La sorpresiva llegada de nueve cuerpos sin vida, durante la mañana de este viernes 17 de enero a las instalaciones de Medicina Legal en Montelíbano, Córdoba, ha requerido el desplazamiento de personal especializado del CTI de la Fiscalía para atender la investigación de lo que sería el resultado de un combate entre grupos armados en Nechí, Antioquia.Sin embargo, la falta de capacidad instalada en la morgue de este municipio, obligó al Cuerpo Técnico de Investigaciones a solicitar el traslado de los restos a Montería, donde se podrían realizar las respectivas identificaciones.De acuerdo con información que conoció Blu Radio, una empresa de funeraria fue la encargada de realizar el traslado de los cuerpos desde Nechí, en Antioquia, hasta Montelíbano, Córdoba.Los cuerpos estaban dentro de bolsas negras para que se les practicaran las respectivas necropsias, tal cual y como lo indica la ley cuando se trata de una muerte violenta.De igual manera, se supo que las circunstancias de muerte son materia de investigación para las autoridades competentes.Fuentes judiciales le aseguraron a este medio que aún no hay certezas que estructuras pudieron estar detrás de este enfrentamiento, aunque tampoco se descarta que haya sido un violento atentado. Por lo cual, grupos como el Clan del Golfo están siendo analizados en las pesquisas.
Hay indignación en Montería por la violencia del conductor de una camioneta de alta gama contra una mujer, a quien arrolló intencionalmente, luego de que esta le reclamara porque le había matado a su mascota tras atropellarla.Los hechos ocurrieron en el conocido barrio El Recreo, localizado en el norte de Montería, y la víctima para esta ocasión fue identificada pasadas las horas como Íngrid Johana Arroyo Jiménez, ex directora de la oficina del Sisbén en esta población.Según los primeros reportes de lo sucedido, su pronóstico de salud actualmente es reservado, mientras que el teniente coronel Pedro Isaza Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, informó que el vehículo involucrado era conducido por un adolescente de solo 16 años.“Este vehículo fue ubicado por las unidades de Policía dejándolo a disposición por parte de la Seccional de Investigación judicial. Igualmente, el padre de la persona que manejaba el automotor, quien es un menor de edad de 16 años, se presentó ante la Seccional de Tránsito y Transporte”, dijo inicialmente Isaza Gómez.“Allí indicó que responderá por los hechos y presentará en las próximas a su hijo con su abogado para que responda por el episodio presentado”, agregó.Al parecer, Íngrid Johana paseaba una mascota por el sector referenciado cuando este joven le pasó el carro por encima. Tras recibir algunos reclamos de la mujer, optó por arremeterla con su automotor.En primera instancia, el menor habría abandonado el lugar. Sin embargo, gracias a la ayuda de presentes y cámaras de seguridad, las autoridades lograron localizar esta camioneta.El hecho generó todo tipo de rechazo por las redes sociales y entre los que hablaron del tema se encuentra el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien señaló que estos episodios nos pueden “tolerarlos ni normalizarlos”.Otro de los que se refirió al caso fue el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, quien condenó “cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de las personas”.El mandatario visitó a la mujer herida en el centro asistencial en el que se encuentra y junto a este organizó una donatón de sangre para los interesados en ayudar. A su familia, les indicó que trabajará para esclarecer los hechos y garantizar la justicia.
La Agencia Nacional de Tierras confirmó la reglamentación de 1.300 hectáreas de playones comunales en Charco Ají y Corralito, en Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba. Según la agencia, con la recuperación de ese terreno se beneficiarán 300 campesinos pesqueros en las que también se hizo la certificación del uso de recursos hídricos para cultivos y pesca artesanal.“Nos tomamos y hemos tomado la decisión de entregar los reglamentos de la ciénaga de Corralito, de la ciénaga de Charco ají, entregándosela a los líderes campesinos de la zona que llevaban más de 42 años, peleándose la posibilidad de tener la seguridad de trabajar en sus ciénagas. Así que es tarea de todos cuidar las ciénagas y los playones”, mencionó el director de la ANT, Felipe Harman.Los terrenos están amparados bajo las resoluciones expedidas por la agencia en las que se contempla la reglamentación de bienes baldíos adjudicables en los que se debe implementar la política de trabajo sostenible, es decir, las tierras entregadas deberán cumplir con el requisito de ser tierras productivas.
Justo en un sector llamado Piensalo Bien, ubicado en la vereda Punta Bolivar, jurisdicciòn del municipio de San Antero, Córdoba, se presentó un vil asesinato que tiene anonada a gran parte de la comunidad de esa localidad.Allí se dio la muerte de una mujer llamada Maricela Sierra De Hoyos, de 37 años y madre cabeza de hogar, que se encontraba en una vivienda cuando fue sorprendida por una persona que la asesinó con un arma cortopunzante y luego intentó quemar el domicilio con su cuerpo aún dentro.Las autoridades tratan el caso como un supuesto feminicidio, debido a que surgió la información de que su ex compañero sentimental fue visto por la zona antes de lo sucedido. Otro de los presuntos sospechosos sería un hombre que actualmente era su pareja."Se tienen varias hipótesis, al parecer se encuentran vinculadas dos personas de sexo masculino, pero en este momento se está adelantando la investigación de rigor para establecer la culpabilidad del hecho", expresó el coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, comandante del Departamento de Policía en Córdoba.Ambas personas se encuentran en la sede de la Unidad Básica de Investigación Criminal en calidad de sindicados. El Cuerpo de Bomberos evitó que la casa y el cuerpo fueran incinerados, por lo que este último fue trasladado a Medicina Legal."La Policía Nacional lamenta profundamente el hecho presentado y se solidariza con los familiares de la víctima", agregó el oficial.Y en el mismo sentido se pronunció la Personería municipal: "ponemos a disposición esta institución, su oficina y todas las del municipio para asesorarlos, para acompañarlos y, sobre todo, para brindarle todo el apoyo en esta difícil situación", dijeron desde la entidad.Las autoridades competentes reiteraron que las líneas de atención están disponibles para atender cualquier tipo de episodio con naturaleza violenta en el departamento.
Un grupo de personas protagonizó la noche del pasado domingo una serie de ataques vandálicos en las oficinas de Afinia en Ayapel, Córdoba, donde, incluso, le prendieron fuego y quemaron gran parte su infraestructura, porque tenían 15 horas sin servicio de energía, situación que tuvo que ser intervenida por la Policía y el equipo de seguridad de la compañía.Afinia, a través de un comunicado, expuso que la suspensión del servicio se dio desde las 4:00 de la madrugada de este domingo, pero con el propósito de instalar y poner "en servicio un nuevo transformador de potencia y de mayor capacidad en la subestación Cerromatoso".La empresa reconoció que estos trabajos se extendieron más de lo previsto "por una contingencia interna, propia del desarrollo de las actividades", pero que hacia las 8:45 de la noche terminaron la fase de estabilización y se normalizó el servicio, todo ello, con el objetivo de beneficiar a los más de 11.050 clientes que tiene Afinia en Ayapel, muy a pesar del "bajo recaudo" que hay en este municipio del sur de Córdoba.Afinia aseguró que, por lo sucedido, emprenderá acciones legales y pedirá a las autoridades y a la alcaldía que los acompañen en estos procesos.La Policía se encuentra al frente de la investigación para encontrar a los responsables de estos actos de vandalismo.
Aún hay muchas dudas sin responder alrededor del crimen ocurrido el pasado 29 de octubre, en zona rural de Montería, capital del departamento de Córdoba, cuando se dio el hallazgo de cuatro personas completamente calcinadas en el interior de una lujosa camioneta.Los cuerpos fueron sometidos a numerosos estudios forenses por parte del Instituto de Medicina Legal y, de acuerdo a lo que supo Blu Radio, fueron entregados a sus familiares la semana anterior.Tres de ellos habrían sido identificados como Yoneth Polo Collazos, Martín Ríos Figueroa y Harold García Agudelo, mientras que nunca hubo un reporte sobre el nombre de la cuarta víctima fatal. Con las tres primeras ayudó que habrían sido reportadas como desaparecidas desde Barranquilla.Allegados de Yoneth no entregaron muchos detalles de lo sucedido, pero sí mencionaron que el episodio está en manos de las autoridades.“Todo sigue en manos de las autoridades para que se esclarezca el caso. De resto, no tenemos más información. Estamos rogando a Dios para que se aclaren las cosas”, declararon a Blu.La mujer, quien pidió reserva de su identidad por seguridad, manifestó que el fallecido solo había salido a trabajar, pues en su tiempo se difundió que estaba al servicio de una empresa de seguridad en Barranquilla.“Queremos que todo quede claro o, por lo menos, lo más claro posible. Yoneth no era una persona mala, él solamente se estaba ganando el pan de sus hijos”, finalizó.Un grupo élite de la Dijin está a cargo de las investigaciones para determinar con exactitud qué sucedió, no obstante hasta el momento no se han conocido nuevos avances.Lo que se supo en la fecha es que las cuatro personas habrían sido asesinadas con arma blanca antes de ser incineradas, pues dos sujetos fueron vistos en inmediaciones de la zona El Cerrito, a pocos metros del lugar de los hechos.
El Fondo Ganadero de Córdoba era una entidad mixta y algunos de sus miembros han reconocido alianzas con el paramilitarismo para despojar miles de hectáreas de tierras en Tulapas, una subregión del Urabá. Este caso está siendo investigado por la JEP y allí se han presentado Benito Osorio, gerente del Fondo, Benito Molina, quien fue el presidente, y el empresario Luis Gonzalo Gallo, quien hizo parte de la junta directiva.Gallo, en las últimas horas, se presentó nuevamente ante la JEP, y en una audiencia conocida en primicia por Blu Radio el empresario entregó información que ha recopilado sobre el estado en el que se encuentran algunos bienes que pertenecieron al Fondo, sin embargo, también dijo que él no autorizó ni hizo parte del lavado de activos, del cual si habrían hecho parte Osorio y Molina."El Fondo, cuando tomó la decisión de comprar Tulapas, tenía en caja suficiente plata para comprar todas esas hectáreas, ahí no hubo lavado de activos. El lavado de activos fue una cosa que se conformó en el concierto que se creó entre Benito Molina, Benito Osorio y Sor Teresa Gómez. Pero como miembro de una junta directiva responsablemente aprobé una decisión de comprar y hacer una inversión estando la plata disponible y líquida en el Fondo y eso también empata con el decrecimiento del ganado, el ganado seguía cayendo en número porque o tienes ganado o tienes plata", dijo Gallo ante la JEP.Por otro lado, Gallo aseguró que él no quería enriquecerse con el Fondo Ganadero de Córdoba, pues aseguró que en total no tuvo más del 3 % de las acciones."Nosotros comenzamos a comprar acciones en el año 93 y terminamos de comprar los 10 millones y pico de acciones en el año 94, eso no fue una sola compra ni un solo cheque, fueron compras durante todos los meses de esos dos años, en ese momento estábamos pagando entre 5 pesos por acción, 10 pesos por acción, eso no era mucha plata eran 4, 5 millones de pesos... Yo nunca tuve, en la época en que se tomó la decisión de comprar tierras, más del 3 % de las acciones del Fondo Ganadero de Córdoba, y es absolutamente falso que para mi fuera perentorio enriquecerme a través del Fondo Ganadero de Córdoba porque no era posible, con el 3 % no era posible", agregó Gallo.En el mismo sentido, el empresario manifestó que él no mandaba en la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba y que por eso tampoco la podría controlar e insistió en que ningún momento actuó "criminalmente", pero que sí quiere participar en un proceso de reparación a las víctimas."¿Por qué he insistido tanto en reparar a las víctimas si a la vez he insistido en que no soy máximo responsable ni conocedor del plan criminal cuando se diseñó?, por una sencilla y simple razón: porque fui miembro de una junta directiva de una empresa que fue cooptada para comprar unas tierras que no debió comprar, entonces si moralmente y humanamente puedo aportar a que ese daño se pueda resarcir en algo considero importante hacerlo. Nunca he considerado que deba ser con mi capital sencillamente porque yo no actué criminalmente, puede que haya entidades jurídicas que lo consideren, pero hasta que eso no haya sido demostrado, que no sé si va a ser demostrado o no, me he mantenido en esa línea, pero sí siento que tengo una cantidad de conocimientos y experiencias y a personas que les podría interesar un proyecto de reparación integral en Urabá con esta población de Tulapas", explicó el empresario.Además, finalizó asegurando que él no conoce paramilitares, que a la única persona cercana a las Autodefensas que conoce es a Sor Teresa Gómez, cercana a los Castaño. Sobre este tema dijo que posteriormente lo explicaría a la JEP."Vuelvo a insistir que jamás he tenido relación con el paramilitarismo, nunca he conocido a un paramilitar como tal; lo más cercano que he estado es a Sor Teresa Gómez, después seguramente hablaremos de eso", dijo Gallo ante la magistrada Nadiezhda Natazha Henríquez.Versiones de Benito Osorio y Benito Molina ante la JEPLo dicho por Luis Gonzalo Gallo en esta versión voluntaria ante la JEP contrasta con la información que han entregado ante este tribunal Benito Osorio y Benito Molina. Durante una versión en el 2022, Molina dijo que la junta del fondo era mayoritariamente paramilitar y sobre Gallo aseguró que el empresario habría ido a reunirse con paramilitares de la casa castaño para hablar sobre la compra de tierras.En este momento la JEP avanza en las investigaciones del caso Tulapas, en ese proceso, la magistratura deberá contrastar las versiones entregadas por los miembros y directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, que en algunos casos tienen elementos diferentes e incluso versiones encontradas frente a lo sucedido.
A través de una resolución emitida el pasado 9 de diciembre, el Sena dio por terminado el encargo de la funcionaria Clara Helena Genes Bitar como directora regional en Córdoba y en su reemplazo nombró a Naviris del Carmen Vega Algarín para que asumiera el puesto, también en calidad de encargo, desde esta misma semana.Genes Bitar había sido nombrada como directora regional encargada desde el pasado 18 de septiembre; sin embargo, su gestión empezó a ser cuestionada en las últimas horas tras la divulgación de videos en redes sociales en los que la relacionan con supuestos actos de corrupción.Los señalamientos han despertado polémica e, inclusive, desde el sindicato del Sena en Córdoba, en cabeza de su presidente Elkin Pérez, habían pedido una investigación al respecto."Estos videos la comprometen bastante y nosotros como organización, pues lo que pedimos a la Dirección General fue que la separaron del cargo y que se hagan las investigaciones para que no quede duda o, si tiene culpabilidad, pues ella responderá por sus actos", manifestó Pérez.En su reciente resolución, el Sena solo afirmó que “por necesidad del servicio” se requería dar por terminado el encargo de Genes Bitar; sin embargo, no se refirió directamente a estos señalamientos contra la exdirectora.Es más, el Sena aclara que, “revisada la base de datos de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Policía Nacional y el Sistema Nacional de Medidas Correctivas, a la fecha, la funcionaria Clara Helena Genes Bitar no presenta antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales ni policiales”.Sobre Naviris del Carmen Vega como nueva directora encargada, el Sena detalló que es una abogada cereteana, de 38 años, especialista en Derecho Constitucional, Contratación Estatal y Derecho Administrativo. Además, es magíster en Derecho Público y actualmente cursa una maestría en Administración con énfasis en Gerencia Pública.Vega cuenta con más de cinco años de experiencia en el Sena, donde ha desempeñado diferentes roles, y también amplia experiencia en el sector público, habiendo trabajado en entidades como el ICBF, Hospital San Jerónimo de Montería, Alcaldía de Cereté, Alcaldía de San Pelayo y la Superintendencia de Notariado y Registro.
Pérdida total sufrió un restaurante en el municipio de Cereté, Córdoba, luego de que en plena celebración de velitas una persona encendió un volador y este, en vez de elevarse, cayó en el establecimiento comercial y provocó un incendio de grandes proporciones.La situación evidencia cómo, a pesar de las restricciones, la ciudadanía se ha desbordado con el uso de pólvora en este departamento, donde incluso ya se reportan 10 personas lesionadas en esta temporada, lo cual representa un incremento del 100 por ciento de los casos en comparación con el año pasado.De los 10 casos de quemados con pólvora registrados en Córdoba, cuatro han tenido lugar en Montería, donde el alcalde Hugo Kerguelén reforzó los operativos para evitar que la situación se siga saliendo de control."Y tenemos también al grupo aquí antipólvora, un grupo que va a trabajar sustentándose en el decreto que suscribimos hace aproximadamente unos tres días. Hago un llamado a la conciencia de todos los monterianos, de los padres de familia para que cuiden a sus hijos y para que se cuiden también ellos mismos", manifestó el mandatario.En Atlántico, la situación no es menos preocupante, tanto así que en todo este departamento ya se reportan 21 personas afectadas por pólvora. Según el Instituto Nacional de Salud, 16 de estos casos se han registrado en municipios y cinco en Barranquilla, donde la Alcaldía empezó a pagar recompensa a quienes delaten a los sitios que venden pólvora de manera ilegal."Hoy estamos haciendo el primer pago de 2 millones de pesos a esas fuentes que tenemos nosotros. Invitamos a la ciudadanía a informarnos sobre estas situaciones, a decirnos dónde están las bodegas, dónde están guardando la pólvora para nosotros hacer las incautaciones", informó el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay.En Barranquilla y el Atlántico ya se reportan ocho menores de edad afectados con pólvora, entre ellos un niño de 2 años que habría sufrido una intoxicación con fósforo blanco tras aparentemente consumir un triquitraque. Es por esto que en Barranquilla también empezarán a sancionar a los padres de menores de edad que manipulen pólvora.
Se conoció que el papá del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, Alejandro Lyons de la Espriella, quedó en libertad, según fuentes del Inpec, por vencimiento de términos. Lyons de La Aspriella había aceptado responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.El padre del exgobernador de Córdoba, quien estuvo vinculado al cartel de la toga, estuvo en la cárcel durante 5 años hasta que se definiera su situación jurídica.Los hechos por los cuales Lyons de la Espriella fue condenado se relacionan con la adquisición de irregular de 15 bienes inmuebles, cuyo valor total supera los $9.000 millones. Según la investigación, estos bienes fueron adquiridos con recursos obtenidos de actos de corrupción cometidos durante la administración de su hijo, Alejandro Lyons Muskus.La Procuraduría destituyó e inhabilito a Lyons de la Espriella por 10 años para ejercer cargos públicos. La decisión se tomó tras comprobar su participación en un esquema de irregularidades relacionado con pagos indebidos por servicios odontológicos, los cuales generaron un detrimento superior a los $3.000 millones.
