En Nariño al menos seis resguardos indígenas expresaron su inconformidad por las “promesas incumplidas” por parte del Gobierno nacional en torno a los programas que, según dicen, no se han cumplido para ninguna de estas comunidades y, ante situación, mencionaron la posibilidad de convocar a un paro el 13 de febrero si no hay acción real del Estado: “No más promesas, no más mesas de trabajo, queremos que el Gobierno nacional cumpla con los programas que prometieron desde hace décadas”, dijeron.José Castillo, gobernador del resguardo de Consaca y delegado de las autoridades indígenas, en diálogo con Blu Radio, mencionó que al menos 20.000 indígenas de los resguardos de Tangua, Mocondino, Sucumbios, Consaca y Aponte se cansaron de “escuchar las promesas del Estado colombiano” y quieren que antes del 13 de febrero se cumpla con los subsidios del adulto mayor, proyectos productivos y obras de infraestructura porque desde hace décadas no han tenido ninguna respuesta del estado colombiano."Para estas comunidades indígenas de los municipios de Nariño, la promesa de cambio y mejorar la calidad de vida ha resultado ser una desilusión devastadora (…) Queremos que haya igualdad porque en otros pueblos indígenas el Gobierno nacional si está entregando las ayudas y aquí no se ven reflejados ninguna de las ayudas”, dijo Castillo, vocero de los seis resguardos de la comunidad de los pastos, que exigen un trato igual al que el Estado colombiano da a otros pueblos aborígenes del país.De acuerdo con Castillo, desde hace años el Gobierno nacional viene trabajando en mesas técnicas con los resguardos y, hasta la fecha, no se ha cumplido nada de lo hablado en estas reuniones.“El Gobierno nacional ya está al tanto de esta situación y está en manos del presidente Petro que nos cumpla, que nos escuche y que se haga realidad los compromisos”, manifestó Castillo.Dicen, además, que la reforma rural Integral es prácticamente inexistente porque hay problemas de titulación de tierras y los proyectos productivos que se han anunciado solo llegaron a un sector de la comunidad de los pastos y a los seis resguardos antes mencionados nunca se los tuvo en cuenta.
Unas 4.800 personas, miembros de 19 cabildos indígenas del pueblo Zenú, se tomaron desde el 20 de enero tres fincas en el municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, para presionar un diálogo con el Gobierno Nacional que aseguran, les incumplió la promesa de entregarles la titulación de los predios que en marzo pasado el presidente Gustavo Petro les entregó en una ceremonia que se quedó en lo simbólico. Se trata de las haciendas Simba, Potosí y La Laguna, las cuales serían destinadas a indígenas Zenú de Sucre porque "les corresponden por ancestralidad". A pesar de que fue realizada toda una ceremonia en la que se daba cuenta del protocolo de entrega, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) aún no da razón sobre el retraso en la titulación. "El año pasado (marzo) nos las entregaron, pero solo simbólicamente. Ante la demora, hubo una mesa de trabajo en julio, en la que nos pidieron paciencia porque supuestamente en septiembre estarían los predios listos. Nunca recibimos respuesta. En noviembre los volvimos a buscar y nos dijeron que en diciembre, pero nada. Ya hicimos una toma de las fincas porque sentimos que no han hecho nada", contó Udabel Pérez, cacique indígena de Palmito, Sucre. Para el caso, lo único que los indígenas Zenú saben es que estas fincas se encuentran bajo la administración de la SAE y que fueron entregadas bajo la figura de comodato, a 20 años, a la empresa Comercializadora El Tamaral. Estos últimos aseguraron al cacique Ubadel que no han logrado un acuerdo con la SAE y que hasta que esto no se dé uno al respecto, no se van a ir del sitio.Es así como esta empresa comercializadora ahora comparte los pasos entre la casa y los cultivos con la multitud de indígenas que ahora advierten que ya llegaron para no irse. Incluso, el pueblo indígena Zenú dice estar dispuesto a bloquear los departamentos de Córdoba y Sucre a partir del viernes si el Gobierno Nacional no hace presencia en el sitio y busca un diálogo con ellos."Nosotros nos vinimos con cambuches, hamacas y no importa si dormimos en el piso. Nos fuimos de muda. Si no hay este viernes una respuesta, el lunes nos vamos a las vías", explicó. Al respecto, Blu Radio consultó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre el proceso, a lo que indicaron que están a espera de respuesta por parte de la SAE, para la entrega oficial de los mismos.
Gobernadores indígenas entregaron a la justicia ordinaria al hombre que habría agredido con un machete a su pareja sentimental, una mujer perteneciente al resguardo indígena Valle de Pérdidas del municipio de Urrao, Suroeste de Antioquia.El señalado agresor es Alberto Bailarín, de 40 años, quien fue entregado a la Fuerza Pública luego de la aprehensión por parte de autoridades indígenas de zona rural de la mencionada localidad del Suroeste antioqueño, quienes renunciaron a su jurisdicción especial.Cabe recordar que la víctima de la agresión, por la gravedad de las heridas sufridas con machete en manos y cabeza, debió ser trasladada a un centro asistencial de Medellín en un helicóptero que estaba en ese municipio del Suroeste antioqueño, atendiendo el rescate de los cuerpos de las víctimas de la aeronave siniestrada la semana pasada.Sobre el caso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que la mujer se encuentra en condición estable de salud, mientras se recupera física y emocionalmente. Además, indicó que desde la Secretaría de las Mujeres están acompañando el caso.El agresor, por su parte, deberá responder ante las autoridades ordinarias por el delito de tentativa de feminicidio.
Ante la amenaza de un posible brote de tosferina en las comunidades indígenas de Betulia y Urrao, la Gobernación de Antioquia desplegó equipos de respuesta inmediata para atender a 215 personas, de las cuales 170 son niños. La intervención se centra en las comunidades de Canchas y Nocondó, en la zona selvática del municipio de Urrao, donde habitan indígenas Emberá nómadas.Desde hace más de dos semanas, un equipo compuesto por médicos, enfermeros, vacunadores, nutricionistas y traductores trabaja en el resguardo Valle de Pérdidas, brindando atención integral a la población más vulnerable. Las labores incluyen vacunación puerta a puerta y actividades en los cascos urbanos de Betulia y Urrao, para reforzar los esquemas de inmunización.Además, se están llevando a cabo campañas educativas a través de emisoras locales, perifoneo y material informativo, con el fin de promover el autocuidado y prevenir la propagación de la tosferina, que afecta especialmente a niños y mujeres embarazadas.La intervención es parte de un esfuerzo conjunto entre autoridades departamentales y locales para mitigar el impacto de este evento epidemiológico, fortaleciendo las condiciones de salud y bienestar de la población indígena.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) emitió una alerta humanitaria debido a los enfrentamientos que se registran desde hace cuatro días en diferentes municipios del departamento del Cauca. Según la organización indígena, los combates entre la Fuerza Pública y las disidencias de las Farc han obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares, buscando refugio en albergues temporales cercanos a resguardos ubicados en los municipios de Morales, Caldono y Corinto.A través de un comunicado, el CRIC solicitó a la comunidad activar medidas de autoprotección y seguir las recomendaciones de las autoridades indígenas para garantizar la seguridad de la población. El coordinador de Derechos Humanos del CRIC, Mauricio Capaz, expresó su preocupación por el riesgo que enfrentan las familias desplazadas, quienes han tenido que reubicarse en refugios humanitarios ante la violencia desatada en la región.Capaz también hizo un llamado a todos los actores armados involucrados en el conflicto, pidiendo que cesen las hostilidades y se alejen de los territorios indígenas para proteger a la población civil: “La solicitud es para que los grupos armados dejen de confrontarse y respeten la vida de los pueblos indígenas”, subrayó el coordinador de Derechos Humanos del CRIC, destacando la urgencia de un alto al fuego.En el corregimiento de Ortega, en la zona rural de Cajibío, Cauca, se lleva a cabo una operación del Ejército Nacional para retomar el control de la zona, que ha sido escenario de intensos enfrentamientos con las disidencias de las Farc, específicamente el grupo Jaime Martínez. Los enfrentamientos recientes dejaron un saldo trágico: un soldado y un líder comunitario perdieron la vida en el marco de los ataques perpetrados por este grupo armado.La situación en la región continúa siendo crítica, con una creciente preocupación por el bienestar de la población civil atrapada en medio del conflicto armado. Las autoridades y organizaciones indígenas piden un cese inmediato de las hostilidades y una atención urgente para garantizar la seguridad de las familias desplazadas y las comunidades afectadas por la violencia en el Cauca.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE), que tiene bajo su dominio, el territorio indígena conocido como Katanzama, ha solicitado al Cabildo Arhuaco cumplir con requisitos financieros como el pago de impuestos prediales acumulados y la constitución de pólizas de garantía antes del 29 de diciembre, para que la comunidad indígena pueda permanecer en el territorio conocido como Katanzama.Frente a esta situación, el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para exigirle que tome medidas y así evitar la expulsión de los indígenas de su territorio ancestral.“Nuestro pedido respetuoso al presidente de la República, a la directora de la SAE y al Ministro de Educación es que se haga una entrega definitiva del predio. Retirar este territorio a sus legítimos propietarios, el pueblo Arhuaco, sería un acto que contradice su derecho histórico y cultural”, afirmó Vera Salazar.La SAE exige un pago que supera los 240 millones de pesos, valor que esta comunidad asegura es imposible de pagar. “No es justo que hoy nos pidan pagar impuestos. Esto es totalmente contrario a nuestros derechos. Pedimos al señor presidente que nos libere de esta carga, porque no tenemos la capacidad económica y estas normativas no deberían aplicarse a un pueblo ancestral como el nuestro”, expresó Luis Salcedo Zalabata, gobernador del Cabildo Arhuaco.El rector de la Universidad del Magdalena también argumentó que la institución asume el compromiso de seguir acompañando al pueblo Arhuaco en este proceso, asegurando que la titulación definitiva del predio se logre sin que las normativas económicas se conviertan en una barrera para sus derechos.“En el marco de la alianza que hemos establecido con el pueblo arhuaco desde el liderazgo de Danilo Villafaña, quien nos dejó un legado imborrable en Katanzama, hemos pedido al señor presidente que considere la resolución provisional que otorga el predio en el marco de los derechos al territorio sagrado y la ampliación del resguardo”, afirmó el rector.La Universidad del Magdalena y el Cabildo Arhuaco esperan que el Gobierno nacional tome medidas inmediatas para garantizar la permanencia de Katanzama como un territorio sagrado y un modelo educativo que honra la riqueza cultural y ancestral de Colombia. Este llamado representa no solo una defensa del territorio, sino una apuesta por un país más inclusivo y respetuoso de sus raíces.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales del pueblo indígena U’wa, ubicado en Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá. La decisión responde a la imposición de proyectos extractivos y turísticos en sus territorios, así como a actividades petroleras, mineras y de infraestructura, que vulneraron sus derechos fundamentales.El fallo destaca que el Estado colombiano no realizó consultas previas, libres e informadas, como lo establecen los estándares interamericanos. Estas consultas son esenciales para garantizar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios ancestrales. En cambio, el Gobierno otorgó permisos y licencias para proyectos extractivos sin respetar los derechos del pueblo U’wa, profundizando los daños culturales y ambientales.Los U’wa llevan más de 30 años defendiendo sus territorios de los impactos de actividades extractivas, argumentando que estos ecosistemas son esenciales no solo para ellos, sino para la humanidad en el contexto de la crisis climática. Ante la falta de respuestas en las instancias legales nacionales, los U’wa acudieron en 1997 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2020, después de más de dos décadas de espera, la Comisión remitió el caso a la Corte IDH, alegando que Colombia no cumplió las recomendaciones iniciales.El 25 y 26 de abril de 2023, durante una audiencia en Santiago de Chile, la Corte escuchó los testimonios del pueblo U’wa. Este encuentro fue clave para exponer cómo los proyectos extractivos han deteriorado su territorio y su cultura.La sentencia de la Corte IDH representa un precedente importante para la protección de los derechos de las comunidades indígenas en América Latina. “Este fallo confirma nuestra lucha por el territorio y la vida”, declararon líderes U’wa tras conocer la decisión.El Estado colombiano ahora deberá adoptar medidas para reparar los daños causados y garantizar que situaciones similares no se repitan, respetando los derechos de las comunidades indígenas y su rol en la preservación del medio ambiente.
Luego de más de 20 días de la erupción del volcán Los Aburridos en límites entre los municipios de Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo, persiste la inquietud para un grupo de al menos 39 familias indígenas Zenú que debieron dejar la zona que habitaban por riesgos de deslizamientos y nuevas erupciones.Tras lo ocurrido la mitad de grupos familiares permanecen albergadas en la vereda Santiago de Urabá y el resto en una zona ubicada a unos 300 metros de donde se registró la erupción. Sin embargo, aseguran que no han recibido la atención suficiente para garantizar condiciones dignas de vida mientras se adelantan los respectivos estudios que permitan determinar si es posible que puedan regresar a las zonas de las que salieron.Aunque han recibido algunas ayudas, estas se han quedado cortas según explicó Carlos Mario Talaigua Pacheco, fiscal de la comunidad y líder social."Nos brindaron su apoyo con un kit de alimentación, solo 15 kits, donde somos alrededor de 39 familias que nos encontramos en el albergue. Nos hna brindado un poquito el apoyo, pero no es muy constantemente", expresó Talaigua.Mientras se adelantan las indagaciones para establecer la seguridad del retorno a la zona, estas familias solicita a la Gobernación de Antioquia ser reubicadas a zonas donde pueden tener una mejor calidad de vida, especialmente en materia de salud, pues cerca de 28 menores de edad están en riesgo de contraer enfermedades e infecciones por cuenta de las difíciles condiciones que tienen actualmente.
El paso lunes llegaron a Bogotá casi 2.000 indígenas emberá, quienes han pedido una mejor distribución de la tierra y garantías en el acceso a salud y educación.El distrito ha pedido al Gobierno cumplir con los compromisos que asumió con las comunidades indígenas y desde la Unidad de Víctimas se refirieron en las últimas horas al tema.“Nos compete cumplir los derechos fundamentales, pero le compete a todos los gobernantes, a los nacionales, departamentales, municipales y locales. Ese es el verdadero cambio de la paz, que haya un lugar digno para que todo el mundo no tenga que ser desplazado, linchado, eliminado porque sea pobre o indígena o raizal, este es el país. Además de los retornos y reubicaciones está la integración, ¿quiénes deben adelantar la reintegración? Pues los gobiernos locales”, dijo Lilia Solano, directora de la Unidad de Víctimas.Desde la Unidad de Víctimas están evaluando la posibilidad de tomar acciones legales frente a esta situación: “Hay acciones legales para obligar a las autoridades a cumplir con sus obligaciones, para eso existe la acción de cumplimiento y lo estamos evaluando, teniendo en cuenta que aquí hay responsabilidades compartidas”, dijo Néstor Osuna, quien es asesor del despacho de la directora de la Unidad para las Víctimas.También se evalúa la posibilidad de instaurar acciones legales contra quienes incurran en actos de racismo. “También hemos pensado que si es necesario, ojalá no, podemos acudir a vías penales específicamente estamos pensando en el delito de racismo y el delitos de hostigamiento”, dijo Osuna, quien señaló que las acciones se tomarían “hacia quien la esté cometiendo”.
En la noche del lunes, 25 de noviembre, llegaron a Bogotá casi 2.000 indígenas desde el departamento de Risaralda, pidiéndole al Gobierno una mejor distribución de la tierra y acceso a servicios de salud y educación.En las últimas horas, la Unidad de Víctimas aclaró que las autoridades del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) se han hecho responsables de su transporte y estadía en Bogotá.“La Unidad para las Víctimas se permite aclarar a la opinión pública que ningún rubro de esta entidad fue asignado para el traslado en buses desde Risaralda a la capital, o para la consecución de carpas, utensilios, entre otros enseres que componen el campamento. Tales aseveraciones o hipótesis carecen de sustento y son falsas. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece que la entidad solo brinda acompañamiento de transporte y traslado en los procesos de retornos a sus territorios, reubicaciones e integración local, bajo los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad”, señaló la entidad.Para la Unidad de Víctimas la llegada de la minga del CRIR a Bogotá es una oportunidad para contribuir a enfrentar los problemas estructurales que impiden generar condiciones de vida digna en sus territorios.Gobierno nacional incumplió compromiso de alojamiento transitorio para emberás en BogotáDesde la Consejería para la Paz y Víctimas de Bogotá enviaron una carta a Lilia Solano, directora de la Unidad para la Atención a las Víctimas del Gobierno nacional, en la que insisten en la importancia de cumplir con los acuerdos alcanzados antes del retorno y la salida de los indígenas emberá, quienes estuvieron cerca de un año asentados en el Parque Nacional.“Hoy consideramos que el proceso se ve amenazado por la incertidumbre y la falta de respuestas respecto al proceso de reubicación de las más de 130 personas alojadas transitoriamente en distintos albergues del Distrito", señaló Isabelita Mercado, consejera de Paz y Víctimas de Bogotá."El Distrito asumió el alojamiento transitorio de esta población con el compromiso de que la reubicación se daría a más tardar el 8 de noviembre. Este compromiso fue incumplido y, hasta el momento, no hemos recibido comunicación oficial sobre cuándo se dará el traslado, por parte de la entidad que usted dirige”, añadió la funcionaria.
