En la mañana de este martes 4 de junio, el movimiento conocido como “congreso de los pueblos” bloqueó el acceso a las instalaciones del edificio Bancol en el centro de Bogotá, para manifestarse en contra del Ministerio del Interior, alegando un incumplimiento de las promesas y por la arremetida del paramilitarismo en el país.Concretamente, estas personas le piden al Gobierno Nacional que mediante un decreto conforme una mesa nacional de carácter permanente, porque la situación de crisis y emergencia humanitaria por la arremetida del paramilitarismo es de alcance nacional.En total son 6 puntos en el pliego de peticiones, y uno de ellos tiene que ver con que el presidente Gustavo Petro debe pedirle al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que reabra el examen preliminar sobre la situación humanitaria en el país.Estas personas ya instalaron carpas en la carrera 8 con calle 12, en pleno corazón de la capital del país, y aseguran que estarán allí hasta que el Gobierno les preste atención “podrían pasar incluso días”, aseguró uno de los líderes.Pero no solo fue el edificio Bancol en el centro de Bogotá el epicentro de estas manifestaciones, pues a la sede de la Nunciatura Apostólica también ingresaron aparentemente sin autorización un grupo de por lo menos 20 personas, hace presencia en el lugar la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), como medida preventiva si se presentan alteraciones del orden público durante la jornada.Por último, en diálogo con Blu Radio, uno de los líderes de esta manifestación aseguró que ni el Gobierno ni el Ministerio del Interior han prestado atención a estas peticiones.
Venezuela representa un "ejemplo de gran corrupción", afirmó este martes Transparencia Internacional (TI), en cuyo informe anual sobre 2023 este país aparece, por décimo año consecutivo, como el más corrupto de las Américas.Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en el sector público, con una escala desde cero (muy corrupto) hasta 100 (muy baja corrupción), Venezuela obtuvo 13 puntos, cinco menos respecto a 2018, con los que se ubica en el puesto más bajo de la lista de países americanos.Venezuela y Haití fueron percibidas como las naciones más corruptas de las Américas en 2014 y 2015, y a partir de 2016 el país petrolero ha superado al insular.TI señaló que en Venezuela "miles de millones de dólares de dinero público han sido malversados sistemáticamente, beneficiando a unos pocos individuos poderosos y exacerbando la pobreza y la desigualdad".La organización indicó también que, en el país, los "grandes esquemas de corrupción van de la mano con la captura de los sistemas legislativo, regulatorio y judicial por parte de funcionarios de alto nivel para generar poder y evadir el castigo".En esta nación sudamericana, prosigue el escrito, el "pago de sobornos y la cooptación de jueces y fiscales en todos los niveles del sistema de justicia se ha convertido en uno de los principales mecanismos utilizados por las redes delictivas para asegurar la continuidad de sus actividades ilícitas, así como su impunidad"."Algunos jueces y fiscales venezolanos, además de formar parte de estas redes, también están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por su intervención, actuación u omisión en abusos, torturas y otros crímenes de lesa humanidad", aseguró TI.El año pasado, en el mundo, Venezuela y Siria, también con 13 puntos, ocuparon, después de Somalia (11), las "posiciones inferiores en el índice", que clasifica a 180 naciones y territorios.Según el 'Corruptómetro' de la ONG Transparencia Venezuela, elaborado a partir de causas e investigaciones de organismos oficiales dentro y fuera del país, la corrupción ha comprometido, al menos, 64.601 millones de dólares.En marzo del año pasado, las autoridades pusieron en marcha una operación anticorrupción que se paralizó abruptamente dos meses después sin explicaciones por parte de la Fiscalía y el Gobierno, que mantuvieron silencio sobre aspectos clave del proceso, según dijeron expertos a EFE.El exministro de Petróleo Tareck El Aissami, quien renunció a su cargo para colaborar con las investigaciones, fue el pez más gordo que cayó en esta operación, pero desde entonces no se conoce su paradero ni el alcance de su responsabilidad en los hechos.
El presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunieron el pasado jueves 23 de noviembre en La Haya, Países Bajos. En dicho encuentro reafirmaron la decisión de abrir una oficina de la Fiscalía de la CPI en Colombia, en desarrollo del acuerdo de complementariedad positiva firmado entre las dos entidades.El fiscal Khan ratificó la decisión de abrir dicha oficina en Colombia, pues esto permité desarrollar el plan de trabajo firmado entre las partes y profundizar la colaboración entre la JEP y la Fiscal de la CPI.Durante la reunión, sostenida en la sede de la CPI en La Haya, el presidente Vidal solicitó al fiscal Khan su ayuda para que la comunidad internacional siga apoyando “la protección y defensa de la autonomía de la JEP como un tribunal que, en un estado de derecho, su condición de ejercicio es la independencia”.Al finalizar la reunión, el presidente Vidal aseguró: “Hemos encontrado que a través del trabajo permanente y conjunto que venimos realizando (entre la CPI y la JEP) la relación se ha fortalecido, tiene una perspectiva muy importante de apoyo conjunto tanto a la autonomía, como al avance de nuestros casos y el trabajo en el futuro con otras experiencias de justicia transicional”.Vea también
El presidente Gustavo Petro anunció este jueves que "Colombia va a coadyuvar" la denuncia que Argelia interpuso ante la Corte Penal Internacional "por crímenes de guerra contra el señor Benjamín Netanyahu", primer ministro de Israel, en el marco de la guerra con el grupo islamista Hamás."El canciller Álvaro Leyva se reunirá mañana con el fiscal de la Corte Penal Internacional", agregó Petro en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), donde indicó que la denuncia se produce "ante la masacre de niños y civiles del pueblo palestino que ha producido" Netanyahu.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, habló sobre la postura de Colombia en este conflicto y calificó la decisión como acertada.“Israel también está cometiendo crímenes contra los palestinos. Me parece bueno de Colombia que nos hace elegir las víctimas”, dijo.En ese sentido, hizo un llamado y exaltó que los países se apropien de esos conflictos que resultan ser globales, “necesitamos que los países se hagan cargo de los problemas globales. Es importante que Colombia pelee por la ley”.Hace unos días el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, pidió a los defensores de los derechos humanos que lleven a Israel ante la Corte Penal Internacional por los "crímenes que está cometiendo contra los palestinos en Gaza" como única manera de poner fin a la "impunidad" de la que disfruta "la ocupación israelí".El mandatario colombiano ha defendido la causa palestina desde que estalló la guerra hace más de un mes, con habituales mensajes en redes sociales y referencias en sus discursos en los que ha condenado las acciones de Israel, país a quien ha criticado duramente, comparándolo incluso con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, aunque sin condenar aunque se ha rehusado a condenar públicamente el terrorismo de Hamás.De hecho, el pasado 31 de octubre Petro llamó a consultas a la embajadora en Israel, Margarita Manjarrez, por "la masacre del pueblo palestino". Incluso llegó a amenazar con suspender las relaciones con ese país.Escuche aquí la entrevista en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
A través de su cuenta en X, antes Twitter, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia acompañará la denuncia que presentó Argelia contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por el ataque de su país contra la Franja de Gaza tras el atentado de Hamás el pasado 7 de octubre.Para eso, el canciller Álvaro Leyva se reunirá con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en París, en el marco del Foro de París por la Paz que se celebrará el 10 y 11 de noviembre.“La República de Colombia va a coadyuvar la denuncia de la Republica de Argelia interpuesta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra el señor Benjamín Netanyahu ante la masacre de niños y civiles del pueblo palestino que ha producido”, señaló Petro.“El canciller de Colombia se reunirá mañana con el fiscal de la Corte Penal Internacional”, anunció el mandatario. Cabe recordar que el canciller se encuentra en la capital francesa participando en la Conferencia General de la Unesco.Además, el presidente Gustavo Petro anunció el pasado 31 de octubre la decisión de llamar a consultas a la embajadora en Israel, Margarita Eliana Manjarrez, como protesta al ataque de ese país en Gaza tras el atentado de la organización terrorista Hamás el pasado 7 de octubre.“He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá”, anunció el presidente a través de su cuenta en X en esa fecha.El anuncio del mandatario se dio después de que el Ejército israelí bombardeara el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, matando al menos 145 personas.La embajadora Manjarrez regresó a inicio de semanas al país para atender ese llamado a consultas y en la tarde del martes, 7 de noviembre, se reunió con el canciller Álvaro Leyva para evaluar “la situación en la región y las relaciones bilaterales, también para reafirmarle el agradecimiento de este Ministerio por su liderazgo, planeación y ejecución durante esta crisis”, señaló en un comunicado la Cancillería.Le puede interesar:
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) alegó este martes que su investigación a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad está en “fase preliminar” y es “poco razonable que pueda identificar” sospechosos o “establecer el alcance real” del caso, en contra de la posición mantenida por el Gobierno de Caracas.El Gobierno venezolano, que niega la validez legal y sustancial de la petición de reanudar la investigación, trató de convencer a los jueces para que rectifiquen su decisión de permitir a la oficina del fiscal Karim Khan reanudar la investigación.En es sentido defendió que las autoridades nacionales están llevando a cabo sus propios procesos, por lo que “no se respeta el principio de complementariedad”, que debe evitar que se solapen investigaciones.En noviembre de 2021, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación formal tras finalizar un examen preliminar iniciado en base a una remisión hecha en 2018 por Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, que denunciaron crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.El anuncio de esa investigación llegó acompañado de un memorándum de entendimiento con Caracas para impulsar medios y mecanismos que promovieran un proceso nacional.En abril de 2022 Venezuela pidió diferir las investigaciones de Khan a favor de las autoridades nacionales, pero en noviembre Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorización para reanudar esa investigación, porque a su juicio las autoridades venezolanas no estaban haciendo lo suficiente.Tras varios meses de intercambio de réplicas, la Sala autorizó en junio de 2023 reanudar la investigación, al considerar que los “procesos penales internos” no reflejan "suficientemente el alcance” del caso y hay “periodos de inactividad inexplicables”.Venezuela recurrió esa decisión y la CPI celebra este martes y miércoles audiencias para escuchar los argumentos de las partes en este sentido.Defensa de VenezuelaBen Emmerson, consejero para Venezuela, consideró hoy que este caso plantea “cuestiones extremadamente importantes que afectan la implementación práctica del principio de complementariedad” que recoge el sistema del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte, y que da prioridad a la justicia nacional para juzgar a sus nacionales.La “esencia” de la decisión de reanudar la investigación fue que, para “reflejar suficientemente la investigación prevista por el fiscal, Venezuela debe haber investigado o estar investigando los presuntos crímenes que constituyen la base del crimen que el fiscal pretende investigar”, recordó Emmerson.Según el Gobierno venezolano, la notificación para pedir reanudar la investigación, definida en el artículo 18.1 del Estatuto, “no fue válida, ni desde una perspectiva legal, ni sustancial”.“El fiscal no proporcionó información sobre los delitos reales que se propone investigar (…) ni ha identificado a ningún funcionario de alto rango del que sospeche que esté involucrado”, aseguró Emmerson, que subrayó que la fiscalía “mantiene un nivel de generalidad que hace bastante imposible, en sentido práctico, que Venezuela responda”.Según defendió, la notificación “no dio suficiente información detallada” y “solo establece” que miembros de las fuerzas armadas e individuos progubernamentales cometieron crímenes en virtud del Estatuto de Roma, pero “no incluyo datos, ni fechas, ni ubicaciones específicas de los incidentes, ni el número aproximado de las víctimas, el grupo, el colectivo o las personas responsables de estos incidentes”.Desacuerdo de la FiscalíaLa fiscalía mostró su “desacuerdo” con Venezuela y señaló que la notificación “debe ofrecer parámetros específicos suficientes que muestren el alcance de la investigación”, pero “no se requiere, por ley, que se identifiquen los actos criminales”.La notificación, agregó, no “tiene por objeto limitar la investigación del fiscal, ni es un vehículo para que el Estado pueda disputar los presuntos crímenes ocurridos”, solo busca “permitir a los Estados decidir si esa solicitud de aplazamiento o suspensión se puede hacer”.Esta notificación se emite al concluir el examen preliminar y decidir que se cumple el umbral para una investigación, “y hasta este punto, la fiscalía no investiga formalmente”, por lo que sería “poco razonable pretender que la fiscalía, en esa etapa, pueda identificar a los posibles autores o establecer el alcance real de su investigación”.No obstante, defendió, el Gobierno de Venezuela pudo responder a esa notificación y proporcionó “25.000 páginas de material a lo largo del proceso de consulta de tres años”, lo que muestra que “entendió perfectamente el alcance de la investigación prevista y no sufrió ningún perjuicio”.Asimismo, recordó que la sala no pidió a Venezuela “identificar a acusados o tomar medidas contra ellos”, simplemente “observó que, en la mayoría de los casos, los sospechosos no habían sido aún identificados, cuando esto era pertinente” para demostrar que se estaba avanzando en las investigaciones nacionales.Le puede interesar "¿Hay una adicción? ¿El presidente Petro debería hacer claridad al respecto? Debate #MañanasBlu":
La Unión Europea (UE) y Colombia trabajan para crear "una red" destinada a combatir la delincuencia organizada que mueve el narcotráfico, un plan del que hablaron este viernes la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, y el ministro colombiano de Defensa Nacional, Iván Velásquez.En una rueda de prensa tras su reunión en Bruselas, la comisaria europea explicó que la delincuencia organizada es cada vez "más profesional y violenta" y que "casi siempre trabaja entre países y a ambos lados del Atlántico", lo que dificulta que un país aislado pueda combatirla."Hace falta crear redes y eso es lo que intentamos con Colombia", indicó la comisaria, que a principios de año viajó a ese país y a Ecuador para reforzar la cooperación contra el tráfico de drogas.Aseguró que Colombia y la UE tienen una "excelente colaboración", y que comparten una "visión completa de la manera de abordar el problema de las drogas" y recordó que ese país participa en operaciones con la oficina europea de policía Europol.La comisaria se refirió al creciente problema del narcotráfico en Europa, donde los grupos que lo mueven son cada vez más violentos, como se pudo ver en recientes incidentes con niños fallecidos ocurridos en países como Bélgica, Francia o Suecia.Por su parte, el ministro Velásquez valoró la cooperación con la UE e indicó que están tratando de promover la cooperación judicial en el ámbito penal."Son hechos concretos que muestran que estamos en la dirección adecuada", consideró.Se refirió asimismo al esfuerzo que Colombia hace para frenar la llegada de cocaína a Europa, pero pidió que "como nosotros controlamos la oferta, la UE pueda (...) disminuir la demanda. Mientras exista demanda habrá oferta", señaló.Valoró el "diálogo abierto y productivo" con la UE y confió en "seguir construyendo" y en "fortalecer nuestras relaciones", por ejemplo compartiendo informes de inteligencia para mejorar la lucha contra el tráfico de drogas.El ministro colombiano subrayó, por otra parte, la necesidad de "seguir la ruta del dinero como forma de debilitar las organizaciones y poder llegar a la desarticulación de estas estructuras".La reunión celebrada hoy se inscribe en el diálogo de alto nivel en materia de droga entre la UE y Colombia.Le puede interesar:
La Corte Penal Internacional (CPI) informó este martes que detectó una "actividad anómala" en sus sistemas informáticos a fines de la semana pasada y que actualmente está respondiendo a un "incidente de ciberseguridad".El tribunal con sede en La Haya, juzga crímenes de guerra o de lesa humanidad, investiga actualmente denuncias de atrocidades ocurridas durante la guerra en Ucrania.La corte declinó dar más detalles sobre el incidente afirmando que su prioridad es garantizar que pueda continuar con sus labores."A fines de la semana pasada, los servicios de la CPI detectaron una actividad anómala que afectó sus sistemas de información", dijo el tribunal en un comunicado en el que afirmó que se tomaron medidas para responder al "incidente de ciberseguridad" y mitigar su impacto.En los últimos meses este tribunal de la ONU fue objetivo de un intento de infiltración cuando los servicios de inteligencia de los países bajos detectaron a un ciudadano ruso que trató de trabajar en la corte fingiendo ser un practicante brasileño.La CPI investiga actualmente crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania, y en marzo emitió una orden de arresto internacional contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la presunta deportación de niños ucranianos.Le podría interesar:
La Corte Penal Internacional (CPI) ha autorizado este martes al fiscal Karim Khan para que reanude su investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al considerar que los “procesos penales internos” de Caracas “no reflejan suficientemente el alcance” del caso y hay “periodos de inactividad inexplicables”.La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI señaló que el enfoque de las investigaciones internas “parece estar generalmente en perpetradores directos y/o de menor nivel” y consideró que se han “tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable”.Aunque ve que Venezuela está tomando “algunas medidas de investigación", considera que "sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación” total, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual.Comunicado de la Corte Penal Internacional:Hoy, 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (la "CPI" o la "Corte") decidió autorizar al Fiscal de la CPI a reanudar la investigación en relación con la situación en la República Bolivariana de Venezuela I (en adelante “la situación” y “Venezuela”).La Sala, integrada por los Jueces Péter Kovács, presidente, Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera, examinó la solicitud de la Fiscalía, las observaciones de las autoridades venezolanas que participaron activamente con la Corte en este proceso, así como 1.875 opiniones y observaciones transmitidas por la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones. La Sala concluyó que, si bien Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía. La Sala ha llegado a su conclusión sobre la base de las observaciones y el material recibidos. En cuanto a los factores que la Sala consideró determinantes para su conclusión, encontró que Venezuela no parece estar investigando las alegaciones fácticas que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad, y que las investigaciones nacionales en general parecen centrarse en los perpetradores directos y/o de rango inferior. En su consideración de los factores restantes, la Sala señaló que Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que en muchos casos parece haber períodos inexplicables de inactividad investigativa. La Sala también señaló que las investigaciones domésticas no parecen abordar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, refiriéndose en particular a la intención discriminatoria que subyace al presunto crimen de persecución y a la aparente insuficiente investigación de los crímenes de naturaleza sexual.Esta conclusión no impide que Venezuela proporcione material en el futuro para permitir que la Fiscalía o la Sala determinen la inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad. Además, cuando la Fiscalía presente un caso concreto, puede tener lugar una nueva evaluación de admisibilidad. La Sala subrayó que la evaluación del estado de los procesos nacionales es un proceso continuo y requiere un diálogo permanente entre el Estado y la Corte, a fin de asegurar el respeto del principio de complementariedad en relación a las investigaciones y los enjuiciamientos autorizados por la Corte.Decision authorising the resumption of the investigation pursuant to article 18(2) of the StatuteContexto: Venezuela ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000. El 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía recibió una remisión por parte de un grupo de Estados Partes del Estatuto de Roma, a saber, la República Argentina, Canadá, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Paraguay y la República del Perú, en relación con la situación en Venezuela, a partir de 12 de febrero de 2014.El 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía anunció la conclusión de su examen preliminar y la decisión de abrir una investigación.Este anuncio de la Fiscalía estuvo acompañado de un Memorándum de Entendimiento entre Venezuela y la Fiscalía para continuar impulsando medios y mecanismos que apoyen y promuevan un proceso nacional genuino en Venezuela, comprometiéndose a establecer mecanismos para fortalecer la cooperación entre las partes a fin de facilitar el cumplimiento del mandato del Fiscal en el territorio de Venezuela.El 21 de abril de 2022, la Fiscalía notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares que había recibido una solicitud de Venezuela de inhibición de las investigaciones de la Fiscalía en favor de las actuaciones emprendidas por las autoridades nacionales de Venezuela, de conformidad con el artículo 18, párr. 2 del Estatuto de Roma.El 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía presentó un pedido ante la Sala de Cuestiones Preliminares I solicitando autorización para reanudar la investigación en esta situación.
Las principales conclusiones que dejó la visita de la Corte Penal Internacional a Colombia se dieron alrededor de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, donde la CPI conoció los avances de los once macro casos que investiga esa jurisdicción durante el conflicto armado en el país.Además, firmaron un plan de trabajo con la JEP para que la Corte Internacional apoye a corto plazo las investigaciones y el juzgamiento de delitos sexuales y de género. También destacaron la cita con el fiscal Francisco Barbosa, quien les informó sobre las investigaciones que avanzan contra seis generales del Ejército por casos de falsos positivos.Finalmente, reiteraron que seguirán trabajando de la mano con Colombia y destacaron la labor del Canciller, Álvaro Leyva, calificándolo como “un arquitecto fundacional de la JEP”.Hay que recordar que el presidente Petro le había solicitado a la justicia internacional investigar crímenes del conflicto en Colombia, pero el fiscal de la CPI, Kharim Khan descartó esa opción argumentando que el país no es un estado fallido y está en capacidad de garantizar que no haya impunidad.Le puede interesar
Un video en TikTok se ha vuelto viral después de mostrar a una joven preparándose para salir de fiesta con un detalle poco común: dos huevos hervidos en su cartera. La escena fue registrada por su amiga Romina Romero, quien compartió el curioso momento con sus seguidores en la plataforma.“¿Ustedes también tienen una amiga que se lleva huevo duro en la cartera para salir?”, escribió Romero en la publicación, que acumula más de 650 mil reproducciones y ha generado miles de comentarios.En el video, la joven aparece junto a una bebida en la mano, explicando el motivo detrás de su inusual práctica. “Me estoy haciendo dos huevos duros para tener en la cartera porque una nunca sabe a dónde se queda a dormir. Hay que desayunar proteína, a mí no me puede faltar el huevo a la mañana”, afirmó.La reacción de Romina fue inmediata y llena de incredulidad: “Nos vamos a la Bresh”, comentó, refiriéndose a la popular fiesta. Sin embargo, su amiga defendió con firmeza su decisión, rematando con la frase: “¡Que falte todo menos el huevo!”.Antes de salir, la joven mostró el interior de su cartera, donde junto a las llaves, la billetera y un paquete de chicles, además de los dos huevos duros.La descripción del video: “Que nadie te diga que no podés llevar huevos en la cartera”, refleja el espíritu desenfadado de la publicación, que ha sido compartida cientos de veces.Aquí el videoLos comentarios en TikTok no se hicieron esperar y reflejan una mezcla de asombro, humor y escepticismo. Algunos usuarios expresaron preocupación por temas prácticos como el olor o la falta de refrigeración: “El olor, la cadena de frío 💀”, “Dios amiga, te entiendo tanto jajajajaj literalmente yo”, “Te cuido a vos, me cuido a mí”.
El director de relaciones públicas de la firma Sacyr, Carlos Rosado, asegura que el megaproyecto del Canal del Dique va "bien" y que en estos momentos se encuentran "adelantando el estudio de impacto ambiental que el Gobierno ha querido".Tras las advertencias de la Contraloría sobre la posibilidad de que se termine el contrato de manera anticipada, Rosado aseguró que "esta situación es un riesgo para el Gobierno, porque se perdería la inversión, pero consideró que, a la larga, estas "son alertas válidas para que el contrato finalmente se cumpla y se ejecute", pues ellos están a total disposición.Aclaró que no ha habido "ninguna" discrepancia con el Gobierno Nacional y que este solo tomó una decisión de solicitar la licencia ambiental, les entregó los términos de referencia y ellos los consideraron "adecuados para lo que se necesita a hacer"."Estamos a total disposición siempre de lo que se ha querido hacer. Así que estamos comenzando este estudio y esperamos entregarlo en 14 meses, que es el plazo que nos hemos establecido con el Gobierno y así cumplir con el cronograma".Rosado dejó claro que la firma "sigue ejecutando y el dragado no se ha parado", pues "esta actividad es la más importante en este momento para mantener la navegabilidad" y en paralelo se desarrollarán el estudio de impacto ambiental".
Una fuerte crítica al cese al fuego y a la apuesta de paz total hizo el gobernador Andrés Julián Rendón, por lo sucedido en la vereda La Plancha, en zona rural de este municipio del nordeste de Antioquia, donde miembros del los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN habrían atacado una unidad militar en el antiguo espacio territorial.El mandatario calificó como desalmado este ataque y señaló que el ELN delinque en esa zona del departamento en connivencia con el Estado Mayor Central de las Farc “la paradoja, quienes pretenden estar negociando con el gobierno, atacando a firmantes de paz que han negociado y han honrado la palabra con el gobierno nacional en otros contextos”, dijo.Aunque ya son cinco los muertos en medio de esta ofensiva con explosivos, el Ejército confirmó las identidades de cuatro de ellos, que son el suboficial Freddys Robles y los tres soldados identificados como Fabián Rengifo, Iván Reina y Carlos Ramos. Además, cuatro soldados y un civil también resultaron heridos en esta acción criminal y fueron trasladados a Medellín.Para el gobernador Rendón, una vez más se demuestra que “no tienen voluntad de paz”.“Yo no sé cuántas cosas más tienen que acontecer en Antioquia, en el resto del país para que el gobierno comprenda que la mal llamada paz total es un fracaso y que lo único que se necesita para imponer la paz es soltarle las manos a la fuerza pública, dotarla, equiparla bien, liderarla para que produzcan resultados contundentes en contra del crimen cualquier bandido de cualquier pelambre y en favor de la protección de los antioqueños y de los colombianos”, agregó.Los enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN en zona rural de Anorí ya completa dos semanas, dejando una grave crisis humanitaria, pues al menos 150 familias han salido desplazadas de veredas como Tenche y Los Trozos y 78 niños están desescolarizados.
Un gigantesco cráter se abrió este mediodía en la calzada Bogotá-Girardot, a la altura del sector San Raimundo. El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 de la tarde del jueves, en una zona donde actualmente se desarrollan obras de manejo de aguas y ampliación a un tercer carril.La falla en la estructura del pavimento se produjo debido a una caída en la banca, posiblemente relacionada con las intervenciones en curso. Entregarán en diciembre 21 kilómetros del tercer carril en la vía Bogotá El presidente de la ANI, Francisco Ospina Ramírez, informó que a lo largo del 2024 se han logrado avances importante, pasando de un 44,4 % de ejecución al inicio del año a un 65,1 % en la actualidad. Antes de que finalice el año, se entregará un tramo clave: 21 kilómetros de tercer carril, que comprenden importantes obras como:El puente vehicular del Boquerón.13 kilómetros de tercer carril en el sector de Chinauta.La conexión desde la salida del túnel Sumapaz hasta la intersección Jaibaná en Fusagasugá.Estructura del proyectoEl proyecto está dividido en ocho unidades funcionales, con intervenciones estratégicas a lo largo del corredor Bogotá-Girardot. Hasta la fecha, se han entregado cuatro tramos que benefician directamente a los usuarios de los municipios de:Soacha y Sibaté: Ampliación de calzadas para reducir congestión.Silvania y Fusagasugá: Mejora de accesos y fluidez en tramos críticos.Melgar, Ricaurte y Girardot: Incremento en la capacidad vial, facilitando el acceso turístico y comercial.
La reciente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha despertado inquietudes en América Latina, especialmente en los contextos políticos de Colombia y Venezuela. Las preguntas giran en torno a cómo el nuevo Gobierno estadounidense, liderado por Trump y con figuras como Marco Rubio en posiciones clave, podría afectar las dinámicas políticas en la región.Por ejemplo, emergen interrogantes sobre una posible negociación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la administración Trump, tras la revelación de que delegados del régimen venezolano se han reunido con personas cercanas al presidente.¿Qué puede esperar Latinoamérica ahora?En diálogo con Mañana Blu con Camila Zuluaga, el director para la veeduría de defensa de WOLA, Adam Isacson, apuntó a que dentro de la Casa Blanca existirán divisiones notables. Por un lado, algunos miembros del gabinete priorizan la migración y la deportación de venezolanos, mientras que, por otro, Rubio se sienta a la mesa con una agenda que busca seguir presionando al régimen de Maduro."Es imposible saber todavía, pero hay una fuerte probabilidad de que entre este Gobierno en frente de Trump va a haber una división interna bastante aguda. Es que, digamos, en la Casa Blanca los oficiales que ya han nombrado son quienes priorizan mucho el tema de la migración, que quieren excluir a los migrantes. Y hay como 600.000 migrantes venezolanos que han entrado a Estados Unidos durante los últimos tres o cuatro años y quieren devolverlos también. Esos mismos de la Casa Blanca son obsesionados con la inmigración y también obsesionados con acceso al petróleo", indicó.Esto, añadió, podría generar una brecha significativa en las estrategias adoptadas. En ese sentido, habló también de Colombia, pues la administración de Gustavo Petro podría enfrentar “retos” con el nuevo Gobierno de EEUU.Un enfoque más duro en las sanciones hacia Venezuela podría implicar mayores flujos migratorios hacia Colombia, poniendo presión al Gobierno Petro, según dijo Isacson."Para Colombia van a haber, especialmente para el Gobierno de Petro, varios retos; más retos que ventajas. Sobre el tema de Venezuela no sé exactamente cómo entrar, porque lo que están pensando la gente como Rubio es endurecer sanciones a cosas que tal vez resultarían en más sufrimiento dentro de Venezuela y más migrantes saliendo de Venezuela entrando a Colombia. Eso sí es un reto, pero veo retos más grandes en el tema de inmigración y drogas", sostuvo.En este sentido, mencionó que la estabilidad de la política colombiana está en jaque, ya que el péndulo político podría inclinarse hacia la derecha en respuesta al ascenso de Trump, afectando la popularidad del actual Gobierno de izquierda.Explicó que la tendencia de construir un bloque de derecha en América Latina puede intensificarse con la influencia de Trump y sus aliados.
