Este miércoles 20 de noviembre se desarrolló el foro Así va La Paz i nstalado por el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quien se refirió a la utilización de recursos para la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.El contralor reveló que desde el 2018 y hasta el primer semestre de este año, la Contraloría detectó 511 hallazgos, de los cuales 102 tienen incidencia fiscal por $141.000 millones de pesos."El presupuesto general de la Nación presenta problemas en su ejecución relacionados con (I) deficiencias en la formulación, estructuración de proyectos de inversión y baja coherencia con los objetivos del acuerdo, (II) los componentes de los proyectos no son exclusivos a temas de paz y (III) la marcación del trazador presupuestal de paz de la Plataforma Integrada de Inversión Pública, PIIP, no garantiza que el recurso implemente una acción prevista en el acuerdo, marcando recursos de funcionamiento que corresponden a gastos administrativos del Estado", señaló el contralor.La Contraloría ha hecho auditorías a 616 proyectos en OCAD PAZ por un valor de $7,3 billones y hay hallazgos con incidencia fiscal por $522.268 millones, siendo el Caribe la zona donde más casos se presentan. Además, se advierte que el Fondo Colombia en Paz no ha contado con coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos.Uno de los rezagos del acuerdo tiene que ver con el primer punto, reforma rural integral."El acuerdo final estableció otorgar tres millones de hectáreas a población campesina y demás sujetos de ordenamiento, y solamente se han entregado durante los ocho años de implementación 18.201 hectáreas; es decir, el 2.1 %", señala el órgano de control.En temas de reincorporación, el contralor aseguró que algunos proyectos productivos de los excombatientes de las Farc han dejado de operar debido a problemas de seguridad, comerciales, climáticos, administrativos y financieros. Además, en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, hay una baja ejecución presupuestal para cumplir los compromisos con las familias cultivadoras y no cultivadoras."El Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), diseñado para garantizar la transparencia, presenta fallas que impiden el seguimiento en tiempo real, la integración de fuentes de financiamiento y el acceso a información unificada sobre proyectos del posconflicto, dificultando la participación de las comunidades", indicó el ente de control.Frente a los desafíos que hay para la implementación del acuerdo la Contraloría considera que debe haber eficiencia y eficacia en la ejecución de los recursos, también debe haber una mayor coordinación estatal y se debe garantizar el acceso equitativo de todos los territorios a fuentes de financiación."Desde la Contraloría General, evidenciamos que la implementación del acuerdo va rezagada en términos de resultados, gestión y en recursos. El Estado no ha respondido con la debida celeridad y efectividad. Instamos al Gobierno nacional para que, a través de sus ministerios, agencias y demás entidades, se avance significativamente en la resolución de los múltiples conflictos que afectan a nuestro país. Esto implica un esfuerzo para garantizar la transparencia y la eficacia en la implementación de un acuerdo vital para la paz en Colombia", advierten desde la entidad.
Diferentes autoridades como la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría General de la Nación tienen el conocimiento de presuntos hallazgos fiscales de la Contraloría General de Antioquia que por medio de múltiples denuncias ha evidenciado algunas supuestas irregularidades en entidades departamentales. Entre los casos mencionados están comprometidos Savia Salud o el Central Park, ambos en constantes polémicas por los manejos de los recursos.Por un lado se encuentra el Polideportivo Tulio Ospina de Bello en donde la Contraloría investiga un contrato de aproximadamente 27.000 millones de pesos, dinero que habría sido usado para la ejecución y pago de algunos convenios firmados con los contratistas del proyecto también conocido como el Central Park.Sin embargo, no es la situación más preocupante porque en el Hospital San Rafael hay presuntas irregularidades por más de 45.000 millones de pesos según evidenció el contralor delegado, Juan Carlos Zapata, "en el Hospital San Rafael del departamento de Antioquia, más de 44 mil millones de pesos ya trasladados todos estos hallazgos a los entes de control".En el centro hospitalario, que es administrado por la gobernación de Antioquia, al parecer, se pudo haber registrado un mejor manejo financiero en la vigencia 2020 - 2023.Además, en Savia Salud se investigan presuntos hallazgos fiscales por más de 1.000 millones de pesos, esto en relación con el despido de 78 empleados con contratos a término indefinido entre el 2020 y el 2023. Según la Controlaría General de Antioquia se habría incurrido en el mal uso de los recursos del Sistema General de Seguridad Social.Por último, destacó la entidad que la administración de Aníbal Gaviria en la gobernación de Antioquia también está en la lupa de las autoridades por algunas cuentas por cobrar, pago de intereses de mora y fallas en la calidad de obras ejecutadas por más de 12.000 millones de pesos.
Tas la declaratoria de emergencia en el país por las lluvias y grandes inundaciones en departamentos como Chocó, la Contraloría aseguró que ya está listo el plan de revisión de los dineros que van a ser destinados por decreto a las unidades de emergencias y a los departamentos, esto con el fin de evitar hechos similares a los ocurridos con la UNGRD hablando específicamente de los carrotanques.El contralor, Carlos Hernán Rodríguez, afirmó que es necesario que la emergencia sea atendida de manera ágil, dinámica y oportuna. Sobre esto, confirma que la entidad hará el acompañamiento y seguimiento permanente a los recursos que se ejecuten durante la declaratoria de emergencia.“Tuvimos una reunión con el señor director de la Unidad de Gestión del Riesgo, sobre quien tenemos plena confianza de su capacidad, de su idoneidad para sacar adelante este momento de contingencia que se está viviendo. En ese sentido, consideramos que actuaciones irregulares que hayan podido pasar en épocas anteriores no pueden ser obstáculo para atender esta emergencia con celeridad”, explicó el contralor.Sobre el mismo tema, enfatizó que han tenido dificultad con la gestión de la UNGRD, asegurando que de tiempo atrás, la unidad debe trabajar de manera preventiva, más no de manera afectiva, por lo cual debe adelantarse a los hechos.“Hemos venido teniendo una dificultad que no es de ahora, y es que la unidad más que trabajar de manera preventiva, trabaja de manera reactiva y trabajar de manera reactiva es complejo, tiene que avanzarse en el hecho de convertir la unidad efectivamente en lo que debe ser en la prevención. Y yo pienso que en ese sentido hay que trabajar muy de la mano en la articulación con planeación nacional con las diferentes regiones para que se discuta si efectivamente ese modelo de planeación y de riesgo tiene que hacerse desde la región y desde luego debidamente articulado con el nivel central, aseguró Carlos Hernán Rodríguez, contralor general.Concluye que estarán a disposición de veeduría de los recursos asignados, puesto que están a la espera de los decretos que el Gobierno firmará en la tarde del martes 12 de noviembre para revisar los recortes presupuestales de las entidades para asignarlos a la declaratoria de emergencia.
Continúan las discusiones sobre la propuesta del acto legislativo del Sistema General de Participación, que se basa en la transferencia de recursos por parte del Gobierno para que las regiones tengan la capacidad de financiar servicios básicos.En esta ocasión, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, cuestionó el aumento de las transferencias, afirmando que podría poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país y que es necesario que se redistribuya los recursos para tener una sostenibilidad fiscal. Asimismo, asegura que de ser así, la Corte podría declarar inexequible la reforma.“El reto es lograr el fortalecimiento de las finanzas territoriales y garantizar el equilibrio fiscal de la nación. Pues si eso no ocurre, es muy probable que la Corte declare inexequible una reforma que no garantice la estabilidad fiscal y hay riesgo que la calificación extrema del país”.Por su parte, también afirmó que hasta el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha concluido que los aumentos a los recursos asignados al Sistema General de Paricipación podría llevar a un recorte en la inversión, debido a la alta flexibilidad del gasto. Ante esto, revela que el Gobierno debería asumir los riesgos macroeconómicos y tener presente que la reforma propuesta inicialmente, limitaría la capacidad del estado para cumplir con el marco fiscal.Asimismo, desde la Contraloría, le envía un mensaje al Gobierno para evaluar una comisión octava permanente para asuntos territoriales en el <b class="rte2-style-bold">Congreso</b> para revisar a fondo los proyectos propuestos, ya que muchos de estos afirman que los recursos entregados no alcanzan.El contralor concluye asegurando que cualquier cambio en el modelo de transferencias debe venir acompañado de una reestructuración de la capacidad de los departamentos y municipios para que estos mismos generen ingresos y así no se compromete la sostenibilidad fiscal.
El Tribunal Administrativo de Antioquia ha declarado la nulidad del fallo de la Contraloría General contra Federico Restrepo, exmiembro de la Junta Directiva de Hidroituango, por presunta responsabilidad fiscal en decisiones relacionadas con la central de energía. Este es el primer caso entre los 26 implicados inicialmente en revertir la decisión del ente de control.En noviembre de 2021, la Contraloría General había dejado en firme un fallo de responsabilidad fiscal por 4.3 billones de pesos contra 26 funcionarios y contratistas, debido a daños al patrimonio del Estado por mayores inversiones en el proyecto Hidroituango. Federico Restrepo es el primero en revertir esta decisión, tras la declaración de nulidad por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia.El tribunal concluyó que la Contraloría no logró demostrar adecuadamente el daño patrimonial, la culpa grave atribuida a Restrepo ni su nexo causal. Federico Restrepo comentó en Mañanas Blu 10AM sobre los perjuicios morales y el señalamiento público que enfrentó, y expresó su esperanza de que el daño moral se vaya resolviendo con este fallo. Añadió que, a pesar de que el fallo original no menciona actos de corrupción, sí puso en tela de juicio las actuaciones de los implicados como servidores públicos."Espero que el daño moral que ha sido asumido como consecuencia de este fallo se vaya resolviendo ante la opinión pública de la manera que ha debido de corresponder desde el principio", expresó en una entrevista en Mañanas Blu 10Am.Restrepo destacó que el fallo no solo lo beneficia a él, sino que también ayuda a restaurar la reputación de todas las personas involucradas en el proyecto. "El señalamiento público, el escarnio, ha sido una especie de inri en cabeza de todas las personas aquí involucradas", dijo.
En el municipio de Itagüí hay una controversia por el exconcejal Gerson Colorado, uno de los 18 asesores del alcalde Diego Torres, que viajó a Estados Unidos sin pedir un permiso e igualmente habría recibido su salario durante su estadía fuera del país.Los concejales de oposición León Mario Bedoya, Camilo Valencia y Orlando Ramírez denunciaron que la alcaldía, en un derecho de petición que suministraron a Blu Radio, aceptó que el asesor no contaba con permisos, lo que ha generado indignación teniendo en cuenta que devenga un salario cercano a los 10 millones de pesos mensuales y estaba contratado bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción.Al respecto, el concejal Bedoya manifestó que remitió un oficio a la Contraloría Municipal, para que solicite a Migración Colombia las fechas en las que viajó Colorado."Él fue remunerado durante todo este tiempo, al parecer, y cae entonces la responsabilidad de preguntar: '¿cómo un funcionario de este rango nadie lo controla?', que no está asistiendo a laborar, que no presenta un informe, que no cumple con el manual de funciones", manifestó Bedoya.Bedoya cuestionó por qué el alcalde requiere de 18 asesores, además de otros 8 que tiene el Instituto de Deportes, que se estima le costarían al municipio durante el cuatrienio 22.000 millones de pesos."Como desconsolador ante las necesidades sociales del municipio, consideramos que para pagar favores políticos no debería destinarse una suma de dinero tan representativa, sabiendo que en Itagüí hay tantas necesidades sociales", aseguró el concejal.Volviendo al tema del asesor, este llevaría dos meses fuera del país, por ello Blu Radio consultó a la alcaldía de Itagüí que a través de su equipo de comunicaciones, indicó que Colorado, “fue declarado insubsistente el 8 de octubre, por decisión del señor alcalde” a través de un acto administrativo. También señalaron que tras conocerse la denuncia, supuestamente dos días después, le dieron traslado a la oficina de Control Interno Disciplinario, para su respectiva indagación.
Colombia podría estar empezando una crisis energética que abarca distintas alarmas que van desde estrechez en el suministro de combustibles y la generación de electricidad así como los distintos líos en materia de reservas de gas y petróleo, advirtió este el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez."Hemos advertido que hay una confluencia de alarmas en distintos sectores, hidrocarburos, gas, electricidad y esto me permite afirmar que en estos momentos y lo reitero nuevamente podemos estar comenzando una crisis energética la cual continuará agravándose en el tiempo de no solucionarse prontamente y esto desde luego va a significar mayor gasto fiscal", dijo el Rodríguez en una conferencia durante la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía.El funcionario comparó la energía como el flujo de sangre de la economía antes de hacer un inventario de las alarmas: Por un lado, la producción de gasolina y de diésel se está quedando cada vez más cortas frente a las necesidades del país y no hay planes para ampliar las refinerías.En segundo lugar, hay problemas en los proyectos de desarrollo de gas natural, por ejemplo, el pozo Sirius (antes Uchuva) está paralizado."Realmente lo que observo es una fuente menos de recursos y que se reducen los tiempos disponibles, ya de por sí apretados para evitar la importación masiva de gas, para evitar apagones en épocas de baja hidrología, para evitar mayor endeudamiento como ocurre actualmente, para evitar que el parque automotor de gas no cuente con el combustible necesario para moverse", dijo el Contralor.En tercer lugar, está el riesgo de apagón sobre el cual cada vez hay menos margen de maniobra. Los problemas del sector eléctrico en el país incluyen no solamente la inesperada sequía que afronta el país, sino además los problemas para sacar adelante los proyectos de generación o transmisión de electricidad y la difícil situación económica de la empresa Air-e, recientemente intervenida por el Gobierno.La Contraloría pidió al Gobierno que defina la seguridad energética como una prioridad incluso si eso significa sacrificar la agenda de la transición energética del Gobierno nacional y criticó la respuesta del Gobierno a la petición de la Cámara de Representantes de reanudar de inmediato los contratos de exploración de petróleo y gas.Además de la crisis energética, a la Contraloría le preocupa el impacto en las finanzas públicas debido a la dependencia que hoy tiene el Gobierno en la renta petrolera. Solo por poner un ejemplo, esta semana el Gobierno radicó un proyecto de ley según el cual el petróleo y el gas generarán unos 21 billones en regalías entre 2025 y 2026.
El registrador Hernán Penagos subrayó recientemente que la responsabilidad en torno a las elecciones no recae únicamente en la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino que involucra a todos los órganos del Estado. Durante su participación en el evento Fenalco 2024, destacó que la organización de un proceso electoral es una tarea conjunta, en la que varias instituciones deben garantizar la transparencia y legalidad de los comicios.Penagos resaltó que la Registraduría ya está en proceso de preparación para los futuros eventos electorales, haciendo uso de herramientas de analítica de datos para optimizar la conformación y actualización de la División Política Electoral, así como la depuración del censo electoral. Además, se están tomando medidas para mejorar la logística de las elecciones, elaborar mapas de riesgo que identifiquen posibles amenazas y asegurar un acceso eficiente a los datos electorales.El registrador también enfatizó la importancia de que otras entidades del Estado jueguen un rol activo en este proceso. "La Fiscalía debe combatir los delitos relacionados con las elecciones y verificar la legalidad del financiamiento de las campañas, mientras que la Procuraduría se encarga de vigilar que los funcionarios públicos no participen en política, y la Contraloría debe asegurarse de que los recursos públicos no sean usados indebidamente en campañas políticas", afirmó. A su vez, mencionó que el Gobierno debe garantizar la seguridad en los comicios, para que estos se lleven a cabo sin contratiempos.Finalmente, Penagos subrayó que la defensa de la democracia en Colombia es una responsabilidad que va más allá de los entes estatales, recayendo también en la sociedad en general. Con la proximidad de las campañas electorales, la Registraduría lleva trabajando desde principios de año, con dos años de anticipación, para asegurar que el proceso electoral sea impecable y transparente, confiando en la cooperación de todos los actores involucrados en este importante reto democrático.
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría, en cabeza de Juan Camilo Zuluaga, expuso desde Barranquilla que la ejecución del presupuesto de inversión en 2024 ha sido la más baja de los últimos 4 años, según lo que se ha podido identificar a través del Modelo de Cadena Presupuestal de la DIARI.Recordemos que, al cierre del primer semestre, el Ministerio de Hacienda informó que hasta entonces se había comprometido el 47,4% de las apropiaciones vigentes del Presupuesto General de la Nación (PGN), aforado para este año en $503,2 billones.Pues bien, a corte de agosto, dicha ejecución solo ha aumentado 3 puntos porcentuales, según las cifras que socializó este miércoles el director de la DIARI."De los 500 billones de pesos que hay del presupuesto en general, hemos revisado que se ha ejecutado el 50.9%. Además, se ha ejecutado el 30% de los 100 billones de pesos sobre inversión. Naturalmente, la cifra que arroja el modelo es una alerta sobre la baja ejecución en los 100 billones de pesos de inversión que tiene el presupuesto de Colombia", dijo.Durante la XXXVII Asamblea de Entidades Fiscalizadoras de América del Sur que se realizó en Barranquilla, Zuluaga precisó que uno de los sectores que ha tenido la más baja ejecución presupuestal es el Ministerio de la Igualdad, en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. En este caso, según Zuluaga, la baja ejecución estaría relacionada con una serie de prerrogativas administrativas.El funcionario también socializó un balance de los resultados obtenidos desde que esta dependencia entró en operación y precisó que en este tiempo ha emitido 3.800 alertas de riesgo de pérdida de recursos públicos por 4.658 millones de dólares.Barranquilla maneja sus recursos con mayor pulcritud: CharEn la Asamblea de EFSUR también participó este miércoles el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien destacó la manera como la capital del Atlántico ha mejorado el manejo de sus recursos y ahora se encamina hacia una ciudad sostenible, donde se está construyendo alrededor del agua.Reconoció que Barranquilla ha tenido una "historia fiscal bastante peculiar", porque en el pasado "estuvo intervenida, bajo la Ley 550", debido a sus "malos manejos de recursos".Recordó que antes había 22 oficinas para llevar a cabo las contrataciones, un modelo que llevó a Barranquilla a la quiebra y por el que, desde 2008, con su primera administración decidió hacer un cambio y centralizar dichos procesos de contratación.“Eso nos sacó de muchos líos, porque finalmente la ciudad empezó a recoger mejor sus recursos, gastarlos de mejor forma, de manera mucho más transparente, y Barranquilla dejó de ser ese nido de mal manejo de recursos económicos, a ser hoy una ciudad próspera en Colombia”, expresó.Así, Char destacó que Barranquilla hoy es ejemplo nacional en muchos frentes y sobre todo en modo de manejar los recursos.
A la Contraloría General de la República fue elevada una denuncia que relaciona al exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, con presuntas irregularidades y sobrecostos en al menos cinco contratos cuyo objeto era la entrega de insumos a campesinos del Meta.Según el representante a la Cámara, Jaime Rodríguez, en la mayoría de la contratación realizada en la Secretaría de Agricultura, específicamente en los contratos evaluados, no se aplicaron criterios ni metodologías adecuadas basadas en los estudios de mercado realizados.“De 19 contratos suscritos por la Secretaría de Agricultura del departamento durante la vigencia 2022-2023, tomamos como referencia algunos ítems de los contratos No. 1711 de 2022, 3141 de 2022, 3315 de 2022, 3246 de 2023 y 3270 de 2023, en los que encontramos diferencias importantes entre el precio de compra al contratista y el precio en el mercado actual, diferencias que superan los $12.494.700.663, en un hecho que considero escandaloso para el departamento del Meta y que debe investigarse a fondo”, señala el representante en la denuncia.En diálogo con Blu Radio, el denunciante asegura que parte de esos recursos, que presuntamente se habrían desviado, forman parte de las regalías que recibe el departamento.“La Contraloría debe investigar todos los detalles de los ítems y encontrará que el desfalco es mucho más grande... Contrataron un transporte sumamente costoso para poder entregar esos elementos. Que investiguen qué hicieron con los elementos, a quién se los entregaron y cuál es el uso que están dando a esos elementos”, concluyó.
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso recibió el jueves una llamada durante una conferencia de prensa transmitida en vivo para ordenarle no comentar informes de un ataque con misil balístico contra Ucrania, se observó en el video."Masha", dice una voz masculina en el teléfono dirigiéndose a la portavoz María Zajárova. "Sobre el ataque con misil balístico sobre (la planta de) 'Yuzhmash', del cual los occidentales están hablando, nosotros no estamos comentando nada", indicó la voz en referencia a un fabricante aeroespacial basado en la ciudad ucraniana de Dnipró."Sí, gracias", respondió Zajárova antes de retomar la conferencia de prensa.En desarrollo....
El técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, recibió una dura sanción por su celebración al clasificar a la final de la Copa Colombia luego de vencer 2-1 en el marcador global a Independiente Medellín. El mexicano no podrá ingresar a estadios en el país por tres años, un castigo que no aceptan desde la presidencia del club y que apelarán para que la levanten.Así lo aseguró Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional. En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, dijo que, con esto, se está “privando la pasión y la emoción del fútbol por temor a que quienes no toleran” un festejo. Sin embargo, reconoció que "hay que gestionar mejor las emociones". Ante la polémica que causó Juárez, a quien muchos aficionados señalaron de provocador, Arango aseguró que nunca fue con esa intención y por eso ahora están esperando la respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad de la ciudad, pues consideran que el gesto no es incendiario contra la tribuna rival."Aún la sanción no está en firme, nosotros apelamos en segunda instancia y en este momento estamos esperando la respuesta de la Secretaría de Seguridad, esperando que se revierta esta nefasta decisión, que se sale absolutamente de toda lógica (...) Está claro en el video que no hay ningún acto de provocación y hay otros hechos distintos que se desarrollaron en el final del partido que son un poco más graves y no se está hablando de eso", insistió. Y es que este miércoles, 20 de noviembre, Juárez volvió a la controversia al repetir sus gestos en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, pero, esta vez, contra la hinchada de Santa Fe, partido del que fue expulsado. "Estamos esperando que no se imponga ninguna sanción, porque es muy claro cómo se desarrollaron los hechos. Y con respecto a lo de ayer, es complicado, porque ayer no había hinchada visitante y también es claro cómo se desarrolla la celebración y el gol en el banco de Santa Fe", añadió. El presidente de Nacional mencionó que se está "juzgando de manera equivocada" y que este tipo de sanciones "crean bombas de tiempo" privando esas emociones y reacciones que "provoca el fútbol". En ese sentido, aceptó que sí han hablado con el técnico Efraín sobre "gestionarlo mejor", pero, aclaró, no porque crean que genera violencia. "Efraín no está insultando a nadie, no comete actos obscenos, simplemente está celebrando, como siempre celebra sus goles. Sin la intención de ofender a nadie (...) Hay que saber tratar el tema para no matar la pasión del fútbol y cuidando esa relación con los hinchas y otros equipos", indicó Arango.
Durante 38 horas, más de 400.000 habitantes de Bucaramanga y Floridablanca estarán sin servicio de agua este fin de semana.El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga informó que, por actividades de mantenimiento preventivo en la Planta de Tratamiento de Bosconia, se suspenderá el suministro de agua potable en el centro, norte y sur de Bucaramanga y en el noroccidente de Floridablanca. La suspensión se realizará desde el sábado 23 de noviembre de 2024, a partir de las 08:00 de la mañana, hasta el domingo 24 de noviembre de 2024, a las 10:00 de la noche.“La suspensión impactará a quienes habitan el cuadrante de la zona céntrica comprendida entre la Carrera 22 y la escarpa occidental y entre la Calle 45 y la escarpa norte, el sector de la Ciudadela Real de Minas y barrios aledaños, el sector Norte y el sector Sur de Bucaramanga, igualmente el sector noroccidental de Floridablanca”, señala la compañía.Estas son las zonas y barrios que estarán sin servicio de agua en Bucaramanga y Floridablanca.DISTRITO ESTADIO: Gaitán, Girardot, Granada, La Feria, La Gloria, La Independencia, Modelo, Mutualidad, Nápoles, Nariño, Bosque Norte Alto y Bajo, Nueva Colombia, Pío XII, San Francisco, San Rafael, Santander, Villa Mercedes, Zarabanda, 23 de Junio, Comuneros, Centro, Chapinero, Transición, García Rovira, Regadero Norte, Olas II, El Cinal, San Cristóbal, Camilo Torres, La Cuyanita y Zona escarpa.DISTRITO REGADERO: El Plan, La Esperanza I, II y III, José María Córdoba, La Juventud, Lizcano I y II, Paisajes del Norte, Regadero Norte, Los Ángeles, Mirador, Olas Altas, Olas Bajas, San Cristóbal, Transición, Villa Helena, Villa María, Villa Rosa, Altos del Progreso, San Valentín.DISTRITO COLORADOS: Colorados, Villa Patricia, Pablón Alto, La Torre, El Rosal, Rosa Alta, Los Palos, Limoncito, Getsemaní, Campestre Norte, Portal de los Ángeles, Barrio Nuevo y las pilas públicas, La Fortuna, Rosal Norte, El Nogal y Altos de Marvilli.DISTRITO BIENESTAR: Colseguros Norte, Minuto de Dios, 23 de Junio, Altos del Kennedy, Altos del Progreso, Balcones del Kennedy, Barrio Kennedy, Miramar, Las Hamacas, Maria Paz, Miradores del Kennedy, Omaga I y II, Hospital del Norte, Tejar Norte.DISTRITO FERROVÍAS: Campo Madrid, Café Madrid, Ciudadela café Madrid, Villas de san Ignacio, Claveriano, Balcones del Kennedy, San Valentín, Villa alegría II, Olas bajas, Villa alegría I, Omaga, Mirador del Kennedy, Viveros de Provenza, Las hamacas.DISTRITO BETANIA: Bavaria, San Ignacio Real, Betania.DISTRITO PUERTA DEL SOL Y LA IGLESIA: Ciudadela real de minas, Mutis, Ciudad Bolívar, Estoraques, Los canelos, Prados del Mutis, Los Héroes, Monte redondo, Bucaramanga, San Gerardo I, Brisas del Mutis, Manzanares, Metrópolis I, Balconcitos, San Gerardo II, Punta Estrella, Conalvivienda, Centauros, Colombia, Bucaramanga, La Gran Ladera, Manzana 10, África.DISTRITO CAÑAVERAL: Río Frio, Cañaveral, Palomitas, Aranzoque, Club Campestre, El Bosque, Mediterrané, El Progreso, Altos De Cañaveral, Cañaveral Campestre I, González Chaparro, Cañaveral Oriental, Altos De Cañaveral Campestre, Belhorizonte, El Olimpo, San Simón De La Pradera, Alkosto, Mausoleo La Esperanza, Tierra Santa, Zona Franca, Torres De Cañaveral, Buganvilia, Santa María De Cañaveral, Torres De Aragón, Villas Del Mediterráneo, Centro Comercial Cañaveral, Plazuela Cañaveral, Álamos Parque, Club House, Alameda De Cañaveral, La Península, La Pera, Parque Campestre, Quintas Del Campestre, Cañaveral Campestre II, Clínica Ardila Lulle, Fosunab, Cañaveral Campestre III, La Calleja, Hoyo En Uno, La Lomita.DISTRITO MALPASO: Provenza, Diamante II, El Porvenir, Jardines De Coaviconsa, Manuela Beltrán, Fontana, El Cristal, Marianella, El Rocío, San Luis, Delicias, Balcones De Provenza, Brisas De Provenza, Niza, Ciudad Venecia, Dangond, San Martín, Bosques Del Payador, El Dorado, Asturias II, Diamante I, Los Conquistadores, Parque San Agustín, Villa Inés, Caldas, Punta Paraíso, Coomultrasan, El Progreso, Nueva Fontana, España, Granjas De Julio Rincón, Toledo Plata, Viveros De Provenza, Mirador De San Lorenzo, Malpaso, Condado Campestre, Torres De Alejandría, Trinitarios, Colón, Cristal Alto, Altos De Fontana, Santa Catalina, Palmas Del Campo, Los Guaduales, Cerros Del Campestre, Ciudad Metropolitana, Granjas De Provenza, Condado De Gilbraltar, Villa Flor, Villa Alicia, Fontana Real, Carabelas, Igzabelar, Quintas Del Palmar, Villa Mallorca, Santa María, Parque Campestre, Vista Campestre, Porto Fino, Jardines De Niza, La Zafra, Candado, Villa Sara, El Sol, Torres De San Felipe, El Sol II, Plaza Marsella, Arcos Del Campestre, Villa Firenze, Villa Tarragona, Quebrada La Iglesia, Villa De Los Conquistadores, Los Robles, Portales Del Campestre, Brisas Del Palmar, Villa España, San Felipe, Terminal De Transportes De Bucaramanga, Aranjuez, Cristal Bajo, Villa Diamante, Mirador De Campestre, Torres De Madeira, La Libertad, Hoyo 1, Altos Del Campestre, Oficinas De Tránsito De Bucaramanga, Zona Industrial De Bucaramanga y las pilas públicas, Luz De Salvación, Villas Real, Paraíso Bajo, Villas Del Nogal, Granjas Rigan y Aires de Provenza.
La Corte Penal Internacional (CPI) dictó este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí lanzado el pasado junio contra la Franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista. "La sala emitió órdenes de arresto contra dos individuos, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024", informó la CPI, añadiendo en otro comunicado que también pidió la detención de Deif, jefe militar del movimiento islamista palestino.Petro reacciona a orden de captura contra NetanyahuUna vez conocida la noticia, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X, en la que dijo que si Estados Unidos no está de acuerdo con la orden captura “conduce al mundo hacia la barbarie”.“Esto es lo lógico. Netanyahu es un genocida. El tribunal de justicia del mundo lo dice y se debe acatar su fallo. Si Biden desconoce esta orden, simplemente conduce al mundo a la barbarie. Europa occidental debe recobrar su independencia en la política internacional y actuar para cumplir la orden judicial”, escribió Petro en X.Gustavo Petro, anunció el pasado en noviembre de 2023 sus planes de denunciar al primer ministro israelí ante la Corte Penal Internacional (CPI) por “crímenes de guerra” “Colombia va a coadyuvar la denuncia de Argelia interpuesta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra el señor Benjamin Netanyahu ante la masacre de niños y civiles del pueblo palestino que ha producido. El canciller de Colombia se reunirá mañana con el fiscal de la Corte Penal Internacional”, indicó el mandatario izquierdista en su cuenta de X¿Qué dice la CPI sobre Netanyahu?La Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular.El Gobierno israelí también había exigido a los jueces que detuvieran “cualquier procedimiento relacionado con la situación, incluyendo la consideración de las solicitudes de órdenes de arresto”, otra petición rechazada por los magistrados.“No es necesario que Israel acepte la jurisdicción de la Corte, ya que esta puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina, como se determinó anteriormente”, advirtió la Sala.Consideró además que los Estados “no pueden impugnar la jurisdicción de la Corte antes de la emisión de una orden de arresto, por lo que la impugnación de Israel es prematura”, dijo.En este sentido, los jueces aprobaron las órdenes de arresto solicitadas el pasado 20 de mayo por el fiscal contra Nentayahu y Gallant como “responsables penalmente como coautores de los crímenes de guerra de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.Además, también se les considera responsables como “superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil” en la Franja de Gaza.En el caso del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Khan había pedido el arresto de los entonces líder de Hamas Yahya Sinwar; el jefe del ala militar, Mohammed Deif; y su buró político, Ismail Haniyeh. La acusación incluye seis crímenes de guerra, como la toma de rehenes y actos de violencia sexual, y cinco de lesa humanidad, incluidos exterminio y asesinatos.Sin embargo, y desde que el fiscal solicitó su arresto, Haniyeh murió en un ataque en Teherán en julio y su heredero, Sinwar, corrió el mismo destino en otro de Israel en Gaza el mes pasado, por lo que Khan retiró su solicitud al considerar confirmado su fallecimiento.Con respecto a Deif, la Fiscalía indicó que continuaría recabando información sobre "su supuesta muerte"."El 15 de noviembre de 2024, la Fiscalía, basándose en información de las autoridades israelíes y palestinas, informó a la Sala de que no puede determinar si Deif ha fallecido o sigue vivo. Por lo tanto, la Sala emite la presente orden de arresto”, señalaron los jueces.
Luego de que la ministra de Transporte, María Constanza García, le hiciera llegar una carta al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, pidiendo una explicación sobre cómo se le dará continuidad a la prestación del servicio de transporte masivo tras aprobarse la liquidación del ente gestor Metrolínea, la alcaldía, a través del jefe de gobernanza Richard Caicedo, respondió.Lo primero que explicó es que un grupo de profesionales prepara la respuesta respecto de la prestación del servicio de transporte masivo, “la información de cómo se realizará el recaudo de la tarifa, la operación del sistema de control y gestión de flota y el cumplimiento de las obligaciones del convenio de cofinanciación por parte de la alcaldía de Bucaramanga”, señaló Caicedo.El funcionario también aclaró que desde hace seis meses la Alcaldía de Bucaramanga trabajó en el proyecto de acuerdo para solicitar al Concejo Municipal las facultades para la liquidación del ente gestor, así como las soluciones que permitirán que el sistema de transporte masivo se mantenga en la ciudad.“Hace seis meses se viene trabajando en el proyecto de Acuerdo, pero también hemos venido trabajando en las alternativas de solución que permitirán que el sistema de transporte masivo se mantenga en Bucaramanga”, manifestó.Igualmente explicó que, mientras que esté en proceso la liquidación de la sociedad Metrolínea, será el Área Metropolitana de Bucaramanga, como autoridad de transporte, la entidad encargada de presentar el esquema operativo para el funcionamiento de transporte público masivo y de contratar el estudio para la reorganización del sistema público de transporte masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga.“Hay recursos para responder frente al convenio de cofinanciación que tenemos actualmente suspendido con el Ministerio de Transporte para las obras que permitían la infraestructura que necesitaba el Sistema de Transporte, Metrolínea”, aclaró el jefe de Gobernanza, Richard Caicedo.Cabe anotar que, aunque la ministra de Transporte, María Constanza García, en la carta enviada al alcalde de Bucaramanga, indica que la decisión de liquidar el ente gestor, en este caso Metrolínea, es una decisión autónoma del ente territorial, su preocupación es sobre la operación y la prestación del servicio, por eso la solicitud de información y explicación sobre cómo el municipio de Bucaramanga garantizará el servicio.En la carta, la ministra María Constanza García, le recuerda al alcalde de Bucaramanga que el Gobierno Nacional en el 2005 suscribió un convenio de cofinanciación para la construcción de las obras del Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga por $975.000 millones.Actualmente, la sociedad Metrolínea, ente gestor del sistema de transporte masivo de Bucaramanga, tiene un déficit que alcanza los $600.000 millones.
