Según la Corte Suprema de Justicia, el senador Eduardo Pulgar, del Partido de la U, trató de beneficiar en esa disputa judicial a su amigo Jorge Luis Hernández intentando, supuestamente, sobornar al juez de Usiacurí, Atlántico, que llevaba el proceso.A pesar de que la defensa del senador Pulgar alegaba la ilegalidad de las grabaciones, el alto tribunal le dio credibilidad a lo que aportó el propio juez Andrés Rodríguez Caez, víctima del supuesto ofrecimiento ilegal.La corte dice que el funcionario Rodríguez Caez, autor de la grabación, tenía motivos fundados “que echa de menos la defensa del senador” para inferir que sería objeto de una propuesta delictiva, por lo tanto, esto lo habilitaba para efectuar la grabación.Se trata de dos grabaciones de momentos o reuniones distintas. La primera en la residencia del senador Pulgar en Barranquilla, en la cual el alcalde del municipio de Usiacurí habría invitado al juez Rodríguez diciéndole que le iba a presentar a su “jefe político”. La segunda, se realizó en la oficina de David Name, también en Barranquilla, y tuvo como protagonistas a: Name, quien fungió como mediador, el entonces juez Rodríguez Caez, y Luis Fernando Acosta.El juez fue invitado a la reunión cuando ya se le había asignado la audiencia sobre la disputa de la universidad.Incluso, dice la corte que no son grabaciones ilegales porque son propias.“Es decir, realizada por uno de los intervinientes. De igual modo, que su recaudo lo efectuó, concretamente, quien por la condición de víctima estaba legitimando para realizar dicha acción, de manera que ese proceder de ningún modo implicó una intromisión indebida en el derecho fundamental a la intimidad”, añade.La corte también argumenta que no acepta la aseveración de que la grabación efectuada por Rodríguez en el domicilio del aforado Pulgar haya comportado una intromisión atentatoria de tal derecho de arraigo constitucional porque este fue invitado.Por estos argumentos, la sala niega la exclusión probatoria solicitada por la defensa del senador y tampoco accede a la preclusión extraordinaria.Desde este miércoles, el senador Pulgar deberá permanecer en la cárcel La Picota, de Bogotá, como presunto responsable de los delitos de cohecho, tráfico de influencias o violación de los topes o límites de gastos de campañas electorales.
A través de un comunicado, la electa procuradora General, Margarita Cabello, rechazó la mención que hizo el ganadero Luis Enrique Guzmán por el escándalo del megatanque en Barranquilla.Guzmán manifestó que recibió hostigamientos por parte del empresario David Name al haberle asegurado que, de seguir con la denuncia por coimas en la construcción de la obra, “él recurriría a la amistad íntima que tenía con la Margarita Cabello”.A lo que Cabello respondió: “nadie por ningún motivo, puede hacer uso de mi nombre, y bajo esa premisa descalifico a cualquiera que lo haga en beneficio de sus intereses”.Agregó que “sea esta la oportunidad para reiterar que no admito que se ponga en tela de juicio mi reputación profesional, la cual he forjado durante toda mi vida desde la honestidad y la rectitud”.De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, los investigadores del CTI se encuentran indagando y recopilando información sobre los retrasos en la construcción de un tanque de agua para abastecer a los barranquilleros y cuya licitación tuvo una adición presupuestal de 3.600 millones de pesos.Los encargados de las pesquisas aseguraron que “se está avanzando en este proceso, sin embargo, la pandemia afectó la actividad investigativa por el desplazamiento de peritos desde Bogotá”.Por este caso la Fiscalía indaga si hubo pago de coimas en contrato para megatanque en alcaldía de Alex Char.
