Desde Piojó, Atlántico, el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, advirtió que la intervención de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la reconstrucción de ese municipio no se ha ejecutado como es debido y explicó que el organismo de control ya está actuando."Hoy advertimos que Piojó va en camino a convertirse en otro Mocoa, en términos de lo que es el impacto del tiempo y la atención a las familias", dijo el funcionario.La Contraloría actualmente avanza en dos procesos administrativos sancionatorios en contra del director de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, que podrían culminar con una decisión de imposición de una multa o la suspensión temporal del cargo del funcionario.Además, el Contralor agregó que es preocupante la baja ejecución de los recursos asignados a la UNGRD en el presupuesto general de la nación: entre enero y octubre de 2023 solo había ejecutado un 7.5 % de su presupuesto total.¿Qué pasó en Piojó, Antioquia?Hay que recordar que el municipio de Piojó fue afectado el 5 de noviembre de 2022 por un fuerte aguacero de más de 30 horas que provocó un deslizamiento de tierra en el que más de 250 familias resultaron afectadas y al menos 80 casas fueron destruidas.Sobre as 11:00 de la noche los habitantes de este municipio escucharon un fuerte estruendo y luego empezaron a ver cómo la tierra cedía y se iba llevando a su paso varias casas.Puede ver:
La Alcaldía de Medellín hizo entrega oficial de unos computadores a miles de estudiantes, que era una promesa de campaña. Sin embargo, ese programa que hoy tiene orgulloso al alcalde Daniel Quintero está rodeado de algunos cuestionamientos.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el diputado de Antioquia Luis Peláez denunció que el total de computadores que se dieron a los niños es mucho menor a la cifra que se había prometido.“Hoy vemos una promesa incumplida porque inicialmente en campaña Daniel Quintero prometió cerca de 170.000 computadores para los niños y niñas de Medellín, pero después lo bajó en el plan de desarrollo a cerca de 100.000 computadores. Después hizo una rebaja significativa y terminó contratando solo 70.950 computadores”, afirmó.Peláez aclaró que son solo un préstamo y los estudiantes tendrán que devolverlos en determinado tiempo. En ese sentido, acusó también “manejos irregulares” de recursos en dicha entrega, según dijo, se contrató a influenciadores para hacer una “campaña positiva” sobre el evento.“Vamos a elevar una denuncia en la Contraloría de Antioquia porque aquí también hay recursos del departamento, no solo de la alcaldía. Nos parece incorrecto que se destine irregularmente, porque no solo es la tarima, la luz y los refrigerios, sino que se pagó de manera irregular a algunos influenciadores para difundir contenido positivo de esa entrega que está incompleta”, añadió.A esto se suma que, según él, no se sabe de dónde saldrá el dinero para las pólizas de los computadores que se tienen que renovar, además del dinero para el bodegaje y más protocolos para el mantenimiento de los mismos.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
La Contraloría de Antioquia abrió una investigación contra la Alcaldía de La Ceja por el caso de suministro de carne de caballo en las raciones del PAE a los estudiantes de los colegios públicos de este municipio.El ente de control fiscal creó una comisión especial que se desplazará a ese municipio del Oriente del departamento para atender esa denuncia en el plan de alimentación escolar.Según la Contraloría de Antioquia, esta investigación se hace con base a la denuncia de la Procuraduría Provincial de Rionegro que halló carne de caballo en las raciones que se les brindaron a los estudiantes de los colegios públicos del municipio de La Ceja, por lo que se hará un seguimiento a la Alcaldía y al operador del programa para determinar las responsabilidades de los presuntos implicados en este lamentable hecho.Juan Carlos Zapata Pimienta, contralor Delegado de Antioquia, señaló que "desde la Contraloría General de Antioquia seremos contundentes e implacables en esta investigación. No vamos a permitir que la alimentación de nuestros menores de edad sea vulnerada por servidores públicos o particulares".Esta otra investigación se conoce justo cuando el operador del programa negó responsabilidades y acusó a una subcontratista llamada "Food Carnes" de suministrar la carne de caballo con falsas rotulaciones de carne de cerdo y res, caso que ya está también en la Fiscalía.Escuche más noticias:
Trabajadores de Hidroituango denuncian que están recibiendo alimentos en mal estado de parte de una empresa que habrían sido contratada, según dicen, a dedo. Ante esto, EPM anunció, por medio de un comunicado, que están iniciando los procedimientos para la terminación anticipada del millonario contrato de ser necesario.De acuerdo con EPM, las condiciones de contratación se realizaron desde la magnitud económica de los contratos de alimentación ejecutados con anterioridad por los oferentes, considerando que el requisito de experiencia exigido fue acorde y proporcional a las dimensiones del contrato objeto de aceptación.“Se vienen gestionando a través del conducto institucional y contractual establecido para el efecto, generando desde la supervisión del contrato, no solo los requerimientos al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, sino además, iniciando los procedimientos tendientes a la terminación anticipada del contrato, si hay lugar a ello”, agregaron en el comunicado.De acuerdo con Olga Arango, presidenta del sindicato de profesionales de EPM, se dieron cuenta por denuncias que desde abril les han anunciado los empleados del proyecto, donde han informado sobre el mal estado de los alimentos. Además, señaló que el contrato fue adjudicado a dedo.“La comida llega descompuesta, o que no cumple con el balance nutricional que debe tener un plato para los trabajadores, son aproximadamente 1.200 empleados que hacen uso de ese contrato de alimentación”, señaló Arango.Lea también:Olga agregó que el contrato fue finalmente adjudicado por un valor de $39.561 millones de pesos a la firma Ardiko, cuya experiencia se concentra en la atención de restaurantes carcelarios, lo que guarda directa relación con las quejas y malestares constantes que se han recibido por parte de los usuarios de los restaurantes Tacuí y Cuní, al punto que muchos de quienes permanentemente habitan en el campamento, han optado por preparar sus propios alimentos o buscar otras opciones de servicio.Desde hace años, la Universidad de Antioquia administra el sistema de vigilancia epidemiológico y ha emitido llamados y alertas sobre problemas de estado, disposición e higiene en el servicio de alimentación, derivando que en su último informe emitiera una alerta roja sanitaria, lo que podría a su vez conllevar a la actuación de la Seccional de Salud de Antioquia y propiciar el cierre de los restaurantes y del propio campamento.Por último, desde el sindicato anunciaron que el rigor contractual de la empresa no puede ponerse en entredicho ni se puede jugar con la reputación de EPM. Por lo que hicieron un llamado para que se tomen cartas en el asunto.Escuche más noticias:
Son exactamente 296 procesos de responsabilidad fiscal los que tiene en curso la Contraloría de Medellín a funcionarios actuales y retirados de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín. La entidad afirmó que ya empezaron las indagaciones, supervisión de contratos estatales, entre otros, que oscilan por un valor aproximado de 375.000 millones de pesos y hallazgos por 37.000 millones de pesos.Allí estarían involucrados todo tipo de funcionarios, desde secretarios, gerentes y algunos profesionales que apoyan el proceso de contratación. Entre las dependencias de gran impacto que tienen más procesos desde 2017, figuran EPM, Secretaría de Salud y Educación.Pablo Andrés Garcés, contralor de Medellín, que tomó posesión en marzo pasado, explicó lo que más les inquieta en el tema de salud de la ciudad.“Las EPS, por ejemplo, no pagan oportunamente, avances glosan las cuentas de cobro y los hospitales oficiales y privados no pueden acceder rápidamente al recaudo de esos dineros”, sostuvo Garcés.Garcés explicó que las irregularidades que más se generan y que dan lugar a estos procesos son las debilidades en la contratación, supervisión y multas. “Se generan en el ejercicio de la función administrativa de los servidores públicos de los servidores públicos de la rama ejecutiva, son los temas más recurrentes y que más comportan nuestro ejercicio al interior de la dependencia de responsabilidad fiscal”, puntualizó el contralor. Además agregó que el 70% de los procesos son de la alcaldía anterior y el 25% de la actual administración. Aunque el plazo para que los procesos transciendan es de cinco años, algunos están ad portas de llegar a decisiones para imputación en las próximas semanas.Sin embargo, el contralor dejó claro que el valor que se recupere será de el que se derive de los fallos en firme de responsabilidad fiscal y que luego generarán un proceso de jurisdicción coactiva, el cual se le exigirá el pago de sumas de dinero a favor del estado.Por otro lado, les preocupa la falta de presencia de organismo de control fiscal en los barrios, comunas y en el Concejo municipal. Les inquieta la legitimidad de esas auditorías, por lo que están instalando directamente cada seguimiento y haciendo los cierres de las mismas para que de primera mano los sujetos y puntos de control tengan claridad de las observaciones y de los hallazgos, para generar un efecto disuasivo en la ciudadanía.Al respecto, Andree Uribe, alcaldesa encargada de Medellín, explicó que continúan con todos los procesos y están dispuestos a brindar la información a los entes de control.“Seguimos avanzando, seguimos con todas las auditorías que han sido intensas en esta administración en particular y estaremos con los entes de control en la medida que lo soliciten, con los planes de mejora si así es y todo el proceso que se tenga que llevar a cabo”, sostuvo Uribe.El plan estratégico que diseñaron desde la Contraloría de Medellín para el control fiscal consiste en un plan de acción con los indicadores de planeación y con los requerimientos y observaciones que en meses pasados les dejó la Auditoría Nacional de la República, en la cual dispusieron de una serie de alertas y procedimientos para poder atender en primer lugar los procesos que están en peligro, adicional de eso están contratando más profesionales para reforzar el control en la ciudad.Escuche más de los podcast de Blu Radio:
La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, respondió en Mañanas BLU a un polémico audio, revelado por El Tiempo, en el que un cabecilla del Clan del Golfo, aparentemente, le dice a su mamá que debe votar por Gustavo Petro porque eso le conviene.De acuerdo con Zuleta, esta banda criminal lo único que ha hecho en su territorio, el departamento de Antioquia, "es daño", nada más.“En mi territorio lo único que nos han hecho es daño. Lo único que nos han hecho es perjuicio: amenazar a la población, balacera cada noche”, dijo.Añadió que, en su territorio, no ha recibido denuncias de constreñimiento electoral, como pareciera deducirse del audio en el que Wilmer Antonio Giraldo, alias 'Siopas', le dice a su mamá por quién votar." En el territorio nosotros no hemos recibido la primera denuncia en ese sentido, de constreñimiento electoral ni de nada porque la hubiéramos sacado. Yo he sacado las denuncias que han venido saliendo en nuestro territorio y en todo Antioquia. Eu Urabá es imposible moverse, las balaceras son permanentes", aseguró.La senadora electa por el Pacto histórico encendió la polémica este fin de semana por un video en el que se le oye decir que el próximo 23 de mayo “hablará” contra Federico Gutiérrez para quemarlo, tal como ya lo hicieron con Sergio Fajardo.“Yo voy a salir hablando de Fico, con todo lo que tenemos guardado de Fico. Entonces necesitamos que ustedes estén pendientes de la estrategia, para no tomarla antes de tiempo y cuando empecemos a salir ustedes la puedan replicar por todas partes, puedan hacer la tarea de difusión. (…) Ya a Fajardo lo quemamos y fue una tarea dura. Fue una tarea hasta Procuraduría, Contraloría y una tarea de demostrar que ese tipo no puede estar en la Presidencia”, se le escucha decir a la senadora electa en el video.Al respecto, Zuleta dijo en BLU Radio que, tal como mintió el presidente Iván Duque cuando le dijo al país que el Clan del Golfo ya se había acabado, lo mismo hizo Federico Gutiérrez.“Nadie quisiera que sea reelegido en un cargo público una persona que no ha sabido, lo mismo digo de Federico Gutiérrez: nos dijo que había desmantelado las bandas y las estructuras criminales, incluido el Clan del Golfo en Medellín, y hoy hay presencia del Clan del Golfo en la zona de Belén en Medellín. ¿Ese señor nos viene a decir que va a gobernar a este país?”, explicó.Este es el polémico video:Escuche la declaración de Diana Zuleta en Mañanas BLU:
El comité de la revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero le lanzó un ultimátum al Consejo Nacional Electoral: "si no hay pronunciamiento de los magistrados que llevan el proceso de la certificación de las cuentas de la recolección de firmas, realizarán un plantón de 12 horas el próximo 25 de febrero frente a las instalaciones de la Registraduría.A los impulsores les preocupa el tiempo porque el éxito de la revocatoria tiene los días contados. Es decir, en menos de 98 días se deben cumplir los tres procesos trascendentales: el CNE debe avalar las cuentas; la Registraduría tiene que realizar las votaciones de la revocatoria; y, si los ciudadanos aprueban la iniciativa, en ese mismo período, se debe seleccionar democráticamente al reemplazo de Quintero.Frente a ese panorama, el abogado y candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, dijo que ya instauraron las denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía.“Nuestra ciudad ya alcanzó lo más importante: las firmas. No van a ser unos burócratas desde Bogotá quienes nos impidan a los paisas definir el futuro de nuestra ciudad” indicó Cadavid.Por su parte, el concejal Alfredo Ramos le pidió a la Misión de Observación Electoral y al Parlamento Europeo que acompañen los trámites de la revocatoria porque, igualmente, cree que hay dilataciones.Escuche el podcast 'Sin Tabú':
El precandidato presidencial Sergio Fajardo interpuso una queja contra la contralora Juliana Velasco Gregory, quien lo sancionó en primera instancia y cerró el caso de Hidroituango, según Fajardo, por tergiversar pruebas. Ahora, la funcionaria elevó también una queja en contra de la defensa del exgobernador de Antioquia.La defensa de Fajardo elevó la queja a la Comisión de Disciplina Judicial contra la contralora delegada porque “tergiversó las pruebas y mutó el contenido del acta 93 de 2009 de la junta directiva de Hidroituango”, cuando ella archivó su caso el pasado 27 de enero, y confirmó su sanción.Pese a que la sanción fiscal no existe por el pago de $4.3 billones que efectuaron las aseguradoras, Fajardo presentó la queja que está haciendo estudiada por el magistrado Martín Suárez Varón.Ahora, la contralora Velasco Gregory también puso una queja disciplinaria contra Aracely Tamayo, la abogada del precandidato presidencial Fajardo, luego de que la acusaran por haber tergiversado pruebas.La queja de la contralora contra la abogada de Fajardo dice que “sus aseveraciones temerarias, infundadas y carentes de sustento probatorio atentan, no solo contra las normas procesales colombianas”, también contra sus “deberes profesionales como abogada".Le puede interesar: Ser campeón viene con manual
Una vez se conoció que la Contraloría levantó la investigación contra el candidato presidencial Sergio Fajardo y otras 25 personas naturales y jurídicas, por la emergencia de Hidroituango y luego de conocer el pago de las aseguradoras, el exgobernador de Antioquia se pronunció sobre la decisión.“El montaje de Hidroituango se cae: la Contraloría acepta que no tengo responsabilidad fiscal, levantó medidas cautelares y cerró el proceso. Los recursos de Antioquia están a salvo. Se hace justicia. La verdad y la decencia siempre salen adelante aunque a veces se demoren (años)”, expresó en sus redes sociales.En las últimas horas, la Contraloría declaró reparado integralmente el daño patrimonial de $4,3 billones en el caso Hidroituango. Esto, luego de una extensa investigación.“En consecuencia, ordeno que no se adelantará el proceso de cobro coactivo correspondiente, que se deben levantar las medidas cautelares que se hayan decretado en el proceso y en tercer lugar, que no se registrará en el boletín de responsables fiscales a aquellas personas declaradas responsables dentro del proceso correspondiente”, manifestó el vicecontralor Julián Francisco Ruiz.Escuche los detalles de la noticia en Meridiano BLU:
La Procuraduría dejó en firme una sanción de suspensión e inhabilidad por seis meses al excontralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, y al exgerente del Hospital ESE La María de Medellín, William Marulanda Tobón, por irregularidades en un procedimiento de liposucción que favoreció al excontralorAl gerente se le sancionó por no ejercer la vigilancia y control necesaria en la ESE Hospital La María y permitir que para costos hospitalarios se cobraran tarifas por debajo de los estándares establecidos.Esta situación favoreció al entonces contralor de Antioquia, quien se practicó una liposucción el 16 de abril de 2016, y a tres familiares de William Marulanda Tobón, quienes se realizaron intervenciones quirúrgicas estéticas a un menor costo, afectando los recursos públicos de la salud según la Procuraduría.En este sentido, la Sala Disciplinaria concluyó que el gerente incumplió sus funciones y deberes y Zuluaga Peña obtuvo beneficios adicionales a las contraprestaciones legales a las que tenía derecho, el ente de control demostró que en su condición de contralor obtuvo tarifas especiales y más bajas a las habituales.Teniendo en cuenta que los investigados ya no se encuentran ejerciendo su cargo, la sanción se convertirá a salarios devengados al momento de la falta.Escuche más noticias
