Anualmente, las altas cortes cambian de presidente y como de costumbre, los vicepresidentes pasan a la presidencia, en el caso de la Corte Constitucional el magistrado Jorge Enrique ibáñez sucederá a José Fermando Reyes, en la Corte Suprema de Justicia quedará Octavio Tejeiro en reemplazo de Gerson Chaverra, en el Consejo de Estado el magistrado Luis Álvarez reemplazaría a Milton Chaves.Esos cambios son la próxima semana, concretamente el jueves, pero Blu Radio conoció que en la Sala de Instrucción hay una división interna por la posible llegada de la magistrada Cristina Lombana a la presidencia de esa Sala, quien tiene a su cargo los procesos de relevancia como las investigaciones que adelante ese alto tribunal en contra de Armando Benedetti, además la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tiene varias investigaciones en curso por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).Lo que se sabe es que los magistrados de la Corte Suprema llegaron a un tipo de "acuerdo verbal" para que este 2025 solo fueran nombradas mujeres como presidentes de las Salas Civil, Laboral Penal y de Instrucción. Sin embargo, no todos los magistrados están muy contentos con esa idea y estarían haciendo oposición a esa iniciativa.Ahora, en cuanto a los nombres, a la presidencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llegaría la magistrada Miryam Ávila, a la Laboral Clara Inés Roldán y la Sala Civil estaría en cabeza de la magistrada Hilda Gonzales, en cuanto a la presidencia de la Sala de Instrucción, se conoció que la última palabra a pesar de las divisiones la tendrá el hoy presidente de la Sala Misael Rodríguez.También hay gran expectativa sobre cómo serán las relaciones para este 2025 entre la Rama Judicial y el presidente Gustavo Petro, debido a que el año pasado fue turbulenta y cargada de señalamientos por parte del primer mandatario a las Cortes por las distintas decisiones que tomaron en lo que tiene que ver con las iniciativas del Gobierno, por ejemplo, este año será decisivo en la Corte Constitucional para conocer cuál será el futuro de la reforma pensional.
Hace más de 10 años una tragedia sacudió al país cuando en mayo de 2014, una buseta se incendió en el municipio de Fundación en el departamento de Magdalena, con un doloroso saldo de 33 niños calcinados, el Consejo de Estado dejó en firme la condena contra la Iglesia Pentecostal y ese municipio, por lo que deberán pagar una millonaria indemnización a los familiares de las víctimas.Lo que ha dicho el Consejo de Estado es que se configuraron una serie de omisiones de parte de la iglesia que, junto con el actuar del conductor, quien decidió manipular gasolina que consistió en una "práctica peligrosa de inyectar gasolina directo al carburador del automotor", causaron la tragedia, es lo que ha dicho este alto tribunal para dejar en firme la condena al municipio de Fundación y a Iglesia Pentecostal por este accidente en el que fallecieron 33 niños el 28 de mayo de 2014, finalmente deberán pagar $36.000 millones de indemnización a víctimas y familiares.Frente a estas omisiones, el alto tribunal resalta que el municipio de Fundación y el Instituto de Tránsito y Transporte de ese municipio también tienen responsabilidad por la falta de control al tráfico urbano.En este caso el Consejo de Estado explica que la iglesia no tomó las medidas de precaución suficientes para evitar las situaciones de riesgo, esto tras no hacer la revisión de que el vehículo cumpliera con los requisitos de ley para movilizarse por el municipio de Fundación, por lo que los magistrados resaltaron que de tomarse esas medidas de prevención, "probablemente" la tragedia se hubiera podido evitar"Es claro que existieron omisiones del municipio de Fundación y del Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación por la falta de control en el tráfico urbano", continúa la decisión.La decisión fue condenar al pago de una indemnización que corresponde a un total de 23.270 millones, de los cuales 18.616 millones deberán ser pagados por la Iglesia, mientras que el municipio de Fundación y el Instituto de Tránsito deberán pagar 2.327 cada uno.
El abogado Andrés Tapias Torres, apoderado del presidente Gustavo Petro, envió una carta dirigida al Consejo de Estado en la que defiende la elección de Gregorio Eljach como procurador general y solicita que se deniegue una medida cautelar interpuesta por Édgar Alan Olaya Díaz, en la que alega que el presidente desconoció las normas para seleccionar a su candidato a la terna y pide la suspensión provisional del acto administrativo de la elección de Eljach.El abogado del presidente Petro argumentó que dicho acto administrativo se ajusta a las exigencias constitucionales y legales aplicables al proceso de elección de un procurador. Además, afirmó que la solicitud carece de fundamento. En la carta se señala: “El presidente de la República ejerció su facultad exclusiva, privativa, autónoma y personal para presentar su candidato en los términos previstos en la Constitución y la ley".Asimismo, se hace referencia a la convocatoria pública realizada por la Presidencia para que los ciudadanos enviaran sus hojas de vida y aspiraran al cargo, a la que se postularon más de 40 personas. La defensa del presidente asegura: “La invitación no obliga al primer mandatario a elegir exclusivamente entre quienes se presentaron a ella, porque, si al momento de tomar su decisión considera que ningún nombre satisface sus propias convicciones, perfectamente puede decidirse por cualquier otro que cumpla con los requisitos constitucionales y legales.”Finalmente, aclaran que nada impide al presidente considerar la hoja de vida de candidatos previamente estimados por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, ya que una postulación anterior no constituye inhabilidad. Cabe recordar que Eljach, en un principio, fue candidato a la terna de la Corte Suprema de Justicia para la Procuraduría.
Toda una tormenta de cuestionamientos para ISA se ha desatado desde diferentes sectores tras la revelación de documentos sobre la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA, la posible influencia de Ricardo Roa en ella y las inconsistencias que tiene la hoja de vida del designado.Y es que, recientemente, se conocieron avances en la demanda de nulidad de elección por parte de un accionista minoritario, Julio César Yepes, y que estudia actualmente la Sección Quinta del Consejo de Estado.El alto tribunal nuevamente se pronunció al respecto y solicitó a ISA en un término de cinco días hábiles información sobre todo el trámite seguido durante el proceso de elección de Carrillo y su registro ante la Cámara de Comercio de Medellín.De igual manera, pidió en el mismo término a la presidenta ejecutiva de esta última entidad, Lina Vélez, además de informar sobre el trámite registral, también remitir las copias de todas las decisiones adoptadas al respecto y la normatividad que lo rige.La situación se conoce en medio del anuncio de EPM, como accionista de casi el 9 % de ISA, de estudiar acciones jurídicas por la designación de Carrillo tras revelarse el acta de la junta directiva en la que se tomó la decisión y demás posibles inconsistencias en su experiencia laboral en la hoja de vida que usó para participar del proceso de selección.
Luego de que el Consejo de Estado rechazara las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre este alto tribunal que sugerían que las decisiones que tomaban tenían un fin político, el presidente Petro respondió asegurando que toda determinación será respetada “menos el golpe de Estado”.El presidente Gustavo Petro criticó a este tribunal por lo que él llama desmantelar su derecho constitucional a dirigir la política exterior de Colombia, especialmente por los nombramientos de diplomáticos que le han sido anulados, como el caso del cónsul Andrés Hernández. También expresó su descontento por decisiones relacionadas con los comisionados de la Creg que él ha designado.El capítulo más reciente de estos desencuentros se originó en Barranquilla, cuando el mandatario afirmó que este tribunal parecía hacerle caso a la oposición. Además, el jueves pasado, Petro publicó un trino en el que cuestionó la decisión de esta corte de anular la designación del alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez.La relación entre el presidente Gustavo Petro y las cortes ha estado marcada por un distanciamiento evidente. Con la suprema, las tensiones comenzaron por cuenta de la elección de fiscal general, tras el asedio al palacio de justicia, que fue rechazado por el presidente de este alto tribunal, Gerson Chaverra.Aunque el presidente Gustavo Petro negó presiones indebidas los desencuentros continuaron, el mandatario no llegó al encuentro de la justicia ordinaria en Chocó al que había confirmado su asistencia e intentando justificarse, menciono a Chaverra, en lo que terminó como un comentario fuertemente cuestionado.Recientemente, esta corte rechazó una condecoración ofrecida por el mandatario a los magistrados, pero el tire y afloje con las altas cortes continuó.
En un comunicado emitido este lunes 16 de diciembre, la Corporación Excelencia en la Justicia advirtió que las declaraciones del mandatario “intentan socavar decisiones judiciales calificándolas como actos de lawfare o persecución política”, lo cual afecta no solo la dignidad de los jueces, sino que además “genera un clima de inestabilidad y desconfianza en las instituciones fundamentales del estado social de derecho colombiano”.La Corporación reafirmó su “apoyo irrestricto y solidaridad con el Consejo de Estado”, al tiempo que reiteró la necesidad de respetar las decisiones judiciales como pilar esencial para el “equilibrio de poderes” en Colombia.Finalmente, esta corporación hizo un llamado a defender el orden jurídico y la democracia, comprometiéndose a seguir promoviendo “una justicia autónoma, eficiente y transparente”.Todo esto, tras un pronunciamiento conjunto de los magistrados que integran la pena de alto tribunal, en donde rechazan categóricamente los señalamientos del jefe de Estado, luego de un trino del presidente Petro, refiriéndose a la decisión del Consejo de Estado de tumbar la designación del alcalde de Duitama José Luis Bohórquez.El año 2024 está por finalizar y las relaciones entre el Gobierno Petro y las altas cortes cada vez parecen más distantes y convulsionadas.
Hay tensión entre el Gobierno nacional y las altas cortes, en esta oportunidad, el Consejo de Estado en cabeza de su presidente, Milton Chaves, y en compañía de los magistrados que integran la Sala Plena de este alto tribunal, mediante un comunicado rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro que según el alto tribunal, ponen en entredicho la honorabilidad, integridad y eficacia con las que ejerce su función como máxima autoridad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo."La corporación rechaza las afirmaciones sin sustento alguno que sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular”, dijo la alta corte.Esto tras la reciente publicación de su cuenta oficial de X del jefe de Estado, en donde cuestionó que el Consejo de Estado tumbará la designación del alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez.El Consejo de Estado aclaró que, todas sus decisiones, incluidas las sentencias y conceptos emitidos, se fundamentan en procesos ajustados a la Constitución y la ley, y se orientan bajo los principios de autonomía e independencia judicial.Asimismo, rechazó categóricamente las acusaciones que sugieren que sus decisiones tienen “fines políticos” o atentan contra la voluntad popular, al considerar que estas afirmaciones distorsionan la realidad y envían un mensaje equivocado a la sociedad.En respuesta a declaraciones que calificaron las decisiones del Consejo de Estado como actos de “golpe blando” o “perfidia”, la corporación enfatizó que tales señalamientos desconocen la función esencial del poder judicial en una democracia.“El poder judicial actúa libre de presiones y desempeña un papel fundamental en garantizar el equilibrio de poderes y la estabilidad institucional”, señalan.Los magistrados, en pleno, hicieron un llamado a reflexionar sobre la necesidad de respetar la independencia judicial como piedra angular de una democracia sólida. Además, instó a las altas dignidades del Estado a ejercer su labor con responsabilidad, recordándoles que sus manifestaciones deben ser acordes con los principios de un Estado constitucional y democrático de derecho.Finalmente, hablaron de la confianza en las instituciones judiciales es esencial para mantener el orden democrático y garantizar que la justicia siga siendo un pilar de la sociedad, alertando que cualquier debilitamiento de estas estructuras beneficia únicamente a quienes anteponen intereses individuales al bienestar colectivo.
En medio de un polémico proceso judicial, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que lo señala de incurrir en doble militancia. Durante una entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario rechazó las acusaciones y aseguró que seguirá al frente de la alcaldía mientras se resuelve su apelación ante el Consejo de Estado.“Esta es solo la primera instancia; en la segunda instancia es donde se definirá si continuamos o no en el cargo. Mientras tanto, seguimos trabajando para que Bucaramanga no se detenga”, enfatizó Beltrán.La acusación de doble militanciaEl fallo emitido por el tribunal sostiene que Beltrán habría apoyado candidatos de otros partidos políticos durante las elecciones, violando así las normas que rigen la doble militancia en Colombia. Según la decisión, el alcalde promovió aspirantes del Centro Democrático y del Partido de la U, pese a haber sido elegido bajo una coalición entre Colombia Justa Libres y el movimiento Juntos.No obstante, el alcalde afirmó que las pruebas presentadas en su contra, como videos y fotografías, deben ser analizadas con rigor técnico. “La discusión está en torno a si los partidos que se mencionan estaban o no en coalición. Es un debate jurídico que ahora debe resolverse en el Consejo de Estado”, explicó.¿Videos manipulados con inteligencia artificial?Uno de los argumentos presentados por la defensa de Beltrán es que algunos de los videos que lo incriminan podrían haber sido manipulados utilizando inteligencia artificial (IA). Aunque esta postura ha sido objeto de escepticismo, el alcalde recordó un incidente similar durante su campaña:“En aquel momento, se difundió un audio falso en el que se aseguraba que yo acabaría con la Semana Santa y prohibiría la adoración a la Virgen. Pese a lo absurdo de esas afirmaciones, pudimos demostrar que eran manipulaciones. Este es un caso similar, y confío en que podremos probarlo nuevamente”, sostuvo.Los críticos han cuestionado esta línea de defensa, argumentando que hace un año y medio, durante la campaña, el uso de IA no estaba tan avanzado como hoy. No obstante, Beltrán reiteró que la veracidad de los materiales será evaluada por peritos técnicos durante la segunda instancia del proceso.La gobernabilidad en juegoMientras tanto, el alcalde subrayó que su prioridad es garantizar la estabilidad administrativa de la ciudad. La incertidumbre sobre el fallo definitivo no solo afecta a Beltrán, sino también a decenas de otros mandatarios locales que enfrentan procesos similares. Según el alcalde, más de 52 alcaldes y 22 gobernadores en Colombia están en situaciones comparables, lo que pone en evidencia la complejidad de las normas relacionadas con la doble militancia.El proceso ante el Consejo de EstadoBeltrán estima que el Consejo de Estado podría tardar entre seis y ocho meses en emitir un fallo definitivo. Mientras tanto, su administración continuará implementando planes para garantizar que Bucaramanga avance en temas clave como infraestructura, seguridad y desarrollo social.“Nos mantenemos firmes en nuestra defensa. Tenemos los argumentos y la confianza de que la segunda instancia nos dará la razón. Lo importante es no perder de vista el progreso de nuestra ciudad”, concluyó.
Omar Fredy Prías volverá a ser comisionado experto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) tras un fallo de tutela a favor del Gobierno, según el cual hubo un error en la forma en que la Sección Quinta del Consejo de Estado interpretó la hoja de vida del funcionario.El pasado 4 de julio el tribunal anuló el nombramiento de Prías porque consideró que no reunía los seis años de experiencia requeridos para el cargo. Sin embargo, la Sección Cuarta considera que sí cumplía con este requisito y que, para sacarlo de la Creg, se pasó por alto la jurisprudencia, es decir, las sentencias previas sobre el mismo tema, sin justificar por qué se apartaron de esos antecedentes.Curiosamente, la sentencia que devuelve a Prías a su cargo fue expedida por otra sección del Consejo de Estado: la Sección Cuarta.Las demandas en contra de nombramientos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas se han vuelto frecuentes desde el cambio de gobierno. Primero, se presentaron en contra de los dos comisionados nombrados por Iván Duque días antes de terminar su periodo, y luego en contra de los nombramientos hechos por el gobierno de Gustavo Petro.Actualmente, existen demandas contra los nombramientos de otros dos expertos de la Creg.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) eligió a Álvaro Hernán Prada como su nuevo presidente. Esta decisión se dio en medio de en un contexto político polémico, pues llega tras la renuncia de César Lorduy al cargo.Cabe recordar que Prada, junto con Benjamín Ortiz son los dos magistrados que adelantan la investigación formal en contra del presidente Gustavo Petro, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; y varios dirigentes de la campaña Petro Presidente 2022 por presuntas irregularidades.Justamente, la nueva cabeza del CNE aseguró, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, que se brindarán las garantías a todos los sujetos procesales con investigaciones abiertas. Ante los cuestionamientos, respondió que las decisiones se toman por mayoría calificada, reflejando “un voto de confianza y compromiso entre los magistrados”.Las críticas de Petro y la controversia de la imparcialidadEn varias ocasiones, el jefe de Estado se ha pronunciado sobre la capacidad del CNE para investigar. Al ser Prada miembro del Centro Democrático, el presidente ha insinuado que esto podría afectar la imparcialidad del organismo. Ante esto, Prada afirmó que “nunca ha reconocido enemigos” y que su labor es netamente judicial, más no política.“Yo nunca he dicho que el presidente Petro es mi enemigo, nunca. No reconozco enemigos a nadie. Entre otras cosas, no creo en la enemistad, creo siempre que uno debe tener posiciones ideológicamente distintas (…) Yo tenía la camiseta puesta en ese momento cuando estaba en el Congreso de la República, la camiseta de congresista, donde se hacen evidente las diferencias ideológicas. Acá tengo la camiseta puesta de juez, de imparcial, y eso no solamente se dice, se prueba”, subrayó.Asimismo, mencionó que el CNE ha demostrado a lo largo de su trayectoria la capacidad de sancionar a partidos políticos de todas las tendencias, dejando claro que sus decisiones no están ligadas a la política partidista.“(…) Se prueban las decisiones que hemos tomado en el Consejo Nacional Electoral, donde a cualquiera de nosotros nos ha tocado sancionar a los partidos que nos postularon y, por el contrario, nos ha tocado terminar, absolver a candidatos que pertenecen a partidos contrarios; eso muestra que nosotros la ruta que tenemos es la Constitución y la ley, no otra distinta”, aseveró.También habló sobre la posibilidad de que el Pacto Histórico se decante por Álvaro Echeverri para ocupar dicho puesto, lo que podría generar aún más tensión dentro del actual escenario político. Prada destacó que el Congreso es el órgano que debe elegir a los nuevos magistrados y que son las negociaciones internas las que decidirán cómo se manejará este proceso.Sobre un “golpe blanco”, enfatizó que eso significa una “desobediencia civil, una presión internacional y una manipulación mediática”, lo cual no está ocurriendo, según recalcó.“Por el contrario, nosotros caminamos de acuerdo a la Constitución, la ley y la jurisprudencia y, además, de la jurisprudencia de las cortes del Consejo de Estado, que ha ratificado, al igual que la Corte Constitucional, la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar las candidaturas presidenciales”, añadió.
