El último informe de Indicadores de seguridad y resultados operacionales del Ministerio de Defensa destaca que, en los 10 meses que van corridos de 2024, la cifra de erradicación de cultivos de coca llegó a 6.096 hectáreas, lo que representa una disminución del 60% (9.323 hectáreas menos) si se compara con las 15.419 hectáreas erradicadas por las autoridades durante el mismo periodo del año pasado.La cifra es preocupante si se tiene en cuenta que es la más baja para este periodo de tiempo en los últimos 10 años, la única que se le acerca se registró en 2014, cuando la erradicación de cultivos de coca en Colombia fue de 8.707 hectáreas. La más alta, en contraste, fue en 2020, cuando la erradicación de cultivos alcanzó las 101.676 hectáreas.Solo en octubre, según las cifras del Ministerio de Defensa, se erradicaron 1.591 hectáreas de hoja de coca en el país, un número que también es inferior a las 2.088 hectáreas erradicadas en ese mismo mes de 2023. El mes en el que menos hectáreas de hoja de coca se han erradicado es enero, cuando el número de hectáreas erradicadas fue cero, mientras que en febrero fue de 679.Incautación de cocaína en Colombia logró récordEn lo que va corrido de 2024 las Fuerzas Militares y la Policía han logrado incautar un total de 772,4 toneladas de cocaína, 135 toneladas más que las incautadas en el mismo periodo de 2023 cuando la cifra llegó a las 637,4 toneladas, lo que representa un incremento de 21%. Esta es la incautación de cocaína más grande de los últimos 10 años, según destaca el más reciente informe de Indicadores de seguridad y resultados operacionales del Ministerio de Defensa.El mes en el que las autoridades han tenido un mayor éxito en lo que respecta a incautación es marzo, cuando se logró quitarle a los criminales un total de 111 toneladas de cocaína que estaba lista para su distribución.Incluso, de acuerdo con el informe, las 772,4 toneladas incautadas en 2024 superan a las que se lograron en todo 2023, cuando las FF.MM. y la Policía llegaron a las 746,3 toneladas de cocaína incautadas.
En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, expresó su preocupación sobre la metodología utilizada por las Naciones Unidas para la medición de cultivos ilícitos en el país. Según dijo, el enfoque prospectivo que se aplica para estimar la producción de cocaína no refleja con precisión la realidad de la situación en Colombia.La ministra Buitrago explicó que el método actual genera un conjunto de hipótesis a partir de un análisis territorial, pero no aborda las acciones efectivas que realiza la Policía Nacional y la Fiscalía, que incluyen la incautación y destrucción de narcóticos."Es un método que nosotros llamamos prospectivo y lo que hace es generar una hipótesis a través de un análisis de un territorio. Y esto nos lleva a dos condiciones particulares, la primera, que cuando nosotros hablamos de qué es lo que realmente ha salido como cocaína o como producto fabricado, no se puede medir, tampoco se hace utilización de las incautaciones y la destrucción de laboratorios para trabajar la cifra final y sobre esos supuestos generamos algo que ha insistido también la directora de ONU que significa que ellos lo que hacen es una proyección y un potencial", detalló.Además, mencionó que hay regiones donde el cultivo de coca ha disminuido y que esto se relaciona con factores como la caída del precio de la coca. Detalló que, en algunos lugares, la producción dejó de ser rentable, alrededor de 5.000 pesos la tonelada, lo que contribuyó a la reducción de cultivos.“Entonces, cuál es la discusión que tenemos de fondo y la tenemos desde el Ministerio de Justicia y el presidente ha hecho énfasis en varios elementos, que cuando yo hablo de potencial no hay posibilidad de medir lo real y desde ese punto de vista no se está dando un dato con una evidencia que pueda decir: eso fue lo que pasó. Lo segundo, que al no descontar las múltiples acciones que hace la Policía Nacional y la Fiscalía, como son incautaciones de destrucción de laboratorios, destrucción de clorhidrato, pues resulta que tampoco se está contando que ese material no ha salido del país porque fue objeto de incautación, destrucción o, desde ese punto de vista, de inhibición, de que salga esa cocaína o realmente tenga algún resultado”, recalcó.En un contexto donde las mediciones de cultivos ilícitos son cruciales para definir la política antidrogas, Buitrago subrayó la necesidad de revisar y ajustar la metodología utilizada para generar un entendimiento más claro de la situación real en Colombia. Esto es esencial, especialmente en un momento en que el país busca crear un nuevo enfoque en su lucha contra el narcotráfico, dijo.Así, la ministra también se refirió a un proyecto que puede permitir al Estado adquirir cultivos de coca para usos científicos o medicinales. Aclaró que esto se mantendría dentro del marco legal existente y no permitirá que el cultivo se amplíe más allá de lo permitido por las convenciones internacionales.
El senador David Luna, de Cambio Radical, prendió las alarmas por cuenta de un mico que estaría concebido en el borrador de decreto con el que el Gobierno busca legalizar el usos de la hoja de coca con fines médicos y científicos.Según el senador, aunque en principio este decreto busca establecer un sistema de licencias previas para permitir dichos usos controlados, el texto contendría dos artículos que le permitirían al Estado comprar todos los cultivos de coca del país, con la excusa de declararlos de uso científico o medicinal.“Increíblemente el Gobierno del presidente Petro está tratando nuevamente de brincarse la ley y a través de un ‘orangután’ en un borrador de decreto está pretendiendo autorizar que se pueda comprar cultivos preexistentes de coca con fines de investigación o con fines de salud. Eso permitiría que la propuesta hecha por el presidente Petro con bombos y platillos en semanas pasados puede ser una realidad, desde mi punto de vista eso es inconstitucional e ilegal”, señaló Luna.Cabe recordar, que, según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia cuenta hoy con cerca de 253.000 hectáreas de cultivos de coca, es decir, cerca de 20.000 hectáreas más que hace dos años. El senador opositor señaló que además del ‘mico’ se comete una exabrupto al intentar mediante un decreto legalizar lo que hoy es ilegal.“Esto podría significar que los recursos públicos terminen en manos de grupos criminales que controlan estos cultivos, como el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central y hasta grupos terroristas transnacionales como Hezbolá. Entonces la segunda pregunta es: ¿con los recursos de los impuestos que los colombianos pagan piensan alimentar las arcas de grupos al margen de la ley?”El senador concluyó que si este borrador de decreto llega a ser una realidad lo demandará ante el Consejo de Estado. "La tipificación de un delito, como lo es el cultivo de coca, es competencia exclusiva del Congreso. Si el Presidente desea eliminar el tipo penal de estos cultivos, debe presentar una propuesta legislativa y someterla al debate y aprobación del legislativo".
Dentro de la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes, la Procuraduría formuló varias recomendaciones al comité técnico interinstitucional encargado del desarrollo del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato, Pecat.Entre las recomendaciones más destacadas, se encuentra la de incluir a la dirección de sustitución de cultivos de uso ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio en este proceso, así como asegurar la participación activa de las comunidades involucradas en los acuerdos colectivos e individuales en el marco del programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos.De la misma manera, el Ministerio Público advirtió que dichos acuerdos tienen carácter vinculante, tal como lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU545 de 2023, al garantizar el derecho a la consulta previa en los territorios étnicos.La Procuraduría advirtió que la reanudación de la erradicación de cultivos Ilícitos mediante aspersión terrestre con glifosato deben alinearse con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y con los principios establecidos en el punto cuatro del acuerdo de paz.¿Qué es el Pecat?El Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato (PECAT) es una estrategia del Gobierno Nacional de Colombia para reducir la cantidad de hectáreas sembradas de cultivos ilícitos.El PECAT se desarrolla a través de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Para su ejecución, se deben cumplir con los protocolos, normativa y medidas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.El glifosato es un herbicida de amplio espectro que se usa para eliminar plantas no deseadas en la agricultura y sistemas forestales. Sin embargo, investigaciones científicas han documentado que el glifosato tiene efectos nocivos para el medio ambiente, como contaminar el suelo y el agua, y afectar a otros seres vivos.
La Universidad de América realizó una investigación sobre la política antidrogas del Gobierno, analizando su impacto en las comunidades campesinas de Norte de Santander, Putumayo y Nariño. Los profesores Juan Carlos Meza Martínez, Danny Miguel Rebolledo Castillo y José Román González Rodríguez lideraron el estudio.Aunque el Ministerio de Defensa reporta un aumento del 31 % en incautaciones de cocaína en 2024, los campesinos enfrentan pobreza e incertidumbre debido a la disminución de la demanda de hoja de coca. Esto afecta la economía de miles de hogares.La investigación revela que el éxito en la incautación de clorhidrato de cocaína redujo la demanda de hoja de coca, principal sustento de estas comunidades rurales. Las organizaciones narcotraficantes han reducido la compra de hoja de coca, afectando profundamente a las familias campesinas.Entre las recomendaciones del estudio se encuentran:Replanteamiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS): para ayudar a los campesinos a transitar hacia economías legales.Construcción de vías terciarias: para facilitar el transporte de productos agrícolas.Implementación de tecnologías agrícolas: para hacer viable y rentable la producción de alimentos.La Universidad de América hace un llamado al Gobierno nacional para considerar estas recomendaciones y brindar apoyo a las comunidades campesinas para garantizar una transición real y sostenible hacia economías lícitas.
El fortalecimiento de grupos armados en varias regiones de Antioquia genera preocupación no solo por el fortalecimiento militar y la injerencia cada vez más marcada en las poblaciones donde hacen presencia, sino también por el aumento de sus rentas que se evidencia en asuntos como los cultivos de coca.Esta situación ha sido, según el gobernador Andrés Julián Rendón, uno de los elementos que mayor influencia ha tenido el desarrollo del conflicto. Esto dijo el mandatario por ejemplo del municipio de Briceño, a propósito de recientes combates en zona rural de esta localidad entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc."Briceño fue un municipio que llegó a ser incluso declarado libre de coca y libre de minas antipersonas. Hoy está inundado de los dos y está inundado de los dos entre otras cosas por esa forma de contemporizar con el crimen", reiteró el mandatario frente a la paz total del Gobierno.Y es que según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Antioquia se identificaron un total de 18.785 hectáreas sembradas de coca durante 2023, un 16% más que en el año 2022 y un área equivalente a casi la mitad de un municipio como Medellín.No es para menos la inquietud de las autoridades si se tiene en cuenta que en el eje Briceño-Valdivia-Tarazá-Cáceres, en las subregiones del Norte y Bajo Cauca, se encuentra uno de los 15 enclaves productivos más grandes del país y que concentra el 56% de la producción de este producto en el departamento. De allí también el interés de los grupos armados en mantener su influencia sobre el territorio y las comunidades.El alcalde de Anorí, Gustavo Silva, donde recientemente un helicóptero de la Policía fue atacado en medio de operativos contra estos cultivos, indicó que se requieren mejores alternativas por parte del Gobierno nacional."Aquí habría que preguntarle al Gobierno nacional hasta dónde ha dado cumplimiento a los acuerdos de paz porque es que los programas de sustitución no llegan ni ningún proyecto significativo que pueda decir a los campesinos que tienen una alternativa diferente para poder sobrevivir. Ellos siguen en los cultivos de coca, pero han sido forzados porque no se les ayuda de otra manera diferente", argumentó SilvaOtro de los datos relevantes sobre el departamento es que la subregión del Occidente que hasta 2022 no había reportado cultivos de coca, en 2023 ya tenía casi seis hectáreas en el municipio de Dabeiba, mientras que en el Urabá antioqueño estos incrementaron de un año al otro en un 88% llegando a las 168 hectáreas.Actualmente hay alerta sobre 30 localidades antioqueñas con presencia de este tipo de cultivos que además coinciden con zonas de interés geoestratégicas para grupos armados, es decir, corredores claves de movilidad para el tráfico de armas, tropas e incluso la misma coca de cara a su exportación hacia centro y norteamérica.
En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, Candice Welsch, abordó el preocupante aumento de los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia en los últimos años.Según los registros, los cultivos de coca en el país han aumentado un 10 % en 2023, mientras que la producción de cocaína ha incrementado en un alarmante 53 %. Estas cifras han generado gran preocupación, ya que se esperaba que el país lograra reducir la producción de drogas ilícitas.Welsch explicó que este aumento no se debe únicamente a las acciones de un Gobierno en particular, sino que es resultado de diversas influencias transnacionales y globales. Además, mencionó que el aumento en el consumo de cocaína a nivel mundial ha influido en la oferta de esta droga en los países andinos, incluyendo a Colombia."Creo el final que Colombia está muy impactado por las tendencias globales. También hemos visto durante los años pasados recientes que es un aumento importante también en el consumo de cocaína y este tiene influencia entonces en la oferta de cocaína que podemos encontrar aquí, en los países andinos y también en otros países del mundo, entonces, es un tema complejo. Es difícil decir que es solamente a causa de las acciones de un Gobierno a otro, porque al final el crimen organizado es transnacional y estas influencias, entonces, son transnacionales e internacionales", subrayó.La representante destacó que la productividad de los cultivos de coca ha aumentado debido a la industrialización de la producción de cocaína en ciertas zonas del país, donde se utilizan cultivos más productivos, fertilizantes y técnicas más eficientes para extraer los alcaloides. Esto ha llevado a un incremento en la producción potencial de cocaína, alcanzando niveles históricos.En cuanto a la ruta de distribución de la cocaína, señaló que Estados Unidos sigue siendo el principal destino de esta droga, pero también hay un creciente mercado en Europa occidental, Asia y Australia. Esto ha generado cambios en las rutas de salida del país, impactando no solo a los países del norte, sino también a los países de América del Sur y África.En cuanto a la relación entre el aumento de los cultivos de coca y el poderío de los grupos armados ilegales, la representante afirmó que existe una complejidad en el territorio colombiano. Hay diferentes tipos de grupos, desde bandas locales hasta grupos armados organizados y grupos de crimen transnacional.La presencia de cultivos de coca está relacionada con un incremento de la violencia y la presencia de estos grupos en las comunidades. Sin embargo, indicó que la situación actual no es comparable a los años 80 o 90, ya que ahora hay una mayor fragmentación de los grupos.La representante concluyó destacando la importancia de abordar el problema desde todos los frentes, tanto en el control de la oferta como en la prevención del consumo y el acceso al tratamiento para las personas con trastornos relacionados con las drogas. Además, resaltó la necesidad de coordinación entre los países para enfrentar este desafío de manera global.
Dora Troyano es la coordinadora de Alianza Coca para la Paz, una organización que busca resignificar los usos de la hoja de coca y su aporte en el desarrollo de los territorios. En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, desmintió algunos mitos y creencias sobre estos productos.En primer lugar, aclaró que la hoja de coca y la cocaína no son lo mismo, a pesar de la creencia popular de que ambos son sinónimos. En ese sentido, se refirió a la dificultad de generar diálogo e información clara sobre la diferencia entre estas dos y cómo esto ha perpetuado los estigmas alrededor de la coca.Troyano explicó que ha trabajado durante 25 años con comunidades productoras de hoja de coca en todo el país. Su objetivo principal es recomponer las narrativas de esta y otras plantas que, hasta el momento, están prohibidas.“Estoy aquí después de un trabajo de 25 años con comunidades productoras de todo el país para poder contarle a la gente, precisamente esto, que necesitamos básicamente recomponer las narrativas alrededor de la hoja de coca de las plantas prohibidas en general, pero yo me dedico puntualmente a la hoja de coca”, expresó.Cabe mencionar que, durante la COP16 en Cali, tuvo la oportunidad de mostrar a los productores de coca y presentar otras formas de uso. Uno de los ejemplos que mencionó es una pastilla verde a base de hoja de coca que brinda energía, pero sin efectos psicoactivos.Detalló que la hoja de coca no tiene efectos psicoactivos en su forma natural combinada con un catalizador. Además, destacó las propiedades energizantes y nutritivas que tiene, como su alto contenido de hierro.En cuanto a su uso en la gastronomía, Dora Troyano aseveró que la hoja de coca se puede usar en la elaboración de chocolates, panadería y otros productos. También destacó la importancia de consumir productos elaborados a base de esta para obtener nutrientes y beneficios para la salud.Por eso, hizo hincapié en la diferencia entre la hoja de coca y la cocaína. Dijo que, mientras que la hoja de coca no tiene efectos psicoactivos y puede ser utilizada de diversas maneras, la cocaína es el resultado de procesos químicos y tiene efectos perjudiciales para la salud. Por eso, añadió que es importante desmitificar la asociación automática entre las dos para poder explorar todas las posibilidades y beneficios que ofrece la hoja de coca.En cuanto a la producción y comercialización de estos productos, Dora señaló la importancia de comprar la hoja de coca a productores tradicionales y apoyar iniciativas locales. Indicó la existencia de proveedores de origen indígena que ofrecen productos como harina de coca y otros derivados.Dora Troyano también abordó el tema de los informes de la ONU sobre cultivos de coca y producción de cocaína en el país, que aumentaron. Reconoció la misión de la ONU de combatir las drogas y el delito, pero también enfatizó en la importancia de entender las varias capas y perspectivas en torno al problema de las drogas.Desde la perspectiva de Alianza Coca para la Paz, se busca reconstruir el pensamiento sobre la hoja de coca y promover su uso de manera responsable y beneficiosa para la sociedad, según aclaró.
Según el informe presentado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), Colombia batió récord por tercer año consecutivo en el aumento de los cultivos ilícitos de hoja de coca. En el último año, el país incrementó el número de hectáreas sembradas y experimentó un aumento de la productividad en más del 50 %.En concreto, las cifras indican que los cultivos de coca crecieron hasta un 10 % en 2023, alcanzando las 253.000 hectáreas, 23.000 más que en 2022. Al respecto habló en Mañanas Blu con Néstor Morales, el ingeniero forestal Leonardo Correa, coordinador regional de monitoreo y análisis de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés).Según explicó, hay dos elementos fundamentales que explican este aumento. En primer lugar, dijo que la coca crece más rápidamente en las zonas con mayor productividad, conocidas como enclaves productivos. Estos generan incentivos para una mayor productividad no solo en la fase del cultivo, sino también en las fases de extracción y transformación de la hoja de coca.Además, Correa señaló que esta alta productividad ha trascendido más allá de los enclaves, lo que significa que ahora se registran en otras regiones. Esto se debe, recalcó, a la implementación de “buenas prácticas” que han extendido esas fuera de los enclaves productivos. Por tanto, los cultivos ilícitos ya están en zonas en las que antes no había estos altos niveles.El informe también reveló que el aumento de los cultivos ilícitos se concentra, principalmente, en el suroccidente de Colombia, especialmente en el departamento de Nariño. Esta zona se caracteriza por tener una mayor productividad y por ser funcional para el tráfico de drogas. Correa detalló que la geografía de los cultivos de coca ha ido cambiando y ahora se prioriza la siembra en zonas cercanas a los puntos de salida de la cocaína del país o en rutas de tráfico ya establecidas.Propuesta del Gobierno El presidente Gustavo Petro dijo que el Gobierno "iniciará la compra estatal de cosecha de coca" a campesinos del suroeste del país. El anuncio abrió una nueva polémica entre los sectores por lo que esta propuesta significaría. Según Correa, en este caso específico, hay varios elementos por considerar, como el marco normativo, si es posible o no hacerlo.“Es un riesgo y por eso hay que medirlo en qué tanto vamos a usar esto como una vía para corregir las vulnerabilidades. Porque el punto clave aquí es corregir las vulnerabilidades, es hacer desarrollo alternativo, es reducir la corrupción, es fortalecer las capacidades locales para evitar el lavado de activos”, subrayó.También, agregó, el nivel de impacto, porque lo que se está proponiendo hasta ahora "va a afectar, tal vez en el 20 % del territorio" y si eso es realmente sostenible.“Lo que siempre he recomendado Naciones Unidas es que se trabaje, primero, en las vulnerabilidades que hay en los territorios, porque es realmente la razón por la cual la actividad ilícita asociada con la producción de cocaína, pero otras actividades ilícitas en los territorios, como la minería ilegal, el tráfico de fauna, silvestre, la deforestación para la extracción de maderas valiosas, todo eso está claramente asociado con unos elementos de vulnerabilidad. Entonces, siempre lo primero que deberíamos pensar es cómo garantizamos la sostenibilidad y eso se logra a través de reducir las vulnerabilidades", recalcó.El aumento de los cultivos ilícitos de hoja de coca y la mayor productividad también tienen un impacto directo en el negocio del narcotráfico. De acuerdo con el experto, el país produce más cocaína con un mayor número de hectáreas cultivadas, lo que indica un “mercado en auge”.“A mí siempre me preocupan los incentivos negativos. Si a mí me dicen que me van a comprar el café que voy a producir, yo me concentro a comprar café, a producir café, pero si me dicen que me van a comprar la coca, yo me concentraría a sembrar la coca. Esos efectos negativos o esos incentivos negativos hay que evaluarlos bien", precisó Correa.
La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó su informe sobre el seguimiento a los cultivos de coca sembrados en Colombia durante el 2023: las hectáreas de coca en el país aumentaron un 10 % respecto al 2022.“A diferencia del incremento entre 2021 y 2022, que estuvo fuertemente concentrado en el departamento de Putumayo, en este periodo el crecimiento fue más generalizado. 16 de los 19 departamentos con coca mostraron tendencia al incremento; Cauca y Nariño fueron los más afectados. Se mantienen los 15 enclaves productivos, que concentran el 39 % del área con coca en tan solo 14 % del territorio con presencia de cultivos de coca en 2023”, se lee en el reporte de UNODC.>> Lea también: Cuatro departamentos de Colombia tienen más de 30.000 hectáreas de coca: Naciones UnidasAdemás, la producción potencial de cocaína alcanza 2.664 toneladas métricas, aumentando en un 53 % frente al 2022.“El informe destaca que en 2023 la producción potencial de cocaína aumento en un 53 %. Este efecto tiene una explicación: la coca sigue concentrada en las zonas donde la productividad es mayor en sus tres fases: cultivo, extracción y transformación; haciendo que una hectárea de coca produzca hoy hasta dos veces la cantidad de cocaína que producía hace 11 años”, agregó Welsch.
Este jueves, 21 de noviembre, a partir de las 7:00 de la noche, Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá, se convertirá en epicentro de la discusión sobre el denominado turismo musical con el lanzamiento de Green Coliving.Este evento contará con la presencia de líderes políticos, empresarios y artistas destacados y se espera que sirva como un aporte al desarrollo de la región.Durante la velada, expertos se reunirán para debatir temas clave sobre el impacto del turismo musical y su relación con el desarrollo económico, social y ambiental. En un primer conversatorio, moderado por la periodista Jessica de la Peña, se abordará cómo este ecosistema puede convertirse en un motor de transformación para la región, potenciando la empleabilidad y el bienestar. Posteriormente, la modelo y presentadora Carolina Cruz liderará una discusión centrada en el papel de la música como herramienta de crecimiento y cohesión en las comunidades.El evento no solo será un espacio para la reflexión, sino también para el disfrute del talento artístico, con presentaciones de Paulina B, Lucas Arnau -.quien celebrará sus 20 años de carrera musical- y el maestro Poncho Zuleta, leyenda del folclor colombiano, que será el encargado de cerrar la noche con su show.Juan Pablo Valencia, CEO del Grupo Privee, destacó la importancia de este proyecto como una fuente de oportunidades para Sabaneta y el Valle de Aburrá, proyectándolos como referentes nacionales e internacionales en turismo y entretenimiento.Se espera entonces que este sea el inicio de una nueva etapa para Sabaneta, consolidándola como un punto clave en el mapa del turismo musical en Colombia.
La Gobernación de Santander anunció el apoyo a jóvenes que se inscriban o continúen sus estudios en 2025 en carreras profesionales, técnicas o tecnológicas, mediante la entrega de subsidios destinados a transporte y alimentación. Este incentivo está dirigido a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, sin importar si la institución educativa es pública o privada, siempre y cuando los beneficiarios demuestren que están matriculados en un programa académico y residan lejos de su lugar de estudios.María Paola Suárez, secretaria de Educación de Santander, explicó que, la implementación de este proyecto se formalizó a través de una ordenanza que designará un recurso con destinación específica para este fin, con el objetivo de garantizar que los jóvenes puedan mantenerse en sus estudios sin la preocupación de los gastos relacionados con su educación superior.La ordenanza aprobada y sancionada es la No. 025 de 2024 por la cual se modifica el Fondo Departamental de Apoyo para la Permanencia en la Educación Superior que tendrá los siguientes recursos: “la suma de $1.000 millones provenientes de los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 2024; los recursos del balance de vigencias anteriores; el gobierno departamental asignará en el presupuesto de cada vigencia fiscal la partida presupuestal para la financiación del fondo; entre otros”, dice la ordenanza.La funcionaria detalló que, a través de un convenio con Icetex, la entidad administrativa encargada de manejar el recurso, se hará la identificación y el seguimiento de los estudiantes beneficiarios.El subsidio, que oscilará entre $400.000 y $600.000, se entregará con base en las necesidades específicas de los estudiantes, especialmente para cubrir los costos de transporte y alimentación. La secretaria de Educación aclaró que, aunque el monto inicial es de esa cantidad, se revisará la evolución del proyecto con el objetivo de aumentar los subsidios en el futuro, si se demuestra que realmente cubren las necesidades de los estudiantes.Este programa forma parte de la estrategia de la Gobernación de Santander para apoyar a los jóvenes dentro de la política nacional de gratuidad educativa. Sin embargo, Suárez resaltó que, aunque la gratuidad en las universidades públicas ha sido un avance importante, muchos estudiantes se enfrentan a dificultades adicionales, como la falta de recursos para el transporte y la alimentación.“Muchos de los jóvenes que se matriculan en universidades públicas no tienen ni para comer ni para el transporte. Con este programa, queremos garantizar que los estudiantes permanezcan en sus universidades y no abandonen sus estudios por razones económicas”, comentó la secretaria.En una primera etapa, 2.350 estudiantes podrán beneficiarse de este subsidio, una cifra que se espera crezca.
En un duro pronunciamiento, el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, cuestionó la voluntad de paz del ELN y aseguró que esta guerrilla le ha tomado el pelo a este y a todos los gobiernos.“Al ELN le importa más la mesa de negociaciones que la paz de Colombia, les fascina estar sentados en una mesa hablando de paz y haciendo la guerra y daño a la población civil y las fuerzas militares”, dijo el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, quien rechazó el reciente atentado de esta guerrilla que dejó cuatro soldados muertos en Anori, Antioquia.El Ministro Cristo reconoció que el ELN “le ha tomado el pelo” al Gobierno Petro y todos los gobiernos. “Es muy triste y decepcionante esa actitud del ELN, genera rabia e indignación a todos los colombianos y a mí como víctima”, dijo.Estas declaraciones se dan luego de que tres soldados profesionales y un suboficial del Ejército fueran asesinados en un ataque con explosivos perpetrado por el ELN en el municipio de Anorí, Antioquia.Según las autoridades, miembros de este grupo armado ilegal utilizaron plataformas para lanzar los artefactos contra las tropas.El ataque ha sido atribuido a los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN, que operan en la región. Además, un oficial del Ejército, cinco soldados profesionales y un civil resultaron heridos en el incidente y están recibiendo atención médica en este momento.
Los hechos que fueron noticia en Colombia y el mundo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 21 de noviembre de 2024:Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, reveló detalles de la sanción contra el técnico Efraín Juárez, quien no podría entrar durante tres años a los estadios por su celebración en partido ante el DIM. Explicó, que, aún la sanción no está en firme, pues se apeló en segunda instancia y se encuentran a la espera de la respuesta de la Secretaría de Seguridad.Para hablar sobre las declaraciones del ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre el desfinanciamiento de Icetex para 2025, se conectó María José Castañeda, presidenta de Acrees, quien expresó las afectaciones a estudiantes. Reconoció los problemas de la entidad, y recalcó que la solución no es acabarlo.Diego López, alcalde de El Colegio, Cundinamarca, alertó de las inundaciones en el municipio, y la manera en que se está afrontando la emergencia. Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá, habló de los árboles que están en riesgo de caída en la capital. Bogotá tiene cerca de 2.200.000 árboles y de esos hay cerca de 1.400.000 que están en espacio público. Explicó que se desconoce por ahora la cifra exacta de árboles que están en riesgo. Escuche el programa completo aquí:
En Colombia ha iniciado formalmente la negociación para definir el salario mínimo que regirá en 2025, un proceso que enfrenta a los sectores empresariales y a las centrales obreras en un pulso que, de no llegar a consenso, podría terminar con un decreto gubernamental. Este año, el debate se desarrolla en un contexto marcado por una inflación proyectada del 5,2 %, un crecimiento económico moderado y un déficit fiscal superior a $30 billones.El cronograma establecido para las conversaciones incluye fechas clave, como el 3 de diciembre, cuando el Dane presentará los datos técnicos, y el 11 de diciembre, cuando las partes formalizarán sus propuestas de incremento. Sin embargo, las posiciones ya empiezan a ser evidentes.Desde las centrales obreras, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), defiende un aumento de dos dígitos, superior al 10 %, argumentando que es necesario un ajuste significativo para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Por otro lado, los empresarios han señalado que el incremento no debería superar el 6,3 %, en línea con las proyecciones inflacionarias y el limitado crecimiento económico.El gobierno, representado principalmente por el Ministerio de Hacienda, sugiere un aumento que parta del 6,2 %, incluyendo la inflación proyectada y un punto de productividad, pero rechaza de plano cualquier ajuste que alcance los dos dígitos. Esta postura ha sido fuertemente criticada por las centrales obreras, que consideran que el Ministerio se ha adelantado indebidamente en la discusión.El proceso está diseñado para alcanzar un acuerdo tripartito, algo que no se logró en 2024, cuando el salario mínimo se fijó por decreto en $1.300.000, con un incremento del 12,07 %. En años recientes, solo las negociaciones de 2022 y 2023 lograron un consenso, una situación que podría ser difícil de replicar este año dada la distancia entre las posiciones actuales.Si no se alcanza un acuerdo antes del 15 de diciembre, la ley establece mecanismos para continuar el debate hasta el 30 de diciembre, fecha límite para que el gobierno decrete el aumento si es necesario. La negociación del salario mínimo se convierte así en un campo de tensión entre los intereses de trabajadores, empresarios y las proyecciones macroeconómicas del país, marcando un final de año crucial para la economía colombiana.
