La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales del pueblo indígena U’wa, ubicado en Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá. La decisión responde a la imposición de proyectos extractivos y turísticos en sus territorios, así como a actividades petroleras, mineras y de infraestructura, que vulneraron sus derechos fundamentales.El fallo destaca que el Estado colombiano no realizó consultas previas, libres e informadas, como lo establecen los estándares interamericanos. Estas consultas son esenciales para garantizar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios ancestrales. En cambio, el Gobierno otorgó permisos y licencias para proyectos extractivos sin respetar los derechos del pueblo U’wa, profundizando los daños culturales y ambientales.Los U’wa llevan más de 30 años defendiendo sus territorios de los impactos de actividades extractivas, argumentando que estos ecosistemas son esenciales no solo para ellos, sino para la humanidad en el contexto de la crisis climática. Ante la falta de respuestas en las instancias legales nacionales, los U’wa acudieron en 1997 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2020, después de más de dos décadas de espera, la Comisión remitió el caso a la Corte IDH, alegando que Colombia no cumplió las recomendaciones iniciales.El 25 y 26 de abril de 2023, durante una audiencia en Santiago de Chile, la Corte escuchó los testimonios del pueblo U’wa. Este encuentro fue clave para exponer cómo los proyectos extractivos han deteriorado su territorio y su cultura.La sentencia de la Corte IDH representa un precedente importante para la protección de los derechos de las comunidades indígenas en América Latina. “Este fallo confirma nuestra lucha por el territorio y la vida”, declararon líderes U’wa tras conocer la decisión.El Estado colombiano ahora deberá adoptar medidas para reparar los daños causados y garantizar que situaciones similares no se repitan, respetando los derechos de las comunidades indígenas y su rol en la preservación del medio ambiente.
Desde el Comité Político del Pacto Histórico, respaldaron la propuesta del presidente Gustavo Petro de conformar un equipo jurídico que permita denunciar ante las cortes internacionales la violación de derechos políticos en Colombia. Este llamado, según ellos, tiene como propósito fundamental proteger los valores democráticos y los derechos fundamentales que deben prevalecer en nuestro país.“Como Pacto Histórico, nos comprometemos a trabajar activamente en la creación y fortalecimiento de este equipo jurídico, asegurando que las denuncias ante las diferentes instancias internacionales se presenten con solidez, rigor y sustento, frente a los intentos de socavar los avances democráticos logrados por el pueblo colombiano”.A través de un comunicado también aseguraron que “la defensa de los derechos políticos de quienes han sido elegidos por mandato ciudadano es esencial para garantizar que los principios de independencia de poderes y transparencia no sean vulnerados por intereses particulares. Defender los derechos políticos de los ciudadanos y de quienes han sido elegidos por mandato popular es un pilar fundamental para la estabilidad y el fortalecimiento de nuestra democracia. Sin el pleno ejercicio de estos derechos, no solo se pone en riesgo la representación política, sino que se debilita la posibilidad de construir una sociedad justa, equitativa y participativa”.Dicho anuncio surge luego de que la Corte IDH asegurara que el CNE sí tiene la facultad para investigar la campaña del presidente. Es por eso que afirmaron que seguirán al lado del presidente Gustavo Petro, defendiendo la democracia, los derechos humanos y la independencia de poderes, y no permitirán que se silencie la voz del cambio. “Este es un momento crucial para Colombia, y desde el Pacto Histórico reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo colombiano y su mandato de transformación”.Finalmente, hicieron énfasis en que rechazarán cualquier intento de censura política o golpe blando contra la voluntad popular, especialmente cuando está motivado por el capricho de actores políticos que buscan perpetuar prácticas clientelistas y bloquear el cambio necesario para Colombia”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos negó recientemente la solicitud presentada por los abogados del presidente Gustavo Petro, quienes pedían que se garantizaran sus “derechos políticos y garantías judiciales” en el marco de una investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lleva a cabo por presuntas irregularidades en los gastos de su campaña presidencial.Este rechazo de la Corte IDH se produce en medio de un clima político tenso, donde Petro ha sostenido en varias ocasiones que la investigación en su contra forma parte de una estrategia para desestabilizar su Gobierno. El mandatario ha acusado al CNE de estar orquestando un “golpe blando” en su contra, un término que ha utilizado reiteradamente en sus declaraciones públicas. Para Petro, las indagaciones del CNE no son solo un proceso de investigación, sino que es un ataque político dirigido a tumbar su legitimidad y la de su administración.El pronunciamiento de la Corte IDH ha generado reacciones en diversos sectores políticos del país. Desde la oposición, congresistas como Hernán Cadavid, del Centro Democrático, respaldaron la postura de la Corte, afirmando que el CNE debe continuar con su labor.“En este caso la Corte no accedió a su pretensión, ha quedado confirmado por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y ahora por el sistema interamericano que el CNE tiene todas las facultades para seguir adelantando esta investigación administrativa en la campaña Petro, sus directivos, sus contadores, temas fiscales y por supuesto, el candidato” aseguró.En contraste, desde el Pacto Histórico, coalición que apoya al presidente Petro, se mostró apoyo al mandatario. El congresista Alejandro Toro aseguró que su bancada respaldará la decisión del presidente de formar un equipo jurídico para defenderse ante organismos internacionales. Toro afirmó que la lucha por los derechos del presidente continuará, a pesar de la negativa de la Corte IDH, y que seguirán buscando vías para que la comunidad internacional se pronuncie sobre lo que consideran una persecución política.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este viernes, 13 de diciembre, al Estado colombiano por la desaparición forzada de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá, ocurrida en mayo de 1995 a manos de agentes de la Policía Nacional. En su decisión, el tribunal internacional responsabilizó a Colombia por graves violaciones a los derechos humanos y emitió órdenes dirigidas a garantizar justicia, reparación y no repetición.El caso, que fue remitido a la Corte en diciembre de 2022, evidencia una práctica sistemática de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en la década de los 90. Jhon Ricardo, de 24 años, y Gloria Mireya, de 22, fueron detenidos frente a la Clínica Tequendama en Cali por la Unidad Antiextorsión y Secuestro (UNASE). Desde entonces, su paradero es desconocido.En su fallo, la Corte ordenó al Estado colombiano:Continuar con la investigación, judicialización y sanción de los responsables de la desaparición de los jóvenes.Crear protocolos especializados para la búsqueda de víctimas desde el exterior, considerando casos como el de la hermana de Jhon Ricardo Ubaté, quien ha tenido que continuar su lucha desde el exilio.Otorgar becas estudiantiles a los familiares de las víctimas, como medida de reparación.Establecer un espacio de memoria dedicado a las víctimas de desaparición forzada, destacando que este crimen constituye una grave violación de derechos humanos y un delito de Estado.El fallo llega tras la aceptación de responsabilidad del Estado colombiano durante una audiencia pública celebrada en enero de 2024, en la que reconoció los crímenes cometidos por la Policía Nacional.Cabe decir que los familiares de las víctimas han insistido en la necesidad de acciones concretas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La Corte también resaltó la obligación del Estado de garantizar que los familiares puedan continuar su lucha por justicia sin enfrentar riesgos o limitaciones, especialmente aquellos que se encuentran en el exterior.
En el año 2000 el exministro de comunicaciones durante el Gobierno Samper, Saulo Arboleda Gómez, fue condenado por presuntas irregularidades en la adjudicación de una emisora FM. Por lo tanto, a Arboleda se le habrían violado los derechos a recurrir el fallo condenatorio y a la protección judicial, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pues no se le garantizó una segunda instancia."Saulo Arboleda Gómez ocupaba el cargo de ministro de Comunicaciones de Colombia cuando varios medios de comunicación publicaron la transcripción de la grabación de una conversación sobre un proceso de adjudicación de una emisora de radio, la cual causó interés público debido a que en la misma se discutían asuntos que podían revestir carácter de hecho punible. El fiscal general de Colombia presentó ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia una acusación por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos en contra del señor Saulo Arboleda Gómez, y por ser este ministro, la Constitución obligaba a que fuera enjuiciado en fuero especial. El 25 de octubre de 2000 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia dictó sentencia condenatoria en única instancia en contra del señor Saulo Arboleda Gómez por la cual lo condenó como autor del delito de interés ilícito", señaló la Corte IDH.Tras la condena la defensa del exministro, interpuso una tutela y cinco recursos, todos los mecanismos fueron rechazados o inadmitidos. La Corte IDH determinó que, según la Convención Americana, existe el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, algo que aplica a todos los procesos y aforados."La Corte encontró que existía una clara violación al derecho a recurrir el fallo condenatorio, ya que al no existir la instancia, no era posible que ningún recurso bridara la protección judicial adecuada, por lo que consideró que también se ha violado el artículo 25.1 de la Convención. En su sentencia, la Corte destacó los esfuerzos realizados por el Estado con posterioridad a los hechos de este caso, sin embargo, encontró que al momento en que ocurrieron los hechos de este caso, Colombia no había adoptado las medidas necesarias para la adecuada implementación de sus obligaciones convencionales en el ordenamiento jurídico interno", aseguró la Corte IDH.Ante esta situación se ordenaron algunas medidas de reparación y el Estado colombiano deberá garantizar a Arboleda Gómez el derecho a recurrir el fallo condenatorio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina, hecho ocurrido a partir del 30 de noviembre de 2002 en el marco del "Plan de recuperación social" llevado a cabo en Medellín.La CorteIDH declaró que "el Estado es responsable por la desaparición forzada del señor Arles Edisson Guzmán Medina", así como por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, al derecho a conocer la verdad, a la integridad personal y a la protección de la familia.El tribunal continental explicó este viernes en un comunicado tras notificar a las partes sobre el fallo, que durante el proceso el Estado realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional por este caso.La CorteIDH determinó que "la sustracción y posterior desaparición forzada del señor Guzmán Medina, es atribuible a las BCN (Bloque Cacique Nutibara) quienes actuaban con colaboración de autoridades estatales".Arles Edisson Guzmán Medina tenía 29 años al momento de su desaparición y estaba casado con Luz Enith Franco Noreña. La noche del 30 de noviembre de 2002, dos hombres vestidos de civil en un taxi llegaron al lugar donde se encontraba trabajando y le ordenaron subir al vehículo para ir a responder preguntas que le haría "el patrón". Desde entonces se desconoce su paradero.La sentencia de la CorteIDH indica que, en su reconocimiento de responsabilidad, el Estado señaló que "es razonable inferir que los crímenes cometidos por el BCN, en este caso, son atribuibles al Estado colombiano" debido a que los hechos se presentaron "en un contexto comprobado de relacionamiento entre agentes estatales y grupos paramilitares en la fase de consolidación de la Operación Orión".Los hechos ocurrieron en Medellín, en 2002, en el marco del “plan de recuperación social” que tuvo diversos operativos militares en la Comuna 13, entre ellos el conocido como la “Operación Orión”."Esta fue una operación entre el Ejército Nacional y el Bloque Cacique Nutibara (BCN) en el cual se dieron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, atentados contra la vida y la integridad personal, amenazas de muerte, y desplazamientos de los habitantes de la comuna", explicó la CorteIDH.El tribunal agregó que con posterioridad a la Operación Orión, el BCN ingresó a la Comuna 13 y "se volvió el grupo hegemónico y continuaron con expulsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas, y un alto número de inhumaciones clandestinas".Como medidas de reparación, la CorteIDH ordenó al Estado colombiano continuar con las investigaciones y el proceso penal en curso relativo a la desaparición forzada de Guzmán, seguir con las acciones de búsqueda, brindar la atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares de la víctima, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y realizar un documental sobre le caso.Además, los jueces establecieron indemnizaciones económicas para la familia de Guzmán por concepto de daños materiales e inmateriales.Le podría interesar:
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el juez Ricardo Pérez, se mostró "optimista" tras la reciente visita de la institución a Colombia, a pesar de que este tiene "sus problemas con los derechos humanos y los antecedentes del conflicto armado".En una rueda de prensa junto al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Vidal, Pérez hizo un balance positivo al culminar el 162 periodo ordinario de sesiones que la Corte llevó a cabo esta semana en Colombia, la sexta vez que sesiona en el país."Nos llevamos una visión de que Colombia tiene sus problemas con los derechos humanos por la complejidad y antecedentes del conflicto armado, pero lo que hemos encontrado es una muy fuerte institucionalidad democrática y una muy fuerte vinculación con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos", señaló el presidente de la CorteIDH.Eso hace que sean "optimistas" en cuanto a "la situación de la paz en Colombia, una paz que solo se puede conseguir en el marco del respeto a los derechos humanos", indicó.Pérez y Vidal también anunciaron la suscripción de un convenio de cooperación técnico e institucional que incluirá, entre otros, el intercambio de jurisprudencia y de operadores.Para Vidal este acuerdo "tiene como finalidad desarrollar una agenda de trabajo conjunto" y asegurar que la CorteIDH "ofrece un apoyo concreto en el desarrollo de las complejas labores judiciales que implica la justicia transicional".Balance positivo"Nuestras actividades han sido muy intensas pero estamos muy satisfechos por lo cumplido, hemos encontrado una fuerte solidez institucional en Colombia, un fuerte apego a los principios del estado democrático de derecho y a su vez hemos encontrado un amplio reconocimiento a los aportes que realiza la corte y el sistema interamericano", agregó Pérez.Por su parte, Vidal dijo que recibieron "el mensaje tal vez más importante que ellos traen, y es la idea de que Colombia hace parte de una comunidad política continental unida por el derecho internacional y que nos permite de una manera solidaria e institucional promover la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz".En este sentido, reseñó "la relevancia que tiene para la región, para el continente, en la clave de la construcción de la paz este vínculo fuerte entre las instituciones judiciales internacionales y la JEP en la garantía de los derechos humanos y la estabilidad de la búsqueda de la paz en Colombia".Durante el periodo de sesiones en Colombia se llevaron a cabo tres audiencias de casos en casos de Chile, Guatemala y Brasil, así como cinco audiencias reservadas de supervisión de cumplimiento de sentencias de casos de Colombia, un seminario y "numerosas tareas de coordinación".Los miembros de la CorteIDH se han entrevistado, entre otros, con el presidente colombiano, Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez, así como con miembros de las altas cortes como el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y la JEP.Vea también
Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) inauguraron este lunes en Bogotá el 162 periodo de sesiones ordinarias que abordará casos contra el Estado chileno, el brasileño y el guatemalteco, y en el que Colombia afirmó su cambio de enfoque ante esta instancia internacional para reconocer su responsabilidad ante las víctimas."La Corte celebrará tres audiencias públicas (las de Huilcaman Paillama contra Chile; Pérez Lucas contra Guatemala y Leite de Souza contra Brasil) y cinco audiencias privadas de Colombia", informó durante la apertura el presidente del tribunal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Ricardo C. Pérez Manrique.Se trata de audiencias que se harán entre este martes y el jueves y que buscan establecer la responsabilidad del Estado chileno por las violaciones contra 140 personas de etnia mapuche; la de Guatemala por la supuesta desaparición forzada de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis y la de Brasil por la desaparición forzada y violencia sexual contra once mujeres.Cambio de enfoque de ColombiaEs la sexta vez que el tribunal internacional sesiona en Colombia y en ese sentido, "las cifras son claras: Colombia es el país que más ha invitado a la Corte", dijo el presidente, quien destacó que "ha demostrado un compromiso con la institución democrática, con los derechos humanos y con la justicia"."Es indudable que la CorteIDH desde su creación ha desarrollado un rol crucial en la búsqueda de la justicia y la salvaguardia de los derechos fundamentales en nuestra región", subrayó el canciller, Álvaro Leyva, quien aseguró que la visita del ente "es la oportunidad propicia para reafirmar el compromiso inquebrantable de nuestro Gobierno con la promoción y defensa de los derechos humanos".En ese sentido, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que Colombia ha adoptado frente a la CorteIDH un cambio de estrategia de litigio "basada en buscar soluciones amistosas" y en reconocer los derechos de las víctimas en los casos de las condenas."Nuestro Gobierno ha desarrollado toda una estrategia para lograr soluciones amistosas, cuyo principal interés es la reparación a las víctimas", apuntó Osuna, quien hizo un recuento de los últimos casos fallidos en los que el Gobierno ha reconocido su papel y ha pedido perdón. Además, se han llegado a acuerdos en otros ocho casos.Celeridad en los casosAdemás de las tres audiencias públicas, la CorteIDH también realizará sesiones privadas sobre otros cinco casos que involucran al Estado y que servirán para hacer un seguimiento de cumplimiento de sentencias que ya se han dictado."Estas audiencias se hacen de manera privada porque permite que haya un diálogo más fluido. En etapa de supervisión de cumplimiento, la Corte lo que hace es acercar a las partes para que cada una exprese sus opiniones sobre el cumplimiento", informó en una rueda de prensa Pérez Manrique.Son casos que van desde una masacre en Ituango, Antioquia, o el que atañe a Jineth Bedoya, por quien la CorteIDH condenó al Estado por violaciones a los derechos de la periodista, secuestrada por paramilitares que la violaron y la sometieron a otros vejámenes.El presidente de la CorteIDH también aseguró que actualmente le preocupa "el tema presupuestal", pues el 40 % de sus fondos dependen de la cooperación internacional y considera que "todo debería ser genuino de la Organización de Estados Americanos (OEA)".Pero también el hecho de "asegurar un acceso a la Justicia más expedito, más rápido". Actualmente "desde que un caso entra a la Corte y se dicta sentencia no pasa más de 20 o 22 meses", salvo excepciones, como reconoció Pérez Manrique, con algunos casos "complicados" como fue el genocidio de los miembros del partido Unión Patriótica.Le podría interesar:
Óscar Iván Tabares era un soldado adscrito a la escuela de artillería de Bogotá del Ejército, en diciembre del año 1997 se encontraba acampando en zona rural del municipio de San Juanito, departamento del Meta. En la noche se escucharon varios disparos y una explosión de granada, desde entonces se desconoce el paradero de Tabares. En un primer momento las autoridades militares le dijeron a la madre del soldado que él había lanzado una granada y había huido, e incluso aseguraron que su hijo se había unido a las Farc."Por su parte, soldados, compañeros de Óscar Tabares, le informaron que a su hijo lo habían asesinado la misma noche del incidente de la granada y los disparos. Se iniciaron varios procesos de investigación ante jurisdicción interna. No obstante, a la fecha, no se cuenta con información sobre el paradero de Óscar Iván Tabares Toro ni de sus restos", señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, IDH.La familia del soldado ha sufrido desde entonces hostigamientos y amenazas, pero tampoco han encontrado respuestas concretas sobre lo sucedido, la Corte IDH determinó que este es un caso de desaparición forzada y que el Estado tenía posición de garante respecto de Tabares, pues hacía parte del Ejército."Además, encontró probado que fueron agentes estatales quienes estuvieron involucrados en su desaparición forzada y constató que, hasta el momento, el Estado no ha proporcionado una explicación satisfactoria sobre su paradero. Con base en lo expuesto y al reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado, la Corte concluyó que el señor Óscar Iván Tabares Toro fue víctima de una desaparición forzada", explicó la Corte IDH en la sentencia.La Corte IDH también determinó que no hubo labores de investigación para determinar el paradero del soldado, afectando además el derecho a la verdad de los familiares. En este sentido el Estado colombiano fue condenado por su responsabilidad en el caso, pero también se ordena realizar labores de búsqueda con el fin de esclarecer los hechos."(i) continuar con las investigaciones y el proceso penal en curso relativo a la desaparición forzada de Óscar Iván Tabares Toro; (ii) reforzar las acciones de búsqueda del señor Óscar Iván Tabares Toro; (iii) publicar la Sentencia y el resumen oficial de la Sentencia; (iv) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; (v) realizar un documental sobre la desaparición forzada de Óscar Iván Tabares Toro y el impacto que esta tuvo en su familia, y (vi) pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de daño material e inmaterial", señaló la sentencia.Le puede interesar
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Ricardo Pérez Manrique, opinó este jueves que "hay que trabajar" para que Venezuela regrese al sistema interamericano de derechos humanos, aunque para ello se requieren "garantías democráticas", apuntó.El presidente colombiano, Gustavo Petro, está intentando convencer a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para que su país regrese al sistema interamericano del que se salió dejando sin efecto en su territorio la jurisdicción de la CorteIDH y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)."Es un hecho negativo que haya países que abandonen el sistema y hay que trabajar para que esos países que lo abandonaron vuelvan al sistema", dijo Pérez Manrique en una entrevista con EFE durante la 53 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington.Para un regreso al sistema interamericano, el juez explicó que debe abrirse un diálogo con Venezuela por parte de los países de la región y llegar a "acuerdos mínimos sobre garantías democráticas".El presidente de la CorteIDH consideró que todo dependerá de cómo se interpreten los documentos de la OEA sobre derechos humanos y cómo se ajustan a la realidad interna del país.El juez también celebró que la Asamblea General de la OEA tenga previsto evaluar la situación de los derechos humanos en Nicaragua después de que el país centroamericano se declarara en desacato ante las sentencias de la CorteIDH.A pesar de que países como Brasil hayan negociado en la OEA rebajar el tono de la condena al Gobierno de Daniel Ortega, Pérez Manrique afirmó que hay "un consenso bastante amplio" entre los países de la región de que Nicaragua "está en una situación complicada desde el punto de vista de los derechos humanos".Preguntado por la represión de las protestas en Perú tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo, el juez respondió que no ha llegado a la CorteIDH ningún caso relacionado con el país andino.Pérez Manrique enumeró en cambio varias sentencias que el tribunal ha tomado durante el último año en defensa de la libertad de expresión, los pueblos indígenas y la independencia judicial y de los organismos electorales en la región.El juez lamentó que "nunca hay una situación tranquila en derechos humanos" en la región debido a la "creciente confrontación" social, la presencia del crimen organizado y las políticas de seguridad de los países, entre otros aspectos."Creo que es fundamental el diálogo. Lamentablemente en la región se está viviendo un proceso de invisibilización del centro y de las posiciones intermedias", opinó.Le puede interesar:
