Personería de Medellín destituyó a Comisario de Familia por negligencia en caso de una menor de edad. La entidad le profirió a este funcionario Fallo de Primera Instancia con inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por más de 9 años.Según la información de la Personería de Medellín, el hombre identificado como Elkin Emilio Londoño Serna, mientras se desempeñaba como Comisario de Familia, incurrió en falta y culpa gravísima al vulnerar el código de infancia y adolescencia, en un caso de una menor por dejar vencer términos para restablecer los derechos de esta.La entidad explicó que para la época de los hechos y debido a esta vulneración en el vencimiento de términos, Londoño Serna, habría perdido la competencia para seguir conociendo la situación de la menor, lo cual le obligaría a remitir el caso ante un Juez de Familia, sin embargo, el funcionario no hizo tal gestión y decidió seguir atendiendo el caso y no remitirlo al juez, todo esto retrasando el proceso por más de 2 años.Esto prolongó con el tiempo que se afectara el acceso a la administración de justicia y la oportunidad de un pronto restablecimiento de los derechos de la menor. Gloria Yaneth Vélez, una de las personeras delegadas del proceso disciplinario, explicó que el funcionario habría vulnerado en este proceso varios principios de la función pública."Es de señalar que el entonces Comisario de Familia, hoy disciplinado, vulneró principios de la función pública, tales como debido proceso, legalidad, economía, celeridad, eficiencia y eficacia", indicó la funcionaria.Vale la pena recalcar, que la Personería Distrital de Medellín ya notificó a este hombre sobre el fallo en primera instancia que aborda la sanción de destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por nueve años y cinco meses.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que hasta el mes de noviembre de este 2024 han sido denunciados 186 casos de homicidios de líderes sociales en Colombia, 80 de esos casos ya fueron verificados por Naciones Unidas.“La oficina considera como casos verificados aquellos donde se cumplen los siguientes dos criterios: El carácter de defensor o defensora de la persona de acuerdo con la definición de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y que una de las hipótesis de su homicidio esté vinculada a su actividad como defensor o defensora”, explica la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.La mayoría de líderes sociales asesinados pertenecían a juntas de acción comunal, con el 24% de los casos. De los 80 homicidios que ya fueron verificados por Naciones Unidas en el Cauca se registraron 17 casos, en Arauca 15 y en el Valle 11.“Desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2024, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos conoció 186 alegaciones de homicidios de personas defensoras. De estas hay 80 casos verificados, 11 casos están en proceso de verificación y 95 casos son no concluyentes”, agrega Naciones Unidas.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos se pronunció frente al complejo panorama de orden público en el departamento de Arauca, una zona donde hay presencia del ELN y las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco'.“En lo que va del 2024, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos documentó 15 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, 12 de las cuales eran líderes comunales y un sabedor mayor indígena del Pueblo Hitnü; 151 privaciones de la libertad por parte de grupos armados no estatales, con 51 personas que continúan desaparecidas; y 42 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, uso o utilización también por parte de grupos armados no estatales”, explicaron desde la ONU.Los pueblos indígenas se están viendo gravemente afectados por el conflicto en Arauca, pues por ejemplo los pueblos indígenas Hitnü y Makagüan se encuentran en riesgo de extinción física y cultural, según Naciones Unidas.“La oficina llama a las autoridades judiciales a investigar, juzgar y sancionar a quienes perpetraron estos graves crímenes en Arauca como homicidios de la población civil, en particular de personas defensoras, reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas menores de 18 años, privaciones de la libertad, desaparición, instalación de minas antipersonal, extorsiones, amenazas y panfletos o videos que generan terror; también llama a la implementación de la política de desmantelamiento de grupos generadores de violencia”, señala Naciones Unidas.
