Terminó en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional el segundo día de cónclave, que continuará este miércoles en la Casa de Nariño. Desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche estuvieron entregando sus planes para 2025 los ministros de Educación, Igualdad, Deporte, Educación, Trabajo y Agricultura. Restan por hablar los jefes de la cartera de Salud, Minas y otras direcciones relacionadas con la implementación del acuerdo de paz.“Mañana presentaremos proyecto de decreto de aplazamiento por 12 billones de pesos, recursos que no tocan en concreto los derechos del pueblo y las comunidades. Ha sido un ejercicio complejo y se ha revisado sector por sector y hemos podido lograr un buen resultado”, dijo el director de Planeación Nacional, Alexander López.>>> Lea también: Gustavo Petro se despacha contra Duque, el Congreso y empresarios por crisis económicaSe espera que al finalizar este encuentro se conozcan las primeras conclusiones.“Ese plan de austeridad nosotros lo hemos planteado que esté entre el 15 y el 20-25 % en cada uno de los sectores”, agregó el director de Planeación.
Los contratistas en varias entidades del Estado están viviendo una amarga Navidad por cuenta de la falta de recursos del Gobierno nacional y severo control de caja que está haciendo el Ministerio de Hacienda.En la Agencia Nacional de Tierras por ejemplo, enviaron una carta al director de crédito público, José Roberto Acosta, quejándose porque necesitan unos 50.000 millones de pesos para pagar a sus contratistas y hoy los pagos están frenados. La lista de afectados incluye a 68 mujeres embarazadas a quienes no hay cómo pagarles.Por otro lado, en el Congreso el panorama es crítico y hay 500 contratistas que se verán afectados. El Congreso pidió al Gobierno unos 27.000 millones de pesos para cumplir los compromisos de diciembre y les giraron apenas unos 5.000 millones de pesos.En el Ministerio de Agricultura la situación era similar. La entidad tuvo frenados los pagos a sus contratistas y hasta ahora le giraron los recursos del Plan Anual de Caja, con lo cual se espera que puedan ponerse al día con los contratistas antes de que acabe el año.Las noticias para 2025 no son mucho mejores y en medio de los recortes al presupuesto nacional varias entidades están dándole malas noticias a sus contratistas.En el IGAC, por ejemplo, se van a reducir considerablemente el número de contratos por prestación de servicios y más de la tercera parte no se va a renovar en 2025.Por su parte, en el Departamento Nacional de Planeación ya se está haciendo el anuncio, a varias áreas, que los contratos no tendrán aumentos en su valor. Por el contrario, varios contratos tendrán valores más bajos.
La reciente caída de la ley de financiamiento del Gobierno ha tenido un profundo impacto en las finanzas del país, sobre todo en las regiones. De acuerdo con el Departamento Nacional de Protección (DNP), esto implica una pérdida significativa en los recursos destinados a la inversión social en todos los departamentos del país para el año 2025.De acuerdo con el documento presentado por el director del DNP, Alexander López, en sus redes sociales, el departamento que más recorte tendrá es el Valle del Cauca, con 672.442 millones de pesos, le sigue Bogotá con una reducción de 568.742 millones de pesos y el tercero que más reducción tendrá es Antioquia, donde el recorte asciende a 564.772 de pesos.Esta es la lista de los 32 departamentos:Amazonas: -77.388 millonesAntioquia: -564.772 millonesArauca: -85.975 millonesSan Andrés, Providencia y Santa Catalina: -110.960 millonesAtlántico: -336.035 millonesBogotá: -568.742 millonesBolívar: -500.193 millonesBoyacá: -200.288 millonesCaldas: -110.646 millonesCaquetá: -168.820 millonesCasanare: -113.340 millonesCauca: -527.613 millonesCésar: -264.195 millonesChocó: -317.598 millonesCórdoba: -329.202 millonesCundinamarca: -249.855 millonesGuainía: -74.643 millonesGuaviare: -76.171 millonesHuila: -195.071 millonesLa Guajira: -399.467 millonesMagdalena: -286.909 millonesMeta: -159.755 millonesNariño: -469.796 millonesNorte de Santander: -263.234 millonesPutumayo: -182.936 millonesQuindío: -76.887 millonesRisaralda: -92.408 millonesSantander: -256.691 millonesSucre: -196.887 millonesTolima: -196.240 millonesValle del Cauca: -672.442 millonesVaupés: -33.852 millonesVichada: -82.950 millonesEl director explicó que esta ley de financiamiento pretendía ser un mecanismo clave para garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos que benefician directamente a la población y criticó que haya sectores de la oposición que aplaudan el hecho de que se haya hundido esta iniciativa del Gobierno.
El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, expresó que la estrechez fiscal del Gobierno es consecuencia de los manejos del Gobierno del expresidente Iván Duque y que depende de la Ley de Financiamiento poder pagar los compromisos con estas comunidades en 2025.Este pronunciamiento lo hizo al finalizar la mesa de diálogo con el Comité Regional Indígena del Cauca (CRIC), en la que participan 136 delegados de estos grupos indígenas. Durante la reunión, se revisó cómo avanza el cumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno nacional en la pasada Minga Indígena realizada en el parque El Renacimiento de Bogotá en agosto del 2024.“Tenemos un problema fiscal muy grave que nos dejó la pandemia y el Gobierno del presidente Iván Duque, porque ese Gobierno no financió el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, por casi 60 billones de pesos”, manifestó el director del DNP.El funcionario además señaló que, a pesar de esos supuestos malos manejos y del bajo recaudo fiscal, el Gobierno nacional pretende cumplir con el 60 % de los compromisos con los indígenas antes del 31 de diciembre de este año y el restante durante el primer semestre de 2025. Sin embargo, afirma que los recursos del próximo año dependen de la Ley de Financiamiento.El CRIC continuará en una mesa permanente en Bogotá hasta el próximo 6 de diciembre, cuando se reunirán nuevamente con el Gobierno nacional en el departamento del Cauca.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme el nombramiento de Alexander López como director del Departamento Nacional de Planeación tras estudiar una acción que buscaba la nulidad del decreto que lo designó. La demanda argumentaba que López no cumplía con los requisitos legales para ocupar el puesto.La demanda alegaba que, aunque el cargo de director del DNP es de libre nombramiento y remoción por parte del presidente Gustavo Petro, López no cumplía con los conocimientos y la experiencia requeridos para desempeñar adecuadamente sus funciones. Según el recurso, el presidente había vulnerado diversas disposiciones legales al designarlo, ya que López, un abogado de formación, carecería de las competencias técnicas en áreas como economía, finanzas y matemáticas, esenciales para el trabajo del DNP.Además, la demanda sostenía que la designación representaba una "desviación de poder", ya que se argumentaba que el nombramiento respondía más a una recompensa política por su apoyo al proyecto del presidente Petro, que a una evaluación objetiva de su capacidad técnica. En este sentido, se consideró que al nombrar a López sin contar con el perfil necesario para el cargo, se vulneraba el principio de igualdad y se afectaba el funcionamiento adecuado de la entidad.López, por su parte, reconoció en diversas ocasiones que no tiene un perfil técnico en economía, incluso mencionó ante el Senado de la República que su relación con las matemáticas no había sido la mejor. Sin embargo, destacó su experiencia como legislador y su conocimiento en otros campos como su fortaleza.El caso fue inicialmente revisado por el Consejo de Estado, que al no encontrar competencia en este asunto, remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tras analizar los argumentos, este último falló en favor de López, confirmando su permanencia al frente del DNP.
Todos los días, a toda hora, se genera información sobre nuestra calidad de vida casi sin darnos cuenta: al estudiar, al viajar de vacaciones fuera del país, al comprar en un centro comercial. Cada una de estas cosas deja huellas en las bases de datos del Gobierno, pero hasta ahora no están compiladas en ninguna parte no se usan para determinar quiénes realmente están en condición de pobreza.El Registro Universal de Ingresos es lo que va a dar un giro a esta situación. Será una enorme base de datos legal, una especie de gran hermano, donde el Estado tendrá toda la información sobre nuestra calidad de vida para clasificarnos y focalizar mejor las ayudas y subsidios.Hoy la clasificación de los ciudadanos para se hace a través de la encuesta en el Sisbén IV, pero a partir del segundo trimestre del 2026 esa encuesta será una parte de un nuevo sistema mucho más grande y complejo."El RUI no va a reemplazar al Sisbén; sino que va a integrar dentro de su estructura al Sisbén junto con otros registros administrativos que permitirán caracterizar mejor a la población potencial beneficiaria de programas sociales", explicó el DNP a Blu Radio.Hoy el DNP ya tiene los acuerdos para cruzar la base de datos del Sisben IV con registros en materia de educación superior, cotizaciones a salud y pensión, entrega de subsidios como Renta Ciudadana y entrega de apoyos a víctimas del conflicto armado.Esas primeras bases de datos sirvieron para un cruce inicial con el que se reasignó el puntaje de Sisbén a 1 millón de hogares que estaban mal clasificados y que en su mayoría tenían puntajes para recibir ayudas sin que realmente las necesitaran.La siguiente etapa del sistema es aún más ambiciosa: "Nos encontramos en el perfeccionamiento de convenios y acuerdos de confidencialidad de intercambio de información con Colpensiones, DIAN, Unidad de Restitución de Tierras, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Migración Colombia, entre otras entidades", agregó el DNP.Cuando el sistema esté en marcha, usted como ciudadano podrá preguntarle al Gobierno qué es lo que sabe de usted y tener acceso a su propia información.¿Para qué servirá el Registro Universal de Ingresos?El objetivo del sistema es que el Gobierno se entere cada vez más rápido de qué ciudadanos necesitan ayuda de los programas sociales y cuáles no.Piense, por ejemplo, en que un sistema así rápidamente puede sacar de la lista de ciudadanos pobres a alguien que con frecuencia compra en un centro comercial, o se va de paseo a Miami. Pero también puede incluir en la lista a quien no ha tenido un buen año y así poder llegar más rápido con las ayudas.El registro no dará por sí mismo acceso a ningún subsidio, pero puede ser utilizado como una herramienta de focalización. De hecho la Universidad de Antioquia está preparando una propuesta sobre cómo este nuevo sistema puede usarse para entregar los subsidios a los servicios públicos y reemplazar el esquema actual de entrega por estratos.
