Durante la tercera fase de intervención al Cementerio Campo Hermoso de Bucaramanga, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, encontró restos óseos pertenecientes a menores buscados por las familias quienes aseguraron que fueron reclutados de manera ilegal por las extintas Farc.En tumbas del cementerio fueron encontrados 8 cuerpos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos durante los años 2000 y 2001 en el páramo de Berlín, el análisis forense realizado a los restos óseos confirmó que la mayoría de las víctimas eran menores.Sin embargo, no fue posible establecer su identidad, debido a la ausencia de documentos con huellas dactilares, lo que impidió su plena identificación, por lo que la Unidad hace un llamado a Familiares victimas del conflicto armado en Berlín ha acercarse a Medicina Legal para su identificación.Manuel Guillermo Criales Aponte, coordinador de la Unidad de Búsqueda en Santander, explicó que, "los cuerpos ya habían sido sometidos a una primera necropsia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde las investigaciones arrojaron que algunos son menores y otros adultos identificados".Hasta la fecha, la investigación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, ha logrado encontrar los restos de al menos 62 personas desaparecidas en el marco de la operación Berlín. Estos cuerpos fueron sepultados en el cementerio municipal de Bucaramanga entre finales de 2000 y principios de 2001. La intervención en el cementerio se enmarca dentro del Plan Regional de Búsqueda para el Área Metropolitana - Soto Norte, un proceso de investigación que ha permitido la exhumación de 52 cuerpos a lo largo de sus tres fases. Estos restos han sido remitidos al Instituto de Medicina Legal, donde se están llevando a cabo las acciones necesarias para avanzar en su identificación.La Unidad continúa avanzando en la búsqueda de respuestas para las víctimas y sus familias, con el objetivo de esclarecer los hechos y contribuir a la reparación integral de las personas afectadas.
Autoridades en Sogamoso acaban de capturar a Juan Carlos Rodríguez, primo de la pequeña Sarita Vargas, la menor desaparecida en ese municipio de Boyacá, el pasado 25 de diciembre de 2024. El hombre fue requerido por las autoridades por el delito de desaparición forzada, pues habría evidencias que lo incriminan directamente con lo sucedido con la niña.En diálogo con Blu Radio, el alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón Granados, aseguró que al interior de la vivienda de Juan Carlos Rodríguez había elementos relacionados con la desaparición de Sarita Michel Vargas. A eso se le suman los rastros de sangre, aun sin identificar, que tenía la moto del hombre.Cabe recordar que, desde el pasado domingo, 12 de enero, las autoridades se encuentran verificando el hallazgo de un cuerpo en descomposición a tan solo unos dos kilómetros de donde la menor fue vista por última vez.“La Fiscalía, en conjunto con la Policía de la SIJIN, han dado con la captura de esta persona. Esperamos que prontamente se haga justicia y se conozcan los móviles y las características de este hecho para que entre todos podamos seguir previniendo la violencia contra los niños, las niñas y las mujeres”, dijo el alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón Granados.
Los hallazgos en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín no solo ha reavivado la esperanza de las familias de las víctimas de desaparición forzada por saber qué pasó y darles un último adiós digno, también las solicitudes a las entidades estatales por más medidas que permitan hallar a las 502 personas que desaparecieron en el contexto de la violencia en la zona.Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, explicó que una de esas exigencias que han hecho las víctimas, desde una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en 2019 es que se revoque la licencia de explotación a la empresa El Cóndor, renovada por el Ministerio de Minas en el 2019 durante 20 años más."No puede seguir siendo un lugar para enriquecer a una empresa cuando detrás están cientos de víctimas y de familiares esperando verdad y justicia, y eso implica que la gobernación de Antioquia asuma de verdad el compromiso con los derechos humanos y derogue el permiso que le fue otorgado en el 2019 por 20 años más a la empresa", mencionó.Para Luz Elena Galeano, vocera de Mujeres Caminando por la Verdad, es revictimizante que en el sitio se sigan escuchando volquetas, que se continúe extrayendo materiales del sitio, cuando justamente ellas acompañan esta búsqueda que ya lleva más de 20 años."Hoy las víctimas exigimos que les quiten todo ese tiempo de que cesen las actividades en La Escombrera mientras hay estos hallazgos, porque esto es revictimizante para nosotras sentir las volquetas subiendo y bajando mientras estamos haciendo la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos", aseguró Galeano.Margarita Restrepo reiteró otra de las solicitudes que han hecho los colectivos de víctimas, que esta empresa sea investigada."Nosotros hemos insistido mucho, hemos tocado muchas puertas. Yo creo que esto también debe entrar y quedar claro que El Cóndor debe de ser investigado porque hace muchos años se le hizo seguimiento para una investigación y no", dijo.Y es que la cantera operada actualmente por la empresa Construcciones El Cóndor S.A., por años también fue un depósito de desechos de demoliciones y desde el año 2002 tras la Operación Orión, quienes buscan a sus desaparecidos han denunciado que los cuerpos fueron inhumados justamente en la zona destinada a los desechos de las construcciones.Finalmente, las víctimas piden que el sitio sea decretado como un lugar de memoria, pues el derecho a la verdad y justicia debe estar por encima al derecho a la propiedad privada o el derecho a enriquecerse de una empresa. De otro lado, solicitan que se amplíen las investigaciones, por ser crímenes de lesa humanidad y ampliar el polígono de búsqueda inicial.
Luego de que se diera a conocer lo que la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda han nombrado como el tercer hallazgo forense esta semana en en lo que se conoce como la fosa común a cielo abierto más grande del mundo, las excavaciones continuarán este sábado en La Escombrera, si el clima así lo permite.Y es que a medida que pasan las horas siguen conociéndose la existencia de más restos óseos allí, además de prendas de vestir, lo que hace revivir las esperanza de las familias mientras que las entidades involucradas avanzan en resguardar las estructuras humanas que fueron recuperadas en la zona y que son trasladas a Medicina Legal para su plena identificación. Gustavo Salazar, magistrado de la JEP, relator de las medidas cautelares allí se refirió al tema."No hay partes expuestas. En esa medida, digamos, no hay urgencia de continuar la prospección y la excavación. Continuaríamos salvo que, digamos, siga lloviendo. Y a partir del balance hacia el mediodía, veremos si se adopta un plan de urgencia para continuar. Pero, en principio, la idea sería que no. No hay riesgo de pérdida de esqueleto", destacó Salazar.Lo que se ha podido establecer hasta el momento es que algunos de los restos óseos pertenecen a tres personas, entre ellos una mujer, los cuales no han podido ser identificados plenamente a pesar de las prendas de vestir y otros elementos encontrados por los forenses.Tras cerca de una década de excavaciones, este es el segundo hallazgo en una misma semana pues el pasado miércoles el equipo forense halló restos óseos y prendas de vestir pertenecientes a dos cuerpos y que están en proceso de identificación.Según detalló el magistrado Salazar, hay varios aspectos en investigación que den más indicios de los desaparecidos allí, por ejemplo, una base paramilitar en la parte alta de la comuna 13."Todo indica que hubo una base paramilitar en la parte alta de la comuna 13 durante más de un año y nadie actuó. Y que esa base paramilitar fue un lugar de tortura y desde donde se llevaba la gente para ser enterrada. Eso se planteó desde el principio. Eso está siendo objeto de instrucción", manifestó el magistrado.En la comuna 13 hay un universo de 502 personas dadas por desaparecidas, según los registros de la Unidad de Búsqueda. Se presume que hay restos de quienes padecieron la violencia en medio de operaciones militares y acciones paramilitares entre principios de la década de los 80 y del 2.000.
La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín, no es solo un montón de desechos de construcción. Este lugar se ha convertido en un símbolo del dolor y la memoria de las víctimas del conflicto armado que marcó a Colombia, más recientemente, luego del hallazgo, tras una década de búsqueda, de los primeros restos óseos en el lugar.¿Qué es La Escombrera y por qué es importante?La Escombrera es un sitio que durante años ha sido utilizado para el vertimiento de escombros en Medellín. Sin embargo, según organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, también se usó como un cementerio clandestino durante las épocas más violentas de la ciudad. Esto ocurrió especialmente en los años 90 y principios de los 2000, cuando la Comuna 13 fue escenario de enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y las fuerzas estatales.El lugar se encuentra en las laderas occidentales de la ciudad, un sector históricamente marginado y golpeado por la violencia. La Escombrera ha sido señalada como el sitio donde se habrían enterrado los cuerpos de personas desaparecidas durante la Operación Orión en 2002, una intervención militar destinada a retomar el control de la Comuna 13, pero que dejó un rastro de graves violaciones a los derechos humanos.¿Qué fue la Operación Orión?La Operación Orión fue un operativo liderado por las fuerzas armadas colombianas con apoyo de la Policía Nacional y el gobierno local. Aunque logró expulsar a los grupos armados ilegales que controlaban la zona, también dio lugar a denuncias de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Las familias de los desaparecidos afirman que muchos de los cuerpos fueron llevados a La Escombrera, donde quedaron sepultados bajo toneladas de escombros.Durante más de dos décadas, organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad han exigido la intervención de las autoridades para realizar excavaciones en La Escombrera. Tras esas reclamaciones, finalmente, en 2015, se iniciaron trabajos exploratorios que generaron esperanzas entre los familiares, pero los resultados fueron limitados. Las dificultades técnicas y los altos costos para remover las miles de toneladas de escombros han frenado los esfuerzos.Para los familiares, este sitio representa mucho más que una posible tumba. Es una herida abierta que refleja la impunidad y el olvido hacia las víctimas del conflicto armado. Cada año, las madres, esposas e hijos de los desaparecidos organizan marchas y plantones para exigir justicia y mantener viva la memoria de sus seres queridos.La Escombrera hoyActualmente, La Escombrera sigue siendo un lugar de controversia y deudas pendientes. A pesar de las denuncias y los pedidos de excavación, el lugar también sigue recibiendo escombros, lo que dificulta aún más las labores de búsqueda.En el contexto del proceso de paz en Colombia, la búsqueda de desaparecidos se ha convertido en una prioridad. Sin embargo, La Escombrera pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el país para reparar el daño causado por el conflicto armado y garantizar el derecho a la verdad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este viernes, 13 de diciembre, al Estado colombiano por la desaparición forzada de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá, ocurrida en mayo de 1995 a manos de agentes de la Policía Nacional. En su decisión, el tribunal internacional responsabilizó a Colombia por graves violaciones a los derechos humanos y emitió órdenes dirigidas a garantizar justicia, reparación y no repetición.El caso, que fue remitido a la Corte en diciembre de 2022, evidencia una práctica sistemática de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en la década de los 90. Jhon Ricardo, de 24 años, y Gloria Mireya, de 22, fueron detenidos frente a la Clínica Tequendama en Cali por la Unidad Antiextorsión y Secuestro (UNASE). Desde entonces, su paradero es desconocido.En su fallo, la Corte ordenó al Estado colombiano:Continuar con la investigación, judicialización y sanción de los responsables de la desaparición de los jóvenes.Crear protocolos especializados para la búsqueda de víctimas desde el exterior, considerando casos como el de la hermana de Jhon Ricardo Ubaté, quien ha tenido que continuar su lucha desde el exilio.Otorgar becas estudiantiles a los familiares de las víctimas, como medida de reparación.Establecer un espacio de memoria dedicado a las víctimas de desaparición forzada, destacando que este crimen constituye una grave violación de derechos humanos y un delito de Estado.El fallo llega tras la aceptación de responsabilidad del Estado colombiano durante una audiencia pública celebrada en enero de 2024, en la que reconoció los crímenes cometidos por la Policía Nacional.Cabe decir que los familiares de las víctimas han insistido en la necesidad de acciones concretas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La Corte también resaltó la obligación del Estado de garantizar que los familiares puedan continuar su lucha por justicia sin enfrentar riesgos o limitaciones, especialmente aquellos que se encuentran en el exterior.
El comité contra la desaparición forzada de la ONU terminó su visita a Colombia y en su informe preliminar advirtieron que habían recibido información de Medicinal Legal, según la cual en un hangar del Aeropuerto El Dorado de Bogotá habría 20.000 cuerpos sin identificar.Medicina Legal, la Alcaldía de Bogotá y Opain aseguraron que no tenían información del tema y la Procuraduría realizó una visita al aeropuerto sin encontrar evidencias de esos casos.Blu Radio habló con Luz Janeth Forero, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, quien se refirió a los sitios de interés forense en Bogotá.“Los sitios de interés forense que nosotros investigamos la mayoría de ellos están en los cementerios de la ciudad, no hay que olvidar que muchas de las personas no identificadas que fallecieron o desaparecieron en el marco del conflicto pudieron haber sido allí inhumadas sin hacerse su debida identificación, en Bogotá tenemos zonas rurales y sitios ubicados por ejemplo en la localidad de Sumapaz, pero en el contexto urbano la mayoría de sitios de interés forense se ubican en los cementerios y algunas áreas rurales cercanas a la capital”, dijo Forero.Sobre el caso preciso de El Dorado, la directora de la UBPD dijo que no tenían información sobre esos casos.“No contamos con información al respecto e incluso hicimos nuestro sondeo en nuestro registro nacional a ver si en el aeropuerto El Dorado o alrededor del aeropuerto pudiera existir algún sitio de interés forense, pero no lo encontramos, no lo encontramos en nuestro registro ni en nuestra información histórica”, agregó Forero.La directora además reveló que hicieron un ajuste al universo de búsqueda pasando de 111.640 a 124.734.“Esto significa un aumento en las personas que estamos buscando, personas que fueron desaparecidas en el contexto del conflicto armado, cuyas desapariciones ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016”, señaló la directora de la UBPD.
La Procuraduría General de la Nación aclaró este jueves que no encontró restos humanos en los hangares del aeropuerto El Dorado de Bogotá, desmintiendo la alarmante denuncia del Comité de la ONU para la Desaparición Forzada que señalaba la supuesta existencia de 20.000 cuerpos no identificados en ese lugar.Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos, lideró la inspección junto a un equipo especializado. "Recorrimos durante más de cuatro horas los 27 hangares concesionados a Opaín y verificamos que son espacios dedicados exclusivamente a actividades aeroportuarias como mantenimiento de aeronaves, bodegas y talleres. No se encontró evidencia alguna que respalde la afirmación del Comité", declaró Sarmiento en entrevista con Mañanas Blu.La denuncia que encendió las alarmasEl Comité de la ONU, en el cierre de su visita a Colombia, expresó preocupación sobre el manejo de restos humanos en el país. Según su informe preliminar, basado en información de fuentes no reveladas, habría aproximadamente 20.000 cuerpos no identificados en uno de los hangares del principal aeropuerto de la capital. Esta declaración generó indignación y alarma nacional.Sarmiento explicó que las aseveraciones de la ONU citan como fuente a Medicina Legal, entidad que posteriormente desmintió dicha información. "No hay concordancia de esa cifra con ninguna fuente oficial o registro de víctimas. Una cifra de 20.000 es absolutamente desproporcionada, casi la mitad del estadio El Campín", dijo en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor MoralesProcuraduría, en búsqueda de la verdadAnte la gravedad de la acusación, la Procuraduría requirió información a entidades como la Fiscalía, la Dijín y Medicina Legal para corroborar cualquier dato relacionado con esta denuncia. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado evidencia que respalde la existencia de los cuerpos.El equipo de la Procuraduría destacó que la inspección fue de observación, sin excavaciones, y que el acceso fue facilitado por Opaín, la empresa que administra el aeropuerto. "En principio, no se hizo ningún tipo de intervención en el subsuelo. Fue un recorrido documentado que no arrojó hallazgos", señaló Sarmiento.El impacto diplomático de la denunciaLa posibilidad de que este dato preliminar sea presentado ante la ONU en Ginebra preocupa a las autoridades colombianas. “Es altamente probable que el informe incluya esta cifra errónea. Por eso, hemos solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores que gestione aclaraciones diplomáticas para evitar que quede en el aire una afirmación tan alarmante como esta", puntualizó Sarmiento.Además, el procurador instó a Naciones Unidas a revelar la fuente que proporcionó esta información, calificándola de "altamente inverosímil". En sus palabras: "20.000 cadáveres ni siquiera podrían encontrarse en escenarios de guerra como Ucrania o Siria".Reacción ante la falta de rigorLa denuncia de la ONU ha generado cuestionamientos sobre la rigurosidad de las investigaciones realizadas por el Comité de Desaparición Forzada. "Uno no puede lanzar una acusación de esta magnitud sin pruebas contundentes. Esto parece más una fosa común ficticia que una realidad fundamentada", comentó Sarmiento.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU realizó una visita a Colombia y lograron reunirse con las autoridades relacionadas con este tema en Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta y Villavicencio, presentando un informe al final de la visita. En una primera medida advirtieron que la desaparición no es un crimen del pasado y aseguraron que frente a las cifras hay un subregistro.“Es de particular preocupación que no exista una visión global confiable de la dimensión de la desaparición forzada: las cifras comunicadas a la delegación oscilan entre 98.000 y 200.000 personas desaparecidas en Colombia. Cada institución tiene su registro que se concentra en los datos relacionadas con su mandato. Ante la incógnita de cuántas son las víctimas de desaparición y de desaparición forzada, no se puede saber a quién se busca”, señalaron desde el Comité.También mostraron su preocupación por la ausencia de la institucionalidad en varios territorios del país, especialmente en zonas donde hay presencia de grupos armados, también se refirieron a los casos de impunidad frente a la desaparición forzada.“Preocupa a la delegación que, según varios interlocutores, el índice de impunidad llegaría al 98 % de los casos de desaparición forzada, lo que revela la existencia de un problema sistémico que debe ser abordado desde sus causas estructurales. La delegación observa la existencia de prácticas institucionales o decisiones que contribuyen a la invisibilización e impunidad de la desaparición forzada”, se lee en el informe del Comité.
Entidades del sistema transicional de justicia siguen generando resultados en los procesos de búsqueda que permitan identificar y entregar a sus familiares personas desaparecidas por cuenta del conflicto armado.Uno de los epicentros de este proceso es el municipio de Puerto Triunfo, uno de los escenarios de mayor relevancia para los hechos violentos ocurridos a inicios de siglo en el Magdalena medio y en donde en su cementerio se logró el hallazgo de cuatro nuevos cuerpos aún por identificar.Daladier Jaramillo, coordinador de la Unidad de Búsqueda en el Magdalena Medio, se refirió al reciente hallazgo producto de las medidas cautelares que desde el año pasado dictó la Jurisdicción Especial para la Paz sobre este camposanto por considerar que allí puede haber personas que fueron desaparecidas en el marco de hechos violentos."Continuamos en el proceso paralelo de avanzar en la implementación de tomas de muestras de ADN para tener información que permita el cotejo genético con los cuerpos que hemos venido recuperando en los cementerios de los puertos, entre ellos el cementerio de Puerto Trujillo", dio a conocer sobre estas labores, Jaramillo.El Plan Regional de Búsqueda para esta región del país abarca los municipios de Puerto Berrío, Puerto Boyacá, Puerto Nare, Puerto Salgar, Cimitarra y Puerto Triunfo. Hasta el momento se han logrado recuperar 55 cuerpos de esta última localidad donde se presume que el potencial de recuperación es de 77.Vale la pena mencionar que, según la entidad, nuevas labores de búsqueda en este cementerio se retomarán en los primeros dos trimestres del año 2025.
