Con el inicio de las negociaciones para definir el salario mínimo 2025, millones de colombianos esperan conocer cómo este ajuste impactará sus ingresos. Aunque la ley establece que el aumento aplica directamente solo a quienes devengan el salario mínimo, el tema genera inquietudes entre aquellos que perciben sueldos superiores. Las negociaciones, que comenzaron el 11 de diciembre, son clave para establecer el monto que regirá en el próximo año, y su impacto trasciende el salario básico, ya que influirá en otros valores de la economía nacional, como aportes de seguridad social y tarifas legales.¿Qué dice la ley sobre los ajustes salariales?La normatividad en Colombia señala que solo los trabajadores que ganan el salario mínimo tienen derecho al ajuste oficial. Sin embargo, el artículo 53 de la Constitución establece principios que buscan garantizar equidad y condiciones dignas para todos los empleados. Estos criterios podrían ser tomados en cuenta por empresas privadas para definir incrementos en los salarios superiores al mínimo, dependiendo de su capacidad financiera. Entre estos principios destacan:Igualdad de oportunidades para los trabajadores.Remuneración justa y suficiente.Estabilidad laboral.Protección a la maternidad y a los menores de edad.Derecho al descanso y la seguridad social.Por lo tanto, si la empresa para la que trabaja lo considera necesario para garantizar la calidad de su trabajo en relación con el sueldo que devenga, podría considerar un aumento en su salario para el 2025.Por su parte, la Corte Constitucional señaló al respecto que el sueldo que tiene un empleado debería ajustarse teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de manera que compense la pérdida de poder adquisitivo en el país.La entidad judicial también mencionó que el salario debería ser acorde a la inflación, "con el fin de resguardar a los trabajadores del impacto negativo que en sus ingresos laborales producen la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida", indicó la entidad.No obstante, debido a que no hay una ley que imponga este aumento a los trabajadores que ganan más del mínimo, la decisión queda únicamente en manos de la empresa para la que el empleado trabaje.
Según el representante Eduard Sarmiento, el Congreso está en camino de lograr un cambio constitucional significativo que busca garantizar el derecho a una alimentación adecuada para todos los ciudadanos. Esta modificación tiene como propósito establecer el compromiso del Estado de asegurar el acceso a alimentos nutritivos, suficientes, culturalmente adecuados y sostenibles para cada persona en el país.El cambio principal se introduce en el artículo 65 de la Constitución, donde se reconoce que el derecho a la alimentación es un derecho fundamental para todos los colombianos y que el Estado tiene la responsabilidad directa de garantizarlo. Este ajuste no solo implica asegurar el acceso a comida suficiente, sino también proteger a la población de prácticas alimenticias dañinas y combatir el hambre de forma activa.La reforma estipula que el acceso a alimentos debe ajustarse a las tradiciones culturales y condiciones regionales de cada comunidad. También establece medidas para evitar el hambre a largo plazo y combatir prácticas que puedan afectar la salud pública, como dietas desequilibradas o el consumo de productos no nutritivos.La implementación de este derecho se llevará a cabo a través de diferentes estrategias. El Estado priorizará el apoyo a la producción de alimentos, especialmente en sectores clave como la agricultura, la pesca, la acuicultura y la cría de animales. Además, invertirá en infraestructura para mejorar la distribución de alimentos, construyendo caminos, almacenes y otras obras de conexión para facilitar el acceso a todas las zonas del país.>>> Lea también: Reforma tributaria por 9.8 billones no superó el primer debate; Congreso la hundióLa tecnología también tendrá un papel central en este plan, promoviendo la investigación para optimizar la producción agrícola de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. De esta manera, el acceso a la comida no solo se ve como una solución inmediata, sino también como una estrategia de desarrollo sostenible para el futuro de Colombia.La reforma no solo implica garantizar el acceso básico a alimentos, sino que también promueve conceptos fundamentales para la seguridad alimentaria en el país. Por un lado, la seguridad alimentaria busca asegurar que siempre haya suficiente comida para toda la población. La soberanía alimentaria apunta a priorizar los productos nacionales y apoyar a los agricultores y comunidades campesinas. Por último, la autonomía alimentaria propone que cada comunidad tenga el derecho de decidir cómo producir y consumir alimentos en función de sus tradiciones y prácticas locales.Tras la aprobación de este cambio en la Constitución, el Gobierno tiene un plazo de seis meses para presentar una ley estatutaria que defina cómo se materializará este derecho en la práctica. Esto implicará la creación de políticas públicas, asignación de recursos e identificación de mecanismos específicos para asegurar que la alimentación no siga siendo solo un derecho formal, sino una realidad tangible para millones de colombianos.Más de 15 millones de personas en el país sufren hambre o desnutrición, una problemática que la reforma busca enfrentar de manera sistemática. Además de combatir el hambre, la iniciativa busca frenar el desperdicio de alimentos y proteger la biodiversidad, apoyando prácticas agrícolas sostenibles y responsables con el medio ambiente.Este cambio constitucional convierte el derecho a la alimentación en un compromiso obligatorio para el Estado, estableciendo una hoja de ruta para transformar el sistema de producción, distribución y acceso de alimentos en Colombia. Así, el país da un paso fundamental en la construcción de una sociedad más equitativa, sostenible y saludable.
La sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP dejó en firme la imputación por secuestro y esclavitud contra el antiguo secretariado de las Farc. Los excomandantes de la antigua guerrilla habían pedido la nulidad argumentando que había una vulneración al debido proceso y a la seguridad jurídica, teniendo en cuenta que uno de los magistrados de la Sala había sido recusado cuando se tomó la decisión."Mediante escrito del 31 de mayo de 2024, los apoderados de los comparecientes de las antiguas FARC-EP, interpusieron una solicitud de nulidad y sustentaron el recurso de reposición en contra del Auto TP-SeRVR-AI-No.003-2024 del 29 de abril de 2024. En el memorial consideraron que se presentaba una vulneración a los derechos al debido proceso y la seguridad jurídica previstos en los artículos 29 y 230 de la Constitución Política de Colombia. Además, argumentaron que el Auto TP-SeRVR-AI-No.003-2024 fue proferido por el magistrado ponente «sin competencia material» debido a que existía, previo a la decisión que evaluó la correspondencia, una solicitud de recusación. Bajo esta premisa señalan que al proferir el Auto TP-SeRVR-AI-No.003-2024, al tener pendiente de resolver una recusación respecto de uno de los magistrados, se incurre en una clara violación del precepto legal y, por lo tanto, se configura un defecto procedimental absoluto" explica la JEP en su decisión.Sin embargo, la JEP determinó que no hubo imparcialidad del funcionario que había sido recusado por lo que en el proceso no se ha ocasionado ningún daño y/o perjuicio a alguna de las partes."La decisión que cuestionan los apoderados de los comparecientes fue emitida por la sección con plena jurisdicción y competencia, sin que mediara impedimento alguno por parte de uno de sus magistrados. De igual manera, en el trámite se materializó el principio de publicidad de los actos procesales en tanto se notificó a los sujetos procesales e intervinientes para que, en los términos legales, ejercieran tanto el derecho al recurso de reposición o, como en el presente caso, las consideraciones procesales necesarias, por lo cual, hasta la fecha no se evidencia ninguna afectación sustancial al debido proceso o seguridad jurídica argumentada", agregaron los magistrados.
El profesor y economista Daniel Castellanos, asesor del Ministerio del Interior, explicó a detalle en qué consiste la reforma constitucional que actualmente se está debatiendo. Según dijo en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, tiene un enfoque claro y es “fortalecer” la autonomía territorial de municipios y departamentos, estableciendo una vieja "promesa" que no se cumplió en cuanto a los recursos destinados. La promesa de la Constitución de 1991Uno de los aspectos más significativos que destacó Castellanos es lo pactado en la Constitución de 1991, la cual estableció que los departamentos y municipios recibirían el 46.5 % de los ingresos corrientes de la Nación. Sin embargo, mencionó que esta promesa "fue violada" por dos actos legislativos en 2001 y 2007, que resultaron en la pérdida de más de 400 billones de pesos para los territorios en las últimas dos décadas.“Claramente hay unas diferencias muy importantes entre los territorios. En Colombia esas diferencias son económicas, sociales, son de carácter institucional por eso dentro de los lineamientos para definir la ley de competencias se define un lineamiento de gradualidad que consulte las capacidades de las instituciones y una instrucción al Gobierno nacional, para que fortalezca y acompañe las capacidades institucionales de los territorios que tienen más dificultades en ese sentido”, precisó.Transferencia de recursos y competenciasUn punto clave es la discusión sobre la competencia y los recursos. Castellanos sostuvo que es fundamental que las transferencias de recursos vayan acompañadas de responsabilidades de gasto. En el pasado, añadió, el Gobierno transfería competencias sin los recursos necesarios, poniendo a los departamentos y municipios en una situación insostenible.“El argumento de que un territorio no tiene capacidades para administrar la plata no puede ser un argumento para no mandarle la plata que necesita. Lo que uno tiene que hacer es como hace un padre cuando educa un hijo, es irle dando responsabilidades de manera gradual hasta que el hijo adquiere la mayoría de edad. En este caso tenemos que hacer exactamente lo mismo”, sentenció. Castellanos también señaló que la ley de competencias será un debate complejo que se desarrollará en los próximos años. Este proceso integral es vital para definir con claridad las competencias que pasarán a los territorios y para asegurar que cada transferencia de recursos esté respaldada por una responsabilidad financiera y administrativa.A pesar de la complejidad del debate, Castellanos se mostró optimista sobre la viabilidad de la reforma. La necesidad de garantizar que los territorios estén equipados para manejar los recursos y las responsabilidades es clara y destaca la importancia de un enfoque gradual en la transferencia de competencias.
En el marco del debate sobre la identidad de género y los derechos de los menores, ha surgido una controversia respecto a un nuevo borrador de decreto en Colombia. Esta propuesta permitiría que los niños y niñas, entre los siete a 17 años, cambien su género en documentos oficiales, como la tarjeta de identidad.Esta iniciativa desató un intenso análisis por parte de expertos del derecho, quienes abogan tanto por la protección de los derechos de los menores como por la necesidad de preservarlos de decisiones que pueden tener un impacto trascendental en su vida futura.La capacidad de decisión de los menoresÁlvaro Rojas, notario en Bogotá y expresidente de la Unión Colegiada de Notarios, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre las reservas a considerar sobre la capacidad de los menores para tomar decisiones de tal envergadura, pues, cabe recordar, una vez cambien de género en su tarjeta de identidad, no podrán modificarlo después."Es importante que las normas que regulan el derecho de familia tengan la mayor coherencia, porque el estado civil de las personas lo define la Constitución y la ley, es único y definitivo y no se puede estar variando permanentemente, independientemente de la buena intención del decreto para facilitar estas modificaciones, arranca con un error grave y es 'corregir', no, no se corrige, porque cuando se propone una corrección es porque hay un error y en el registro inicial no es error, se inscribió conforme a la definición sexual que tenía la persona en la identificación del sexo”, explicó.Rojas señaló que no es “coherente” este decreto porque un niño, entre los siete a 17 años, como lo establece la norma de ser aprobada, no tiene la capacidad aún para tomar tal decisión. En ese sentido, dijo que es incomprensible como sí apoyan este tipo de proyectos de ley cuando, por ejemplo, no está aprobado el matrimonio de menores de edad."Se propone protección de los menores y adolescentes en que no pueden realizar matrimonio los niños, pero ahora se autoriza que un niño pueda tomar una decisión tan trascendental donde no se cumple con unos elementos esenciales para la validez de cualquier contrato, como es la voluntad, la capacidad plena para tomar una decisión de esa magnitud. Entonces, un niño póngale siete, ocho, nueve, diez años, en mi entender, no está en la capacidad ni en la madurez mental ni personal ni decisión para decir cámbieme el sexo. Entonces eso es complicado", recalcó.El rol del Estado y la representación LegalEl borrador de decreto propone que un funcionario del Estado, como un defensor familiar, pueda intervenir y autorizar el cambio de género de un menor, desplazando a los padres de su papel tradicional como representantes legales. Rojas advirtió que esto rompe el principio de legalidad y representa un riesgo para el bienestar del menor."Los representantes legales de los menores son los padres en ejercicio y el derecho de la patria potestad. Hoy se está desplazando la representación, porque el proyecto de feto, en otras palabras, es cualquier persona que lo comunique, llamemos al defensor de familia. Esto sería muy complicado y facilitar situaciones en derecho per sé porque sí, no me parece importante", insistió.
El concejal Juan Daniel Oviedo es uno de los promotores y voceros del referendo de autonomía fiscal, una propuesta que busca dar mayor independencia a los departamentos y ciudades como Bogotá. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, se refirió a esto y dio detalles de la iniciativa y, su impacto en las regiones.Explicó que el objetivo principal del referendo es poder empoderar a los departamentos y a Bogotá desde el punto de vista de los ingresos, para que puedan resolver de manera más eficiente los problemas específicos de cada región. Dijo que la propuesta cuenta con el apoyo del Gobierno nacional, ya que busca fortalecer la autonomía territorial y dar un mayor presupuesto.En cuanto a la inclusión de Bogotá en la propuesta, el concejal Oviedo señaló que es importante respetar el ordenamiento constitucional y reconocer que la ciudad tiene un régimen que se asemeja al de un departamento."El objetivo es que podamos, antes de finalizar este año, cumplir con ese requerimiento para que el trámite institucional, que implica este tipo de medidas, pueda surtirse durante todo el año 2025 y permitir que se haga realidad esta votación efectiva de la ciudadanía para empoderarse, desde el punto de vista de los ingresos, a los departamentos del país para resolver mejor los problemas específicos que estén en cada uno de ellos", manifestóLa idea es que Bogotá participe como uno de los entes que tienen gobernanza colectiva sobre el recaudo de impuestos de renta y patrimonio, pero siempre respetando los principios de “equidad territorial y subsidiariedad”, según recalcó.El referendo propone una modificación al artículo 298 de la Constitución política, permitiendo que los departamentos tengan potestad tributaria en relación con el impuesto de renta y patrimonio. Esto implicaría un régimen de transición en el cual tanto las personas naturales como las jurídicas estarían sujetas a dicho impuesto, de acuerdo con Oviedo.Aseveró que el objetivo final es que el recaudo de impuestos se destine a proyectos de desarrollo que resuelvan las necesidades específicas de cada departamento, fortaleciendo la capacidad de ejecución de recursos y promoviendo la inclusión social.Es importante destacar, según mencionó, que esta iniciativa no busca el federalismo en Colombia, sino fortalecer la descentralización y mejorar la calidad de vida en todas las regiones del país; insistió que este referendo cuenta con el respaldo de varias personalidades.Al ser preguntado sobre si esta iniciativa es una estrategia presidencial, el concejal Oviedo aclaró que él está impulsando la idea por su convicción en el fortalecimiento de la autonomía fiscal y, no como parte de una agenda para su candidatura presidencial en 2026.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, durante un discurso de 10 minutos en el evento de la justicia que se realiza en la ciudad de Manizales, cuyo protagonista es la Corte Constitucional, lanzó duras críticas a quienes quieren cambiar la Constitución de 1991 y, además, a aquellos que atacan a la prensa.“Nuestra Constitución nos dice que somos una democracia donde hay alternancia de poderes, donde hay ramas del poder definidas claramente, donde protegemos la propiedad privada; donde los fallos de la justicia se respetan, donde las leyes se discuten en el Congreso libremente, sin presiones, descalificaciones o señalamientos; donde se protege a la prensa sin importar si esta nos critica o investiga; y donde los sectores productivos pueden unirse en gremios que defienden sus intereses sin que nadie entienda que están conspirando legítimamente sus negocios”, dijo Cepeda.Por otro lado, Efraín Cepeda se refirió a la época de violencia del país y resaltó la labor de las altas cortes, además de hacer énfasis en la importancia de la separación de poderes para el equilibrio de la sociedad. “La Corte Constitucional es una garantía para los colombianos; el país los mira con confianza, admiración y respeto. Ustedes son el muro de contención contra los excesos”, dijo.Por último, el presidente del Senado salió en defensa de los magistrados y habló sobre la necesidad de mantenerlos alejados de la descalificación y los señalamientos, así como sobre la necesidad de seguir preservando la Constitución de 1991. “La Constitución es la garantía de todos; hay que ver en otras latitudes cómo algunos mandatarios la modifican para convertirla en un reflejo servil de la mirada autoritaria de ese momento”, expresó.
El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, fue enfático y lanzó duras críticas a la propuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro, sobre una nueva Asamblea Nacional Constituyente.Allí, el magistrado, dijo que: “Me pregunto, cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991, la Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal cambiable a placer, sino al revés, debe ser un texto rígido con muy relativas flexibilidades”.Por otro lado, el magistrado Reyes también afirmó que la Constitución al final la necesita un pueblo como brújula y punto de equilibrio y que Colombia ha sido una nación terriblemente asediada por la violencia, los días de felicidad han sido escasos, además de referirse a la firma del acuerdo de paz en 2016 que para él marcó una esperanza, pero ello parece muy lejano, persisten los llamados de auxilio.Quien también intervino en el evento, fue Humberto de la Calle, quien se refirió a la propuesta del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; “Y a propósito la cuestión de la reforma por la vida de una Asamblea Constituyente ocupa hoy la atención nacional, la voz del nuevo ministro del Interior por fortuna ha afirmado que el camino es el previsto en la carta. Recibimos esa afirmación con alivio, confiemos en que esta sea la decisión unificada del Gobierno”, expresó de la Calle.Además, de la Calle dijo que, es deber del Gobierno nacional generar confianza porque la propuesta ha sorprendido a buena parte de la comunidad, y que de no lograrse esa confianza, ese esfuerzo puede resultar fallido.
En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que sigue considerando inviable una Asamblea Constituyente sin un consenso nacional, pero no descartó una Constituyente acotada para abordar reformas específicas.Inicialmente, Cristo se mostró contrario a esta propuesta, calificándola de "inviable, imposible y mala idea" si se trataba de una constituyente impuesta por un sector específico sin el respaldo de un consenso nacional. De hecho este ha sido un trino de marzo de 2024 la ha costado críticas al nuevo ministro porque hoy pareciera estar diciendo lo contrario.No obstante, ahora plantea la posibilidad de una Constituyente limitada a ciertos temas urgentes que necesitan reforma y que han permanecido estancados en el Congreso y en la opinión pública.“Una Constituyente no es posible en Colombia sin un acuerdo nacional, y menos aún durante el periodo del presidente Petro”, dijo Cristo en Mañanas Blu.Afirmó que el proceso de reformas debe ser fruto de un diálogo amplio y abierto, similar al que se llevó a cabo hace más de tres décadas para la Constitución del 91. Este diálogo debería involucrar a todos los sectores de la sociedad, desde partidos políticos hasta gremios empresariales y organizaciones sociales.“Sigo pensando lo mismo y sigo pensando que tiene que ser fruto de la unión de todos los colombianos, de un acuerdo nacional y no de la imposición de un sector a otro”, reiteró Cristo.Reformar la Constitución es una tarea ardua, subrayó Cristo, quien recordó la reforma del equilibrio de poderes durante su anterior mandato en el Ministerio del Interior. La intención actual es explorar la viabilidad de una Asamblea Constituyente que aborde temas específicos como el ordenamiento territorial, la reforma política y la justicia.“El Juan Fernando Cristo que dijo repitan conmigo la inviabilidad de la Constituyente, era el que decía y sigue pensando que una Constituyente no es posible en Colombia sin un acuerdo nacional, que una constituyente no es posible en Colombia ya durante el periodo del presidente Petro, y que precisamente si tiene que trabajar como se hizo hace 35 años, precisamente hoy se está celebrando esos 33 años tal vez de la Constitución del 91, dijo.El mandato del presidente Petro a Cristo es claro, según el funcionario: iniciar contactos con diversos actores políticos y sociales para determinar las reformas necesarias y evaluar si estas se pueden llevar a cabo a través de una Asamblea Constituyente. Durante la entrevista, se mencionaron rumores sobre la posibilidad de convocar una Constituyente por decreto. Cristo desmintió estas especulaciones, calificándolas de “absolutamente inconvenientes, inconstitucionales y sin pies ni cabeza”. Aclaró que la única vía legítima para una Constituyente es a través de un acuerdo nacional y cumpliendo con los parámetros establecidos en la Constitución.“No hay ninguna posibilidad en Colombia de convocar una constituyente si ella no es fruto de un acuerdo nacional, que es el que vamos a buscar, a ver hasta dónde somos capaces de llegar”, insistió el ministro.Cristo distinguió entre las reformas sociales que el Gobierno busca implementar a través del Congreso y las reformas institucionales que podrían requerir una Constituyente. El objetivo es abrir puertas para establecer diálogos concretos y creíbles que permitan avanzar en ambas agendas. Entre las reformas sociales prioritarias están la reforma laboral y la profundización en la autonomía territorial.“El mandato que me ha dado el presidente de la República es iniciar contacto con los partidos políticos, con los gremios, con los empresarios, con las organizaciones sociales, para estudiar la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente acotada”, explicó Cristo.
El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, dio un mensaje de tranquilidad al país en medio del debate sobre los llamados del presidente Gustavo Petro a una constituyente y se mostró confiado en que los distintos actores políticos van a tramitar todas sus ideas a través de los mecanismos que establece la Constitución de 1.991.Durante su intervención en la convención de Asobancaria en Cartagena, Reyes dijo que no hay límites a las cosas que el país puede cambiar en su sistema político: reelección, modificaciones al Congreso, incluso cambios a propia constitución, pero que todo eso tiene un orden y un proceso más allá de los micrófonos.“Tenemos que tener claro todos y cada uno de los ciudadanos es que todo eso está diseñado en la Constitución y que es por los canales de la Constitución que puede haber reelección que puede haber aumento del período presidencial que puede haber un sistema parlamentario, que puede haber un sistema unicameral, todo eso lo podemos inventar porque para eso somos una democracia en la que podemos construir eso bajo amigables consensos como dice el Contralor, pero todo, repito, por las vías de la Constitución esta es una democracia constitucional y no una democracia plebiscitaria y eso lo tenemos que tener claro”, aseguró.Reyes dice que hasta ahora no ha escuchado al presidente Gustavo Petro decretar una convocatoria a una Asamblea Constituyente y que si eso llega a pasar tendría, como cualquier otra decisión del Gobierno, sus mecanismos de control en la Justicia.Hasta ahora el presidente Gustavo Petro ha negado que esté interesado en reelegirse para un segundo periodo y ha dicho que su interés en hablar de constituyente se refiere a un proceso de diálogo con sectores populares, pero no necesariamente a una nueva constitución.
