La Corte Suprema de Justicia absolvió al actual embajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, quien era investigado desde 2018 por un caso de narcotráfico. En su momento, a Muñoz se le encontraron 146 gramos de cocaína en un control aeroportuario, lo que desencadenó una investigación que marcó su carrera política y diplomática. Sin embargo, el fallo más reciente del alto tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para determinar que la droga le perteneciera, lo que lo exonera de responsabilidad penal.Según el análisis de las pruebas presentadas durante el proceso, la Corte determinó que las inconsistencias en la cadena de custodia y la falta de evidencia contundente impidieron establecer un vínculo directo entre el embajador y la sustancia incautada. Además, la defensa de Muñoz argumentó que este fue víctima de un montaje para desprestigiarlo en un momento clave de su trayectoria política, lo que generó dudas razonables que fueron acogidas por los magistrados.León Fredy Muñoz se pronunciaUna vez conocida la noticia, el embajador habló ante medios de comunicación y sostuvo que todo se trató de un montaje: “La razón es que no tengo nada que ver con eso. ¿Efectivamente, fue un montaje, como lo dijimos desde el principio, es que quién va a llevar cocaína de Bogotá para Medellín? Cuando eso yo era recién electo congresista, me iba a ganar $35 millones y esa droga valía $500.000. No era ni para consumir, porque se demostró que no soy un consumidor, jamás en la vida he consumido y jamás en la vida voy a narcotraficar con 143 gramos de cocaína”, dijo.Antecedentes del casoEn agosto pasado, la Fiscalía General de la Nación presentó una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia para condenar al embajador por cargos relacionados con el tráfico de drogas. Este caso se remonta a 2018, cuando el diplomático fue detenido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia. Durante una inspección rutinaria, las autoridades encontraron 146 gramos de cocaína en su equipaje. Además, en una revisión posterior, se localizaron otros 200 gramos de la sustancia ilícita.En el momento de su captura, el acusado se desempeñaba como representante a la Cámara por Antioquia . Desde entonces, el caso ha evolucionado con múltiples audiencias y alegatos, destacando los esfuerzos del embajador por probar su inocencia.Defensa del embajadorEl embajador sostuvo durante el proceso que era víctima de un complot político. Según su versión, la droga habría sido plantada en su maleta como parte de un montaje orquestado por sus opositores en Bello, municipio donde previamente ejerció como concejal. Además, el diplomático asegura no haber tenido nunca contacto con sustancias ilícitas. En declaraciones públicas afirmó: Yo no conocía ni siquiera la cocaína, nunca en la vida he consumido eso. Hágame pruebas, hágame polígrafos."
El director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló los detalles de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, con la que sustentó el llamado a indagatoria de cinco congresistas y un excongresista, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, por haber presuntamente recibido dádivas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a cambio de emitir conceptos que eran clave para el trámite de empréstitos internacionales.El documento de 78 páginas es una demoledora bitácora que reconstruye con claridad, las reuniones, las llamadas telefónicas, las visitas al ministerio de Hacienda y muchos otros elementos que demostrarían que varios ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro, habrían “comprado” el favor de los congresistas investigados, por medio del ofrecimiento del manejo de tres contratos de mitigación de la Unidad de Gestión de Riesgo por 700 mil millones de pesos.En total, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia analizó 59 elementos materiales probatorios, entre certificaciones, videos de cámaras de seguridad, actas de reuniones y archivos hallados en teléfonos celulares y computadores y más de 11 declaraciones de testigos, con los que logró reconstruir con un alto nivel de detalle, el “detrás de cámaras” que demostraría que tanto funcionarios del Gobierno Petro como un grupo de congresistas, pudieron cometer el delito de cohecho.Ministros investigadosLos altos funcionarios del Gobierno del Presidente Gustavo Petro mencionados en la investigación de la Corte Suprema de Justicia son: el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco; la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González, quienes según la Corte, durante el último trimestre de 2023, sostuvieron reuniones y conocieron o tomaron decisiones muy controvertidas para destrabar el trámite de proyectos y solicitudes del Gobierno que permanecían estancadas en el Congreso de la República.Otros funcionarios clave dentro del caso son la exasesora principal del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides y Jaime Ramírez Cobo, asesor de la jefatura de despacho de la Presidencia de la República, quienes en la práctica, habrían tenido contacto permanente con Olmedo López y Sneyder Pinilla, los detenidos exdirectivos de la Unidad de Gestión de Riesgo, para acelerar el trámite de los tres proyectos presuntamente entregados a los parlamentarios a cambio de su respaldo: proyectos de mitigación de riesgo que permanecían estancados y que fueron adjudicados en Cotorra, Córdoba; El Salado, Carmen de Bolívar y Saravena, Arauca, casualmente ubicados en áreas de influencia electoral de varios de los congresistas hoy investigados.El contextoUno de los testimonios clave en el proceso es el del director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, quien explicó ante los magistrados, la importancia de que los congresistas integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, emitan un concepto sobre los trámites de las operaciones de crédito internas y externas de la Nación, pues señaló que dichos trámites se dilatan cuando la comisión no conceptúa, que era aparentemente lo que venía sucediendo antes del presunto ofrecimiento de dádivas para acelerar dichos procesos.Adicionalmente, hay un detalle muy importante dentro de la investigación de la Corte, y es que Acosta dejó de asistir a las sesiones de la Comisión Interparlamentaria a partir de noviembre de 2023, justo cuando comienzan a darse los presuntos tratos entre gobierno y congresistas. Acosta explicó que dejó de asistir a esas reuniones por solicitud directa del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien “me dijo que lo más conveniente era que yo no hiciera presencia en adelante para no exacerbar los ánimos o generar reacciones que podrían servir de pretexto para romper el quórum”.Un dato que no es menor en el caso es que la persona que reemplazó a José Roberto Acosta en las reuniones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a partir de noviembre de 2023, fue la entonces “mano derecha” del ministro Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, pieza clave dentro de esta historia.
Siguen las diligencias en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), la Corte Suprema ya definió las fechas en las que los seis congresistas deberán declarar tras ser nombrados por Olmedo López y Sneyder Pinilla.Karen Manrique deberá asistir el 2 de diciembre; Wadith Manzur, el 3 de diciembre; Liliana Bittar, el 4 de diciembre; Julián Peinado, el 9 de diciembre; Juan Pablo Gallo, el 10 de diciembre; y Juan Diego Muñoz Cabrera deberá asistir al alto tribunal el 11 de diciembre.Además, se pudo establecer que las diligencias no se realizarán en la sede norte (Sala de Instrucción) de la Corte Suprema de Justicia, como es habitual, sino que serán llevadas a cabo en el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá por temas de seguridad, según indicaron fuentes de la Corte.La Corte Suprema abrió investigación formal a los congresistas, quienes son señalados de presuntamente incurrir en el delito de cohecho impropio por los presuntos acuerdos ilegales que estarían relacionados con aparentes irregularidades en la aprobación de proyectos y contrataciones en la entidad.El alto tribunal resaltó que, para esta decisión, la Sala de Instrucción consideró más de cincuenta pruebas documentales y más de diez testimonios, los cuales se obtuvieron mediante órdenes de policía judicial.La Corte también tuvo en cuenta los testimonios de María Clara Name, hija del expresidente del Senado Iván Name, quien es objeto de investigaciones por este entramado de corrupción.
La Corte Suprema de Justicia expresó sus reparos y preocupaciones a las formas en que el Gobierno Nacional ha hecho varias designaciones de gestores de paz y nombramientos similares pues asegura que no está primando el derecho a las víctimas a conocer la verdad y ser reparados.Las alertas las hizo al resolver un recurso en el proceso del exjefe paramilitar Salvatore Macuso, quien está en libertad desde el pasado 10 de julio, libertad con la que el alto tribunal no está de acuerdo y por eso ratificó su posición de que debe permanecer en un centro carcelario.Sobre ese punto, la Sala de Casación señaló que no hay balance entre los beneficios recibidos frente a lo que ha aportado en su proceso de verdad, es decir, incuple el principio de proporcionalidad y más en cuanto al o establecido por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos."Lo anterior, pues debe salvaguardarse la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones de DDHH, lo que impide que actualmente se puedan otorgar beneficios excesivos a los máximos responsables de este tipo de conductas", informó la Sala en un comunicado.>>> Lea también: Procuraduría pide remitir casos de Mancuso a Justicia y Paz tras fallo de la CorteEn otras palabras, para la Corte le dio el beneficio de la libertad pero no hay suficiente contraprestación alguna por parte de Mancuso y en especial cuando a lo largo de los diferentes procesos en Colombia y Estados Unidos es ausente el aporte a la verdad y reparación.“Consiste en que su agresor, antes que asumir los compromisos que le impone Justicia y Paz derivados de sus múltiples conductas, y de que pesa en su contra una medida de aseguramiento de detención preventiva que debe cumplir para anticipar el cumplimiento de la pena, obtiene una desmedida contraprestación", insiste la Corte.En su publicación, la Sala advierte además que en la resolución con la que el Gobierno Nacional lo nombra gestor de paz no está establecida la duración en el tiempo de este rol, abriendo las puertas a posibles irregularidades y, en esa línea, desestima que ese límite sea el de cuando acabe el conflicto armado o haya una desmovilización total, como lo dijo en su momento Mancuso.“Porque es una meta vaga y no hay clara fundamentación sobre cómo la eventual intervención del postulado pueda llegar a ser determinante para contribuir con ese objetivo. Sobre todo, porque ni siquiera cuenta con el respaldo de todos los grupos al margen con los que el Gobierno busca hacer la paz, ni se sabe cuál es la injerencia o ascendencia que podría tener con esas organizaciones, como así se adujo en las audiencias", puntualizó la Corte.Cabe aclarar que esta providencia de la Sala de Casación no implica que Mancuso regrese a una cárcel pues su libertad fue otorgada por un tribunal de Justicia y Paz, cuya competencia sobre los casos del exjefe paramilitar incluso fue ratificada en los últimos meses.Este pronunciamiento llega en medio de la polémica generada por la resolución 453 de 2024 con la que el Gobierno nacional nombró como gestores de paz a 18 exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia para que contribuyan a las diferentes estrategias del proyecto de Paz Total.En la lista están Carlos Mario Jiménez, Macaco, excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, Hernán Giraldo, alias Taladro y quien fue expulsado de Justicia y Paz por abusar de varias menores de edad cuando estaba sometido a esa instancia. Ambos están en la cárcel en Colombia.También aparecen Ramón María Isaza Arango, uno de los fundadores de las AUC y Ramiro ‘Cuco’ Vanoy Murillo, ex comandante del Bloque Mineros.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició una investigación formal contra cinco congresistas y un excongresista, por presuntos actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El caso gira en torno al supuesto delito de cohecho impropio y abarca posibles acuerdos ilegales y irregularidades en la aprobación de proyectos y contratos.Congresistas llamados por Corte Suprema en caso UNGRDLos congresistas investigados son:Liliana Esther Bitar Castilla - Partido ConservadorJuan Pablo Gallo Maya - Partido LiberalWadith Alberto Manzur Imbett - Partido ConservadorJulián Peinado Ramírez - Partido LiberalKaren Astrith Manrique Olarte - Circunscripciones Transitorias Especiales de PazTambién figura el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. La Corte ha citado a estos seis implicados a diligencias de indagatoria con el fin de esclarecer las acusaciones y determinar si se infringió la ley penal.>>> Lea también: Crisis por lluvias: director UNGRD pide transferencias directas a algunos departamentosEl caso se centra en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), donde los involucrados habrían aceptado emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de favores. Estas presuntas dádivas se habrían concretado en contratos de proyectos gestionados por la UNGRD en diferentes regiones, como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).La Corte Suprema de Justicia ha recopilado más de cincuenta pruebas documentales y ha escuchado más de diez testimonios. Estas evidencias respaldan la hipótesis de que los congresistas favorecieron la aprobación de operaciones de crédito a cambio de beneficios económicos materializados en la adjudicación de proyectos.Se destaca que, en los últimos dieciocho días del periodo de sesiones del año pasado (entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023), la CICP emitió trece conceptos favorables de un total de dieciocho solicitados por el Ministerio de Hacienda. Este ritmo acelerado en la aprobación de los conceptos ha despertado sospechas y ha sido un factor clave en la apertura de la investigación.El senador Julio Elías Chagüi Flórez también ha sido mencionado en la investigación, pero la Sala de Instrucción ha decidido tratar su caso por separado, ya que las presuntas irregularidades que se le atribuyen no guardan relación directa con los hechos investigados en este proceso. Las acusaciones contra Chagüi Flórez se enviarán a reparto para que un magistrado diferente se encargue de evaluarlas.La Corte Suprema avanza en las diligencias para determinar la veracidad de las acusaciones y las posibles responsabilidades de los implicados. La investigación busca esclarecer si los congresistas y el excongresista cometieron actos que afectan la integridad del Congreso y la gestión pública.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra cinco congresistas y un excongresista, quienes serán citados a diligencia de indagatoria por el presunto delito de cohecho impropio por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La decisión de la Sala está relacionada con presuntos acuerdos ilegales sobre funciones propias de los miembros del Congreso de la República, así como con posibles irregularidades en la aprobación de proyectos y contrataciones en la UNGRD. ¿Quiénes son los citados a indagatoria?Los congresistas involucrados son Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y Karen Astrith Manrique Olarte, además del excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.Para esta decisión, se consideraron más de 50 pruebas documentales obtenidas mediante órdenes de Policía Judicial, además de más de diez testimonios. Esto permitió construir una hipótesis según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos sobre operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos con la UNGRD.En particular, se alega que los aforados habrían acordado recibir beneficios a cambio de aprobar conceptos sobre operaciones de crédito, correspondientes a proyectos que se ejecutarían en la UNGRD en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).La investigación preliminar evidenció que, en los últimos dieciocho días del periodo de sesiones del año pasado, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, la CICP emitió trece de los dieciocho conceptos que el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de sus miembros durante 2023.La Sala citará a los investigados a diligencias de indagatoria para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar si se infringió la ley penal y quiénes serían los responsables de esa infracción.Escuche el informe completo aquí:
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia anunció que perdió competencia para seguir juzgando a César Augusto Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública por el caso de las posibles irregularidades relacionadas con la adquisición de motocicletas eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá.Manrique fue procesado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.Estos cargos surgieron a raíz de un contrato que el exfuncionario firmó el 28 de agosto de 2012, en su calidad de gerente encargado del Fondo de Vigilancia de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro cuando firmó el contrato para la compra de cien motocicletas eléctricas por un valor cercano a los $4.357 millones de pesos, destinadas al Departamento de Policía Metropolitana de Bogotá.El proceso judicial contra Manrique se formalizó el 22 de febrero de 2016, cuando fue acusado por el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá y pesar de algunas dificultades procesales, incluidas una declaración de nulidad por parte del Tribunal Superior de Bogotá, el juicio comenzó en noviembre de 2021 y se extendió hasta agosto de 2023.Sin embargo, en septiembre de 2023, el defensor de Manrique Soacha solicitó que el caso fuera remitido a la Sala Especial de Primera Instancia, luego de informar que su cliente había asumido el cargo de director del Departamento Administrativo de la Función Pública en agosto de 2022.“El pasado 6 de noviembre, el defensor del acusado aportó copia del decreto que aceptó la renuncia de Manrique Soacha como director del Departamento Administrativo de la Función Pública, lo cual hace que la Sala pierda competencia para el juzgamiento por tratarse de hechos para los cuales no está amparado por fuero”, expresa la decisión de la Corte.La Corte Suprema asumió entonces el conocimiento del caso en enero de este año y continuó con el juicio oral, el cual finalizó el 18 de julio de 2023.Sin embargo, el 6 de noviembre, el defensor presentó un decreto que aceptaba la renuncia de Manrique Soacha como director del Departamento Administrativo de la Función Pública, lo que generó que la Corte reconociera que ya no contaba con competencia para juzgar el caso, dado que los hechos en cuestión no estaban amparados por el fuero correspondiente.
La Corte Suprema de Justicia, en cabeza de su presidente Gerson Chaverra quien es oriundo del departamento del Chocó, emitió un comunicado expresando su solidaridad con las personas afectadas en esa zona del país por las lluvias y el paro armado del ELN.La Corte mostró especial preocupación por el departamento del Chocó, que enfrenta graves dificultades debido a que el 85 % de su territorio está impactado por la emergencia climática.Además de la crisis invernal, el Chocó enfrenta problemas de orden público, especialmente por el accionar del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que agrava la situación y mantiene a las comunidades en riesgo constante, limitando la posibilidad de evacuar a los afectados y dificultando el acceso a ayuda humanitaria.Además, la Corte hizo un llamado urgente a la solidaridad de todos los colombianos, pidiendo apoyo para más de 100.000 personas damnificadas en 25 municipios del Chocó, incluso le pidió a las autoridades y organismos internacionales tomar medidas para controlar la violencia y ofrecer ayuda humanitaria en las zonas más vulnerables del país.“La Corte Suprema de Justicia denuncia y lamenta tanta indolencia, y demanda del ELN el levantamiento de las acciones violentas y el cese del bloqueo territorial, para que sea posible el ingreso de la ayuda humanitaria para los colombianos y colombianas que habitan en este territorio y necesitan atención urgente”, dice el comunicado.La declaración finaliza con un mensaje de preocupación por la inacción frente a la violencia del ELN y la necesidad urgente de asistencia para las comunidades afectadas por esta crisis que afecta a miles de colombianos.}
Se llevaron a cabo en el Palacio de Justicia los actos de conmemoración tras cumplirse 39 años de holocausto a la sede judicial más importante del país, donde murieron magistrados y servidores judiciales luego de la toma guerrillera del M19.Allí, como cada año desde aquel noviembre de 1985, los presidentes de las altas cortes dieron un discurso para rememorar los hechos. Fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, quien pidió que la verdad sobre lo sucedido no pueda ser romantizada y mucho menos contaminada de falacias.“Esa verdad no puede estar romantizada, ni puede estar contaminada con eufemismos y falacias que se derivan de los pretextos para acomodar una realidad que aunque desgarradora, debe ser contada con la verdad, no puede haber reconciliación si hay ocultamiento, no se trata de que escuchemos las versiones que nos agraden o sencillamente que no nos incomoden”, aseguró Chaverra.Además, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, también fue crítico en su discurso saliendo en defensa de la independencia judicial.“Aquí está la justicia de pie, con valentía diciendo a todos y a todas que no nos acallaran como no pudieron hacerlo en 1985 (…) Ciertamente sin jueces independientes, imparciales y libres de presiones suficientemente protegidos en sus vidas e integridad, la paz solo podrá ser vista como una aspiración que no llega, que se demora que no aparece y se convierte en espejismo”, dijo Reyes.A la ceremonia llevada a cabo en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandia asistieron también el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y el ministro de Cultura Juan David Correa.
Por primera vez, un magistrado colombiano no se posesionará ante el presidente de la República, es te caso, ante el mandatario Gustavo Petro. José Joaquín Urbano, quien fue elegido como magistrado de la Sala Penal, solicitó a la Corte Suprema de Justicia posesionarse ante la misma corporación, rompiendo con la tradición establecida.El proceso para no posesionarse ante el presidenteLa Sala Plena autorizó esta solicitud, por primera vez en la historia del país, apoyada por la Ley Estatutaria de Justicia, artículo 18. Esta norma, acondicionada por la Corte Constitucional, recalcó la autonomía judicial, permitiendo a los jueces posesionarse ante la corporación o un notario, en lugar de limitarse exclusivamente al presidente de la República.Luego de la luz verde por parte del alto tribunal, la posesión del magistrado Urbano se realizará el próximo jueves 5 de diciembre.¿Quién es el magistrado José Joaquín Urbano?En la última semana de octubre del presente año, Urbano fue elegido de una lista de 10 aspirantes para ser nuevo magistrado de la Sala Plena. Aquí le contamos detalles de su carrera profesional.Urbano Martínez cuenta con una sólida formación académica: es abogado de la Universidad de Nariño, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Criminología de la Universidad Santiago de Cali y doctor en Derecho de la Universidad Externado.Con más de 30 años de experiencia profesional, ha ocupado cargos como secretario de juzgado en Ipiales, juez promiscuo municipal de Colón, fiscal delegado y magistrado auxiliar. También se ha desempeñado como procurador delegado para la Moralidad Pública y magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Además, ha ejercido la docencia durante más de 20 años en universidades como el Rosario, Santo Tomás, Nacional y Libre.
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso recibió el jueves una llamada durante una conferencia de prensa transmitida en vivo para ordenarle no comentar informes de un ataque con misil balístico contra Ucrania, se observó en el video."Masha", dice una voz masculina en el teléfono dirigiéndose a la portavoz María Zajárova. "Sobre el ataque con misil balístico sobre (la planta de) 'Yuzhmash', del cual los occidentales están hablando, nosotros no estamos comentando nada", indicó la voz en referencia a un fabricante aeroespacial basado en la ciudad ucraniana de Dnipró."Sí, gracias", respondió Zajárova antes de retomar la conferencia de prensa.En desarrollo....
El técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, recibió una dura sanción por su celebración al clasificar a la final de la Copa Colombia luego de vencer 2-1 en el marcador global a Independiente Medellín. El mexicano no podrá ingresar a estadios en el país por tres años, un castigo que no aceptan desde la presidencia del club y que apelarán para que la levanten.Así lo aseguró Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional. En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, dijo que, con esto, se está “privando la pasión y la emoción del fútbol por temor a que quienes no toleran” un festejo. Sin embargo, reconoció que "hay que gestionar mejor las emociones". Ante la polémica que causó Juárez, a quien muchos aficionados señalaron de provocador, Arango aseguró que nunca fue con esa intención y por eso ahora están esperando la respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad de la ciudad, pues consideran que el gesto no es incendiario contra la tribuna rival."Aún la sanción no está en firme, nosotros apelamos en segunda instancia y en este momento estamos esperando la respuesta de la Secretaría de Seguridad (...) Está claro en el video que no hay ningún acto de provocación y hay otros hechos distintos que se desarrollaron en el final del partido que son un poco más graves y no se está hablando de eso", insistió. Y es que este miércoles, 20 de noviembre, Juárez volvió a la controversia al repetir sus gestos en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, pero, esta vez, contra la hinchada de Santa Fe, partido del que fue expulsado.
Durante 38 horas, más de 400.000 habitantes de Bucaramanga y Floridablanca estarán sin servicio de agua este fin de semana.El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga informó que, por actividades de mantenimiento preventivo en la Planta de Tratamiento de Bosconia, se suspenderá el suministro de agua potable en el centro, norte y sur de Bucaramanga y en el noroccidente de Floridablanca. La suspensión se realizará desde el sábado 23 de noviembre de 2024, a partir de las 08:00 de la mañana, hasta el domingo 24 de noviembre de 2024, a las 10:00 de la noche.“La suspensión impactará a quienes habitan el cuadrante de la zona céntrica comprendida entre la Carrera 22 y la escarpa occidental y entre la Calle 45 y la escarpa norte, el sector de la Ciudadela Real de Minas y barrios aledaños, el sector Norte y el sector Sur de Bucaramanga, igualmente el sector noroccidental de Floridablanca”, señala la compañía.Estas son las zonas y barrios que estarán sin servicio de agua en Bucaramanga y Floridablanca.DISTRITO ESTADIO: Gaitán, Girardot, Granada, La Feria, La Gloria, La Independencia, Modelo, Mutualidad, Nápoles, Nariño, Bosque Norte Alto y Bajo, Nueva Colombia, Pío XII, San Francisco, San Rafael, Santander, Villa Mercedes, Zarabanda, 23 de Junio, Comuneros, Centro, Chapinero, Transición, García Rovira, Regadero Norte, Olas II, El Cinal, San Cristóbal, Camilo Torres, La Cuyanita y Zona escarpa.DISTRITO REGADERO: El Plan, La Esperanza I, II y III, José María Córdoba, La Juventud, Lizcano I y II, Paisajes del Norte, Regadero Norte, Los Ángeles, Mirador, Olas Altas, Olas Bajas, San Cristóbal, Transición, Villa Helena, Villa María, Villa Rosa, Altos del Progreso, San Valentín.DISTRITO COLORADOS: Colorados, Villa Patricia, Pablón Alto, La Torre, El Rosal, Rosa Alta, Los Palos, Limoncito, Getsemaní, Campestre Norte, Portal de los Ángeles, Barrio Nuevo y las pilas públicas, La Fortuna, Rosal Norte, El Nogal y Altos de Marvilli.DISTRITO BIENESTAR: Colseguros Norte, Minuto de Dios, 23 de Junio, Altos del Kennedy, Altos del Progreso, Balcones del Kennedy, Barrio Kennedy, Miramar, Las Hamacas, Maria Paz, Miradores del Kennedy, Omaga I y II, Hospital del Norte, Tejar Norte.DISTRITO FERROVÍAS: Campo Madrid, Café Madrid, Ciudadela café Madrid, Villas de san Ignacio, Claveriano, Balcones del Kennedy, San Valentín, Villa alegría II, Olas bajas, Villa alegría I, Omaga, Mirador del Kennedy, Viveros de Provenza, Las hamacas.DISTRITO BETANIA: Bavaria, San Ignacio Real, Betania.DISTRITO PUERTA DEL SOL Y LA IGLESIA: Ciudadela real de minas, Mutis, Ciudad Bolívar, Estoraques, Los canelos, Prados del Mutis, Los Héroes, Monte redondo, Bucaramanga, San Gerardo I, Brisas del Mutis, Manzanares, Metrópolis I, Balconcitos, San Gerardo II, Punta Estrella, Conalvivienda, Centauros, Colombia, Bucaramanga, La Gran Ladera, Manzana 10, África.DISTRITO CAÑAVERAL: Río Frio, Cañaveral, Palomitas, Aranzoque, Club Campestre, El Bosque, Mediterrané, El Progreso, Altos De Cañaveral, Cañaveral Campestre I, González Chaparro, Cañaveral Oriental, Altos De Cañaveral Campestre, Belhorizonte, El Olimpo, San Simón De La Pradera, Alkosto, Mausoleo La Esperanza, Tierra Santa, Zona Franca, Torres De Cañaveral, Buganvilia, Santa María De Cañaveral, Torres De Aragón, Villas Del Mediterráneo, Centro Comercial Cañaveral, Plazuela Cañaveral, Álamos Parque, Club House, Alameda De Cañaveral, La Península, La Pera, Parque Campestre, Quintas Del Campestre, Cañaveral Campestre II, Clínica Ardila Lulle, Fosunab, Cañaveral Campestre III, La Calleja, Hoyo En Uno, La Lomita.DISTRITO MALPASO: Provenza, Diamante II, El Porvenir, Jardines De Coaviconsa, Manuela Beltrán, Fontana, El Cristal, Marianella, El Rocío, San Luis, Delicias, Balcones De Provenza, Brisas De Provenza, Niza, Ciudad Venecia, Dangond, San Martín, Bosques Del Payador, El Dorado, Asturias II, Diamante I, Los Conquistadores, Parque San Agustín, Villa Inés, Caldas, Punta Paraíso, Coomultrasan, El Progreso, Nueva Fontana, España, Granjas De Julio Rincón, Toledo Plata, Viveros De Provenza, Mirador De San Lorenzo, Malpaso, Condado Campestre, Torres De Alejandría, Trinitarios, Colón, Cristal Alto, Altos De Fontana, Santa Catalina, Palmas Del Campo, Los Guaduales, Cerros Del Campestre, Ciudad Metropolitana, Granjas De Provenza, Condado De Gilbraltar, Villa Flor, Villa Alicia, Fontana Real, Carabelas, Igzabelar, Quintas Del Palmar, Villa Mallorca, Santa María, Parque Campestre, Vista Campestre, Porto Fino, Jardines De Niza, La Zafra, Candado, Villa Sara, El Sol, Torres De San Felipe, El Sol II, Plaza Marsella, Arcos Del Campestre, Villa Firenze, Villa Tarragona, Quebrada La Iglesia, Villa De Los Conquistadores, Los Robles, Portales Del Campestre, Brisas Del Palmar, Villa España, San Felipe, Terminal De Transportes De Bucaramanga, Aranjuez, Cristal Bajo, Villa Diamante, Mirador De Campestre, Torres De Madeira, La Libertad, Hoyo 1, Altos Del Campestre, Oficinas De Tránsito De Bucaramanga, Zona Industrial De Bucaramanga y las pilas públicas, Luz De Salvación, Villas Real, Paraíso Bajo, Villas Del Nogal, Granjas Rigan y Aires de Provenza.
La Corte Penal Internacional (CPI) dictó este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí lanzado el pasado junio contra la Franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista. "La sala emitió órdenes de arresto contra dos individuos, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024", informó la CPI, añadiendo en otro comunicado que también pidió la detención de Deif, jefe militar del movimiento islamista palestino.Petro reacciona a orden de captura contra NetanyahuUna vez conocida la noticia, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X, en la que dijo que si Estados Unidos no está de acuerdo con la orden captura “conduce al mundo hacia la barbarie”.“Esto es lo lógico. Netanyahu es un genocida. El tribunal de justicia del mundo lo dice y se debe acatar su fallo. Si Biden desconoce esta orden, simplemente conduce al mundo a la barbarie. Europa occidental debe recobrar su independencia en la política internacional y actuar para cumplir la orden judicial”, escribió Petro en X.Gustavo Petro, anunció el pasado en noviembre de 2023 sus planes de denunciar al primer ministro israelí ante la Corte Penal Internacional (CPI) por “crímenes de guerra” “Colombia va a coadyuvar la denuncia de Argelia interpuesta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra el señor Benjamin Netanyahu ante la masacre de niños y civiles del pueblo palestino que ha producido. El canciller de Colombia se reunirá mañana con el fiscal de la Corte Penal Internacional”, indicó el mandatario izquierdista en su cuenta de X¿Qué dice la CPI sobre Netanyahu?La Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular.El Gobierno israelí también había exigido a los jueces que detuvieran “cualquier procedimiento relacionado con la situación, incluyendo la consideración de las solicitudes de órdenes de arresto”, otra petición rechazada por los magistrados.“No es necesario que Israel acepte la jurisdicción de la Corte, ya que esta puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina, como se determinó anteriormente”, advirtió la Sala.Consideró además que los Estados “no pueden impugnar la jurisdicción de la Corte antes de la emisión de una orden de arresto, por lo que la impugnación de Israel es prematura”, dijo.En este sentido, los jueces aprobaron las órdenes de arresto solicitadas el pasado 20 de mayo por el fiscal contra Nentayahu y Gallant como “responsables penalmente como coautores de los crímenes de guerra de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.Además, también se les considera responsables como “superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil” en la Franja de Gaza.En el caso del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Khan había pedido el arresto de los entonces líder de Hamas Yahya Sinwar; el jefe del ala militar, Mohammed Deif; y su buró político, Ismail Haniyeh. La acusación incluye seis crímenes de guerra, como la toma de rehenes y actos de violencia sexual, y cinco de lesa humanidad, incluidos exterminio y asesinatos.Sin embargo, y desde que el fiscal solicitó su arresto, Haniyeh murió en un ataque en Teherán en julio y su heredero, Sinwar, corrió el mismo destino en otro de Israel en Gaza el mes pasado, por lo que Khan retiró su solicitud al considerar confirmado su fallecimiento.Con respecto a Deif, la Fiscalía indicó que continuaría recabando información sobre "su supuesta muerte"."El 15 de noviembre de 2024, la Fiscalía, basándose en información de las autoridades israelíes y palestinas, informó a la Sala de que no puede determinar si Deif ha fallecido o sigue vivo. Por lo tanto, la Sala emite la presente orden de arresto”, señalaron los jueces.
Luego de que la ministra de Transporte, María Constanza García, le hiciera llegar una carta al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, pidiendo una explicación sobre cómo se le dará continuidad a la prestación del servicio de transporte masivo tras aprobarse la liquidación del ente gestor Metrolínea, la alcaldía, a través del jefe de gobernanza Richard Caicedo, respondió.Lo primero que explicó es que un grupo de profesionales prepara la respuesta respecto de la prestación del servicio de transporte masivo, “la información de cómo se realizará el recaudo de la tarifa, la operación del sistema de control y gestión de flota y el cumplimiento de las obligaciones del convenio de cofinanciación por parte de la alcaldía de Bucaramanga”, señaló Caicedo.El funcionario también aclaró que desde hace seis meses la Alcaldía de Bucaramanga trabajó en el proyecto de acuerdo para solicitar al Concejo Municipal las facultades para la liquidación del ente gestor, así como las soluciones que permitirán que el sistema de transporte masivo se mantenga en la ciudad.“Hace seis meses se viene trabajando en el proyecto de Acuerdo, pero también hemos venido trabajando en las alternativas de solución que permitirán que el sistema de transporte masivo se mantenga en Bucaramanga”, manifestó.Igualmente explicó que, mientras que esté en proceso la liquidación de la sociedad Metrolínea, será el Área Metropolitana de Bucaramanga, como autoridad de transporte, la entidad encargada de presentar el esquema operativo para el funcionamiento de transporte público masivo y de contratar el estudio para la reorganización del sistema público de transporte masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga.“Hay recursos para responder frente al convenio de cofinanciación que tenemos actualmente suspendido con el Ministerio de Transporte para las obras que permitían la infraestructura que necesitaba el Sistema de Transporte, Metrolínea”, aclaró el jefe de Gobernanza, Richard Caicedo.Cabe anotar que, aunque la ministra de Transporte, María Constanza García, en la carta enviada al alcalde de Bucaramanga, indica que la decisión de liquidar el ente gestor, en este caso Metrolínea, es una decisión autónoma del ente territorial, su preocupación es sobre la operación y la prestación del servicio, por eso la solicitud de información y explicación sobre cómo el municipio de Bucaramanga garantizará el servicio.En la carta, la ministra María Constanza García, le recuerda al alcalde de Bucaramanga que el Gobierno Nacional en el 2005 suscribió un convenio de cofinanciación para la construcción de las obras del Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga por $975.000 millones.Actualmente, la sociedad Metrolínea, ente gestor del sistema de transporte masivo de Bucaramanga, tiene un déficit que alcanza los $600.000 millones.