Bienvenido el debate público y de frente a los barranquilleros. Cuando el pasado 27 de Julio pregunté en estos micrófonos de Vive Barranquilla, “¿dónde está la bolita, en el negocio del Megaparque Paraíso?”, lo hice con la intención de generar –como en efecto ocurrió- un debate público sobre la utilización de los bienes de la ciudad. Hoy son varias las voces que exigen claridad en ese asunto.En esa oportunidad afirmé que en los terrenos del Batallón Paraíso, constructores particulares levantarían 6.000 viviendas para cerca de 30 mil personas. Y sostuve –además- que ello en lugar de contribuir a mejorar la calidad del ambiente, sólo congestionaría el tráfico y contaminaría mucho más el ambiente del sector. “El remedio será peor que la enfermedad”, declaré en el Editorial.La más reciente reacción sobre el controvertido asunto ha sido de la Cámara de Comercio de Barranquilla, que mediante un comunicado público avaló la negociación realizada y sostuvo que la “construcción del futuro parque en el Batallón Paraíso atiende las necesidades de Barranquilla”.“Hoy ese anhelo se convierte en realidad –dice la Cámara de Comercio- gracias a la permuta del terreno a un constructor privado (en este caso Constructora Bolívar) la cual pagará la suma de 215 mil millones de pesos por el terreno, le construirá un nuevo batallón al Ejército Nacional y cederá dos tercios del lote –el equivalente a 34 hectáreas- al Distrito de Barranquilla”.Para realizar la permuta –según María José Vengoechea, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio- se contó con el consentimiento del Ministerio de Defensa y con el cambio del uso del suelo del terreno, que pasó de ser institucional para la seguridad nacional a residencial y de espacio público.Sin embargo, de lo dicho por la Cámara de Comercio, surgen más dudas que certezas, en lo que tiene que ver con la naturaleza jurídica del negocio y sobre la afectación de los derechos generales de los habitantes de Barranquilla. Veamos:¿Cómo explican los protagonistas del negocio, que éste sea una permuta a tres bandas que involucra a dos entidades públicas -Alcaldía de Barranquilla y Ministerio de Defensa- y a una entidad privada con ánimo de lucro, como Constructora Bolívar? ¿Quién avalúo los predios? ¿Quién calculó el precio de los terrenos permutados? ¿Dónde está el nuevo terreno del Batallón? ¿O es que se hizo una permuta en aire? ¿Por qué resultó elegida Constructora Bolívar y no otra entidad? ¿Dónde están las convocatorias públicas que se hicieron? ¿Dónde están los organismos de control que no investigan?Y si se trata de ganancias, como sostiene la Cámara de Comercio, por qué mejor el Ejército Nacional no vendió sus predios al mejor postor, construía un nuevo batallón en otro lugar y en terrenos evidentemente mucho más baratos, y utilizaba el saldo para atender –por ejemplo- a los soldados lisiados en la guerra. Y por último, la pregunta fundamental: ¿Por qué razón el Estado termina festinando los bienes públicos sobre la base de la supuesta inviabilidad a priori del proyecto ecológico y recreativo más importante de Barranquilla en toda su historia?Por lo pronto –insisto- lo que hay en el negocio, socio, del Batallón Paraíso y el Megaparque son más preguntas que certezas. Y por ello repito: ¿Dónde está la bolita?
Pese a que los Name y los Char han diferido públicamente ante múltiples temas, el senador Name decidió hacer a un costado las displiscencias para trabajar por la región. "Es momento que se unan todos los gobernadores y alcaldes de la costa Caribe, incluidos los parlamentarios que somos más del 30%. En esa línea invité a Char y Verano. La unión hace la fuerza, necesitamos una solución rápida", señaló Name, quien fue presidente del Senado en 2015. Cuestionó la efectividad del Plan 5 Caribe y señaló que las contrataciones no tienen cierre financiero porque los implementos que serían instalados son importados y, con la variación del dólar, los precios están por un monto superior al que autorizó inicialmente el Gobierno. "El plan es una farsa. Ahora hay una disyuntiva por el material importado que hay que comprar y están en discusión el Ministerio de Minas y Energía y Electricaribe, por quién va a asumir esos excesos", indicó el senador.
