Enrique Ariza Rivas, exdirector de Inteligencia del antiguo DAS, se suma a la lista de funcionarios de la desaparecida entidad condenados por la persecución y tortura a la periodista Claudia Julieta Duque, en hechos ocurridos entre 2001 y 2004.De acuerdo con el Juzgado Décimo Penal Especializado de Bogotá, Ariza deberá pagar 12 años y 6 meses de prisión y pagar una multa de 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el delito de tortura agravada continuada. En la decisión el juez ratificó además que no podrá gozar de cumplir la sentencia en su domicilio no podrá ejercer cargos públicos.“Recibo este nuevo acto de justicia en Bélgica, en la sede del Equipo Nizkor y Radio Nizkor, con gran alegría y gratitud por las amistades leales y las organizaciones y personas constantes que me permitieron llegar a abrazar la JUSTICIA en vida, y celebrarla con su compañía y apoyo. Solo queda pendiente de sentencia de primera instancia el también ex director de Inteligencia Giancarlo Auqué, y los funcionarios cuyos casos están paralizados ante la JEP”, escribió la periodista en sus redes sociales tras conocer la noticia.La decisión judicial implica también que se compulsen copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para determinar si se debe iniciar o no una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así mismo, el actual Gobierno nacional deberá adelantar un acto público de reparación, sumado a la indemnización que Ariza deberá pagar a la periodista superior a los $120 millones por daños y perjuicios.Claudia Julieta Duque y su familia, según las investigaciones, sentencias y sus propias denuncias, fueron blanco de seguimientos, interceptaciones, amenazas y hostigamientos por parte del DAS luego de que ella iniciara la investigación por el homicidio de Jaime Garzón.Además de Ariza, otros siete exfuncionarios del DAS han sido condenados por el mismo caso: José Miguel Narváez y Emiro Rojas Granados, exdirectores; Hugo Daney Ortiz, exjefe de Operaciones de Inteligencia; Jorge Armando Rubiano, exjefe de Desarrollo Tecnológico; Carlos Alberto Arzayúz, exdirector de Inteligencia y Néstor Pachón Bermúdez y Ronal Harbey Rivera Rodríguez, exdetectives.
Este sábado se conoció que el coronel retirado de la Policía Nacional Manuel González, enfrentará juicio por su presunta participación en el asesinato del excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990.Fue un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos quien emitió una resolución de acusación contra González señalándolo como responsable de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.En este caso, la Fiscalía argumenta que Gonzáles Henríquez, en su calidad de exdirector de Protección del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), habría facilitado el crimen al ordenar la rotación del personal encargado de la seguridad de Pizarro.Además, según las pesquisas, estos cambios imprevistos permitieron que el sicario ejecutara el atentado dentro del avión que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla, hecho que constituye un crimen de lesa humanidad.El juicio avanza mientras el exoficial permanece bajo detención domiciliaria, y se espera que los recursos legales procedentes sean presentados en las próximas etapas del proceso según el ente acusador.Así fue el asesinato de Carlos Pizarro:Carlos Pizarro Leongómez, líder del grupo guerrillero M-19, fue asesinado en el marco del proceso de paz que se llevaba a cabo entre el gobierno colombiano y el M-19. Pizarro había dejado las armas y se postulaba como candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19.El crimen ocurrió cuando un hombre, identificado luego como Carlos Castaño Gil, disfrazado de sacerdote, abrió fuego contra Pizarro a bordo del avión. A pesar de los intentos de protección, Pizarro fue alcanzado por varios disparos y murió en el acto. Tras cometer el homicidio, el asesino intentó suicidarse después del ataque pero sobrevivió y fue detenido.
El Tribunal Superior de Bogotá acaba de confirmar la condena contra el también exsubdirector del DAS (agosto de 2002 a junio de 2005), Emiro Rojas Granados, por los delitos de concierto para delinquir y tortura agravada, así como la condena contra el exdetective Néstor Javier Pachón Bermúdez por tortura agravada. Los hechos están relacionados con los seguimientos y hostigamientos ilegales que se configuraron como tortura a la periodista Claudia Julieta Duque Orrego.El Tribunal también compulsó copias para que una fiscalía delegada ante la Corte investigue a Emiro Rojas por su responsabilidad en los hechos durante los periodos en que fue director encargado del organismo de seguridad, ya que la defensa argumentó que este debía haber sido enjuiciado en su calidad de aforado por el tiempo en que fungió como jefe del DAS en reemplazo de Jorge Noguera.Según el fallo, de 70 páginas, a raíz de las investigaciones que realizó la periodista sobre el asesinato de Jaime Garzón Forero, revelando la presunta participación del DAS en este crimen, ella y su familia fueron víctimas de persecución y constantes amenazas por parte de dicho organismo.Tras analizar los hechos y los hallazgos de la investigación, el Tribunal encontró probado que el exsubdirector del DAS era responsable de los delitos de tortura agravada continuada y concierto para delinquir, confirmando la decisión de primera instancia del 30 de abril de 2024.Por lo tanto, condenó a Rojas a 174 meses de prisión, equivalentes a 14,5 años, y al pago de una multa de 4.200 salarios mínimos mensuales. Además, se le impuso una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el mismo periodo de la condena.Asimismo, el despacho condenó al exagente del DAS Pachón Bermúdez a 150 meses de prisión, equivalentes a 12,5 años, por el delito de tortura agravada continuada. También se le impuso una multa de 1.500 salarios mínimos y la inhabilidad por el mismo periodo de su condena.
José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión por el Juzgado 10 Penal Especializado de Bogotá. La sentencia, que se suma a una condena previa relacionada con el asesinato del humorista Jaime Garzón, reconoce la tortura psicológica infligida a la periodista Claudia Julieta Duque Orrego, quien fue víctima de un hostigamiento sistemático durante varios años.Entre 2003 y 2004, Narváez Martínez ocupó un cargo directivo en el DAS y lideró el Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3). Desde esta unidad, se realizaron seguimientos ilegales a periodistas, opositores y magistrados, entre los cuales Duque Orrego se destacó como una de las principales víctimas. La periodista, que investigaba el crimen de Jaime Garzón Forero y la manipulación del DAS en la investigación judicial, fue sometida a persecuciones, amenazas, hostigamientos y robos, lo que la obligó a exiliarse en 2001. Posteriormente, se confirmó que los vehículos que la seguían pertenecían al DAS.La sentencia, compuesta por 83 páginas, declara que estos actos, ocurridos entre julio de 2001 y diciembre de 2004, constituyen crímenes de lesa humanidad. Según el fallo, Narváez Martínez estaba al tanto de todas las acciones ilegales ejecutadas contra Duque Orrego y otras personas consideradas opositoras al gobierno de la época. La judicatura subrayó la gravedad de estas violaciones sistemáticas de derechos humanos, que incluyeron la tortura continuada sufrida por la periodista.En respuesta a la sentencia, Claudia Julieta Duque Orrego señaló: “También se compulsan copias para que se investigue a otros funcionarios que, de acuerdo a las pruebas, tuvieron responsabilidad en los actos de tortura”.La sentencia ordena compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación para investigar la posible participación de varios exfuncionarios del DAS, entre ellos Jorge Noguera Cotes y Felipe Muñoz Gómez, exdirectores del DAS; Jacqueline Sandoval y Martha Leal, exsubdirectoras; Milton Jair Moreno, Germán Albeiro Ospina Arango, Francia Jimena Vaquero Espitia, Rafael Bustamante Pérez, Alexander Velásquez Sánchez, y el fiscal Francisco Javier Pedraza Pérez. Se les investigará por su posible participación en actos de tortura agravada, secuestro y otras conductas punibles contra Duque Orrego, incluyendo actos de tortura que se habrían extendido desde 2005 en adelante.Además, se reiteró la orden de compulsar copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para determinar si hay mérito para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez en relación con los hechos objeto de este proceso.
