La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina, hecho ocurrido a partir del 30 de noviembre de 2002 en el marco del "Plan de recuperación social" llevado a cabo en Medellín.La CorteIDH declaró que "el Estado es responsable por la desaparición forzada del señor Arles Edisson Guzmán Medina", así como por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, al derecho a conocer la verdad, a la integridad personal y a la protección de la familia.El tribunal continental explicó este viernes en un comunicado tras notificar a las partes sobre el fallo, que durante el proceso el Estado realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional por este caso.La CorteIDH determinó que "la sustracción y posterior desaparición forzada del señor Guzmán Medina, es atribuible a las BCN (Bloque Cacique Nutibara) quienes actuaban con colaboración de autoridades estatales".Arles Edisson Guzmán Medina tenía 29 años al momento de su desaparición y estaba casado con Luz Enith Franco Noreña. La noche del 30 de noviembre de 2002, dos hombres vestidos de civil en un taxi llegaron al lugar donde se encontraba trabajando y le ordenaron subir al vehículo para ir a responder preguntas que le haría "el patrón". Desde entonces se desconoce su paradero.La sentencia de la CorteIDH indica que, en su reconocimiento de responsabilidad, el Estado señaló que "es razonable inferir que los crímenes cometidos por el BCN, en este caso, son atribuibles al Estado colombiano" debido a que los hechos se presentaron "en un contexto comprobado de relacionamiento entre agentes estatales y grupos paramilitares en la fase de consolidación de la Operación Orión".Los hechos ocurrieron en Medellín, en 2002, en el marco del “plan de recuperación social” que tuvo diversos operativos militares en la Comuna 13, entre ellos el conocido como la “Operación Orión”."Esta fue una operación entre el Ejército Nacional y el Bloque Cacique Nutibara (BCN) en el cual se dieron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, atentados contra la vida y la integridad personal, amenazas de muerte, y desplazamientos de los habitantes de la comuna", explicó la CorteIDH.El tribunal agregó que con posterioridad a la Operación Orión, el BCN ingresó a la Comuna 13 y "se volvió el grupo hegemónico y continuaron con expulsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas, y un alto número de inhumaciones clandestinas".Como medidas de reparación, la CorteIDH ordenó al Estado colombiano continuar con las investigaciones y el proceso penal en curso relativo a la desaparición forzada de Guzmán, seguir con las acciones de búsqueda, brindar la atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares de la víctima, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y realizar un documental sobre le caso.Además, los jueces establecieron indemnizaciones económicas para la familia de Guzmán por concepto de daños materiales e inmateriales.Le podría interesar:
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el juez Ricardo Pérez, se mostró "optimista" tras la reciente visita de la institución a Colombia, a pesar de que este tiene "sus problemas con los derechos humanos y los antecedentes del conflicto armado".En una rueda de prensa junto al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Vidal, Pérez hizo un balance positivo al culminar el 162 periodo ordinario de sesiones que la Corte llevó a cabo esta semana en Colombia, la sexta vez que sesiona en el país."Nos llevamos una visión de que Colombia tiene sus problemas con los derechos humanos por la complejidad y antecedentes del conflicto armado, pero lo que hemos encontrado es una muy fuerte institucionalidad democrática y una muy fuerte vinculación con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos", señaló el presidente de la CorteIDH.Eso hace que sean "optimistas" en cuanto a "la situación de la paz en Colombia, una paz que solo se puede conseguir en el marco del respeto a los derechos humanos", indicó.Pérez y Vidal también anunciaron la suscripción de un convenio de cooperación técnico e institucional que incluirá, entre otros, el intercambio de jurisprudencia y de operadores.Para Vidal este acuerdo "tiene como finalidad desarrollar una agenda de trabajo conjunto" y asegurar que la CorteIDH "ofrece un apoyo concreto en el desarrollo de las complejas labores judiciales que implica la justicia transicional".Balance positivo"Nuestras actividades han sido muy intensas pero estamos muy satisfechos por lo cumplido, hemos encontrado una fuerte solidez institucional en Colombia, un fuerte apego a los principios del estado democrático de derecho y a su vez hemos encontrado un amplio reconocimiento a los aportes que realiza la corte y el sistema interamericano", agregó Pérez.Por su parte, Vidal dijo que recibieron "el mensaje tal vez más importante que ellos traen, y es la idea de que Colombia hace parte de una comunidad política continental unida por el derecho internacional y que nos permite de una manera solidaria e institucional promover la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz".En este sentido, reseñó "la relevancia que tiene para la región, para el continente, en la clave de la construcción de la paz este vínculo fuerte entre las instituciones judiciales internacionales y la JEP en la garantía de los derechos humanos y la estabilidad de la búsqueda de la paz en Colombia".Durante el periodo de sesiones en Colombia se llevaron a cabo tres audiencias de casos en casos de Chile, Guatemala y Brasil, así como cinco audiencias reservadas de supervisión de cumplimiento de sentencias de casos de Colombia, un seminario y "numerosas tareas de coordinación".Los miembros de la CorteIDH se han entrevistado, entre otros, con el presidente colombiano, Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez, así como con miembros de las altas cortes como el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y la JEP.Vea también
Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) inauguraron este lunes en Bogotá el 162 periodo de sesiones ordinarias que abordará casos contra el Estado chileno, el brasileño y el guatemalteco, y en el que Colombia afirmó su cambio de enfoque ante esta instancia internacional para reconocer su responsabilidad ante las víctimas."La Corte celebrará tres audiencias públicas (las de Huilcaman Paillama contra Chile; Pérez Lucas contra Guatemala y Leite de Souza contra Brasil) y cinco audiencias privadas de Colombia", informó durante la apertura el presidente del tribunal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Ricardo C. Pérez Manrique.Se trata de audiencias que se harán entre este martes y el jueves y que buscan establecer la responsabilidad del Estado chileno por las violaciones contra 140 personas de etnia mapuche; la de Guatemala por la supuesta desaparición forzada de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis y la de Brasil por la desaparición forzada y violencia sexual contra once mujeres.Cambio de enfoque de ColombiaEs la sexta vez que el tribunal internacional sesiona en Colombia y en ese sentido, "las cifras son claras: Colombia es el país que más ha invitado a la Corte", dijo el presidente, quien destacó que "ha demostrado un compromiso con la institución democrática, con los derechos humanos y con la justicia"."Es indudable que la CorteIDH desde su creación ha desarrollado un rol crucial en la búsqueda de la justicia y la salvaguardia de los derechos fundamentales en nuestra región", subrayó el canciller, Álvaro Leyva, quien aseguró que la visita del ente "es la oportunidad propicia para reafirmar el compromiso inquebrantable de nuestro Gobierno con la promoción y defensa de los derechos humanos".En ese sentido, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que Colombia ha adoptado frente a la CorteIDH un cambio de estrategia de litigio "basada en buscar soluciones amistosas" y en reconocer los derechos de las víctimas en los casos de las condenas."Nuestro Gobierno ha desarrollado toda una estrategia para lograr soluciones amistosas, cuyo principal interés es la reparación a las víctimas", apuntó Osuna, quien hizo un recuento de los últimos casos fallidos en los que el Gobierno ha reconocido su papel y ha pedido perdón. Además, se han llegado a acuerdos en otros ocho casos.Celeridad en los casosAdemás de las tres audiencias públicas, la CorteIDH también realizará sesiones privadas sobre otros cinco casos que involucran al Estado y que servirán para hacer un seguimiento de cumplimiento de sentencias que ya se han dictado."Estas audiencias se hacen de manera privada porque permite que haya un diálogo más fluido. En etapa de supervisión de cumplimiento, la Corte lo que hace es acercar a las partes para que cada una exprese sus opiniones sobre el cumplimiento", informó en una rueda de prensa Pérez Manrique.Son casos que van desde una masacre en Ituango, Antioquia, o el que atañe a Jineth Bedoya, por quien la CorteIDH condenó al Estado por violaciones a los derechos de la periodista, secuestrada por paramilitares que la violaron y la sometieron a otros vejámenes.El presidente de la CorteIDH también aseguró que actualmente le preocupa "el tema presupuestal", pues el 40 % de sus fondos dependen de la cooperación internacional y considera que "todo debería ser genuino de la Organización de Estados Americanos (OEA)".Pero también el hecho de "asegurar un acceso a la Justicia más expedito, más rápido". Actualmente "desde que un caso entra a la Corte y se dicta sentencia no pasa más de 20 o 22 meses", salvo excepciones, como reconoció Pérez Manrique, con algunos casos "complicados" como fue el genocidio de los miembros del partido Unión Patriótica.Le podría interesar:
Óscar Iván Tabares era un soldado adscrito a la escuela de artillería de Bogotá del Ejército, en diciembre del año 1997 se encontraba acampando en zona rural del municipio de San Juanito, departamento del Meta. En la noche se escucharon varios disparos y una explosión de granada, desde entonces se desconoce el paradero de Tabares. En un primer momento las autoridades militares le dijeron a la madre del soldado que él había lanzado una granada y había huido, e incluso aseguraron que su hijo se había unido a las Farc."Por su parte, soldados, compañeros de Óscar Tabares, le informaron que a su hijo lo habían asesinado la misma noche del incidente de la granada y los disparos. Se iniciaron varios procesos de investigación ante jurisdicción interna. No obstante, a la fecha, no se cuenta con información sobre el paradero de Óscar Iván Tabares Toro ni de sus restos", señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, IDH.La familia del soldado ha sufrido desde entonces hostigamientos y amenazas, pero tampoco han encontrado respuestas concretas sobre lo sucedido, la Corte IDH determinó que este es un caso de desaparición forzada y que el Estado tenía posición de garante respecto de Tabares, pues hacía parte del Ejército."Además, encontró probado que fueron agentes estatales quienes estuvieron involucrados en su desaparición forzada y constató que, hasta el momento, el Estado no ha proporcionado una explicación satisfactoria sobre su paradero. Con base en lo expuesto y al reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado, la Corte concluyó que el señor Óscar Iván Tabares Toro fue víctima de una desaparición forzada", explicó la Corte IDH en la sentencia.La Corte IDH también determinó que no hubo labores de investigación para determinar el paradero del soldado, afectando además el derecho a la verdad de los familiares. En este sentido el Estado colombiano fue condenado por su responsabilidad en el caso, pero también se ordena realizar labores de búsqueda con el fin de esclarecer los hechos."(i) continuar con las investigaciones y el proceso penal en curso relativo a la desaparición forzada de Óscar Iván Tabares Toro; (ii) reforzar las acciones de búsqueda del señor Óscar Iván Tabares Toro; (iii) publicar la Sentencia y el resumen oficial de la Sentencia; (iv) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; (v) realizar un documental sobre la desaparición forzada de Óscar Iván Tabares Toro y el impacto que esta tuvo en su familia, y (vi) pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de daño material e inmaterial", señaló la sentencia.Le puede interesar
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Ricardo Pérez Manrique, opinó este jueves que "hay que trabajar" para que Venezuela regrese al sistema interamericano de derechos humanos, aunque para ello se requieren "garantías democráticas", apuntó.El presidente colombiano, Gustavo Petro, está intentando convencer a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para que su país regrese al sistema interamericano del que se salió dejando sin efecto en su territorio la jurisdicción de la CorteIDH y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)."Es un hecho negativo que haya países que abandonen el sistema y hay que trabajar para que esos países que lo abandonaron vuelvan al sistema", dijo Pérez Manrique en una entrevista con EFE durante la 53 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington.Para un regreso al sistema interamericano, el juez explicó que debe abrirse un diálogo con Venezuela por parte de los países de la región y llegar a "acuerdos mínimos sobre garantías democráticas".El presidente de la CorteIDH consideró que todo dependerá de cómo se interpreten los documentos de la OEA sobre derechos humanos y cómo se ajustan a la realidad interna del país.El juez también celebró que la Asamblea General de la OEA tenga previsto evaluar la situación de los derechos humanos en Nicaragua después de que el país centroamericano se declarara en desacato ante las sentencias de la CorteIDH.A pesar de que países como Brasil hayan negociado en la OEA rebajar el tono de la condena al Gobierno de Daniel Ortega, Pérez Manrique afirmó que hay "un consenso bastante amplio" entre los países de la región de que Nicaragua "está en una situación complicada desde el punto de vista de los derechos humanos".Preguntado por la represión de las protestas en Perú tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo, el juez respondió que no ha llegado a la CorteIDH ningún caso relacionado con el país andino.Pérez Manrique enumeró en cambio varias sentencias que el tribunal ha tomado durante el último año en defensa de la libertad de expresión, los pueblos indígenas y la independencia judicial y de los organismos electorales en la región.El juez lamentó que "nunca hay una situación tranquila en derechos humanos" en la región debido a la "creciente confrontación" social, la presencia del crimen organizado y las políticas de seguridad de los países, entre otros aspectos."Creo que es fundamental el diálogo. Lamentablemente en la región se está viviendo un proceso de invisibilización del centro y de las posiciones intermedias", opinó.Le puede interesar:
Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos trata este miércoles y jueves la situación de una mujer a quien se le prohibió abortar a pesar de que estaba en riesgo su vida, en el caso "Beatriz vs. El Salvador".La expectación es máxima en Costa Rica, en cuya capital se encuentra la sede de la Corte, como en El Salvador, Estado acusado de violar los derechos humanos de Beatriz (nombre ficticio).Se trata de una mujer diagnosticada en 2013 con una enfermedad autoinmune, lupus eritematoso sistémico, a quien se le negó un aborto pese al riesgo que corría y a que el feto presentaba anencefalia, ausencia de desarrollo del cerebro durante la gestación.En enero de 2022 la Corte IDH comenzó a tratar el caso de Beatriz, quien falleció en 2017 en un accidente de tránsito, en contra de El Salvador, donde el aborto está prohibido bajo penas de cárcel de entre dos y ocho años.Habitualmente, los tribunales salvadoreños tipifican el aborto como homicidio agravado, elevando la condena a entre 30 y 50 años de prisión."Que la Corte haya aceptado oír este caso marca fuertemente (...) que la negación de cualquier servicio de salud, incluyendo aquellos que son controvertidos como el aborto, es una violación de derechos humanos", señaló María Antonieta Alcalde, de la ONG mexicana Ipas, parte de la acusación.En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y algunos estados de México. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto.En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido.En la audiencia se escucharán testimonios de familiares de Beatriz, dos médicos que la atendieron y dos peritos que realizaron la investigación. Se esperan manifestaciones de mujeres afuera del tribunal en San José, así como en San Salvador.Es el último paso antes de que el tribunal interamericano emita su sentencia, que podría demorarse seis meses.HistoriaBeatriz, originaria de la localidad de La Noria Tierra Blanca, a unos 100 km al sureste de San Salvador, tenía 20 años cuando le confirmaron en febrero de 2013 su segundo embarazo, ya diagnosticada de lupus y tras un primer parto de riesgo.Un mes después se diagnosticó malformación congénita en el feto incompatible con la vida, con "probabilidad de que ella muriera" si se extendía el embarazo.Gisela de León, directora jurídica del Centro de Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explicó a la AFP que a Beatriz "se le violaron sus derechos a la vida a la integridad personal".Fue obligada a continuar 81 días con el embarazo a sabiendas de la inviabilidad del feto, hasta que se le practicó una cesárea. El bebé murió cinco horas después."Estamos alegando que el sufrimiento al que se le sometió sabiendo que su derecho a la vida estaba en riesgo es una forma tortura", afirmó De León.También consideran que fueron violados sus derechos a la vida privada y familiar al permanecer internada casi en la totalidad de los 81 días.El Estado no le permitió desde un principio realizar el aborto. Apeló a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador y esta determinó que "no ha lugar" a la interrupción del embarazo.De León explicó que esta acción judicial en su contra "violó su derecho al acceso a la justicia y a las garantías judiciales".Por BeatrizLa muerte de Beatriz a consecuencia de un accidente no ha hecho que su familia desista en buscar justicia por su caso.Su hermano Humberto dijo a la AFP que el objetivo de este proceso es que ninguna "otra mujer pasara por lo que ella pasó". Una determinación que, asegura, Beatriz tomó cuando aún estaba viva."Quería la justicia que en El Salvador no pudo tener y se le fue negada", insistió Humberto, de 30 años.La situación en la que vivía su familia "en una zona rural de El Salvador, marginada, muy pobre y excluida" es para Humberto un estigma que afecta a las mujeres en sus derechos."Los lugares que en El Salvador son muy pobres dan lugar a que este tipo de situaciones sucedan hacia las mujeres porque no tienen acceso a un sistema que les garantice la salud reproductiva", destacó.Le puede interesar:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó y declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio de más de 6.000 miembros de la Unión Patriótica (UP) desde 1984 y extendido hasta el 2004. Dentro de las acciones que tiene que cumplir el Estado colombiano en la condena, está el de cumplir las medidas de reparación total e integral, como definir un día de las víctimas de la UP, las universidades públicas tendrán la tarea de recordar estos hechos para que no se repitan, y medidas económicas.“Sobre las víctimas directas hace un estimativo de 55.000 dólares para cada una de las víctimas y la diferencia que hace es en montos respecto a las madres, padres, hijos de las víctimas. También se refirió a los hermanos en un monto de 10.000 dólares para cada uno en los que aparece referido. Son alrededor de 761 víctimas directas e indirectas, pero recordemos que la Corte se ha referido de manera clara y puntual a la tarea de búsqueda de identificación y de acreditación de otras víctimas que, para el momento de la decisión de la Corte Interamericana, no aparecían identificadas”, dijo la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucia Zamora.Estos 55.000 dólares son equivalentes a 250’580.000 de pesos, a un precio del dólar a $4.556, y 10.000 dólares serían 45’560.000 pesos. Este plazo para la reparación a las víctimas será en un periodo de un año con posibilidades a que se extienda a dos años.Inicialmente se cuentan como víctimas indirectas a 771 personas que ya están plenamente identificadas y en la construcción, a partir de la justicia colombiana, para que exista una reparación total.“Hoy en día debemos reconocer como Estado, como se hizo en el 2016 y lo reconoce la Corte, el reconocimiento de responsabilidad internacional que hizo Colombia y por esa razón esto significa un acto muy reparador para las víctimas y un nuevo futuro para Colombia”, explicó la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucia Zamora.Puede ver:
En el año 1984, y en medio de los diálogos de paz que se desarrollaban entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc, surgió el partido de izquierda Unión Patriótica. Desde entonces sus integrantes y simpatizantes fueron víctimas de diferentes delitos: se presentaron amenazas, que llevaron a algunos de ellos al exilio, pero también homicidios y desapariciones, entre otros.El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que, en la mañana de este lunes, 30 de enero, notificó su sentencia y condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica, señalando que a sus integrantes se les violaron los derechos humanos desde 1984 y por más de 20 años. En total habría más de 6.000 víctimas pertenecientes a la UP.“La Corte consideró que existen diversos elementos que permiten concluir que en el caso existe una responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de su deber de respetar los derechos humanos de los integrantes y militantes de la UP, aun en las situaciones en las cuales solo se ha podido comprobar una falta al deber de prevención y/o de investigación. En la determinación de la atribución al Estado de los hechos que vulneraron las obligaciones internacionales”, dicta la sentencia.El Estado colombiano, según la Corte IDH, es responsable por la violación a algunos derechos como la libertad de expresión y libertad política, el derecho a la vida, a la integridad personal y las garantías judiciales; incluso, se determinó que no en todos los casos se investigó de manera eficiente lo sucedido.Aunque la Corte manifestó que la sentencia en sí misma es una forma de reparación, también le ordenó al Estado tomar algunas medidas para reparar a las víctimas y evitar que estos hechos se vuelvan a presentar, empezando por implementar una comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas.La Corte IDH, además, le ordenó al Estado:Iniciar, impulsar, reabrir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir.Efectuar una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce.Brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten.Realizar las publicaciones y difusiones de la Sentencia y su resumen oficial.Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.Establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP y efectuar actividades para su difusión, entre ellas en escuelas y colegios públicos.Construir un monumento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes, militantes y simpatizantes de la UP.El Estado colombiano también deberá entregar informes sobre las medidas que se han tomado para cumplir con la sanción y la Corte IDH también hará un seguimiento a lo ordenado.
El Estado de Colombia reconoció este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) su responsabilidad internacional por la desaparición forzada del soldado Óscar Iván Tabares Toro, ocurrida a manos de otros militares mientras ejercía funciones en 1997."El Estado reconoce que es responsable internacionalmente por la desaparición forzada del soldado profesional Óscar Iván Tabares" y "reconoce que este hecho se configuró por la participación directa de agentes estatales", expresó la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia, Martha Lucía Zamora, durante una audiencia ante la CorteIDH.Zamora admitió que es deber del Estado proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo ocurrido, ya que Tabares se encontraba en el Ejército."Esta explicación no la tenemos. La investigación penal se encuentra todavía en etapa de instrucción y es por este hecho que el Estado reconoce su responsabilidad por la omisión de las autoridades estatales para llevar a cabo una investigación seria, diligente y en un plazo razonable, lo cual ha impedido esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y dar con el paradero" de Tabares, declaró Zamora.El Estado también aceptó que es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la personalidad jurídica de Tabares, así como a las garantías judiciales, protección judicial, a la honra y a la protección de la familia del soldado.Zamora también destacó "la lucha incansable" de María Elena Toro, madre del soldado, y su familia por encontrar a Tabares y conocer la verdad de lo ocurrido.El Estado se comprometió a cumplir con las medidas de reparación que ordene la Corte Interamericana y a buscar un acercamiento con la familia de Tabares para "reparar en lo posible el daño", dijo Zamora.En la audiencia participó de manera virtual Toro, quien relató cómo se enteró de la desaparición, las dificultades para acceder a la justicia y la verdad, las amenazas que ha recibido y que la obligan a vivir en el exilio y todos los esfuerzos que ha realizado por 25 años para conocer el paradero de su hijo."Por duro que sea debemos de luchar por encontrar nuestros seres queridos porque no son perritos los que desaparecen, son nuestros hijos", declaró Toro.La subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana María Rodríguez, quien ejerce como representante de las víctimas en el caso, valoró positivamente el reconocimiento de responsabilidad del Estado y lo calificó como un "cambio diametral" en la posición que había ejercido durante el proceso.Los representantes de las víctimas dijeron en sus alegatos que esperan que la CorteIDH emita una sentencia contra Colombia en la que determine la existencia de violaciones a los derechos humanos en las filas del Ejército y que emita medidas de reparación para garantizar que estos hechos no se repitan y se continúe la búsqueda de Tabares.Según la demanda contra el Estado, Tabares desapareció el 28 de diciembre de 1997 cuando se encontraba en funciones en el municipio de San Juanito, departamento de Meta, luego de que tuviera una riña con sus superiores.Las autoridades militares de la época nunca asumieron la responsabilidad e informaron a la familia que Tabares lanzó una granada a sus superiores y luego huyó para unirse a la guerrilla, indica la demanda presentada contra el Estado.Tras la audiencia celebrada este martes, las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y luego la CorteIDH podrá emitir una sentencia en los siguientes meses.Escuche el podcast Diagnóstico Criminal
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este martes al Estado por la desaparición forzada del líder sindical y político, Pedro Julio Movilla, así como por la falta de investigación de los hechos."La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla ocurrida el 13 mayo de 1993, así como por las violaciones a distintos derechos en perjuicio de familiares debido a este hecho y a la falta de investigación de la desaparición", expresó el presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez, durante un acto público virtual de notificación de la sentencia a las partes.Movilla, líder sindical, militante del Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista (PCC-ML) y activista social, fue víctima de desaparición forzada en un contexto en el que había en Colombia una identificación de dirigentes políticos y sindicalistas dentro de la noción de enemigo interno en los manuales estatales de inteligencia y contraguerrilla.La Corte IDH indicó que "dado el contexto en que se inserta la desaparición, y siendo que existían anotaciones de inteligencia militar respecto al señor Movilla que daban cuenta de sus actividades sindicales y políticas, debe asumirse que las mismas buscaron ser castigadas o impedidas por medio de la desaparición forzada a la que fue sometido".El fallo determinó que en la época de los hechos el Estado aplicó la “doctrina de seguridad nacional” identificando sindicalistas y partidos políticos de izquierda mediante la noción de “enemigo interno”, bajo la pretendida justificación de luchar contra la amenaza comunista y la subversión."Dentro de los sectores identificados se encontraba el Partido Comunista Colombiano – Marxista Leninista (PCC-ML), en el cual militaba el señor Pedro Movilla. En este marco, se utilizó la desaparición forzada como método de represión de sectores identificados como enemigo interno. Ello fue facilitado por un contexto de impunidad", detalló la Corte IDH.En la sentencia, el tribunal interamericano declaró al Estado culpable por las violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la personalidad jurídica, a la libertad personal y a la libertad de asociación en perjuicio de Movilla.El fallo agrega que el Estado también violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de Movilla y sus familiares, además del derecho a la verdad, al de la protección de la familia y los derechos del niño, en referencia a las afectaciones sufridas por los hijos de la víctima."Atendiendo a las circunstancias específicas de este caso, los hijos e hija del señor Movilla Galarcio, por ser niños y niña al momento de la desaparición forzada de su padre, sufrieron una especial afectación, dadas sus vivencias en un entorno que padecía el sufrimiento y la incertidumbre por la falta de determinación del paradero de su padre", indicó el tribunal.La Corte IDH también determinó que Candelaria Nuris Vergara Carriazo, esposa de la víctima, "sufrió una afectación diferenciada en función de su género" debido a que "a partir de la desaparición de parientes cercanos, las mujeres pueden experimentar estigmas, violencia y discriminación asociados a roles de género".La Corte IDH ordenó al Estado continuar las investigaciones de los hechos relativos a la desaparición de Movilla, así como las acciones de búsqueda y pagar indemnizaciones a la familia de la víctima por daños materiales e inmateriales.Los jueces también ordenaron a Colombia brindar a los familiares de Movilla el "acceso a la información con la que cuente" sobre el caso y eliminar las menciones a la víctima como enemigo del Estado.La Corte Interamericana también informó que aceptó el reconocimiento parcial de responsabilidad hecho por el Estado durante el proceso ante este tribunal.Escuche aquí el podcast Ser campeón viene con manual:
Estos fueron los temas tratados y debatidos este jueves, 21 de noviembre, en Bla Bla Blu:El libretista y asesor de contenidos Sergio Borja realizó un #TBT de paseos inolvidables.Además, se interactuó con los oyentes, quienes compartieron diferentes historias de paseos.Escuche el programa completo de Bla Bla Blu en el audio adjunto:
En la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá, las autoridades evacuaron a 180 personas del barrio San Martín de Loba debido a las fuertes lluvias que provocaron deslizamientos de tierra, lo que afectó la estabilidad de varias viviendas y poniendo en riesgo la seguridad de los residentes. El operativo fue liderado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en colaboración con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la Secretaría de Salud y la Policía Nacional.Desde la noche del jueves, la situación en el barrio Malvinas se tornó crítica. Según los residentes, en declaraciones recogidas por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, el terreno cedió, causando el colapso de varias viviendas y la caída de postes eléctricos. Uno de los afectados, declaró:"Estamos un poco preocupados porque ya llevamos prácticamente ocho días en emergencia. Entonces estamos esperando, bueno, ya bomberos, esta gente ya está acá, pero también de la parte de la alcaldía de planeación, a ver si nos hacen un censo para saber cuántas familias y así hay posibilidades de alguna reubicación o algunas ayudas".El panorama en el sector es alarmante, ya que se teme que el deslizamiento pueda extenderse y comprometer la totalidad del barrio."Pues debido a las fuertes lluvias, la caracterización de las viviendas, las familias que están hospedadas acá o habitando acá, se están generando movimientos y remoción de la tierra, la cual nos obliga a verificar las condiciones de seguridad y activar los entes responsables”, explicó a Blu Radio el sargento Leonardo Buitrago, del cuerpo de Bomberos de San Cristóbal.Además de los habitantes, los animales domésticos también están en peligro. Según uno de los residentes, en el barrio hay entre 300 y 400 animales, incluidos perros y gatos que permanecen atrapados en las viviendas. “Los animales, tengo cuatro gatos, 2 perros en la casa que están llorando. En la comunidad hay como unos 300-400 animales dentro de cada hogar, que son casi 39, 37 familias, que cada una de ellas incluye 10, 15 personas o hasta un poquito más de personas en cada hogar”, agregó.Los afectados han solicitado la intervención de la Alcaldía Mayor y de entidades como Integración Social para realizar un censo que permita determinar la magnitud de la emergencia y ofrecer soluciones, como reubicación o apoyo humanitario.Escuche el reporte completo en el audio adjunto:
La comunidad internacional ha mostrado su respaldo a la orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina, con el esperado desmarque de su socio incondicional, Estados Unidos, y otros países cercanos a Israel.La Unión Europea, Francia, Irlanda, Países Bajos, Colombia, Jordania o Sudáfrica, país este último que presentó una acusación de genocidio contra Israel el pasado 29 de diciembre ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), han sido de los primeros países en reaccionar públicamente en favor de la orden de la CPI.La Corte ha solicitado el arresto del dirigente militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Mohamed Deif, a quien Israel ha dado por muerto."No es una decisión política, es una decisión de un tribunal internacional de justicia y la decisión del tribunal tiene que ser respetada y aplicada", dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.París, a través del portavoz del Ministerio de Exteriores subrayó su apoyo a "la acción del fiscal de la Corte, que actúa con total independencia", aunque preguntado sobre si las autoridades francesas arrestarían a Netanyahu en caso de que entrara en suelo francés, evitó comprometerse."Es una cuestión jurídicamente compleja. No haré más comentarios hoy. Es una situación que debe tratarse con muchas precauciones", dijo.La CPI no tiene una fuerza policial para arrestar sospechosos, pero sus 125 Estados miembros, entre los que están el Reino Unido y los países de la Unión Europea, tienen la obligación de cooperar. Ni EE. UU. ni Israel forman parte de este tribunal.El ministro neerlandés de Exteriores, el liberal conservador Caspar Veldkamp no se anduvo con ambigüedades y aseguró que si Netanyahu "pisa suelo neerlandés, será arrestado”.El presidente Gustavo Petro, por su parte, no dudó en calificar a Netanyahu de "genocida" y también instó a acatar el fallo de la CPI.Más allá del posicionamiento de los Gobiernos, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) celebraron la decisión."La orden de la CPI derriba la percepción de que ciertos individuos están por encima de la ley (y) esto es aún más importante dados los intentos descarados de obstruir el rumbo de la justicia en la corte", señaló el director de justicia internacional en HRW, Balkees Jarrah.Estados Unidos, el inquebrantable socio de IsraelWashington, no dudó en emplear por cuarta vez su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor de Israel para impedir la imposición de un alto el fuego en Gaza como defendían los otros 14 miembros del máximo órgano de la ONU, se ha vuelto a poner de lado de Israel, mostrando su rechazo frontal a la orden de arresto."Estados Unidos rechaza fundamentalmente la decisión de la Corte de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes", dijo un portavoz de la Casa Blanca.Para el vocero, "Estados Unidos ha dejado claro que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto", como defendía Israel. Una postura que ha sido rechazada de manera unánime por la CPIEl presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tachó este jueves de "escandalosa" la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza."La emisión de órdenes de arresto por parte de la CPI contra líderes israelíes es escandalosa. Permítanme ser claro una vez más: independientemente de lo que pueda implicar la CPI, no hay equivalencia -ninguna- entre Israel y Hamás. Siempre estaremos junto a Israel contra las amenazas a su seguridad", dijo en un comunicado.
El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó su apoyo a las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Benjamin Netanyahu, actual primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, exministro de Defensa, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Gaza. Estas órdenes también incluyen al líder de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, quien murió en un bombardeo.“Colombia reafirma su compromiso con la paz, dentro y fuera de sus fronteras, y reitera su posición frente a lo que ha venido sucediendo con el pueblo palestino y la acción genocida perpetrada por el gobierno de Israel. Tal como lo expresó el presidente Gustavo Petro, Colombia siempre apoyará los esfuerzos para alcanzar la paz y rechazará cualquier acto de guerra", dice el comunicado de la Cancillería.Detalles del caso en la CPILa CPI dictó órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, señalados de emplear tácticas como el uso del hambre como arma de guerra en la Franja de Gaza. Asimismo, el tribunal incluye en sus acusaciones al líder de Hamás, Mohammed Deif, aunque su estado actual es incierto tras reportes de un supuesto fallecimiento en un ataque en junio.A pesar de los intentos de Israel por desacreditar la jurisdicción de la CPI en este caso, el tribunal rechazó de forma unánime dichos argumentos. Los jueces del tribunal decidieron hacer públicas ciertas partes de las órdenes, tradicionalmente clasificadas, para garantizar que las víctimas y sus familias tengan conocimiento de las acciones emprendidas. Según la CPI, “conductas similares a las abordadas en la orden de arresto parecen estar ocurriendo todavía”, lo que hace urgente visibilizar estas decisiones.Petro celebra orden de captura contra NetanyahuEl presidente Gustavo Petro calificó el jueves como "lógica" la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) y aseguró que "se debe acatar su fallo"."Esto es lo lógico. Netanyahu es un genocida. El tribunal de justicia del mundo lo dice y se debe acatar su fallo", escribió el mandatario en su cuenta de X, una vez se conoció la noticia.Petro, un firme defensor de la causa palestina, añadió que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene la responsabilidad de reconocer esa orden.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió este jueves a la ex fiscal general de Florida Pam Bondi para suceder a Matt Gaetz como fiscal general de su próximo gabinete, después de que este renunciara acorralado por sus escándalos sexuales."Pam fue fiscal durante casi 20 años. Fue muy dura con los delincuentes violentos y logró que las calles fueran seguras para las familias de Florida", dijo el futuro mandatario en su red social, Truth Social.El magnate neoyorquino recordó que, como primera mujer fiscal general de Florida, un puesto que ocupó de 2011 a 2019, Bondi "trabajó para detener el tráfico de drogas mortales y reducir la tragedia de las muertes por sobredosis de fentanilo, que han destruido a muchas familias" en todo Estados Unidos."Hizo un trabajo tan increíble que le pedí que formara parte de nuestra Comisión de Abuso de Drogas y Opioides durante mi primer mandato (2017-2019). ¡Salvamos muchas vidas!", añadió.Trump reiteró que, "durante demasiado tiempo", del Departamento de Justicia se ha utilizado contra él u otros republicanos, algo que dijo que va a parar."Pam volverá a centrar el Departamento de Justicia en su propósito de luchar contra el crimen y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Conozco a Pam desde hace muchos años. Es inteligente y dura", dijo de su nueva elegida, sobre la que aseguró que "hará un excelente trabajo como fiscal general".Gaetz, que hasta la semana pasada era congresista, renunció a su candidatura para ser fiscal general este jueves.Fue investigado en el pasado por el Departamento de Justicia, aunque nunca imputado, por haber supuestamente tenido sexo con menores, violando leyes de trata de personas, así como por consumo de drogas.En paralelo, enfrentaba una segunda investigación, abierta hasta la semana pasada, en el Comité de Ética de la Cámara de Representantes, pero esas pesquisas se cerraron al renunciar a su escaño la semana pasada, en cuanto Trump lo nominó, porque la comisión se quedó sin competencias sobre el legislador.Ese mismo comité renunció este miércoles a hacer público el informe sobre sus pesquisas, pero la presión en su contra se había intensificado y habían crecido las dudas sobre la posibilidad de que el Senado validara su nominación.El futuro gabinete de Trump, que debe ser autorizado por la Cámara Alta, todavía tiene en blanco puestos clave de su segundo mandato como el secretario del Tesoro, además de otros como los representantes de Trabajo o Agricultura.
