La Defensoría del Pueblo había emitido al menos dos alertas tempranas en los últimos meses sobre la posibilidad de que el conflicto entre disidencias del frente 33 y ELN escalara en la región del Catatumbo, alerta que se cumplió este jueves 16 de enero.“Lo que se está presentando en el Catatumbo es de extrema gravedad. La Defensoría había alertado varias veces y había emitido una alerta de inminencia en noviembre. Hoy tendremos que reportar su consumación”, dijo la defensora Iris Marín.Dichas alertas son la Temprana 025 de 2021 y la alerta de Inminencia 026 de noviembre de 2024, que ya incluían recomendaciones a las autoridades locales para la protección de la población civil.Hasta el momento, han sido ubicados los cuerpos de cinco firmantes de paz asesinados, pero avanzan en la verificación de otros 23 a 25 asesinatos que la comunidad ha reportado desde los territorios.La otra preocupación es precisamente el confinamiento de los habitantes de municipios como El Tarra, Hacarí, Convención y Tibú, donde la gente se encerró en sus viviendas, el comercio cerró y las clases se suspendieron.Y es que en videos grabados por los ciudadanos, se ve a hombres armados buscando a quienes serían firmantes casa por casa para luego llevárselos secuestrados y asesinarlos.“Se hace un llamado al ELN para que respete el DIH y cese de inmediato los ataques contra la población. También se deben priorizar acciones humanitarias para proteger a la población”, pidió la defensora.En la tarde de este viernes, 17 de enero, se espera la llegada del presidente Gustavo Petro a Tibú, uno de los municipios más afectados por los hechos violentos; allí liderará una reunión de seguridad.
La Procuraduría y la Defensoría presentaron un informe en el que determinan que el Gobierno sigue incumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional sobre la delimitación del Páramo de Santurbán, la idea es garantizar la protección de este ecosistema y de las comunidades. Sin embargo, según estas dos entidades, hay un grave desinterés por parte del Gobierno para avanzar en este tema."Este informe refleja una serie de preocupaciones y situaciones críticas que han afectado gravemente la ejecución de las disposiciones de la Corte, las cuales buscan garantizar la protección de este ecosistema estratégico y los derechos de las comunidades que dependen de él. En el documento, las entidades concluyeron que a pesar de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) propuso un cronograma para la delimitación del complejo de páramo jurisdicciones Santurbán - Berlín, la implementación de dicho plan ha sido sumamente deficiente" señalan la Procuraduría y la Defensoría.Además, el informe señala que de las 30 mesas técnicas que se debían hacer solo se ha realizado una, esta situación ha generado desconfianza en las comunidades, quienes han protestado ante la ausencia de resultados. El documento también hace una advertencia y es que en esa zona hay una grave situación ambiental debido a la minería ilegal y a la contaminación con mercurio.La Procuraduría y la Defensoría señalan que el impacto ambiental es "una consecuencia directa de la inacción de las autoridades encargadas de garantizar la protección de este territorio".
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, ya son más de cuatro meses de discusiones entre el Gobierno y los transportadores de carga y pasajeros sobre solicitudes para mejorar las condiciones de operación, vigilancia y control del gremio. Ante varias manifestaciones de inconformidad por parte de algunos sectores, la ministra María Constanza García aseguró que la Superintendencia de Transporte diseñará un plan de auditoría para atender las denuncias que se presenten.Asimismo, después del encuentro, la cartera de transporte confirmó que se realizarán bloques de reuniones con los firmantes del acuerdo del 6 de septiembre de 2024 para revisar el avance del SICE-TAC y del Registro Nacional de Despachos de Carga por Carretera (RNDC). En estas reuniones se llevarán a cabo verificaciones de campo para confirmar si, tras el decreto emitido a finales de 2024 para la actualización del SICE-TAC, el sistema está funcionando adecuadamente.Por otro lado, durante la reunión con los transportadores, el Ministerio aseguró que se han logrado avances significativos en los últimos 19 meses de trabajo, un proceso que contó con la participación de más de 1.900 transportadores. Entre los avances mencionados por el Gobierno se destacan:Por primera vez, se estableció un mínimo de cuatro (4) horas logísticas a reconocer por viaje, distribuidas así: cargue (1), descargue (1), espera de cargue (1) y espera de descargue (1). Las horas adicionales se liquidarán y pagarán conforme al valor/hora del SICE-TAC y con los debidos soportes.Salarios y condiciones laborales: se ajustaron los cálculos salariales conforme a la jornada laboral de 46 horas semanales, incluyendo las prestaciones respectivas, para cubrir las 288 horas operativas del vehículo al mes.Manifiestos de carga: los manifiestos solo serán válidos si cumplen con los valores establecidos en el SICE-TAC, lo que refuerza el control y la legalidad en el sector.Ajustes al decreto de carga por artículos: se mejoraron las definiciones y se estableció que los tiempos de cargue y descargue sean remunerados. También se fomenta la habilitación de pequeñas empresas de transporte.Por su parte, los sectores transportadores confirman que el Ministerio aún no ha dado respuesta a temas como la modernización del parque automotor, la implementación de una nueva política integral de seguridad y la modificación del decreto que regula el aumento del precio del combustible.
Tras el tercer hallazgo forense en la fosa común a cielo abierto más grande del mundo, es decir, en La Escombrera de Medellín, la defensora del pueblo, Iris Marín, destacó la importancia de las excavaciones que se realizan en esta zona del Occidente de la capital antioqueña hace aproximadamente 6 meses. Hay que recordar que solo en los últimos días se han hecho varios hallazgos correspondientes, presuntamente, a tres cadáveres.Por su parte y según han destacado las autoridades que hacen presencia en La Escombrera, a medida que pasan las horas siguen conociéndose la existencia de más restos óseos, además de prendas de vestir, lo que hace revivir las esperanza de las familias buscadoras.Precisamente hablando de las personas que tendrían familiares desaparecidos en este lugar, la defensora del pueblo, Iris Marín, reconoció que los hallazgos son muestra de que el Estado debe trabajar en función de las víctimas del conflicto armado."Son prueba de que el Estado debe y puede trabajar con las víctimas, para las víctimas, que vale la pena creerlas. Muchas víctimas y organizaciones nos venían diciendo que no estaban locas. Por supuesto que no. Lo anormal es la indolencia de nuestra sociedad", aseguró la defensora.Lo que se ha podido establecer hasta el momento es que algunos de los restos óseos pertenecen a tres personas, entre ellos una mujer, los cuales no han podido ser identificados plenamente a pesar de las prendas de vestir y otros elementos encontrados por los forenses.Finalmente y en medio de esta histórica noticia, Marín confirmó que visitará La Escombrera el próximo 26 de diciembre en compañía de Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz.
La Defensoría del Pueblo se refirió a una crisis de hacinamiento que se estaría viviendo en el país. En total hay 125 establecimientos de reclusión y 85 de ellos registran un hacinamiento superior al 20 %. La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que está priorizando el abordaje de la crisis con un enfoque especial en las mujeres cabeza de hogar privadas de la libertad por delitos cometidos en situaciones de marginalidad.“La ley 2292 de 2023, que consagra la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública para mujeres cabeza de hogar en situación de pobreza o marginalidad, es una herramienta crucial para garantizar justicia con enfoque de género y diferencial. Sin embargo, los resultados de su implementación han sido bajos: menos de 100 mujeres han sido beneficiadas, pese a que el universo potencial supera las 2.500 reclusas”, asegura Marín.Al menos 25 establecimientos de reclusión en Colombia registran un hacinamiento inferior al 20 % y 17 adicionales no tendrían hacinamiento en este momento, según las cifras de la entidad. Recientemente, la Defensoría ha adelantado visitas a establecimientos en Medellín, Cali, Sogamoso, Barranquilla, Acacías y Bogotá."La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con los derechos de las personas privadas de la libertad, especialmente aquellas que han sido históricamente invisibilizadas", agregó la defensora del Pueblo.
En el marco de la conmemoración de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre la situación en Colombia, en una primera medida alertan que en el país el conflicto armado sigue siendo un desafío crítico."790 municipios en 32 departamentos se encuentran focalizados en riesgo a partir de las alertas tempranas emitidas. En departamentos como Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y en subregiones como Catatumbo, Sur de Bolívar y Bajo Cauca Antioqueño confluyen dos o más GAO. Aunque en algunos departamentos solo haya presencia de un grupo armado, como en Guaviare (disidencia de las Farc-EP liderada por Mordisco), las vulneraciones a los derechos humanos son significativas, con imposición de normas de control social, restricciones a la movilidad y “cercos humanitarios”, lo que expone a la población a riesgos constantes y limita la acción de la fuerza pública”, señala la Defensoría.Durante este año se han registrado 100 eventos de desplazamientos en Colombia, afectando a 40.499 personas. Además, desde 2017, la Defensoría ha emitido 203 alertas relacionadas con afectaciones a comunidades indígenas, y 146 dirigidas a comunidades afrodescendientes.En 2024 se han registrado 745 feminicidios y 44 de ellos son contra niñas. Además, 1.381 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de explotación sexual.“Entre 2020 y 2024, la Defensoría del Pueblo recibió 70.780 quejas por vulneración de derechos fundamentales, como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social. Aunque la pobreza monetaria ha disminuido, la desigualdad entre zonas urbanas y rurales, así como las brechas de género, siguen siendo preocupantes”, explicó la entidad.
Armando Benedetti tuvo una reasignación de cargo luego de ser embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ahora, cumplirá la función de asesor del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Este nombramiento despertó la reacción de varios sectores, que alegan no entender la decisión que tomó el jefe de Estado.Esto, entendiendo los escándalos en los que ha estado involucrado Benedetti en los últimos meses, incluyendo un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Madrid, España. Al respecto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió al presidente Petro “reflexionar” y mostrar “coherencia” con su discurso de género.En diálogo con Mañanas Blu, la defensora Marín recalcó que, con lo ocurrido con Benedetti, el Gobierno nacional borra lo que había hecho en este tiempo en materia de equidad de género y defensa de los derechos de las mujeres.“El Gobierno ha adelantado acciones que lo comprometen con la igualdad entre hombres y mujeres, pero borra con un codo lo que hace con la mano cuando pone en un alto cargo público a una persona que representa la violencia de género en el ámbito familiar y político”, sentenció.Insistió que los comportamientos del exembajador Benedetti “expresan esa cultura machista” que no debe permitirse en el país. En ese sentido, recordó las denuncias públicas que se han conocido contra el funcionario, incluyendo un fuerte episodio que tuvo con Laura Sarabia, directora del Dapre, en una conversación de WhatsApp.Así, Marín aseveró que nombrarlo en un alto cargo del Gobierno “minimiza la gravedad de esas denuncian que han sido públicas” recientemente.“Es un mensaje terrible en el Día Internacional de la no Violencia Contra la Mujer. Desafortunadamente él representa, justamente, los comportamientos machistas que realmente son muy graves porque matan, el machismo y la violencia machista matan”, añadió.Además, la defensora del Pueblo expresó que el mensaje y el compromiso del Gobierno en contra de la violencia contra la mujer y en favor de la igualdad de género, queda completamente “minimizado” y “pierde credibilidad” cuando se toman esas decisiones.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, enfatizó que Armando Benedetti debería asumir la responsabilidad por sus comportamientos pasados y retirarse de sus aspiraciones de ocupar estos altos cargos públicos, refiriéndose a su nuevo puesto como asesor presidencial.Y es que según Marín, el pasado del exembajador ante la FAO, Armando Benedetti, relacionado con machismo, violencia de género y violencia contra la mujer, entre otros, debería ser mérito para que no vuelva a ocupar altos cargos públicos en Colombia, refiriéndose a sus aspiraciones para ser asesor del presidente Gustavo Petro.Marín recordó varias frases mencionadas en el pasado por Benedeti contra Laura Sarabia, en las que le dijo que ella estaba ocupando altos cargos en el Gobierno Petro Gracias a él, señalándola incluso de ser una imbécil, ingenua y sin experiencia. Por eso, el llamado de la defensora del pueblo fue claro a que el ahora nombrado asesor presidencial debería retirar sus aspiraciones de ocupar cargos públicos y asumir su responsabilidad respecto a sus comportamientos pasados.“Estas frases, dirigidas por el señor Armando Benedetti a una alta funcionaria del Gobierno, son frases a las que se enfrentan las mujeres cuando acceden a cargos de poder. Ponen en duda la capacidad que tenemos las mujeres de llegar a lugares de alta dirección o de decisión del Estado por nuestro esfuerzo y experiencia”, dijo la defensora.“Si fuera cierto, ¿qué mensaje se enviaría al país precisamente en los días en que nos indignamos por la grave crisis de derechos humanos de las mujeres si se llegara a nombrar al señor Benedetti en el cargo?”, agregó la Defensora, quien mencionó que nombramientos como estos alientan una cultura machista y es tolerante con la violencia contra la mujer por lo que le hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro a no continuar con este nombramiento ya que sería un gesto coherente con la igualdad de género que el gobierno dice pregonar.
En el octavo aniversario de la firma del acuerdo de paz, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a acelerar la implementación del enfoque de género contenido en el texto del 2016. De acuerdo con esa entidad, más del 50% de las disposiciones relacionadas al tema continúan en etapas mínimas.Fue la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, quien le pidió al Gobierno Nacional que priorice el enfoque de género que se abordó en el acuerdo de paz de hace 8 años. La funcionaria asegura que aún se evidencian retrasos significativos en la incorporación del enfoque, pues de las 130 disposiciones relacionadas en el documento, más del 50% aún está en etapas mínimas para ponerlas en funcionamiento.“Este panorama es alarmante porque no solo retrasa la consolidación de la paz, sino que perpetúa barreras históricas para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en el país. Desde la Defensoría del Pueblo coincidimos en la preocupación por el consistente rezago en los compromisos adoptados en el Acuerdo, relacionados con el enfoque de género”, dijo Marín.Bajo ese contexto, la Defensoría le formuló al gobierno nacional siete recomendaciones claves para avanzar en el acuerdo:- Dinamizar el acceso de tierras para las mujeres rurales.- Fortalecer la participación política de las mujeres en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.- Justicia restaurativa para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ víctimas de violencias de género, sexual y reproductiva.- Seguridad para mujeres lideresas y firmantes de paz.- Inversión pública diferencial para mujeres en zonas importantes para la implementación.- Garantizar el enfoque étnico.- Reactivar la Alta Instancia de Género del Gobierno Nacional.“Acelerar la implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz no da más espera. Por eso insistimos en nuestro compromiso y llamado a la construcción de una paz que priorice las deudas históricas con las mujeres y personas LGBTIQ+ que han sido víctimas del conflicto armado interno, para garantizar que la equidad de género sea una realidad”, finalizó la defensora.
Un duro pronunciamiento hizo la defensora del Pueblo, Iris Marín, frente a la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar como gestores de paz a los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, esto, a través de una resolución, en la que el Ejecutivo normaliza la designación de los exjefes paramilitares para abrir la que sería la décima mesa de negociación de la política de la paz total del Gobierno Petro.La defensora cuestionó cómo confiar en estos excomandantes y preguntó por qué “nombrarlos gestores de paz si han sido gestores de guerra”.“Si queremos que quienes cometen crímenes hoy dejen de delinquir por los diálogos de paz, debemos exigir el cumplimiento de sus compromisos a quienes les dimos la oportunidad de paz en el pasado, se los debemos a las víctimas de ayer y a las de hoy”, señaló la defensora.Y es que es una decisión muy polémica porque el Gobierno designó a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz. En esta lista aparecen Diego Fernando Murillo, alias ‘don Berna’, Hernán Giraldo, Rodrigo Tovar Pupo, aligas ‘Jorge 40’ y Herbert Veloza conocido con el alias de ‘HH’.Incluso, la defensora del Pueblo dice que estos exparamilitares no pueden ser referentes morales de la construcción de paz en el país.“Entre los nuevos gestores hay máximos responsables de los crímenes cometidos por el paramilitarismo, como crímenes de guerra y de lesa humanidad condenables, no solo en el ámbito interno sino en el internacional, algunos de ellos se acogieron a Justicia y Paz y fueron excluidos por continuar delinquiendo", dijo.Para Iris Marín sería conveniente que la gestoría se desarrolle con base en un plan de trabajo muy preciso y público, que pueda ser objeto de monitoreo, para evitar cualquier riesgo que desvíe la labor que se les solicita.
