La oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló en las últimas horas que hasta el mes de septiembre de este 2024 había recibido 152 denuncias de homicidios de líderes sociales en Colombia. La ONU ya pudo verificar 47 casos y 44 están en proceso de verificación."La oficina considera como casos verificados aquellos donde se cumplen los siguientes dos criterios: el carácter de defensor o defensora de la persona de acuerdo con la definición de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos. Que una de las hipótesis de su homicidio esté vinculada a su actividad como defensor o defensora", explicó la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.El 24 % de los casos denunciados hacen referencia a miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC) siendo los defensores que enfrentan el mayor riesgo. En cuanto a los departamentos el Cauca es uno de los que más registros presenta. Sin embargo, la situación también es compleja en Arauca.Es importante recordar que en el Cauca hay una fuerte presencia de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, mientras que en Arauca hay presencia de ese mismo grupo y del ELN, el cual está en un proceso de paz con el Gobierno.En 2023, la oficina verificó 105 casos de homicidios de personas defensoras. Además, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, recibió ya 98 alegaciones de homicidios de personas defensoras que está cotejando.“Observamos que esta violencia afecta en particular a miembros de Juntas de Acción Comunal, autoridades de pueblos indígenas y afrodescendientes y personas que defienden el territorio, la tierra y el medio ambiente”, señaló el director de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica de la Oficina en el país, Christian Salazar Volkmann.
El Gobierno Nacional designó al psicólogo y defensor de derechos humanos, Yesid Triana Castillo, como nuevo director de la Unidad para las Víctimas en Santander.En la hoja de vida de Triana Castillo se destaca su trabajo como secretario de Talento Humano de la Alcaldía de Barrancabermeja, en el gobierno de Alfonso Eljach. Así como su paso como coordinador psicosocial en la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS.El psicólogo Yesid Triana fue coordinador del Centro Regional de Atención a Víctimas – CRAV, en la Alcaldía de Barrancabermeja, Santander.“En 81 municipios de Santander tiene atención y orientación directa de la Unidad para las Víctimas y más de las 250.00 víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas han recibido una o varias medidas de reparación. Por ejemplo, el trabajo que se viene realizando en reparación y justicia a las víctimas del corregimiento Paujil de Matanza, y de Riachuelo, Charalá, en reparación colectiva en Santander”, señaló Yesid Triana, nuevo director de la Unidad de Atención de Víctimas en Santander.El funcionario dijo que la Unidad para las Víctimas entregó en octubre 115 nuevas indemnizaciones por un valor total de 1.046 millones de pesos en Santander, lo que se suma a los 51.000 millones de pesos en estos dos años del gobierno de Petro en el país.Yesid Triana, es psicólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derechos Humanos y magíster en Administración Pública de la ESAP.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia publicó un informe previo a la COP 16 sobre la situación que viven en el país los líderes ambientales.El panorama es complejo, pues desde enero del año 2016 hasta la fecha la ONU ha podido verificar al menos 248 casos de homicidios de defensores ambientales.“El 89 % de los homicidios documentados fueron de personas defensoras indígenas, afrodescendientes y campesinas, lo cual evidencia el impacto desproporcionado de la violencia en los pueblos y comunidades que habitan los territorios más biodiversos y que defienden la naturaleza, los recursos naturales, sus tierras, territorios, formas de vida y cultura”, señala el informe de la ONU.La preocupación llega, además, porque los casos vienen en aumento pues en 2016 fueron asesinadas 14 líderes ambientales y en 2023 se reportaron 44 homicidios.A nivel departamental Cauca es el departamento que registra más casos, seguido por Chocó y Nariño.“La región del Pacífico es la que registra el mayor número de casos con el 56 por ciento del total de homicidios (138 personas). El 10 % por ciento de los casos se ubicaron en los departamentos que conforman la cuenca de la Amazonía colombiana, siendo Putumayo el departamento con el mayor número casos con 15, Caquetá con 8 y Guaviare con uno. El ocho por ciento de casos se registró en la Orinoquía colombiana, con 13 casos en Arauca, cinco en Meta, dos en Casanare y un caso en Vichada”, explica la ONU.Los responsables de estos homicidios son, principalmente, los grupos armados. Los líderes ambientales también están enfrentando amenazas y la estigmatización en algunas zonas.“Las denuncias de las personas defensoras del medioambiente en contra del impacto negativo en la naturaleza del actuar de los grupos armados no estatales les coloca en clara confrontación con sus intereses y, por lo tanto, ante el riesgo de sufrir violencia. La estrategia de los grupos armados no estatales por el control de las economías ilícitas implica el ejercicio del control social de las comunidades que habitan los territorios. Por ello, la denuncia de los impactos negativos de dichas actividades ilegales es percibido por los actores armados no estatales como un desafío a su voluntad de mantener el control social en las comunidades”, se lee en el documento presentado por Naciones Unidas.En algunas zonas del país se han presentado tensiones por algunas decisiones que toman diferentes entidades del Estado o empresas del sector minero, energético y agrícola, y la posición que tienen los líderes frente a estos temas.Además, sobre las investigaciones de estos casos de homicidios a líderes ambientales, la ONU advierte que aún hay un alto nivel de impunidad.“Es urgente que mediante las acciones de la Fiscalía General de la Nación, pero también de otros actores centrales en el acceso a la justicia, como el Cuerpo Élite la Policía Nacional, Medicina Legal o el órgano judicial, se envíe un mensaje contundente de que asesinar, amenazar o atacar a una persona defensora del medioambiente tiene consecuencias irremediables y que no se tolerará por las instancias de justicia”, dice el informe.Naciones Unidas también hace algunas recomendaciones para enfrentar esta situación en Colombia en las que le piden a las autoridades abstenerse de caer en la estigmatización, al ministro de ambiente le recomienda un plan de acción para la implementación del Acuerdo de Escazú.Por otro lado, consideran que es importante incluir a las personas defensoras del medioambiente en la Política Nacional de Garantías y avanzar en la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz.“Que el liderazgo de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz se impulse a que en el marco de las negociaciones y diálogos de la paz total se impulsen y se establezcan compromisos claros y medibles para que los grupos armados estatales frenen la deforestación, permitan el acceso irrestricto de las autoridades ambientales y el impulso de los programas de conservación y reforestación”, dice una de las recomendaciones.
El acuerdo resultante de la Cumbre de la Biodiversidad (COP16), que empezará la próxima semana en Colombia, debe contener indicadores para medir la protección de los derechos humanos, los derechos a la tierra de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de campesinos y otras comunidades locales, según la organización internacional Amnistía Internacional (AI).Así lo señala AI en un comunicado, en el que pide asimismo que las delegaciones "deben tener presente la dura realidad" para los defensores ambientales en Colombia, un país donde el año pasado se registró el mayor número de homicidios de todo el mundo, con 79 muertes, un nefasto récord que ocupa por segundo año consecutivo, según el informe Global Witness.El marco de seguimiento debe incluir parámetros para "captar las iniciativas y las protecciones jurídicas para los defensores y defensoras de la tierra, así como su impacto y sus consecuencias, también en materia de impunidad.”Además, desde AI se pide que se respeten los "conocimientos y prácticas tradicionales y científicos" de todas las comunidades, y se ponga en marcha un mecanismo para dar seguimiento a la financiación de la biodiversidad "para garantizar que llega directamente a esos actores y reconocer formalmente la labor de conservación que llevan a cabo en sus tierras, que suele ser más eficaz que las zonas protegidas sancionadas por el Estado".Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha apuntado que el Convenio Mundial de Biodiversidad contiene numerosas salvaguardias en materia de derechos humanos, "pero sólo resultará eficaz si los Estados acuerdan un mecanismo sólido para darle seguimiento y hacerlo cumplir".Las delegaciones de la COP16 "deben ultimar un marco de seguimiento que rastree de manera exhaustiva" todas estas salvaguardias de derechos humanos y el encauzamiento adecuado de los fondos, que "someta a rendición de cuentas a los Estados que no las respeten y que incorpore la información aportada por los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas y afrodescendientes y la sociedad civil", según Callamard.La reunión de las Partes de la Convención Marco de Biodiversidad (COP16) se realizará en Cali (Colombia) del 21 de octubre al 1 de noviembre próximos.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que se refieren a las transformaciones que se han hecho en la Policía nacional para mejorar la protección de los Derechos Humanos. Allí además aseguran que en Colombia ha mejorado la gestión de las protestas.“La oficina de la ONU para los Derechos Humanos reconoce además que ha mejorado la gestión de las protestas en el país. Además, saluda la adopción de la resolución 3295 por la cual se crea un sistema de información que permite hacer seguimiento, control y monitoreo del servicio que presta la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden”, señala la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.En el mismo sentido, desde Naciones Unidas aseguraron que en 2021 hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía; en esa fecha se presentaron varias manifestaciones en el marco del paro nacional.“Rara vez somos testigos de tal transformación en una institución del Estado: desde el Paro Nacional en 2021, donde observamos el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía que resultó en la muerte de manifestantes y de otras personas, a hoy una situación de mejor manejo de las manifestaciones en las calles y cambios estructurales que permiten una mejor rendición de cuentas”, dijo Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.Por último, piden una regulación más detallada sobre el uso de armas menos letales en el contexto de las manifestaciones.“La oficina de la ONU para los Derechos Humanos espera que estos avances se vean también reflejados en una mejor protección de las personas que en los territorios están gravemente afectadas por la situación de violencia y conflicto armado”, agregan desde Naciones Unidas.
En el departamento de Arauca se vive una compleja situación de orden público que ha afectado a la sociedad civil. En esa zona del país se registran disputas entre el ELN y las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco'. En este contexto, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que en los últimos dos meses han recibido al menos seis denuncias por homicidios de líderes sociales en ese departamento."En los últimos dos meses recibimos seis alegaciones de homicidios de líderes; más de 23 veredas y tres resguardos indígenas están confinados y se presentaron dos desplazamientos masivos. Llamamos a las autoridades a tomar acciones para prevenir estos hechos y proteger a la población", señala la ONU.Por otro lado, la oficina rechazó tres casos de homicidio que se han registrado recientemente en Arauca."Condenamos homicidios de dos líderes, Gustavo Lozada Zambrano y Jairo Rodríguez Rueda, y de un integrante de JAC José Domingo Romero. Nos solidarizamos con sus familias y con las comunidades. Urgimos que se investigue, juzgue y sancione a los responsables", agregan desde la ONU.En el mismo sentido, le hicieron un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad y los derechos de las comunidades en esa zona del país."Instamos a grupos armados no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, en particular, reiteramos su obligación de respeto al principio de distinción y a las personas civiles que integran las organizaciones comunitarias", finaliza la ONU.
Unos seis niños con problemas desnutrición que han ingresado en varias oportunidades a la clínica viven en medio de la necesidades en la comunidad Ceiba Macedonia, ubicada en zona rural de Riohacha."Los niños no toman agua potable. Nosotros les damos el agua que nos regalan del carro tanque, a veces recogemos agua de la lluvia", dijo Andrea Rodríguez Sijona, madre de varios niños con desnutrición.En esta comunidad, hay una niña que tiene casi tres años de edad y pesa 9 kilos cuando su peso ideal es de unos 15 kilos."Las cifras de los niños que mueren a diario por este flagelo no obedecen a la realidad. Por el contrario, como ONG de Derechos Humanos una vez más le hacemos la invitación al Gobierno nacional para que trate de mitigar este flagelo de una vez por todas", dijo José Silva, director de la ONG de Derechos Humanos Nación Wayúu.Un documento del Instituto Nacional de Salud hace referencia a que el hambre le ha ganado la batalla a unos 35 niños en La Guajira de los 174 reportados en todo el país que han muerto a causa de la desnutrición.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Ocha, emitió unas alertas de riesgo para algunas comunidades en tres departamentos del país. La primera de ellas es para San José del Guaviare, donde 3.830 personas se encuentran en riesgo de confinamiento debido a posibles enfrentamientos entre grupos armados, que buscan un control territorial en la zona."Han incrementado las medidas de control territorial y social a través de la imposición de carnetización, cobro de extorciones con la obligación de pago mediante dinero y bienes materiales, parte de los medios de vida de la comunidad, horarios de circulación y toques de queda. Debido a ello, la población se encuentra en alto riesgo de inseguridad alimentaria", advierte la Ocha.Debido a esta situación se podrían presentar casos de desplazamiento, además, las organizaciones y misiones humanitarias podrían enfrentar restricciones.Por otro lado, la Ocha reveló que en Cumbitara, Nariño, al menos 1.000 personas de 300 familias enfrentan un riesgo de desplazamiento masivo y confinamiento, además, un grupo armado de la zona habría obligado a la comunidad de varias veredas del corregimiento de Sidón a protestar contra el Ejército."Esto llevó a la población a salir hacia la vereda de Yanasara durante varias horas. Posteriormente, las Fuerzas Militares se retiraron, y las comunidades regresaron a sus hogares. Sin embargo, la presión ejercida por el grupo armado no estatal y el alto riesgo de combates entre dicho grupo y las Fuerzas Militares amenaza con afectar a más de 1.000 personas, ya que podrían desencadenarse desplazamientos masivos y/o confinamientos", señala la Ocha.Además, la Ocha también advirtió por la situación de Ituango, en Antioquia, donde hay riesgo de restricciones a la movilidad para 4.000 personas de 1.300 familias, debido a nuevas normas impuestas por un grupo armado."Entre las zonas más afectadas están las comunidades que se ubican en el corredor que conduce de las veredas de Santa Rita y El Aro hacia el corregimiento de la Caucana en Tarazá y hacia Valdivia. Se destaca que persiste la prohibición del tránsito en un horario desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., la carnetización de la población civil que vive en estas zonas y el censo de todos los vehículos que ingresan y transitan de forma regular al territorio. Es de destacar que existen algunos vacíos frente a la identificación de los hechos victimizantes debido al temor de la población civil frente a las posibles represalias que pueda tomar el actor armado no estatal por dar declaraciones oficiales o denunciar los hechos victimizantes", agregó la Ocha.
Algunos expertos independientes de la ONU emitieron un comunicado en el que advierten que falta verdad y justicia en algunos casos de violaciones a los derechos humanos que se presentaron durante el paro nacional del 2021 en Colombia.“Tres años después del mortal paro nacional en Colombia, expertos independientes de la ONU dicen que sigue habiendo una necesidad urgente de establecer la verdad, la justicia y la rendición de cuentas por los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos resultantes del uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes y su incapacidad para prevenir la violencia y la privación de la vida causada por agitadores anti-paro”, señala el comunicado publicado por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.En el mismo sentido los expertos hicieron un reconocimiento al Gobierno por haber instalado una mesa técnica interinstitucional permanente para abordar casos de violaciones de derechos humanos en contextos de protestas, también la directiva adoptada recientemente por la Fiscalía sobre el reconocimiento, garantía y protección del derecho a la protesta.“Si bien reconocemos estos pasos positivos, el estancamiento del trabajo de la mesa técnica, las fallas en la regulación del uso de armas menos letales en el contexto de las protestas, el retraso en los cambios del marco de la Fiscalía y el retraso en el proceso de justicia podrían equivaler a una negación de justicia. La falta de progreso en las investigaciones de los 16 casos reportados de asesinatos ilícitos de manifestantes en el contexto de las protestas de 2021 es profundamente preocupante y plantea dudas sobre su efectividad. Los intentos de transferir los procedimientos judiciales a tribunales militares y los incidentes reportados de amenazas e intimidación contra los participantes en los procesos judiciales, incluidos víctimas, testigos, abogados, familias, defensores y defensoras de derechos humanos, y miembros de la sociedad civil, también son extremadamente preocupantes”, señala el comunicado de los expertos.Ante esta situación hacen un llamado al Estado para que se adelanten las investigaciones, pues advierten que de lo contrario habría en Colombia un efecto paralizante en la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica.“Después de tres años, es imperativo que las autoridades competentes aceleren las investigaciones de los posibles casos de privación arbitraria de la vida que ocurrieron en Siloé, en Cali y en toda Colombia durante el paro nacional. También instamos a que investiguen los actos de amenazas y acoso que supuestamente han ocurrido desde entonces para que estos casos no queden en la impunidad, y para garantizar los derechos de las familias a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La falta de rendición de cuentas en estos casos también aumenta considerablemente los riesgos para la seguridad de las familias de las víctimas”, agregan en el comunicado.Los expertos de la ONU que hicieron el pronunciamiento son: Morris Tidball-Binz, relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Irene Khan, Relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión; Gina Romero, Relatora Especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre los defensores de derechos humanos.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control las pruebas necesarias para determinar la existencia de red delincuencial señalada de tramitar documentos ilegales para migrantes que buscaban permanecer en el país o, por otra parte, hacerse pasar como colombianos con rumbo al exterior.Entre los cargos que se le adjudicaron a los integrantes se encuentran los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de migrantes, tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, acceso abusivo a un sistema informático y obtención de documento público falso.Aunque la captura se realizó el lunes 23 de septiembre, hasta este sábado 28 de septiembre, la Fiscalía pudo armar el caso en el que se implica al registrador del municipio de la Paz, en el Cesar, Oswald Morales López, también los funcionarios Liliana Judith Maury, Rodrigo Alberto Duque y Leonel Agudelo. La Fiscalía también identificó al líder de la banda como Jorge Iván Ramírez, alias 'granada', también a Jorge Aníbal Duluc, un ciudadano dominicano encargado de contactar a otros extranjeros para los trámites ilícitos y a otros cinco integrantes de la banda.El grupo delincuencial granada tenía un alcance trasnacional, teniendo incidencias en Valledupar, La Virginia, Pasto, Cali, Barranquilla, Bogotá y Sincelejo. La Fiscalía estima que su actuar tenían un costo aproximado de 4.000 dólares, en los cuales la banda criminal les proporcionaba transporte, estadía y alimentación a los compradores mientras se conseguían los documentos falsificados como actas de bautismo, registros civiles y cédulas de ciudadanía.Por el momento, los diez señalados fueron encerrados y se espera una sentencia formal acorde a la cantidad de delitos y el alcance que tenía la banda criminal.
El director de Asoportuaria, Lucas Ariza, aseguró que es "bastante delicada" la alerta que lanzó la Contraloría sobre la posibilidad de que haya una terminación anticipada de este contrato de obras en el Canal del Dique.Advierte que esto genera "un problema, primero, para las comunidades, porque este es un proyecto ambiental de mitigación de efectos del cambio climático" y esto sería "quitarle la oportunidad a las personas de tener una solución segura, para que no vuelvan a sufrir una inundación".Agrega que "este es un contrato que se adjudicó y cumplía con todos los requisitos", por lo tanto, "debe respetarse" por el bien del país."Al final termina perdiendo el país, porque si aquí hay un tema de terminación anticipada del contrato, seguramente tendremos que estar expuestos a indemnizaciones y demás. Es una mala noticia", dijo.En este mismo sentido se pronunció el director ejecutivo de la Cámara Colombia de Infraestructura capitulo norte, Héctor Carbonell, quien ha pedido que se facilite el camino para que el megaproyecto se ejecute a favor de todos.
Una fuente reservada respondió a varios interrogantes sobre el papel que jugó el general Jorge Luis Vargas, quien era director de la Policía Nacional en el año 2021 en la llegada de los miembros de NSO Group, desarrolladores de Pegasus en medio de la polémica por la compra del software. Vargas, hace unos días se presentó ante la Fiscalía y, tras una citación, decidió “guardar silencio”.Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, que miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de Catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países(Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir una herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial(Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.El pasado 8 de noviembre, el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, el general Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía, guardó silencio frente a todo lo relacionado con el programa espía Pegasus, señalando que todo esto forma parte del marco de algunas operaciones reservadas manejadas por la Policía Nacional, razón por la cual decidió no hablar.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el Jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, también por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
El conocido cantante Ed Sheeran, gran aficionado del Ipswich, ayudó al club recién ascendido a la Premier League inglesa a fichar a un jugador el pasado verano europeo, reveló este jueves su presidente.La estrella del pop inglesa de 33 años es un ferviente hincha del Ipswich Town, actual 17º del campeonato inglés, y cuyas camisetas están patrocinadas por el propio artista desde 2021.El presidente del club del condado de Suffolk, Mark Ashton, reveló este jueves que Sheeran, "originario de la región, superestrella mundial, patrocinador, accionista y ahora miembro oficial de nuestra célula de fichajes", jugó un rol determinante en la contratación de un jugador a través de una videollamada."El pasado verano intentamos persuadir a un jugador de que se uniese al club y pronto nos dimos cuenta de que era fan de Ed Sheeran. Ed le hizo una llamada por Zoom justo antes de subir al escenario con Taylor Swift" en un concierto, el 15 de agosto en Wembley, precisó el dirigente del club, quien aunque no desveló el nombre del jugador en cuestión, precisó que había marcado varios goles.El Ipswich fichó en la pretemporada al delantero del Blackburn Sammie Szmodics, quien ha marcado tres goles, y el del Manchester City Liam Delap, autor de seis goles.El Ipswich recibirá el domingo al Manchester United con motivo de la 12ª fecha. Será el primer partido de los 'Red Devils' con Ruben Amorim como entrenador.
Un video en TikTok se ha vuelto viral después de mostrar a una joven preparándose para salir de fiesta con un detalle poco común: dos huevos hervidos en su cartera. La escena fue registrada por su amiga Romina Romero, quien compartió el curioso momento con sus seguidores en la plataforma.“¿Ustedes también tienen una amiga que se lleva huevo duro en la cartera para salir?”, escribió Romero en la publicación, que acumula más de 650 mil reproducciones y ha generado miles de comentarios.En el video, la joven aparece junto a una bebida en la mano, explicando el motivo detrás de su inusual práctica. “Me estoy haciendo dos huevos duros para tener en la cartera porque una nunca sabe a dónde se queda a dormir. Hay que desayunar proteína, a mí no me puede faltar el huevo a la mañana”, afirmó.La reacción de Romina fue inmediata y llena de incredulidad: “Nos vamos a la Bresh”, comentó, refiriéndose a la popular fiesta. Sin embargo, su amiga defendió con firmeza su decisión, rematando con la frase: “¡Que falte todo menos el huevo!”.Antes de salir, la joven mostró el interior de su cartera, donde junto a las llaves, la billetera y un paquete de chicles, además de los dos huevos duros.La descripción del video: “Que nadie te diga que no podés llevar huevos en la cartera”, refleja el espíritu desenfadado de la publicación, que ha sido compartida cientos de veces.Aquí el videoLos comentarios en TikTok no se hicieron esperar y reflejan una mezcla de asombro, humor y escepticismo. Algunos usuarios expresaron preocupación por temas prácticos como el olor o la falta de refrigeración: “El olor, la cadena de frío 💀”, “Dios amiga, te entiendo tanto jajajajaj literalmente yo”, “Te cuido a vos, me cuido a mí”.
Tras las advertencias de la Contraloría sobre la posibilidad de que se termine el contrato del megaproyecto del Canal del Dique de manera anticipada, Rosado aseguró que "esta situación es un riesgo para el Gobierno, porque se perdería la inversión, pero consideró que, a la larga, estas "son alertas válidas para que el contrato finalmente se cumpla y se ejecute", pues ellos están a total disposición.Aclaró que no ha habido "ninguna" discrepancia con el Gobierno nacional y que este solo tomó una decisión de solicitar la licencia ambiental, les entregó los términos de referencia y ellos los consideraron "adecuados para lo que se necesita a hacer"."Estamos a total disposición siempre de lo que se ha querido hacer. Así que estamos comenzando este estudio y esperamos entregarlo en 14 meses, que es el plazo que nos hemos establecido con el Gobierno y así cumplir con el cronograma".Rosado dejó claro que la firma "sigue ejecutando y el dragado no se ha parado", pues "esta actividad es la más importante en este momento para mantener la navegabilidad" y en paralelo se desarrollarán el estudio de impacto ambiental".
