En un acto de memoria, reparación y dignificación, en Bucaramanga fueron entregados a sus familiares los restos de Zayda Milena Porras, desaparecida forzadamente el 22 de diciembre de 2009 y asesinada en medio de una historia marcada por el desplazamiento, la persecución y la violencia que vivió junto a su familia.Zayda Milena, nacida el 29 de febrero de 1980, era madre de dos niñas y un niño. Residía en Bucaramanga, pero ante las constantes amenazas y un intento de secuestro de su hijo, decidió trasladarse a Pasto, Nariño, buscando proteger su vida. Su desaparición ocurrió mientras viajaba a Cali. Pese a los esfuerzos de su familia, no se volvió a tener noticias de ella hasta noviembre de 2010, cuando la Fiscalía halló su cadáver y lo sepultó de manera silenciosa en el cementerio de Buga, Valle del Cauca.Fue en 2015 cuando la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas logró ubicar los restos de Zayda Milena y, tras años de espera, serán entregados oficialmente a su familia junto a un informe forense en un acto programado en la sede UIS Bucarica.Este evento incluirá una explicación técnica y una ceremonia de sanación, mientras que el 19 de noviembre se realizará una ceremonia simbólica con la participación de organizaciones sociales, sindicales y defensores de derechos humanos.La historia de Zayda Milena está estrechamente ligada a la lucha sindical de su padre, Alfredo Porras, quien fue dirigente de la Federación Departamental Unitaria de Trabajadores y trabajador de una multinacional en Bucaramanga. Su activismo lo convirtió en blanco de persecuciones, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte por parte del Estado y el paramilitarismo. Estas acciones llevaron a Alfredo a exiliarse en Chile y, posteriormente, en Canadá, obligando también al desplazamiento de toda su familia dentro de Colombia.“Mi hija Zayda Milena fue víctima de desaparición forzada como consecuencia del desplazamiento y la persecución que sufrimos por parte del Estado y la multinacional. Esto nos llevó a vivir dos exilios, a separarnos como familia y a enfrentar el dolor de su pérdida”, expresó Alfredo Porras.El acto de entrega de los restos busca dignificar la memoria de Zayda y evidenciar el impacto de la desaparición forzada en Colombia. El Sindicato de Educadores de Santander (SES) también se unió al acto en apoyo a Alfredo Porras, destacando la importancia de reconocer la responsabilidad estatal en la violencia contra los sindicalistas.Mauricio Martínez, vocero del SES, señaló: “Es momento de visibilizar estos casos y dignificar a las víctimas. El Estado debe asumir su responsabilidad por los episodios de violencia sindical, como el que sufrió Alfredo Porras, y garantizar que estas historias no queden en el olvido”.Este acto es un recordatorio de las miles de víctimas de desaparición forzada en Colombia y un llamado a la justicia y reparación para quienes han sufrido las consecuencias de un conflicto que sigue dejando cicatrices profundas en las familias y en la sociedad.
Este miércoles se cumplen 11 días desde que fue reportada ante la Fiscalía la desaparición forzada de Gustavo Enrique Montenegro González, un exportador informal de carbón y café de Santa Marta, a quién se le perdió todo rastro cuando llegó a Barranquilla, según su esposa, a cumplir una cita con unas personas que ella no identifica.Según datos que hasta ahora han podido recopilar familiares y que entregaron a las autoridades, el 2 de noviembre a las 1:30 de la tarde Montenegro llegó en una camioneta BMW blindada al barrio Santuario, en inmediaciones de la estación del Rio Bus, y allí dejó estacionado el vehículo.Autoridades investigan una versión en la que indican que el empresario fue rodeado por unos hombres armados quienes lo habrían obligado a subir a una embarcación que se lo llevó a atravesando el río Magdalena en sentido hacia el municipio de Sitionuevo, en el vecino departamento.Entre tanto, la camioneta blindada duró varias horas abandonada en el sitio por lo que una grúa del Tránsito se la llevó a los patios, donde aún permanece.El caso ya está en manos del Gaula de la Policía que adelanta la investigación. Familiares de Montenegro afirman que dentro de su vehículo él llevaba una pistola, un computador portátil y un bolso con dinero, sin embargo, se está a la espera de una orden de un juez para abrir el vehículo y constatar si los elementos aún siguen dentro.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la Resolución de Conclusiones No. 03 en el contexto del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, específicamente en el Subcaso Costa Caribe. Entre enero de 2002 y julio de 2005, que involucra al batallón de artillería No. 2 llamada 'La Popa'. En este se registraron 135 crímenes en 77 eventos en varios municipios del Cesar y La Guajira, superando las cifras previamente reconocidas. La JEP identificó dos patrones de macrocriminalidad que evidencian la gravedad de estos hechos y su impacto en las comunidades.Entre las decisiones clave, la JEP incluirá el crimen internacional de tortura, lo que implica que algunos de los máximos responsables deberán ser juzgados por este delito.También se solicitó a la Sala de Reconocimiento una lista de presuntos responsables no obligados a comparecer ante la JEP, para que se inicien acciones en la justicia ordinaria.Además, se subrayó la necesidad de brindar acompañamiento psicosocial a las víctimas, respetando sus particularidades étnicas y culturales, especialmente en el caso de las comunidades indígenas, asegurando la traducción necesaria para facilitar la comprensión del proceso. Por lo anteriormente expuesto, la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad:En dicho documento costa de más de 10 artículos donde se evidencia cual fue la decisión que tomo la JEP:En el primer artículo se confirma que la Resolución de Conclusiones No. 03 aborda los hechos, conductas, pruebas, calificaciones, responsables y propuestas de sanción establecidos por la Sala de Reconocimiento. Se reafirma que estos hallazgos se alinean con los patrones de conducta previamente determinados.Por lo que se va a ajustar la calificación jurídica para incluir el crimen internacional de tortura entre los hechos reconocidos. Los responsables deben pronunciarse sobre esta calificación en un plazo de quince días. Esto destaca la seriedad de los crímenes cometidos y amplía la responsabilidad de los implicados.Similar al anterior, se especifica que ciertos hechos configuran el crimen internacional de persecución. Se prevé que los responsables se manifiesten sobre esta nueva calificación, enfatizando la sistematicidad de las agresiones contra la población civil.Por lo que se solicitará a la Sala de Reconocimiento que proporcione una lista de presuntos responsables que no están obligados a comparecer, así como información sobre acciones legales en su contra. Esto busca asegurar que todos los posibles responsables sean identificados e investigados.También se establece que la decisión debe ser notificada al Ministerio Público y a las víctimas, garantizando su derecho a estar informadas y participar en el proceso. También se ordena un acompañamiento psicosocial para las víctimas durante el trámite judicial. Y se le ordena que se remita una copia de la providencia a la Relatoría y a la Subdirección de Comunicaciones para su divulgación ante la opinión pública. Esto busca asegurar la transparencia y el acceso a la información sobre el proceso.Finalmente, se ordena comunicar la decisión a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y a la UIA para los efectos pertinentes. Esto fortalece la colaboración internacional y el seguimiento del caso.
Víctimas de desaparición forzada pidieron más articulación de las autoridades para la búsqueda de sus familiares. Antioquia, con 12.730 víctimas directas y 35.168 familiares, es el departamento más afectado por este delito de lesa humanidad, según la Unidad de VíctimasPara conmemorar el Día Internacional contra la desaparición forzada, las víctimas realizaron un plantón en la tarde de este viernes a las afueras de la Mansión Montecasino, antigua guarida de los castaño que fue entregada en el mes de mayo a Medicina Legal para la identificación de cuerpos, tras una solicitud precisamente los familiares de quienes padecen este flagelo.En este punto, nombrado el Centro Interinstitucional para la búsqueda e identificación (CIBI) Ausencias, las mujeres buscadoras transmitieron un mensaje de lucha por la verdad, para seguir pidiendo mayor compromiso institucional para las labores de búsqueda. Luz Elena Galeano, vocera de la Mesa Departamental Sobre la Desaparición Forzada de Antioquia, reiteró que hace falta más articulación de las autoridades competentes, tanto a nivel local como nacional y esa es una de las razones para honrar a sus seres queridos este viernes."Que haya una gran articulación entre las entidades que tienen competencia en la búsqueda, tanto de los niveles locales como de los niveles nacionales, que haya recursos suficientes para la búsqueda y que el proceso de búsqueda sea continuo, y que es obligación del Estado también reconocer las víctimas de desaparición postrada, que estemos en el registro único de víctimas", señaló.Tan solo para el caso de La Escombrera, que recientemente retomó su intervención forense, se espera hallar 502 cuerpos, con participación de las buscadoras, agrupadas en la organización Mujeres Caminando por la Verdad.Pero este no es el único acto a propósito de la fecha. En sitios de encuentro para los sobrevivientes del conflicto armado en Medellín como el Museo Casa de la Memoria, o que fueron referentes de violencia como la mansión Montecasino y cementerios, familiares volvieron a dignificarlos con plantones y las fotografías con las que demuestran que no los olvidan y persisten en su búsqueda incansable.En el Registro Único de Víctimas en el país se incluyen 52.991 desaparecidos durante el conflicto armado, además 145.119 personas son reconocidas como indirectas (familiares). De ellas, Antioquia, con 12.730 víctimas directas y 35.168 familiares, es el departamento más afectado por este delito de lesa humanidad. A su vez, se han indemnizado en Colombia a más de 73.000 parientes de desaparecidos, de los cuales hay más de 20.000 en Antioquia).
Las 48 horas posteriores al hallazgo del cuerpo de una mujer enterrada en un lote en Soledad, Atlántico, han sido determinantes para avanzar en su identificación plena, lo que no ha sido nada fácil pues las huellas dactilares no han podido ser recuperadas debido a la descomposición del cuerpo.Aunque se presume que la víctima es Gina Paola Rivera Toloza, reportada como desaparecida desde el pasado 16 de julio, el cuerpo aún no puede ser entregado a sus familiares y no descartan que deba ser sometido a pruebas de ADN para confirmar con certeza su identidad.Entre tanto, médicos forenses continúan con el análisis del cuerpo para determinar en la necropsia, la manera cómo la mujer fue asesinada. Blu Radio conoció que una hipótesis que no descartan las autoridades es que la mujer fuera asfixiada, esto luego de que el cadáver fuese encontrado con una bolsa cubriendo toda la cabeza.“Por la descomposición del cuerpo no se pudo ver a simple vista si tenía algún tipo de heridas como de arma blanca, disparos o golpes, pero lo que sí se pudo observar es que tenía una bolsa amarrada en la cabeza lo que hace inferir que fue asfixiada”, indicó a BLU Radio una fuente que conoció el caso.Este miércoles, familiares de Gina a Rivera nuevamente acudirán a Medicina Legal para continuar con la realización de pruebas a fin de corroborar si la mujer de 31 años es la que encontraron enterrada en un lote.Por el momento siguen insistiendo a la Fiscalía General de la Nación en redoblar los esfuerzos para encontrar a la expareja de Gina, de quien no se sabe nada de su paradero. El hombre vivía en la casa contigua al terreno donde fue encontrado el cadáver.
Desde el pasado 11 de mayo Gloria Torres no ha podido conciliar el sueño buscando pistas que permitan dar con el paradero de su hija Isamar Algarín Torres, luego de que saliera del parqueadero de la Sijin, en el norte de Barranquilla, donde estuvo retenida unas dos horas al haber sido encontraran junto a otros siete hombres armados que, según la Policía, planeaban un atentado en el norte de la ciudad.La joven de 28 años quedó en libertad al corroborarse que no tenía nada que ver con esta estructura, sin embargo, nunca regresó a su casa en el barrio Los Olivos donde sus tres hijas y su madre, aún la esperan.Al cumplirse 3 meses y 3 días de su desaparición, Gloria Torres reveló a Blu Radio que en poder de las autoridades existen videos de cámaras de seguridad donde se evidencia que Isamar salió de la Sijin, subió a un carro rojo, bajó de este en el barrio Boston, norte de Barranquilla y allí hombres armados la obligaron a subir a un automóvil blanco del que aún no se tiene la placa.“En la parte de atrás del carro rojo que la deja, había un carro blanco parqueado con las luces en altas. Mi hija entra a una tienda y cuando ella sale el carro ojo que la traía ya no estaba. En las cámaras se ve que ella empieza como a buscar, pero enseguida llega el carro blanco que estaba detrás. De ahí se baja un hombre que la jala por el cabello y mi hija forcejea, el tipo le apunta con un arma en la cintura, pero ella seguía forcejeando. De ese mismo vehículo bajó otro hombre y ayudó a subirla y luego se fueron”, narró Gloria. El recorrido de IsamarEl primer video que se logró recuperar fue el de una cámara que muestra a Isamar salir del parqueadero de la Sijin e intentar parar varios taxis, sin embargo, al no poder conseguir una carrera subió a un automóvil rojo que estaba parqueado, presuntamente, ofreciendo servicio de Indriver.Blu radio conoció que este conductor ya fue entrevistado por la Fiscalía, sin embargo, entregó una versión diferente a lo que se ve en las cámaras, pues aseguró que dejó a Isamar en inmediaciones del Colegio Colón, cuando en realidad los registros de las grabaciones lo ubican en la calle 57con la carrera 41.En este punto Isamar Algarín entró a una tienda, compró algo y al salir empezó a buscar desesperada el carro rojo, pero este ya se había.El conductor en la entrevista dijo a la Fiscalía que Isamar había pedido un servicio para Santa Marta, situación que para Gloria es imposible, pues la joven no tenía teléfono ya que este le fue incautado durante su captura.Segundos después de que Isamar estuviera parada en el andén, apareció el automóvil blanco, de él descendió un hombre que llevaba puesta una chompa oscura y no dejaba ver si rostro.Gloria cuenta que al ver los videos, detalló como esta persona tomó a su hija de los cabellos y con violencia la jaló hacia el carro, pero ella se resistió con toda su fuerza y fue entonces cuando le apuntan con una pistola en su cintura y luego un segundo hombre baja ayudar a llevársela a la fuerza. Clamor desesperadoAnte estos hechos, Gloria pide a las autoridades no desfallecer en los esfuerzos para dar con la ubicación del carro blanco, pieza clave para dar con el paradero de Isamar.Este caso fue denunciado ante la Fiscalía como desaparición forzada y en tres mese ya ha pasado por manos de cuatro fiscales, asegura Gloria, sin que nadie le de una información concreta de lo que ocurrió con su hija.Del hecho también tiene conocimiento La Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, pues esta desesperada madre ha tocado todas las puertas posibles.“Estamos muy angustiados todos por la desaparición de Isamar. Yo le pido a las autoridades que la busquen, no creo que en tres meses no den con la información. Dicen que no han dado con las placas del carro en el que se la llevaron a la fuerza, pero esto es muy difícil de creer”, dijo Gloria.
En medio de las acciones conjuntas de diferentes autoridades y comunidades indígenas en el municipio de Dabeiba para lograr encontrar a Elsy Carupia, niña de 12 años desaparecida desde el pasado 14 de julio, la administración local decidió establecer nuevas medidas de seguridad para la protección de esta población.A través del decreto 077 la Alcaldía de Dabeiba estableció el toque de queda nocturno para menores de edad de manera indefinida. La medida regirá todos los días entre las 11:00 p.m. y las 6:00 a.m. Las mismas autoridades acompañarán y supervisarán la aplicación y cumplimiento de la medida.“Solicitamos a padres de familias, adultos responsables y comunidad en general a acoger la medida y evitar sanciones por incumplimiento del decreto”, expresaron desde la administración.Esta medida llega pocas horas después de que en un Puesto de Mando Unificado se acordara intensificar las labores de búsqueda de la niña con personal especializado. A su vez el alcalde Daniel Higuita ha pedido todo el apoyo de diferentes instituciones para continuar con la labor en la que se ofrecen hasta 50 millones de pesos por información que permita esclarecer el hecho.Hace pocos días un juez también decidió enviar a la cárcel a Alexander Mazo Cartagena, principal sospechoso de la desaparición de la menor tras haber sido identificado en cámaras de seguridad llevándola el mismo día de los hechos hasta su casa en una motocicleta.Mazo Cartagena, también conocido como ‘María Monte’ fue capturado en Miranda, Cauca, tras un operativo conjunto entre la Sijín y el Goes de la Policía.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Alexander Mazo Cartagena, alias ’María Monte', presunto responsable de la desaparición de Elsy Carupia Pernía, una niña indígena de 12 años, en hechos ocurridos en el municipio de Dabeiba, occidente antioqueño.Según la investigación de la Fiscalía, la madrugada del pasado 14 de julio, Mazo Cartagena habría recogido a la víctima en una motocicleta con el pretexto de llevarla hasta su casa ubicada en zona rural.Las labores de policía judicial permitieron establecer, según las autoridades, que hacia las 4 de la madrugada de ese día, la menor cruzó el denominado túnel de La Llorona a bordo de la moto que, se cree conducía el hoy procesado, momento desde el cual no se conoce su paradero.Alias 'María Monte', de 36 años, fue capturado por servidores de la Sijín y el Goes de la Policía Nacional en una casa del municipio de Miranda (Cauca) donde, al parecer, se escondía de las autoridades, además justo cuando la Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa por 50 millones de pesos para quien diera información que permitiera su captura.Durante las audiencias preliminares, alias María Monte negó su responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada. En los últimos días, su comunidad ha adelantado bloqueos en la vía Medellín- Urabá para exigir respuestas sobre su paradero. Además también adelantaron una manifestación, que estuvo liderada por los compañeros y profesores de la escuela donde la niña Elsy Carupia Pernía, asistía a clases. A un mismo grito “¡No estamos todos, nos falta Elsy!”, cientos de personas alzaron la voz para pedir el regreso de la menor.
¿Naufragios o desapariciones forzosas? Esa es la pregunta que ronda en la cabeza de los familiares de decenas de migrantes desaparecidos en aguas del archipiélago de San Andrés entre 2017 y 2023, donde cuatro lanchas parecen haber sido tragadas por el Mar Caribe con docenas de personas a bordo sin que aparezcan los cuerpos ni sus documentos ni los pedazos de las embarcaciones presuntamente naufragadas.Miladi Nataly Álvarez es una de las 96 personas que hacen parte de esta lista de desaparecidos por la que no hay una búsqueda activa de parte de las autoridades colombianas. Esta venezolana, de 30 años, subió el 21 de octubre de 2023 a una lancha junto a 40 personas más en el sur de San Andrés. Según cuenta su tía Beatriz Colmenares, a pesar de que siguieron su ubicación en tiempo real por GPS, nunca más volvieron a tener razón de ella."Tenemos las imágenes donde ella dice: siganme que aquí está mi ubicación actual. Me dice que estaban saliendo dos embarcaciones. Después de 15 minutos la embarcación de ella volvió a tierra y desde entonces perdimos comunicación con ella hasta el día de hoy", cuenta Beatriz. A esto se suma que, según rastreo digital que realizó la familia, pudieron detectar actividad en las cuentas en redes sociales de Milady en San Andrés, posterior a la desaparición, pero dice Colmenares que nada ha pasado con la investigación que está en manos de la Fiscalía a pesar de material probatorio presentado.De acuerdo con su explicación, lo que buscan es que estos estos casos de supuestos naufragios empiecen a ser evaluados como presuntas desapariciones forzadas, las cuales están afectando especialmente a venezolanos, pues casi el 80% de las víctimas corresponden a personas del vecino país.Los viajes De acuerdo con las contabilizaciones que Beatriz lleva junto a su familia, al menos cuatro lanchas han desaparecido con la totalidad de sus ocupantes en los últimos seis años. A esto se suman los naufragios que han tenido algunos rescatados y que ha dejado a otras decenas extraviados, lo que amplía la cuenta de números de personas tragadas por el mar Caribe en su búsqueda por el 'Sueño Americano'.
Mientras avanzan las investigaciones y se esclarece el caso, Angélica María Gil Blanco deberá permanecer en prisión por orden de un juez de Valledupar que la envió a la cárcel, luego de que la Fiscalía le imputó cargos por la desaparición de su hijo Jhosuar David Mejía Gil, el niño de 4 años a quien misteriosamente se le perdió el rastro hace dos meses.La mujer fue imputada como presunta autora partícipe del delito de desaparición forzada, cargos que no aceptó durante la audiencia realizada la noche de este viernes en la capital del Cesar.De acuerdo con algunas pruebas en video, el niño de 4 años fue visto por última vez en compañía de su madre y, aunque esta mujer inclusive ha culpado a su pareja sentimental por la pérdida del niño, es ella quien ahora es llamada a responder ante la justicia.Vale anotar que las autoridades mantienen una recompensa de 15 millones de pesos por información que conduzca hacia el paradero del niño, mientras que sus familiares han realizado varios plantones y manifestaciones, incluso actividades de volanteo con las fotos de Jhosuar David para llamar la atención de la comunidad y pedir ayuda en su búsqueda.La investigación fue asumida por un Grupo Especial Interdisciplinario de la Fiscalía ya que, dentro de las hipótesis que se barajan hasta ahora, no se descarta que la desaparición de Joshua David esté relacionada con el presunto sacrificio de la cual fue víctima el menor de edad, en medio de lo que habría sido un supuesto rito satánico.
Desde pequeños, la mayoría de los hombres aprenden a orinar de pie, una práctica que parece natural y práctica, sobre todo en lugares públicos. Sin embargo, especialistas en salud han señalado que esta posición podría no ser la mejor opción para la salud urinaria masculina.Estudios recientes apuntan a que orinar sentado trae beneficios que podrían prevenir problemas a largo plazo, como la inflamación de la próstata, dificultades en el vaciado de la vejiga, entre otros.Los riesgos de orinar de pieDe acuerdo con el semanario científico Plos One, orinar de pie requiere una mayor tensión en los músculos de la vejiga y el sistema nervioso, lo que puede ocasionar problemas con el tiempo. Hombres que orinan de pie podrían no vaciar completamente su vejiga, aumentando el riesgo de infecciones y afecciones como la hiperplasia prostática.Además, un análisis de Plos One comparó los "parámetros urodinámicos" —factores que miden el flujo y volumen de orina— entre hombres saludables y aquellos con problemas del tracto urinario inferior. Los resultados mostraron que quienes adoptan la posición sentada presentan un mejor perfil urodinámico y un tiempo de evacuación más corto, lo que facilita el vaciado completo.¿Cuáles son los beneficios de orinar sentado para los hombres?Según el Departamento de Urología del Leiden University Medical Center, en los Países Bajos, sentarse para orinar permite una contracción más eficiente de la vejiga y reduce la tensión en los músculos pélvicos. Esto no solo mejora el vaciado urinario, sino que también puede prevenir problemas relacionados con la próstata.La Clínica Mayo respalda esta postura, recomendando adoptar una posición cómoda que permita relajar completamente el cuerpo. Orinar sentado favorece este estado de relajación y, por ende, una evacuación más efectiva.El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido sugiere que los hombres con molestias o dificultades para orinar consideren hacerlo sentados, especialmente en lugares tranquilos y cómodos. Cambiar este hábito podría ser un paso sencillo para mejorar la salud urinaria y prevenir complicaciones futuras.
Colombia se enfrenta a serios desafíos en el acceso a la atención médica, según un reciente informe del Índice de Inclusión en Salud, desarrollado por The Economist Intelligence Unit, en colaboración con académicos del University College London y la multinacional Haleon. El estudio revela que el 83% de los colombianos reportaron al menos una barrera para acceder a los servicios de salud, destacando la dificultad para conseguir citas médicas como el principal obstáculo. Este problema es señalado por el 70% de los encuestados.El estudio, que abarcó 40 países y más de 39. 000 encuestas a nivel mundial, pone a Colombia en una posición preocupante: ocupa el primer lugar en barreras relacionadas con la falta de citas y el cuarto puesto en cuanto a horarios de atención inconvenientes. Aunque el país cuenta con una disponibilidad de servicios de salud del 72%, ligeramente por debajo del promedio global, solo el 57% de los encuestados pudo acceder a esos servicios en un plazo de 24 horas. Esto evidencia una gran disparidad entre la disponibilidad de atención y la capacidad de la población para acceder a ella de manera oportuna.El informe también pone de manifiesto que el acceso a la información de salud en Colombia es relativamente bueno, con el país ocupando el puesto 11 en este rubro. Sin embargo, los encuestados informaron dificultades para interactuar adecuadamente con los profesionales de la salud, mencionando que las consultas suelen ser apresuradas, lo que dificulta la implementación de lo aprendido en la gestión de su salud personal.Las barreras para las poblaciones más vulnerablesEl estudio subraya que las personas pertenecientes a comunidades marginadas o con enfermedades crónicas enfrentan mayores obstáculos para acceder a la atención médica. Según los resultados, estas poblaciones tienen 1.4 veces más probabilidades de sufrir negaciones de atención. El 37% de los encuestados en estas situaciones informó haber encontrado obstáculos para recibir la atención médica que necesitaban. Esto refleja una clara desigualdad dentro del sistema de salud colombiano, donde los sectores más vulnerables son los más afectados por las barreras en el acceso.La brecha entre políticas y su implementaciónUno de los hallazgos clave del estudio es la brecha entre las políticas de salud existentes y su implementación efectiva. Aunque Colombia presenta un índice de 13.2 en cuanto a la implementación de políticas, lo que está por encima del promedio de países con ingresos medios-altos, aún hay espacio para mejorar la eficacia de estas políticas en la práctica.Esto sugiere que, aunque el país cuenta con recursos y una infraestructura de salud relativamente sólida, la implementación de estas políticas no ha logrado traducirse en una mejora directa en la accesibilidad a los servicios de salud.Antonio Hernández Villarreal, presidente de Haleon para Colombia y Perú, destacó la importancia de este tipo de estudios para fomentar un diálogo constructivo sobre las barreras de acceso a la atención médica y la inclusión en el sistema de salud. Según Hernández, el objetivo del estudio es generar información valiosa que impulse cambios en las políticas públicas y mejore el acceso de la población a la atención médica, especialmente para aquellos que enfrentan mayores desafíos.El impacto de la pandemia en la conciencia sobre el autocuidadoUno de los puntos clave que surge del estudio es el aumento de la conciencia sobre el autocuidado, especialmente después de la pandemia de COVID-19. Hernández señaló que no solo en Colombia, sino en todo el mundo, ha habido un despertar respecto a la importancia de adoptar hábitos de salud más responsables. Las personas están más interesadas en mejorar su bienestar general, no solo para su beneficio personal, sino también para impactar positivamente a sus familias y comunidades. El estudio también señala que uno de los principales retos del sistema de salud colombiano es encontrar un balance entre la disponibilidad de servicios y su accesibilidad. A pesar de los avances en algunas áreas, como el acceso a la información y el uso de la telemedicina, Colombia aún enfrenta importantes barreras, especialmente en lo que respecta a la obtención de citas médicas y la adecuación de horarios para las consultas."La inclusividad, el autocuidado y la participación de todos los actores son fundamentales para mejorar el sistema de salud en Colombia", concluyó.
No da tregua la guerra que le ha declarado el Clan del Golfo a la empresa Supergiros, a tal punto que este domingo sus locales ubicados en el municipio de Baranoa (Atlántico) amanecieron invadidos de panfletos amenazantes, que los obligó a bajar sus esteras y suspender de manera indefinida sus servicios, tal como ha ocurrido en más de 3.000 puntos de atención a lo largo de la región Caribe.La empresa asegura que sus oficinas se han convertido en el blanco de más de 50 ataques durante las últimas dos semanas, siendo aún más crítica la situación en zonas como el Golfo de Morrosquillo, la Mojana sucreña, Magdalena, Cesar, La Guajira y algunos municipios del Atlántico, donde no hay garantías de seguridad.Jhony Batalla Mena, asesor legal de Supergiros, explicó que han preferido cerrar para proteger a las trabajadoras que están a cargo de la atención al cliente, pues son ellas las principales víctimas de los atentados."Afecta notablemente a nuestras colocadoras independientes, más que todo ellas están sufriendo las amenazas, las agresiones contra su integridad física y, sobre todo, la falta de poder ejercer su proyecto de vida. Nosotros preferimos cerrar los puntos antes de que su vida corra riesgo", expresó.Ataques recientes en AtlánticoSolo este fin de semana se registraron dos atentados a bala contra la empresa Supergiros en Atlántico, dejando como resultado una trabajadora gravemente herida.El hecho más reciente se registró durante la mañana de este sábado en el barrio La Victoria, sur de Barranquilla, luego de que hombres armados abrieron fuego contra la fachada de un punto de atención ubicado en la zona, en inmediaciones a la Avenida Murillo.Sin embargo, pese a que en ese momento una trabajadora se encontraba laborando, logró resguardarse de dos balazos que finalmente terminaron impactando la ventana del mismo.Por otra parte, Merly Salas Rodríguez, de 32 años, sigue bajo pronóstico reservado en una clínica de Sabanalarga, Atlántico, tras recibir un disparo por hombres motorizados que la dejó gravemente herida, mientras se encontraba laborando en el punto de atención ubicado en Luruaco, Atlántico, en el sector conocido como La Puntica.
En Colombia, un país con una población de más de 52 millones de habitantes, aproximadamente 1.4 millones de personas no tienen acceso a un baño dentro de su hogar, según datos de Unicef Esta situación es alarmante, ya que no solo afecta su calidad de vida, sino también su salud y bienestar. Aunque para muchos tener un baño es algo cotidiano, para un gran número de colombianos esta es una realidad distante que pone en riesgo su salud y seguridad.Las causas de la falta de acceso a un baño en casa en ColombiaLa razón principal de esta problemática radica en la desigualdad en el acceso a los servicios básicos. En zonas rurales y apartadas, especialmente en comunidades vulnerables, las infraestructuras de saneamiento son insuficientes o inexistentes. Esto se debe a la falta de inversión en proyectos de infraestructura básica, la pobreza, y la ineficiencia en la gestión pública de estos recursos.Además, en muchas áreas, el sistema de saneamiento está obsoleto o no ha sido actualizado para atender a una población creciente, lo que aumenta las barreras para el acceso a baños adecuados en los hogares. A pesar de los esfuerzos del gobierno y organizaciones no gubernamentales por reducir la brecha, el progreso es lento, y millones de colombianos siguen sin acceso a lo más básico para garantizar su salud.Los riesgos de vivir sin baño: enfermedades y problemas de saludLa falta de acceso a un baño adecuado tiene serias consecuencias en la salud de las personas. Los sistemas de saneamiento deficientes o inexistentes provocan que los desechos humanos no se gestionen de manera segura, lo que aumenta el riesgo de propagación de enfermedades graves. Las personas que carecen de un baño en casa suelen recurrir a métodos insalubres como la defecación al aire libre, lo que aumenta la posibilidad de que sus desechos contaminen el agua y el entorno, propagando infecciones.Principales enfermedades relacionadas con la falta de un baño adecuadoCólera: esta enfermedad infecciosa se transmite principalmente por el consumo de agua contaminada con bacterias fecales. La falta de acceso a instalaciones sanitarias adecuadas aumenta la posibilidad de brotes de cólera, especialmente en áreas con infraestructura deficiente.Fiebre tifoidea: esta enfermedad bacteriana se propaga por el contacto con agua o alimentos contaminados por heces infectadas. Es común en zonas donde el saneamiento es precario, y la falta de un baño aumenta el riesgo de contaminación.Hepatitis A: esta enfermedad hepática viral se transmite por agua o alimentos contaminados con heces. La falta de acceso a un baño adecuado, sumado a una higiene deficiente, incrementa la probabilidad de transmisión del virus.Diarrea: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diarrea es una de las principales causas de muerte en niños menores de cinco años. La contaminación fecal de alimentos y agua es una de las principales causas de esta enfermedad. La falta de acceso a un baño adecuado es un factor clave en la propagación de enfermedades diarreicas.“Cada día, más de 700 niños menores de cinco años (aproximadamente uno cada dos minutos) mueren de diarrea debido al uso de agua no potable, saneamiento deficiente o la falta de higiene, según Unicef”, Felipe Gómez, director de negocios de Familia Institucional.La falta de acceso a un baño adecuado no solo afecta la salud, sino también el bienestar emocional y social de las personas. Las personas que viven sin un baño en casa experimentan un mayor nivel de estrés, vergüenza y aislamiento social. Esto puede afectar su autoestima y contribuir a la perpetuación de la pobreza, ya que las personas en estas situaciones enfrentan mayores dificultades para acceder a educación y empleo.A nivel económico, la falta de acceso a servicios básicos como un baño en casa incrementa los costos de atención médica debido al tratamiento de enfermedades transmitidas por el agua. Además, la productividad de las personas disminuye al enfrentarse a problemas de salud recurrentes.
Las fuertes lluvias que se han presentado en La Guajira en los últimos días han generado que campesinos perdieran sus cultivos y su sustento. "Está crítica, crítica, porque todo el mundo ha perdido el cultivo; yo por allá tengo una 'finquita', también perdí media hectárea de yuca y media hectárea de plátano y todo se ha perdido; a comenzar otra vez desde cero y el estado qué puede dar, el estado quedaron de dar y no han dado nada", dijo Ariel Pimienta, un campesino del municipio de Dibulla.Dicen los campesinos que de este invierno, a diferencia de otros, no pudieron salvar nada. La zona rural de Riohacha y Dibulla son los sectores agrícolas más afectados, según las autoridades. Las recientes lluvias y desbordamiento de ríos ha provocado pérdidas en cultivos de banano, plátano, yuca y maíz."Se ha acabado todo, el plátano y la yuca, todo se ha acabado, nosotros teníamos una hectárea de yuca y todo ese se perdió, animales también que se han ahogado, gallinas y cerdos", dijo Yonilson Mercado, un campesino que perdió varios animales.Según las autoridades son más de 300 hectáreas de cultivos que se han perdido en toda La Guajira.
