Álvaro Hernán Prada, exrepresentante a la Cámara por el departamento del Huila, deberá ir a juicio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de soborno y fraude procesal.En la acusación formal, la Corte tiene evidencias que Prada buscó al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella en el caso del expresidente de la República, Álvaro Uribe, para que cambiara su versión.La idea era, según la investigación del alto tribunal, que Monsalve modificara su testimonio y favoreciera a Uribe, y hablara sobre la presión que el exparamilitar tenía para declarar en su contra por parte del senador Iván Cepeda.Le puede interesar:Al parecer, el abogado del exmandatario, Diego Cadena, también fue a varias cárceles a pedirles a los testigos contra el expresidente cambiar su versión, a cambio de supuestas ayudas humanitarias a su favor.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo, aparentemente, se debió repartir bastante mermelada para convencer a los partidos de votar por Carlos Hernán Rodríguez a contralor:
La tutela que la semana pasada negó por una mayoría ajustada la Corte Constitucional al expresidente Álvaro Uribe, dejó profundas heridas entre los magistrados de uno de los tribunales con mayor reputación entre los colombianos.El ambiente se vio enrarecido por tres cosas: la filtración en tiempo real de la discusión en Sala Plena, algo que según la ley está sometido a reserva, las versiones sobre llamadas de altos funcionarios e incluso expresidentes a magistrados y a sus auxiliares para presionar votos a favor o en contra de Uribe y la inusual dureza de los salvamentos de voto de algunos magistrados que estuvieron en contra de la decisión mayoritaria.Sobre la filtración, el presidente de la Corte Antonio José Lizarazo decidió citar a sala plena presencial sin teléfonos celulares y sin computadores, a la vieja usanza, decisión que podría aplicarse de nuevo esta semana cuando se definan dos demandas que pretenden la despenalización plena del aborto en el país. Sin embargo, se generó un creciente sentimiento de desconfianza entre los magistrados.Aunque es normal que las decisiones de la Corte no sean unánimes y los magistrados derrotados publiquen sus salvamentos de voto, esta vez llamó la atención lo que expresaron juristas como Alberto Rojas Ríos y Jorge Enrique Ibañez, quienes no solamente afirmaron que el fallo que determina que Alvaro Uribe sigue como imputado por soborno y fraude procesal pese a haber renunciado a su fuero de congresista, no solamente vulnera los derechos del expresidente, sino que, según Rojas, borró de un plumazo el debido proceso y fractura lo que aún nos queda de la construcción de la democracia moderna.Pero lo que más ha enrarecido el ambiente en los últimos días han sido las afirmaciones del magistrado ponente del fallo en el caso Uribe, Alejandro Linares, quien afirmó en una entrevista que algunos de sus colegas recibieron llamadas de los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria, en los días previos a la decisión final del caso.Aunque las versiones sobre posibles llamadas de expresidentes e incluso de actuales altos funcionarios son crecientes y han sido retomadas por el periódico El Espectador citando a varias fuentes en la propia Corte Constitucional, este fin de semana hubo un inusual comunicado de las magistradas Diana Fajardo y Cristina Pardo, en el que aclaran que ellas no recibieron llamadas de ningún expresidente de la República en medio de las discusiones de la tutela con la que Uribe pretendía tumbar el proceso en su contra.La pregunta ahora es: ¿los otros siete magistrados de la Corte Constitucional podrán salir a afirmar, como lo hicieron sus colegas Fajardo y Pardo, que no recibieron llamadas de prestantes políticos o fueron presionados en medio de la discusión?Escuche el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:Siga y escuche la Intérprete en Spotify:
El Consejo de Estado negó la tutela que pedía ordenar al presidente de la República, Iván Duque, no hablar sobre el proceso judicial que se sigue contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, tras dar declaraciones acerca de la medida de detención domiciliaria que le había impuesto la Corte Suprema al excongresista.El 10 de agosto, el ciudadano Juan Felipe Rodríguez, presentó una tutela en la que planteaba que, supuestamente, el mandatario vulneraba los derechos al debido proceso y a la igualdad por haber opinado sobre la detención que ordenó la Sala de Instrucción contra Uribe.Por eso pidió “que en un término no superior a las 48 horas siguientes a la notificación del fallo tutelar, se emita un comunicado por las redes sociales oficiales de la Presidencia y medios masivos de comunicación, donde se comprometa en adelante a no pronunciarse ni emitir juicio de valor alguno, sobre los procesos penales en contra del exsenador Álvaro Uribe Vélez”.Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el recurso que fue impugnado.El accionante decía que se le vulneraban los derecho a “quienes votaron por Iván Cepeda”, víctima en el proceso de manipulación de testigos que se sigue contra Uribe, porque el presidente “puso como absoluta su presunción de inocencia del investigado, se solidarizó con uno de los extremos procesales y actuó como su defensor de oficio al sugerir la acción de tutela como una vía jurídica para obtener la libertad”.El Consejo de Estado respondió que Rodríguez confunde la representación política con la representación judicial y que solo podían reclamar las partes del proceso y, que no está probada su calidad de víctima.“Por no existir una afectación de derechos fundamentales y porque los invocados no le pertenecen al accionante, la Sala confirma la sentencia de primera instancia”, sentenció el Alto Tribunal.
El director del Servicio Informativo de BLU Radio, Ricardo Ospina, analizó en detalle el fallo que le concedió la libertad a Álvaro Uribe Vélez, las razones que tuvo la jueza para su decisión, qué sigue en el proceso contra él y qué significa que vaya a ser tramitado bajo la Ley 906 de 2004 del nuevo sistema penal acusatorio.Este sábado, en una audiencia pública digital, la juez 30 penal, Ximena Salcedo, decidió que el expresidente Álvaro Uribe Vélez podrá afrontar en libertad su proceso por presunta compra de testigos.El fallo significa, además, que el fiscal del caso podrá iniciar el proceso de nuevo, solicitando pruebas e indagaciones, muy atrás del avance que ya traía en la Corte Suprema de Justicia.Durante la audiencia estuvo presente el exsenador Uribe y sus abogados Jaime Lombana y Jaime Granados Peña. Mientras que en la contraparte, estuvo el senador Iván Cepeda y el exfiscal Luis Eduardo Montealegre.
BLU Radio habló con expertos penalistas, quienes afirmaron que la juez 30 Penal, Ximena Salcedo, tiene dos caminos y que lo más coherente sería el que le de libertad al expresidente Álvaro Uribe. Luego de que el Ministerio Público pidiera su libertad y las garantías procesales.Por su parte, el abogado Iván Durango fue tajante en asegurar que el único camino para brindarle el derecho fundamental, es darle la libertad.“Es importante entender que el Ministerio Público apoya la decisión de la Fiscalía en cuanto a que se le garantice al señor expresidente Álvaro Uribe su defensa, pero en libertad”, señaló Durango.Según los expertos, la otra opción de la juez y que se considera la menos probable, tiene que ver con validar la actuación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, lo que significaría que estaría asimilando la indagatoria del exsenador Uribe con la audiencia de imputación. Así, también tendría validez la medida de aseguramiento.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia determinó que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos deberá seguir por la Ley 906.Aunque en la ponencia del magistrado Gerson Chaverra se establecía que se debía tener en cuenta todo lo actuado en el proceso que llevaba la Sala de Instrucción, que remitió el caso a la Fiscalía porque el expresidente renunció al Senado, la corte no se pronunció sobre en qué etapa debe seguir el proceso.El alto tribunal se limitó a responder la pregunta de la juez 30 penal, quien elevó la consulta sobre la ley por la que debe ser tramitado el proceso por presunta manipulación de testigos.Hay que tener en cuenta que el expresidente tiene una medida de aseguramiento que en su momento emitió la corte. El abogado Iván Cancino explicó que, en ese caso, la defensa de Uribe debería presentar una solicitud de revocatoria de la medida, que debe resolver la juez de garantías, y también podría solicitar una revocatoria de todo lo actuado por el alto tribunal.La corte también explicó que el expediente se devuelve para la juez 30 penal y que decidirá sobre si mantiene lo actuado por el alto tribunal.Escuche detalles de esta noticia en Meridiano BLU:
BLU Radio conoció en primicia que la Sala Plena de la Corte Suprema se reunirá este viernes para definir si caso Uribe por falsos testigos sigue por sistema antiguo o sistema acusatorio.Habrá Sala Plena extraordinaria de la Corte con el fin de definir el futuro del expresidente.Entre la noche de este jueves y la mañana del viernes, se entregará a cada uno de los 23 magistrados el documento con la ponencia.En la Sala Plena se definirá bajo qué sistema seguirá el proceso por soborno y fraude procesal la Fiscalía: si bajo el antiguo o si por la Ley 906, el sistema penal acusatorio.Todo parece indicar que la corte podría decidir que se avance bajo el sistema penal acusatorio.De otro lado, podría haber novedad en cuanto a la decisión de si el caso inicia desde ceros, como lo pide la defensa del expresidente en la Fiscalía, o si arranca a partir de lo que ya ha recaudado durante más de un año y medio la Corte.
El senador Iván Cepeda se pronunció ante la decisión que tomó la juez de elevar una consulta a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que defina la competencia del proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. Proceso en el que Cepeda fue declarado como víctima.Entre tanto, algunos miembros de la colectividad del Centro Democrático señalaron que están a la espera que en los próximos días la Corte Suprema de Justicia defina si es por ley 600 o 906 para definir la libertad del exmandatario Álvaro Uribe.“Me parece que la decisión es en derecho, el proceso debe adelantarse por la Ley 906 y esperaremos la determinación de la justicia”, señaló el senador Ciro Ramírez.El representante Edward Rodríguez dijo que hay un vacío jurídico que demostró la juez al enviar el caso de nuevo a la Corte y por consiguiente debe quedar en libertad.“Hay que destacar que se tenía la razón respecto a la ley 906. La juez procede a enviarlo a la Corte Suprema de Justicia para que ratifique la decisión por ella tomada. Como quiera que hay un vacío jurídico, en mi criterio, Álvaro Uribe debe quedar de inmediato en libertad, de no ser así, existiría una prolongación ilícita de la detención”, añadió.Por el momento, los abogados del expresidente están a la espera de que se decida quién define la libertad para realizar la petición.
BLU Radio puedo establecer que el próximo miércoles 16 de septiembre, el caso del expresidente Álvaro Uribe por falsos testigos vuelve los estrados judiciales. En el complejo de Paloquemao se llevará a cabo una audiencia en la que se estudiará la libertad del expresidente.Uribe tendría que ser trasladado, según fuentes consultadas por BLU Radio, a Bogotá por parte del Inpec, pues permanece bajo medida de detención domiciliaria en su finca, luego de la orden que en su momento le dictó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la investigación por presunta manipulación de testigos. Lo anterior con ponencia del magistrado César Reyes.La audiencia podría definir la libertad del expresidente, cuya investigación está en manos de la Fiscalía a través de una revocatoria de medida aseguramiento o de sustitución de medida aseguramiento.BLU Radio intentó comunicarse con la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero no fue posible establecer una respuesta sobre la citación.
La defensa de Álvaro Uribe pidió en una carta dirigida al fiscal Francisco Barbosa que se derogue la orden de la Corte Suprema de Justicia que el 4 de agosto ordenó la detención domiciliaria del expresidente, ahora que el caso pasó al ente acusador."Acudo, de forma respetuosa, ante su Honorable Despacho a fin de solicitar la adecuación de la investigación al procedimiento establecido en la ley 906 de 2004, así como la libertad inmediata de mi prohijado", dice la comunicación dirigida por el abogado Jaime Granados.Vea también: Defensa de Álvaro Uribe pedirá a Fiscalía la libertad del expresidente "La detención preventiva ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, no tiene cabida, desde el punto de vista constitucional, en un proceso que se debe regir por la ley 906 de 2004, siendo necesario, en garantía de los derechos del doctor Álvaro Uribe Vélez, corregir la actuación, ordenando su libertad", agregó la misiva.La decisión de la Corte de dejar en manos de la Fiscalía el proceso contra Uribe por fraude procesal y soborno a testigos fue consecuencia de la renuncia del expresidente a su escaño en el Senado, con lo cual perdió el fuero y sus actuaciones pasan a ser competencia de la Justicia ordinaria.Tras dicho trámite, confirmado este martes por la Sala Especial de Instrucción de la Corte, Granados argumentó que "si no media una imputación y si no media una decisión judicial hecha por un fiscal", como es el caso de Uribe, "no puede estar una persona privada de la libertad".Uribe, contra quien la Corte ordenó de manera preventiva la detención domiciliaria, permanece en "El Ubérrimo", una vasta hacienda de su propiedad situada en el departamento de Córdoba.Según Granados, Uribe "se presume inocente; recordemos que tiene una serie de garantías que el sistema penal acusatorio le da a él y a cualquier otra persona en su lugar y recordemos que hay que cumplir con la estructura básica del procedimiento", señaló el letrado.El proceso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo, pero el magistrado instructor del caso archivó la causa contra el congresista y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.Conozca más: Las razones de la Corte Suprema para enviar a Fiscalía el caso falsos testigos de Uribe Cepeda anunció este martes que recusará al fiscal general Francisco Barbosa para llevar el caso y solicitará uno ad hoc porque considera probable un conflicto de intereses ya que Barbosa es amigo del presidente colombiano, Iván Duque, quien en varias ocasiones ha defendido públicamente a Uribe, y en su opinión eso no da garantías de un proceso transparente.Conozca el comunicado del abogado Jaime Granados:
