La Asamblea General de la ONU se reúne el martes en una sesión especial de emergencia para tratar el veto presentado por Estados Unidos a la última resolución del Consejo de Seguridad del pasado viernes, que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza.El veto de Estados Unidos, pese a no ser el primero que utiliza -casi siempre para apoyar a Israel- ha suscitado en esta ocasión numerosas críticas procedentes del mundo musulmán, pero también de Rusia, China y países africanos y asiáticos.Tras una reforma en los procedimientos en 2022, el presidente de la Asamblea puede convocar una sesión extraordinaria cada vez que uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -EE.UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido- utiliza su derecho de veto para impedir una resolución que de otro modo habría contado con la mayoría necesaria (9 de los 15 miembros).En este caso, y pese a tratarse de un domingo -cuando los organismos de la ONU suelen estar cerrados-, el presidente de la Asamblea, Dennis Francis, se ha movido con rapidez y acaba de informar a los estados miembros que esa sesión de emergencia tendrá lugar el martes 12 de diciembre a las 15:00 hora local de Nueva York (19:00 GMT), según informó la presidencia.La sesión fue requerida el mismo viernes -es decir, casi inmediatamente después de la votación del Consejo vetada por EE.UU.- por los embajadores de Egipto y Mauritania ante la ONU, como cabezas respectivas del Grupo Árabe y del Grupo de la Organización de la Conferencia Islámica.La carta enviada a Francis y hecha pública por la misión egipcia señala que la sesión es técnicamente una continuación de la anterior sesión de emergencia sobre el mismo tema, pero se convoca "ante el veto de un miembro permanente del Consejo sobre la grave situación de los civiles palestinos en la Franja de Gaza y en demanda de un alto el fuego humanitario inmediato".Las resoluciones de la Asamblea no tienen carácter vinculante ni mecanismos de seguimiento, por lo que son meramente simbólicas y sirven para medir el apoyo de cada país.Ya el 27 de octubre pasado la Asamblea se reunió de forma extraordinaria, también tras otro veto de EE.UU., y acordó pedir "una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que lleve al cese de hostilidades".Aquel texto fue apoyado por 120 países, entre ellos Francia y España, y contó con la negativa de 14 -EE.UU., Israel y otros 12 países aliados suyos-, mientras que 45 se abstuvieron, entre ellos Canadá, Reino Unido, Alemania e Italia.Le puede interesar:
La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este jueves a los programas de discriminación positiva en las universidades, en un histórico fallo un año después del revés al derecho al aborto.Sus seis jueces conservadores dictaminaron, en contra de la opinión de los tres de corte progresista, que los procedimientos para la admisión en los centros universitarios basados en el color de la piel o el origen étnico de los solicitantes son inconstitucionales."El alumno debe ser tratado en función de sus experiencias como individuo, no en función de su raza", fundamentó el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.Los magistrados conservadores estiman que las universidades son libres de considerar la experiencia personal de un solicitante, por ejemplo si sufrió racismo, a la hora de sopesar su solicitud frente a otros más calificados académicamente.Pero decidir, principalmente en función de si es blanco o negro, no está permitido, es en sí mismo discriminación racial, aseguraron. "Nuestra historia constitucional no tolera esa opción", añadió Roberts.Tras el movimiento por los derechos cívicos de los años sesenta, varias universidades muy selectivas introdujeron criterios raciales y étnicos en sus procedimientos de admisión para corregir las desigualdades derivadas del pasado segregacionista de Estados Unidos.Esta política, conocida como "discriminación positiva", permitió aumentar la proporción de estudiantes negros, de origen hispanohablante o indios estadounidenses en las aulas pero siempre ha sido blanco de críticas en los círculos conservadores, que la consideran opaca y racista.La Corte Suprema se ha pronunciado en contra de las cuotas en varias ocasiones desde 1978, pero siempre ha autorizado que las universidades tengan en cuenta criterios raciales, entre otros.Hasta ahora, había considerado "legítima" la búsqueda de una mayor diversidad en los campus, aunque ello supusiera quebrantar el principio de igualdad entre todos los estadounidenses.El jueves dio un giro de 180 grados, como ya hizo el 24 de junio de 2022, al anular el derecho federal al aborto que garantizaba desde 1973.Carmín en un cerdoEl cambio de este jueves fue aplaudido por la derecha."Este es un gran día para Estados Unidos", "Vamos a volver a todo basado en el mérito ¡y así es como debe ser!", escribió en su red social -Truth Social- el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), que durante su mandato inclinó claramente a la derecha la composición de la corte.A la inversa, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, estimó que la decisión "pone un obstáculo gigantesco en el camino hacia una mayor justicia racial".Más comedido, Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, subrayó que "la discriminación positiva nunca ha sido una respuesta completa a la necesidad de construir una sociedad más justa". Pero "nos dio la oportunidad de demostrar que merecíamos algo más que un asiento en la mesa", añadió en Twitter.Las críticas más duras llegaron del interior del propio tribunal, de boca de los tres jueces progresistas, que discrepan profundamente.El tribunal está "invirtiendo décadas de jurisprudencia y de inmenso progreso", escribió la jueza Sonia Sotomayor en su nombre."Al hacerlo, el tribunal consolida una norma superficial" de indiferencia al color de la piel "como principio constitucional en una sociedad endémicamente segregada", escribió.Aunque se autoriza a las universidades a tener en cuenta las "experiencias personales" de los solicitantes, esto equivale a poner "carmín en un cerdo", afirmó, una frase hecha en inglés que significa que por mucho que se intente disfrazar algo siempre seguirá siendo lo que es. Un equivalente al aunque la mona se vista de seda mona se queda.Apple, Google La sentencia parte de una demanda presentada en 2014 contra los centros universitarios privados y públicos más antiguas de Estados Unidos: Harvard y la Universidad de Carolina del Norte.Un activista neoconservador, Edward Blum, lideró una asociación llamada "Estudiantes por una Admisión Justa" ("Students for fair admission") y los acusó de discriminar a los estudiantes asiáticos.Argumentaba que los estudiantes asiáticos, cuyos resultados académicos están muy por encima de la media, serían más numerosos en los campus si su rendimiento fuera el único criterio de selección.Tras varias derrotas en los tribunales, recurrió al Supremo que, irónicamente, nunca ha sido tan diverso como ahora, con dos jueces afroestadounidenses y uno hispano.Pero cuenta con seis jueces conservadores de un total de nueve, entre ellos el afroestadounidense Clarence Thomas, crítico con los programas de discriminación positiva de los que se benefició para estudiar en la prestigiosa Universidad de Yale.La administración demócrata defendió en vano el statu quo. El presidente Joe Biden tiene previsto pronunciarse sobre el tema esta tarde.En la misma línea, grandes empresas como Apple, General Motors, Accenture y Starbucks subrayaron que "tener una mano de obra diversa mejora el rendimiento" y que "dependen de las escuelas del país para formar a sus futuros empleados".
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este viernes bloquear las restricciones a la píldora abortiva mifepristona que un tribunal de apelaciones había ordenado la semana pasada.La decisión supone mantener sin cambios el status quo sobre el acceso a la medicación, al menos mientras el tribunal de apelaciones decide sobre la legalidad de la aprobación que los reguladores de EE.UU. dieron al medicamento hace más de 20 años.El tribunal de apelaciones en cuestión -el del Quinto Circuito, que incluye los estados de Texas, Luisiana y Misisipi- aprobó restringir el acceso a la mifepristona mientras valora la decisión de un juez de Texas de prohibir por completo el acceso a la píldora, que se usa en más de la mitad de los abortos en el país.El fallo supone la primera vez que el Supremo se pronuncia en un caso relativo al aborto tras su controvertida decisión el verano pasado de eliminar la protección constitucional de la que gozaba desde los años setenta, provocando una avalancha de restricciones en los estados gobernados por conservadores.En un mensaje celebrando la decisión del Supremo, el presidente estadounidense, Joe Biden, destacó que "la mifepristona sigue estando disponible y está aprobada para su uso seguro y efectivo mientras continuamos con la batalla en los tribunales".El mandatario aseguró que su Gobierno continuará defendiendo la aprobación de la mifepristona por los reguladores, y declaró que seguirá "luchando contra los ataques a la salud de las mujeres políticamente motivados".La mayor instancia judicial del país decidió este viernes bloquear de momento una serie de restricciones que el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito había ordenado la semana pasada, como prohibir que la píldora pudiera recetarse a partir de las siete semanas de embarazo o su envío por correo.Dos de los jueces más conservadores de la corte, Clarence Thomas y Samuel Alito, se mostraron en desacuerdo con la decisión.El fallo devuelve el caso al tribunal de apelaciones, que ha fijado la fecha para el comienzo de los argumentos orales para el próximo 17 de mayo.En el centro de la disputa legal está la autorización sanitaria que la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) dio hace 23 años a la mifepristona.El juez federal de Texas Matthew Kacsmaryk, postulado por el expresidente Donald Trump (2017-2021), ordenó el 8 de abril retirar la autorización sanitaria a la píldora abortiva.La orden fue recurrida por el Gobierno de Joe Biden y un tribunal de apelaciones de Luisiana estipuló que el fármaco estuviese disponible solo hasta las primeras siete semanas de embarazo, tres menos que anteriormente, y que debiera ser recogido en persona, entre otras restricciones.Pero el Departamento de Justicia elevó el caso al Supremo alegando que la restricción tendría graves consecuencias para las mujeres y para la industria farmacéutica, por lo que el alto tribunal ha tenido que intervenir.Le puede interesar: 'Historias detrás de la historia'
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este miércoles mantener en efecto una ley de Nueva York que impone restricciones al porte de armas después de que esa misma corte emitiera el año pasado un fallo histórico que permite llevarlas en público en el estado.En junio de 2022, el Supremo emitió un fallo que eliminaba la llamada "excepción neoyorquina" al porte de armas fuera del hogar, legal en la mayoría de EE.UU., tras lo que los legisladores del estado prohibieron su entrada en muchos lugares públicos y endurecieron los requisitos para obtención de licencias.El más alto foro judicial del país decidió este miércoles que la ley de control de armas de Nueva York se mantenga mientras se dirime una apelación, respaldada por un "lobby" proarmas, que argumenta que las restricciones que impone la legislación neoyorquina van en contra del derecho constitucional a llevar armas en público para la autodefensa.En la decisión, los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas indican que la norma neoyorquina "presenta cuestiones nuevas y serias", pero la mantienen aclarando que eso no "expresa ninguna opinión sobre la validez" de la apelación en curso.Los magistrados suspenden así una orden previa de un juez federal que paralizaba la prohibición al porte de armas en lugares sensibles y otras medidas de control mientras se dirimía su legalidad, aunque sugieren a los denunciantes que no se vean "disuadidos por la orden de hoy".La decisión fue aplaudida por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que reivindicó el "derecho a aplicar medidas de sentido común para proteger" a la sociedad, y por el alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, que consideró la ley "esencial para contener los ríos que alimentan el mar de la violencia armada".Le puede interesar:
La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este martes al Gobierno del presidente Joe Biden mantener en vigor de forma cautelar el Título 42, la norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de migrantes en la frontera.El Supremo, en una decisión tomada con el voto a favor de cinco jueces frente a cuatro en contra, accedió así a la petición de fiscales de 19 estados de congelar la suspensión del Título 42 mientras se dirime en los tribunales el futuro de esta norma.El alto tribunal escuchará en febrero los argumentos de estos estados y del Gobierno federal.La frontera entre México y Estados Unidos sigue estos días llena de migrantes a la espera de que el Supremo resolviera, después de que este Tribunal ya dictara de forma cautelar la suspensión del levantamiento de esta norma, que estaba previsto para el 21 de diciembre.Ahora, el Supremo mantiene la medida de forma indefinida, al menos hasta después de escuchar los argumentos de las partes.Un grupo de fiscales de 19 estados, incluyendo Texas, fueron los que provocaron que el Supremo tuviera que pronunciarse. Alegaban que la suspensión provocaría "un daño masivo e irreparable" en materia migratoria.Desde que entró en vigencia en 2020, tras la solicitud del gobierno republicano de Donald Trump, la normativa ha permitido la expulsión acelerada de más de 2,7 millones, según datos del International Rescue Comittee.Pude ver: “Parece que la inflación tocó techo, esperamos que en Colombia empiece a bajar”: minhacienda
El Gobierno ha firmado 190 órdenes de extradición en 2022, de las cuales 83 han sido autorizadas por Gustavo Petro desde el 7 de agosto y las 107 restantes por su antecesor, Iván Duque.El 2021, cuando gobernaba Duque (2018-2022), fue el año con más extradiciones efectuadas de los últimos cinco, con 239, de las cuales más del 80 % fueron por delitos relacionados con el narcotráfico y la de este año es la segunda cifra más alta.Petro se ha mostrado a favor de cambiar la política de extradición de nacionales, implantada a mediados de los años 80 y por la que muchos detenidos son entregados a Estados Unidos, y en menor medida a otros países, para que respondan allá por delitos relacionados con narcotráfico principalmente, aunque tengan cargos pendientes en Colombia."Lo que yo he propuesto es que integrante en estas cadenas de narcotráfico que decida acogerse a la Justicia en Colombia y dar garantías de no repetición no sea extraditado", dijo Petro el pasado octubre.Lo hizo durante una visita a Bogotá del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, quien se mostró reacio a cambiar esa política, pues "la relación de extradiciones ha beneficiado tanto a EE.UU. como a Colombia", tanto a la justicia como a las víctimas del crimen transnacional.Sin embargo, este cambio no significa que se vayan a detener las extradiciones, según explicó Petro, sino que es una forma de dar una segunda oportunidad de reparación, pero "narcotraficante o que esté en la cadena de narcotráfico que no esté en ningún tipo de acogimiento en la Justicia en Colombia, se sigue extraditando", aseguró.EE.UU. y Colombia conformaron un grupo de trabajo para resolver las diferencias que tengan ambos Gobiernos sobre la política de extradiciones y que entre otros asuntos atenderá "casos críticos que podrían llegar a presentarse".EXTRADICIONES NOTORIASAdemás, la Fiscalía aseguró que un total de 25 personas han sido "ubicadas y notificadas" en Colombia para su extradición en 2022 por tener juicios pendientes en cortes de Estados Unidos y Francia, una cifra también inferior a la del año anterior.Entre las extradiciones efectuadas este año más notorias está la de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', quien no figura en esos números pues su detención se efectuó el 23 de octubre de 2021, el jefe del Clan del Golfo, la mayor organización criminal de Colombia, dedicada, entre otros, al narcotráfico y que ahora responde por diversos cargos ante la Justicia estadounidense.También el presidente Petro aprobó el pasado septiembre la extradición a Estados Unidos de Álvaro Fredy Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, quien es solicitado por delitos relacionados con narcotráfico. También le puede interesar:
En el curso del proceso, la Supersociedades alegó, entre otros, la falta de jurisdicción, la inmunidad soberana, el impedimento colateral y la ilegalidad del negocio del demandante.La decisión de la Corte reconoce a la Superintendencia de Sociedades como organismo público de una nación soberana, inmune a un juicio internacional por las decisiones jurisdiccionales que profiera.Cabe recordar que cuatro mujeres fueron capturadas en el mes de noviembre por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. Según la Fiscalía, son presuntas responsables de dar apariencia de legalidad a dineros adquiridos por la captadora ilegal Elite International Américas S.A.S.Igualmente, como parte de las acciones judiciales realizadas por la Fiscalía en este caso, se realizaron allanamientos en 10 bienes inmuebles avaluados en 26.000 millones de pesos y 900 hectáreas destinadas al cultivo de palma africana y a la ganadería en Pivijay (Magdalena). Estas propiedades serán destinadas a la reparación de las víctimas de la firma captadora Elite International Américas S.A.S. Le puede interesar
"Es una gran tristeza saber que no podemos pasar", dijo Edward Acevedo, de 41 años, a los pies del muro que separa a la mexicana Ciudad Juárez de la estadounidense El Paso."Hemos pasado por la selva, por hambre y frío. [Son] muchas calamidades", agregó el hombre que duerme junto a decenas de compatriotas en un refugio improvisado en la casa de un pastor en Juárez."¡Somos seres humanos! ¡Somos de carne y hueso! ¿cómo le explicamos eso a los jueces y a los gobernadores?", irrumpió a su lado Juan Delgado, de 38 años, vistiendo apenas un sweater que mal le protege del despiadado frío de casi 0ºC.La crisis de la nación caribeña gobernado por Nicolás Maduro ha llevado a millones de venezolanos a migrar. En los últimos meses, miles enfrentaron la selva del Darién y atravesaron varios países de Centro América en precarias condiciones para tocar a las puertas de Estados Unidos en busca de asilo.Con el flujo en ascenso, Washington lanzó en octubre un programa humanitario con 24.000 cupos ofrecidos a los venezolanos que se postularan desde su país. En paralelo, y en un intento de cortar la cadena migratoria, Estados Unidos les cerró el acceso por su frontera sur bajo el título 42, medida sanitaria vigente desde 2020 en el marco de la pandemia del covid.Miles, a mitad de camino, no desistieron. Volver, muchos repiten, no es una alternativa."El salario en Venezuela son 20 dólares, y con eso compro dos pollos, ¿cómo se puede vivir así? es miseria", explica Acevedo que dejó a su esposa e hija.- "Como delincuentes" - El título 42 que cierra los puertos de entrada a los solicitantes de asilo trastocó la frontera sur de Estados Unidos.Con la pandemia dando tregua, los flujos migratorios se restablecieron, y quienes buscan asilo aprovechan las brechas que consiguen en el muro que se extiende por más de 3.000 km a lo largo de California, Arizona, Nuevo México y Texas.La mayoría se entrega a las autoridades fronterizas. A algunos se les permite quedarse para defender su pedido de asilo, pero otros son enviados a sus países o a México debido a la medida que el gobierno de Joe Biden intenta desactivar.Una decisión judicial había ordenado la expiración del título 42 a partir del 21 de diciembre, pero este lunes la Corte Suprema lo mantuvo en pie temporalmente, acogiendo un pedido de gobernadores republicanos contrarios a la migración.La fecha era aguardada con ansias por miles de venezolanos en México."Era la ilusión de salir adelante de todos los venezolanos que estamos aquí", dijo Ángel Colmenares que rompió en llanto al enterarse del fallo."¿Por qué no nos dan una oportunidad?", insistió Juan Delgado. "Nos tratan como delincuentes y sólo queremos trabajar".- "Somos los olvidados" -Las condiciones en las cuales los venezolanos subsisten en México sirven de referencia del nivel del desespero. Se calientan en hogueras en basureros, se asean donde y cómo pueden, y muchos duermen en las calles.Con filas de migrantes de otras ciudadanías extendiéndose por horas a las puertas de Estados Unidos y al margen de las frías aguas del Río Grande, los venezolanos se rebuscan vendiendo cobijas, guantes y pedazos de pizza.Cruzan el río con niños a los hombros y encienden fogatas a cambio de propinas que por día suman más que un mes de trabajo en su país.Pero después que la noche aprieta, la mayoría se recoge. "La gente de los cárteles nos para", cuenta un venezolano que dice haber perdido así el rastro de compañeros del refugio. "Algunos no vuelven nunca más"."Y cuando no son los cárteles, son los de la migra, esos son peores", dijo el mismo hombre que no da su nombre por miedo a represalias."Uno denuncia y nada, nosotros somos los olvidados, a nosotros nadie nos quiere. Estorbamos a donde vamos".Este desespero, dicen algunos, es lo que los motiva a cruzar de forma ilegal en pequeños huecos a lo largo de la reja de casi diez metros de altura en Estados Unidos."No nos van a dejar entrar y no puedo esperar más", dijo un venezolano que atravesó un pequeño hueco en el que apenas cabía su cuerpo. "A mi esposa la está matando un tumor, necesito dinero para las medicinas", dijo el joven que se persignó apenas pisó suelo estadounidense.Otros cuatro venezolanos entraron por los mismos agujeros en un plazo de diez minutos este lunes. En seguida corrieron El Paso adentro.Pero otros insisten en querer cruzar de forma legal, y por eso cuestionan el revés judicial."Uno anda emigrando con ese sueño, todos tenemos ese sueño de salir adelante", contó en Ciudad Juárez Manuel Bolívar, de 20 años. "Están jugando con las emociones de los migrantes que hemos luchado para llegar hasta aquí".
La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este lunes el levantamiento inminente de una norma sanitaria invocada para expulsar a los migrantes en la frontera con México.El presidente de la corte, John Roberts, firmó una orden que suspende el levantamiento, previsto para este miércoles, y por lo tanto mantiene el llamado Título 42, que permitió a las autoridades utilizar los protocolos anticovid-19 para impedir la entrada de millones de migrantes.Roberts bloqueó temporalmente esta medida heredada de la administración del presidente republicano Donald Trump, que ha seguido aplicando el de Biden.Lo hizo en respuesta a una petición de último momento de 20 estados que argumentaban que poner fin al Título 42 provocaría una avalancha de migrantes que desbordaría sus servicios.Citan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que predice que los cruces fronterizos de migrantes, la mayoría de los cuales piden asilo, podrían triplicarse a 18.000 por día.Este incremento "aumentará los costos de aplicación de la ley, educación y atención médica de los estados", argumentaron los querellantes.El DHS reaccionó al fallo judicial afirmando que "el Título 42 permanecerá vigente en este momento y las personas que intenten entrar ilegalmente a Estados Unidos continuarán siendo expulsadas a México".El pasado viernes, un tribunal de apelaciones de Washington dictaminó que no se justifica mantener el Título 42, que se aplicó en marzo de 2020 en un intento por frenar la pandemia de coronavirus.En su petición, los estados piden que la Corte Suprema se haga cargo del caso.Roberts dio a las partes 24 horas para responder, de modo que el Gobierno de Biden deberá pronunciarse.Esto todavía deja abierta la posibilidad de que el Título 42 se suspenda esta semana. También es posible que el tribunal decida mantenerlo mientras revisa el caso.El Gobierno de Joe Biden aceptó una sentencia de noviembre de un tribunal inferior que le ordenó suspender el Título 42 y que, a petición suya, le dio de plazo hasta el 21 de diciembre para levantarlo.Según activistas y expertos en derechos humanos, el "Título 42" viola el derecho internacional.Consideran "inhumano" impedir a alguien solicitar asilo y aseguran que alienta a los migrantes a jugarse la vida. Se registraron un total de 557 muertes en la frontera con México en 2021, el año más mortífero desde que comenzaron las estadísticas en 1998.PreparativosLa semana pasada, la Casa Blanca dijo que el Departamento de Seguridad Nacional estaba preparado para afrontar el aumento previsto de migrantes.El DHS, que considera haber "heredado un sistema migratorio roto y desmantelado", ha actualizado una serie de medidas anunciadas en abril.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza solicitó en el presupuesto del año fiscal 2023 la contratación de 300 agentes que se sumarán a los 23.000 desplegados en la frontera con México.El Gobierno de Biden ha contratado además a casi 1.000 coordinadores de procesamiento de la patrulla fronteriza y añadió 2.500 contratistas y personal de otras agencias para ayudar a los agentes sobre el terreno.También afirma haber aumentado las torres de vigilancia, aprobado el cierre de más de 120 "brechas" a lo largo de la frontera y duplicado los medios para transportar a los migrantes, además de crear 10 instalaciones para aumentar la capacidad "de retención"."Esto incluye cientos de vuelos y rutas de autobús por semana para transportar" a los migrantes interceptados "a sectores menos concurridos" para su procesamiento, expulsión o repatriación a su país de origen o a terceros países, señala la actualización.Mientras sigue el litigio "continuaremos con nuestros preparativos para gestionar la frontera de una manera segura, ordenada y humana cuando se levante la orden de salud pública del Título 42", afirma este lunes el DHS en un comunicado.E insta al Congreso a aprovechar "este tiempo para proporcionar los fondos" para la seguridad y gestión fronteriza y para "avanzar en las medidas migratorias" propuestas por el presidente.Y es que Biden propuso, entre otras medidas, una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados en un país que lleva 35 años sin una ley de este tipo, pero nunca se votó.Esta y otras propuestas han tropezado siempre con la oposición del Senado, donde tenía, y tendrá a partir de enero, una mayoría ajustada.Le puede interesar:
La Corte Suprema de Estados Unidos se negó el miércoles a conceder un indulto a un preso condenado a muerte, que será ejecutado en el estado de Oklahoma, a pesar de que sus abogados afirman que sufre graves problemas psiquiátricos.Benjamin Cole, de 57 años, recibirá una inyección letal el jueves a las 10H00 (15H00 GMT) en la prisión de McAlester, en el centro de Estados Unidos.Había sido condenado a la pena capital en 2004 por el asesinato de su hija, Brianna, de nueve meses. Fue acusado de matarla para que hiciera silencio y así poder reanudar una partida de videojuegos.Según sus abogados, Cole sufre "una enfermedad mental debilitante" y la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió la ejecución de reos que no entiendan los motivos del castigo.El diagnóstico incluye "esquizofrenia paranoide y daño cerebral", señala el informe de los abogados.Su condición se ha deteriorado al punto de que está "en gran parte catatónico", agrega. "No puede hacerse cargo de su higiene, gatea cuando no tiene silla de ruedas y apenas se comunica con los guardias y sus abogados".Con la proximidad de la fecha prevista para su ejecución, los defensores de Cole han multiplicado los llamamientos urgentes, en particular ante la alta corte, para intentar salvarlo.No obstante, las autoridades de Oklahoma alegan que Cole está capacitado para ser ejecutado. Dicen que el condenado se identifica como "judío mesiánico" y que tiene "inteligencia para hablar" pero calla con sus abogados porque no entienden "su extrema religiosidad", de acuerdo con su ponencia ante la Corte Suprema."Aceptó hablar con un experto neutral en un hospital estatal y expresó muy claramente su comprensión de la sentencia", agregaron.Para la defensa, esa explicación es "inverosímil". "Que pudo tener una larga conversación (...) contradice los informes de los guardias, el personal médico y otros que no han podido tener interacciones significativas con Cole en los últimos años", dijo en un comunicado la abogada Emma Rolls.Hubo 11 ejecuciones en Estados Unidos este año, incluidas tres en Oklahom
Estos fueron los temas tratados en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, este jueves, 21 de noviembre de 2024:Didac García, presidente ejecutivo de Global Reformbnb, habló del evento organizado en Colombia por Cotelco. Este encuentro busca discutir el impacto de las viviendas turísticas como Airbnb y explorar un posible marco regulatorio.Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, se pronunció respecto a la polémica en la que firmó que el Icetex no pertenece a su sector, pero es presidente de la junta directiva. El Icetex atraviesa una situación crítica debido a la falta de recursos necesarios para continuar financiando los créditos educativos.Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de WOLA, habló sobre lo que se puede esperar Latinoamérica, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.Frederico Pedreira, CEO de Avianca, reveló detalles sobre los problemas operacionales en El Dorado por cuenta del mal clima, que se suma a daños en infraestructura y equipos en varios aeropuertos del país, principalmente en El Dorado. Escuche el programa completo aquí:
Este jueves, 21 de noviembre, un trágico accidente en la Autopista Norte de Bogotá, a la altura de la calle 243, cobró la vida de una joven de 20 años tras la caída de un árbol de especie ‘alcaparro pequeño’. El incidente, causado por las fuertes lluvias que azotan la capital, ocurrió a las 8:45 de la mañana y dejó también a varias personas heridas.La víctima, quien se desplazaba como pasajera en una motocicleta de la aplicación ‘Picap’, falleció de manera instantánea al ser impactada por el tronco. El piloto de la motocicleta fue trasladado a un hospital, mientras que otras 12 personas, también motociclistas, resultaron lesionadas debido a la caída de sus vehículos o al desplome de ramas. El testimonio del padre de la joven que murióEl padre de la joven fallecida, Armando Quintero, se pronunció entre lágrimas sobre la pérdida de su hija. “Uno nunca sabe cuál es el último adiós, el último saludo, la última cena. Ojalá lo que le sucedió a mi hija no le pase a nadie más. Por favor, que la Alcaldía Mayor de Bogotá haga mantenimiento a los árboles”, declaró a Blu Radio, pidiendo acciones para prevenir más tragedias.Los bomberos de la estación Bicentenario acudieron al lugar para atender a las víctimas y coordinar las labores de limpieza. A pesar de que el árbol fue cortado y retirado del carril, los troncos aún permanecen en el lugar, a la espera de ser recogidos por las autoridades. Criminalística adelantó el levantamiento del cuerpo de la joven en medio del dolor de los familiares presentes.La tragedia ha encendido el debate sobre el mantenimiento de árboles en zonas urbanas y el impacto de la ola invernal en Bogotá, que ha generado emergencias similares. La ciudadanía exige medidas urgentes para evitar más incidentes de esta naturaleza.
Resultado de los números ganadores del sorteo de Paisita Noche de este jueves, 21 de noviembre de 2024. Todos los días hay un nuevo chance de ganar, felicidades al ganador.¿Qué número cayó por el Paisita Noche?En el último sorteo de El Paisita Noche este jueves, 21 de noviembre de 2024, el número ganador fue el , según publicaron en sus redes sociales.Tres últimas cifras: Tres primeras cifras: Cuatro cifras: Conozca todos los resultados de los sorteos anteriores de Paisita Noche .Quiere consultar los resultados de sus loterías y chances favoritos por WhatsApp? Haga clic aquí, suscríbase a nuestro canal y descubra al instante si es el próximo ganador-.¿Cuánto paga Paisita Noche?Un acierto (última cifra): la uña, 5 pesos por cada peso apostado.2 aciertos (últimas cifras): la pata, 50 pesos por cada peso apostado.3 aciertos (últimas cifras): con pleno 400 pesos por cada peso apostado y con combinado 83 pesos por cada peso apostado.4 aciertos (todas las cifras): son súper pleno 4.500 pesos por cada peso apostado y con súper combinado 308 pesos por cada peso apostado.Recuerde que para premios mayores de 48 UVT, es decir $2.259.120 se genera retención en la fuente del 20 % sobre el valor del premio.¿Qué es el Paisita Noche?El Paisita Noche, conocido como Paisita 2, es una lotería que se juega todos los días en Colombia. Aquí puede revisar todos sus resultados.
En la tarde de este jueves, 21 de noviembre, funcionarios de la Procuraduría adelantan una visita preventiva al Ministerio de Hacienda y al ICETEX para determinar qué está pasando con el giro de la matrícula de miles de estudiantes del país.En desarrollo...
La polémica alrededor de la sanción interpuesta al técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, por presuntamente provocar a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay sigue dando de que hablar, ahora de cuenta de los inspectores de la capital de Antioquia quienes emitieron un comunicado en donde rechazan que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, haya considerado desproporcionada la sanción interpuesta por una inspectora en primera instancia.Hay que recordar que la decisión fue que el técnico mexicano deberá estar ausente de todos los estadios del país por un periodo de 36 meses y, además, le fue impuesta una multa económica 26 millones de pesos. Asimismo, según se ha podido establecer esta decisión está amparada bajo la Ley del Fútbol y es la sanción mínima que se le puede imponer a un protagonista directo de un espectáculo deportivo, en este caso el director técnico de un equipo de fútbol.Pero hay que decir que la cuestionada decisión ha causado reacciones desde varias orillas como en el Concejo de Medellín en donde el actual corporado y expresidente de Atlético Nacional, Juan Carlos De la Cuesta, solicitó que se investigue el accionar de la inspectora que, supuestamente, desconoce situaciones del fútbol."Hablar de tres años de sanción por Dios, ¿eso a quién se le ocurre? Yo sí solicito que a la mesa directiva, todo lo que tiene que ver con la política nacional de la cultura del fútbol, investiguen la actuación de esta persona que está impartiendo esta sanción, que de verdad está en todo despropósito y que aprenda por favor un poco de fútbol", denunció De la Cuesta.Ante esta petición llegaron las voces de rechazo desde los inspectores de Medellín, quienes le expresaron a Blu Radio que la decisión se tomó conforme a la ley tal y como lo aseguró la inspectora Claudia Flores, quien también manifestó que se está satanizando a los funcionarios públicos."No queremos darle ningún tipo de matiz, ni matiz de fútbol ni político. Entonces no vemos bien que se nos este satanizando o indicando que no tomamos decisiones en derecho o que son absurdas nuestras decisiones", afirmó Flores.Por su parte, otra voz de rechazo fue la de la inspectora Ana Vergara, que explicó que en las próximas horas habrá una reunión del colectivo para determinar otras acciones como, por ejemplo, una manifestación en el Centro Administrativo La Alpujarra. "Las decisiones de las autoridades de Policía deben ser respetadas y acatadas por todas las personas, incluidos el alcalde de Medellín. Para ello, las decisiones son susceptibles de los recursos", destacó la inspectora.Sin embargo, no solo la decisión de la inspectora generó polémica, puesto que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su desacuerdo y calificó la sanción como desproporcionada."Lo único que le faltó fue ese charlo de la ciudad, absurdo, claro, pueden haber sanciones, pero una sanción que me digan a mí, que quede expulsado del estadio el técnico de Nacional durante tres años, es una cosa absolutamente desmesurada, desproporcionada y que de nada contribuye a la solución", mencionó el mandatario.Precisamente estas declaraciones del mandatario podrían enredar aún más la situación, ya que según el inspector Carlos Jaramillo, Gutiérrez emitió un prejuicio que le impediría, según la ley, a la alcaldía de Medellín, en este caso a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, dar una sanción en segunda instancia."Eso es un prejuicio y en legalidad, la ley, la ley establece que yo no puedo prejuiciar ante situaciones que a posterior voy a conocer. Eso genera un impedimento o puede ser objeto de una recusación para que nos conozcan de esa segunda instancia", manifestó Jaramillo.En este caso y si en efecto la Administración Distrital queda impedida como aseguran los inspectores, sería el Ministerio del Deporte quien entre a dar una sentencia final en contra del entrenador extranjero.Por último y como pudo conocer Blu Radio, la decisión de que todo el proceso fuera llevado hasta una Inspección de Policía habría sido tomada por el delegado de la alcaldía de Medellín en el Puesto de Mando Unificado del partido en discusión, por lo que los inspectores han evidenciado su sorpresa por las declaraciones de Gutiérrez que eventualmente complicarían mucho más el proceso contra el técnico de Atlético Nacional.