La plataforma ProDefensoras alertó este viernes de que la situación de las defensoras de derechos humanos en Colombia continúa siendo "extremadamente preocupante" porque además de enfrentar amenazas, persecución y muerte por su labor, también deben luchar contra un sistema que las discrimina por ser mujeres.En Colombia, durante 2023 se verificaron 105 homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales 14 eran mujeres, además de 763 casos de amenazas, señaló en un comunicado ProDefensoras, una iniciativa para la protección y defensa de las mujeres defensoras de derechos.De esa iniciativa hacen parte ONU Mujeres y la Embajada de Noruega en Colombia, en articulación con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, y los ministerios del Interior y de la Igualdad.A propósito del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, que se celebra hoy, ProDefensoras aseguró que estas mujeres "enfrentan riesgos diferenciales que no solo se derivan de su trabajo, sino también de su género. La violencia estructural, que incluye desde el acoso hasta el asesinato, crea un ambiente hostil para el sostenimiento de sus liderazgos".Según la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de las 763 amenazas registradas el año pasado, 186 fueron contra mujeres y 26 casos evidenciaron clara violencia de género.La Defensoría del Pueblo confirmó esta tendencia con 181 homicidios de líderes sociales, incluyendo 21 mujeres, y según sus registros los liderazgos más golpeados son precisamente aquellos que defienden las causas más fundamentales: comunales, indígenas, comunitarios y campesinos.Las alarmantes cifras evidencian la "urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y garantías para las defensoras de derechos humanos, reconociendo su papel fundamental en la construcción de paz y la defensa de los derechos fundamentales en Colombia", aseguró ProDefensoras.Por su parte, la representante de ONU Mujeres en Colombia, Bibiana Aido, aseguró: "Las defensoras de derechos humanos enfrentan un doble riesgo en su misión: además de los peligros inherentes a su trabajo, deben lidiar con la discriminación y los estereotipos de género que persisten en nuestra sociedad".En esa dirección dijo que la política pública existente para su protección "debe aplicarse efectivamente para pasar del papel a la acción".Entre tanto, el embajador de Noruega en Colombia, Nils Martin Gunneng, aseveró que "defender derechos humanos en los territorios significa proteger la vida, el agua, la naturaleza y construir paz desde las comunidades".Igualmente destacó que las defensoras desempeñan un "papel fundamental en la protección de los derechos humanos de todas las personas, especialmente en situaciones de conflicto".
Recientemente, algunos relatores de la ONU enviaron una carta al Gobierno de Colombia en la que mostraban su preocupación por las amenazas que ha recibido el joven ambientalista colombiano Francisco Vera. En el documento los relatores también pedían información sobre las medidas tomadas por el Estado para garantizar la seguridad de Vera."Expresamos nuestra preocupación grave ante los persistentes ataques virtuales, incidentes de intimidación y acoso digitales, incluyendo amenazas de muerte, en contra del niño defensor de los derechos humanos, Francisco Vera, durante varios años, desde que tenía 11 años de edad, en 2019", señalaron los relatores.Estas amenazas de muerte, incitaciones a la violencia, y ataques digitales parecen estar directamente relacionados con sus actividades pacíficas en defensa de los derechos humanos y en torno a la justicia climática, conservación de la naturaleza, el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible, y los derechos de los niños y las niñas, así como con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, en defensa de dichas causas", aseguraron.En el documento también citaron varios casos en los cuales Vera ha recibido mensajes con amenazas en su contra, de esta manera, los relatores de Naciones Unidas también información sobre las medidas tomadas para garantizar la protección del joven colombiano.Respuesta de la Cancillería de ColombiaLa respuesta llegó por parte de la Cancillería, desde ese ministerio se refirieron a las medidas de seguridad tomadas por la Unidad Nacional de Protección y a las políticas que se han tomado para garantizar los derechos de los niños y los defensores ambientales."El Estado colombiano ratifica su compromiso de continuar informando a la Honorable Subdivisión sobre la información adicional que alleguen las entidades concernidas sobre el asunto de la referencia. En este sentido y dada la gravedad de la situación, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se instará nuevamente a las autoridades competentes a que, en el marco de sus competencias, adelanten acciones en con el fin de garantizar la investigación de las amenazas en línea recibidas por el menor de edad y brindar protección a Francisco Vera y su familia. Colombia refrenda su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de todos los niños, niñas y adolescentes y mediante instituciones especializadas en la protección de la niñez como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Estado trabaja en la garantía y cumplimiento de los derechos de la infancia" respondieron desde la Cancillería.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló en las últimas horas que hasta el mes de septiembre de este 2024 había recibido 152 denuncias de homicidios de líderes sociales en Colombia. La ONU ya pudo verificar 47 casos y 44 están en proceso de verificación."La oficina considera como casos verificados aquellos donde se cumplen los siguientes dos criterios: el carácter de defensor o defensora de la persona de acuerdo con la definición de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos. Que una de las hipótesis de su homicidio esté vinculada a su actividad como defensor o defensora", explicó la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.El 24 % de los casos denunciados hacen referencia a miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC) siendo los defensores que enfrentan el mayor riesgo. En cuanto a los departamentos el Cauca es uno de los que más registros presenta. Sin embargo, la situación también es compleja en Arauca.Es importante recordar que en el Cauca hay una fuerte presencia de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, mientras que en Arauca hay presencia de ese mismo grupo y del ELN, el cual está en un proceso de paz con el Gobierno.En 2023, la oficina verificó 105 casos de homicidios de personas defensoras. Además, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, recibió ya 98 alegaciones de homicidios de personas defensoras que está cotejando.“Observamos que esta violencia afecta en particular a miembros de Juntas de Acción Comunal, autoridades de pueblos indígenas y afrodescendientes y personas que defienden el territorio, la tierra y el medio ambiente”, señaló el director de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica de la Oficina en el país, Christian Salazar Volkmann.
El Gobierno Nacional designó al psicólogo y defensor de derechos humanos, Yesid Triana Castillo, como nuevo director de la Unidad para las Víctimas en Santander.En la hoja de vida de Triana Castillo se destaca su trabajo como secretario de Talento Humano de la Alcaldía de Barrancabermeja, en el gobierno de Alfonso Eljach. Así como su paso como coordinador psicosocial en la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS.El psicólogo Yesid Triana fue coordinador del Centro Regional de Atención a Víctimas – CRAV, en la Alcaldía de Barrancabermeja, Santander.“En 81 municipios de Santander tiene atención y orientación directa de la Unidad para las Víctimas y más de las 250.00 víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas han recibido una o varias medidas de reparación. Por ejemplo, el trabajo que se viene realizando en reparación y justicia a las víctimas del corregimiento Paujil de Matanza, y de Riachuelo, Charalá, en reparación colectiva en Santander”, señaló Yesid Triana, nuevo director de la Unidad de Atención de Víctimas en Santander.El funcionario dijo que la Unidad para las Víctimas entregó en octubre 115 nuevas indemnizaciones por un valor total de 1.046 millones de pesos en Santander, lo que se suma a los 51.000 millones de pesos en estos dos años del gobierno de Petro en el país.Yesid Triana, es psicólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derechos Humanos y magíster en Administración Pública de la ESAP.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia publicó un informe previo a la COP 16 sobre la situación que viven en el país los líderes ambientales.El panorama es complejo, pues desde enero del año 2016 hasta la fecha la ONU ha podido verificar al menos 248 casos de homicidios de defensores ambientales.“El 89 % de los homicidios documentados fueron de personas defensoras indígenas, afrodescendientes y campesinas, lo cual evidencia el impacto desproporcionado de la violencia en los pueblos y comunidades que habitan los territorios más biodiversos y que defienden la naturaleza, los recursos naturales, sus tierras, territorios, formas de vida y cultura”, señala el informe de la ONU.La preocupación llega, además, porque los casos vienen en aumento pues en 2016 fueron asesinadas 14 líderes ambientales y en 2023 se reportaron 44 homicidios.A nivel departamental Cauca es el departamento que registra más casos, seguido por Chocó y Nariño.“La región del Pacífico es la que registra el mayor número de casos con el 56 por ciento del total de homicidios (138 personas). El 10 % por ciento de los casos se ubicaron en los departamentos que conforman la cuenca de la Amazonía colombiana, siendo Putumayo el departamento con el mayor número casos con 15, Caquetá con 8 y Guaviare con uno. El ocho por ciento de casos se registró en la Orinoquía colombiana, con 13 casos en Arauca, cinco en Meta, dos en Casanare y un caso en Vichada”, explica la ONU.Los responsables de estos homicidios son, principalmente, los grupos armados. Los líderes ambientales también están enfrentando amenazas y la estigmatización en algunas zonas.“Las denuncias de las personas defensoras del medioambiente en contra del impacto negativo en la naturaleza del actuar de los grupos armados no estatales les coloca en clara confrontación con sus intereses y, por lo tanto, ante el riesgo de sufrir violencia. La estrategia de los grupos armados no estatales por el control de las economías ilícitas implica el ejercicio del control social de las comunidades que habitan los territorios. Por ello, la denuncia de los impactos negativos de dichas actividades ilegales es percibido por los actores armados no estatales como un desafío a su voluntad de mantener el control social en las comunidades”, se lee en el documento presentado por Naciones Unidas.En algunas zonas del país se han presentado tensiones por algunas decisiones que toman diferentes entidades del Estado o empresas del sector minero, energético y agrícola, y la posición que tienen los líderes frente a estos temas.Además, sobre las investigaciones de estos casos de homicidios a líderes ambientales, la ONU advierte que aún hay un alto nivel de impunidad.“Es urgente que mediante las acciones de la Fiscalía General de la Nación, pero también de otros actores centrales en el acceso a la justicia, como el Cuerpo Élite la Policía Nacional, Medicina Legal o el órgano judicial, se envíe un mensaje contundente de que asesinar, amenazar o atacar a una persona defensora del medioambiente tiene consecuencias irremediables y que no se tolerará por las instancias de justicia”, dice el informe.Naciones Unidas también hace algunas recomendaciones para enfrentar esta situación en Colombia en las que le piden a las autoridades abstenerse de caer en la estigmatización, al ministro de ambiente le recomienda un plan de acción para la implementación del Acuerdo de Escazú.Por otro lado, consideran que es importante incluir a las personas defensoras del medioambiente en la Política Nacional de Garantías y avanzar en la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz.“Que el liderazgo de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz se impulse a que en el marco de las negociaciones y diálogos de la paz total se impulsen y se establezcan compromisos claros y medibles para que los grupos armados estatales frenen la deforestación, permitan el acceso irrestricto de las autoridades ambientales y el impulso de los programas de conservación y reforestación”, dice una de las recomendaciones.
El acuerdo resultante de la Cumbre de la Biodiversidad (COP16), que empezará la próxima semana en Colombia, debe contener indicadores para medir la protección de los derechos humanos, los derechos a la tierra de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de campesinos y otras comunidades locales, según la organización internacional Amnistía Internacional (AI).Así lo señala AI en un comunicado, en el que pide asimismo que las delegaciones "deben tener presente la dura realidad" para los defensores ambientales en Colombia, un país donde el año pasado se registró el mayor número de homicidios de todo el mundo, con 79 muertes, un nefasto récord que ocupa por segundo año consecutivo, según el informe Global Witness.El marco de seguimiento debe incluir parámetros para "captar las iniciativas y las protecciones jurídicas para los defensores y defensoras de la tierra, así como su impacto y sus consecuencias, también en materia de impunidad.”Además, desde AI se pide que se respeten los "conocimientos y prácticas tradicionales y científicos" de todas las comunidades, y se ponga en marcha un mecanismo para dar seguimiento a la financiación de la biodiversidad "para garantizar que llega directamente a esos actores y reconocer formalmente la labor de conservación que llevan a cabo en sus tierras, que suele ser más eficaz que las zonas protegidas sancionadas por el Estado".Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha apuntado que el Convenio Mundial de Biodiversidad contiene numerosas salvaguardias en materia de derechos humanos, "pero sólo resultará eficaz si los Estados acuerdan un mecanismo sólido para darle seguimiento y hacerlo cumplir".Las delegaciones de la COP16 "deben ultimar un marco de seguimiento que rastree de manera exhaustiva" todas estas salvaguardias de derechos humanos y el encauzamiento adecuado de los fondos, que "someta a rendición de cuentas a los Estados que no las respeten y que incorpore la información aportada por los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas y afrodescendientes y la sociedad civil", según Callamard.La reunión de las Partes de la Convención Marco de Biodiversidad (COP16) se realizará en Cali (Colombia) del 21 de octubre al 1 de noviembre próximos.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que se refieren a las transformaciones que se han hecho en la Policía nacional para mejorar la protección de los Derechos Humanos. Allí además aseguran que en Colombia ha mejorado la gestión de las protestas.“La oficina de la ONU para los Derechos Humanos reconoce además que ha mejorado la gestión de las protestas en el país. Además, saluda la adopción de la resolución 3295 por la cual se crea un sistema de información que permite hacer seguimiento, control y monitoreo del servicio que presta la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden”, señala la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.En el mismo sentido, desde Naciones Unidas aseguraron que en 2021 hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía; en esa fecha se presentaron varias manifestaciones en el marco del paro nacional.“Rara vez somos testigos de tal transformación en una institución del Estado: desde el Paro Nacional en 2021, donde observamos el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía que resultó en la muerte de manifestantes y de otras personas, a hoy una situación de mejor manejo de las manifestaciones en las calles y cambios estructurales que permiten una mejor rendición de cuentas”, dijo Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.Por último, piden una regulación más detallada sobre el uso de armas menos letales en el contexto de las manifestaciones.“La oficina de la ONU para los Derechos Humanos espera que estos avances se vean también reflejados en una mejor protección de las personas que en los territorios están gravemente afectadas por la situación de violencia y conflicto armado”, agregan desde Naciones Unidas.
