En el vasto y remoto mar Caribe, a 240 millas náuticas al noroeste de San Andrés, se encuentra un territorio colombiano casi desconocido para la mayoría: la isla Serranilla, también conocida como cayo Serrana. Dónde queda la isla Serranilla o cayo SerranaEste pequeño, pero estratégico territorio, que forma parte del departamento del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es uno de los lugares más aislados del país, tanto en términos geográficos como de acceso.Es un antiguo atolón que se extiende aproximadamente 40 kilómetros de largo y 32 kilómetros de ancho, abarcando un área de 1.200 kilómetros cuadrados, mayoritariamente cubierta por agua. Entre sus aguas cristalinas, emergen varios cayos que forman las islas del banco, entre ellas West Breaker, cayo Medio, cayo Este y cayo Beacon, este último es la isleta más grande y alberga instalaciones militares, vestigios de la crisis de los misiles de Cuba en 1962, y una pequeña guarnición de infantes de marina de la Armada Nacional de Colombia, quienes tienen la misión de ejercer soberanía y proteger la reserva biosfera que rodea la isla.¿Por qué solo puede ir la Armada? La vida en Serranilla es una experiencia única, reservada únicamente para aquellos que forman parte de la Armada Nacional. Según el sargento segundo Campo, quien contó hace un par de años ser uno de los pocos residentes permanentes en esta remota isla, el viaje para llegar a Serranilla es una travesía que dura 24 horas a bordo de una unidad de la Armada. Una vez allí, los infantes de marina se dedican no solo a la protección del territorio, sino también a la conservación del medioambiente, especialmente en lo que respecta a la preservación de especies como las tortugas marinas. Las tortugas marinas llegan a Serranilla para desovar, y es responsabilidad de los marinos garantizar que sus crías nazcan y sean liberadas de manera segura.La isla Serranilla, con su vegetación dispersa de arbustos y algunos árboles, su faro de 33 metros de altura que opera desde 1977 y sus aguas repletas de vida marina, es un ejemplo de la rica y diversa geografía de Colombia. Sin embargo, su historia también está marcada por disputas internacionales. En 2012, la Corte Internacional de Justicia de La Haya reafirmó la soberanía de Colombia sobre Serranilla, rechazando los reclamos de Nicaragua sobre el territorio.HistoriaEl banco de Serranilla, conocido inicialmente como "Placer de la Serranilla", apareció por primera vez en cartas náuticas españolas en 1510 y fue mencionado por Louis-Michel Aury tras naufragar allí en 1820. A lo largo de los siglos, la soberanía sobre este territorio ha sido objeto de diversos reclamos y acuerdos internacionales. Estados Unidos, por ejemplo, lo reclamó en 1879 bajo la Ley de Islas Guaneras, aunque más tarde no hizo ningún reconocimiento expreso sobre la soberanía de Colombia ni reiteró sus reclamos.En 1993, Colombia y Jamaica firmaron el Tratado Sanín-Robertson, que reafirmó la soberanía colombiana sobre los cayos del Banco Serranilla y estableció un área de régimen conjunto para la administración de recursos más allá de las 12 millas náuticas. Además, aunque Honduras mencionó en su constitución de 1982 la soberanía sobre Serranilla, el tratado Ramírez-López de 1986 con Colombia fijó una frontera que excluyó a Honduras de cualquier reclamo sobre este territorio.La disputa más notable ha sido con Nicaragua, que en 1980 declaró nulo el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, alegando que fue firmado bajo ocupación militar estadounidense. Este conflicto culminó en una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en 2012 concedió aguas jurisdiccionales a Nicaragua, pero reafirmó la soberanía de Colombia sobre Serranilla y otros cayos del archipiélago.Finalmente, a pesar de las múltiples disputas y reclamos a lo largo de los años, Serranilla sigue siendo un territorio colombiano reconocido internacionalmente, aunque su acceso permanece restringido, siendo resguardado y administrado por la Armada Nacional.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció este jueves que España "va a intervenir en el procedimiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), iniciado por Sudáfrica, ante la situación de Gaza".Albares explicó que España toma esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza y la "enorme preocupación" que suscita la extensión regional del conflicto."Es un paso que llevamos valorando muchas semanas, que ya han dado otros países y otros han anunciado que van a dar. Nuestro objetivo es doble: que la paz regrese a Gaza y Oriente Medio, y por compromiso con el derecho internacional, dijo.España se suma así a México, Colombia, Nicaragua y Libia, países que ya han apoyado el proceso por genocidio iniciado por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el pasado 1 de junio que su país se sumará también a la denuncia y exigió de nuevo "una firme respuesta de la comunidad internacional" frente a la masacre en Palestina.El anuncio del ministro español de Exteriores llega días después del reconocimiento oficial de Palestina como Estado por parte de España, Noruega e Irlanda.
Este miércoles se realizó una audiencia en la Corte Internacional de Justicia sobre la ocupación israelí de territorios palestinos. Uno de los países que tuvo participación fue Colombia.La intervención de Colombia duró 21 minutos. Inició a las 4:05 a.m. y finalizó a las 4:26 a.m. (10:05 a.m. a las 10:26 a.m hora de Países Bajos). La intervención oral fue pronunciada por la coordinadora del Grupo de Asuntos ante la Corte Internacional de Justicia de la Cancillería, Andrea Jiménez Herrera, quien estuvo acompañada por la embajadora de Colombia en los Países Bajos, Carolina Olarte Bácares.La intervención se centró en las consecuencias legales de la ocupación israelí en Palestina y en las consecuencias humanitarias que esto ha dejado para la población. Colombia le pidió a la corte que se pronuncie para la protección de los palestinos.Vea aquí la transmisión: https://webtv.un.org/en/asset/k1g/k1ggyabo49Si bien se mencionó la guerra, es importante tener en cuenta que estas intervenciones no son propiamente por la reciente escalada de este conflicto. Las sesiones de esta semana fueron solicitadas por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2022.En pocas palabras, se está pidiendo a los jueces que revisen una serie de políticas prolongadas de Israel y la legalidad de la continua ocupación israelí.Este proceso, además, es independiente de la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia el pasado 29 de diciembre de 2023, relativa a la violación de disposiciones de la Convención sobre el Genocidio de 1948, por parte de ese país.
El Gobierno de Sudáfrica advirtió de que “sin un alto el fuego, ninguna de las medidas exigidas” este viernes por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a Israel podrían “llevarse a cabo” y consideró que un cese de las hostilidades en la Franja de Gaza es “imprescindible” para que el Estado israelí cumpla las órdenes del tribunal.La ministra de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, Naledi Pandor, alertó, en declaraciones a la prensa delante del tribunal, de que “si leemos la decisión (de la CIJ) por implicación, un alto el fuego es imprescindible” y se preguntó “cómo transportas ayuda humanitaria y garantizas que las personas heridas reciban cuidados sanitarios sin un alto el fuego. Sin un alto el fuego, ninguna de estas cosas podría llevarse a cabo”.“Me hubiera gustado una orden de alto el fuego. Aunque de ninguna manera voy a decir que estoy decepcionada. El hecho de pedir el acceso de la ayuda humanitaria y exigir medidas que reduzcan el nivel del daño causado a personas que no tienen nada que ver con lo que Israel está combatiendo, para mí requiere ya un alto el fuego”, añadió Pandor.La ministra consideró, no obstante, que la emisión de algunas de las nueve medidas cautelares que había solicitado Sudáfrica es una “victoria decisiva”.En esta fase del procedimiento, la CIJ solo ha decidido sobre la necesidad de medidas provisionales y todavía no ha entrado en el fondo del caso sobre la violación o no por parte de Israel de la Convención sobre el Genocidio.El máximo tribunal de la ONU exigió hoy a Israel “tomar todas las medidas en su poder para prevenir la comisión de un genocidio” en Gaza y “adoptar medidas inmediatas y efectivas” para permitir el acceso de asistencia humanitaria para los civiles palestinos en la Franja, pero evitó pedir un “alto el fuego”, la primera medida cautelar solicitada por Sudáfrica.Además, la CIJ consideró que Israel “debe tomar todas las medidas en su poder para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer un genocidio” de los civiles palestinos en Gaza.Las decisiones de este tribunal son legalmente vinculantes para Israel, aunque la CIJ tiene pocos medios para hacerlas cumplir.No obstante, los jueces también indicaron, como parte de las medidas cautelares, que Israel debe evitar la destrucción y asegurar la preservación de pruebas relacionada con este caso, y entregar un informe en un plazo de un mes sobre “todas las medidas tomadas”.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU exigió este viernes a Israel “adoptar medidas inmediatas y efectivas” para permitir el acceso de la asistencia humanitaria a Gaza y "castigar" cualquier incitación al genocidio contra los civiles palestinos, aunque no instó a un alto el fuego en la Franja.En una sesión para anunciar medidas provisionales como parte de un caso iniciado por Sudáfrica para frenar la grave situación humanitaria en la Franja de Gaza, la CIJ también pidió a Israel “asegurarse con efecto inmediato de que sus militares no cometan ningún acto” prohibido por la Convención sobre el Genocidio.Puntos claves: 1. Israel debe tomar todas las medidas para impedir la comisión de todos los actos en el ámbito del Art.II de Convención sobre el Genocidio (es decir, todos los actos de genocidio).2. Israel debe tomar todas las medidas para impedir y castigar la incitación de genocidio.3. Israel debe garantizar la ayuda humanitaria a los palestinos de Gaza.4. Israel debe preservar las pruebas de las violaciones de la Convención sobre el Genocidio.5. Israel debe informar a la CIJ sobre su cumplimiento de las medidas provisionales y presentar un informe al Tribunal en un mes.6. Exige liberar a todos los rehenes.7. Esto no quiere decir que Israel está cometiendo genocidio.8. La CIJ no ha ordenado a Israel que ponga fin a su ofensiva en Gaza, pero exigió que haga todo lo que esté a su alcance para evitar actos de genocidio.Sudáfrica presentó en diciembre un recurso de emergencia ante la CIJ, argumentando que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios, firmada en 1948, después del Holocausto.Durante las audiencias, Adila Hassim, una de las abogadas de Sudáfrica, declaró que "los genocidios nunca se declaran con antelación, pero este tribunal cuenta con las últimas 13 semanas de pruebas" que justifican "una acusación verosímil de actos genocidas".El caso provocó reacciones vehementes en Israel. "Es el mundo al revés", afirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu. "Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal", declaró el 14 de enero."Si hay actos que pueden calificarse de genocidas, estos se perpetraron contra Israel", afirmó en las audiencias el abogado israelí Tal Becker.
Zane Dangor, director general del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación del Gobierno de Sudáfrica, se refirió, en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, a la demanda de ese país a Israel por crímenes de guerra y genocidio ante la Corte Internacional de La Haya.Esa acusación de Sudáfrica a Israel, recordemos, se produjo el pasado 29 de diciembre ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y luego de que el país africano pidiera, en repetidas ocasiones, un alto al fuego.“Este va a ser un largo caso en la corte, decidir si es genocidio o no tomará mucho tiempo. Pero una orden podría cesar el asesinato de civiles”, explicó Dangor sobre la acusación de su país.Israel, por su parte, respondió este jueves que considera asombroso el pedido de Sudáfrica, pues afirman que un eventual cese al fuego permitiría a Hamás continuar con sus ataques.“Israel ha matado como mínimo a 23.000 personas, en su mayoría inocentes, haciendo ataques contra infraestructuras civiles. Nada justifica los ataques del 7 de octubre, pero tampoco el genocidio”, argumentó ante esa respuesta el representante sudafricano.En ese sentido, Tal Becker, asesor jurídico de la Cancillería de Israel, afirmó que Israel es consciente de por qué se adoptó la convención contra el genocidio, y que dado lo sucedido en el Holocausto, no sorprende que Israel haya sido de los primeros países en ratificar esta convención.Becker también resaltó que sus ataques son la respuesta al 7 de octubre, el mayor asesinato de judíos en un solo día desde el Holocausto, y recordó lo que pasó en esta fecha.“El crimen del genocidio gira en torno a una intensión y basaron su defensa en los ataques del 7 de octubre, no en lo que ha venido pasando en los días posteriores”, aseguró Dangor en ese sentido.Además, uno de los abogados de Israel, Malcolm Shaw, insistió en que las acciones de su Ejército son una respuesta al sorpresivo ataque de Hamás y que Sudáfrica, con la demanda, busca frustrar el derecho de Israel a defenderse.Finalmente, cuestionado sobre por qué Sudáfrica no ha tomado la misma posición respecto al conflicto que se presenta entre Rusia y Ucrania, Dangor señaló que no están de acuerdo con el uso de la fuerza para invadir Ucrania pero entienden la preocupación de Rusia sobre la expansión de la OTAN y calificó el conflicto “de un país contra otro país” a diferencia de lo que sucede en Franja de Gaza, donde “usan de manera indiscriminada la fuerza contra los civiles”.
En la audiencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda de Sudáfrica contra Israel por presuntos actos de genocidio, el abogado del Estado israelí, Tal Berek, mencionó a Colombia entre los 41 países que reconocen a Hamás como organización terrorista.Berak hizo este señalamiento para reforzar el argumento de Israel de que la operación militar en Gaza en mayo de 2021 fue una respuesta legítima a los ataques de Hamás, que es considerado un grupo terrorista por la mayoría de los países del mundo, incluido Colombia."El resultado absurdo del argumento de Sudáfrica dice que, bajo el pretexto de la acusación de genocidio contra Israel, se le pide a este tribunal que ponga fin a las operaciones contra los ataques en curso de una organización que persigue una agenda genocida real", dijo Barak.El Gobierno colombiano ha calificado a Hamás como un grupo terrorista desde 2002. En 2022, el presidente Iván Duque se sumó a las críticas internacionales contra Israel por los ataques en Gaza, que causaron la muerte de más de 250 palestinos, incluidos muchos niños.La mención de Colombia por parte de Israel en la CIJ ha sido interpretada por algunos analistas como una forma de poner en evidencia la contradicción del actual Gobierno colombiano, que por un lado reconoce a Hamás como terrorista, pero por otro lado acusa a Israel de genocidio.La audiencia de la CIJ sobre la demanda de Sudáfrica contra Israel continuará el próximo 19 de enero.Israel acusa a Sudáfrica de presentar una “imagen fáctica y jurídica distorsionada” a CIJ.Israel acusó este viernes a Sudáfrica de presentar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una “imagen fáctica y jurídica profundamente distorsionada” de la realidad de su guerra en Gaza, que definió como una respuesta “al mayor asesinato en masa calculado de judíos en un día desde el Holocausto”, el ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre.Durante una audiencia este viernes en la CIJ, el agente de Israel aseguró que la “totalidad” del caso presentado por Sudáfrica “depende de una descripción manipuladora, descontextualizada y deliberadamente recopilada de la realidad de las hostilidades actuales” contra Gaza, donde la ofensiva israelí se ha cobrado ya la vida de más de 23.300 civiles.Becker advirtió de que “si ha habido actos que pueden calificarse de genocidas, entonces han sido perpetrados contra Israel”, una afirmación que llegó acompañada de fotografías de los 200 rehenes tomados por Hamás, así como de imágenes del ataque, definido como “el mayor asesinato en masa calculada en un solo día desde el Holocausto”.Los abogados que representan a Israel tienen el turno de la palabra para exponer todos sus argumentos contra los crímenes enumerados ayer por Pretoria, que acusó a Israel de violar la Convención contra el Genocidio, de 1948, con su guerra en Gaza.“Esta Convención se hizo para abordar un crimen malévolo de la gravedad más excepcional. Vivimos en una época donde las palabras son baratas. En una era de redes sociales y políticas de identidad. La tentación de plantear el término más escandaloso para vilipendiar y demonizar se ha vuelto irresistible para muchos. Pero si hay un lugar donde las palabras aún deben importar, donde la verdad aún debería importar, es sin duda en un tribunal de justicia”, explicó Becker.
Sudáfrica acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya de incumplir la Convención para la Prevención de Genocidios, afirmando que ni siquiera la masacre de Hamás del 7 de octubre justifica el alcance de la respuesta israelí en la Franja de Gaza.El Gobierno colombiano anunció a través de un comunicado que acompañará y respaldará la demanda pues es “un valiente paso en la dirección correcta”.Para hablar sobre las consecuencias que puede tener la acusación de Sudáfrica a Israel se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga; Raúl Eduardo Sánchez, profesor de Derecho de la Universidad del Rosario, experto en Derecho Penal Internacional y en sistemas internacionales de justicia penal.“Sudáfrica lo que ha hecho es presentar, en primer lugar, una demanda en la cual ha solicitado unas medidas cautelares que significa que no se va a esperar una decisión o una sentencia fina, sino que lo que se dices es: ‘Desde ya tome una serie de medidas que eviten, justamente lo que está pasando’. Entonces, básicamente, el Estado de Sudáfrica puede solicitar dentro de esas medidas cautelares varias cosas, primero, que cesen los actos de guerra; según puede pedir que se permita el paso de medicinas con la finalidad de que se tenga una ayuda humanitaria”, señaló.Según el, experto, por lo que se ha evidenciado en los diferentes reportes de prensa nacional e internacional, los funcionarios del Estado de Israel han cometido tres delitos en contra del pueblo paletino; “en primer lugar el genocidio; en segundo lugar, crímenes de lesa humanidad y tercer lugar, crímenes de guerra”.“El Estado de Israel presentará sus argumentos jurídicos, en primer lugar puede atacar la legitimidad del demandante, Sudáfrica, pero insisto, ya hay ejemplos jurisprudenciales al interior de la corte de justicia que da legitimidad a terceros estados para que presenten sus demandas (...) Sin embargo, serán los jueces los encargados de tomar una decisión como terceros imparciales y objetivos”, expresó.Por otro lado, Sánchez indicó que el Derecho Internacional Humanitario establece quienes son los objetivos militares legítimos, que en este caso de la guerra son los funcionarios, los combatientes y los insurgentes, es decir todos los que tomen parte activa y de forma directa las hostilidades. Al mismo tiempo, señala que la población civil no puede ser un objetivo.Por su parte, el Estado de Colombia indicó a través de un comunicado que apoyará la demanda.“Básicamente lo que se puede hacer es algún tipo de acumulación de demandas o puede presentar sus propias demandas o puede prestar apoyo jurídico, internacional en este caso”, agregó.Vea la entrevista completa:
El equipo legal de Sudáfrica comenzará este jueves a exponer sus argumentos legales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, para exigir medidas cautelares urgentes contra Israel, a la que acusa de tener “una intención genocida” en su guerra en Gaza y exige poner fin a los bombardeos sobre la Franja.El equipo de expertos jurídicos y académicos nombrados por Pretoria está encabezado por John Dugard, el profesor de Derecho Internacional sudafricano y exrelator de la ONU sobre los Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado. Sudáfrica tiene el turno de la palabra desde las 10:00 de la mañana, hora neerlandesa, y hasta la 1:00 de la tarde.“Los actos y omisiones de Israel son de carácter genocida porque tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino: la parte del grupo palestino en la Franja de Gaza”, acusó Sudáfrica cuando inició este procedimiento contra Israel el pasado 29 de diciembre.El caso se centra en la violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948 y en vigor en 152 países. “Israel ha participado, está participando y corre el riesgo de seguir participando en actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza”, advirtió Sudáfrica.Estas audiencias no entrarán aún en el fondo del caso, y solo se centrarán en la necesidad de las medidas cautelares para “proteger los derechos del pueblo palestino contra daños mayores, graves e irreparables” durante la ofensiva en Gaza.Entre las medidas solicitadas, Sudáfrica exigió que Israel suspenda inmediatamente sus operaciones militares en Gaza, y prevenga la destrucción y garantice la preservación de cualquier evidencia relacionada con el caso.El abogado británico Malcolm Shaw, destacado experto en disputas territorios y derecho de genocidio, es uno de los cuatro abogados elegidos por Tel Aviv para representar la posición israelí en las audiencias. Israel tiene reservadas tres horas mañana viernes ante la CIJ.La CIJ tiene 15 jueces elegidos por la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU. El estatuto de la CIJ también da derecho a los países involucrados en un caso a designar a un magistrado 'ad hoc' de su nacionalidad, si no hay uno ya en el panel de jueces. Sudáfrica e Israel nombraron a un juez adicional cada uno."El caso de genocidio de Sudáfrica abre un proceso legal en el tribunal más alto del mundo para examinar de manera creíble la conducta de Israel en Gaza con la esperanza de reducir más sufrimiento", señaló Balkees Jarrah, director asociado de la ONG Human Rights Watch.Desde el ataque del grupo islamista Hamás a Israel el pasado 7 de octubre, que se saldó con 1.200 muertos, el Ejército israelí lleva a cabo una fuerte ofensiva sobre Gaza que ha dejado devastado el enclave, con más de 23.300 palestinos muertos, más de 60.000 heridos, y 1,9 millones de desplazados en un territorio habitado por 2,3 millones de personas.
El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, se reunirá esta semana en París con el agente de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Carlos Argüello, para iniciar las conversaciones sobre la aplicación de las sentencias dictadas por ese tribunal respecto del litigio marítimo entre los dos países, informó este lunes su despacho.El encuentro tiene "el propósito de iniciar un trabajo armonioso relacionado con fallos de la Corte Internacional de Justicia y avanzar en los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a los mismos", señaló la Cancillería colombiana en un comunicado.Según la información, el canciller Leyva sostuvo una conversación telefónica "con el veterano y prestigioso agente nicaragüense Argüello" durante la visita que hizo la semana pasada a Washington, donde acompañó al presidente Gustavo Petro, a la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), convocada por la Casa Blanca."Acordaron encontrarse (Leyva y Argüello) en París, donde el ministro de Relaciones Exteriores Leyva Durán asistirá al Foro para la Paz y a la Conferencia General de la Unesco", agregó la Cancillería.El pasado 21 de octubre la Cancillería informó que en una reunión para tratar "temas de interés bilateral" los Gobiernos de Colombia y Nicaragua plantearon "la urgencia de avanzar en las conversaciones que aseguren el cumplimiento de las recientes sentencias proferidas por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", con sede en La Haya.En julio pasado, Colombia celebró el fallo de la CIJ que impide a Nicaragua extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con el país andino, una decisión que cerró un litigio de décadas.El tribunal internacional rechazó que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina esté dentro de los límites de la frontera marítima de Nicaragua y confirmó los límites que fijó en noviembre de 2012, cuando otorgó la soberanía de esas islas a Colombia pero le obligó a ceder casi 75.000 kilómetros cuadrados del mar Caribe al país centroamericano.En ese entonces, el canciller Leyva consideró que se logró "mantener intacta la soberanía ante un país vecino y se abren las puertas para defender las cuencas del Caribe", algo que "debe convocar la unidad nacional dejando de lado las inútiles confrontaciones". Le puede interesar:
Fue recapturado en Portugal Diego Marín, alias ‘Pitufo’, el conocido “zar del contrabando”. Este hombre, según confirmaron fuentes de la Policía, pretendía escapar; sin embargo, fue capturado en las últimas horas. Ahora este hombre deberá ir a España, donde se reiniciará su proceso de extradición a Colombia.Alias ‘Pitufo’ hace parte, de acuerdo con las autoridades, de un sistema criminal trasnacional, dedicado al contrabando y es señalado, incluso, de sobornar a fiscales de en el Valle del Cauca. Además, es el líder de una organización dedicada al lavado de activos del narcotráfico, utilizando el contrabando de ropa. Por esto, el presidente Gustavo Petro lo catalogó como el “zar del contrabando”.La recaptura en Portugal de Marín se dio luego de un trabajo articulado entre las autoridades colombianas y españolas, quienes siguieron de cerca a alias ‘Pitufo’ para finalmente dar con su paradero. Según confirmaron fuentes de la Policía, ya hubo una comunicación entre Colombia y España para confirmar la captura de este hombre.El pasado mes de abril fue el mismo presidente Petro el que anunció la captura en España de alias ‘Pitufo’; sin embargo, en poco tiempo fue dejado en libertad por la justicia de ese país, algo que el primer mandatario calificó como “muy lamentable”, ya que existe un tratado de extradición entre los dos países.
Los hechos que fueron noticia en Colombia y el mundo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 3 de diciembre de 2024:Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, habló sobre la aprobación al Sistema General de Participaciones. Hoy con este modelo centralista no hemos logrado cerrar las brechas en educación o agua potableLa representante Katherine Miranda, explicó por qué votó No a la reforma al Sistema General de Participaciones.Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se refirió al explosivo lanzado en centro comercial de la ciudad y las medidas que debió tomar la Policía para mitigar la situación. Se debatió sobre la propuesta de Germán Vargas Lleras para postular un candidato único para las elecciones del 2026. Se habló de la renuncia de la secretaria de Educación de Santander, María Paola Suárez, para participar en el empalme de Gregorio Eljach en la Procuraduría General de la Nación. Escuche el programa completo aquí:
Tradicionalmente, el salario mínimo se fija con inflación más productividad. Si esa ecuación se respeta para el 2025, el salario tendría que subir cerca de 7 % como mínimo porque la inflación estará por encima del 5 % al finalizar el año y, aunque no hay acuerdo sobre la cifra de productividad, el Dane presentó cuatro mediciones por encima del 1.7 %.En pesos, un incremento del 6.8 % equivale a unos 99.400 pesos (incluyendo el subsidio de transporte)."Estamos convocados para estudiarlas de 8 a 10 a.m con una profundización de las variables que nos entregará el Dane y ya allí cada una de las partes, tanto la empresarial como la parte de centrales, entregarán su propuesta y nosotros miraremos si se puede llevar concertada, recomendamos o simplemente presentamos todo el panorama", explicó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.Este miércoles 4 de diciembre se reúnen de nuevo empresarios y trabajadores buscando un acuerdo sobre ese punto de la negociación. Un momento en el que las centrales obreras estána la espera con optimismo."Yo creo que aquí los primeros derrotados son Ricardo Bonilla, que no sé de dónde sacó esos datos, y Bedoya, de la SAC, que dijo que ese era el techo de la negociación. El que decía Bonilla, nos satisface y estamos claramente sorprendidos con el desarrollo, con el que empieza la subcomisión de productividad en la Comisión Nacional de Concertación", dijo el presidente de la CUT, Fabio Arias.Arias insiste que las centrales reclamarán una deuda histórica de los trabajadores a raíz de las mediciones de productividadPor su parte, el presidente de Acopi, Rodolfo Correa, lamentó que al inicio de las negociaciones se esté usando un lenguaje de "los derrotados". Horas antes, Correa había propuesto un aumento salarial del 2.5 % (la mitad de la inflación).En Colombia, 10.1 millones de personas, el 45.2 % de los trabajadores del país, se están ganando menos de un salario mínimo y apenas 3.3 millones de personas se ganan exactamente el mínimo.El Gobierno debe firmar el decreto de incremento como máximo el 30 de diciembre.
El presidente Gustavo Petro volvió a defender al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegurando que las acusaciones en su contra por presuntamente direccionar contratos son injustas. El mandatario escribió en su cuenta de X:“Conozco al profesor Ricardo Bonilla y lo respeto muchísimo, por su profundidad intelectual como economista de verdad, comprometido con las necesidades de su pueblo. A veces lo intelectual se separa del pueblo, te hace veleidoso, te genera una especie de aristocracia falsa que te lleva a servir con ideas, también falsas, a los enemigos brutales de la gente”.Petro también se refirió a los cupos indicativos, argumentando que no son un invento reciente, sino parte del sistema político de Colombia.“No hay congresistas si no compra votos en las regiones, excepto los que apelan a la opinión libre de la ciudadanía; y sin congresistas no hay leyes”, señaló.Finalmente, el presidente afirmó que fue él mismo quien denunció esta práctica, que reconoce como corrupta.El ministro Ricardo Bonilla está siendo cuestionado tras la revelación de Noticias Caracol de la declaración de la exasesora del ministerio, Alejandra Benavides, quien aseguró que el jefe de la cartera estaba enterado de todos los movimientos que se hicieron para presuntamente direcciones contratos a cambio de votos en la comisión interparlamentaria de crédito público.
En medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, el exdirector de la entidad, Olmedo López, reveló un nuevo detalle durante su interrogatorio. Según López, los 3.000 millones de pesos que se habrían gestionado como parte de un esquema ilícito no eran directamente para el expresidente del Senado, Iván Name, sino para financiar la campaña de su hija, María Clara Name, al Concejo de Bogotá.La declaración de López se suma a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien enfrenta cargos por tráfico de influencias y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que Ortiz utilizó su cargo para favorecer a Name mediante gestiones indebidas, que incluyeron la entrega de los 3.000 millones de pesos y la adición de 11.000 millones de pesos a un contrato de la UNGRD en el Atlántico.Entre las evidencias se destacan videos y registros de una reunión en la Casa de Nariño, realizada el 21 de septiembre de 2021, donde Ortiz y López habrían discutido cómo canalizar los recursos hacia el senador Name. Según López, estas gestiones tenían como objetivo fortalecer la campaña política de María Clara Name.Además, chats obtenidos por la Fiscalía muestran que López y Sneyder Pinilla, también acusados, coordinaron el traslado del dinero hacia el norte de Bogotá los días 12 y 13 de octubre de ese año. Estas acciones, según la Fiscalía, se habrían llevado a cabo bajo las órdenes del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, implicado como presunto articulador de las operaciones.Las investigaciones avanzan mientras, López y Pinilla enfrentan cargos por concierto para delinquir y desvío de recursos públicos; ambos llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía.
