La sorpresiva llegada de nueve cuerpos sin vida, durante la mañana de este viernes 17 de enero a las instalaciones de Medicina Legal en Montelíbano, Córdoba, ha requerido el desplazamiento de personal especializado del CTI de la Fiscalía para atender la investigación de lo que sería el resultado de un combate entre grupos armados en Nechí, Antioquia.Sin embargo, la falta de capacidad instalada en la morgue de este municipio, obligó al Cuerpo Técnico de Investigaciones a solicitar el traslado de los restos a Montería, donde se podrían realizar las respectivas identificaciones.De acuerdo con información que conoció Blu Radio, una empresa de funeraria fue la encargada de realizar el traslado de los cuerpos desde Nechí, en Antioquia, hasta Montelíbano, Córdoba.Los cuerpos estaban dentro de bolsas negras para que se les practicaran las respectivas necropsias, tal cual y como lo indica la ley cuando se trata de una muerte violenta.De igual manera, se supo que las circunstancias de muerte son materia de investigación para las autoridades competentes.Fuentes judiciales le aseguraron a este medio que aún no hay certezas que estructuras pudieron estar detrás de este enfrentamiento, aunque tampoco se descarta que haya sido un violento atentado. Por lo cual, grupos como el Clan del Golfo están siendo analizados en las pesquisas.
Un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Joan Sebastián Rodríguez Mendoza, fue presentado ante un juez de control de garantías por su presunta participación en un esquema de tráfico de armas y otros delitos para beneficiar a las disidencias de las Farc. Según la Fiscalía, Rodríguez Mendoza obtenía armamento como ametralladoras, granadas y municiones, que entregaba a cabecillas de la estructura 18 del grupo armado ilegal, entre ellos Erlinson Chavarría Escobar, alias 'Ramiro'.A cambio, el procesado recibía pasta base de coca, la cual presuntamente comercializaba a redes dedicadas al tráfico de estupefacientes. Las investigaciones también señalan que el funcionario proporcionaba información privilegiada sobre la ubicación de integrantes de la fuerza pública y del Clan del Golfo, facilitando las operaciones de los grupos armados ilegales en la región.La captura de Rodríguez Mendoza se realizó en el sector El Poblado, en Medellín, en un operativo liderado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional y el Gaula Militar.Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes, y fabricación, tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Rodríguez Mendoza aceptó los cargos y fue enviado a un establecimiento carcelario bajo medida de aseguramiento.
El ciudadano canadiense Raymond Arthur JR Cornish enfrenta un proceso judicial en Medellín, pues estaría involucrado en el secuestro y los actos de tortura en contra de una mujer que cumplía servicios generales en un apartamento arrendado mediante una plataforma virtual, en hechos ocurridos el 23 de noviembre de 2023, en el sector El Poblado.Según la investigación de la Fiscalía, la víctima habría sido retenida en contra de su voluntad por el extranjero, quien se hospedaba en el inmueble; golpeada para que entregara información sobre la ubicación de un anillo y un dinero en efectivo, que supuestamente se perdieron en el lugar; y finalmente despojada del teléfono celular. Producto de la agresión, la mujer, de 42 años, recibió una incapacidad médico legal de 15 días.Durante las audiencias concentradas, el fiscal del caso reveló cómo sucedieron los hechos en los que la mujer fue brutalmente golpeada, cuando desempeñaba su rol de asear los apartamentos cuando son desocupados por los huéspedes."Llegan los que se habían hospedado y de allí entonces empiezan a agarrarla del cuello, la tiran encima de una cama, empieza a gritar, le pega un puño en la boca, varios puños en el abdomen, empieza a decirle que él tenía un dinero en una mesa de noche en una de esas habitaciones y Raymond Arthur Jr. le decía que ella tenía un anillo", detalló el fiscal.Un video que muestra la retención es una de las piezas claves que tienen las autoridades, que además muestra la participación de otro hombre."Le es limitada la libertad de locomoción. ¿Por quién? Por Raymond Arthur Junior Cornish. En ese video su señoría de tan pocos segundos se logra ver precisamente la fuerza y mire su señoría nada más el aspecto físico que tiene el señor Raymond en contra de una mujer, de cómo adecuar esa situación de ponerla en inferioridad, dos hombres", señaló el fiscal.Por todo lo anterior, un fiscal Gaula Militar de la Seccional Medellín imputó al extranjero los delitos de secuestro simple agravado, tortura, y hurto calificado y agravado, pero este no aceptó su responsabilidad y, por decisión de un juez de control de garantías, recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.Raymond Arthur JR Cornish fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Ejército Nacional, en un restaurante del exclusivo sector de El Poblado.
En horas de la noche de este domingo, 12 de enero, autoridades encontraron lo que serían los restos humanos de la pequeña Sarita Michel Vargas, una niña de 11 años que se encuentra desaparecida en el municipio de Sogamoso, Boyacá, desde el pasado 25 de diciembre del 2024.De momento, un equipo del CTI de la Fiscalía se encuentra en la vereda Vanegas, a unos dos kilómetros de la casa de la menor, donde fue vista por última vez.Cabe recordar que las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta unos 10 millones de pesos para quien brindara información que pudiera ubicar a la menor. Desde su desaparición, las labores de búsqueda se han intensificado mediante una difusión en redes sociales y con volantes que describen cómo es la niña físicamente.Según lo dicho por la familia, Sarita Michel Vargas mide cerca de 1.47 cm, tiene cabello negro, ojos color café, cejas pobladas y cuenta con una contextura delgada. Al momento de desaparecer, la niña usaba un jean negro, zapatos blancos con rosa, camiseta blanca, dos chaquetas y una tula.Al respecto, se pronunció la Alcaldía de Sogamoso en sus redes sociales y resaltó los avances en el caso: "La Administración Municipal de Sogamoso informa que continúa la búsqueda de la menor de 11 años que desapareció el pasado 24 de diciembre del presente año, y presenta los avances en la operación llevada a cabo desde el Puesto de Mando Unificado (PMU)"Una tía de la menor, Pilar Vega, le dijo a Noticias Caracol que poco antes de la desaparición, la familia había tenido un conflicto, pero la niña no tuvo que ver en ello."No tenemos una pista clara, no hemos visto a Sarita en una cámara, en algo que nos dé certeza de que ya vimos la niña en cierta orientación", dijo Pilar al medio.
Un nuevo cuerpo sin vida, que estaba dentro de una bolsa, fue encontrado en Bogotá. En esta ocasión el hecho se registró en la localidad de Puente Aranda.De acuerdo con la información preliminar, se encontró a este embolsado en la transversal 42 con calle 4-03 sobre las 12:13 de la tarde de este martes, 24 de diciembre, a pocas horas de que las familias colombianas celebren la Navidad.Miembros del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida e intentan establecer las causas de la muerte de esta persona, que, por el momento, no se ha podido establecer su identidad.Blu Radio conoció que el cuerpo no había sido desmembrado, como ha sucedido en casos anteriores.Las autoridades llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y recopilar información con las cámaras de seguridad del sector.Inseguridad en Puente Aranda, BogotáEn cámaras de vigilancia quedó registrado el momento en el que un hombre en una motocicleta se subió a un andén, sin importar que habían varios ciudadanos, para robarle el celular a una ciudadana en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda.Este hecho de inseguridad sucedió el 22 de diciembre en horas de la tarde y los ciudadanos quedaron sorprendidos por este nuevo hecho de inseguridad, pues nada se pudo hacer ya que el delincuente escapó en su motocicleta en cuestión de segundos.
En la localidad de Usme, al sur de Bogotá, un ciudadano venezolano fue capturado tras ser acusado de abusar sexualmente de su hijastra de tan solo 10 años.El hombre, quien además sometía a la menor y a sus hermanos a amenazas y tratos crueles, fue detenido por las autoridades gracias a la denuncia de la madre, quien encontró un diario en el que la niña relataba los horrores vividos.El caso salió a la luz cuando la madre de la víctima descubrió el pequeño cuaderno, en el que la menor narraba los abusos sufridos desde enero de 2024, según reveló el CTI de la Fiscalía Seccional BogotáSegún la investigación, el agresor aprovechaba los momentos en que quedaba solo en casa para encerrar y amarrar a la niña, sometiéndola a múltiples agresiones sexuales y exponiéndola a material pornográfico. Además, la amenazaba con asesinar a sus hermanos si revelaba lo ocurrido.Las investigaciones y la capturaEl presunto agresor no solo cometía los abusos, sino que grababa los actos para distribuir el material en internet. Este hecho agravó aún más los cargos en su contra. La madre de la niña, al notar cambios físicos en su hija decidió revisar sus pertenencias. Encontró el diario donde la menor plasmaba sus vivencias. De inmediato, alertó a las autoridades, quienes activaron el protocolo de protección.Tras una intensa búsqueda, el hombre fue capturado en el kilómetro 30 de la Autopista Medellín-Bogotá, a la altura de la vereda Chaparral, en Guarne, Antioquia.Procesos judicialesEl detenido fue presentado ante el Juzgado Séptimo Penal con Función de Control de Garantías, donde un fiscal le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado, tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de actos sexuales violentos agravados. Durante las audiencias, se legalizó la captura, se formularon los cargos, aunque el acusado no los aceptó, y se ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario.Los delitos agravados incluyen el parentesco con la víctima, su corta edad, y la especial situación de vulnerabilidad en la que se encontraba. El caso está siendo investigado por el CTI Seccional Bogotá, en colaboración con la Policía Judicial
El escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo que ha salpicado al Gobierno del Presidente Gustavo Petro y al Congreso de la República, sigue teniendo consecuencias judiciales y políticas.El próximo miércoles, la justicia definirá si envía o no a la cárcel a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien según la Fiscalía, fue la “mensajera” que habría entregado tres mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, por orden del entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González.Aunque Ortiz niega haber sido responsable de esa actuación y asegura que lo demostrará en juicio, la Fiscalía dice tener testimonios y peritazgos técnicos que demostrarían que la exconsejera presidencial habría cometido los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.En otra de las aristas del escándalo, esta semana seguirán acudiendo a la Corte Suprema de Justicia a responder en diligencia de indagatoria, los seis congresistas que de acuerdo con testimonios y otros elementos, habrían aceptado emitir su concepto sobre empréstitos de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de tres contratos en la UNGRD en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar por 92 mil millones de pesos, que según la hipótesis plasmada por la Fiscalía en los preacuerdos con Olmedo López y otros, habrían sido direccionados por orden del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, algo corroborado por su exasesora María Alejandra Benavides.Esta semana Ricardo Bonilla tendrá que comenzar su defensa ante la Fiscalía, ahora como exministro de Hacienda, cargo que asumió Diego Guevara, quien tendrá que afrontar la casi inminente derrota política que significará el hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria en el Congreso, en donde el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo tiene paralizados muchos debates.
La defensa de Andrés Camilo Sotelo solicitará la preclusión del proceso judicial en su contra por el asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la Policía Nacional, tras revelarse un informe del CTI de la Fiscalía que descarta que Sotelo haya disparado un arma de fuego. Según el documento, no se encontraron residuos de pólvora en las manos del señalado.El pasado 2 de diciembre, el juez 76 de control de garantías ordenó la libertad de Sotelo, quien había sido capturado tras la muerte del joven de 21 años. El juez argumentó que las pruebas actuales no son suficientes para incriminarlo como autor del homicidio.Durante la audiencia, se determinó además que el arma que portaba Sotelo “no era apta para disparar”, según afirmó el juez. Este detalle contrasta con la pistola Sig Sauer que estaba en manos del escolta Sergio Felipe Rico, otro implicado en el caso.Por su parte, la Fiscalía decidió no apelar la decisión de libertad, ya que reconoció que nuevas evidencias podrían involucrar directamente al escolta Rico en el crimen. En el marco de esta audiencia, el juez otorgó la calidad de víctimas a los familiares de Juan Felipe Rincón, un paso clave para su representación en el proceso judicial.Con estas novedades, la Fiscalía deberá revisar nuevamente el material probatorio para establecer si otros presentes en los hechos ocurridos el pasado 24 de noviembre, en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, podrían tener alguna responsabilidad en el homicidio.
En Bucaramanga fue capturado un hombre que, según la Fiscalía, intimidó a dos niñas de 12 y 13 años con publicar material audiovisual íntimo, si se negaban a sostener encuentros sexuales con él. El imputado huía de las autoridades pues, en su contra, existe una condena a 10 años por delitos similares.El hombre las engañó sosteniendo conversaciones en chat virtuales haciéndose pasar por un menor, de esta manera les pidió fotos y videos y luego las amenazó con publicarlos de no acceder a tener relaciones con él.Dicho actuar ya lo habría cometido en repetidas ocasiones, por lo que las autoridades tenían orden de captura contra José González Parra, presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento con menor de 14 años.Desde septiembre de este año, el hombre creó un perfil falso desde el cual se ganaba la confianza de las menores para acceder a sus pretensiones, fue así como dos jóvenes, de 12 y 13 años, fueron intimidadas por José Gonzales Parra con hacer públicas las imágenes con contenido sexual, en caso de negarse a sostener encuentros sexuales con él.El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional lograron su captura en un edificio del centro de Bucaramanga.Las labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron la judicialización de José Gonzales Parra, presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento con menor de 14 años, el ente acusador evidenció que usaba redes sociales para ganarse la confianza de jóvenes que navegaban en internet, y a quienes persuadía de enviarle imágenes íntimas.La acción se dio debido a que esta persona era requerida por la justicia para que cumpliera una condena de 10 años de prisión. La sentencia de cárcel fue impuesta luego de que González Parra fuera encontrado responsable del delito de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.
Luis Gustavo Moreno, abogado del exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Sneyder Pinilla, anunció una nueva audiencia de imputación que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre, resaltando que este avance en el proceso es resultado de la colaboración de Pinilla con la Fiscalía General de la Nación.Por medio de un comunicado Gustavo Moreno aseguró que la colaboración de Sneyder Pinilla incluyó la entrega de material probatorio que fue presentada como parte de un principio de oportunidad en el proceso penal.“La Fiscalía, liderada por la Luz Adriana Camargo, destacó el uso de mecanismos premiales en el caso, lo cual permite aprovechar los testimonios y pruebas de personas como Pinilla para avanzar en investigaciones sobre otras figuras vinculadas a organizaciones criminales”, se mencionó en el comunicadoLa defensa reiteró que el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo; mantiene su compromiso con el proceso judicial y le pidió a los demás implicados a asumir sus responsabilidades, hablar con la verdad y colaborar con la justicia para contribuir al esclarecimiento de los hechos.Avances en el escándalo de corrupción de Gestión del RiesgoLa Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia informó en la mañana este martes, la apertura de una investigación formal en contra de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes de Senado y Cámara respectivamente por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Cabe resaltar que fue Pinilla, implicado y considerado como uno de los principales testigos de este entramado de corrupción, quien prendió el ventilador y dio nombres como el de Calle y Name, en donde, según su relato, ambos habrían recibido presuntamente maletas con dinero producto de los sobornos.La Corte Suprema de Justicia ha recopilado pruebas que señalan que ambos congresistas habrían recibido cerca de 4.000 millones de pesos en efectivo antes de las elecciones locales del 29 de octubre de 2023. Iván Name habría recibido alrededor de 3.000 millones de pesos, mientras que Andrés Calle habría recibido cerca de 1.000 millones.Le puede interesar:
