La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión inédita con la que busca acelerar la investigación que adelanta contra seis congresistas y excongresistas presuntamente involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo.La Sala de Instrucción de la Corte determinó que podría conceder beneficios judiciales a personas que no tienen fuero, es decir a quienes son investigados por la Fiscalía, con el fin de estimular la entrega de información efectiva y soportada que permita al Alto Tribunal, avanzar en el caso.Por ejemplo, en ese escenario, exfuncionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla podrían tener rebajas de pena adicionales autorizadas por la Corte, si ellos entregan directamente a los magistrados, datos clave que permitan completar el “rompecabezas” de la supuesta entrega de tres contratos de la UNGRD a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de que emitieran conceptos sobre empréstitos internacionales, según testigos, con el aval del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.Según fuentes de la Sala de Instrucción de la Corte, se adoptó esta decisión debido a la escasa colaboración de la Fiscalía con la entrega de información del caso: pese a que se han solicitado múltiples documentos y testimonios, solamente les han entregado la declaración de la exasesora del exministro Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides.Coincidencialmente, fue aplazada la audiencia de acusación que hoy debía continuar ante un juez de Bogotá por el escándalo de Gestión de Riesgo, contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y compañía, solicitud que eventualmente podría tener relación con el cambio de metodología investigativa que anuncia la Corte Suprema de Justicia.Esta decisión de los magistrados adicionalmente demuestra que mientras en la Corte buscan resolver con celeridad el proceso de corrupción más grave que ha salpicado al gobierno del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía apenas ha judicializado a los que confesaron los delitos y a la exconsejera Sandra Ortiz.Además, deja muchas inquietudes la queja de la Corte frente a la inexplicable demora por parte de la Fiscalía para entregar piezas procesales clave para avanzar en el caso. Se necesita un trabajo coordinado y armónico de la justicia para llegar hasta los máximos responsables de este escándalo de corrupción.
Se conoció que dos de los asesores más cercanos al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, renunciaron a partir del 7 de enero de 2025. Se trata de Jorge García, subsecretario de infraestructura y Hernán Alfonso Villamizar, quienes aparecen nombrados en medio del escándalo por la desaparición de luminarias y chatarra de dos bodegas de la Alcaldía de Bucaramanga. En un informe de auditoria que realizó la Contraloría Municipal de Bucaramanga por la pérdida de materiales de chatarrización de alumbrado público se evidenció que existe un posible daño fiscal por más de $23.000 millones. En el documento de la Contraloría de Bucaramanga aparece el testimonio de Edgardo Rodríguez Herrera, exfuncionario de la Oficina de Alumbrado Público, donde enreda a Hernán Alfonso Villamizar Parra, asesor del alcalde Jaime Andrés Beltrán. “Se procedió a revisar las bitácoras, en las cuales se menciona como encargado de ordenar el retiro de cualquier bien de la bodega al entonces contratista Edgardo Rodríguez Herrera, quien a su vez autorizaba al señor conductor Carlos Julio Fajardo, órdenes que fueron impartidas mediante abonado telefónico y no existió ninguna orden por escrito", dice la Contraloría. "Seguido a la situación expuesta anteriormente, yo recibí una llamada por WhatsApp por parte del señor Hernán Villamizar, asesor del despacho del Alcalde, en la que me manifiesta que yo ponga en conocimiento a los guardias del retiro de material inservible de la bodega La Hormiga por parte del señor Carlos Julio Fajardo, por lo anterior, procedí a llamar al guardia de turno para ponerlo en conocimiento de la orden dada, no obstante, esto no era parte de las obligaciones de mi contrato”, manifestó el exfuncionario Edgardo Rodríguez en la entrevista realizada por el equipo auditor de la Contraloría.Los funcionarios de la Contraloría siguieron preguntado sobre la chatarra al exfuncionario Edgardo Rodríguez, quien afirmó que le preguntó a Hernán Villamizar sobre quien sería el destinatario del material de las bodegas. “Una sola vez, en el transcurso de la comunicación yo cuestiono para quién va dirigido el material y me responde que para el hermano de Paula Ramírez (esposa del alcalde) y que él me va a contactar directamente, por lo tanto, yo no cuestiono más sobre el tema (…) sé que se llama Óscar y asumo que tiene el mismo apellido que ella. Él me contactó el día 16 de abril para informarme sobre los retiros”, le asegura Edgardo Rodríguez a la Contraloría. Emiro Arias, excandidato de la Alcaldía de Bucaramanga, denunció en la Fiscalía al secretario de Infraestructura (para ese momento Jorge García) y el alcalde Jaime Andrés Beltrán, por la perdida de más de 33 mil luminarias de dos bodegas de la Administración local. "Tenemos unos audios contundentes y fuertes que implican al cuñado del alcalde, al hermano de la primera dama, dando órdenes en audios y chats a unos funcionarios de la oficina de Alumbrado Público y a otros funcionarios de la administración municipal para que permitan el ingreso de camiones para sacar la chatarra, cuando él no tiene ninguna vinculación contractual con la alcaldía”, afirmó Arias a Blu Radio. La Contraloría de Bucaramanga determinó que existen graves hallazgos fiscales, administrativos y penales por la desaparición de luminarias y chatarra de alumbrado público.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo evidencias y elementos materiales probatorios que dan cuenta de irregularidades en el proceso de contratación y en la ejecución de las obras de construcción del sistema de alcantarillado de Becerril (Cesar), que a la fecha no se ha terminado ni ha entrado en operación.En ese sentido, fueron presentados ante un juez de control de garantías el exalcalde de la población, Juan Francisco Rojas Hinojosa; la exsecretaria de Obras Públicas del municipio, Isabel Cristina León Peñaranda; y el contratista Raúl Alfonso Cardozo Nuncira. Un fiscal de la Seccional Cesar les imputó los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Los cargos no fueron aceptados.Los hechos investigados iniciaron con la celebración de un contrato en enero de 2017, en el que la Alcaldía de Becerril adjudicó el proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario en diferentes sectores del casco urbano, por un valor cercano a los 4.000 millones de pesos.La Fiscalía estableció que el entonces mandatario y la exfuncionaria habrían direccionado el proceso contractual para favorecer a un contratista específico, y modificado varios ítems para autorizar el desembolso parcial de dinero por avances de obra.De esta manera, fueron pagados algo más de 1.449 millones de pesos por concepto del cambio total de la tubería. En las verificaciones se constató que sólo fue instalada el 75% de la red, por lo que esta actividad inconclusa generó un detrimento patrimonial superior a los 269 millones de pesos. Asimismo, se detectaron pagos por 142 millones de pesos por excavaciones que no se adelantaron.En total, fueron entregados 411’236.063 de pesos al contratista por acciones no ejecutadas.De otra parte, fueron identificadas anomalías como incumplimiento de múltiples parámetros del Reglamento del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), como las normas técnicas de las tuberías y los muros, y los trámites ante las empresas de servicios públicos para el funcionamiento de la estación de bombeo.En la actualidad, el contrato lleva más de 60 meses suspendido, y el sistema de alcantarillado está inoperante por falta de elementos esenciales para su funcionamiento como la estación de bombeo, líneas de conexión eléctrica, pozos de inspección, tramos de tubería y conexiones domiciliarias de alcantarillado.
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer la captura de los patrulleros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Jorge Barrios y Jorge Guerrero, quienes son señalados de secuestrar, robar y extorsionar a dos personas entre el 19 y el 23 de diciembre en Medellín. Esta situación, que ha causado indignación en la ciudad, se conoció por la denuncia de un vendedor ambulante.Según pudo señalar, la víctima de los presuntos malos tratos de los uniformados, los patrulleros los abordaron y, posteriormente, lo llevaron, al parecer, de manera irregular hasta el CAI del Parque Bolívar, en donde lo despojaron de algunas de sus pertenencias que estaban avaluadas en cerca de dos millones de pesos.Sin embargo, los delitos de los uniformados de la Policía no pararon allí, ya que el victimario denunció que los patrulleros introdujeron en su maleta una bolsa con drogas para poder justificar su captura y, no contentos con el robo de las pertenencias, estos hombres le exigieron a su primera víctima una cifra de 10 millones de pesos para dejarlo ir del lugar donde estaba retenido.Tras la denuncia interpuesta por el vendedor ambulante, que logró escapar del CAI, los policías fueron capturados en flagrancia, pero allí no paró todo, pues se logró determinar de un hecho similar cometido por los mismos hombres tan solo cuatro días antes con otro vendedor como víctima de los delitos.Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre cuando los patrulleros Barrios y Guerrero requirieron a un hombre porque, supuestamente, tenía una orden de captura vigente por hurto. Aunque la situación era falsa, el vendedor fue llevado hasta un CAI en donde fue retenido y golpeado en repetidas oportunidades e, incluso, le robaron varias pertenencias valoradas en cerca de siete millones de pesos.Por esta situación, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a los patrulleros por los delitos de secuestro simple agravado, hurto calificado y agravado; concusión, y prevaricato por omisión. Aunque a los hombres se les impuso medida de aseguramiento en lugar de residencia, la decisión fue apelada por la Fiscalía General de la Nación.
En un fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la Resolución 142 de 2024, emitida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que ordenaba la transferencia de 186.000 millones de pesos al municipio de Girón, Santander. La decisión se fundamenta en múltiples irregularidades, como la falta de estudios técnicos previos y la inclusión de proyectos sin justificación adecuada.El fallo señala que la Resolución 142 vulneró los procedimientos establecidos en la normativa vigente al omitir la revisión y recomendación del Comité de Contratación de la UNGRD y los informes de viabilidad técnica necesarios. Además, se determinó que las obras incluidas en la transferencia, como un acueducto y otras de mitigación, no estaban contempladas en los decretos municipales de calamidad pública que sustentaban la solicitud.Irregularidades administrativas y técnicasEntre las principales fallas señaladas por el Tribunal, se encuentra la ausencia de un Plan de Acción Específico (PAE) para las obras proyectadas, requisito obligatorio según la Ley 1523 de 2012. La única obra claramente justificada en los decretos de calamidad pública de Girón era la construcción de una subestación de bomberos en la región del Topocoro. Sin embargo, la transferencia también incluía proyectos adicionales que no fueron sustentados técnica ni jurídicamente.Asimismo, el Tribunal cuestionó la motivación de la resolución, calificándola de "falsa e incongruente" por incluir obras no relacionadas con las emergencias declaradas. Además, se determinó que la aprobación del acto administrativo por parte del entonces subdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla, excedió sus competencias legales.El Tribunal ordenó la devolución de los recursos a la UNGRD para que puedan ser destinados a iniciativas que cumplan con los lineamientos legales y técnicos en la gestión del riesgo. Además, la sentencia mantiene la suspensión provisional de la transferencia decretada desde julio de 2024, reforzando las medidas para proteger el patrimonio público.La UNGRD y las autoridades municipales de Girón tienen la posibilidad de apelar la decisión, lo que podría llevar el caso al Consejo de Estado.Este es el fallo:
Emilio Tapia, empresario involucrado en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, deberá cumplir una condena de seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el millonario desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).El fallo fue emitido por un juez especializado en Bogotá, marcando un nuevo capítulo en uno de los casos más polémicos de los últimos años en el país.Tapia, conocido previamente por su vinculación en el carrusel de la contratación en Bogotá, había logrado adjudicarse un contrato por $70.000 millones para llevar internet a escuelas rurales. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los documentos utilizados para garantizar el proyecto eran falsos.Estos documentos fueron clave para obtener el anticipo millonario que nunca se tradujo en beneficios para las comunidades vulnerables.La Fiscalía demostró que Tapia no solo fue determinante en la estructuración del fraude, sino que, además, se benefició directamente de los recursos desviados. El juez calificó los actos como una muestra de “flagrante desprecio por los recursos públicos”.Durante la audiencia, Tapia ofreció disculpas públicas, pero el juez consideró que la gravedad de los hechos ameritaba una sanción ejemplar.Además de la condena de prisión, deberá pagar una multa millonaria como reparación al Estado. A pesar de que su defensa intentó buscar una reducción de pena argumentando colaboración con las autoridades, el juez determinó que esta no fue suficiente para mitigar la responsabilidad.El caso Centros Poblados no solo destapó un esquema de corrupción sofisticado, sino que también puso en entredicho los mecanismos de control en la adjudicación de contratos en Colombia. Desde el inicio del escándalo, varios funcionarios públicos han sido investigados por su presunta complicidad y el MinTIC sufrió una crisis institucional que culminó con la renuncia de la entonces ministra Karen Abudinen.Con esta condena, Emilio Tapia enfrenta un nuevo revés judicial, sumándose a su historial de delitos contra el patrimonio público. El desenlace judicial de Tapia también genera expectativas sobre el destino de otros implicados en el caso, quienes siguen bajo investigación.
Condenan a cuatro ex empleados del Metro de Medellín por corrupción. Según la Fiscalía, los procesados defraudaron, en 200 millones de pesos, el sistema masivo de transporte con recargas que nunca entraron al sistemaSe trata de los hermanos Andrés Felipe y Valentina Umaña Tobón, así como Sergio Alexánder Ortiz Raigoza y Julieth Zapata Duque, a quienes un juez de conocimiento condenó a penas que oscilan entre los 7 y 11 años de prisión, por incurrir en actos de corrupción cuando desempeñaban labores como informadores - vendedores en el sistema masivo de transporte.Según reveló la Fiscalía, los procesados alteraron el sistema informático de recargas de tarjetas, lo que les permitió apropiarse de 214’ 354.875 de pesos, inconsistencias que fueron detectadas durante una auditoría interna de la empresa, que probó que estos hechos ocurrieron entre junio de 2018 y agosto de 2019.En su momento, el CTI adelantó un allanamiento y registro en el que se incautaron 228 tarjetas y más de 3 millones de pesos en efectivo.Tras ser encontrados responsables de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y obstaculización ilegítima de sistemas o redes de comunicación, cada uno de los condenados deberá pagar una multa equivalente a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para la época de los hechos. Esta sentencia fue apelada por la defensa de los procesados ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.Frente a la decisión, el Metro de Medellín emitió un comunicado en el que argumenta que “una vez identificado el modus operandi de estas personas, la empresa emprendió acciones judiciales con el fin de evitar que los hechos ocurridos hace más de 6 años se repitan, instaurando la respectiva denuncia de los presuntos delitos mencionados”. A su vez, se inició el respectivo proceso disciplinario contra dichos funcionarios, aseguró la compañía paisa.
El exagente de la Dirección de Tránsito de Floridablanca, Samuel Gualdrón Delgado, conocido como “Pollo Ronco”, fue condenado a ocho años de prisión por el delito de concusión, según confirmó la Fiscalía General de la Nación a través de su Dirección Seccional en Santander.El caso involucra a Gualdrón Delgado, quien durante los hechos desempeñaba el cargo de alférez en la Dirección de Tránsito de Floridablanca. Según la investigación adelantada por la Fiscalía 7 Seccional Bucaramanga y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Gaula Militar Santander, el entonces funcionario exigió una suma de dinero a un ciudadano para evitar la inmovilización de su vehículo y su traslado a patios.Los hechos tuvieron lugar en la Dirección de Tránsito de Floridablanca, donde el condenado utilizó su posición para coaccionar a la víctima, incurriendo en el delito tipificado en el artículo 404 del Código Penal colombiano.Alias “Pollo Ronco” fue capturado el pasado 16 de diciembre en inmediaciones de la carrera 9 con calle 7, frente a la Hermandad de Nazarenos de Santander. La detención se realizó con base en una orden judicial emitida por el Juzgado 5 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga.El conductor infractor, en su momento decidió denunciarlo y así empezó el proceso que duró 14 años hasta su captura. El delito ocurrió el 30 de octubre de 2010.
La directora del Dapre, Laura Sarabia, denunció penalmente a Sandra Ortiz por el delito de injuria y calumnia tras sus declaraciones señalando un presunto “complot presidencial” en su contra.Jorge Mario Gómez Restrepo, abogado de Sarabia, presentó la denuncia alegando que las acusaciones de Ortiz carecen de fundamento y están diseñadas para dañar la reputación de su clienta. Según el abogado, Ortiz, al hacer señalamientos de una conspiración que involucraba a figuras de alto nivel en el Gobierno, entre ellas la fiscal y la procuradora, estaría difamando sin pruebas claras. Este comportamiento, según Gómez, tiene como fin obstruir la justicia y generar un clima de desconfianza en las instituciones del Estado. La denuncia se incorpora ahora como prueba en el expediente judicial de la exfuncionaria.¿Qué dijo Ortiz sobre Sarabia ante la juez?El origen de la disputa se remonta a las recientes declaraciones de Ortiz, quien denunció lo que considera un complot orquestado desde la Presidencia para desacreditarla. En un enfrentamiento mediático, la exfuncionaria relató que fue víctima de una campaña de desinformación, diseñada para hacerla pasar como chivo expiatorio de las irregularidades ocurridas en la UNGRD. Ortiz asegura que la supuesta pérdida de computadores que fue ampliamente divulgada en los medios nunca ocurrió, y que la información presentada por ella demuestra que no hubo tal pérdida.Ortiz también señaló que una mujer con gran poder dentro del Gobierno sería la responsable de haber liderado este supuesto complot, acusando incluso a la funcionaria de tener vínculos cercanos con la Fiscalía y la Procuraduría. “Tengo pruebas y certificados que demuestran que nada se perdió, pero el show mediático que armaron durante semanas dañó mi nombre”, manifestó Ortiz en su declaración. Además, advirtió sobre el temor por su seguridad y la de su familia, al considerar que la red de poder que la involucra en este conflicto es peligrosa.En cuanto a la acusación de corrupción dentro de la UNGRD, Ortiz insistió en que los responsables no han sido identificados y que ella fue utilizada como un chivo expiatorio para encubrir a los verdaderos implicados. Según su versión, el escándalo mediático desviado hacia su figura fue parte de una estrategia para ocultar un entramado de corrupción más amplio.
Sandra Ortiz, exfuncionaria del gobierno, denunció que fue víctima de un complot orquestado desde la Presidencia con el propósito de desacreditarla. En su declaración, Ortiz aseguró que esta estrategia mediática y política buscaba convertirla en un “chivo expiatorio” para encubrir a los verdaderos responsables de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Según Ortiz, una mujer con gran influencia dentro del gobierno habría liderado este complot. “Esa persona tiene mucho poder, está al lado del presidente, y fue quien orquestó todo esto para que yo terminara aquí. Yo sé cómo se mueven las cosas en Presidencia, y sé que ella tiene nexos con la fiscal, la procuradora y otros entes clave. Esto no fue casualidad, fue una estrategia planeada”, señaló Ortiz.La exfuncionaria manifestó preocupación por su seguridad y la de sus familiares. “He hablado en entrevistas y advertido que temo por mi vida, la de mis hijas, mis abogados y las personas cercanas a mí. Estoy enfrentándome a un sistema que protege a los verdaderos implicados”, agregó.Ortiz insistió en que la corrupción en la UNGRD sigue sin ser esclarecida porque los responsables están protegidos. “Las personas realmente implicadas no están aquí y nunca las van a mencionar. Esto era un negocio de terceros y otros funcionarios, pero yo me convertí en el blanco porque denuncié lo que estaba pasando”, afirmó.
