Después de varias semanas se negociación hay humo blanco para la reforma laboral del sector público: la promesa del Gobierno de acabar los contratos de prestación de servicios.El acuerdo final dice que las entidades públicas tendrán 60 para hacer los estudios de carga laboral y determinar cuántas gente debe ser contratada por el Estado. Los estudios serán financiados directamente por el gobierno para evitar que el acuerdo 'se embolate' por falta de plata.Con esos datos en mano, el Gobierno definirá cuáles vacantes se abren en cada entidad. La pelea será si esas serán plantas temporales como proponen algunas voces dentro del Gobierno o plantas permanentes como quieren las centrales obreras."Se va a iniciar este año de manera acelerada con los estudios de planta de personal y con la posibilidad de que este mismo año de hagan los concursos de tal manera que al final del cuatrienio esté resuelto este fenómeno tan discriminatorio con los empleados del sector público como es tenerlos en ese sistema de órdenes de prestación de servicios", dijo a Blu Radio el negociador de la CUT, Fabio Arias.El Sena es una de las primeras entidades que pasará a la fila de los concursos ya que es una de las principales usuarias de los contratos por prestación de servicios. El Ministerio del Trabajo está proponiendo la creación de 10.000 vacantes para instructores y unas 2.400 más para empleados administrativos. La decisión final depende de una reunión del Consejo Directivo en julio próximo.Quienes hoy trabajan como contratistas no tienen garantizado un cupo en las nuevas plantas y deberán competir por su lugar en un concurso junto a cualquier interesado.Todos los concursos pasan por el filtro de la Comisión Nacional del Servicio Civil así que si está interesado en trabajar con el Estado es buena idea que inscriba su hoja de vida y esté atento a las convocatorias.El cronograma de trabajo implica que en 2023 será muy poco posible comenzar en enganche de trabajadores a las nuevas plantas. Este año la contratación está limitada además por el arranque de la Ley de Garantías Electorales.Le puede interesar
Los sindicatos están admitiendo que la promesa del Gobierno de acabar con los contratos de prestación de servicios solo podrá empezar a cumplirse en 2024 por temas técnicos relacionados con el presupuesto.Aunque el Gobierno y sus sindicatos ya lograron un acuerdo en cuanto al aumento salarial para los servidores públicos (que será del 14.62 % este año), las negociaciones de la Mesa Estatal continúan porque el tema clave en discusión es justamente este: la ampliación de plantas de personal de varias entidades del estado para dejar atrás los contratos de prestación de servicio, las famosas OPS.El presidente de la CUT, Francisco Maltés, espera un acuerdo definitivo entre las partes antes del 15 de junio."Eso nos da los tiempos para que lo que aquí acordemos sea incorporado en el ante proyecto de presupuesto que elabora Planeación y pueda ser incorporada una partida adicional para la formalización en el presupuesto general de la nación del año entrante", dijo a Blu Radio el presidente de la CUT, Francisco Maltés.Los sindicatos calculan que 1,200,000 personas trabajan con el Estado a través de órdenes de prestación de servicios lo que implica que no acceden a prestaciones como primas, cesantías, vacaciones o el pago de seguridad social. Sin embargo, el objetivo no será contratar a todas esas personas, sino solamente a quienes cumplen funciones permanentes.A finales del año pasado el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió una circular para limitar a cuatro meses la contratación a través de órdenes de prestación de servicios con la idea de comenzar la formalización de una vez en 2023. Muchos de esos contratos terminaron en abril o ya están por acabarse.El plan de formalización de función pública implica crear unos 700.000 empleos temporales.Siga la discusión de la reforma laboral en vivo:
Este jueves, 16 de marzo, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro y la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó ante el Congreso su propuesta de reforma laboral. Estos los puntos más importantes de la reforma laboral:Vuelven los recargos nocturnos después de las 6:00 de la tarde: según el Gobierno esta medida implicará un aumento del 13.3 % en el costo de contratación de un trabajador de salario mínimo.Aumento salarial automático: todos los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos ($2.320.000) tienen derecho a que les suban el sueldo cada año de acuerdo a la inflación.Apps de domicilios tendrán que pagar primas, vacaciones y seguridad social: en esta reforma, se considera que los trabajadores de plataformas de entrega sean empleados con todos sus derechos. El pago de sus prestaciones y seguridad social se va a hacer de forma proporcional así que las empresas tendrán que hacer la conversión de horas de trabajo o conexión por día en semanas por mes.Agricultores podrán contratar por días: se crea la modalidad de jornal agropecuario para los trabajadores del campo. En esta modalidad se hace un solo pago de todas las prestaciones y la seguridad social se hace proporcional al tiempo trabajado. Sin embargo, la unidad mínima para cotizar a salud y pensiones es una semana.Menos contratos temporales y más indemnización por despido: hoy una persona podría estar contratada indefinidamente bajo contratos a término fijo que se renuevan año a año, según esta reforma, eso se acabaría porque máximo una persona podrá estar a término fijo durante dos años. Seguirán existiendo los contratos por obra o labor y los de prestación de servicio, pero no se pueden usar para tareas permanentes de una empresa. Además, se aumenta a un mínimo de 45 días la indemnización por despido sin justa causa.Más licencia de paternidad: la licencia de paternidad sería de 5 semanas desde 2023; 8 semanas en 2024 y 12 semanas en 2025. Actualmente, la licencia de paternidad es de dos semanas, pero la madre puede ceder al padre parte de su licencia para regresar al trabajo antes.Jornada flexible para quien tiene hijos: un trabajador con responsabilidades familiares, como menores de edad o adultos mayores a su cargo, podrá proponer a su empresa la implementación de jornadas de trabajo flexibles apoyadas por la tecnología. Una vez recibe la solicitud la empresa tiene cinco días hábiles para decir si acepta, si modifica la propuesta o si niega la petición.Protección para los desplazados por la tecnología o la descarbonización: dos de los artículos de la iniciativa buscan que las empresas tomen acciones para darles nuevas oportunidades laborales a quienes perderán sus trabajos por cuenta de la tecnología o el cierre de minas y operaciones petroleras. Las empresas de minas y energía deberán crear un fondo para pagar la seguridad social de sus extrabajadores de forma temporalFutbolistas serán empleados: tanto los futbolistas como otros deportistas profesionales tendrán que ser contratados a través de un contrato laboral y no a través de un contrato civil que es la figura más usada en la actualidad.Se fortalecen los sindicatos: la reforma incluye varias medidas para quitarle obstáculos a la sindicalización de los trabajadores. Por ejemplo, se prohibirá a las compañías dar incentivos a los trabajadores por no afiliarse a un sindicato. También se amplía el derecho a la huelga (incluso a servicios esenciales) y se establece la posibilidad de tener negociaciones por sectores económicos o ramas de actividad.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Este lunes, 27 de febrero, se conoció el borrador del proyecto de ley de la reforma laboral por parte del Ministerio de Trabajo en el que varios puntos siguen estando en mesa de debate entre gremios de trabajadores. Entre los puntos de discusión están las horas extra y el recargo nocturno, temas que levantan ampolla entre los empresarios y los trabajadores.Desde el sector de las medianas y pequeñas empresas, que agrupa el 80 % de la fuerza laboral del país y de representantes de los trabajadores se debatió en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre la iniciativa que será discutida ampliamente.Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Micro, medianas y Pequeñas Empresas, Acopi, mostró su preocupación por el articulado e indicó que estas reformas se han manejado siempre de forma aislada.“Es sumamente preocupante. Nosotros desde el sector empresarial hacemos un gran esfuerzo, no solamente por generar empleo, sino por mantenerlo que es de bastante importancia. Algo que le sucede al país, tanto al Congreso como al Ejecutivo, es que miramos las reformas de manera aislada y es que se están planteando una serie de transformaciones en el aparato productivo. Tenemos un país que está sufriendo las consecuencias mundiales pandemia y de guerra”, señaló.La directiva indicó que, a su modo de ver, con esta reforma no se podrá generar empleo y pone en duda que se mantengan los que se han creado.Por su parte, Percy Oyola, presidente del CGT (Confederación General del Trabajo), se refirió a si esta reforma aumentaría la informalidad y el desempleo en el país.“No es obviamente el efecto que se quiere, pretendemos que la reforma laboral no solamente mejore las condiciones de trabajo, sino que avancemos hacia la integralidad del concepto de trabajo decente”, señaló el representante sindical.Además, indicó que lo que debe buscar la reforma es nivelar por lo alto a los trabajadores y que se cierren las brechas de precarización laboral que, según él, existen en el país.La directora de Acopi, resaltó la importancia de los cambios que vendrán con las reformas, pero enfatizó en la importancia de discutirlas bien y que se hagan consensos entre las partes.“Estamos con un Gobierno que quiere un cambio total y está haciendo una cantidad de reformas, y todas sin exclusión van a tener un impacto sobre el tejido empresarial y sobre los ciudadanos”, señaló.Finalmente, Quintero mencionó que es vital pensar en los jóvenes que empiezan su vida laboral y que no han tenido la oportunidad de acceder a un empleo; esto traído a colación por el tema de los cambios en los contratos de aprendizaje que se mencionan en el borrador de la actual reforma.
Cuatro meses, como planteó el Departamento de Función Pública para la transición de contratos de prestación de servicios a nómina, es un plazo y una “carga” imposible de ejecutar, según indicó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a través de una carta dirigida al secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández Andrade.En la misiva, conocida por Blu Radio, la ministra Ramírez envió una serie de observaciones sobre el lineamiento del plan de formalización del empleo público en el país. Según recalcó, la expedición de la circular No. 100-005-2022 no tuvo una previa articulación de las normas, lo que “dificulta” la gestión para realizar el proceso de nóminas."(…) Se observa que al expedición de la circular no contó con la previa articulación que las normas imponen y, por lo mismo, dar por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral puedan ser realizados en cuatro meses y sin las apropiaciones presupuestales correspondientes, por cuanto el trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades publicas ya se surtió y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión administrativa (…) Sino también imponen una carga imposible de ejecutar”, se lee en el documento.La carta fue radicada el pasado 30 de diciembre de 2022 y en esta enfatiza que, según la ministra, no se atendieron las recomendaciones del Ministerio de Trabajo ni los principios legales para emitir la circular, por lo que ahora se propone una serie de “recomendaciones”.Entre estas, está que durante el 2023 las entidades públicas realicen, en una primera fase, un proceso de formalización laboral de “implementación progresiva que de prevalencia a los auxiliares técnicos y personal asistencial” del sector público.Añade que los estudios técnicos de cargas laborales deben responder a criterios de “razonabilidad y proporcionalidad en consideración de las necesidades de cada entidad”. Esto, contando con la respectiva viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda.Esta es la carta completa:
Blu Radio revela dos borradores de reforma laboral presentados por los sindicatos al Gobierno, en medio de las sesiones de negociación de la iniciativa. Los puntos gruesos de la propuesta tienen que ver con fuertes límites a los contratos a término fijo, pasar de dos a tres dotaciones al año y mayores garantías para los trabajadores que decidan realizar huelgas. El primer documento aborda el derecho colectivo del trabajo y busca ampliar el derecho de huelga. Por ejemplo, permitiría la huelga para los trabajadores de servicios públicos esenciales siempre que garanticen los “servicios mínimos”, cosa que hoy está prohibida.Según la propuesta los servicios mínimos son las operaciones “estrictamente necesarias para no comprometer los derechos fundamentales a la vida, la salud y la seguridad o el acceso a la acción de tutela, de toda o parte de la población”. El tipo de operaciones incluidas deben ser definidas antes de la hora cero de la huelga.La huelga ya no tendría un tiempo máximo de 60 días como ocurre hoy, cuando el caso pasa directamente a un tribunal de arbitramento, y además se limitan las posibilidades de que un juez pueda declarar que una huelga es ilegal.“Mientras la mayoría de los trabajadores de la empresa persista en la huelga, las autoridades garantizarán el ejercicio de este derecho y no autorizarán ni patrocinarán el ingreso al trabajo de grupos de trabajadores, aunque éstos manifiesten su deseo de hacerlo”, indica el proyecto.Los sindicatos piden también multas e incluso cárcel para quienes se opongan a una huelga legítima o les ofrezcan beneficios a sus empleados por no afiliarse a los sindicatos.El segundo documento aborda los derechos individuales y el objetivo es acabar por completo con los contratos sindicales además de ponerles límites a los contratos a término fijo. Los contratos a término fijo ahora solo podrán ser por un año y a la tercera vez que se renueven se convertirán en indefinidos. También tendrán que ser específicos en cuál es la obra o labor que se va a hacer, o a quién se está reemplazando en caso de incapacidades o licencias de maternidad.Los sindicatos también piden que se aumente de dos a tres, la entrega de dotaciones cada año por parte de las empresas.Conozca los documentos:
