La preocupación por la situación de orden de público en los municipios de Remedios, Segovia y El Bagre sigue latente para las autoridades que decidieron enviar efectivos armados a la subregión del Nordeste de Antioquia para tratar de retomar el control del territorial que recientemente se volvieron a disputar el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN. Precisamente, en medio de las confrontaciones armadas, por lo menos 70 personas tuvieron que salir desplazadas hacía el casco urbano de El Bagre.Sobre la problemática que genera temor e incertidumbre entre decenas de familias de las veredas Bocas de Chicamoqué y El Socorro, hay que destacar que, inicialmente, los desplazados llegaron hasta Segovia, pero tras los enfrentamientos en la esta zona decidieron refugiarse en el polideportivo de El Bagre en donde siguen siendo atendidos por las autoridades locales unas 12 familias. Las restantes decidieron auto albergarse en viviendas de familiares y amigos en el corregimiento Puerto López.Según indicó a Blu Radio el alcalde de El Bagre, Marco Fidel Trespalacios, hay información acerca de que en las próximas horas podría llegar un nuevo grupo de desplazados proveniente de la vereda El Socorro."Hoy nos están diciendo de que vienen 99 personas de una de una vereda, El Socorro, que es jurisdicción de El Bagre y estamos en eso ahorita", afirmó Trespalacios.El mandatario pidió a los gobiernos regionales y nacionales salidas de fondo para aliviar la crisis humanitaria que se registra con mayor intensidad entre dos y tres veces cada año."El mercadito que mandan le sirve a la gente, pero son pañitos de agua tibia, yo pienso que deben de ir más profundo a buscar una vez de solucionar esa situación que se viene presentando porque mire que el año pasado fueron dos o tres veces que pasó lo mismo incluso en el centro poblado de Puerto López hubo confinamiento", aseguró el mandatario.Sin embargo, esta no es la única situación en esta región de Antioquia, puesto que, en la vereda Lejanías de Remedios, también hubo confrontaciones por el territorio entre los grupos ilegales, por lo que la Fuerza Pública llegó hasta la zona.Según destacaron las autoridades, la presencia de estos grupos ha convertido a Lejanías en un corredor estratégico de movilidad, generando temor y zozobra entre los habitantes por lo que el Ejército Nacional, además de realizar operaciones militares para neutralizar las actividades ilegales de estos grupos, se encuentra brindando acompañamiento a la población civil y asegurando su libre movilidad.
La violencia y la variabilidad climática fueron dos de los fenómenos que más desplazamiento generaron en Colombia durante 2024. Según un reciente informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (Ocha), más de 935.000 personas fueron afectadas en el país.Al respeto habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga la representante adjunta de Ocha, Bárbara Batista. Según explicó, la entidad tiene el dato de 700.000 personas directamente afectadas por la variabilidad climática.Esto, dentro de un contexto que muestra un aumento del 400 % en afectaciones de este tipo, en tan solo 2024."Aquí hay dos datos que manejamos en este informe. Un dato es de dos millones de personas, que es el dato que maneja la Unidad de Gestión del Riesgo; ellos utilizan unos criterios más amplios para definir lo que son elementos asociados a la variabilidad climática”, detalló.“También incluyen incendios, pero nosotros incluimos otros parámetros un poco más limitados; estaríamos hablando de unas 700.000 personas que han sido afectadas por asuntos relacionados con la variabilidad climática, inundaciones, desplazamientos de tierra, sequías", añadió.El conflicto armado sigue siendo el principal motor del desplazamiento en el país, a pesar de un aumento en los eventos climáticos extremos. Batista enfatizó que, a nivel global, la guerra genera más desplazamientos que los provocados por los fenómenos del medio ambiente."Así como el desplazamiento interno generado por conflicto tiene una normativa legal e internacional, el desplazamiento generado por los temas relacionados con el cambio climático todavía no está tipificado legalmente. Entonces, tenemos mucho bajo registro, pero yo creo que por ahora es el conflicto el que está generando mayor desplazamiento", afirmó.Preparación y respuesta comunitariaFrente a la temporalidad de muchos desplazamientos relacionados con el clima, explicó que la preparación comunitaria es esencial. Las comunidades son capacitadas para gestionar riesgos y realizar evacuaciones seguras en situaciones de crisis.Sin embargo, apuntó que la desconfianza y el temor a dejar sus hogares complican el proceso.Retos y Expectativas en la Paz TotalConclusiones recientes reflejan que la implementación de la política de paz total en Colombia enfrenta desafíos significativos y aún no ha mostrado resultados tangibles en la reducción del desplazamiento forzado. Como indicó Batista, la competencia por recursos entre grupos armados y la creciente territorialización son cuestiones que todavía generan un entorno complicado para la población civil.Escuche la entrevista completa aquí:
La Personería Municipal de El Bagre y las organizaciones sociales de la zona han denunciado que los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la alianza de las disidencias y el ELN han obligado a más de 70 personas a desplazarse al casco urbano del municipio de El Bagre.Según la información reportada, las personas estarían ubicadas en el Polideportivo Municipal de El Bagre, provenientes del nordeste, Bajo Cauca antioqueño y sur de Bolívar.El Personero Municipal de El Bagre, Aldair Alfonso Guzmán Martínez, pidió intervención por parte del Estado."Hacemos un llamado al Gobierno nacional y al Ejército Nacional para que retomen el control en la zona, teniendo en cuenta que son más familias las que se pueden ver afectadas si estos enfrentamientos continúan debido a esta problemática que se viene viviendo".Entre los desplazados hay 23 menores de edad, algunos con problemas de salud, y adultos mayores, quienes estarían recibiendo la alimentación y las ayudas necesarias por parte de la administración municipal.En la última semana también se había registrado el desplazamiento de por lo menos 50 personas de Bocas de Chicamoqué y El Socorro, en El Bagre, a la vereda Mina Nueva del municipio de Segovia, por lo que la comunidad sigue pidiendo intervención urgente del Estado, debido a que hay población confinada y se teme que el número de desplazados siga aumentando.
La Personería de Medellín evidenció una de las problemáticas que más ha afectado a los antioqueños durante muchos años y es el desplazamiento forzado cometido por grupos delincuenciales dentro de la capital antioqueña así como en diferentes municipios del país. Precisamente sobre este fenómeno el Ministerio Público destacó que aunque las cifras dentro de Medellín tuvieron una reducción, los desplazados que llegaron a la ciudad sí representaron un incremento respecto al 2023.Sobre la data registrada en Medellín hay que destacar que en el 2023 hubo 1.480 reportes de desplazamiento intraurbano contra los 1.227 casos que llegaron a la Personería durante el 2024, es decir, hubo una disminución de 174 personas o un 12% menos en comparación con la vigencia inmediatamente anterior. Además, sobre los lugares de la ciudad en donde más casos se reportaron en el 2024 lidera la comuna San Javier con 123 casos, seguido de Robledo con 70 personas y Popular con 70 reportes.Por su parte y sobre los motivos que tuvieron las personas para desplazarse dentro de Medellín destacan las amenazas por diferentes motivos y luego está el homicidio como el causante del desplazamiento. Asimismo, entre los casos conocidos por el Ministerio Público para el 2024 hay bebés de meses hasta adultos mayores de 85 años que tuvieron que salir de sus hogares en Medellín.No obstante, y pese a las cifras positivas en la capital de Antioquia, sí hubo un aumento en las personas que llegaron desplazadas de otros municipios, teniendo un incremento de 116 personas respecto al 2023. Para el año anterior llegaron cientos de desplazados de Quibdó (736), Segovia (231), Caucasia (222), Turbo (183) o Ituango (174), entre otros municipios antioqueños y de departamentos como Chocó y Santander.Sobre estas personas que llegaron a Medellín recientemente hay que destacar que 269 lo hicieron por actos terroristas o enfrentamientos entre grupos armados, 137 casos se registraron por secuestros y 124 más fueron a causa de las desapariciones forzadas. Adicionalmente, entre los casos conocidos por la Personería de Medellín hay que mencionar que llegaron a la ciudad 19 bebés de brazos y cerca de 55 menores de edad más.Por último, y aunque las cifras son agridulces, destacan las autoridades de Medellín que la meta para este año que empieza es que las cifras de desplazamiento siga reduciendo a nivel intraurbano y que en conjunto con otras entidades departamentales y nacionales se logre tener una disminución considerable en las personas que llegan desplazados de otros lugares a la capital antioqueña.
Desplazados de municipios como Uramita, Carepa, San Carlos, San Rafael, Apartadó y Peque y otras 36 localidades que llegaron a la capital antioqueña para buscar refugio ya retornaron a sus territorios.De acuerdo con el Distrito, durante este año ha acompañado 400 retornos de víctimas del conflicto armado, según lo explicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila, quien destacó el apoyo del Programa de Víctimas, de esa dependencia, en el proceso."Eso es trascendental, porque vuelven al lugar donde nacieron, donde está el arraigo de las víctimas del conflicto, que fueron desplazadas y amenazadas, y allí vuelven con un proyecto de vida, donde vuelven a renacer, donde vuelve la esperanza", mencionó Arcila.Desde el proyecto de retornos y reubicaciones se han fortalecido 360 proyectos productivos y 40 apoyos para mejoramientos habitacional. Emprendimientos como barberías, salones de belleza, fabricación y venta de calzado y productos artesanales hacen parte de las iniciativas que se fortalecen a través del proyecto de retornos.El desplazamiento forzado trae nuevas dinámicas familiares, sociales y aprendizajes que fortalezcan habilidades, por tal motivo, aunque la vocación de las familias retornadas es altamente campesina, el paso por la ciudad permite acceder a espacios de educación y renglones de la economía.
En el marco de la conmemoración de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre la situación en Colombia, en una primera medida alertan que en el país el conflicto armado sigue siendo un desafío crítico."790 municipios en 32 departamentos se encuentran focalizados en riesgo a partir de las alertas tempranas emitidas. En departamentos como Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y en subregiones como Catatumbo, Sur de Bolívar y Bajo Cauca Antioqueño confluyen dos o más GAO. Aunque en algunos departamentos solo haya presencia de un grupo armado, como en Guaviare (disidencia de las Farc-EP liderada por Mordisco), las vulneraciones a los derechos humanos son significativas, con imposición de normas de control social, restricciones a la movilidad y “cercos humanitarios”, lo que expone a la población a riesgos constantes y limita la acción de la fuerza pública”, señala la Defensoría.Durante este año se han registrado 100 eventos de desplazamientos en Colombia, afectando a 40.499 personas. Además, desde 2017, la Defensoría ha emitido 203 alertas relacionadas con afectaciones a comunidades indígenas, y 146 dirigidas a comunidades afrodescendientes.En 2024 se han registrado 745 feminicidios y 44 de ellos son contra niñas. Además, 1.381 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de explotación sexual.“Entre 2020 y 2024, la Defensoría del Pueblo recibió 70.780 quejas por vulneración de derechos fundamentales, como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social. Aunque la pobreza monetaria ha disminuido, la desigualdad entre zonas urbanas y rurales, así como las brechas de género, siguen siendo preocupantes”, explicó la entidad.
La Sala de Reconocimiento de la JEP citó a la empresaria Katia Sánchez y a su esposo Hernán Iñigo de Jesús Gómez a una versión voluntaria los días 4 y 5 de diciembre de 2024.El pasado mes de septiembre, la JEP aceptó el sometimiento, de forma condicionada y como última oportunidad, de Sánchez. Además, su esposo fue aceptado anteriormente por la jurisdicción.“Sánchez Mejía fue fundadora y representante legal, junto con su esposo, de la empresa Urapalma. A través de ese negocio establecieron relación con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y con el Bloque paramilitar 'Elmer Cárdenas', para desarrollar un proyecto palmicultor que dio lugar al despojo de tierras y al desplazamiento de pobladores en la región de Urabá, específicamente en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, entre 1997 y 2000”, explicó la JEP.En esta versión voluntaria deberán entregar la información que tienen sobre el conflicto armado en Urabá.“Dentro de los supuestos fácticos sobre los cuales el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín inició la investigación penal se fundamentó en hechos sucedidos entre 1997 y 2004 en la subregión del Bajo Atrato, cuando intervinieron como terceros en actividades de financiación, auspicio de los grupos paramilitares a través de las empresas, que se asentaron en las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, y que se dedicaban al cultivo de palma y la ganadería extensiva y con su actividad propiciaron el desplazamiento forzado, despojo de tierras y afectación de extensas áreas de importancia ecológica”, explicó la JEP en el auto de la citación.
Persiste el temor y la zozobra para cientos de habitantes de zonas rurales del municipio de Anorí, Antioquia, donde la posibilidad de enfrentamientos entre grupos armados obligó a un desplazamiento masivo de cerca de 400 personas hacia la zona urbana, casi sin precedentes en la historia de esta localidad del Nordeste de Antioquia.Según el personero municipal, Jhon Calle, ya asciende a 190 el número de familias que han llegado buscando ser atendidas por parte de la institucionalidad y provenientes especialmente de veredas como Tenche y Los Trozos, según los registros."Creo que uno de los desplazamientos más grandes que se han presentado este año en el departamento ha desbordado de una u otra manera todas las capacidades de la institucionalidad en el municipio. Son más de 190 familias que han resultado o que se han desplazado al casco urbano y que han sido atendidas por la institucionalidad", manifestó el secretario.El líder de esta agencia del Ministerio Público en el territorio indicó que si bien no se ha reportado un éxodo de personas desde la vereda La Plancha, epicentro del reciente atentado del ELN que dejó cinco militares muertos y cuatro más heridos, además de un civil, es urgente una mayor presencia de la Fuerza Pública para evitar que el panorama humanitario se siga agravando"Hacemos ese llamado a que pongan los ojos en Anorí, necesitamos más presencia institucional, necesitamos que el gobierno atienda toda esta crisis que se viene presentando en el municipio de Anorí", pidió el personero.Al tiempo que los cuatro uniformados y el civil que resultaron heridos por el ataque atribuido al frente Héroes y Mártires de Anorí, se recuperan en centros asistenciales de Medellín, se espera también que en las próximas horas los cuerpos de los soldados que perdieron la vida sean entregados a sus familias para darles el último adiós.
El reciente atentado terrorista cometido por el ELN en la vereda La Plancha del municipio de Anorí dejó el lamentablemente saldo de cinco militares muertos y cinco personas heridas por el ataque con tatucos en el tercer anillo de seguridad del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de esta zona. Luego de conocerse estos hechos, las tropas del Ejército Nacional llegaron hasta la zona rural del municipio en donde continúan los trabajos de inteligencia.Sobre el cabo segundo y los cuatro soldados profesionales que fueron asesinados por el ELN, se conoce que sus cuerpos están en las instalaciones de Medicina Legal en Medellín y que en las próximas horas serían enviados a sus lugares de origen. "Gracias a Dios ya fueron estabilizados, de esos tres ya nos los entregaron y están en un dispensario nuestro, solamente queda uno que le están revisando un tema de fractura en uno de sus extremidades, pero también está estable sin ningún problema", destacó el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo.Además, sobre el civil que también se vio afectado por el ataque con explosivos, las autoridades destacaron que se encuentra en el Hospital General de Medellín en donde continúa recuperándose de algunas heridas.No obstante, la situación no es nueva ni mucho menos ha sido solucionada, ya que según el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, el desplazamiento de familias desde veredas como Los Trozos o Tenche sigue en aumento, con el agravante que por infraestructura vial los desplazados no podrían regresar todavía a sus territorios."Tenemos desplazamientos, Contamos con 191 familias en el área urbana desplazadas, son 370 personas, 168 mujeres y también hay 93 menores de edad entre los desplazados", confirmó el mandatario.Con este panorama que sigue siendo crítico según han revelado las autoridades departamentales y nacionales, varias opiniones han salido a flote para rechazar los atentados terroristas del ELN, entre ellos, el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo; y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.Sin embargo y pese a los mensajes de repudio, el alcalde de Anorí pidió una intervención urgente del Gobierno nacional pues la situación de orden público estaría desbordando las capacidades institucionales."Llamamos la atención del Gobierno nacional porque nos hemos sentido un poco abandonados. Estas zonas son muy abandonadas por el Estado. Estamos pidiendo al Gobierno nacional más presencia y que nos ayude porque esto se nos está saliendo de las manos", mencionó Silva.De momento, desde la Administración Municipal se le hace acompañamiento a las cerca de 400 personas desplazadas por los enfrentamientos armados, mientras que la Fuerza Pública busca restablecer la paz y seguridad en los territorios damnificados por la disputa entre grupos delincuenciales.
El Consejo Noruego de Refugiados reveló que en Colombia han sido desplazadas 1.500.000 personas desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc. En 2016 hubo un total de 160.000 desplazados, mientras que este año la cifra podría superar los 260.000.“Reconocemos los recientes esfuerzos, pero es de vital importancia que el plan del Gobierno para acelerar la implementación del acuerdo de paz reduzca efectivamente los desplazamientos forzados. Esta tendencia al alza no puede continuar. Debe detenerse inmediatamente. Si el desplazamiento fuera un termómetro de la paz, la salud de Colombia estaría fallando”, dijo Giovanni Rizzo, director de país del Consejo Noruego de Refugiados en Colombia.Las principales causas del desplazamiento en el país son: amenazas, torturas, homicidios, combates armados, bombas, minas antipersonal, reclutamiento forzado, violencia basada en género y el despojo de tierras."En total, cerca de 5,1 millones de personas viven actualmente en situación de desplazamiento, de las cuales 1,5 millones han sido desplazadas después la firma del acuerdo de paz en 2016. A pesar de la respuesta humanitaria para asistir a la población durante las emergencias, los esfuerzos para que la población se recupere del desplazamiento carecen de financiación adecuada. Hasta octubre del 2024, solo se había asignado el cuatro por ciento de los fondos solicitados por los actores humanitarios en Colombia para ayudar a las comunidades a recuperarse tras las crisis", señala el Consejo Noruego para Refugiados.
