Una actuación especial de fiscalización llevada a cabo a la Secretaría de Seguridad por parte de la Dirección de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Contraloría Distrital dio como resultado hallazgos fiscales por 5.379 millones de pesos en la ejecución de contratos para el mantenimiento del sistema de videovigilancia de Bogotá suscritos entre 2021 y 2023.En su ejercicio de control fiscal, la Contraloría encontró fallas en los pagos de mantenimientos correctivos que se hicieron basados en diagnósticos fallidos, entre otras situaciones tales como:Pago duplicado de tickets de servicio (en algunos casos aparece dos veces cobrándose el mismo servicio de mantenimiento).Cobro de mantenimiento a cámaras fuera de servicio.La Contraloría de Bogotá halló irregularidades tanto en la supervisión como en la interventoría de los contratos para el mantenimiento de las 5.824 cámaras, lo que habría conllevado que cerca del 45 % de esos equipos de videovigilancia permanecieran fuera de servicio.En total, la Contraloría seleccionó para auditar diez contratos como muestra representativa dentro de la actuación especial de fiscalización que acaba de concluir. Solo en esos diez contratos, la Secretaría de Seguridad invirtió alrededor de 108.000 millones en las vigencias de 2021 a 2023. Los hallazgos fiscales fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría, para que se proceda con la apertura del correspondiente Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF) a fin de que se logre la recuperación de los recursos públicos y determinar los responsables del detrimento patrimonial.
La Contraloría de Bogotá, a través de su Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, y en atención a varias denuncias de la ciudadanía, inició una actuación especial de fiscalización con el fin de establecer el estado de 181 canchas sintéticas cuyo uso y mantenimiento está a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).Hasta el momento, la Contraloría Distrital ha recorrido 60 canchas sintéticas en las veinte localidades de la capital para identificar en sitio las condiciones de estos espacios deportivos y constatar el cumplimiento de las condiciones establecidas en cada uno de los contratos suscritos para su uso y mantenimiento, y que sumados ascienden a 43.370 millones de pesos.El director de Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría, Camilo Quiroz, manifestó que están haciendo este trabajo corroborando que las condiciones contractuales bajo las cuales se firmaron esos convenios se estén cumpliendo en terreno y que especialmente cada uno de estos escenarios beneficien de manera óptima a la comunidad.Dentro de las quejas de los ciudadanos allegadas al organismo de control, reportan dificultades para acceder a estos escenarios deportivos, deterioro y precariedad de la mayoría de canchas sintéticas, falta de baños, baja luminosidad, problemas de inseguridad y consumo de sustancias psicoactivas.
La Contraloría, después de visitar los 10 hospitales manejados por las Subredes de Salud del distrito, pudo determinar las fallas que se presentan en el servicio. Como son la presencia de medicamentos vencidos en los inventarios, los cuales si son consumidos pueden no tener efectividad o poner en riesgo la vida de quien los tome debido a un crecimiento bacteriano o cuando se crea resistencia a fármaco.Otro fallo que encontró la Contraloría fue el desabastecimiento de medicamentos esenciales como la insulina. Elemento básico para las personas que sufren ciertos tipos de diabetes y que necesitan tomar cierta cantidad para controlar los niveles de azúcar en la sangre y evitar problemas a futuro como lo son enfermedades renales, problemas en la vista, deshidratación e incluso la muerte.El director de la salud de la Contraloría, Andrés Domínguez, se refirió a que en estos hospitales hay equipos biomédicos que no se encuentran en funcionamiento debido a mantenimientos y escasez de espacio para operarlos. Además, afirmó que hay casos de abandono hacia los pacientes y que no se están cumpliendo su régimen de comidas. “Hay 76 pacientes en abandono en solamente estos 10 hospitales de las diferentes subredes de Bogotá. También, en las dietas suministradas a los pacientes, encontramos que no siempre son las prescritas por los médicos”, mencionó Domínguez.El ente de control se refirió a un caso en especial del hospital Simón Bolívar, lugar en donde hay 1.500 pacientes que tienen que esperar para ser agendados y así poder conseguir una cita médica, hecho que extiende los tiempos de espera y empeora el servicio de salud.Con esta información, el organismo evaluará las causas detrás de las deficiencias en la atención médica de los ciudadanos en Bogotá y tomará las medidas necesarias para mejorar estas situaciones en la prestación de servicios esenciales a los pacientes de estos hospitales.
La Contraloría de Bogotá encontró sobrecostos cercanos a los $2.600 millones en los pagos de servicios de transporte, brindados por el Distrito a la población beneficiada con los programas sociales.Estos programas beneficiaban a personas en condición de discapacidad, niños de jardines infantiles, adultos mayores, habitantes de calle y jóvenes, todos beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social.La auditoría realizada por el ente de control puso la lupa en la contratación de la Secretaría de Integración Social, durante la vigencia 2023.“El organismo de control fiscal encontró que la Secretaría Distrital de Integración Social modificó el procedimiento para liquidar los pagos mensuales de transporte, de manera tal que se dispararon los costos generándose un detrimento al patrimonio público a partir de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica”, señaló Mauricio Dávila, director del sector de Integración Social de la Contraloría.El hallazgo fiscal fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría, con el fin de establecer los responsables y recuperar los recursos de Bogotá.
En un informe de 127 páginas, la Contraloría Distrital de Medellín concluyó que hay 23 hallazgos, tras indagar las presuntas irregularidades en los contratos interadministrativos celebrados entre la Secretaría de Participación Ciudadana y Plaza Mayor, en 2022 y 2023, dos de los años de gobierno del exalcalde Daniel Quintero.De acuerdo con este ente de control, 20 de los hallazgos representan una posible incidencia disciplinaria, 17 fiscal y ninguno de carácter penal, por valor de más de 623 millones de pesos (623.651.378).Algunos de los hallazgos son anomalías en la contratación, irregularidades en la selección de los operadores logísticos, entrega de dinero en efectivo a particulares para transporte, debilidades en el seguimiento por parte de la supervisión de contratos, reconocimiento de eventos sin soportes, requerimientos sin especificaciones técnicas, bienes que superaron el valor tarifario, no devolución de sobrantes de ítems cobrados y pagados; y utilización de los mismos registros fotográficos y/o soportes en varios requerimientos, este último con un valor de más de 51 millones de pesos, entre otros. El hallazgo, que representa una cifra más alta es el de los ítems sin el debido soporte pagados en los diferentes eventos, por más de 343 millones de pesos.Uno de los hallazgos que más llaman la atención es el de las chaquetas que fueron cobradas por un valor de 300.000 pesos la unidad, en total 15 millones de pesos y que al parecer excede tres veces su valor comercial.Otro de los casos es sobre 42 bolsos que, aunque debían tener el logo del Consejo Corregimental o comunal de planeación local, no lo tuvieron, por lo que, según la Contraloría, la finalidad del requerimiento no se cumplió pues en las evidencias fotográficas no se evidencia esa imagen institucional que se buscaba reforzar. Se estima que se configura un hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinarias y fiscales por cerca de 4.500.000 pesos.Por ejemplo, el hallazgo más alto evidencia que se pagaron bienes o servicios sin el soporte en los respectivos informes, a operadores como Fundarte, TDN y BIS- SION, generando un presunto detrimento de 343 millones de pesos.Según otro de los casos, no hay evidencia de la adquisición de la póliza de seguro por más de 4 millones de pesos para una salida donde se cubre EPS y ARL para 90 personas, pero fue pagada por Plaza Mayor. "En consecuencia, no hay soportes que justifiquen el pago de la póliza y los profesionales indicados, conceptos que se pagaron por valor de $5.732.825" dice la Contraloría en el citado informe. Se trata de un contrato cuyo objetivo fue apoyar el fortalecimiento de la Organización Social Corporación Sembrando Semillas de Amor- Corsesa en la comuna 7 Robledo.Pero ahí no paran las evidencias de la Contraloría, pues en otro de los citados contratos, se pagó 677.000 pesos para el arriendo de un espacio donde se desarrollaría una actividad en la comuna 1 (Popular), pero este se hizo al frente de una vivienda de la zona.Aquí el resumen de los hallazgos:
La Contraloría de Bogotá adelantó la inspección fiscal a la Fundación Gilberto Alzate (FUGA) en la que se determinaron tres hallazgos fiscales por un total de 1.418 millones de pesos. Dentro del informe presentado por la entidad, se destacan tres principales hechos en los que hay comprometidos dineros como recursos de inversión y construcción.El primero en la lista es el hallazgo por 21 millones de pesos con motivo de deficiencias contractuales de recursos entregados a ERU, ahora con el nombre de Renovó, para el proyecto BDC con el Consorcio Estanzuela - Bronx. El costo de este contrato supera los 82 millones de pesos, dinero que estaría adjudicado para las obras del proyecto “Bronx Distrito Creativo”El segundo hallazgo corresponde a la identificación de deficiencias en la supervisión de la fundación FUGA en los recursos entregados por ERU, hoy Renovó, para adquisición de los inmuebles para la construcción del proyecto “Bronx Distrito Creativo", por el cual, el hallazgo fiscal supera los 30 millones de pesos, contrato que estaría ejecutado bajo el convenio interadministrativo derivado 072 de 2019. El último hallazgo identificado por la Contraloría de Bogotá, están las inconsistencias en la gestión predial, estructuración y ejecución del proyecto “Bronx Distrito Creativo” por 1.418 millones de pesos.“Del seguimiento realizado por el equipo auditor a la inversión de los recursos entregados a la ERU hoy RENOBO a través del convenio interadministrativo derivado 072 de 2019 se evidencia el cobro de servicios por parte de ésta a la FUGA por concepto de “prestación de servicios de gestión predial de la ERU que corresponde a la remuneración de la entidad por los gastos en los que incurre para la estructuración y formulación del proyecto” en cuantía de $1.418.993.208, esto a través de la factura electrónica de venta No 454 de 26 de mayo de 2021” menciona el informe de la contraloría.Ante los procesos anexados por la Contraloría del Distrito de identificación Siete hallazgos de carácter administrativo, cuatro disciplinarios, uno penal y 3 fiscales por cuantías de 21 millones, 30 millones y 1.418 millones del proyecto “Bronx Distrito Creativo”
El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, visitó el patio taller del metro de Bogotá, dando inicio a la auditoría conjunta con la Contraloría Distrital. Según Zuluaga, “la ejecución del metro de Bogotá va bien, hay un retraso del 8 % en unas etapas previas”.El contralor Zuluaga se refirió a los cambios que busca hacerle al proyecto el Gobierno Petro al metro de Bogotá. Aseguró que “hasta hoy no ha habido ninguna decisión jurídica" que haya sido notificada a la Contraloría frente a "un cambio o una variación de la primera etapa como se ha planteado que es un metro elevado”. A partir del 3 de febrero de 2024, la Contraloría General de la República, junto con la Contraloría de Bogotá, autorizó la supervisión y fiscalización de los recursos destinados a la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, tramo 1, y sus troncales alimentadoras y complementarias.Se enfocará en revisar y evaluar la contratación, el estado de las obras, la gestión predial y ambiental, así como otros aspectos relacionados con la construcción de las troncales alimentadoras y complementarias de la primera línea del metro de Bogotá.La auditoría de cumplimiento se llevará a cabo con un equipo interdisciplinario de 12 auditores, coordinados por la Contraloría delegada para el sector de infraestructura de la CGR. Entre los objetivos específicos se encuentran la revisión de la contratación, la verificación del estado y calidad de las obras, la evaluación de la gestión predial y ambiental, y la revisión de aspectos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos.Además, se atenderán solicitudes ciudadanas, denuncias y alertas y se verificará la gestión para el traslado de redes de servicios públicos relacionadas con la construcción de las troncales alimentadoras y complementarias.Le puede interesar:
A escasos diez días para que finalice el periodo de la actual administración de Medellín los polémicos gastos del fondo fijo adscritos al despacho del alcalde de la ciudad nuevamente han generado cuestionamientos, esta vez de parte de los entes de control.Y es que la Contraloría de Medellín reveló su auditoría financiera y de gestión del distrito que particularmente para el tema de la caja menor comprendió todo el 2022 y mediados del 2023, y allí encontró hallazgos administrativos por un total de 5.686 millones de pesos.La mayor parte de estos recursos, 5.328 millones de pesos, responde a presuntas irregularidades en recursos facturados y no recaudados, 119 millones de pagos de souvenires sin soportes, 120 millones por debilidades en la supervisión y violaciones del decreto de austeridad y otros 117 millones por falta de autorización de gastos por concepto de servicio de restaurante.Entre las situaciones más complejas evidenciadas por la Contraloría se encontró el consumo durante el último año de 124 millones de ese fondo por servicio de restaurante, pero de los cuales tan solo 8 recibieron autorización del ordenador del gasto, en este caso el exsecretario privado, Juan David Duque. Inclusive dentro de ese dinero no certificado se encontraron consumos en otras ciudades como Bogotá y Cartagena que debieron ser legalizados bajo el concepto de viáticos.Esto permitió, indicó el informe, que “se realizaran compras individuales o personales y en algunos casos, compras de comida suntuosa, afectando la eficiencia del gasto público”.De igual manera, en otros rubros como 182 millones de pesos para aprovisionar la cocineta del despacho del alcalde y atender reuniones de trabajo, 47 millones para pago y recarga de peajes y 17 millones para arreglos de flores, pudieron hacerse, según la Contraloría, bajo la figura de contrato ya que fueron recurrentes, pero no considerados como urgentes ni necesarios para el uso de ese fondo.Frente al informe presentado por la Contraloría la misma entidad aclaró al alcalde encargado, Óscar Hurtado, que los hallazgos no son susceptibles de réplica y que cuentan con diez para actualizar el plan de mejoramiento único con las acciones correctivas o preventivas a que haya lugar.Le puede interesar:
La Contraloría de Bogotá encontró que, en el Instituto para la Economía Social, IPES, desde el año 2017 no habría cobrado por el uso del espacio público de locales o puestos de ventas de productos y bodegas en 19 plazas del Distrito de la ciudad.Según las cuentas que pudo identificar el órgano de control a fecha del 31 de diciembre del 2022 esos recursos suman más de $3.554 millones de pesos, las cuales obedecen a prestación de servicios y cuentas por cobrar que serían de difícil recaudo por los administradores.Estas cuentas por cobrar por parte del IPES estarían presentes en las plazas de mercado como el Carlos E. Restrepo, 20 de julio, 7 de agosto, Quiriguá, Las Ferias, Fontibón, Samper Mendoza, Trinidad Galán, Kennedy, 12 de octubre, entre otras.Blu Radio conoció que la Contraloría Distrital va a hacer una diligencia de inspección en el IPES esta semana, para preguntar por qué no se ha cobrado por el uso de esos sitios correspondientes a locales o puestos de venta en las plazas de mercado.Así mismo y ante lo ocurrido, el órgano de control también, por los mismos hechos, acaba de iniciarse una Auditoría de Desempeño a la entidad distrital.Le puede interesar:
Se trata del Colegio Ciudad Chengdu-Bolonia, ubicado en la localidad de Usme, el cual es un proyecto de construcción que tiene como objetivo la creación de un edificio educativo compuesto por dos secciones: una de tres pisos y otra de cinco pisos de altura. Este megaproyecto contará con una amplia variedad de salones, como laboratorios de música, ciencias, física y química. Asimismo, la construcción de este colegio pretende beneficiar a cerca de 540 estudiantes de esta localidad ubicada en el sur de Bogotá.El proyecto está dividido en dos fases, en las cuales han sido destinados recursos por un valor total de $35.397.190.390. La primera fase tuvo un valor de $18.697.655.114 y la segunda fase cuenta con un presupuesto de $16.699.535.276. La última fase de la obra presenta actualmente un avance físico del 85 %, según pudo establecer la Contraloría Distrital.A pesar de haberse iniciado en el año 2018, el proyecto no ha logrado finalizar su ejecución dentro del plazo que inicialmente fue establecido de 12 meses, pero aún no termina."Hemos realizado diferentes auditorías, visitas fiscales y recientemente culminamos una indagación preliminar en la que se ordena el traslado de toda la información relacionada con la fase uno a la dirección de responsabilidad fiscal", señaló Andrés Rojas, director de sector educación de la Contraloría Distrital.Desde la Contraloría señalaron que continuarán con el seguimiento a la obra que fue contratada durante la administración anterior y que sería fundamental para la ampliación de nuevos cupos educativos para la localidad de Usme.Le puede interesar:
