El exagente del extinto DAS Giovany Calderon, reconoció su responsabilidad en nueve de los diez crímenes cometidos entre 2006 y 2008 por el Gaula Tolima, en el contexto de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate, su aporte de verdad permitió esclarecer el accionar del Gaula, además de revelar la participación de miembros del DAS, el CTI y la Fiscalía en estos hechos.Entre los casos aceptados se encuentran homicidios como el de los hermanos Alexander y Luis Alfonso Jiménez Gallego, ocurrido en Pastales, Tolima, y el de José del Carmen Escorcia Marimón y Humberto Junior Escorcia Manotas en San Luis, Tolima.Como parte de la resolución de este tribunal de justicia transicional, Giovanny Calderón recibió libertad transitoria, condicionada y anticipada, junto con el levantamiento de una orden de captura en su contra. Sin embargo, deberá seguir aportando información sobre tres nuevos hechos no investigados previamente y participar en acciones restaurativas que contribuyan a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.La decisión también ordena a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP avanzar en la identificación de víctimas indirectas y realizar pruebas de ADN para confirmar parentescos, como el caso de una hija póstuma de una víctima.La JEP destacó que los aportes de verdad del exagente superaron los estándares exigidos, permitiendo esclarecer detalles sobre los crímenes, la manipulación de escenas del crimen y la legalización de operativos fraudulentos. No obstante, la permanencia de los beneficios estará condicionada al cumplimiento continuo del régimen transicional y la ampliación de información en las próximas diligencias.
La Jurisdicción Especial de Paz anunció que, el informe, entregado el pasado 27 de diciembre, incluye un análisis detallado de más de 57.000 unidades de conservación y cerca de 47.800 medios digitales, almacenados en depósitos en Bogotá y Funza.La Jurisdicción Especial para la Paz recibió el diagnóstico integral de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que permitirá definir las condiciones para la desclasificación de documentos clave relacionados con inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados, asegurando el acceso de las víctimas del conflicto armado a información vital para esclarecer violaciones de derechos humanos.La JEP anunció que, el informe, entregado el pasado 27 de diciembre, incluye un análisis detallado de más de 57.000 unidades de conservación y cerca de 47.800 medios digitales, almacenados en depósitos en Bogotá y Funza.El objetivo es organizar y digitalizar estos archivos, facilitando su acceso y preservación como patrimonio documental de la nación.El magistrado Óscar Parra, líder de las medidas cautelares para la preservación de estos archivos, subrayó la importancia del diagnóstico: “Es un paso importante para luchar contra la impunidad en algunas graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado”.
Enrique Ariza Rivas, exdirector de Inteligencia del antiguo DAS, se suma a la lista de funcionarios de la desaparecida entidad condenados por la persecución y tortura a la periodista Claudia Julieta Duque, en hechos ocurridos entre 2001 y 2004.De acuerdo con el Juzgado Décimo Penal Especializado de Bogotá, Ariza deberá pagar 12 años y 6 meses de prisión y pagar una multa de 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el delito de tortura agravada continuada. En la decisión el juez ratificó además que no podrá gozar de cumplir la sentencia en su domicilio no podrá ejercer cargos públicos.“Recibo este nuevo acto de justicia en Bélgica, en la sede del Equipo Nizkor y Radio Nizkor, con gran alegría y gratitud por las amistades leales y las organizaciones y personas constantes que me permitieron llegar a abrazar la JUSTICIA en vida, y celebrarla con su compañía y apoyo. Solo queda pendiente de sentencia de primera instancia el también ex director de Inteligencia Giancarlo Auqué, y los funcionarios cuyos casos están paralizados ante la JEP”, escribió la periodista en sus redes sociales tras conocer la noticia.La decisión judicial implica también que se compulsen copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para determinar si se debe iniciar o no una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así mismo, el actual Gobierno nacional deberá adelantar un acto público de reparación, sumado a la indemnización que Ariza deberá pagar a la periodista superior a los $120 millones por daños y perjuicios.Claudia Julieta Duque y su familia, según las investigaciones, sentencias y sus propias denuncias, fueron blanco de seguimientos, interceptaciones, amenazas y hostigamientos por parte del DAS luego de que ella iniciara la investigación por el homicidio de Jaime Garzón.Además de Ariza, otros siete exfuncionarios del DAS han sido condenados por el mismo caso: José Miguel Narváez y Emiro Rojas Granados, exdirectores; Hugo Daney Ortiz, exjefe de Operaciones de Inteligencia; Jorge Armando Rubiano, exjefe de Desarrollo Tecnológico; Carlos Alberto Arzayúz, exdirector de Inteligencia y Néstor Pachón Bermúdez y Ronal Harbey Rivera Rodríguez, exdetectives.
Este sábado se conoció que el coronel retirado de la Policía Nacional Manuel González, enfrentará juicio por su presunta participación en el asesinato del excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990.Fue un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos quien emitió una resolución de acusación contra González señalándolo como responsable de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.En este caso, la Fiscalía argumenta que Gonzáles Henríquez, en su calidad de exdirector de Protección del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), habría facilitado el crimen al ordenar la rotación del personal encargado de la seguridad de Pizarro.Además, según las pesquisas, estos cambios imprevistos permitieron que el sicario ejecutara el atentado dentro del avión que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla, hecho que constituye un crimen de lesa humanidad.El juicio avanza mientras el exoficial permanece bajo detención domiciliaria, y se espera que los recursos legales procedentes sean presentados en las próximas etapas del proceso según el ente acusador.Así fue el asesinato de Carlos Pizarro:Carlos Pizarro Leongómez, líder del grupo guerrillero M-19, fue asesinado en el marco del proceso de paz que se llevaba a cabo entre el gobierno colombiano y el M-19. Pizarro había dejado las armas y se postulaba como candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19.El crimen ocurrió cuando un hombre, identificado luego como Carlos Castaño Gil, disfrazado de sacerdote, abrió fuego contra Pizarro a bordo del avión. A pesar de los intentos de protección, Pizarro fue alcanzado por varios disparos y murió en el acto. Tras cometer el homicidio, el asesino intentó suicidarse después del ataque pero sobrevivió y fue detenido.
El Tribunal Superior de Bogotá acaba de confirmar la condena contra el también exsubdirector del DAS (agosto de 2002 a junio de 2005), Emiro Rojas Granados, por los delitos de concierto para delinquir y tortura agravada, así como la condena contra el exdetective Néstor Javier Pachón Bermúdez por tortura agravada. Los hechos están relacionados con los seguimientos y hostigamientos ilegales que se configuraron como tortura a la periodista Claudia Julieta Duque Orrego.El Tribunal también compulsó copias para que una fiscalía delegada ante la Corte investigue a Emiro Rojas por su responsabilidad en los hechos durante los periodos en que fue director encargado del organismo de seguridad, ya que la defensa argumentó que este debía haber sido enjuiciado en su calidad de aforado por el tiempo en que fungió como jefe del DAS en reemplazo de Jorge Noguera.Según el fallo, de 70 páginas, a raíz de las investigaciones que realizó la periodista sobre el asesinato de Jaime Garzón Forero, revelando la presunta participación del DAS en este crimen, ella y su familia fueron víctimas de persecución y constantes amenazas por parte de dicho organismo.Tras analizar los hechos y los hallazgos de la investigación, el Tribunal encontró probado que el exsubdirector del DAS era responsable de los delitos de tortura agravada continuada y concierto para delinquir, confirmando la decisión de primera instancia del 30 de abril de 2024.Por lo tanto, condenó a Rojas a 174 meses de prisión, equivalentes a 14,5 años, y al pago de una multa de 4.200 salarios mínimos mensuales. Además, se le impuso una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el mismo periodo de la condena.Asimismo, el despacho condenó al exagente del DAS Pachón Bermúdez a 150 meses de prisión, equivalentes a 12,5 años, por el delito de tortura agravada continuada. También se le impuso una multa de 1.500 salarios mínimos y la inhabilidad por el mismo periodo de su condena.
José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión por el Juzgado 10 Penal Especializado de Bogotá. La sentencia, que se suma a una condena previa relacionada con el asesinato del humorista Jaime Garzón, reconoce la tortura psicológica infligida a la periodista Claudia Julieta Duque Orrego, quien fue víctima de un hostigamiento sistemático durante varios años.Entre 2003 y 2004, Narváez Martínez ocupó un cargo directivo en el DAS y lideró el Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3). Desde esta unidad, se realizaron seguimientos ilegales a periodistas, opositores y magistrados, entre los cuales Duque Orrego se destacó como una de las principales víctimas. La periodista, que investigaba el crimen de Jaime Garzón Forero y la manipulación del DAS en la investigación judicial, fue sometida a persecuciones, amenazas, hostigamientos y robos, lo que la obligó a exiliarse en 2001. Posteriormente, se confirmó que los vehículos que la seguían pertenecían al DAS.La sentencia, compuesta por 83 páginas, declara que estos actos, ocurridos entre julio de 2001 y diciembre de 2004, constituyen crímenes de lesa humanidad. Según el fallo, Narváez Martínez estaba al tanto de todas las acciones ilegales ejecutadas contra Duque Orrego y otras personas consideradas opositoras al gobierno de la época. La judicatura subrayó la gravedad de estas violaciones sistemáticas de derechos humanos, que incluyeron la tortura continuada sufrida por la periodista.En respuesta a la sentencia, Claudia Julieta Duque Orrego señaló: “También se compulsan copias para que se investigue a otros funcionarios que, de acuerdo a las pruebas, tuvieron responsabilidad en los actos de tortura”.La sentencia ordena compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación para investigar la posible participación de varios exfuncionarios del DAS, entre ellos Jorge Noguera Cotes y Felipe Muñoz Gómez, exdirectores del DAS; Jacqueline Sandoval y Martha Leal, exsubdirectoras; Milton Jair Moreno, Germán Albeiro Ospina Arango, Francia Jimena Vaquero Espitia, Rafael Bustamante Pérez, Alexander Velásquez Sánchez, y el fiscal Francisco Javier Pedraza Pérez. Se les investigará por su posible participación en actos de tortura agravada, secuestro y otras conductas punibles contra Duque Orrego, incluyendo actos de tortura que se habrían extendido desde 2005 en adelante.Además, se reiteró la orden de compulsar copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para determinar si hay mérito para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez en relación con los hechos objeto de este proceso.
En diálogo con Néstor Morales, el senador de Cambio Radical David Luna expresó serias preocupaciones sobre las prácticas de interceptación y seguimiento, aparentemente, realizadas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Luna comparó la situación actual con las operaciones del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el Gobierno de Álvaro Uribe y argumentó que los métodos y objetivos siguen siendo los mismos.David Luna inició el debate sobre las chuzadas debido a dos factores principales. Primero, mencionó una serie de informes y denuncias recibidas en su oficina desde el año pasado, tanto presencialmente como de manera anónima.Tres formas de chuzadas, según David LunaLuna detalló tres formas principales de seguimiento identificadas:Interceptación de mensajería instantánea: según informes, la DNI ha adquirido equipos tecnológicos para interceptar aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Signal.Seguimientos a periodistas, militares retirados y opositores: se denunció que la DNI alquila inmuebles cerca de las residencias de estas personas para vigilarlas.Operación Orión: una operación coordinada entre varias entidades del estado para perfilar a diferentes personas.Denuncias y respuestas evasivas sobre chuzadasDurante el debate en el Congreso, Luna solicitó al director de la DNI, Carlos Ramón González, responder a una serie de preguntas bajo juramento. Sin embargo, las respuestas fueron evasivas. "Lamentablemente sus respuestas dejaron mucho que desear, porque a todas las preguntas dijo no, pero sí, yo no, pero no me consta lo que esté pasando en la entidad", comentó Luna.Además, el excanciller Álvaro Leyva denunció una extorsión que, según él, se pagó con fondos de la DNI y mencionó reuniones con la inteligencia venezolana. El senador Luna también cuestionó al presidente Gustavo Petro, quien en un trino reciente afirmó que la DNI no posee dispositivos tecnológicos para interceptar teléfonos privados."Nosotros preguntamos si lo habían adquirido con recursos reservados. No nos contestaron. Por eso el contralor general de la República manifestó haría una auditoría sobre los gastos reservados de la DNI", señaló Luna, subrayando la falta de transparencia en el manejo de recursos y tecnologías de la entidad.Comparación con el DASLuna no escatimó en comparar la DNI con el extinto DAS. "Para el efecto eso es lo mismo hoy. Exactamente. Y es que el viejo DAS se acabó precisamente por lo que denunció en su momento el presidente Petro. Hacía perfilamientos, seguimientos, interceptaciones", explicó. La creación de la DNI fue asesorada por el gobierno inglés y tenía como objetivo evitar estos abusos, pero según Luna, no se ha cumplido con esa misión.Luna dejó claro que, a su juicio, existe una persecución política en curso. "La duda sí es muy grande y yo sí siento que acá hay persecución. Está en el ambiente, pero adicionalmente ya con denuncias puntuales, que hay interés de hacer seguimiento, perfilamiento, interceptaciones, y nadie niega categóricamente", enfatizó el senador.
Sigue el intercambio de mensajes entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. Esta vez con un mensaje de cuatro párrafos en el que el mandatario le responde a Uribe por su duro discurso en el que dijo que cada vez más su Gobierno se está pareciendo al castrochavismo.El presidente hace referencia a su tiempo como senador, al Das y a las interceptaciones de las que dice haber sido víctima y la relación que, según él, tienen con el exmandatario.“No hay, sino que recordar cuando, después de mi debate el 18 de abril del 2007 sobre el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, fui amenazado por el expresidente Uribe con el DAS. "Pregúntele al DAS", dijo en rueda de prensa ante pregunta de Felix de Bedout un 19 de abril”, escribió en su cuenta de X.Dice el mandatario que lo recuerda, pero no con rencor y termina escribiendo: “creo que estas personas que representan estos proyectos adversos a la paz y la democracia, deben recibir una gran lección pedagógica al tratarlos, ahora yo desde la presidencia, de una manera diferente: aprender todos de la democracia”.
Luego de que Sneyder Pinilla, principal testigo del escándalo de corrupción en la UNGRD, afirmara en un video que había intereses de "silenciarlo" y "capturarlo", su defensa emitió un comunicado donde le piden a los organismos del Estado colombiano que aclaren lo más pronto posible si están siendo víctimas de persecuciones e interceptaciones ilícitas.En la carta, el abogado de Pinilla le pide específicamente a la Dirección Nacional de Inteligencia, antiguo DAS, a la Policía Nacional y demás organismos de inteligencia militar que laboran en las distintas fuerzas militares como el Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y demás agencias o entidades de supervisión, control y vigilancia, que confirmen si esta información es cierta, pues dicen que se estarían violando varios tratados internacionales.“El objetivo presuntamente es infiltrar y conocer la estrategia de litigio para crear montajes y distractores con el ánimo de desviar el debate frente a los señalamientos que se espera haga ante la Honorable Corte Suprema de Justicia el señor Pinilla Álvarez”, dice el documento.Asimismo, se menciona la presunta existencia de dos grupos especializados en inteligencia y contrainteligencia, con experiencia militar y armados, dotados de los más altos recursos tecnológicos y humanos, que estarían haciendo seguimientos e interceptaciones ilícitas, con el ánimo de informar cada movimiento que hace el testigo clave en el escándalo de los carrotanques. “Estos seguimientos y perfilamientos incluirían a sus asesores, esposa, hijos, padres y a mí, su abogado defensor”, sentenció el abogado Moreno.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos definió la situación jurídica del exdirector de Protección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), coronel en retiro de la Policía Nacional Manuel Antonio González Henríquez, por su posible participación en el homicidio del excandidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990, en un avión que cubría la ruta Bogotá –Barranquilla (Atlántico).“El exoficial fue vinculado formalmente como presunto responsable de los delitos de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, deberá cumplir medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia, en atención a lo previsto en la ley 600 (anterior Sistema Penal)”, informó la Fiscalía. Fuentes del ente acusador confirmaron que la decisión de una medida de aseguramiento se da por el delicado estado de salud del oficial.El coronel (r) González Henríquez, entre 1989 y 1990, tuvo a su cargo la coordinación de los esquemas de protección de candidatos presidenciales, altos funcionarios del Estado y otras personalidades públicas. Al parecer, aprovechando este cargo realizó cambios y rotaciones imprevistas del personal de seguridad del dirigente político, lo cual facilitó el actuar del sicario y el cumplimiento del plan criminal.Recordemos que en el año 2017, el juzgado primero penal especializado de Cundinamarca declaró culpable y condenó a 22 años de prisión al coronel (r) de la Policía Nacional Manuel Antonio González, por su responsabilidad en el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido en 1989 en Soacha.
