El gobierno reconoce al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como autoridad territorial, económica y ambiental de las comunidades, y también reconoce las competencias de sus autoridades, ordenando que estas se coordinen con las entidades públicas.El punto H del decreto ATEA aborda, por ejemplo, el "Pluralismo jurídico" y explica: "Las normas que expidan las autoridades indígenas desde su autonomía jurisdiccional respecto a la protección, preservación, uso y manejo de los espacios de vida, el territorio, las formas de economías propias, la propiedad intelectual, los derechos colectivos y derechos bioculturales, prevalecerán y harán parte del bloque jurídico intercultural de constitucionalidad".El decreto señala que esto aplica en los resguardos y reservas indígenas, tierras y territorios originarios ocupados por los pueblos o comunidades indígenas que conforman el CRIC, y establece un plazo para que el gobierno adelante todas las regulaciones necesarias para desarrollar lo pactado en este decreto, que por ahora está sujeto a cambios, ya que aún no ha sido publicado."En el ejercicio de la Autoridad Territorial Económica Ambiental, los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales y/o tradicionales establecen libremente sus formas y estructuras de gobierno propio, revitalizan, reglamentan, administran y fortalecen el desarrollo económico, social, cultural y ambiental en su territorio ancestral y/o tradicional y respecto de los miembros de sus comunidades y terceros", se lee en el documento.ATEA era la principal petición del CRIC, que llegó al parque El Renacimiento en Bogotá el pasado 20 de agosto y que esperaba al ministro del Interior el pasado miércoles para que les entregara el decreto. Sin embargo, el jefe de la cartera no asistió.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) expresó su rechazo al decreto "ATEA" (Autoridades Territoriales Económico Ambientales) que el gobierno y el CRIC buscan aprobar. La ANUC critica que, aunque la medida fortalece la autonomía de las comunidades indígenas, podría agravar los conflictos interétnicos y culturales en la región del Cauca debido a su enfoque unilateral. Instan al Gobierno Nacional a no aprobar el decreto y a trabajar en un Pacto Interétnico y Pluricultural que incluya a todos los sectores sociales de Colombia. Además, llaman a la movilización del campesinado para exigir el cumplimiento de compromisos previos y la defensa de sus derechos.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (CRIC) denunció el asesinato de Florentino Mesa Noscué, al parecer, a manos de las de disidencias de las Farc en la tarde de este lunes, 24 de junio.Según el reporte, hombres armados del frente ‘Dagoberto Ramos’ de ese grupo ilegal interceptaron a Mesa cuando junto con su esposa e hijo menor de edad se desplazaba por una vía de la vereda Campo Alegre de Miranda.Allí se lo llevaron sin mediar palabra y luego, cerca de una hora después, la comunidad y la guardia indígena encontró su cuerpo sin vida con múltiples impactos de bala en una zona de la jurisdicción de Corinto, en el sector de Gualanday.Florentino Mesa tenía 32 años y era hermano de Rogelia Mesa Noscué, autoridad ancestral del resguardo La Cilia - La Calera.Desde la Asociación pidieron a los grupos ilegales dejar a la población civil por fuera de los ataques e intimidaciones y al Gobierno nacional aumentar la protección de las comunidades indígenas.
La comunidad indígena del Cauca ha levantado su voz en busca de justicia tras el asesinato de la mayora Carmelina Yule Paví a manos de las disidencias de las Farc. Germán Valencia, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (CRIC), compartió un mensaje contundente en una entrevista con Blu Radio."Con esas acciones están demostrando de que no quieren la paz y que la paz para ellos es asesinar a comunidades, a guardias, a autoridades, a médicos tradicionales. Para nosotros eso es muy lamentable, porque nosotros desde tiempos, muchos tiempos atrás, hemos hecho el llamado a la paz", mencionó Valencia.Tras los recientes eventos violentos en el norte del Cauca, donde la mayora Carmelina Yule Paví perdió la vida, las autoridades indígenas han declarado una emergencia humanitaria y territorial. En consecuencia, han ordenado la captura de los principales cabecillas de la estructura Dagoberto Ramos, disidencia de las Farc.Los comandantes disidentes, conocidos con los alias de 'Zapata', 'Brayan', 'Amazonas', 'Pulga' y 'Cabañas', son señalados como los directos responsables del asesinato de la líder indígena. La comunidad indígena ha decidido aplicar su propia justicia en este caso, en un claro llamado a detener la violencia que afecta a sus territorios."Vemos que no ha existido la voluntad de estos actores en hacer la paz, inclusive, pues hoy vivimos una crisis humanitaria. Nos estamos preparando acá de una manera comunitaria", agregó.¿Cómo se enfrentarán a este grupo armado?Frente a esta afirmación Valencia mencionó cómo se están organizando las autoridades del Cauca para enfrentar a las disidencias que tienen sumido al departamento en el caos y la zozobra. Además, insistió en que las comunidades ya se cansaron de las muertes a cargo de las disidencias de las Farc y mencionaron y que el asesinato de la lideresa fue la "gota que rebosó la copa". También habló de las consecuencias que traería un enfrentamiento de tal magnitud.La Guardia Indígena se activó y está a cargo de la seguridad de los territorios, instalando puntos de control en los resguardos. Valencia hizo un llamado a las comunidades a participar activamente en estas decisiones y aseguró que se están asumiendo los riesgos necesarios para proteger el territorio y las comunidades."Con la fuerza de la gente, con la fuerza de la comunidad, con la fuerza organizativa y a través de la instalación de los puntos de control. Sabemos de que pueden generar consecuencias, pero es la decisión de la gente y es la voluntad de la comunidad que nosotros tenemos que realizar. La guardia indígena así lo ha manifestado, ya están activados los puntos de control y estamos en ese proceso".Por su parte, el presidente de Gustavo Petro publicó en sus redes sociales un comunicado firmado el CRIC en el que se ordena la captura de los jefes de la columna Dagoberto Ramos por el asesinato de la mayora. Valencia se refirió si la búsqueda de estos cabecillas de las disidencias la va a hacer la guardia indígena o el Ejército Nacional.Finalmente, Valencia habló de la posición del Gobierno y la orden que se ha emitido de levantar el cese al fuego en en estos tres departamentos y enfatizó en que una cosa es lo que está diciendo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y otra como está actuando el CRIC en netamente en el marco de la jurisdicción especial indígena como autoridades y como gobiernos.Escuche la entrevista completa:
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció este sábado un ataque de miembros del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas Farc y que negocia la paz con el Gobierno, contra una comunidad del municipio de Toribío, hecho en el que resultaron heridas tres personas."En Bodega, Toribio, la comunidad está bajo ataque de actores armados mientras defienden su territorio (...) ¡Es hora de actuar y levantar la voz por justicia y seguridad!", expresó el CRIC en sus redes sociales.El Consejo publicó varios videos de lo sucedido en Toribío, que hace parte del convulso departamento del Cauca (suroeste), en los que se escuchan los disparos y los gritos de las personas que huyen como pueden del lugar.Por esa razón, el CRIC hizo un llamado al presidente colombiano, Gustavo Petro, y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país para que realicen "acciones coordinadas de protección a las comunidades indígenas del Cauca".Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) señaló que en el ataque resultaron heridas Carmelina Yule Paví de 52 años, quien tiene heridas de gravedad en su rostro por disparos de fusil; Rodrigo Musicué, de 34, que recibió un disparo en un hombro, y Edgar Tumiñá, que fue rozado por una bala.Contexto del ataqueSegún la ACIN, todo ocurrió porque la comunidad empezó a buscar a un estudiante que fue secuestrado por miembros de la columna Dagoberto Ramos, que hace parte del EMC, que tiene vigente un cese al fuego bilateral con el Gobierno."Se establecieron puntos de control territorial y sobre la entrada a la vereda La Bodega interceptaron una camioneta en la que se transportaban varios miembros del Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central", agregó la información.Entre los pasajeros iba alias 'Zapata', uno de los líderes de la Dagoberto Ramos y quien fue retenido por la comunidad."Mientras la comisión se trasladaba hacia el parque de Toribío, llegó a la vereda La Bodega el comandante conocido como 'Amazonas' junto con varios hombres armados que se transportaban en una camioneta, pasaron por encima del punto de control y atacaron directamente y con sevicia a la comunidad reunida", agregó la información.Tras el ataque, los disidentes se fugaron y los indígenas heridos fueron llevados al hospital de Toribío, donde son atendidos.Negociaciones con el EMCEl domingo pasado, el Gobierno y el EMC cerraron el cuarto ciclo de negociaciones con varios acuerdos para realizar "transformaciones territoriales" en zonas donde este grupo armado tiene influencia.La relación entre ambas partes ha estado marcada por algunos encontronazos, que se sucedieron durante todo 2023, como la suspensión del primer cese el fuego -establecido entre enero y junio del año pasado- por el asesinato de cuatro indígenas menores reclutados por parte de la guerrilla.Sin embargo, ambas partes han seguido sentadas negociando y el pasado enero, el Gobierno y el EMC anunciaron una prorroga de seis meses del cese el fuego bilateral que comenzó en octubre de 2023.El EMC está liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco, quien no firmó el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las Farc.
Tras las recientes marchas y manifestaciones que se dieron el pasado jueves 8 de febrero en las inmediaciones del Palacio de Justicia y del búnker de la Fiscalía, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) anunció que se prepara para una movilización.Las razones para convocar esta jornada son, por lo que ellos califican, como los “intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia, una evidente mafia que se toma la justicia para privilegiar los intereses de unos pocos, y una persecución y señalamiento permanente a los sectores sociales, sindicales y populares”, se pudo leer en un comunicado.Y es que en la jornada de manifestaciones el pasado jueves hubo representantes de 11 pueblos indígenas y allí se decidió reactivar la minga del sur occidente.El CRIC aseguró que esta “No es una lucha contra la justicia, sino en contra de las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Gustavo Petro Urrego, elegido democráticamente por la mayoría de la ciudadanía colombiana”.Las organizaciones indígenas aseguraron que es necesario que la Corte Suprema de Justicia designe a la nueva fiscal general de la Nación.“Pronto llegará la hora cero para reactivar la Minga Social y Comunitaria Por La Defensa de la Vida, El Territorio, La Democracia y La Paz”, concluyó el comunicado.Petro insiste en supuesto plan contra su Gobierno y ratifica llamado a movilizacionesEn medio de un largo mensaje a través de su cuenta en X, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a varios temas como las manifestaciones el pasado jueves 8 de febrero en inmediaciones del Palacio de Justicia, mientras que la Corte Suprema de Justicia se reunía en Sala Plena para la elección de la siguiente Fiscal General de la Nación.El primer mandatario insistió en que hay un supuesto plan contra su gobierno, “Intentan construir lo que se llama el "lawfare" es decir que la justicia tome partido contra el Gobierno y hunda no solo las reformas sino al gobierno mismo”, escribió Petro quien aseguró que esto ha ocurrido en Ecuador, Brasil, Paraguay, Perú, Guatemala, Argentina.Según el presidente este "lawfare" “debe cesar en toda América Latina con una amnistía general a los presos y sindicados políticos, el sistema interamericano de justicia debe ser fortalecido, y en Colombia no se debe establecer el llamado "lawfare".Aseguró que su Gobierno presentó una terna de mujeres “decentes y capaces de acabar la impunidad. No hay razón alguna para no elegir entre ellas”.Agregó que: “Se del terremoto que causa el que la corte suprema tenga ante si una terna de mujeres decentes. Saben ellos que no he abogado por ninguna y que ninguna me conoce personalmente o ha estado conmigo en actividades ni en mi vida personal ni en mi vida política”.El presidente aseguró que “el influjo de la politización recorre los pasillos de las cortes”.Además, el primer mandatario insiste en la necesidad de movilizaciones que el Gobierno garantizará ya que “no solo debe impedir un golpe a la democracia, la movilización nacional ciudadana es para restablecer la decencia, la verdad y el poder de la misma gente”.Petro también se refirió a la salida de su esposa, Verónica Alcocer del Carnaval de Barranquilla en la tarde de este sábado 10 de febrero. El mandatario aseguró que: “efectivamente había un grupo organizado de personas listas para ejercer violencia contra mi esposa, solo que su comparsa, por que sabíamos de la operación, tomó otro recorrido y allí solo hubo aplauso popular a mi Gobierno”.Finalmente, Petro arremetió contra los medios de comunicación asegurando que Ataca a los medios “han construido dos burbujas comunicacionales por completo falsas con el objetivo de la manipulación de la sociedad”.
Ante el sistema de verificación y monitoreo del cese al fuego, integrantes de las disidencias de las Farc denunciaron a un alto oficial del Ejército Nacional, a quien responsabilizan, al parecer, de haber instrumentalizado a un menor indígena de 17 años e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).Según conoció Blu Radio, el menor fue entregado sano y salvo a una comisión humanitaria. El menor le habría dicho a la guerrilla que su misión era infiltrarse en las filas del grupo con el fin de obtener información de los comandantes de la columna Urías Rondón del Estado Mayor Central y establecer su ubicación que permitiera a las Fuerzas Militares capturar a los cabecillas de esa estructura armada ilegal.En las declaraciones que el menor entregó a los comandantes de esa agrupación, el adolescente manifestó que el oficial lo había abordado en la guarnición militar en Pasto, cuando visitaba a un familiar y que allí le ofreció dinero, asegurando que no le pasaría nada, ya que él era un menor de edad por lo que sería "fácil llegar hasta las disidencias sin levantar sospechas".Una vez él estuviera en el campamento debería informar a través de un número de celular la cantidad de armas y el sitio exacto donde se encontraban los comandantes para realizar un operativo contrainsurgente. El adolescente sería evacuado de la zona vía aérea para que no le pasara nada, contó el indígena menor de edad.El menor fue sometido a un chequeo médico y su estado de salud es estable. Otro de los hechos que narró el indígena indica que el pasado 29 de enero fue sorprendido por un subversivo en momentos en que, al parecer, intentó comunicarse al número que le había suministrado el oficial del Ejército y señaló que no alcanzó a mencionar su ubicación porque de inmediato fue detenido y presentado a los comandantes guerrilleros que decidieron perdonarle la vida a cambio de que confesara quién lo había obligado a infiltrarse.Blu Radio intentó conocer la reacción de los altos mandos de la brigada 23 del Ejército ante esta denuncia, pero manifestaron que están investigando la veracidad del video y lo narrado por el indígena menor de edad y que una vez se conozca realmente lo que sucedió habría un comunicado.
Esta semana un grupo de indígenas Misak protagonizó dos hechos violentos: el miércoles intentó entrar a la fuerza a la Casa de Nariño y el viernes a las instalaciones de Semana. Para la Mesa de Concertación Permanente entre los pueblos indígenas y el Gobierno nacional estos hechos “no representan a la minga indígena ni al pensamiento y palabra”.El comunicado aparece firmado por la ONIC, el CRIC Cauca, Opiac, Aico, Confederación Indígena Tayrona y Gobierno Mayor.“Sin jamás renunciar a nuestro derecho a la protesta, sin abandonar nuestro norte transformador, sin dejar a un lado nuestro rol como actores políticos que han contribuido a formar un mejor país, debemos hacer un llamado a los hermanos de la Asociación de Autoridades del Suroccidente Colombiano-AISO a no abandonar las posibilidades de diálogo para alcanzar nuestra agenda política, evitando propiciar que todo el Movimiento Indígena colombiano, que con altura y dignidad se desplazó desde sus territorios para mostrar su apoyo a un proyecto de país donde los derechos para todos sean una realidad, termine siendo estigmatizado”, se lee en el comunicado.Dice el documento que el trabajo político seguirá y que la minga “no es un acto de calentura”, sino “el fruto del pensamiento y la orientación de mayores y mayoras: una mezcla coherente de cuerpo, palabra y espíritu”.El presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con representantes de la Onic, el Circ, y el pueblo Misak en la Casa de Nariño. Por su parte, la gerente de revista Semana, Sandra Suárez, señaló que no tiene conocimiento de ninguna comunicación o reunión entre el presidente y ningún miembro de la casa editorial tras lo ocurrido.Le puede interesar:
En las últimas horas se han registrado enfrentamientos en el Putumayo entre las disidencias al mando de 'Iván Mordisco' y los Comandos de Frontera, estructura adscrita a la Segunda Marquetalia, que lidera Iván Márquez. Las disputas han dejado varias personas muertas y en las últimas horas el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, recuperó 7 cuerpos."Los cuerpos de las personas fallecidas fueron entregados a las autoridades competentes del departamento de Caquetá para su posterior identificación. El derecho internacional humanitario (DIH) establece que los cuerpos de las personas fallecidas en conexión con conflictos armados deben ser tratados con dignidad y gestionados apropiadamente, así como buscados, identificados, recogidos y evacuados para evitar que las personas sean dadas por desaparecidas", señalaron desde el CICR.En el mismo sentido, el CICR hizo un llamado a los grupos armados recalcando la importancia de estas labores humanitarias, también pidieron al estado fortalecer la capacidad institucional para brindar una respuesta a las personas afectadas por las confrontaciones."El CICR agradece a las partes involucradas por confiar en su labor para facilitar esta operación humanitaria como intermediario neutral e imparcial. Asimismo, insta a los actores armados a tomar las medidas necesarias para prevenir la desaparición de personas, tales como permitir contacto entre familias y, en caso de que se trate de una persona fallecida, hacer una gestión adecuada de cadáveres y permitir que los familiares sepan la suerte y el paradero de sus seres queridos. Insistimos en la importancia de que el Estado fortalezca su capacidad institucional para brindar una respuesta integral a las personas afectadas por los conflictos armados", señaló el CICR.Le puede interesar
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que, en la jurisdicción del Resguardo de Pitayo, vereda San Antonio, municipio de Silvia, Cauca, fue asesinado Gerardo Perdomo, hermano del presidente la junta de acción comunal.Igualmente, manifestaron fuertes combates entre grupos armados ilegales que se presentaron el 1 y 2 de junio del presente año, por lo que 20 familias, entre ellos niños, niñas y adultos mayores, se encuentran confinadas en la casa de la junta de acción comunal de esa zona del Cauca.La senadora Aida Quilcué, denunció esta situación a través de sus redes sociales.“En territorio Nasa de Pitayó, Silvia-Cauca la situación se vuelve cada vez más alarmante. Durante 2 días seguidos, hemos denunciado constantes hostigamientos y un preocupante silencio que nos rodea. Lamentablemente, hace apenas unos minutos, hemos recibido información del asesinato de un comunero en la vereda San Antonio. Es urgente que tomemos conciencia de esta realidad y brindemos mayor apoyo a esta comunidad, que enfrenta peligros constantes en su lucha por la justicia y la paz”, aseguró.Además, la CRIC reportó que en lo corrido de este año son 47 homicidios de comuneros indígenas pertenecientes al CRIC, por lo que aseguran “no podemos compartir el mismo optimismo del alto comisionado para la Paz Danilo Rueda, en cuanto que las cifras de homicidios se han reducido este año”.Finalmente, exigen al Estado colombiano “no seguir ignorando la crisis de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas del Cauca y del resto de Colombia”, igualmente solicitan a los organismos internacionales a retomar una carpa humanitaria en territorio para el acompañamiento permanente a sus comunidades.Le puede interesar:
Crece la preocupación en zonas rurales al sur del país, en especial luego de conocer una fuerte confrontación este martes, 16 de mayo, en horas de la noche en el resguardo de Tumburao, zona rural de Silvia, Cauca.Según el informe preliminar, los hechos se dieron sobre un área montañosa cercana a esta zona rural. Grupos armados ilegales abrieron fuego entre ellos y llevaron a la población a estar en máxima alerta.Edwin Guetio, defensor de derechos humanos del Consejo Regional del Cauca, CRIC, confirmó la situación y afirmó que la población quedó en medio de las balas."Hubo enfrentamientos al parecer entre grupos armados que obligó a las familias encerrarse en sus viviendas. Fueron confrontaciones muy fuertes. Hubo angustia en los menores de edad. La situación en esa área es muy compleja", afirmó Guetio, defensor de derechos humanos del CRIC.Asimismo, la autoridad regional confirmó que, este martes, 16 de mayo, la población tuvo que guardarse en sus casas debido a los fuertes enfrentamientos ilegales.La comunidad espera presencia de las autoridades para custodiar ese sector del municipio de Silvia. Por el momento se desconoce si los niños y jóvenes de la población asistirán a sus respectivas clases escolares.Cabe recordar que en ese municipio hace presencia la disidencia de las Farc, 'Dagoberto Ramos'; asimismo, según las autoridades, hay otro grupo armado ilegal que quiere tener el control de forma ilegal.El pasado 23 de enero de 2023 ambos grupos armados protagonizaron confrontaciones muy similares, que dejaron cinco veredas en medio de las balas.Le puede interesar: 'Las noticias más importantes del FPC'
El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, ha lanzado serias advertencias sobre la reforma constitucional que busca aumentar las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) del 24 % al 39.5 %. En entrevista con Sala de Prensa de Blu Radio, Mejía destacó los riesgos fiscales y el impacto que esta medida podría tener en la sostenibilidad económica del país, calificándola como un proyecto "desbalanceado" y con una alta carga política.“El Sistema General de Participaciones, que representa el 24 % de los ingresos de la Nación, financia principalmente educación, salud y agua potable en las regiones”, explicó Mejía. Sin embargo, el aumento propuesto generaría un gasto adicional de 34 billones de pesos anuales, una cifra que supera el 75 % del presupuesto de inversión del próximo año. Según Fedesarrollo, “esto generaría un incremento preocupante en el déficit fiscal, la deuda pública y un posible incumplimiento de la regla fiscal”.El problema central radica en que el Gobierno no ha presentado un plan claro sobre cómo financiar este aumento de recursos. “El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha defendido la reforma argumentando que no habría impacto fiscal porque parte de los gastos del Gobierno nacional serían asumidos por las entidades territoriales. Pero nuestros cálculos indican que solo entre 10 y 12 billones podrían trasladarse. El resto tendría que financiarse con endeudamiento, lo cual es insostenible”, afirmó Mejía.Fedesarrollo propone un aumento más moderado, del 24 % al 30 %, lo que representaría alrededor del 1 % del PIB, es decir, 15 billones de pesos. Este ajuste permitiría apoyar a las regiones sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país. Mejía también señaló que no todas las regiones tienen la capacidad de gestionar estos recursos de manera eficiente: “Mientras ciudades como Bogotá y Medellín pueden hacerlo, no es el caso de todas las entidades territoriales, que enfrentan graves limitaciones institucionales”.A pesar de las críticas, el proyecto cuenta con gran apoyo político, en gran medida debido a su atractivo para gobernadores y alcaldes. Mejía calificó esta dinámica como “una golosina política en un año preelectoral”. Sin embargo, advirtió que el impacto económico podría traducirse en un aumento del costo del endeudamiento para el Gobierno y para los ciudadanos.“Estamos viendo ya señales de alerta: tasas de interés más altas y una depreciación acelerada del peso. Esto refleja la percepción de riesgo en los mercados frente a la capacidad del Gobierno de financiar estos compromisos”, enfatizó.Aunque algunos economistas han planteado que el proyecto podría ser rechazado por la Corte Constitucional debido a su impacto fiscal, Mejía se mostró escéptico: “Es difícil que se caiga porque se trata de una reforma constitucional. Lo que queda es ajustar la propuesta en el último debate para minimizar los riesgos”.La discusión continúa en un entorno político polarizado. Mejía hizo un llamado a la responsabilidad: “No podemos comprometer nuestra sostenibilidad fiscal a largo plazo por decisiones apresuradas. Colombia necesita pensar en el futuro con seriedad y evitar crisis profundas como las que han enfrentado otros países de América Latina”.
Un total de 7 exmandos medios del bloque occidental de las extintas Farc fueron convocados por la JEP para que reconozcan en una audiencia pública frente a la justicia y las víctimas su responsabilidad por los secuestros perpetrados en el Valle del cauca Cauca Nariño y sur del Chocó.“Que estén aquí siete mandos medios del bloque occidental de las extintas Farc-EP, identificados como máximos responsables de haber liderado y ejecutado la política de secuestro en el sur occidente del país, dispuestos a avanzar en la construcción dialógica de la verdad, después de voltear la mirada hacia el pasado y darse cuenta del dolor que causaron, no solo ratifica su compromiso, sino también la generosidad de las víctimas”, dijo el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.Dice la JEP en el proceso judicial, también se identificó que el bloque occidental secuestró siguiendo tres patrones criminales: para financiarse, para forzar el Estado colombiano intercambiar guerrilleros presos y para controlar los territorios donde operaban.“Nada les va a devolver el tiempo alejados de sus seres queridos, ni los años de incertidumbre. Tampoco, la vida a sus hijos, papás, mamás, esposos y amigos que no regresaron del cautiverio” les dijo a las víctimas de secuestro el magistrado Alejandro Ramelli.En medio de su intervención el presidente de la JEP también envió un mensaje a las personas que aún no creen en el proceso de paz.“Los resultados no se pueden medir por el número de sentencias, hay que mirar otros aspectos, hoy en día está aprobado judicialmente que existió una política de conteo de cuerpos, eso está aprobado en los expedientes. En las audiencias públicas televisadas han aceptado que existía competencias entre las diversas unidades militares para ver quién daba más muertes. Entonces yo invitaría a que no nos creen que miren las audiencias”.
En un día memorable para la historia de los medios de comunicación en Colombia, Jorge Barón, una figura emblemática y precursor en la radio y televisión, recibió un significativo homenaje en su ciudad natal, Ibagué. Este acto de reconocimiento no solo celebra su trayectoria, sino también la huella indeleble que ha dejado en la historia comunicativa del país. Barón ha dedicado más de seis décadas a enaltecer la cultura y el entretenimiento colombiano, llevando su carisma y vocación a todos los rincones del territorio nacional.El homenaje lo sorprendió gratamente, ya que fue anunciado con la entrega del "Trofeo Valores Quijada", un premio que resalta a figuras que han marcado la diferencia en la sociedad. El tolimense fue condecorado no solo por la Alcaldía de Ibagué, sino también por diversas entidades como la Asamblea departamental y la Cámara de Comercio, quienes se unieron para efectuar un reconocimiento conjunto a su invaluable labor.A lo largo de su carrera, Barón ha tenido la oportunidad de cubrir con su trabajo importantes acontecimientos y ha colaborado con artistas reconocidos, realizando giras por todo el país y llevando el talento colombiano a escenarios internacionales."He recorrido Colombia de municipio en municipio y he estado en lugares tan lejanos como Nueva York, Londres y España", expresó con nostalgia y recordó sus vivencias y los momentos compartidos con artistas que han marcado su carrera. El impacto de los medios de comunicación ha ido cambiando a lo largo de los años, y Jorge Barón, con su vasto conocimiento y experiencia, observa con admiración la transformación del mundo digital."Hay grandes facilidades técnicas que no existían hace varias décadas. Ahora, podemos mostrar mucho más con mayor definición y facilidad", reflexionó sobre la evolución de la tecnología y la responsabilidad ética que conlleva.Barón ha sido un pilar en la comunicación en Colombia, y este homenaje es solo un recordatorio del cariño y respeto que le han brindado sus paisanos. Un tributo merecido a un maestro de la comunicación, cuya pasión y dedicación continúan inspirando a nuevas generaciones. "Es maravilloso recibir este reconocimiento, y lo hago no solo en nombre mío, sino en nombre de todos los que han hecho parte de esta travesía", concluyó Jorge Barón con humildad.Lea también:
El Black Friday es un término que se refiere al día posterior al Día de Acción de Gracias, un evento que ocurre el cuarto jueves de noviembre. Es conocido por ser un día de descuentos masivos en tiendas físicas y en línea, marcando el inicio de la temporada de compras navideñas.En Colombia, el Black Friday ha sido adoptado como un evento comercial global, especialmente con el auge del comercio electrónico. Aunque no tiene el contexto del Día de Acción de Gracias, los minoristas locales y plataformas digitales aprovechan para ofrecer promociones y descuentos similares a los de Estados Unidos.Por otro lado, en Colombia el Black Friday inicia el 29 de noviembre, pero, algunas tiendas extienden las ofertas desde días antes o incluso durante el fin de semana.Para muchos colombianos, diciembre es el mes de mayor gasto, siendo una de las épocas del año con más actividad comercial. Es por eso que el Black Friday o Viernes Negro, permite acceder a varios productos con algunos descuentos favorables.El próximo 29 dará inicio y terminará el domingo 1 de diciembre. Cabe recordar que en el mes de mayo de este año se había llevado a cabo este evento.Entre las categorías que más vendieron en la fecha, fueron supermercados, aerolíneas, tiendas de ropa y almacenes de cadena. Se prevé que, para este año, la moda, la tecnología y los productos del hogar encabecen la lista del Black Friday.Por otro lado, el Black Friday no solo aporta beneficios económicos a los compradores, sino que también representa una oportunidad para que tiendas minoristas y grandes comercios aumenten sus ventas, diversificando sus ofertas.Esto se ha celebrado en Colombia desde el 2014 y ha tenido gran éxito, tanto así que las promociones suelen extenderse hasta el fin de semana.
Un joven indio de 25 años despertó instantes antes de ser incinerado, luego de que no se le realizara una autopsia, confirmó el sábado un responsable médico a la AFP.Rohitash Kumar, quien padecía problemas de habla y audición, enfermó y fue trasladado el jueves al hospital de Jhunjhunu, en el estado de Rajastán, al norte de India.Medios locales informaron que el joven sufrió una crisis epiléptica y que un médico declaró su muerte al llegar al hospital.El director médico del hospital, D. Singh, explicó a AFP que un doctor había "elaborado el informe post mortem sin llevar a cabo la autopsia, tras lo cual el cuerpo fue enviado para su cremación".Sin embargo, momentos antes de ser incinerado, "el cuerpo [...] comenzó a moverse", indicó Singh, añadiendo que el hombre "estaba vivo y respiraba".Kumar fue llevado nuevamente al hospital, donde falleció el viernes.Tres médicos han sido suspendidos, y la policía ha iniciado una investigación, según reportaron el Times of India y otros medios del país.
