Santander, un departamento históricamente afectado por el conflicto armado, fue declarado oficialmente libre de sospecha de minas antipersonal tras más de 13 años de trabajo del grupo de desminado del Ejército y después de seis años de labores en cuatro de sus municipios más afectados. La noticia fue recibida con esperanza y gratitud por los habitantes de esta región del nororiente colombiano, que ahora pueden soñar con un futuro sin las sombras de los artefactos explosivos que durante décadas marcaron su cotidianidad.La declaratoria, que llega tras la intervención de los municipios de Suratá, Matanza, El Playón y Rionegro, fue posible gracias al trabajo de los desminadores del Ejército Nacional, quienes, en el transcurso de estos años, descontaminaron 1.183.151 metros cuadrados de territorio. Con este esfuerzo, se lograron liberar 32 de los 87 municipios del departamento de la amenaza de minas, garantizando la seguridad de más de 500.000 habitantes.Uno de los principales beneficiarios de este proceso ha sido Matanza, un municipio rural de la provincia de Soto Norte. La alcaldesa de Matanza, Mónica González, expresó su satisfacción por la labor del desminado humanitario.“Con esta declaratoria, podemos decir con tranquilidad que nuestras fincas van a incrementar su valor. Ahora podremos trabajar con seguridad, algo que antes no podíamos hacer”, afirmó la mandataria. Este municipio, conocido por sus cultivos de maíz, café y la producción ganadera, experimentará un impulso en su economía gracias a la recuperación de su territorio.Javier Bermúdez, agricultor de Suratá, compartió su experiencia personal: “Cuando hubo la operación Berlín, varias zonas quedaron minadas. Hoy, después de la labor de los desminadores, ya puedo andar con tranquilidad y seguir cultivando mi tomate, que comercializo en Bucaramanga”.La liberación de estas tierras también abre puertas a proyectos de infraestructura y desarrollo. Según Maryori Mantilla, enlace de turismo municipal de Suratá, la intervención en áreas previamente inaccesibles gracias al desminado humanitario permitirá llevar el programa ‘Juntas de Internet’ del Ministerio de las TIC a las veredas más alejadas.“Gracias a este proceso, las veredas más apartadas del municipio tendrán acceso a internet, lo que mejorará las oportunidades educativas y de comunicación para nuestras comunidades”, explicó Mantilla.El brigadier general Giovanni Rodríguez León, comandante de la Segunda División, señaló: “gracias a este gran trabajo de los hombres y mujeres del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario, hoy Santander puede mostrarle al país que está libre de sospecha de minas antipersonal. Este es un paso enorme hacia la paz y el bienestar de toda la región”.El desminado no solo ha tenido un impacto en la seguridad y el desarrollo económico, sino también en la vida de las personas que han sufrido directamente los efectos de las minas. Ariel Fernando Salcedo, concejal de Suratá, quien fue víctima de una mina antipersonal hace 16 años, mostró la felicidad que esta declaratoria le genera.“Cuando era cabo segundo en la Sierra de la Macarena, pisé una mina antipersonal. Afortunadamente, sobreviví y hoy soy una mejor persona gracias a esa experiencia. Esta declaratoria es una bendición para los campesinos de nuestra región, ya que liberará a muchos de la amenaza constante de las minas”, afirmó Salcedo.Fueron tropas del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N° 3, que en su intervención destruyeron 316 artefactos explosivos mediante técnicas de desminado manual y canino. El coronel Luis Germán Echavarría, comandante de esta unidad, destacó la importancia de la intervención gradual y detalló que la labor continuó hasta lograr que los 32 municipios afectados quedaran libres de minas.Finalmente, el coronel Oswaldo Alexander Forero, comandante de la Quinta Brigada, expresó: “hoy, Santander puede sentir el orgullo de ser uno de los pocos departamentos en Colombia que puede decir, sin lugar a duda, que es libre de minas. Este es un logro histórico que beneficia a miles de personas que podrán regresar a sus tierras y reconstruir sus vidas”.Los municipios que quedaron libres de sospecha de minal antipersonal son: Suratá, Matanza, El Playón y Rionegro, Bucaramanga, Barrancabermeja, Cimitarra, Curití, El Carmen de Chucurí, Galán, Guadalupe, La Belleza, Lebrija, Macaravita, Piedecuesta, Sabana de Torres, San Miguel, San Vicente de Chucurí, Socorro, Suaita, Vélez, Zapatoca, California, Puerto Wilches, Sucre, Landázuri, Girón, Hato, Chima, Simacota, Charta y El Peñón.
“No queremos solo estar para la fotografía, queremos que nos tengan en cuenta para proyectos productivos y una verdadera inclusión social y económica para los y las sobrevivientes de las minas antipersonal”, fue el duro reclamo que se escuchó en Samaniego, suroccidente de Nariño, donde el Gobierno nacional puso en marcha el desminado humanitario en desarrollo de los acuerdos pactados en la instancia para la co-construcción de la paz territorial del departamento, que se adelanta con el grupo Comuneros del Sur, exintegrantes de la guerrilla del ELN.Cristian Melo, presidente de la asociación Asobades, que agrupa a más de 80 víctimas de minas antipersonal en Samaniego, reconoció a Blu Radio que el esfuerzo del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y del alto comisionado para la paz, Otty Patiño, es muy positivo para la región y es un digno ejemplo a seguir en otras zonas del país y del mundo. Sin embargo, aseguró que ojalá se reconozcan verdaderamente los derechos de quienes han sido afectados por estas armas no convencionales.Melo, quien a sus 15 años perdió la vista por culpa de una mina antipersonal, manifestó “que es hora de que el Estado colombiano los incluya en proyectos laborales y educativos, porque consideran que siempre han sido utilizados para ser partícipes del lanzamiento de programas que, en últimas, nunca los han beneficiado de manera integral”.Las víctimas de los campos minados en la subregión de Los Abades, en el suroccidente de Nariño, celebraron el lanzamiento del desminado humanitario, pero advierten que si no los tienen en cuenta, este será otro de los programas llamados al fracaso.Albeiro Urbano, otra de las víctimas de las minas antipersonal, dijo que jamás pensó que iba a quedar en una silla de ruedas cuando viajó a Tumaco, en el Pacífico nariñense, en busca de mejores oportunidades laborales.Recuerda que el 3 de julio de 2014, cuando junto a otros campesinos estaban laborando en la zona rural de Tumaco cortando guaduas, de un momento a otro escucharon una fuerte explosión que lo lanzó varios metros del lugar en donde estaba.Con voz entrecortada, Urbano, hoy a sus 37 años, recuerda con exactitud ese día y dice que la explosión le arrebató sus dos piernas y lo dejó en una silla de ruedas a la espera de la ayuda del Estado colombiano.Este humilde campesino, oriundo del municipio de Santa Cruz de Guachavés, en Nariño, pide que el Estado colombiano no solo tenga en cuenta a las víctimas, sino también a sus familias en proyectos de vivienda, salud, educación y emprendimientos laborales.Como ellos, son decenas de víctimas de minas antipersonal que tienen la fe y esperanza de que con este programa de desminado humanitario se pueda disminuir la cifra de personas afectadas por estas armas letales, que se han convertido en el peor enemigo para las comunidades campesinas de Nariño.Señalan que sus familiares y los y las cuidadoras deben ser también sujetos de reconocimiento como víctimas directas por parte del Estado.
A pesar de la reducción de las cifras de heridos y muertos por culpa de las minas antipersonal, según las autoridades, en Nariño se han registrado 25 hechos de afectación entre civiles y militares en los primeros ocho meses del año, y aseguran que el próximo lunes, 16 de septiembre, comenzará el desminado humanitario en Nariño.“El panorama es más alentador”, dijo a Blu Radio el subsecretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, Álex González, quien consideró que, a diferencia del año 2023, las comunidades del suroccidente, cordillera y el Pacífico nariñense han comenzado a regresar voluntariamente a sus territorios.El subsecretario de Paz y Derechos Humanos señaló que en algunas zonas de Nariño sus comunidades aún continúan enfrentando el desafío persistente por la presencia de minas antipersonal en sus territorios.El funcionario, quien presidió el primer diálogo que realiza la Gobernación de Nariño para la acción integral de minas antipersonal, aseguró que las zonas en Nariño donde más víctimas de minas antipersonal se han registrado en 2024 son Tumaco, Cumbitara y La Llanada.“Confiamos en que el desminado humanitario, que se pondrá en marcha desde este lunes 16 de septiembre en el municipio de Samaniego, de acuerdo con los pactos logrados en el desarrollo de los diálogos territoriales con el grupo Comuneros del Sur, exintegrantes de la guerrilla del ELN, les permita a las comunidades retornar sin temor a sus corregimientos y veredas”, prosiguió el funcionario.Son diez los municipios que, en un principio, serán beneficiados con el desminado humanitario, el cual busca desactivar los artefactos no convencionales que están utilizando los grupos armados rebeldes en su guerra por el dominio territorial, dijo González.Municipios de Nariño con desminado humanitarioEstos municipios son Barbacoas, Samaniego, La Llanada, Santacruz de Guachavés, Cumbal, Mallama, Guachucal, Ricaurte, Providencia, Los Andes Sotomayor.El funcionario advirtió que, a pesar de los esfuerzos de la gobernación, finalmente se logró la financiación con recursos del Gobierno alemán para los avances en el desminado, el cual también cuenta con el apoyo del consejero comisionado para la paz, Otty Patiño.El primer diálogo para la acción integral contra las minas antipersonal, que se cumplió en Pasto, contó con la participación de decenas de víctimas que pidieron al Estado colombiano más apoyo para sus regiones.