En un encuentro que tuvo lugar en el Capitolio Nacional, los gobernadores de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y de Norte de Santander, William Villamizar, junto con la bancada parlamentaria de ambas regiones, presentaron proyectos estratégicos al Gobierno Nacional.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, resaltó la importancia de la estrategia de Acción Unificada, la cual ha permitido consolidar un frente común entre los dos departamentos. “Con la Acción Unificada, presentamos proyectos esenciales para el desarrollo de nuestra región, como la vía Barbosa-Bucaramanga, el Anillo Vial Externo Metropolitano y el Centro de Eventos para el Oriente Colombiano”, afirmó Díaz. La inversión proyectada para estos proyectos asciende a más de 3 billones de pesos.Por su parte, William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, destacó la receptividad del Gobierno Nacional hacia las propuestas de los congresistas del Gran Santander y subrayó la importancia de proyectos conjuntos, como la protección del Páramo de Santurbán y el desarrollo productivo entre Pamplona y Bucaramanga. Además, Villamizar hizo énfasis en la presentación de obras específicas para su departamento, como la vía Cúcuta-Ocaña y la vía de la Soberanía, junto con esfuerzos en áreas como educación, salud y sustitución de cultivos.La reunión contó con la participación de altos funcionarios como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la ministra de Vivienda, Helga María Rivas Ardila, y el Director Nacional de Planeación, Alexander López Maya, este último quien se comprometió a revisar los proyectos para determinar la forma de apoyar las iniciativas de los gobernadores.“Lo que vamos hacer es un ejercicio de revisar cada proyecto que radicaron y mirar cómo la Nación llega con recursos importantes que, de hecho, ya estamos haciendo unas inversiones estratégicas, allá pero les hemos dicho que las inversiones que hoy orienta al presidente Petro y nuestro gobierno son inversiones en sector salud, educación, agua potable, reforma agraria y transición energética, entendiendo pues que no hay muchos recursos y que hay que priorizar en la población más vulnerable del país”, aseguró López Maya.El senador José Vicente Carreño y la senadora Sandra Jaimes subrayaron la importancia de esta cohesión, afirmando que permitirá avanzar en áreas claves como infraestructura vial, educación y turismo.La próxima reunión se realizará en Santander dentro de tres semanas, con la participación nuevamente del Director Nacional de Planeación, con el objetivo de revisar el avance de los proyectos y asegurar su financiación dentro del Presupuesto General de la Nación.
En medio del escándalo del Sistema General de Regalías por recursos que estarían a punto de perderse en el país, el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya, denunció que la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín tiene, por ejemplo, un proyecto por un valor de más de 9.351 millones de pesos que no tiene inicio de obras para la construcción de 150 viviendas nuevas urbanas y rurales en los municipios de Puerto Nare, Yondó y Yolombó.Sobre estos cuestionamientos, la gerente de la EDU, Luz Ángela González, reconoció que durante la nueva administración se han denunciado 8 contratos sin cierre financiero, entre ellos el firmado con estos municipios."Son contratos que tienen honorarios absolutamente inferiores porque son contratos vigentes que nosotros tenemos una obligatoriedad y debemos de cumplir y no tenemos equipo y es literal capacidad instalada de la empresa donde tenemos que dar respuesta a esos contratos", explicó la funcionaria.La gerente reveló que hay otros contratos con el Departamento de Prosperidad Social que están en veremos, pero que ya se iniciaron los trámites correspondientes para atender la situación. Desde la EDU confirmaron que hay un plan de mejoramiento porque se trata de recursos de la Nación que se tienen que ejecutar.Además, hay convenios con Girardot, Cundinamarca en donde hasta los proveedores estarían perdidos. Sobre estos hechos, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín indicó que los 8 contratos están en proceso sancionatorio.Pero no para allí, porque el DNP manifestó que hay otra irregularidad con otro proyecto por 6.800 millones de pesos para construir 100 viviendas de interés prioritario en Yondó. "En Yondó tenemos una dificultad muy grande con contratistas, con tema de recursos, o sea, la complejidad es absoluta. Hoy en que nos encontramos es, estamos revisando con esos nuevos alcaldes, haciendo mesas para buscarles las soluciones", insistió la gerente de la EDU.Vale la pena mencionar que todos los contratos se ejecutaron durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle.
Antioquia no estuvo exento del grave diagnóstico que dio a conocer el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya, sobre el riesgo que existe en 19.393 proyectos por un valor de 68,54 billones de pesos aprobados en el país con dineros del Sistema General de Regalías.Para el caso del departamento, dos contratos que involucran la Empresa de Desarrollo Urbano, entidad de la alcaldía de Medellín, están en el ojo del huracán.Según la denuncia del director López, uno de los proyectos, por valor de más de 9.351 millones de pesos, no tiene inicio de obras pese a los pagos por el 90 por ciento, por lo que el avance físico es de apenas el 0,22 por ciento. Su objetivo es la construcción de 150 viviendas nuevas urbanas y rurales en los municipios de Puerto Nare, Yondó y Yolombó.La Alcaldía especificó que por el convenio interadministrativo firmado con la EDU, se pactó en la forma de pago una transferencia inicial de 90% de los recursos, pero este se suspendió en abril pasado y no ha adelantado los procesos de contratación, ya que dicha entidad advirtió un desequilibrio económico por el precio de los materiales de construcción.“Teniendo en cuenta que a la fecha han transcurrido 12 meses de ejecución del proyecto, se alerta un alto riesgo de pérdida de recursos e incumplimiento total del alcance”, manifestó el DNP.El otro proyecto, por 6.800 millones de pesos y también firmado con la EDU, para construir 100 viviendas de interés prioritario, apenas registra un avance del 0.44 por ciento.De acuerdo con el DNP, el municipio especificó que se está gestionando con el departamento la adición de recursos, pero no se evidencia el trámite de ajuste correspondiente. “Teniendo en cuenta que a la fecha han transcurrido 12 meses de ejecución del proyecto, se alerta un alto riesgo de pérdida de recursos e incumplimiento total del alcance”, alertó el DNP.Vale la pena mencionar que ambos contratos tuvieron como fecha de inicio el año 2023, cuando el alcalde de la ciudad era Daniel Quintero Calle. Este miércoles 28 de agosto, funcionarios de la EDU se reúnen para abordar estas denuncias y dar una respuesta oficial sobre la situación.
El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, dio a conocer las medidas que se están tomando para evitar la pérdida de recursos millonarios del Sistema Nacional de Regalías. En Mañanas Blu, con Camila Zuluega, López reveló detalles de una investigación iniciada hace tres meses, la cual abarca proyectos ejecutados entre 2017 y 2024, con un total de 19.323 iniciativas que comprometen 68.5 billones de pesos.López destacó que el DNP ha identificado una gran cantidad de información que permite determinar qué recursos están en riesgo de perderse y cuáles pueden ser recuperados con acciones específicas. El objetivo es trazar una ruta institucional junto con los órganos de control del Estado para salvaguardar los fondos públicos y evitar que caigan en manos de corruptos."Nosotros con la investigación que iniciamos hace aproximadamente tres meses apenas, cogimos el el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2024. Entre esos años, tenemos un grupo de proyectos que llegan a los 19.323 en total los recursos comprometidos. En estos diecinueve mil trescientos veintitrés proyectos son del orden de los 68. 5 billones de pesos de recursos de regalías”Y agregó, "Tenemos ya también una cantidad de información que nos permite establecer, pues qué recursos están prácticamente perdidos y qué recursos se pueden salvar dependiendo de las acciones que se emprendan".El Sistema Nacional de Regalías distribuye recursos a municipios y departamentos donde se extraen recursos naturales como petróleo y carbón, con el fin de compensar el daño ambiental. Sin embargo, según López, algunos de estos proyectos no han sido ejecutados, están abandonados o ni siquiera han comenzado, a pesar de que los municipios han recibido importantes sumas de dinero.La investigación del DNP reveló irregularidades en la ejecución de proyectos, algunos de los cuales han sido manipulados por contratistas para su beneficio. López señaló que se han encontrado "grandes nombres" involucrados en estos casos, incluyendo contratistas, políticos, gobernadores y alcaldes, y que la información ya ha sido entregada a la Fiscalía.Ante la situación, el Gobierno nacional está considerando un nuevo enfoque para la ejecución de proyectos, que incluye la vinculación directa de las Juntas de Acción Comunal y las comunidades locales en la gestión de los recursos. Esta medida busca fortalecer la transparencia y reducir la corrupción en la administración de fondos públicos.El DNP, en colaboración con otras entidades, está comprometido en garantizar que los recursos de regalías sean utilizados de manera efectiva y en beneficio de las comunidades, evitando así la pérdida de estos millonarios fondos que son cruciales para el desarrollo del país.Escuche la entrevista completa acá: