La Contraloría, después de visitar los 10 hospitales manejados por las Subredes de Salud del distrito, pudo determinar las fallas que se presentan en el servicio. Como son la presencia de medicamentos vencidos en los inventarios, los cuales si son consumidos pueden no tener efectividad o poner en riesgo la vida de quien los tome debido a un crecimiento bacteriano o cuando se crea resistencia a fármaco.Otro fallo que encontró la Contraloría fue el desabastecimiento de medicamentos esenciales como la insulina. Elemento básico para las personas que sufren ciertos tipos de diabetes y que necesitan tomar cierta cantidad para controlar los niveles de azúcar en la sangre y evitar problemas a futuro como lo son enfermedades renales, problemas en la vista, deshidratación e incluso la muerte.El director de la salud de la Contraloría, Andrés Domínguez, se refirió a que en estos hospitales hay equipos biomédicos que no se encuentran en funcionamiento debido a mantenimientos y escasez de espacio para operarlos. Además, afirmó que hay casos de abandono hacia los pacientes y que no se están cumpliendo su régimen de comidas. “Hay 76 pacientes en abandono en solamente estos 10 hospitales de las diferentes subredes de Bogotá. También, en las dietas suministradas a los pacientes, encontramos que no siempre son las prescritas por los médicos”, mencionó Domínguez.El ente de control se refirió a un caso en especial del hospital Simón Bolívar, lugar en donde hay 1.500 pacientes que tienen que esperar para ser agendados y así poder conseguir una cita médica, hecho que extiende los tiempos de espera y empeora el servicio de salud.Con esta información, el organismo evaluará las causas detrás de las deficiencias en la atención médica de los ciudadanos en Bogotá y tomará las medidas necesarias para mejorar estas situaciones en la prestación de servicios esenciales a los pacientes de estos hospitales.
La Contraloría de Bogotá encontró sobrecostos cercanos a los $2.600 millones en los pagos de servicios de transporte, brindados por el Distrito a la población beneficiada con los programas sociales.Estos programas beneficiaban a personas en condición de discapacidad, niños de jardines infantiles, adultos mayores, habitantes de calle y jóvenes, todos beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social.La auditoría realizada por el ente de control puso la lupa en la contratación de la Secretaría de Integración Social, durante la vigencia 2023.“El organismo de control fiscal encontró que la Secretaría Distrital de Integración Social modificó el procedimiento para liquidar los pagos mensuales de transporte, de manera tal que se dispararon los costos generándose un detrimento al patrimonio público a partir de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica”, señaló Mauricio Dávila, director del sector de Integración Social de la Contraloría.El hallazgo fiscal fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría, con el fin de establecer los responsables y recuperar los recursos de Bogotá.
En un informe de 127 páginas, la Contraloría Distrital de Medellín concluyó que hay 23 hallazgos, tras indagar las presuntas irregularidades en los contratos interadministrativos celebrados entre la Secretaría de Participación Ciudadana y Plaza Mayor, en 2022 y 2023, dos de los años de gobierno del exalcalde Daniel Quintero.De acuerdo con este ente de control, 20 de los hallazgos representan una posible incidencia disciplinaria, 17 fiscal y ninguno de carácter penal, por valor de más de 623 millones de pesos (623.651.378).Algunos de los hallazgos son anomalías en la contratación, irregularidades en la selección de los operadores logísticos, entrega de dinero en efectivo a particulares para transporte, debilidades en el seguimiento por parte de la supervisión de contratos, reconocimiento de eventos sin soportes, requerimientos sin especificaciones técnicas, bienes que superaron el valor tarifario, no devolución de sobrantes de ítems cobrados y pagados; y utilización de los mismos registros fotográficos y/o soportes en varios requerimientos, este último con un valor de más de 51 millones de pesos, entre otros. El hallazgo, que representa una cifra más alta es el de los ítems sin el debido soporte pagados en los diferentes eventos, por más de 343 millones de pesos.Uno de los hallazgos que más llaman la atención es el de las chaquetas que fueron cobradas por un valor de 300.000 pesos la unidad, en total 15 millones de pesos y que al parecer excede tres veces su valor comercial.Otro de los casos es sobre 42 bolsos que, aunque debían tener el logo del Consejo Corregimental o comunal de planeación local, no lo tuvieron, por lo que, según la Contraloría, la finalidad del requerimiento no se cumplió pues en las evidencias fotográficas no se evidencia esa imagen institucional que se buscaba reforzar. Se estima que se configura un hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinarias y fiscales por cerca de 4.500.000 pesos.Por ejemplo, el hallazgo más alto evidencia que se pagaron bienes o servicios sin el soporte en los respectivos informes, a operadores como Fundarte, TDN y BIS- SION, generando un presunto detrimento de 343 millones de pesos.Según otro de los casos, no hay evidencia de la adquisición de la póliza de seguro por más de 4 millones de pesos para una salida donde se cubre EPS y ARL para 90 personas, pero fue pagada por Plaza Mayor. "En consecuencia, no hay soportes que justifiquen el pago de la póliza y los profesionales indicados, conceptos que se pagaron por valor de $5.732.825" dice la Contraloría en el citado informe. Se trata de un contrato cuyo objetivo fue apoyar el fortalecimiento de la Organización Social Corporación Sembrando Semillas de Amor- Corsesa en la comuna 7 Robledo.Pero ahí no paran las evidencias de la Contraloría, pues en otro de los citados contratos, se pagó 677.000 pesos para el arriendo de un espacio donde se desarrollaría una actividad en la comuna 1 (Popular), pero este se hizo al frente de una vivienda de la zona.Aquí el resumen de los hallazgos:
La Contraloría de Bogotá adelantó la inspección fiscal a la Fundación Gilberto Alzate (FUGA) en la que se determinaron tres hallazgos fiscales por un total de 1.418 millones de pesos. Dentro del informe presentado por la entidad, se destacan tres principales hechos en los que hay comprometidos dineros como recursos de inversión y construcción.El primero en la lista es el hallazgo por 21 millones de pesos con motivo de deficiencias contractuales de recursos entregados a ERU, ahora con el nombre de Renovó, para el proyecto BDC con el Consorcio Estanzuela - Bronx. El costo de este contrato supera los 82 millones de pesos, dinero que estaría adjudicado para las obras del proyecto “Bronx Distrito Creativo”El segundo hallazgo corresponde a la identificación de deficiencias en la supervisión de la fundación FUGA en los recursos entregados por ERU, hoy Renovó, para adquisición de los inmuebles para la construcción del proyecto “Bronx Distrito Creativo", por el cual, el hallazgo fiscal supera los 30 millones de pesos, contrato que estaría ejecutado bajo el convenio interadministrativo derivado 072 de 2019. El último hallazgo identificado por la Contraloría de Bogotá, están las inconsistencias en la gestión predial, estructuración y ejecución del proyecto “Bronx Distrito Creativo” por 1.418 millones de pesos.“Del seguimiento realizado por el equipo auditor a la inversión de los recursos entregados a la ERU hoy RENOBO a través del convenio interadministrativo derivado 072 de 2019 se evidencia el cobro de servicios por parte de ésta a la FUGA por concepto de “prestación de servicios de gestión predial de la ERU que corresponde a la remuneración de la entidad por los gastos en los que incurre para la estructuración y formulación del proyecto” en cuantía de $1.418.993.208, esto a través de la factura electrónica de venta No 454 de 26 de mayo de 2021” menciona el informe de la contraloría.Ante los procesos anexados por la Contraloría del Distrito de identificación Siete hallazgos de carácter administrativo, cuatro disciplinarios, uno penal y 3 fiscales por cuantías de 21 millones, 30 millones y 1.418 millones del proyecto “Bronx Distrito Creativo”
El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, visitó el patio taller del metro de Bogotá, dando inicio a la auditoría conjunta con la Contraloría Distrital. Según Zuluaga, “la ejecución del metro de Bogotá va bien, hay un retraso del 8 % en unas etapas previas”.El contralor Zuluaga se refirió a los cambios que busca hacerle al proyecto el Gobierno Petro al metro de Bogotá. Aseguró que “hasta hoy no ha habido ninguna decisión jurídica" que haya sido notificada a la Contraloría frente a "un cambio o una variación de la primera etapa como se ha planteado que es un metro elevado”. A partir del 3 de febrero de 2024, la Contraloría General de la República, junto con la Contraloría de Bogotá, autorizó la supervisión y fiscalización de los recursos destinados a la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, tramo 1, y sus troncales alimentadoras y complementarias.Se enfocará en revisar y evaluar la contratación, el estado de las obras, la gestión predial y ambiental, así como otros aspectos relacionados con la construcción de las troncales alimentadoras y complementarias de la primera línea del metro de Bogotá.La auditoría de cumplimiento se llevará a cabo con un equipo interdisciplinario de 12 auditores, coordinados por la Contraloría delegada para el sector de infraestructura de la CGR. Entre los objetivos específicos se encuentran la revisión de la contratación, la verificación del estado y calidad de las obras, la evaluación de la gestión predial y ambiental, y la revisión de aspectos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos.Además, se atenderán solicitudes ciudadanas, denuncias y alertas y se verificará la gestión para el traslado de redes de servicios públicos relacionadas con la construcción de las troncales alimentadoras y complementarias.Le puede interesar:
A escasos diez días para que finalice el periodo de la actual administración de Medellín los polémicos gastos del fondo fijo adscritos al despacho del alcalde de la ciudad nuevamente han generado cuestionamientos, esta vez de parte de los entes de control.Y es que la Contraloría de Medellín reveló su auditoría financiera y de gestión del distrito que particularmente para el tema de la caja menor comprendió todo el 2022 y mediados del 2023, y allí encontró hallazgos administrativos por un total de 5.686 millones de pesos.La mayor parte de estos recursos, 5.328 millones de pesos, responde a presuntas irregularidades en recursos facturados y no recaudados, 119 millones de pagos de souvenires sin soportes, 120 millones por debilidades en la supervisión y violaciones del decreto de austeridad y otros 117 millones por falta de autorización de gastos por concepto de servicio de restaurante.Entre las situaciones más complejas evidenciadas por la Contraloría se encontró el consumo durante el último año de 124 millones de ese fondo por servicio de restaurante, pero de los cuales tan solo 8 recibieron autorización del ordenador del gasto, en este caso el exsecretario privado, Juan David Duque. Inclusive dentro de ese dinero no certificado se encontraron consumos en otras ciudades como Bogotá y Cartagena que debieron ser legalizados bajo el concepto de viáticos.Esto permitió, indicó el informe, que “se realizaran compras individuales o personales y en algunos casos, compras de comida suntuosa, afectando la eficiencia del gasto público”.De igual manera, en otros rubros como 182 millones de pesos para aprovisionar la cocineta del despacho del alcalde y atender reuniones de trabajo, 47 millones para pago y recarga de peajes y 17 millones para arreglos de flores, pudieron hacerse, según la Contraloría, bajo la figura de contrato ya que fueron recurrentes, pero no considerados como urgentes ni necesarios para el uso de ese fondo.Frente al informe presentado por la Contraloría la misma entidad aclaró al alcalde encargado, Óscar Hurtado, que los hallazgos no son susceptibles de réplica y que cuentan con diez para actualizar el plan de mejoramiento único con las acciones correctivas o preventivas a que haya lugar.Le puede interesar:
La Contraloría de Bogotá encontró que, en el Instituto para la Economía Social, IPES, desde el año 2017 no habría cobrado por el uso del espacio público de locales o puestos de ventas de productos y bodegas en 19 plazas del Distrito de la ciudad.Según las cuentas que pudo identificar el órgano de control a fecha del 31 de diciembre del 2022 esos recursos suman más de $3.554 millones de pesos, las cuales obedecen a prestación de servicios y cuentas por cobrar que serían de difícil recaudo por los administradores.Estas cuentas por cobrar por parte del IPES estarían presentes en las plazas de mercado como el Carlos E. Restrepo, 20 de julio, 7 de agosto, Quiriguá, Las Ferias, Fontibón, Samper Mendoza, Trinidad Galán, Kennedy, 12 de octubre, entre otras.Blu Radio conoció que la Contraloría Distrital va a hacer una diligencia de inspección en el IPES esta semana, para preguntar por qué no se ha cobrado por el uso de esos sitios correspondientes a locales o puestos de venta en las plazas de mercado.Así mismo y ante lo ocurrido, el órgano de control también, por los mismos hechos, acaba de iniciarse una Auditoría de Desempeño a la entidad distrital.Le puede interesar:
Se trata del Colegio Ciudad Chengdu-Bolonia, ubicado en la localidad de Usme, el cual es un proyecto de construcción que tiene como objetivo la creación de un edificio educativo compuesto por dos secciones: una de tres pisos y otra de cinco pisos de altura. Este megaproyecto contará con una amplia variedad de salones, como laboratorios de música, ciencias, física y química. Asimismo, la construcción de este colegio pretende beneficiar a cerca de 540 estudiantes de esta localidad ubicada en el sur de Bogotá.El proyecto está dividido en dos fases, en las cuales han sido destinados recursos por un valor total de $35.397.190.390. La primera fase tuvo un valor de $18.697.655.114 y la segunda fase cuenta con un presupuesto de $16.699.535.276. La última fase de la obra presenta actualmente un avance físico del 85 %, según pudo establecer la Contraloría Distrital.A pesar de haberse iniciado en el año 2018, el proyecto no ha logrado finalizar su ejecución dentro del plazo que inicialmente fue establecido de 12 meses, pero aún no termina."Hemos realizado diferentes auditorías, visitas fiscales y recientemente culminamos una indagación preliminar en la que se ordena el traslado de toda la información relacionada con la fase uno a la dirección de responsabilidad fiscal", señaló Andrés Rojas, director de sector educación de la Contraloría Distrital.Desde la Contraloría señalaron que continuarán con el seguimiento a la obra que fue contratada durante la administración anterior y que sería fundamental para la ampliación de nuevos cupos educativos para la localidad de Usme.Le puede interesar:
Durante su balance trimestral, la Contraloría distrital de Medellín contó que actualmente tiene 296 procesos abiertos contra el Distrito y sus diferentes entidades descentralizadas, entre las que se encuentran el Metro, Metrosalud, el Dagrd, entre otras."(Hay) 296 procesos abiertos; entre marzo y diciembre del año pasado aperturamos 120; el valor que se está investigando es de cerca del medio billón de pesos y ello incluyen todas las secretarías y todas las entidades del Distrito", explicó Pablo Andrés Garcés Vásquez, contralo distrital de Medellín.Hay que recordar que actualmente la Contraloría General de la República tiene el manejo de las investigaciones de Buen Comienzo, Chatarrización, Hidroituango y Telemedellín.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Después de que la Contraloría diera a conocer que al menos 240.000 estudiantes en el país no estaban recibiendo el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA) dio explicaciones del porqué de las situaciones que aseguró o casos específicos en los que ya se está trabajando para solucionar las demoras y falta de operadores.Estas son las cifras del PAE que preocupan a la ContraloríaPese a que se designaron más de 18.000 millones de pesos para la implementación del PAE en Yopal y Buenaventura, son más de 60.648 niños que no ha recibido algo de este programa en los primeros meses del año.En Yopal, la cifra es 15.648, mientras que en el caso de Buenaventura son 45.000; es decir, un 70 % de estudiantes no han recibido la primera ración en lo que va del 2023.Estas son las respuestas del Gobierno del porqué no hay PAE en esta regiones“Debemos indicar que Buenaventura inició su planeación el 30 de noviembre del 2022, cuando puso en marcha el trámite de expedición de las vigencias futuras ante el concejo municipal con las que pretendía iniciar oportunamente la ejecución del PAE. El 23 de enero de este año el primer proceso contractual se declaró desierto, y el 9 de febrero logró la contratación con el consejo comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Río Calima. Actualmente, el consejo comunitario está a la espera de la expedición de pólizas, pues una aseguradora ya comunicó la aprobación y está a la espera del trámite de pago”, indicó.En el caso del segundo, Yopal, según la UApA, la alcaldía ya adelantó tres procesos de contratación y en dos ocasiones se declararon desiertos por no presentarse oferente. En la tercera se presentó un oferente que no cumplía con los requisitos mínimos. El cuarto proceso la alcaldía lo adjudicó a una unión temporal que comunicó oficialmente a la Secretaría de Educación de Yopal que iniciará operación el próximo 9 de mayo.El Magdalena no atiende el PAE de forma correctaOtro caso que advierte la Contraloría es el del departamento del Magdalena, pues la operación del PAE está suspendida desde el pasado 21 de marzo y, asimismo, fueron asignados $18.000 millones que tampoco han sido utilizados.La Gobernación comenzó el año con el programa para 138.368 estudiantes desde el inicio del calendario académico 2023 y hasta el 17 de marzo. Esta operación la realizó a través del contrato que tenía desde el 2022, año en el que prestó servicio únicamente en octubre y noviembre. En este momento se está adelantando un proceso de licitación y plantea adjudicarlo el 3 de mayo.“Tenemos una preocupación muy grande con Magdalena, pues son más de 138.000 niños que están siendo afectados en este momento. Sabemos que el complemento del PAE es fundamental para el bienestar de ellos y que es necesario que se redoblen esfuerzos para sacar adelante el proceso de contratación”, aseguró el director Correa.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Sin una bala y con mucho sigilo, un grupo de personas logró el pasado 1 de julio robar en horas de la madrugada unos $85.000 millones en efectivo de la bodega de la empresa de valores Prosegur de Barranquilla, ubicada a solo unos metros del comando de la Policía Metropolitana.La cifra fue confirmada por investigadores de la Policía Metropolitana, tras meses de investigación y seguimiento, quienes entregaron los detalles a la fiscal del caso, para que este viernes 22 de noviembre presente el caso ante un juez durante la audiencia imputación de cargos, luego de que este jueves se lograra la captura de ocho presuntos participantes de este cinematográfico hurto que, por lo pronto, involucra a una trabajadora de la empresa.De acuerdo con información que conoció Blu Radio, la cifra de lo robado no pudo ser establecida una vez se presentaron los hechos, pues inicialmente se especuló que solo habrían sido $10 mil millones los que estos asaltantes habrían tomado. No obstante, tras el registro con el equipo contable de la compañía, se pudo establecer la astronómica cifra que supera lo robado del Banco de la República de Valledupar en 1994.Según información entregada a este medio, ya se logró la recuperación de una parte del dinero robado e, incluso, una parte de este fue rastreado en cuentas internacionales y en la compra de inmuebles y carros. Sin embargo, los detalles en torno a esto serán revelados durante la audiencia de este viernes.
El próximo 29 de noviembre se dará inicio al ‘Ferxxocalipsis’ en Colombia, la anhelada gira de Feid, que, finalmente, llega al país tras varios meses de espera. Solo Medellín y Bogotá disfrutarán de su música con tres fechas cada una, eso sí, una en estadio y la otra en arena, respectivamente.Las cifras del ‘Ferxxocalipsis’Feid anunció esta gira tras la exitosa etapa que tuvo por festivales a inicio de 2024. Estuvo en el Lollapalooza de Argentina y Chile, para terminar el Festival Estéreo Picnic de Bogotá en donde permitió que pronto los volviera a ver a todos.Primero estuvo en varias ciudades de Estados Unidos en donde tuvo arenas y estadios llenos, que hicieron mayor expectativa en torno a su gira debido a las emociones que se generaron por este concierto. Pasó por España y algunas ciudades de Latinoamérica, ahora, cerrará con broche de oro en su casa, Medellín.Su último álbum de estudio, que, justamente, lleva este nombre, suma millones de reproducciones y se destaca en grandes listas, como la prestigiosa Billboard.Feid en Bogotá y MedellínSe espera que el concierto del ‘Ferxxo’ impacte de forma positiva el comercio de ambas ciudades, pues se prevé que miles de turistas llegaran a ambas ciudades en el marco de esta gira, que, hasta ahora, ha sido un éxito internacional. Pero habrá varias cosas importantes que deberá tener en cuenta si se desplazará a algunas de estas fechas:Recomendaciones en Bogotá: por supuesto, la primera recomendación va de la mano con el tema de movilidad. El Coliseo MedPlus se ubica en la vía Bogotá-Siberia saliendo por la calle 80 al occidente de la ciudad, en varias ocasiones se presentan trancones y aglomeraciones, que crecen cuando se dan eventos en esta importante arena para la ciudad. Por eso, para evitar eso, el sitio ofrece transporte de ida y vuelta que podría tomar para evitar demoras en retorno o llegada al sitio, que tienen un costo de $25.000. Al igual que el parqueadero solo tiene cupo para 1.000 vehículos, de $30.000 para carros y $20.000 para motos.Recomendaciones en Medellín: la sede será el Atanasio Girardot por lo que tendrá diversas formas de llegar. Metro, bus, taxi, uber e, incluso, a pie si su hotel se encuentra cerca al estadio. Por supuesto, se esperan largas filas y un flujo superior de personas en comparación a otros eventos, por lo que tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad y tenga un punto de encuentro con sus seres queridos ante cualquier emergencia. Evite llegar bajo el estado de embriaguez al sitio, pues podría perder la oportunidad de ingreso al igual que lleve ropa cómoda, carpa y actitud para aguantar lluvias o calor por sol. Posible setlist de Feid en ColombiaAlakran50 PalosChimbitaLady Mi AmorCastigoBubaluFerxxo 151Ultra Solo RemixFumeteoPerro NegroDoblexxóBrickellEl CieloLa InocenteFerxxo 30ProhibidoxSe Me OlvidaPORFAEsquirlaMojando AsientosREMIX EXCLUSIVOSORRY 4 THAT MUCHX19XFeliz Cumpleaños FerxxoMonasteryRitmo de MedalloLuces de TecnoEy ChoryLe Pido a DIOSRománticos de LunesNormalFerxxo 100Yandel 150Hey MorCLASSY 101La Buena FaiChorrito Pa La AnimasLuna
La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) se pronunció recientemente sobre la crisis que está viviendo el Icetex, donde afirman que este programa de préstamos ha sido clave para complementar la cobertura educativa en el país, que actualmente alcanza un 54 % gracias, en parte, al apoyo brindado por las universidades privadas, las cuales han trabajado de la mano con el sector público para ampliar el acceso a la educación superior.Sin embargo, la Asociación expresó su creciente preocupación por la situación crítica que enfrenta Icetex en la actualidad. A pesar de su importante rol en la financiación de los estudios superiores, las universidades, tanto públicas como privadas, no han recibido los recursos pendientes para el año 2024, lo que genera una gran incertidumbre sobre la continuidad de la oferta educativa en el próximo año. Sin embargo, es más alarmante la falta de claridad sobre los recursos para el crédito educativo de 2025, lo que amenaza con restringir el acceso de los estudiantes a la educación superior.Desde la entidad afirman que esta situación coloca a los jóvenes colombianos en una posición vulnerable, ya que, sin el apoyo de Icetex, se dificulta su capacidad para financiar sus estudios y transformar sus vidas a través de la educación. La Ascun hizo un llamado urgente al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que se tomen las medidas necesarias para resolver esta crisis, dado que el sistema de crédito educativo es un motor crucial para el desarrollo del país y la inclusión de todos los jóvenes en el proceso educativo.Por ello, desde la Ascun se solicitó un diálogo inmediato para encontrar soluciones viables que permitan garantizar la continuidad del crédito educativo, asegurar la estabilidad financiera de las universidades y, en última instancia, proteger los derechos de los estudiantes a una educación de calidad.Es esencial que el Gobierno, en conjunto con las instituciones educativas, trabajen de manera coordinada para superar esta crisis.
En las últimas horas, la Policía logró capturar a uno de los sicarios más peligrosos del sur de Bogotá junto con cinco de sus cómplices, entre ellos dos mujeres, quienes se dedicaban al tráfico de armas, drogas y asesinatos en la localidad de Ciudad Bolivar, sur de Bogotá. Se trata de alias ‘La Máquina’, líder de ‘La Catorce’, una banda que delinque en ese punto de la capital del país.Según indicó el coronel Germán Gómez, comandante de la estación de Policía en Ciudad Bolívar, esta peligrosa banda controlaba la venta de drogas en esa zona de la ciudad y sostenía una violenta guerra con otra banda delincuencial.“Tenía una disputa por control territorial con el delito de inseguridad denominado Las Marraneras y Bellaflor. Es así como se logra la captura en una de estas invasiones del sector de Paraíso. Al igual, posteriormente en otra intervención a este mismo grupo delincuencial, se logra evidenciar que en un taxi están transportando estupefacientes y armas de fuego”, agregó el coronel.Alias ‘La Máquina’, agregó el coronel Gómez, es una persona reconocida en este sector y está relacionado con varios homicidios en los que es no solo es autor material, sino también actor intelectual de los hechos que se le atribuyen.“Vamos a seguir actuando de manera contundente con esta estrategia de los microterritorios de contención frente al homicidio y a su vez con el fin de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Se tiene evidenciado que ha hecho parte de ocho homicidios”, finalizó el coronel.
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