Tras cuatro reuniones en el marco de los diálogos regionales de paz quedó listo para la revisión del alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, el borrador del protocolo del desminado humanitario que, en un comienzo, se ejecutará en tres municipios del suroccidente de Nariño.El documento, que tiene diez páginas, fue elaborado con mucho cuidado por funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de la Defensa, la Gobernación de Nariño y el Frente Comuneros del Sur.Este protocolo marco, que está ya en revisión del Gobierno Nacional, permite que en Nariño comience el desminado humanitario en el marco de los compromisos adquiridos en la instalación del primer diálogo social con la población civil que se cumplió el pasado nueve de marzo del 2024.Este documento quedó finiquitado a las puertas de que el Alto Comisionado para la Paz anuncie cuál es el paso a seguir con el Frente Comuneros del Sur, luego de que esta agrupación rebelde decidiera declarar la ruptura con el Coce y la dirección nacional de la guerrilla del ELN.Inicialmente se conoció que los municipios a intervenir por un equipo interinstitucional de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, el Ministerio de la Defensa, la Gobernación de Nariño y el Frente Comuneros del Sur son Samaniego, La Llanada y Santa Cruz de Guachavés, en el suroccidente de Nariño, donde los habitantes de 33 veredas han manifestado su temor por los campos minados.Aunque en el documento no se establece un período fijo para lograr la descontaminación de la zona, lo que sí quedó claro es que los resguardos indígenas y veredas tendrán prioridad para lograr que los más de dos mil habitantes puedan retornar a sus fincas a trabajar.El Frente Comuneros del Sur deberá garantizar el ingreso de los funcionarios asignados y, en conjunto, se realizará un mapeo de las áreas donde fueron sembradas las minas antipersonal.Líderes sociales del suroccidente de Nariño celebraron la construcción de dicho protocolo y manifestaron que tienen fe y esperanza en que ya no habrá más víctimas por la utilización de esos artefactos no convencionales que han cobrado la vida de un gran número de campesinos y han dejado a otros mutilados.
Campesinos del suroccidente de Nariño están exigiendo que se realice un desminado humanitario en la zona para ellos poder regresar tranquilamente a sus fincas y casas ubicadas en la vereda La Florida, donde hace presencia la guerrilla del ELN.Esta es una de las casi 33 veredas de los municipios de Samaniego, La Llanada y Santa Cruz de Guachez, en donde sus habitantes, más de 2.000 pobladores, aun no regresan y en las que se puede apreciar aún en las viviendas las huellas que dejó la guerra que se registró a finales del 2023 entre grupos armados ilegales.Para llegar a este territorio se puede hacer por carretera desde Pasto, desde donde son más de 16 horas de viaje. Una vez en el territorio, es notable la presencia de la guerrilla del ELN, que marca su dominio allí con banderas de color rojo y negro.Al llegar a esta apartada zona de Nariño, se puede apreciar en el rostro de los escasos habitantes la incertidumbre de lo que pueda suceder con los diálogos de paz y en voz baja dicen que ojalá el ELN pueda dirimir sus problemas internos y que continúen los diálogos, tanto en el ámbito nacional como en el regional.Algunos habitantes comenzaron a retornar a cuentagotas después de más de 8 meses de desplazamiento por culpa de la confrontación armada que dejó más de 50 muertos entre guerrilleros de las Disidencias de las Farc, guerrilleros del ELN e integrantes de la denominada Segunda Marquetalia.“De pronto ocurrió lo que ocurrió la otra vez y los enfrentamientos, eso da miedo porque ya hemos perdido todo y nadie no está ayudando, solo se limitan a hablar y hablar, pero no hay nada en concreto de parte del gobierno nacional”, dijo uno de los habitantes.Carlos, por su parte, regresó hace una semana, dice que no le graben su rostro porque asegura que el miedo aún continúa y dice que su negocio está a punto de quebrar porque los comparadores de verduras y otros productos desaparecieron, no quieren regresar por temor a las minas antipersona que fueron sembradas por los grupos en confrontación.Comunidad en Nariño se enfrentó a la fuerza pública para impedir destrucción de laboratorio de cocaEste comerciante con voz casi que entre cortada afirma que “cuando recién se construyó esto era bueno" pues, en su caso, "se vendían entre tres y cuatro millones", mientras que hoy se vende, algunos días, hasta 2.000 pesos.Esta es una de las veredas con mayor número de población, sin embargo, los que decidieron quedarse y otros pocos que llegaron se pueden contar con los dedos de la mano.Los que se han arriesgado a retornar están confiados que una vez se ponga en marcha el desminado humanitario puedan regresar todos a sus fincas y negocios a trabajar ,por eso piden que, a pesar del congelamiento de los diálogos de paz con el ELN, el presidente Petro no abandone a Nariño y exigen que continúen los diálogos nacionales y territoriales de paz.
La institución educativa Rafael Uribe Uribe, ubicada en el sur del departamento del Meta, es el lugar donde más de 500 niños y niñas reciben sus estudios. Este lugar, que hizo parte de la zona de distensión en el marco del conflicto armado, está contaminado con la presencia de artefactos explosivos que fueron enterrados por grupos armados.Por esta razón, el Batallón N4 de Desminado Humanitario del Ejército inició operaciones para descontaminar la zona, y garantizar la seguridad no sólo de los estudiantes, sino de docentes y padres de familia.“Se identificaron 15.000 metros cuadrados los cuales van a ser intervenidos con las técnicas de desminado manual, camino y mecánico”, señaló el teniente coronel Diego Garzón.Esta acción humanitaria se convierte, además, en la posibilidad para los niños y niñas, de iniciar proyectos productivos en el terreno que será intervenido.En el municipio de Uribe se han registrado hasta la fecha 154 víctimas de minas antipersonales, y en el Meta se estima que por lo menos 1.152 personas también han sido afectadas.
Labores adelantadas por el Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N.° 6, junto con tropas de la Décima Séptima Brigada del Ejército lograron certificar que cerca de 2.448 metros cuadrados quedaron libres de amenaza y sospecha de minas en la vereda La Miranda del corregimiento de San José en el municipio de Apartadó, en Antioquia.Cinco meses de labores manuales y técnicas de desminado brindan mejores garantías para habitantes de la zona. Así lo destacó el coronel Héctor Alexander Juzga León, Comandante Décima Séptima Brigada.“Esta acción viene beneficiando así a más de 30 familias que se movilizan por estos diferentes caminos corredores y carreteables”, señaló el oficial.Según la fuerza pública, la labor de desminado en este municipio se inició en 2020, y se espera que finalice en el último mes del año 2023, en donde durante el desarrollo de desminado se ha logrado ubicar y destruir 13 minas antipersonal y en total se han liberado 257.853 metros cuadrados de terreno.Le puede interesar:
Lo que parecía un día normal para desarrollar labores agrícolas se convirtió en una pesadilla, luego que Wilson Angulo Quiñones y Felipe Apolinar Valencia Angulo activaran accidentalmente un artefacto explosivo; en hechos ocurridos en la vereda Nansalvi-La Unión, zona rural del municipio de Magui Payan, en la región del Telembí en Nariño.Alejandro Quiñones, alcalde de la población, dijo que es preocupante la situación para las comunidades que habitan en las veredas y corregimientos sobre las riberas del rio Patía, debido a la presencia de minas antipersona: que en lo que va del 2023 ha provocado tres graves incidentes con campesinos de la región.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEl mandatario municipal manifestó que los dos campesinos que resultaron heridos salían a su jornada como todos los días, pero que en minutos la vida les cambio por completo.Al caer en el campo minado, a uno de ellos le fueron amputadas sus dos piernas, y el segundo está con pronóstico reservado. Quiñones aclaró que el trágico hecho se presentó en una zona donde hay una marcada injerencia de grupos armados ilegales.Los labriegos fueron trasladados vía aérea, tras la oportuna reacción del defensor del pueblo regional Pacífico, Jair Mena y de la Fuerza de Tarea Hércules que, luego de conocer el incidente, dispuso de un helicóptero para sacar de la zona a los dos heridos y ser enviados a un centro asistencial en Tumaco, en donde recibieron atención médica.Para Quiñones es urgente que el Gobierno nacional autorice un desminado humanitario en la zona del Telembí para evitar la muerte de civiles o que resulten mutilados por culpa de los artefactos no convencionalesAl llamado del alcalde se sumaron lideres sociales de la región, quienes aseguraron que los grupos armados ilegales continúan usando estos artefactos no convencionales para evitar la llegada de las autoridades, poniendo en riesgo la vida de los campesinos y afrodescendientes.Estás son las armas que más utilizan y, por lo tanto, el pedido que hacen es que autorice el desminado.En lo que va corrido del año, en la región del Pacífico se han registrado mas de 10 incidentes con minas antipersonales, especialmente en la zona del Alto Mira y frontera, en donde las comunidades afirman que están atrapados por los campos minados.Le puede interesar:
Autoridades confirmaron que, cerca de las 2:00 de la tarde de este sábado, fue evacuado el grupo de soldados del Batallón de Desminado Humanitario número 5, quienes más temprano habían grabado un video pidiendo ayuda, pues las amenazas de las disidencias estaban latentes y la misma comunidad temía retaliaciones que pudieran afectar a la población civil en el departamento del Huila.El traslado de dos oficiales, cinco suboficiales y 41 soldados se hizo en un helicóptero del Ejército desde zona rural de Baraya, Huila, hacia Neiva.Esta operación se suma a la evacuación en similares condiciones que se hizo ayer viernes, 2 de junio, de 16 soldados y dos suboficiales, quienes fueron amenazados el pasado 31 de mayo por las disidencias de la estructura 'Darío Gutiérrez', que quemaron el camión de la institución.“Darles tranquilidad a las familias de nuestros soldados. Desde el primer momento en que sucedieron los hechos se hizo el acompañamiento y ya los soldados están en Neiva. Estamos atentos a mejorar la seguridad en la región y desarrollar operaciones contra estas estructuras del Estado Mayor Central”, dijo el general Rodolfo Morales Franco, comandante encargado de la Quinta División.El presidente Gustavo Petro, por su parte, señaló que se mantendrá el esfuerzo operacional para el desminado humanitario y en la zona fueron dispuestos cinco pelotones y dos grupos del Gaula.Entre tanto, el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, pidió no frenar las labores de desminado humanitario pues ya se tenía cumplido el 90% de las zonas priorizadas.“Para este lunes se convocó una reunión extrema de seguridad con los gobernadores y hemos invitado el Gobierno nacional para buscar solución a la compleja situación de orden público”, agregó el mandatario.Le puede interesar:
Una grave denuncia hizo el batallón de desminado humanitario Número 5 que lleva a cabo labores en Baraya, Huila. Los oficiales indicaron que fueron intimidados por las disidencias de las Farc, quienes les pidieron abandonar en 24 horas el territorio. El batallón hizo un desesperado llamado al comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, al coronel Jhon Fredy Correa, comandante de la Brigada de Ingenieros de Desminado y a todo Colombia para que los ayude a salir de la zona, pues nadie los quiere ayudar por las represalias que puedan tener los grupos armados la margen de la ley contra la población civil."Les pedimos un SOS, somos el batallón de desminado humanitario número cinco, los que fuimos afectados por grupos armados el día 31 de mayo de 2023, nos dieron 24 horas para salir de los territorios, no nos quisieron sacar. La población civil ya no nos deja estar en sus casas, en sus predios, y mucho menos a lado de ellos, por temor a las represalias", mencionó uno de los soldados mientras leía frente a la cámara.De acuerdo con las declaraciones del militar que tomó la vocería del grupo, este domingo, 4 de junio, habrá una reunión en la caseta comunal a las 10:00 de la mañana en la vereda Río Blanco, donde ellos permanecen. Además, señaló que, según cree, por estas palabras los van a sacar de la institución.“Nos han prometido que nos van a mandar helicópteros y más pelotones. Sé que por esto, a muchos nos van a echar del Ejército, pero queremos pedirle a organismos de derechos humanos, a la OEA, a la Cruz Roja para que por favor si pueden interceder por nosotros lo hagan. Muchas gracias”, indicó.Por otro lado, miembros del Ejército Nacional le indicaron a Blu Radio que están trabajando para atender las necesidades de este el batallón de desminado humanitario que no ha podido salir de Baraya, Huila.
