Mientras en la Fiscalía avanza la investigación penal por la desaparición de más de siete toneladas de chatarra de alumbrado público de Bucaramanga, se conoció el informe del estudio de chatarrización que se adelantó durante el año 2023 por parte de la Secretaría de Infraestructura para la venta de esos elementos inservibles.El documento que detalla el proceso de chatarrización y estudios previos producto del mantenimiento y modernización del alumbrado público fue entregado por el contratista Christian Oliveros Uribe el 17 de diciembre de 2023 a Jhon Fernando Larrota Peñaloza, supervisor y a la abogada Gloria Inés Rey Díaz, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato 1062 del 02 de febrero de ese mismo año.Según el informe, la chatarra incluía luminarias, brazos, postes metálicos y otros accesorios, deteriorados, sin posibilidad de reutilización, almacenados de forma desorganizada que permanecía depositada en las bodegas ubicadas en la Carrera 30 # 65 – 88, frente al Parque Las Hormigas y en la vía Chimita colegio Villas de san Ignacio.La cantidad estimada eran 20.000 luminarias con un total de 60.000 kilogramos de aluminio contaminado y postes y accesorios con un peso aproximado de 11.000 kilogramos de hierro.Los propósitos de la chatarrización de los elementos eran: la liberación de espacio en bodegas, la reducción de riesgos ambientales y sanitarios, la obtención de recursos adicionales para el sistema de alumbrado público y la promoción del reciclaje.Aunque el municipio de Bucaramanga adelantó el proceso para subastar el alumbrado público inservible donde fueron invitadas 13 empresas, solo cinco presentaron cotización. Finalmente, no se realizó porque según conoció Blu Radio se consideró que el valor de la mejor oferta era muy bajo.Dice el informe que el valor estimado alcanzaba los $167 millones por las más de siete toneladas de hierro y aluminio.El pasado 25 de noviembre de 2024 se conocieron los resultados de una auditoría realizada por un equipo experto de la Contraloría de Bucaramanga que halló un daño fiscal por $23.442 millones por la pérdida de luminarias y chatarra de las bodegas que tiene la alcaldía para almacenar elementos del sistema de alumbrado público.“La administración central no pudo demostrar, mediante acto administrativo, que estos fueren residuos o chatarra. Asimismo, no se logra demostrar, mediante procedimientos establecidos por la misma administración central, que estos bienes fueran declarados en baja contablemente. Se demostró que la desaparición del material de alumbrado público se llevó a cabo en la vigencia 2024”, dijo el informe auditor de la Contraloría de Bucaramanga.La Contraloría de Bucaramanga informó que en esta auditoria donde se hallaron irregularidades en el manejo del alumbrado público de la ciudad también debe responder el exalcalde Juan Carlos Cárdenas, la exsecretaria de Hacienda, Saray Rojas y otros exfuncionarios de la anterior administración por no haber cumplido con el Manuel de Políticas contables del municipio de Bucaramanga, con relación al manejo de bienes inmuebles e inservibles.Por la pérdida de la chatarra hay denuncias penales en la Fiscalía contra el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, una inicial interpuesta por el veedor ciudadano Ramiro Vásquez, quien dijo que “no se conoce el paradero de material de alumbrado público que estaba almacenado en el Centro de Desarrollo Infantil de la Inmaculada, frente a Centroabastos, y el depósito de la Alcaldía de la Puerta del Sol”.El veedor destacó que, aunque algunos de estos materiales podrían haber sido considerados inservibles, debieron seguirse procedimientos legales para darles de baja, "tienen que darle de baja, bien sea que lo vendan como chatarra, pero tienen que sacarlo con unos procedimientos legales establecidos," explicó Vásquez.Blu Radio conoció que luego de la auditoría realizada en noviembre de 2024 por la Contraloría de Bucaramanga donde quedó en evidencia que la chatarra de alumbrado público no reposa en los depósitos de la alcaldía, se encuentran en curso procesos, fiscal, penal y disciplinario por estos hechos.
En diálogo con Mañanas Blu el excontralor Carlos Felipe Córdoba, abordó el polémico tema de sus estudios y las acusaciones de plagio en su tesis doctoral. Entregó detalles sobre las controversias que han surgido en torno a su formación académica y la acusación de plagio en su tesis doctoral. "No puede quedar en el ambiente de que hay algo sucio o turbio en mis estudios", dijo Córdoba, quien enfatizó la necesidad de aclarar cualquier suspicacia sobre su carrera al explicar que logró finalizar sus estudios de Derecho en un tiempo récord gracias a su carrera previa en Gobierno y relaciones internacionales, de la cual obtuvo 69 créditos homologados. Afirmó que su proceso académico fue ético y legal, incluso en el contexto complicado de la pandemia que obligó a la transición a lo virtual. La tesis doctoral Según él, la tesis fue evaluada y se demostró que no había ningún tipo de plagio. El excontralor afirmó que decidió presentar su investigación como una contribución al conocimiento en control fiscal, mostrando un modelo de cambio constitucional que fue un logro significativo. "He trabajado en mi tesis desde que era contralor delegado de Participación Ciudadana", Córdoba destacó que su tesis fue resultado de años de investigación y elaboración, y no un simple trabajo académico. Se mostró confiado en que la Universidad de Cartagena, que revisó su tesis, corroboró que no hubo plagio alguno. La estructura del programa académico Un punto de controversia resaltado en la entrevista fue la duración de la carrera de Derecho en el Politécnico Gran Colombiano, que es de ocho semestres y no diez. Córdoba explicó que la homologación de créditos y la naturaleza flexible del programa permitieron que estudiantes dispuestos a dedicar tiempo, esfuerzo y disciplina puedan completar sus estudios más rápido que lo habitual. "No hay nada extraño en mi trayectoria; he estudiado y trabajado toda mi vida" Concluyó enfatizando la importancia de la ética académica y la dedicación en la formación profesional. Escuche aquí a entrevista:
Previo al inicio de las clases en el 2025, la Contraloría emitió un llamado al Gobierno nacional y a los mandatarios locales para que esté listo el Plan de Alimentación Escolar (PAE) para los niños, niñas y jóvenes. El ente de control afirmó que para el 2024, cerca de 3.9 millones de estudiantes se vieron afectados por la no prestación del servicio. Entre tanto, en medio del control fiscal hecho sobre el programa, la Contraloría puso en evidencia 42 hallazgos fiscales por una cuantía de 8.000 millones. Sin embargo, en al período 2020-2024, los hallazgos superan los 52.000 millones.“Los hallazgos de 2024 corresponden principalmente a irregularidades por presuntos sobrecostos en la prestación del programa (44 %) y a falencias derivadas de inadecuadas supervisiones al PAE (36 %). Los hallazgos de mayor valor se encuentran concentrados en las regiones Pacífico ($ 3.503.088.640), Llanos ($ 1.333.906.282) y Eje Cafetero ($1.443.670.953)", afirmó la Contraloría.Sobre esto, la Contraloría afirmó que durante el 2024 hubo 48 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) presentaron alertas relacionadas con la inoportuna de entrega del PAE, qee en su mayoría, son relacionados con el retrasos en la contratación y suspensiones temporales de servicio.
La Contraloría advirtió que existe poco avance en la actualización catastral de la nación. El ente de control advirtió que hay deficiencias en la actualización catastral, ya que el 91,45 % del área rural y 72,10 % del área urbana no disponen de datos actualizados.En medio del estudio de la implementación de la política catastral entre el 2014 y 2024, evidenciaron riesgos en baja formalización y actualización catastral en 73 municipios que representan más de ocho millones de hectáreas urbanas y rurales. Además, también hay riesgo de pérdida de apropiación de recursos destinados a la implementación de catastro multiproposito, que entre el periodo 2013 y 2023 fue del 46 %.Entre tanto, la Contraloría advierte que hay baja ejecución presupuestal para la implementación de la política catastral en municipios históricamente vulnerados por conflicto armado y pobreza.“En la medida en que continúe la pérdida de apropiación presupuestal, que para el periodo comprendido entre 2020 y 2023 tuvo un promedio del 46 %, no se podrá cumplir con el objetivo de implementar el catastro multipropósito en los tiempos y metas establecidos en los planes de desarrollo”, señaló el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.Por su parte, el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, le pidió al director del instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Adolfo Marulanda, pidió celeridad en la implementación de la política catastral para proteger las áreas definidas en temas de ordenamiento, territorios étnicos y los bienes públicos de la nación.
Según la Contraloría General, a noviembre de 2024, se han recaudado $369 billones de pesos, de los cuales por impuestos se han recibido $227 billones, cuando la meta para este año es de $315 billones de pesos.Estos bajos niveles de recaudo, ha desencadenado también bajos niveles de ejecución del presupuesto del 2024. Con corte a noviembre solo se ha logrado el 71 %, siendo la más baja en 5 años. Pero también hay preocupación en inversión, pues apenas se han ejecutado $44,83 billones de los $100,06 billones asignados. Por esto, ante la no aprobación de la reforma tributaria, la Contraloría instó al Gobierno Nacional a redoblar esfuerzos para garantizar el uso efectivo de los recursos asignados y enfrentar los desafíos fiscales.El ente de control alertó que en lo que queda de la vigencia, no se prevé un cambio significativo en la tendencia del recaudo tributario. Dando a entender que, ante las presiones de liquidez, el Gobierno tendría que recurrir a recursos de crédito o a implementar recortes adicionales en el presupuesto de gastos.La Contraloría General hizo un llamado para que al cierre de la vigencia 2024 el Gobierno Nacional ejecute el presupuesto basado en la capacidad de las unidades ejecutoras para adquirir bienes y servicios, evitando un uso excesivo de mecanismos como los convenios interadministrativos, la generación de reservas presupuestales y las fiducias.
La Contraloría se refirió al fallo del Tribunal de Cundinamarca sobre el proyecto de aplicación de la refinería Reficar en el que encontraron varios hechos en Cartagena. El ente de control aseguró que en primer instancia se encontraron responsabilidades fiscales, puesto que para el proyecto se amplió el CAPEX (Capital Expenditures) del Proyecto de Ampliación y Modernización.“Como consecuencia de los retrasos en el cronograma y el aumento injustificado de sus costos de ejecución; derivó en la pérdida de valor de los recursos públicos invertidos, que resultó imputable tanto a la administración de la refinería, como a los miembros de la junta directiva y a los contratistas”, afirmó la Contraloría.Entre tanto, también aseguraron que dentro de la investigación no se confirmó el detrimento patrimonial del proyecto, así como denunciaron.“La Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corresponde a una decisión de la mayoría (2 de 3) de los integrantes de la sala que consideraron en relación con el daño patrimonial al Estado, que “(…) no fue probado. La decisión de la inversión autorizada en el Control de Cambios 2, no constituye fuente de daño patrimonial, pues no debió ser comparado con una fórmula matemática, sino con la inversión física del proyecto, que no fue cuantificada”, aseguró el fallo.Por último, la Contraloría confirmó que ejercerá el recurso de apelación contra la sentencia en primera instancia.
El inicio de las malas noticias comenzaría desde la era Juan Manuel Santos en el 2016 y ha pasado por dos gobiernos más, como el de Iván Duque y Gustavo Petro, en lo que la obra no se ha avanzado y los dineros entregados no se ven reflejados. Entre tanto, la Contraloría confirma la investigación justo después de que un representante de la vocería estudiantil pusiera en conocimiento de las autoridades que en la fase I y la fase II del proyecto Tumaco Campus, de la Universidad Nacional, no se vieran reflejados los dineros de donados por el Reino de Países Bajos por un valor de 4.581 millones de pesos y la financiación del fondo de Compensación Regional del Sistema General de Regalías por 36.000 millones, así como los reiterativos incumplimientos y retrasos en temas contractuales.“Por reiterados incumplimientos y prórrogas en temas contractuales se retira en su participación y apoyo que Invest International, en nombre de la ministra de Comercio Exterior y Desarrollo del Reino de los Países Bajos ha decidido interrumpir su participación en el proyecto, por tanto, es importante para el ciudadano que pasara con la suspensión del proyecto y el presunto detrimento patrimonial en los recursos de SGR y la donación del Reino Unido de Países Bajos”, menciona la denuncia entregada a la Contraloría.El caso ya está en manos de la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías del departamento de Nariño, con el objetivo de adelantar las indagaciones correspondientes para determinar si hubo o no detrimento patrimonial.
Luego de cerca de dos meses desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abriera una investigación formal a la campaña Petro presidente por presunta violación de topes electorales, la defensa del mandatario, encabezada por el abogado Héctor Carvajal, envió una carta al CNE asegurando que se abstendrán de responder los cargos formulados al presidente. En la misiva argumentan que “la actuación es violatoria de los derechos fundamentales del presidente, al debido proceso, al juez natural y al fuero especial constitucional”.Además, aseguran que, según la Corte, pasados los 30 días desde la elección del presidente, el Consejo Nacional Electoral pierde competencia para recibir las denuncias por violación a los topes de financiación de las campañas, pero la ciudadanía y las entidades de control conservan las competencias asignadas para regular el manejo adecuado de los dineros públicos comprometidos, como, por ejemplo, la Contraloría. Por esas razones, y agregando que la decisión del CNE viola el fuero del presidente, ya que la Comisión de Acusaciones de la Cámara es la única que puede investigarlo, señalan que no responderán.“Una vez se resuelva el asunto que nos ocupa por quien tenga la competencia constitucional y legal para resolverlo, lo mismo que en el orden jurídico internacional, el señor presidente de la República acatará las decisiones que se profieran conforme al ordenamiento jurídico nacional y los tratados internacionales suscritos y aprobados por el Estado colombiano”, se lee en el documento.Cabe mencionar que existen varias acciones de tutela presentadas con el objetivo de detener la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral. Estas han sido rechazadas por los tribunales, destacándose dos recientes decisiones tomadas el pasado 24 de octubre. El Tribunal Superior de Bogotá y el Tribunal Administrativo del Cesar declararon improcedentes los recursos interpuestos, ratificando la continuidad del proceso.
La desaparición de toneladas de luminarias y alumbrado navideño que permanecían en las bodegas ubicadas en el barrio La Salle en el depósito conocido como ‘La Hormiga’ y del colegio Villas de San Ignacio, ubicado en el norte de Bucaramanga, sigue dando de que hablar. Mientras que se esperan los resultados de la investigación de la Contraloría, expertos en contratación cuestionaron a la actual administración por no hacer el inventario de alumbrado público.El pasado 26 de septiembre de 2024, tras los resultados de una auditoría realizada por la Contraloría de Bucaramanga que reveló que entre el 5 de marzo y el 25 de abril de este año desaparecieron de las bodegas elementos de alumbrado público y material navideño, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, dio explicaciones y justificó que a su administración no le entregaron el inventario, pero sobre el paradero de toneladas de material nadie da razón."Cuando llegamos a la administración, la oficina de Alumbrado Público no tenía ningún tipo de inventario, ni informe", afirmó Beltrán, explicando que, desde el empalme con la administración anterior, su equipo comenzó a detectar irregularidades y a formalizar denuncias.Para el exjefe de contratación de la Alcaldía de Bucaramanga y experto en el tema, Rodrigo Fernández, la explicación del alcalde Beltrán no es la más acertada, según Fernández si el inventario de alumbrado público no existía, debía hacerse.En entrevista con Blu Radio Fernández dijo: “la responsabilidad de realizar el inventario no recaía únicamente en la administración anterior, sino que era una obligación inherente a cualquier administración entrante, especialmente si no se entregaba un informe claro y detallado de los bienes”.Fernández explicó que, en el proceso de empalme, donde la administración saliente entrega un informe detallado sobre el estado de la administración, lo que corresponde es que la administración entrante revise cuidadosamente dicho informe.“Si a uno no le entregan un inventario, uno debe hacerlo y se hace con el apoyo de la oficina de inventarios de la administración municipal, la oficina de control interno y los organismos de control como la Contraloría Municipal. Es un procedimiento reglado”, aseguró.De acuerdo con el exfuncionario, si bien el alcalde Jaime Andrés Beltrán ha señalado que no se le entregó el inventario por parte de la administración anterior, esto no justifica la ausencia de un inventario actualizado. Según Fernández, el hecho de que no se haya entregado un inventario previo no significa que los elementos, como las luminarias, no existan.“Si no me entregan inventario de muebles de mi oficina, pero evidentemente ahí están, lo que debo hacer es levantar el inventario para dejar claro lo que recibí”, subrayó.Fernández enfatizó que la ausencia de un inventario puede generar serios problemas legales, como los que actualmente enfrenta la Alcaldía de Bucaramanga, pues la Contraloría Municipal detectó hallazgos fiscales por un valor de $23.000 en relación con las luminarias desaparecidas.Blu Radio conoció la carta con fecha del 17 de diciembre de 2023 que el contratista Christian Oliveros Uribe envió a Jhon Fernando Larrota Peñaloza, supervisor del contrato, y a la abogada Gloria Inés Rey Díaz, del Estudio de Chatarrización – Estudios Previos de los elementos inservibles producto del mantenimiento y modernización del alumbrado público.“Este pre-estudio se hizo, basado en un estimativo, información suministrada por la persona encargada del almacén de la Oficina de Alumbrado Público y trabajo de campo realizado durante el tiempo de realización del estudio”, dice el último párrafo de la carta.Esta es la carta del contratista de la Alcaldía de Bucaramanga:Este video muestra que en la bodega 'La Hormiga' en el barrio La Salle, donde el material sobresalía del muro que encierra el lote, hoy no hay nada.Según la contralora de Bucaramanga, Viviana Marcela Blanco, esta semana ese ente de control fiscal entrega los resultados de la investigación que realizan sobre la pérdida de los elementos de alumbrado público.“Aquí lo importante es que no solo es la pérdida de los elementos sino todo lo que significa el alumbrado público de la ciudad y ese impuesto porque ustedes saben que esos recursos tienen una destinación específica que como contralora debemos ser muy responsables con lo que se está destinando para ello”, señaló la contralora Blanco.
En el marco del desarrollo de adquisición de tierras, concluido en el acuerdo final de paz, la Contraloría advirtió que Fedegán solo logró la obtención del 0,02%, lo que se traduce en 805 hectáreas. Si bien es cierto que hasta el primer semestre de 2024 se incorporaron 2,4 millones de hectáreas al Fondo de Tierras, solo se adjudicaron 18.201 hectáreas y se formalizaron 2,47 millones, lo que representa el 35 % de lo previsto. El ente de control justifica que las cifras demuestran avances mínimos.Entre tanto, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga asegura que, en el tema de tierras y proyectos, se han identificado 236 hallazgos, de los cuales 30 reportan un presunto alcance fiscal por 14.777 millones. Asimismo, confirmó que se identificaron varios problemas de carácter fiscal, específicamente en la deficiente gestión de la ANT, que hasta enero de 2024 incorporó 252.113 hectáreas al Fondo de Tierras, lo que representa el 8,4 % de la meta de 3 millones establecida. Sin embargo, solo hay 5.260 adjudicadas, equivalente al 0,17 %.“Teniendo en cuenta el aumento de cultivos ilícitos en el país, es evidente que los recursos destinados al PNIS no cumplen con lo contemplado en el Acuerdo, por lo que se requiere mayor presencia de la fuerza pública y estatal que acompañe estos programas”, confirmó Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor.Por otro lado, afirmó que el tema de seguridad ha afectado las actividades de producción y que los ganaderos se han enfrentado a amenazas relacionadas con el despojo de tierras, extorsiones, secuestros y reclutamiento forzado, lo que limita la capacidad de producción y afecta la economía rural. Además, entregó cifras que indican que más de 9 millones de personas se han visto afectadas por el incremento del conflicto en Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Chocó y Córdoba.La alerta concluye señalando que los recursos son insuficientes para la política pública. Actualmente, se necesitan 303,9 billones de pesos para cubrir las necesidades de las víctimas, ya que en 2024 estaban destinados 218,5 billones, los cuales resultaron insuficientes. Asimismo, asegura que, para adjudicar los 2 millones de hectáreas faltantes, se necesitarían 3.984 años. Sin embargo, para la formalización, esta cifra se duplica porque aún faltan 7 millones de hectáreas acordadas.
