos con la intención de que personas como el doctor Palacio pudieran vincularse", explicó. Su posición contradice a la del representante a la Cámara y coordinador ponente de la JEP, Hernán Penagos, quien dijo que este caso no podrá ser revisado por la jurisdicción especial por tratarse de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. "Quién es él frente a la jurisdicción, esto no está en manos de opinadores sino de los jueces", dijo.
