El director de Planeación Nacional, Alexander López, quien también asistió a la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se aprobó la extensión del mandato de la misión de verificación en Colombia por un año más, reconoció que la implementación de los acuerdos de paz está atravesada por dificultades fiscales serias que no permiten al Gobierno llegar a los municipios PDET con eficacia."Hemos hecho un llamado a la comunidad internacional a que acompañe una estrategia de inversión. Desde aquí seguimos insistiendo en un acuerdo nacional para salir del conflicto", dijo desde Nueva York.El director de Planeación nacional insistió en la propuesta de un acuerdo nacional entre gremios, sectores y partidos para lograr superar las violencias. También destacó que potencias que no se ponen de acuerdo para muchos temas bélicos lo hayan hecho para respaldar la paz en Colombia.Con esta decisión, Carlos Ruíz Massieu, jefe de la Misión de Verificación en Colombia, tendrá la posibilidad de continuar con el acompañamiento a temas como la implementación del acuerdo de paz de 2016, a las sanciones propias que impusiera la Jurisdicción Especial para La Paz.
El pasado 15 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU realizó una sesión para hablar sobre la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno Santos y la extinta guerrilla de las Farc. Ahora, el Consejo emitió un comunicado acerca de dicha sesión, en el cual explican que hay una preocupación por el "estancamiento" en los diálogos de paz con el ELN."Expresaron su preocupación por el estancamiento del diálogo y por el vencimiento del cese al fuego, pero acogieron con satisfacción que el Gobierno de Colombia y el ELN hayan expresado su voluntad de reunirse para examinar formas de superar el estancamiento. Acogieron con satisfacción los esfuerzos del Representante Especial del secretario general, la Iglesia colombiana y otros países garantes y acompañantes para alentar a las partes a que vuelvan al diálogo", se lee en el comunicado.En el mismo sentido desde el Consejo de Seguridad aseguran que se sienten "decepcionados" por el hecho de que no se haya renovado el cese al fuego bilateral con el ELN, que expiró el pasado 3 de agosto."Reiteraron también la importancia de que los ceses al fuego representen una vía hacia un proceso de paz que reduzca la violencia y alivie el sufrimiento de la población civil. Expresaron su decepción frente al hecho de que no se haya renovado el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se hicieron eco del llamado del secretario general para que se restablezca el cese al fuego bilateral lo antes posible y se garantice su alcance integral para mejorar la seguridad de todas las comunidades afectadas por el conflicto", señala el comunicado de la ONU sobre la posición de los miembros del Consejo de Seguridad.En el mismo sentido mostraron su preocupación por la violencia en algunas zonas del país."Reiteraron su profunda preocupación por la violencia y la inseguridad que siguen afectando a las comunidades, en particular en las zonas rurales, y que han dado lugar al asesinato de excombatientes, líderes indígenas y sociales, incluidas mujeres, y por cuestiones relacionadas con la tierra y el medio ambiente", dice el documento de la ONU.
Luego de que el presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijera que va a proponerle al Congreso de la República y a las Cortes la implementación de un ‘fast track’ o vía rápida, varios expertos coinciden con que la propuesta es muy “difusa”.Blu Radio consultó abogados constitucionalistas quienes apuntan a que los retos están determinados por las demandas que este acto legislativo tenga al interior de la Corte Constitucional por parte de cualquier ciudadano, que bien podría argumentar que dicho acto legislativo sustituye la Constitución.Para Helton Gutiérrez, “el objetivo planteado aún no está claro, es muy difuso y esto también podría ir en contra de la iniciativa del presidente de aplicar un mecanismo de ‘fast track’ que buscaría implementar sus políticas que en los dos años no ha podido realizar”.Además, dicen que esta figura se estableció para implementar las normas del acuerdo final, y luego de una larga negociación, volver a proponer un 'fast track' con las condiciones actuales, no es viable porque no hay decisión que implementar ni acuerdo que ejecutar.El exministro de Justicia Wilson Ruiz, lanzó duras críticas al planteamiento del presidente Petro: “El presidente Gustavo Petro una vez pretende desconocer las reglas del estado social de derecho, definitivamente la propuesta del ‘fast track’ no busca sino pupitrear las iniciativas que tenga el Gobierno en los últimos dos años que le quedan, no olvidemos que este peligroso método fue utilizado en las normas de implementación del famoso acuerdo de paz (...) El presidente Petro no puede pretender remediar dos años de desaciertos, errores e inoperancias", apuntó Ruiz.
El ambiente en el Congreso está dividido porque mientras en el Senado la oposición cuenta con un poco más de peso, el petrismo en la Cámara también tiene fuerza.Sin embargo, voces como la de Hernán Cadavid se oponen desde ya a esta idea “desde la llegada de Juan Fernando Cristo al Gobierno, sus antecedentes lo predecían de la siguiente forma: fue quien desconoció el resultado del plebiscito, se inventó el ‘fast track’ para evitar y robarse los debates que le corresponden a un proceso legislativo”, dijo el parlamentario.De Cambio Radical también se pronunciaron, asegurando que “un gobierno que ha sido incapaz de convocar a un diálogo nacional, que genera controversias y que gobierna a través de una cuenta de X no puede proponer un ‘fast track’”, dijo el representante Julio César Triana.Por otro lado, en el senado, Martha Peralta afirmó que el presidente hace bien en proponerlo ya que Colombia lleva décadas “desangrándose” por la guerra que señala que beneficia a unos pocos y afecta a millones de colombianos.Para este fin el Gobierno deberá tramitar una reforma constitucional, para lo que se necesita la aprobación en dos vueltas por parte del Congreso de la República.Luego pasará por las comisiones constitucionales del Senado y la Cámara de Representantes y luego por las plenarias de ambas cámaras.Cabe mencionar que deben transitar ocho debates, distribuidos en dos periodos del Congreso, donde será vital el apoyo de la mayoría de los parlamentarios para que este prospere.
En medio de su discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro calificó de “campos de concentración” a los antiguos espacios de reincorporación creados tras la firma del acuerdo de la paz y señaló que los asesinatos de firmantes se han dado, en su mayoría, porque estos lugares no trascendieron."Muchos de los muertos del acuerdo de paz se deben a que el acuerdo de paz designó una zona, se llama ETCR, debieron ser transitorias y rápidas y hace siete años están ahí, yo les llamo campos de concentración porque no se pueden mantener sin una salida a una población durante ocho años encerrada en un punto. A esos muertos los está matando el Estado, la economía ilícita que los ve como rivales, y dado eso, y dado que narcotraficantes con políticos colombianos están intentando revivir el paramilitarismo, el acuerdo establece una misión internacional de acompañamiento a las investigaciones", dijo el mandatario.El jefe de Estado también habló de las conversaciones de paz con grupos al margen de la ley, se refirió al Clan del Golfo y planteó la posibilidad a Estados Unidos de que este entre en una negociación o diálogo con el Estado a través de la JEP, creada con el acuerdo de paz.“Han iniciado conversaciones con la segunda marquetalia, que deriva de las Farc antiguas, y con la AGC, llamada en Colombia, Clan del Golfo, que quiero enmarcarla dentro de los acuerdos de paz con las Farc en lo que tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz porque esos acuerdos determinaron que se escuche a todos los actores, dice textualmente organizaciones narcotraficantes ligadas al conflicto”, dijo.Petro entregó un balance del cumplimiento del acuerdo de paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU, desde allí aseguró que va a insistir en un acuerdo nacional que permita cambiar normas para impulsar la implementación de lo pactado en 2016, también pidió aumentar el plazo en siete años para lograr la aplicación del acuerdo.
Diego Tovar, conocido en la extinta guerrilla de las Farc como Federico Montes, es el primer firmante del acuerdo de paz que habla de manera presencial ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo hizo en una sesión de este jueves 11 de julio donde se abordó el tema de la implementación del acuerdo firmado en 2016.Tovar aseguró que quienes firmaron el acuerdo mantienen un compromiso con la paz en Colombia, pero también pidió una mayor coordinación institucional para lograr la implementación integral del acuerdo, advirtiendo además que uno de los obstáculos durante estos años ha sido la violencia en algunos territorios."La violencia, en los territorios, sigue destruyendo las vidas de comunidades enteras y limitando aún más la capacidad de las autoridades presentes para cumplir con sus responsabilidades. El involucramiento de menores en el conflicto, la violencia contra mujeres reincorporadas y personas de comunidades étnicas es una preocupación mayor", señaló Tovar.Los enfrentamientos entre grupos armados también son obstáculo para la implementación del acuerdo de paz."El reciente desplazamiento forzado del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Miravalle, en el Caquetá, después del ultimátum de las disidencias del autodenominado ‘EMC’ es emblemático de la falta de implementación de las garantías de seguridad contenidas en el acuerdo, de la falta de presencia estatal en regiones, como de un proceso de reincorporación precario", señaló Tovar.Ante esta situación para los firmantes del acuerdo es importante que en los procesos de diálogo con diferentes grupos quede estipulado en los protocolos la protección de quienes firmaron el acuerdo. En el mismo sentido señaló que el éxito de la JEP, creada tras la firma del acuerdo, se basa en el beneficio que el tribunal garantice para las víctimas y las garantías que otorgue para los comparecientes."Los últimos meses, hemos podido informar al consejo, como el Estado de Colombia, de los detalles relativos a la inseguridad jurídica creada por la Jurisdicción. Si bien, hoy seguimos en diálogo con su magistratura, todavía no se ha materializado ninguna solución. Como positivo, celebramos los avances del Estado respecto a la compra y entrega de tierras en el marco de la Reforma Rural Integral, y recientemente la aprobación, por el Congreso de la Jurisdicción Agraria. También, la disposición de actualizar la principal hoja de la implementación, Plan Marco de Implementación", explicó el firmante del acuerdo de paz.
Este jueves 11 de julio el presidente Gustavo Petro hizo su intervención ante la Organización de las Naciones Unidas y, allí, habló sobre la propuesta que tiene en mente de hacerle al Congreso de la República y a las altas cortes un ‘fast track’.“Un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República, ya se hizo, pero los proyectos de aquella época tuvieron que ver con las fases iniciales del acuerdo de paz con las Farc”, fueron las palabras del mandatario, trayendo a colación la implementación del esta vía en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.El mandatario apuntó que se seguirá presentando los cambios de normas que permitirían los productos del acuerdo de paz. Ante esta propuesta de Petro ya hay reacciones de expertos constitucionalistas, como el abogado Juan Manuel Charry, quien dice que las condiciones no están dadas para ello.“El llamado ‘fast track’ se estableció para implementar las normas del acuerdo final, luego de una larga negociación, yo diría que volverlo a implementar es posible siempre y cuando haya grandes acuerdos de las distintas fuerzas políticas y se logre llegar a un consenso. Sin embargo, en las condiciones actuales en donde hasta ahora está esbozada la posibilidad de un acuerdo, en mi opinión no hay condiciones para plantearlo porque ni siquiera hay decisión que implementar, ni acuerdo que ejecutar”, expresó Charry.Figuras de la política ya se pronunciaron también, como es el caso del representante a la Cámara Jose Jaime Uscategui, quien por medio de su cuenta oficial de X dijo que: “Con el ‘fast track’ implementaron un acuerdo ilegítimo con los narcoterroristas de las Farc, no les funcionó, siguen existiendo y no paran de traquetear, secuestrar y asesinar. Desde el Congreso no permitiremos que el presidente pretenda imponer sus reformas e incluso buscar facultades extraordinarias para su cargo”.
El presidente Gustavo Petro llegó al Consejo de Seguridad de la ONU para entregar un balance del cumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016. En medio de su intervención reiteró que tres puntos claves del acuerdo se han incumplido, empezando por la reforma agraria y la compra y entrega de tierras; el esclarecimiento de la verdad, que según el mandatario se concentró en un solo tribunal; y la transformación del territorio, que fue incumplida porque las vigencias futuras están concentradas en invertir en infraestructura.Teniendo en cuenta esto, el presidente lanzó una propuesta: "Tengo que perseverar en la idea de un pacto nacional invitando a la paz a la mitad de la parte que se ha opuesto a la paz. Yo no he querido romper completamente los espacios que quedan con lo que llamaríamos nuestra oposición, la respetamos y la invitamos a un acuerdo común para el cambio de las normas. Voy a proponerle al Congreso y a las cortes repetir un ‘fast track’, un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la Republica"Entre esto hay dos puntos claves y el primero tiene que ver con un plazo de siete años para la implementación de lo pactado en 2016. La segunda petición es económica, aunque el mandatario no pidió recursos, sí reconoció que la economía colombiana está asfixiada y sobreendeudada y por ello, pidió ayuda."Como se puede cumplir el acuerdo de paz si hay un ahorcamiento del Gobierno colombiano. Aquí viene mi propuesta hacia ustedes, es potenciando la capacidad financiera del Estado colombiano, no necesitamos regalos, veo dos métodos: uno que nos quiten el riesgo en el endeudamiento de Colombia (...) en segundo lugar, se puede equiparar a cambiar deuda por acción climática", agregó.Esta segunda propuesta fue acogida por representación de Francia en el consejo, quien aseguró que el país y el Banco Mundial están a favor de la suspensión de la deuda para financiar proyectos en el ámbito de los desafíos climáticos.
Durante su intervención en Naciones Unidas el presidente Gustavo Petro habló del estado del cumplimiento de los acuerdos de paz y reveló que propondría al Congreso y a la Sociedad Colombiana un ‘fast track’ para aprobar varios puntos que buscan acelerar la implementación de lo pactado.Modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo que permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión en los territorios.Cambio en la distribución del Sistema General de Participaciones que permita dirigir recursos a las zonas PDET para financiar los proyectos de infraestructura e inversión.Excarcelar al campesinado productor de hoja de coca.Optimización y nuevas inversiones forzosas de cara a la sustitución productiva de economías ilícitas y un camino a la agroindustrialización.Creación de la figura de la concesión hereditaria en las zonas selváticas de la ley segunda.Una reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa express de tierras, asimismo una transformación de la Agencia Nacional de Tierras en una entidad estructuradora de proyectos productivos con acceso a crédito y una formalización de títulos con mecanismos especiales.Sistema único de verdad, justicia y reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto.Ampliar el plazo de implementación del acuerdo por siete años más y las zonas PDET.El mandatario argumentó que estos cambios son necesarios porque no se está cumpliendo con tres puntos fundamentales del acuerdo: reforma agraria, el esclarecimiento de la verdad y la transformación del territorio.“La reforma rural que habla el capítulo primero fue ignorada, de tres millones de hectáreas solo cambiaron 17.000, mi gobierno lleva 183.000. en velocidad significa que estamos lejos de los tres millones. El esclarecimiento de la verdad se fragmentó en diversos tribunales y los verdaderos causantes del conflicto están en procesos que no avanzan en la justicia ordinaria, la verdad se debilitó. La transformación del territorio, los gobiernos que han pasado no quisieron priorizar inversiones públicas en territorios excluidos”, explicó el mandatario.
Este jueves 11 de julio se presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el informe trimestral del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la implementación del acuerdo de paz.En un principio Carlos Ruiz Massieu, el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, resaltó la voluntad de los firmantes y del Gobierno para avanzar en un plan de choque que permita implementar con una mayor efectividad los puntos más rezagados del acuerdo.Sin embargo, Ruiz Massieu también dijo que en Colombia continúa la expansión de los grupos armados.“Me preocupa de manera particular la situación en el departamento del Cauca, se ha visto un recrudecimiento de las afectaciones a la población civil generadas por los actores armados. Deploró particularmente los atentados con explosivos que han llevado a la pérdida de vidas. Aún en los lugares donde no están vigentes los ceses al fuego, los actores en conflicto tienen la responsabilidad de respetar el Derecho Internacional Humanitario”, indicó Carlos Ruiz Massieu.También habló de las amenazas de las disidencias contra los firmantes del acuerdo que se encuentran en Miravalle, Caquetá, asegurando que uno de los retos que enfrenta la implementación actualmente es el de la seguridad.Sobre los procesos de paz con el ELN y las disidencias de las Farc que continúan en las negociaciones, Ruiz Massieu aseguró que es importante prorrogar los cese al fuego y fortalecerlos para garantizar la seguridad de las comunidades.
