Hay buenas noticias para el departamento de Boyacá porque el Ministerio de Vivienda anunció que fue firmado el convenio para la construcción de la fase 5 de la Planta de Aguas Residuales (PTAR) de Tunja. Por su parte, la inversión para la obra será de 20.740 millones de pesos, de los cuales 18.487 serán entregados por la nación.“Por medio de Minvivienda, se firmó el convenio para la construcción del módulo cinco de la planta tratamiento de aguas residuales que impactará la cuenca alta del río Chicamocha. Con esta obra vamos a tratar alrededor de 370 litros por segundo, llegando a casi el 90 % de las aguas residuales. Este es el resultado de un trabajo en concurrencia con las entidades territoriales”, afirmó el viceministro de agua, Edward Libreros.Por su parte, desde la capital de Boyacá, Tunja, el alcalde afirmó que la construcción de la fase 5 fue bajo el mismo mecanismo de inversión de la fase 2 y 3, pero así mismo aseguró que más de 280.000 familias de a capital y municipios aledaños se verán beneficiados.Ente tanto, el Ministerio de Vivienda aseguró que se le dará prioridad a los proyectos de agua potable y saneamiento de la región, con la que se espera la articulación financiera y asistencia y acompañamiento técnico.
En video quedó registrado el momento en que colapsó la torre de una grúa de construcción en el barrio El Country, al sur de Cartagena, y que dejó tres trabajadores heridos.En las imágenes se observan los momentos de tensión que vivieron los vecinos del sector mientras veían caer la estructura metálica utilizada en la construcción de un edificio.De acuerdo al reporte de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito, los tres heridos, entre ellos el operario de la grúa, que tuvo que ser rescatado tras permanecer varios minutos atrapado, fueron trasladados a la clínica Blas de Lezo.Daniel Vargas, director de Gestión del Riesgo de Cartagena, explicó que se investigan las causas del colapso de la grúa; sin embargo, se ha podido establecer, que al parecer, fue por causa de un error en la manipulación.“Gracias a Dios no hay vidas que lamentar, hay tres heridos que están siendo atendidos en la clínica Blas de Lezo (…) hasta el momento lo que hemos verificado fue el colapso de la grúa por una mala manipulación del operario, que se encontraba desmontando ya la grúa por finalización de las actividades de la constructora, y esa mala manipulación, por lo que se ha podido validar, produjo el colapso de la grúa”, detalló en diálogo con BLU Radio.El funcionario explicó también que en este momento se encuentra recolectando información con la constructora, el contratista y las familias de los afectados.
La Fiscalía General de la Nación destapó una red de corrupción que gestionó de manera ilegal la expedición de 75 licencias de construcción falsas. Los responsables habrían utilizado documentos fraudulentos y engaños para aprobar proyectos de construcción sin los requisitos legales, lo que pone en riesgo la seguridad de los habitantes de la región.El principal señalado en este caso es Harold Eduar García Duque, un exfuncionario de la Secretaría de Planeación de Anserma, Caldas. Según la investigación, García Duque formaba parte de un entramado delictivo que operaba a través de una empresa que él mismo había creado.Dicha empresa se dedicaba a elaborar planos y estudios de suelo que eran requeridos para solicitar las licencias de construcción. Sin embargo, estos documentos no eran legítimos y, en muchos casos, eran falsificados. Para que las solicitudes fueran aprobadas, los interesados debían pagar una suma de dinero.La trama comenzó a descubrirse cuando se evidenció que muchas de las licencias que García Duque había aprobado contenían estudios y planos que no cumplían con las normativas de construcción.De hecho, algunos de estos documentos fueron firmados por una arquitecta que, según se supo durante la investigación, vivía fuera del país, lo que levantó aún más sospechas sobre su autenticidad.El colapso de una de las edificaciones construidas con una de estas licencias falsas fue el punto clave para destapar la red de corrupción. En abril de 2021, una vivienda que había sido autorizada con estos permisos se desplomó, causando la muerte de una persona.Este trágico incidente generó una serie de investigaciones que finalmente llevaron a la captura de García Duque por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.Durante la captura, se incautaron varios elementos de prueba, como celulares, discos duros y documentos, que confirmaron la extensión de la operación ilícita. Un fiscal de la Seccional Caldas le imputó cargos por concusión, fraude procesal y falsedad en documento privado.Aunque García Duque no aceptó los cargos, un juez determinó que debía permanecer en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , liderado por el ministro Luis Carlos Reyes, ha tomado medidas para proteger la industria del acero nacional. Con la implementación de aranceles de hasta un 30% en ciertos productos , el Gobierno busca defender el empleo y la producción local frente a una creciente importación de acero de países como China, Rusia y Turquía.En una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Reyes explicó los motivos detrás de estas decisiones y afirmó que el impacto en los costos de construcción de vivienda será mínimo, en respuesta a las preocupaciones del sector constructor.Una protección a la industria nacional del aceroSegún el ministro Reyes, la política de salvaguardias y aranceles tiene como objetivo defender la producción local ante la competencia internacional, que se beneficia de subsidios en sus países de origen. "El sector siderúrgico nacional se enfrenta a la competencia de acero importado que, en muchos casos, recibe subsidios en sus países. Esto distorsiona los precios y coloca en desventaja a nuestra industria", afirmó Reyes. Este movimiento, argumenta el Gobierno, no solo garantiza la continuidad de empleos en empresas como Acerías Paz del Río, sino que también busca un desarrollo más sostenible de la industria.Para Reyes, la protección del mercado del acero es estratégica: se espera que a largo plazo la industria nacional pueda evolucionar hacia la producción de aceros de alto valor agregado y bajo impacto ambiental. "Estamos evaluando el desarrollo de una planta de aceros planos, que hoy no producimos en el país, para abastecer sectores clave como el automotriz y el de electrodomésticos", reveló el ministro. Este proyecto, estimado en una inversión de 500 millones de dólares, plantea una oportunidad para la transformación productiva de la industria siderúrgica en Colombia.El impacto sobre el sector de la construcción será moderado, asegura ReyesAunque el sector de la construcción ha expresado su preocupación por el aumento de costos en materiales derivados de estas medidas, Reyes asegura que el impacto no será significativo. "Una vivienda de interés social valorada en 100 millones de pesos podría experimentar un incremento de apenas 500.000 pesos, o en escenarios extremos, un millón y medio más", explicó el ministro. Esta diferencia, si bien es importante para los compradores, no debería causar un encarecimiento masivo en el mercado inmobiliario, según la estimación oficial.El Gobierno subraya que la mayor parte de los productos afectados por estos aranceles son específicos y no incluyen todos los tipos de acero, permitiendo que el sector constructor continúe importando aquellos productos no disponibles en el país. "La salvaguarda no cubre todos los aceros. Por ejemplo, los aceros planos, que no producimos aquí, seguirán siendo importados sin aranceles adicionales", detalló Reyes.¿Autosuficiencia en la producción de acero?Uno de los cuestionamientos surgidos durante la entrevista fue la capacidad de Colombia para abastecer la demanda interna de acero. Reyes reconoce que si bien el país produce algunos tipos de acero como el alambrón y las barras de acero, depende de la importación para otros tipos de productos. "No somos autosuficientes en todos los tipos de acero. Hay aceros, como los planos, que necesitamos traer del exterior porque no los fabricamos aquí", aseguró el ministro.La dependencia de importaciones ha sido uno de los puntos de tensión entre el gobierno y el sector constructor. Sin embargo, Reyes enfatizó que el ajuste en los aranceles solo afecta a productos específicos y a países sin Tratados de Libre Comercio (TLC) con Colombia. Esto limita las restricciones a aquellos países que, como China, Turquía y Rusia, representan una competencia considerable para la industria nacional.La producción de acero verdeUno de los proyectos más ambiciosos del Ministerio de Comercio es el desarrollo de una planta de aceros planos con capacidad para exportar y reducir la huella de carbono de la producción siderúrgica en el país."Queremos apostar por aceros verdes que minimicen las emisiones de carbono en su proceso de fabricación. Esto no solo beneficiará al sector del acero, sino que también contribuirá al compromiso de Colombia con el desarrollo sostenible", puntualizó el ministro.Para llevar a cabo este proyecto, el gobierno busca el apoyo del sector privado y evalúa diversas políticas de incentivo. De concretarse, la planta podría representar un salto cualitativo en la capacidad industrial del país, así como una disminución de la dependencia de las importaciones de acero.Una medida a favor de la industria, con impactos limitados para el consumidorEn conclusión, el Ministerio de Comercio de Colombia sostiene que las salvaguardias al acero son una medida necesaria y equilibrada, pensada para favorecer la industria nacional sin afectar de manera drástica los precios en el sector de la construcción. Para Reyes, las críticas sobre un posible impacto negativo en el costo de las viviendas están infundadas: "El incremento será mínimo y, en cambio, los beneficios para la industria y el empleo son sustanciales".Camacol alza la manoPor su parte, el presidente de Camacol Guillermo Herrera, sostuvo en Mañanas Blu que los efectos serán mucho mayores.Según Camacol, los aranceles a productos como el alambrón de acero, hierro y aluminio, podrían incrementar los costos de construcción hasta un 3%. Herrera señaló que el acero representa hasta el 25% del costo de construcción, por lo que las subidas de aranceles son significativas.Herrera advirtió que estos aumentos en los costos podrían tener graves repercusiones en la economía colombiana, y provocar la pérdida de decenas de miles de empleos."Estas medidas aumentan enormemente la presión sobre el sector constructor y pueden afectar gravemente las tasas de empleo de la industria", explicó.¿Protección para quién?Aunque la intención de los aranceles es proteger a la industria del acero local, el presidente de Camacol, dijo qu ela realidad es que puede estar en juego el equilibrio de la industria de la construcción. Proteger un sector a expensas del otro puede derribar los equilibrios económicos y tener efectos lejos de lo deseado, enfatizó.Efectos potenciales del aumento de aranceles al acero, según Camacol:Aumento de los costos de construcción hasta en un 3%.Pérdida de decenas de miles de trabajos de construcción.Posible reducción en el ritmo de construcción de viviendas.Impacto en l economía a través de una disminución en las ventas de viviendas.Efecto dominó en otras industrias que dependen de la industria de la construcción.
Según la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, la disminución en los recursos disponibles en materia de subsidio de vivienda es una de las principales preocupaciones pues generaría una reacción en cadena con más afectaciones en temas de empleo.Y es que las cuentas del sector muestran que el presupuesto para programas de vivienda se reduciría en un 39 % pasando de $4,3 billones en 2024 a $2,66 billones en 2025, lo que significaría pasar de 50.000 subsidios a 20.500, de los cuales 6.000 ya están preasignados.“La principal preocupación del gremio es que la menor disponibilidad de subsidios vuelva a generar un crecimiento en el número de hogares que deben desistir de la compra de su vivienda. Esto necesariamente afectará los ritmos de obra y el empleo, en un escenario en el cual no se ha implementado el plan de reactivación del sector anunciado por el Gobierno Nacional”, detalló Guillermo Herrera, presidente de Camacol.Esto llevaría a una “bola de nieve” de efectos negativos: que la gente desista haría caer las ventas, también el ritmo de inicios de obra llegando a las 55 mil VIS en 2025 e incluso la pérdida de 200.000 puestos de trabajo durante 2025. Cabe recordar que, según el DANE, el sector de la construcción fue el que más perdió puestos de trabajo en 2024 con 84.000 plazas cerradas.En esa medida, Camacol le pide con urgencia al Gobierno nacional que implemente la política que anunció desde hace más de 15 meses de reactivación económica con prioridad en al vivienda y construcción pero que, hasta el momento, no ha surtido efectos y por el contrario, han llegado nuevos impuestos como los de productos importados de hierro, acero y aluminio.“Las salvaguardias generan incrementos significativos en los costos, lo cual prácticamente inviabiliza proyectos VIS que ya se encuentran estructurados y en proceso de venta (...) resulta contradictorio que el Gobierno celebre la adopción de unas medidas arancelarias que claramente van a seguir agravando la generación de empleo en un sector donde el 85 % de la mano de obra directa está constituida por obreros, oficiales y operarios”, puntualizó Herrera.
Las icónicas chimeneas de Peldar serán contempladas en un proyecto de conservación y restauración emitido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el cual emitió concepto favorable para el plan parcial Peldar, en lo referente al componente patrimonial y a la incorporación de acciones en torno a la estación del ferrocarril que se encuentra en el municipio de Envigado. Este plan parcial, que tiene como objetivo la renovación urbana del predio, donde anteriormente se ubicaba la Cristalería Peldar, y el cual, es uno de los lugares que ha sido denominado por los envigadeños como patrimonio industrial del municipio, debido a que estas chimeneas no son solo estructuras artificiales, sino que, además, son elementos que históricamente han permanecido en este sitio y que cuentan la historia y el desarrollo industrial del municipio.Este proyecto contempla la conservación de las tres chimeneas de la antigua fábrica, así como la puesta en valor del Bien de Interés Cultural de Ámbito Nacional a la estación Manuel Uribe Ángel del Ferrocarril de AntioquiaAntioquia. Además de la reparación y conservación de las chimeneas que formarán parte del espacio público del Plan Parcial, se destinarán recursos para el desarrollo del espacio público en la Avenida Las Vegas, con el fin de resaltar la estación del ferrocarril.Este plan parcial se encuentra en la zona de influencia de este Bien de Interés Cultural, por lo que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, tiene competencia directa y fue el encargado de viabilizar el sistema patrimonial del mismo a través del Consejo Nacional de Patrimonio."Queremos informarle a toda la comunidad envigadeña que, por iniciativa del señor alcalde, se propuso al Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, la conservación de tres chimeneas en el plan parcial Peldar. Esta propuesta fue aprobada y avalada por el Consejo Nacional de Patrimonio. Esto nos permitirá a todos los envigadeños conservar el patrimonio industrial, no solamente envigados, sino de todo nuestro país", expresó Sergio Ríos Ospina, director de Planeación de esta localidad.Es importante recalcar que este concepto favorable se da, debido al trabajo articulado entre dicho ministerio, el metro de Medellín como formulador, y el municipio de Envigado.
La tan anhelada cesión de las obras para terminar el Túnel del Toyo que viene solicitando la Gobernación de Antioquia será realidad el próximo viernes, 25 de octubre, cuando con el Ministerio del Transporte y el Invías firmen el otrosí con el que se avanzará en la entrega del tramo 2 del sector 1, un contrato con la concesión El Cóndor.Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia, detalló que este tramo que les cede el Gobierno nacional requiere una inversión de 330.000 millones de pesos, de los cuales la Gobernación ya destinó 30 mil y el grueso del restante, el gobernador y el alcalde de Medellín evaluarán alternativas para su consecución."Arrancamos con la consultoría y la selección de la nueva interventoría que vamos a tener a partir del primero de enero en el próximo año. Entonces es muy importante porque la selección de esa interventoría nos debe demorar cuarenta y cinco o sesenta días para que nosotros podamos arrancar el primero de enero con la construcción ya real". Vale la pena recordar que el sector uno de este tramo comprende un puente de doscientos metros, un túnel de mil quinientos metros y por lo menos 2,8 kilómetros de vía a cielo abierto. El tramo completo es de diecinueve kilómetros y une los municipios de Giraldo y Santa Fe de Antioquia. Las obras del Túnel del Toyo son de gran relevancia para Antioquia, pues una vez el megaproyecto esté terminado, unirá a Medellín con Urabá en solo cuatro horas y media de camino, también con los puertos que están en construcción en esa región.
El corregimiento de Santa Elena, ubicado en el oriente de Medellín, sigue reportando problemáticas por las construcciones ilegales que se realizan en esta zona, en la cual, según la administración local, se han realizado 98 informes técnicos por construcciones que no cumplen con la documentación correspondiente. Además, se han llevado a cabo 173 remociones de bienes, recuperando 5.000 metros cuadrados de espacio público.El Distrito y la Personería se articularon para atender esta problemática que aqueja al corregimiento, en el que alrededor de 200 personas, entre líderes, ediles y ciudadanía en general, recibieron orientación sobre los procesos de control urbanístico, infracciones, trámites catastrales y acceso a servicios públicos. "Escuchamos todas las inquietudes de los ciudadanos con referencia a algunos temas que los tienen con inconvenientes en el territorio, los temas más importantes. Primero el tema de las construcciones, el tema del acueducto y algunos temas de alcantarillado, y por último, temas de catástrofe", mencionó el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa.Vale la pena recalcar que en Medellín, en lo que va corrido del año, se han realizado al menos 6 mega operativos para el control y recuperación del Espacio Público.
Después de una larga polémica por esta obra que ha visto pasar al menos a tres gobernadores, contando al actual, en la Asamblea de Antioquia el gerente de Indeportes Antioquia, Luis Fernando Begué, dio luz verde sobre este proyecto, en el cual, de los más de 152.000 millones de pesos que se han contratado, se han desembolsado más de 118.000 en su primera fase.Según lo dicho por el funcionario, actualmente la obra se encuentra en un avance físico del 91,08% y un avance financiero de 89,46%. A pesar de esto, la obra se ha visto envuelta por varias controversias actuales y contractuales, al menos cinco, entre las que se encuentra la empresa de vivienda de Antioquia, Viva, con tres demandas de más de $10.000 millones, Ingecon, con una demanda de $29.145 millones y el Colegio Mayor con $225 millones.Además de esta situación, el gerente explicó que, a pesar de que no quiere que la obra se convierta en un "elefante blanco, Indeportes ha tenido que suspender anteriormente la obra, como sucedió en marzo, debido a que el contrato de construcción como el de la interventoría no permitía adelantar las obras que estaban pendientes hasta no tramitar licencias con las Empresas Públicas de Medellín.A pesar de este panorama, que daba indicios de que evidentemente esta obra seguiría siendo un misterio, Bagué indicó que ya se cuenta con los permisos que no habían permitido que el parque entrara en funcionamiento en un inicio, a penas se terminen las obras restantes. "¿Cómo es la situación actual del parque?, contratado $159.525 millones y ejecutado $154.365 millones con un avance financiero ponderado desde 2019 a la fecha del 96.77%", explicó el gerente de Indeportes, Luis Fernando Begué.Además, el gerente agregó que lamenta mucho las polémicas que han surgido alrededor de esta obra, mencionando y rechazando lo vivido con la administración de Aníbal Gaviria, el cual había reinaugurado el parque, a pesar de que este no estaba listo."Muy desafortunadamente, el año anterior la administración en el mes de noviembre hizo una inauguración del parque donde activó demasiadas quejas y demasiados problemas con la comunidad. No estaba apto para inaugurar, no estaba conectado eléctricamente, no estaba conectado hidrosanitariamente", mencionó Begué.Por último, el funcionario mencionó que durante este año se ha avanzado en la construcción de varias aristas en torno al proyecto, tales como el cableado externo de iluminación de senderos, nuevos pisos y circuitos en la torre de control, cableado de redes de media y baja tensión, entre otros.
Preocupación en el sector de construcción de Colombia, según las cifras alarmantes que entregó la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). Y es que, de acuerdo con el informe anual, en el mes de agosto del 2024 se registraron 84.000 puestos menos.Sin embargo, el estudio entrega más cifras sobre pérdidas de puestos en varios sectores laborales como la administración pública, que perdió 74.000, las actividades inmobiliarias con 71.000 puestos menos y las actividades financieras se redujeron a 59.000 puestos.Por otro lado, el sector en el que más aumentaron los puestos de trabajo tiene que ver con las actividades artísticas con 195.000 empleos y el comercio con 159.000.Para el gremio de la construcción es una cifra alarmante porque con esto se confirma la poca ejecución y plantación de los proyectos de vivienda en el país. Ante estos, desde Camacol le piden al Gobierno nacional avanzar en la ejecución y apropiación de recursos para ‘Mi Casa Ya’, con el cual, desde el gremio afirman, que se podría revertir la tendencia del empleoAnte esta situación, el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Guillermo Herrera Castaño, alertó que era necesario implantar los 50.000 subsidios de vivienda por año pese al recorte presupuestal, pues, además, de permitir a los colombianos acceder a vivienda propia, también avanzaría y permitiría que más de 1 millones de puestos de la construcción se mantuvieran.
