La saliente directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICFB), Cristina Plazas, se mostró tranquila ante la decisión del presidente Juan Manuel Santos de sacarla del cargo. “Me voy con la satisfacción del deber cumplido, dejé mi alma y mi corazón en el ICBF, cada historia de cada niño se convirtió en una historia propia y tuve un equipo maravilloso y cambiamos muchas vidas”, manifestó. Destacó que una de sus primeras gestiones fue quitarle el poder de la entidad al senador cordobés Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías, a quien acusó de saquear el ICBF. “Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías tuvo por 14 años el ICBF, saqueó el ICBF en Córdoba. Hoy lo puedo decir con tranquilidad, y una de las primeras acciones que hicimos fue quitárselo y hoy en día no es de él. Hemos tratado de limpiar lo más que se puede”, manifestó. Sin embargo, aceptó que aún hay muchas cosas por depurar en la entidad, pues todavía hay empresas criminales dentro del ICBF. “No puedo decirles que acabé con toda la corrupción del ICBF. Llevaban muchos años saqueando el instituto, pero sí hicimos algunos cambios estructurales. Todavía hay gente, empresas criminales dentro del ICBF que se crearon para robarle los recursos a los niños y por eso se necesita que los próximos directores sigan esta batalla diciéndole ‘no’ a la politiquería”, alertó. Finalmente, entregó sus declaraciones sobre la designación del expresidente de Millonarios Juan Carlos López como su reemplazo, un polémico nombramiento en el Gobierno de Juan Manuel Santos. Le puede intresar: ¿Fue acertado el nombramiento de Juan Carlos López en el ICBF? Debate. “No conozco a Juan Carlos López, pero le deseo todos los éxitos del mundo. Los éxitos de él serán los éxitos de los niños del país. Es fundamental que, si queremos alcanzar la paz, garanticemos los derechos de los niños”, añadió. “Haré el empalme digno por los niños y haré todo lo que esté a mi alcance para que a Juan Carlos le vaya bien, le deseo todos los éxitos por el bien de los niños y del país”, finalizó. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Cristina Plazas, directora del Instituto de Bienestar Familiar, habló en Mañanas BLU sobre la decisión de un juez de Sincelejo de ordenar su arresto por presuntamente haber incurrido en desacato. Plazas explicó que la decisión del juez se tomó por cuenta de un supuesto desacato por no nombrar a Jackeline Hernández como directora seccional del ICBF en ese departamento pese a que a estaba inhabilitaba por haber trabajado como contratista de un operador del instituto. “El Juez Civil de Sincelejo me está ordenando que cometa una irregularidad. Yo no puedo nombrar a una persona que esta inhabilitada en el cargo de directora regional del departamento”, afirmó la funcionaria. Dijo que denunciará a quien sea necesario y llevará el hecho “hasta las últimas consecuencias pues es absurdo ir a la cárcel por no cometer una irregularidad”. Por otra parte, Plazas también afirmó que ya apeló dicha decisión y que espera que todo se resuelva a la mayor brevedad posible. “Nosotros ya apelamos. Obviamente yo soy respetuosa de las decisiones judiciales. Pero en este momento, lo que me están obligando es a cometer una ilegalidad, o a ordenarle a un funcionario mío a cometer una ilegalidad” añadió. Finalmente, otra de las órdenes de este juez es que Plazas pague una multa de 10 salarios mínimos legales, los cuales deben ser consignados en una entidad bancaria.
Un juez civil del circuito de Sincelejo ordenó el arresto de la directora del ICBF, Cristina Plazas, de 10 días en la cárcel de ‘El Buen Pastor’, por presuntamente haber incurrido en desacato de un fallo judicial que, al parecer, ordenaba el nombramiento de Jackeline Hernández como directora seccional del ICBF en ese departamento. Sin embargo, y de acuerdo con las declaraciones de la directora Cristina Plazas, la funcionaria está inhabilitada por ser representante legal de una de las empresas contratistas. Tras dicha orden, Plazas aseguró que no va a obedecer una orden judicial que la obliga a incurrir en actuaciones ilegales. “El Juez Civil de Sincelejo me está ordenando que cometa una irregularidad. Yo no puedo nombrar a una persona que esta inhabilitada en el cargo de directora regional del departamento” afirmó la funcionaria. Por otra parte, Plazas también afirmó que ya apeló dicha decisión y que espera que todo se resuelva a la mayor brevedad posible. “Nosotros ya apelamos. Obviamente yo soy respetuosa de las decisiones judiciales. Pero en este momento, lo que me están obligando es a cometer una ilegalidad, o a ordenarle a un funcionario mío a cometer una ilegalidad” añadió. Finalmente, otra de las órdenes de este juez es que Plazas pague una multa de 10 salarios mínimos legales, los cuales deben ser consignados en una entidad bancaria.
“Hacemos un llamado a toda la sociedad para que entiendan que la obligación principal que tiene todo ser humano, es proteger a los niños. Unámonos para que ellos no estén en riesgo” afirmó la funcionaria Las declaraciones las realizó luego de conocer los recientes casos de abusos sexuales a niños en Bogotá y los más de 300 abusados en Medellín. Abusos en Bogotá Según los reportes entregados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ante el Consejo Distrital para la Atención Integral de Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Explotación Sexual y revelados por el diario El Tiempo, la violencia sexual contra los niños en Bogotá aumentó un 49.25 %. En ese sentido, se pasaron de 1.539 casos en 2015 a 2.297 en el año 2016, algo que ha generado revuelo entre los entes del Distrito. Un reporte entregado por el Instituto de Medicina Legal a El Tiempo reveló que solo en el mes de enero de 2017 se registraron 1.244 casos de aparente abuso sexual en menores. “De estos, 140 casos se realizaron a niños de cero a 4 años de edad; 307 dictámenes, entre los 5 y los 9 años; 610, de los 10 a los 14 años, y los 187 restantes fueron en adolescentes entre los 15 y los 17 años”, comenta el diario. Cabe señalar que las niñas siguen siendo las víctimas más afectadas por este delito, con un 70 % de los casos.
Luego de conocerse las declaraciones de Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en las que manifestó que las madres comunitarias son contratadas por un operador y eso “no es tercerizar”, Caridad Vásquez, representante del Sindicato de madres comunitarias en Antioquia, manifestó su indignación.Según la representante, trabajar para un tercero “muchos operadores abusan y uno pierde estabilidad laboral”. “No tenemos subsidio de vivienda, ni subsidio de transporte y no cobramos una mensualidad, solo en Bogotá”, indicó Vásquez, quien aseguró que inician labores a las 4:00 de la mañana, “y a veces a las 6:00 de la tarde todavía tenemos niños”.“Aunque nos reconocieron en 2014, a base de luchas y paros, no nos respetan”, dijo Caridad Vásquez, refiriéndose a las garantías que les brinda el ICBF a las madres comunitarias del país.
Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, habló en Mañanas BLU sobre la decisión del presidente Juan Manuel Santos de objetar el proyecto de ley que buscaba la vinculación de las madres comunitarias como trabajadoras del Estado. Plazas aseguró que la objeción de del proyecto por parte del presidente Santos “no viola los derechos de las madres comunitarias” pues explicó que ellas “ya están formalizadas, tienen un contrato de trabajo y tienen todas las garantías”. La directora del ICBF reveló que actualmente, el instituto contrata servicios a través de operadores “que, entre otros, se encargan de contratar a las madres comunitarias con todas las garantías del caso”. Dijo que la situación se maneja de esa forma porque el Instituto tiene muchos servicios por cubrir “y si lo hiciéramos nosotros se desbordaría la atención porque no daríamos abasto”. Agregó que no se puede considerar tercerización porque lo que hace el instituto es contratar “expertos” en el tema que van desde conseguir los lugares hasta la contratación de las madres comunitarias. La funcionaria aseguró que contratar directamente a las mujeres sería generar unos 60 mil nuevos cargos de una sola vez lo cual “colapsaría el servicio”. Además, dijo que las mujeres gozan de estabilidad laboral pues “tienen contratos hasta el 2018 y luego de eso se pedirá la ampliación del mismo. Ellas llevan 27 años en esto”. “Si fuera tan malo ser madre comunitaria, no se heredaría entre familias”, afirmó.
La funcionaria dijo que responderá las inquietudes del Legislativo y cuestionó a los senadores que promueven llamados de atención en su contra. El congresista del Polo Democrático Alternativo Alexander López le pidió a la funcionaria cumplir con su deber frente a la protección de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. "Prácticamente la señora Cristina Plazas nos dijo en la mesa que no iba a cumplir el acuerdo firmado con las madres y casi que las obligaba a que tenían que aceptar la forma de contratación que a ella le parecía pertinente generando que, un grupo indeterminado de niños y niñas en el país, no tenga atención", advirtió.
La plenaria del Senado le hizo un llamado de atención a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, para que cumpla con el acuerdo al que llegó con las madres comunitarias el 14 de abril de este año, relacionado con el mejoramiento de las condiciones laborales y la mejora en la alimentación de los niños. López radicó una proposición pidiendo el llamado y fue acogida por la plenaria. También explicó que, en una reunión convocada por la Procuraduría, la funcionaria dijo que no cumpliría el acuerdo del cual el Congreso es garante. "Prácticamente la señora Cristina Plazas nos dijo en la mesa que no iba a cumplir el acuerdo firmado con las madres y casi que las obligaba a que tenían que aceptar la forma de contratación que a ella le parecía pertinente generando que, un grupo indeterminado de niños y niñas en el país, no tenga atención", advirtió. Además, se aprobó un debate de control político al ICBF y al Departamento para la Prosperidad Social, DPS, para que respondan por la desnutrición de los niños en el país y las irregularidades en la atención por parte de las entidades.
La directora del ICBF, Cristina Plazas, canceló su visita a Barranquilla, la cual fue programada para este miércoles 28 de septiembre, por motivos de salud. La entidad informó que presentaba quebrantos de salud, lo que le impedía realizar el viaje. Precisamente, esta visita iba a ser realizada para socializar los avances y el impacto de un convenio que vinculó a 1250 personas para que fueran agentes educativos de la primera infancia, en beneficio de niños y niñas de nueve departamentos del país.
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, y el viceministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, para determinar si deben responder por la muerte de menores de edad por presuntas irregularidades en los programas de alimentación en La Guajira. Según el documento del Ministerio Público, se "adoptaron medidas ineficaces en temas tales como la atención a los menores en situación de desnutrición, la centralización de la contratación de operadores, la asignación de cupos a los mismos". Por lo que la decisión también cobija al exdirector del ICBF Guajira, Leandro Alberto Sampayo Vergara, el exdirector del ICBF Marco Aurelio Zuluaga Giraldo, la directora del programa Primera Infancia del ICBF, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, el gerente del Fondo Adaptación, Iván Fernando Mustafá Durán, los exgobernadores de la Guajira José María Ballesteros Valdivieso y Oneida Pinto, al exalcalde de Riohacha, Rafael Ricardo Ceballos Sierra, el exalcalde de Uribia, Abel José Giacometto Fominaya. De igual forma, el Ministerio Público ordenó que se revisen los contratos de la atención humanitaria de los niños wayú en La Guajira y se revise la asignación Banco de Oferentes y se expliquen la supervisión de los contratos. Llama la atención que también se pide revisar la contratación de los operadores a cargo de la entrega de las ayudas humanitarias y pide resultados sobre el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en favor de la comunidad Wayú. Por último, solicitó la Procuraduría a la Contraloría entregar un informe sobre las investigaciones fiscales que adelanta por la crisis humanitaria en el Departamento de La Guajira. De igual forma, pide a la Fiscalía que informe el resultado de los procesos penales en contra de los investigados, por el desempeño de sus funciones en la atención a la crisis Humanitaria de La Guajira, como de los hallazgos que hayan hecho en investigaciones al interior del departamento de la Guajira sobre las muertes por desnutrición desde enero de 2014 a la fecha. Escuche en este audio más información sobre: -El Presidente Santos manifestó en Medellín que ya hubo presencia militar en Antioquia en una de las zonas veredales designadas para la dejación de armas de las Farc. -El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dijo no estar de acuerdo con darle más plazos a Electricaribe. Hoy a las 5 de la tarde la selección Colombia femenina de fútbol jugará su último partido en estos Juegos Olímpicos en la ciudad de Manaos. -La policía alemana detuvo a un peticionario de asilo de 24 años por su supuesta pertenencia al grupo terrorista Estado Islámico.