En diálogo con Néstor Morales, el senador de Cambio Radical David Luna expresó serias preocupaciones sobre las prácticas de interceptación y seguimiento, aparentemente, realizadas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Luna comparó la situación actual con las operaciones del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el Gobierno de Álvaro Uribe y argumentó que los métodos y objetivos siguen siendo los mismos.David Luna inició el debate sobre las chuzadas debido a dos factores principales. Primero, mencionó una serie de informes y denuncias recibidas en su oficina desde el año pasado, tanto presencialmente como de manera anónima.Tres formas de chuzadas, según David LunaLuna detalló tres formas principales de seguimiento identificadas:Interceptación de mensajería instantánea: según informes, la DNI ha adquirido equipos tecnológicos para interceptar aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Signal.Seguimientos a periodistas, militares retirados y opositores: se denunció que la DNI alquila inmuebles cerca de las residencias de estas personas para vigilarlas.Operación Orión: una operación coordinada entre varias entidades del estado para perfilar a diferentes personas.Denuncias y respuestas evasivas sobre chuzadasDurante el debate en el Congreso, Luna solicitó al director de la DNI, Carlos Ramón González, responder a una serie de preguntas bajo juramento. Sin embargo, las respuestas fueron evasivas. "Lamentablemente sus respuestas dejaron mucho que desear, porque a todas las preguntas dijo no, pero sí, yo no, pero no me consta lo que esté pasando en la entidad", comentó Luna.Además, el excanciller Álvaro Leyva denunció una extorsión que, según él, se pagó con fondos de la DNI y mencionó reuniones con la inteligencia venezolana. El senador Luna también cuestionó al presidente Gustavo Petro, quien en un trino reciente afirmó que la DNI no posee dispositivos tecnológicos para interceptar teléfonos privados."Nosotros preguntamos si lo habían adquirido con recursos reservados. No nos contestaron. Por eso el contralor general de la República manifestó haría una auditoría sobre los gastos reservados de la DNI", señaló Luna, subrayando la falta de transparencia en el manejo de recursos y tecnologías de la entidad.Comparación con el DASLuna no escatimó en comparar la DNI con el extinto DAS. "Para el efecto eso es lo mismo hoy. Exactamente. Y es que el viejo DAS se acabó precisamente por lo que denunció en su momento el presidente Petro. Hacía perfilamientos, seguimientos, interceptaciones", explicó. La creación de la DNI fue asesorada por el gobierno inglés y tenía como objetivo evitar estos abusos, pero según Luna, no se ha cumplido con esa misión.Luna dejó claro que, a su juicio, existe una persecución política en curso. "La duda sí es muy grande y yo sí siento que acá hay persecución. Está en el ambiente, pero adicionalmente ya con denuncias puntuales, que hay interés de hacer seguimiento, perfilamiento, interceptaciones, y nadie niega categóricamente", enfatizó el senador.
Sigue el intercambio de mensajes entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. Esta vez con un mensaje de cuatro párrafos en el que el mandatario le responde a Uribe por su duro discurso en el que dijo que cada vez más su Gobierno se está pareciendo al castrochavismo.El presidente hace referencia a su tiempo como senador, al Das y a las interceptaciones de las que dice haber sido víctima y la relación que, según él, tienen con el exmandatario.“No hay, sino que recordar cuando, después de mi debate el 18 de abril del 2007 sobre el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, fui amenazado por el expresidente Uribe con el DAS. "Pregúntele al DAS", dijo en rueda de prensa ante pregunta de Felix de Bedout un 19 de abril”, escribió en su cuenta de X.Dice el mandatario que lo recuerda, pero no con rencor y termina escribiendo: “creo que estas personas que representan estos proyectos adversos a la paz y la democracia, deben recibir una gran lección pedagógica al tratarlos, ahora yo desde la presidencia, de una manera diferente: aprender todos de la democracia”.
Luego de que Sneyder Pinilla, principal testigo del escándalo de corrupción en la UNGRD, afirmara en un video que había intereses de "silenciarlo" y "capturarlo", su defensa emitió un comunicado donde le piden a los organismos del Estado colombiano que aclaren lo más pronto posible si están siendo víctimas de persecuciones e interceptaciones ilícitas.En la carta, el abogado de Pinilla le pide específicamente a la Dirección Nacional de Inteligencia, antiguo DAS, a la Policía Nacional y demás organismos de inteligencia militar que laboran en las distintas fuerzas militares como el Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y demás agencias o entidades de supervisión, control y vigilancia, que confirmen si esta información es cierta, pues dicen que se estarían violando varios tratados internacionales.“El objetivo presuntamente es infiltrar y conocer la estrategia de litigio para crear montajes y distractores con el ánimo de desviar el debate frente a los señalamientos que se espera haga ante la Honorable Corte Suprema de Justicia el señor Pinilla Álvarez”, dice el documento.Asimismo, se menciona la presunta existencia de dos grupos especializados en inteligencia y contrainteligencia, con experiencia militar y armados, dotados de los más altos recursos tecnológicos y humanos, que estarían haciendo seguimientos e interceptaciones ilícitas, con el ánimo de informar cada movimiento que hace el testigo clave en el escándalo de los carrotanques. “Estos seguimientos y perfilamientos incluirían a sus asesores, esposa, hijos, padres y a mí, su abogado defensor”, sentenció el abogado Moreno.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos definió la situación jurídica del exdirector de Protección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), coronel en retiro de la Policía Nacional Manuel Antonio González Henríquez, por su posible participación en el homicidio del excandidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990, en un avión que cubría la ruta Bogotá –Barranquilla (Atlántico).“El exoficial fue vinculado formalmente como presunto responsable de los delitos de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, deberá cumplir medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia, en atención a lo previsto en la ley 600 (anterior Sistema Penal)”, informó la Fiscalía. Fuentes del ente acusador confirmaron que la decisión de una medida de aseguramiento se da por el delicado estado de salud del oficial.El coronel (r) González Henríquez, entre 1989 y 1990, tuvo a su cargo la coordinación de los esquemas de protección de candidatos presidenciales, altos funcionarios del Estado y otras personalidades públicas. Al parecer, aprovechando este cargo realizó cambios y rotaciones imprevistas del personal de seguridad del dirigente político, lo cual facilitó el actuar del sicario y el cumplimiento del plan criminal.Recordemos que en el año 2017, el juzgado primero penal especializado de Cundinamarca declaró culpable y condenó a 22 años de prisión al coronel (r) de la Policía Nacional Manuel Antonio González, por su responsabilidad en el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido en 1989 en Soacha.
La Sala de Reconocimiento de la JEP decidió citar a 12 militares en retiro por su presunta responsabilidad en casos de falsos positivos que se cometieron en el departamento del Valle del Cauca, la decisión se toma después de que el despacho del magistrado Raúl Eduardo Sánchez recopilara información sobre operaciones que se desarrollaron en Cali, Buga y Tuluá, Ginebra, entre otros."La JEP ha recaudado información sobre numerosos casos de asesinatos presentados como bajas en combate por agentes del Estado ocurridos en el departamento del Valle del Cauca. Por solicitud de la Sala, el 8 de septiembre de 2023 el Grupo de Análisis de la Información (Grai) remitió al despacho relator del caso 05 una tabla preliminar de hechos violentos presuntamente cometidos por integrantes de la Fuerza Pública en el departamento del Valle del Cauca. En dicha tabla se relacionan 1995 registros que involucran a 1598 personas que integraron la fuerza pública por hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016. En lo relacionado con las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, en la tabla aparecen 307 registros únicos", señaló la JEP.Según algunos informes entregados a la JEP los falsos positivos que se presentaron en esta zona del país habrían sido cometidos en algunos casos por la fuerza pública y en otras ocasiones a través de alianzas con grupos paramilitares. Incluso se habla de la posibilidad de que existieran alianzas con el Cartel del Norte del Valle del Cauca."Los informes que se han presentado hasta el momento por parte de varias organizaciones de víctimas de la zona priorizada en el caso 05 han señalado la existencia de nexos entre la fuerza pública y las autodefensas para lograr el control territorial mediante una violación sistemática de los derechos humanos", explicó la JEP.Por otro lado, también hay al menos 5 exparamilitares que ante la JEP han hablado sobre presuntas alianzas entre las Autodefensas y la fuerza pública en el Valle.“De la fuerza pública como le digo sí compartíamos información, nosotros compartíamos información, lo que era con el Ejército, la Policía, porque teníamos personas, unas personas que las llamábamos coordinadores y estas personas eran las que, las que vivían en contacto con los militares, los urbanos, porque los urbanos pasaban más en los pueblos y tenían contacto con la Policía, con el Ejército, con el DAS, porque nosotros compartíamos mucha información con el DAS, en el Valle. Porque el Bloque Calima como lo he dicho los primeros comandantes que conformaron el Bloque Calima como comandantes superiores todos pertenecieron a las Fuerzas Militares al Ejército y entonces nos quedaba, nos quedaba fácil de tener contacto con las Fuerzas Militares, porque ya estas personas conocían coroneles que habían sido cursos de ellos", señaló en diligencia ante la JEP Elkin Casarrubia, quien era conocido con el Cura.Ante esta situación, 12 militares en retiro fueron llamados a versión voluntaria. En la lista aparece el coronel Bayron Carvajal, el mayor (RA) Juan Carlos Rodríguez Agudelo, el coronel (r) Jorge Enrique Florián Díaz y el general Hernando Pérez Molina.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó que se expida un nuevo pasaporte a María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, a quien el mismo Tribunal le canceló este documento en 2014 por su participación en las ‘chuzadas’.María Del Pilar Hurtado fue condenada a 14 años de cárcel en 2015 por las ‘chuzadas’ del DAS, por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir, y quedó en libertad condicional en 2022 por orden de la Corte Suprema.Blu radio conoció que, en una audiencia reservada, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó que se expida un pasaporte nuevo para la exdirectora del DAS, quien duró nueve años sin este documento.La exdirectora del DAS no tiene pasaporte desde 2014, cuando el mismo Tribunal Superior de Bogotá se lo canceló. María del Pilar Hurtado tuvo que pedir excusas públicas por haber espiado ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos y magistrados.Cabe recordar que la exdirectora del DAS fue condenada por la Corte Suprema tras los seguimientos y llamadas a periodistas, defensores de derechos humanos, oposición, entre otros. Los delitos cometidos fueron durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, en los años 2007 y 2008.Le puede interesar:
El director de Asoportuaria, Lucas Ariza, aseguró que es "bastante delicada" la alerta que lanzó la Contraloría sobre la posibilidad de que haya una terminación anticipada de este contrato de obras en el Canal del Dique.Advierte que esto genera "un problema, primero, para las comunidades, porque este es un proyecto ambiental de mitigación de efectos del cambio climático" y esto sería "quitarle la oportunidad a las personas de tener una solución segura, para que no vuelvan a sufrir una inundación".Agrega que "este es un contrato que se adjudicó y cumplía con todos los requisitos", por lo tanto, "debe respetarse" por el bien del país."Al final termina perdiendo el país, porque si aquí hay un tema de terminación anticipada del contrato, seguramente tendremos que estar expuestos a indemnizaciones y demás. Es una mala noticia", dijo.En este mismo sentido se pronunció el director ejecutivo de la Cámara Colombia de Infraestructura capitulo norte, Héctor Carbonell, quien ha pedido que se facilite el camino para que el megaproyecto se ejecute a favor de todos.
Una fuente reservada respondió a varios interrogantes sobre el papel que jugó el general Jorge Luis Vargas, quien era director de la Policía Nacional en el año 2021 en la llegada de los miembros de NSO Group, desarrolladores de Pegasus en medio de la polémica por la compra del software. Vargas, hace unos días se presentó ante la Fiscalía y, tras una citación, decidió “guardar silencio”.Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, que miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de Catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países(Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir una herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial(Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.El pasado 8 de noviembre, el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, el general Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía, guardó silencio frente a todo lo relacionado con el programa espía Pegasus, señalando que todo esto forma parte del marco de algunas operaciones reservadas manejadas por la Policía Nacional, razón por la cual decidió no hablar.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el Jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, también por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
El conocido cantante Ed Sheeran, gran aficionado del Ipswich, ayudó al club recién ascendido a la Premier League inglesa a fichar a un jugador el pasado verano europeo, reveló este jueves su presidente.La estrella del pop inglesa de 33 años es un ferviente hincha del Ipswich Town, actual 17º del campeonato inglés, y cuyas camisetas están patrocinadas por el propio artista desde 2021.El presidente del club del condado de Suffolk, Mark Ashton, reveló este jueves que Sheeran, "originario de la región, superestrella mundial, patrocinador, accionista y ahora miembro oficial de nuestra célula de fichajes", jugó un rol determinante en la contratación de un jugador a través de una videollamada."El pasado verano intentamos persuadir a un jugador de que se uniese al club y pronto nos dimos cuenta de que era fan de Ed Sheeran. Ed le hizo una llamada por Zoom justo antes de subir al escenario con Taylor Swift" en un concierto, el 15 de agosto en Wembley, precisó el dirigente del club, quien aunque no desveló el nombre del jugador en cuestión, precisó que había marcado varios goles.El Ipswich fichó en la pretemporada al delantero del Blackburn Sammie Szmodics, quien ha marcado tres goles, y el del Manchester City Liam Delap, autor de seis goles.El Ipswich recibirá el domingo al Manchester United con motivo de la 12ª fecha. Será el primer partido de los 'Red Devils' con Ruben Amorim como entrenador.
Un video en TikTok se ha vuelto viral después de mostrar a una joven preparándose para salir de fiesta con un detalle poco común: dos huevos hervidos en su cartera. La escena fue registrada por su amiga Romina Romero, quien compartió el curioso momento con sus seguidores en la plataforma.“¿Ustedes también tienen una amiga que se lleva huevo duro en la cartera para salir?”, escribió Romero en la publicación, que acumula más de 650 mil reproducciones y ha generado miles de comentarios.En el video, la joven aparece junto a una bebida en la mano, explicando el motivo detrás de su inusual práctica. “Me estoy haciendo dos huevos duros para tener en la cartera porque una nunca sabe a dónde se queda a dormir. Hay que desayunar proteína, a mí no me puede faltar el huevo a la mañana”, afirmó.La reacción de Romina fue inmediata y llena de incredulidad: “Nos vamos a la Bresh”, comentó, refiriéndose a la popular fiesta. Sin embargo, su amiga defendió con firmeza su decisión, rematando con la frase: “¡Que falte todo menos el huevo!”.Antes de salir, la joven mostró el interior de su cartera, donde junto a las llaves, la billetera y un paquete de chicles, además de los dos huevos duros.La descripción del video: “Que nadie te diga que no podés llevar huevos en la cartera”, refleja el espíritu desenfadado de la publicación, que ha sido compartida cientos de veces.Aquí el videoLos comentarios en TikTok no se hicieron esperar y reflejan una mezcla de asombro, humor y escepticismo. Algunos usuarios expresaron preocupación por temas prácticos como el olor o la falta de refrigeración: “El olor, la cadena de frío 💀”, “Dios amiga, te entiendo tanto jajajajaj literalmente yo”, “Te cuido a vos, me cuido a mí”.
Tras las advertencias de la Contraloría sobre la posibilidad de que se termine el contrato del megaproyecto del Canal del Dique de manera anticipada, Rosado aseguró que "esta situación es un riesgo para el Gobierno, porque se perdería la inversión, pero consideró que, a la larga, estas "son alertas válidas para que el contrato finalmente se cumpla y se ejecute", pues ellos están a total disposición.Aclaró que no ha habido "ninguna" discrepancia con el Gobierno nacional y que este solo tomó una decisión de solicitar la licencia ambiental, les entregó los términos de referencia y ellos los consideraron "adecuados para lo que se necesita a hacer"."Estamos a total disposición siempre de lo que se ha querido hacer. Así que estamos comenzando este estudio y esperamos entregarlo en 14 meses, que es el plazo que nos hemos establecido con el Gobierno y así cumplir con el cronograma".Rosado dejó claro que la firma "sigue ejecutando y el dragado no se ha parado", pues "esta actividad es la más importante en este momento para mantener la navegabilidad" y en paralelo se desarrollarán el estudio de impacto ambiental".
