La reciente aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ha suscitado intensos debates en el Congreso de la República. La parlamentaria Katherine Miranda, del Partido Verde, fue una de las pocas voces disidentes, votando en contra de la iniciativa que ya es una reforma constitucional. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Miranda calificó la medida como "profundamente irresponsable" y argumentó que su implementación podría poner en jaque las finanzas del país.Una reforma que podría requerir nueve reformas tributariasMiranda basó su oposición en un análisis técnico que advierte sobre los riesgos fiscales de la reforma. Según la congresista, el Ministerio de Hacienda respondió a su derecho de petición señalando que el costo de implementar esta reforma oscila entre $218 y $263 billones, lo que equivale al 6,8% y 8,2% del PIB."El actual proyecto implicaría costos recurrentes no contemplados en el Presupuesto General de la Nación e insostenibles con las proyecciones macroeconómicas del marco fiscal de mediano plazo", afirmó.En este sentido, Miranda sostuvo que el país necesitaría realizar al menos nueve reformas tributarias adicionales para cubrir las nuevas responsabilidades que asumirán las regiones. Estas reformas no solo serían complejas, sino también políticamente delicadas, en un contexto donde el gasto público es ya altamente inflexible."Para mí es completamente irresponsable que se supedite una reforma de esta magnitud a unas reformas tributarias futuras que no están garantizadas", enfatizó.El impacto de la inflexibilidad presupuestariaOtro de los puntos centrales en la crítica de Miranda es la estructura del presupuesto nacional. De los $523 billones proyectados para 2024, el 91% corresponde a gastos inflexibles como pensiones, deuda externa y seguridad. Esto deja solo $47 billones de maniobra, una cifra que, según la parlamentaria, resulta insuficiente para costear los $60 billones anuales que se estima demandará la reforma.Además, Miranda advirtió sobre la dificultad de las regiones para asumir las nuevas competencias, como la gestión de infraestructura vial o el pago de pensiones. "Quiero ver a municipios como Guainía pagando las vigencias futuras del metro de Bogotá", cuestionó, en alusión a la disparidad de capacidades entre los territorios.¿Es viable la descentralización?Pese a sus críticas, Miranda aseguró estar de acuerdo con el principio de descentralización, pero subrayó la necesidad de planificar con mayor rigor técnico. En su opinión, no todos los municipios cuentan con la capacidad administrativa y financiera para gestionar las competencias transferidas. Esto, según la parlamentaria, podría llevar a un colapso de la planeación estatal."Algunas ciudades podrán asumir estas responsabilidades, pero otras no. Por eso no debimos fijar porcentajes rígidos, sino evaluar caso por caso", señaló.Un llamado a la transparencia y la responsabilidadLa parlamentaria también cuestionó la falta de claridad del gobierno frente al impacto fiscal de la reforma durante los debates en el Congreso. Según Miranda, ni el ministro de Hacienda ni otros representantes del Ejecutivo ofrecieron datos concretos sobre cómo se financiará la iniciativa. "Nos hicieron una explicación de por qué esto prácticamente quebraría el Estado colombiano, pero esas apreciaciones no se hicieron públicas", denunció.Para la congresista, la reforma no solo pone en peligro la sostenibilidad fiscal del país, sino que también aumenta los riesgos de un manejo desigual entre regiones, especialmente aquellas con menor capacidad de gestión.Una decisión para la historiaMiranda concluyó su intervención expresando que, aunque su oposición fue solitaria, confía en que la historia le dará la razón. Su análisis se suma a las preocupaciones de expertos económicos, quienes han alertado sobre los posibles desequilibrios fiscales y estructurales que podría generar la reforma.El debate sobre el Sistema General de Participaciones apenas comienza, y sus consecuencias serán analizadas a medida que se implementen los cambios propuestos. La postura de Miranda queda registrada como una advertencia sobre los desafíos que enfrentará el país en este nuevo capítulo de descentralización administrativa y financiera.
Con un total de 124 votos a favor y dos en contra, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). En ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que esto significa un “triunfo” para la autonomía del territorial de cada departamento y municipio.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro subrayó que durante las últimas décadas se ha visto una “transferencia permanente” de competencias del Estado central a la “región sin recursos”. Ahora, luego de los debates y su aprobación, dijo que habrá una autonomía simultánea, proporcional y equivalente.“124 representantes, casi unanimidad, de todas las bancadas, desde el Pacto Histórico hasta el Centro Democrático dieron un paso fundamental en la autonomía territorial en Colombia. En la Constitución de 1991 se nos había prometido a los colombianos el sueño de la descentralización y nunca se ha cumplido”, mencionó.El ministro Cristo explicó que anualmente, por los próximos 12 años, se irá transfiriendo competencias y también recursos mayores a los departamentos y municipios del país. Esto, según enfatizó, dentro del marco de la sostenibilidad fiscal y cumpliendo la regla fiscal, que, añadió, es “fundamental”.En ese sentido, aseveró que, aunque la reforma al Sistema General de Participaciones no es una solución definitiva a los problemas del país, sí representa un cambio y un “rediseño del Estado colombiano”. Así, respondió que es un “punto de partida”.“Lo que pretendemos es que el Estado sea mucho más fuerte allí donde el ciudadano lo necesita, que es en los territorios de Colombia, porque precisamente nos quejamos de que estos grupos violentos ejercen control territorial o buscan hacerlo, por qué, porque el Estado no lo ejerce, porque no hay presencia institucional”, indicó.Sobre ese punto de partida al que hizo referencia, el ministro Cristo detalló que el Gobierno y el Congreso tendrán dos años para tramitar una ley competencias que es “absolutamente indispensable” para que se aplique este proyecto del acto legislativo.En cifras, puntualizó que, a peso de hoy, es un crecimiento de 54 billones de pesos “gradualmente año tras año”. Sobre ese dinero, aclaró que es una tarea para evaluar con el Ministerio de Hacienda, es decir, qué funciones seguirá cumpliendo la Nación y qué le corresponde ahora a cada región.Dijo que, hoy, con el “este modelo centralista” no se han logrado cerrar las brechas ni en agua potable ni en educación ni en salud. En ese sentido, precisó que la educación de cero a tres años, de la cual “nadie asume la responsabilidad”, la tendrán que asumir ahora los departamentos y municipios.
En diálogo con Mañanas Blu, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se pronunció enérgicamente contra las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre el supuesto sabotaje parlamentario a la ley de financiamiento. Cepeda argumentó que en lugar de un saboteo, lo que realmente se evidencia es un despropósito de parte del gobierno al intentar imponer reformas tributarias sin el debido debate. "El gobierno intentó aprobar a ciegas una reforma tributaria que afectará la inversión privada, la cual ya ha caído un 25% el año pasado", expresó Cepeda. A esto agregó que "La reforma tributaria, como está, es muy difícil que pase (...) El Congreso es una rama del poder independiente que actúa con responsabilidad y por eso no aprueba una reforma a ciegas". "La inversión se está reduciendo y eso afecta directamente el recaudo tributario. Este año hemos visto caer la recaudación tributaria y el presupuesto de 2024 proyecta un recorte significativo". Esto se convierte en un ciclo vicioso donde, a medida que disminuye la inversión, se complica la situación económica del país. Presupuesto Cepeda reiteró que el gobierno posee un total de 97 billones de pesos sin ejecutar en el presupuesto y que la irresponsabilidad radica en no realizar un ajuste en los gastos del estado. "No tiene sentido apresurarse a recaudar 12 billones cuando los recursos existentes no están siendo usados adecuadamente". Cepeda aseguró que no entiende "cuál es la desesperación del Gobierno por $12 billones cuando tiene $97 billones sin ejecutar". Con una proyección de recorte de 28 billones, el senador resalta la necesidad de discusión y responsabilidad en el manejo del presupuesto nacional. Cepeda advirtió sobre la necesidad de un enfoque distinto de parte del gobierno. La reducción en la inversión privada genera menos utilidades y, consecuentemente, menores ingresos fiscales. Escuche aquí la entrevista:
Durante el lunes, 2 de diciembre, el Congreso de la República recibirá a más de 200 jóvenes, de diversas regiones del país, que participarán en el encuentro “¿Cómo va y qué falta para que el Servicio Social para la Paz sea una realidad?”.El evento, que se realizará en el Salón Luis Guillermo Vélez de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., pretende crear un espacio para que estas personas expresen sus perspectivas sobre la implementación de un instrumento de construcción de paz.Durante el encuentro, los jóvenes podrán exponer sus propuestas, inquietudes e ideas respecto a la implementación del servicio. Además, también podrán exponer las temáticas a los ministros y ministras del Gobierno Nacional, directores de las entidades que hacen parte del Comité Técnico del Servicio Social para la Paz y otros líderes de organizaciones que lideran las modalidades del programa.“Tras más de una década de trabajo, junto a distintos congresistas y organizaciones, y luego de haber presentado seis iniciativas legislativas, finalmente los jóvenes tendrán la posibilidad de poner su talento y energía al servicio de la paz, dando un paso crucial hacia el fin de la violencia y la guerra en Colombia”, dijo el autor de la iniciativa, Iván Cepeda.Cabe recordar que el Servicio Social para la Paz es una alternativa al servicio militar obligatorio que hay en el país. La medida permite que los jóvenes, entre 18 y 24 años, contribuyan activamente en el proceso de reconstrucción del territorio bajo actividades como: la alfabetización digital en zonas rurales, la protección del medio ambiente, el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de la cultura de paz.Bajo lo recién mencionado, el encuentro podría ser una plataforma para que los jóvenes, a través de sus experiencias personales, entreguen su propuesta a las autoridades competentes. Por último, el Gobierno nacional aseguró que empezará a implementar el programa de manera gradual a partir del 2025.
Un grupo de congresistas, según una publicación de El Espectador, harían parte de una lista de parlamentarios que estarían siendo investigados por diferentes entidades, entre ellas la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que indaga sobre la posible trazabilidad que hay entre sus curules y presuntas irregularidades en la acumulación de terrenos y, del mismo modo, la ocupación de predios baldíos en las regiones dónde tienen su capital político.A través de un derecho de petición, la ANT dio a conocer que han “identificado algunos nombres de congresistas involucrados en procesos agrarios, sin ser esta una identificación exhaustiva”; aunque precisó que “no es posible entregar detalles adicionales en este momento del proceso, hasta que no se cuente con decisiones en firme”.Los políticos que están siendo vigilados cuentan con un importante poder en cada una de sus regiones. El primero de ellos es Wadith Manzur, representante del partido Conservador por el Cesar y expresidente de la Comisión de Acusaciones de la corporación.Según reveló el medio, en su campaña para el Congreso, en 2022, los ingresos de la campaña de Manzur provinieron, en su mayoría, de familiares y de su propio patrimonio, lo que representó más de $524 millones ($524′500.000): de los cuales su padre fue el segundo mayor aportante ($417′500.00) y él mismo ocupó el primer puesto ($277′000.000), según el aplicativo de Cuentas Claras.También figura su hermana, Adriana María Manzur Imbett; su madre, Carmen María Imbett Otero; y su tía, Martha Elena Manzur Abdala, que también dieron dinero a sus campañas. De todas, la mayor aportante fue su tía, con una cifra de $43 millones.El representante está relacionado con 23 propiedades en Cereté, Córdoba, y reportó en su informe de conflicto de intereses que tiene actividades económicas relacionadas con el sector de ganadería y agricultura, así como con la comercialización de productos agrícolas y pecuniarios con la empresa Manzur Imbett, Sociedad en Comandita.Sin embargo, en la investigación del diario lograron evidenciar que en el Registro Único Empresarial, esta forma reporta como actividades económicas la explotación mixta (agrícola y pecuaria), actividades de apoyo a la agricultura, actividades de apoyo a la ganadería y cría de ganado bovino y bufalino. Cuando se le preguntó sobre la actividad de esta empresa, Manzur -salpicado en el escándalo de corrupción en la Ungrd+ aseguró que “solo comercializa algodón” y “no tiene actividad agropecuaria”.La publicación además resalta que bajo el apellido Manzur está también registrada Manzur Aldana CIA, Sociedad en Comandita, en la que aparecen como representantes legales José Elías Manzur Abdala (su tío) y Cecilia del Carmen Aldana Bula (su tía), que reporta como actividades económicas la cría de ganado bovino y bufalino.Por lo que, es con base a estos reportes de Cuentas Claras, con los que Transparencia por Colombia, la ONG que indaga sobre la incidencia de la corrupción en las instituciones públicas, señaló que en ese departamento es notable que la mayoría de los candidatos han sido financiados por privados cercanos.Otro de los parlamentarios es Jorge Rodrigo Tovar Vélez, ocupante de una de las curules de paz por el departamento del Cesar e hijo de Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y condenado por la masacre de El Salado. La investigación de El Espectador mostró que sus actividades proselitistas se dieron bajo una financiación propia de más de $60 millones ($60′539.467), que se suman a los $9′460.533 que recibió del Estado.Además, el diario citado publicó que el representante aparece vinculado a tres propiedades en Valledupar, pero tanto su padre como su madre, Ana Vélez Salgado, son propietarios de predios con demanda de restitución.El rotativo documentó el apoyo que le habría dado Víctor Hugo Mosquera, entonces director territorial de la Unidad de Víctimas en Cesar y La Guajira, para llegar al puesto, así como las facilidades con las que habría contado Tovar para movilizarse en veredas en zonas rurales que estaban controladas por grupos paramilitares en la zona.La publicación también habla de Alirio Barrera, senador del Centro Democrático, proveniente del Casanare: departamento del que fue gobernador, pues también tiene la lupa puesta por 172 propiedades en estas tierras que estarían bajo su nombre y el de su núcleo cercano.En Norte de Santander, el representante Wilmer Guerrero del partido Liberal y quien presuntamente está salpicado por las presuntas irregularidades en la contratación en el Fondo Nacional del Ahorro, es vigilado por un lote en Ocaña: comprado el 14 de noviembre de 2017 por un precio de $20 millones, menos de dos meses después de que se levantara “la declaratoria de inminencia de riesgo o desplazamiento forzado” por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, declarada por primera vez en 2005.En Santander, Óscar Villamizar, representante del Centro Democrático, tuvo que someterse, junto a sus hermanos Danny e Ingrid, a un pleito judicial por una finca en Girón, Santander. El Espectador encontró en su hoja de vida en la página web de la Cámara, que el representante escribió que fue director del “Proyecto Caucho Natural” en la finca Puerto Rico, que es el meollo de la pelea que libraron estos tres hermanos, hijos del exsenador Alirio Villamizar: acusado e investigado en la Corte Suprema de Justicia por presuntamente liderar una red de corrupción en el extinto Seguro Social, con Martha Capacho, quien había sido desplazada.La investigación revelada por El Espectador tiene como último capítulo el caso de Félix Gutiérrez, exalcalde de Buenavista, Córdoba, quien es la pareja de Ana Paola García, representante del Partido de la U. Gutiérrez ha sido señalado de haber colaborado con el paramilitarismo, pues según el testimonio de la excongresista Zulema Jattin ante la JEP, este habría sido parte del grupo de gobernantes locales que selló acuerdos con figuras como Mancuso, quien también lo señaló, y Macaco para entablar una red de extracción de oro.
La Comisión Primera de Cámara aprobó en tercer debate esta iniciativa que permite a los congresistas cambiar de partido sin tener que renunciar a su curul. Ahora pasará a Plenaria de Cámara a cuarto debate, la mitad del camino que le resta, ya que al ser una reforma constitucional necesita de ocho debates.Uno de los artículos que más ocasionó discusión fue el 2, el cual hace referencia a que quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto o grupo significativo de ciudadanos, podrá por una sola vez en el cuatrienio y hasta un mes antes del primer día de inscripciones de la próxima elección, renunciar al partido o grupo significativo por el cual fue elegido, sin tener que renunciar a su curul.Sin embargo, se han lanzado muchas advertencias respecto a este proyecto desde varios sectores. Por su parte, el representante Hernán Cadavid advirtió sobre los riesgos "no puede suceder que ahora desorienten al electorado colombiano, hicieron una apuesta política que les salió mal. Además, esto es legislar en causa propia, no puede ser que de esas decisiones sean beneficiarios quienes son los mismos que las están aprobando”.Incluso la MOE también emitió un concepto, donde aseguran que esto afectaría la institucionalidad de los partidos políticos al permitir que un miembro de una corporación pública pueda cambiar de partido una sola vez durante el cuatrienio. Este cambio “debilitaría a esas organizaciones políticas”, pues individualizaría el ejercicio de la política, con la inclusión de un parágrafo transitorio al artículo 107 de la Carta Magna.Recordemos que esta reforma permite que por una sola vez los congresistas, concejales y diputados electos por un partido se cambien a otro sin renunciar a sus curules, algo que hoy la ley prohíbe.
El expresidente de Colombia y director único del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, ha emitido un contundente pronunciamiento sobre la reforma a la salud 2.0 que actualmente se tramita en el Congreso, advirtiendo sobre los graves riesgos que esta podría implicar para el sistema de salud y la estabilidad financiera del país. Según Gaviria, el proyecto impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro pone en peligro un sistema que, si bien necesita reformas, debe ser transformado con base en criterios técnicos y sostenibilidad financiera, no a través de improvisaciones que amenazan con llevar al país a una crisis.Gaviria recuerda que los partidos Liberal, Conservador y de la U habían llegado a un acuerdo histórico para reconocer que el sistema de salud colombiano necesita reformas profundas. Sin embargo, también coincidieron en que cualquier cambio debía estar respaldado por una visión clara y un análisis técnico serio. "Este consenso ha sido ignorado por el Gobierno", señala Gaviria, quien critica el proyecto por estar lleno de vacíos y contradicciones que dificultan una implementación exitosa. A su juicio, la reforma podría desestabilizar los niveles de atención y generar confusión sobre quién es responsable de la atención de los pacientes.Gaviria también pone en evidencia la grave crisis financiera que afecta al sistema de salud, mencionando el fallo de la Corte Constitucional que ordenó al Gobierno saldar deudas acumuladas con las EPS por más de 15 billones de pesos. Para el líder de los liberales, este mandato demuestra la falta de responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y plantea serias dudas sobre la capacidad del Gobierno para manejar una reforma sin haber solucionado primero los problemas financieros del sistema actual."¿Cómo pretende el Gobierno transformar el sistema si ni siquiera ha cumplido con sus obligaciones?", cuestiona Gaviria.Otro punto que preocupa a Gaviria es la propuesta de concentración de funciones en la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). Según la reforma, esta entidad se encargaría de contratar, pagar, auditar y regular todo el sistema, lo que podría sobrecargar su capacidad operativa y abrir la puerta a posibles casos de corrupción y mal manejo de los recursos. Este modelo sostiene Gaviria, podría desbordar la capacidad de control de la ADRES y agravar los problemas ya existentes en el sistema.El exmandatario finaliza su pronunciamiento haciendo un llamado al Congreso, al Gobierno y a todos los actores políticos para detener el avance de la reforma en su forma actual. "Es necesario construir una reforma desde el consenso, basada en criterios técnicos, financieros y operativos", concluye. Para Gaviria, una verdadera reforma a la salud debe proteger los derechos de los ciudadanos, fortalecer lo que ha funcionado y corregir lo que ha fallado. Si el Gobierno persiste en su modelo, advierte, "estarán escribiendo una página oscura en la historia del país".
El alto tribunal declaró inexequible el artículo 162 de la Ley 2294 de 2023, que contemplaba la creación del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (INDTOT).Según la sentencia C-489 de 2024, el Congreso de la República incumplió principios fundamentales del trámite legislativo al incluir la norma en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) sin la debida conexidad con los objetivos del mismo.El tribunal argumentó que el artículo en cuestión violó el principio de unidad de materia al introducir una disposición que no era instrumental ni directamente relacionada con las metas, programas o estrategias generales del PND 2022-2026, titulado “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.Además, señaló que la transformación institucional propuesta, al tener un carácter permanente, debía ser debatida y aprobada como una ley independiente y no como parte del PND.El Instituto, que habría sido adscrito al Ministerio de Salud, tenía como objetivo coordinar y operar el Sistema Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos en Colombia, promoviendo actividades de extracción, conservación y trasplante en condiciones de equidad y calidad.Sin embargo, el alto tribunal consideró que su inclusión dentro del PND carecía de una justificación sólida en términos de conexidad legislativa.El magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, en una aclaración de voto, insistió en la necesidad de que la Corte realice un control más estricto sobre los procedimientos legislativos asociados al PND, dada su importancia como herramienta principal de política pública durante cada cuatrienio.
Con 89 votos a favor, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley del divorcio unilateral o "divorcio exprés". Esta iniciativa, liderada por la representante Katherine Miranda, permitirá a los colombianos disolver su matrimonio civil sin el consentimiento de la otra parte. El proyecto, que ha generado amplio debate, ahora espera la sanción presidencial del mandatario Gustavo Petro para convertirse en ley.Una nueva causal para simplificar el divorcioEn diálogo con Mañanas Blu, Katherine Miranda explicó los cambios fundamentales que introduce esta legislación. “Incluimos una nueva causal en el artículo 154 del Código Civil: la libre voluntad de cualquiera de los cónyuges para divorciarse”, destacó la representante.Actualmente, las causales de divorcio incluyen temas como la infidelidad, la violencia intrafamiliar o el alcoholismo, pero en los casos en que no se cumpla alguna de estas, la ley obliga a demostrar dos años de separación para iniciar el trámite. Miranda enfatizó que este periodo de espera ha generado problemas graves en muchas familias. “Durante esos dos años se incrementa la violencia intrafamiliar; lastimosamente, en muchos casos el hombre se cree dueño de la mujer. Esto llega incluso a casos extremos como feminicidios”, afirmó.¿Cómo será el trámite del divorcio unilateral?Una vez sancionada la ley, el proceso será más ágil. Si uno de los cónyuges decide unilateralmente terminar el matrimonio, deberá presentar una propuesta sobre la distribución de bienes, la custodia de los hijos y otros temas relacionados. Si ambas partes están de acuerdo, el trámite podrá realizarse ante un notario. En caso de desacuerdo, el caso será resuelto por un juez.Miranda aclaró que, a pesar de la simplificación, el proceso no excluye la necesidad de resolver aspectos fundamentales antes de formalizar el divorcio.Protección a los vulnerables y compensación económicaUno de los puntos clave del proyecto es la protección de las personas más vulnerables en el matrimonio, especialmente las mujeres. Según Miranda, esta ley contempla una compensación económica para víctimas de violencia intrafamiliar. “Hay una indemnización simbólica y económica que será determinada por un juez. Esto aplica para cualquier tipo de violencia: física, psicológica o económica”, explicó.La representante recordó que en países donde ya se ha implementado una legislación similar, como Argentina y España, se han observado beneficios significativos. “Los procesos de divorcio más simples reducen el estrés emocional, especialmente en los niños, y ayudan a que las personas puedan reconstruir sus vidas más rápidamente”, aseguró.Controversias en torno a la leyEl proyecto no ha estado exento de polémicas. Sectores conservadores han argumentado que esta legislación desincentivará el matrimonio en Colombia. Frente a estas críticas, Miranda fue contundente: “Legislamos con la Constitución en la mano, no con la Biblia. Esta ley no desincentiva el matrimonio; protege la libertad y los derechos de las personas”.También subrayó que el concepto de familia debe replantearse bajo un enfoque más moderno y equitativo. “La familia es un espacio donde todos sus miembros deben crecer de manera feliz y plena, no una imposición basada en un contrato perpetuo. Mantener un matrimonio infeliz por obligación solo genera entornos dañinos para todos, especialmente para los hijos”, puntualizó.Según cifras de Medicina Legal, entre enero y septiembre de este año más de 26,000 mujeres y 3,000 niños han sido víctimas de violencia intrafamiliar en el país. Miranda destacó que muchos de estos casos están relacionados con matrimonios donde no se puede avanzar hacia el divorcio por barreras legales y sociales.
En una decisión histórica, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó con 89 votos a favor el proyecto de ley conocido como 'divorcio libre', que busca simplificar y modernizar los procesos de divorcio en Colombia. Esta iniciativa, liderada por la representante Katherine Miranda, incluye cambios significativos en el artículo 154 del Código Civil y garantiza mayor protección para los derechos de los cónyuges.El proyecto introduce la causal número 10 para divorcio: "La sola voluntad de cualquiera de los cónyuges". Esto significa que cualquier persona podrá solicitar el divorcio sin necesidad del consentimiento de su pareja, eliminando la obligatoriedad de alegar culpa o situaciones específicas como ocurría anteriormente.La congresista Miranda afirmó que esta medida respalda la dignidad y libertad de las personas al permitir que puedan cerrar ciclos sin conflictos innecesarios. Además, señaló que "obligar a una persona a permanecer casada en contra de su voluntad viola principios esenciales como el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana".>>> Lea también: Aprobado el ‘divorcio exprés’; solo falta firma del presidente PetroEl 'divorcio libre' también estipula medidas de protección económica, tales como:Propuestas de alimentos.Liquidación de bienes.Cuidado de los hijos.Adicionalmente, la ley prevé indemnizaciones económicas y simbólicas para quienes hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar, asegurando apoyo tanto legal como social. Estos cambios también se aplicarán a las uniones maritales de hecho y los divorcios de mutuo acuerdo ante notario.Causales actuales de divorcio en ColombiaCon la nueva causal incorporada, las razones legales para divorciarse en Colombia ahora son:Relaciones sexuales extramatrimoniales.Incumplimiento de deberes conyugales y parentales.Ultrajes, trato cruel y maltratos.Embriaguez habitual.Uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes sin prescripción médica.Enfermedades o anormalidades graves e incurables que afecten la convivencia matrimonial.Conductas corruptoras hacia el cónyuge, descendientes u otras personas a su cuidado.Separación de cuerpos por más de dos años.Consentimiento mutuo reconocido judicialmente.La sola voluntad de cualquiera de los cónyuges.La representante Miranda concluyó que el 'divorcio libre' es un instrumento que fortalece el respeto por la autonomía individual y asegura el bienestar tanto de los cónyuges como de los hijos en situaciones de vulnerabilidad, marcando un hito en la legislación colombiana.
Tradicionalmente, el salario mínimo se fija con inflación más productividad. Si esa ecuación se respeta para el 2025, el salario tendría que subir cerca de 7 % como mínimo porque la inflación estará por encima del 5 % al finalizar el año y, aunque no hay acuerdo sobre la cifra de productividad, el Dane presentó cuatro mediciones por encima del 1.7 %.En pesos, un incremento del 6.8 % equivale a unos 99.400 pesos (incluyendo el subsidio de transporte)."Estamos convocados para estudiarlas de 8 a 10 a.m con una profundización de las variables que nos entregará el Dane y ya allí cada una de las partes, tanto la empresarial como la parte de centrales, entregarán su propuesta y nosotros miraremos si se puede llevar concertada, recomendamos o simplemente presentamos todo el panorama", explicó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.Este miércoles 4 de diciembre se reúnen de nuevo empresarios y trabajadores buscando un acuerdo sobre ese punto de la negociación. Un momento en el que las centrales obreras estána la espera con optimismo."Yo creo que aquí los primeros derrotados son Ricardo Bonilla, que no sé de dónde sacó esos datos, y Bedoya, de la SAC, que dijo que ese era el techo de la negociación. El que decía Bonilla, nos satisface y estamos claramente sorprendidos con el desarrollo, con el que empieza la subcomisión de productividad en la Comisión Nacional de Concertación", dijo el presidente de la CUT, Fabio Arias.Arias insiste que las centrales reclamarán una deuda histórica de los trabajadores a raíz de las mediciones de productividadPor su parte, el presidente de Acopi, Rodolfo Correa, lamentó que al inicio de las negociaciones se esté usando un lenguaje de "los derrotados". Horas antes, Correa había propuesto un aumento salarial del 2.5 % (la mitad de la inflación).En Colombia, 10.1 millones de personas, el 45.2 % de los trabajadores del país, se están ganando menos de un salario mínimo y apenas 3.3 millones de personas se ganan exactamente el mínimo.El Gobierno debe firmar el decreto de incremento como máximo el 30 de diciembre.
El presidente Gustavo Petro volvió a defender al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegurando que las acusaciones en su contra por presuntamente direccionar contratos son injustas. El mandatario escribió en su cuenta de X:“Conozco al profesor Ricardo Bonilla y lo respeto muchísimo, por su profundidad intelectual como economista de verdad, comprometido con las necesidades de su pueblo. A veces lo intelectual se separa del pueblo, te hace veleidoso, te genera una especie de aristocracia falsa que te lleva a servir con ideas, también falsas, a los enemigos brutales de la gente”.Petro también se refirió a los cupos indicativos, argumentando que no son un invento reciente, sino parte del sistema político de Colombia.“No hay congresistas si no compra votos en las regiones, excepto los que apelan a la opinión libre de la ciudadanía; y sin congresistas no hay leyes”, señaló.Finalmente, el presidente afirmó que fue él mismo quien denunció esta práctica, que reconoce como corrupta.El ministro Ricardo Bonilla está siendo cuestionado tras la revelación de Noticias Caracol de la declaración de la exasesora del ministerio, Alejandra Benavides, quien aseguró que el jefe de la cartera estaba enterado de todos los movimientos que se hicieron para presuntamente direcciones contratos a cambio de votos en la comisión interparlamentaria de crédito público.
En medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, el exdirector de la entidad, Olmedo López, reveló un nuevo detalle durante su interrogatorio. Según López, los 3.000 millones de pesos que se habrían gestionado como parte de un esquema ilícito no eran directamente para el expresidente del Senado, Iván Name, sino para financiar la campaña de su hija, María Clara Name, al Concejo de Bogotá.La declaración de López se suma a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien enfrenta cargos por tráfico de influencias y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que Ortiz utilizó su cargo para favorecer a Name mediante gestiones indebidas, que incluyeron la entrega de los 3.000 millones de pesos y la adición de 11.000 millones de pesos a un contrato de la UNGRD en el Atlántico.Entre las evidencias se destacan videos y registros de una reunión en la Casa de Nariño, realizada el 21 de septiembre de 2021, donde Ortiz y López habrían discutido cómo canalizar los recursos hacia el senador Name. Según López, estas gestiones tenían como objetivo fortalecer la campaña política de María Clara Name.Además, chats obtenidos por la Fiscalía muestran que López y Sneyder Pinilla, también acusados, coordinaron el traslado del dinero hacia el norte de Bogotá los días 12 y 13 de octubre de ese año. Estas acciones, según la Fiscalía, se habrían llevado a cabo bajo las órdenes del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, implicado como presunto articulador de las operaciones.Las investigaciones avanzan mientras, López y Pinilla enfrentan cargos por concierto para delinquir y desvío de recursos públicos; ambos llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía.
La audiencia de imputación de cargos a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, sigue este martes, 3 de diciembre. La Fiscalía pidió formalmente que Sandra Ortiz sea enviada a prisión. Según el ente investigador, los chats, videos y testimonios acreditan que la exalta consejera para las regiones entregó 3 mil millones de pesos adquiridos de manera ilícita al expresidente del Senado, Iván Name.Siga EN VIVO la audiencia contra Sandra Ortiz aquí:¿Por qué acusan a Sandra Ortiz en el escándalo de la UNGRD?Según el ente acusador, teniendo como punto de partida los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, la Fiscalía obtuvo los videos de cámaras de seguridad de la Casa de Nariño que evidencian cómo el 21 de septiembre de 2021 se reunieron en una de las salas del Palacio.Ortiz y López habrían discutido, según la Fiscalía , cómo se daría la entrega de dineros al expresidente del Senado Iván Name. En recientes audiencias, el ente investigador presentó pruebas señalando que la orden de entregar dineros al expresidente del Senado vino del exdirector del Dapre Carlos Ramón González.Posteriormente, el 12 y 13 de octubre, Olmedo López y Sneyder Pinilla coordinan el traslado de 3000 mil millones de pesos hacia el norte de Bogotá.
En medio de la fuerte polémica por la jugada que definió el empate (1-1) entre Atlético Nacional y Millonarios, por la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, y que tuvo como protagonista al delantero visitante Radamel Falcao García, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tomó una radical decisión.El ente, ante los duros señalamientos en contra del trabajo del juez central, Carlos Betancurt, y del VAR Nicolás Gallo, reveló en la mañana del martes 3 de diciembre los audios de la conversación que ambos silbatos sostuvieron durante la revisión de la acción que marcó el rumbo del partido.La jugada polémicaFue a los 84' que una falta cometida por el defensa Felipe Aguirre derribó al veterano atacante, la cual fue sancionada como Betancur como penal. Sin embargo, la polémica se centró en un aparente fuera de lugar previo, justo cuando Falcao bajó el balón en el área y se prestaba para definir.De acuerdo con las grabaciones que dio a conocer la comisión, fue una acción que generó una serie de análisis adicionales, pero en la que se concluyó que no había fuera de lugar, por lo que se decretó el penalti que 'El Tigre' transformó en gol, para el empate final en el máximo escenario deportivo de los antioqueños.Revisión del VAR"El VAR confirma la infracción e inicia de inmediato la revisión de la APP (acción de pelota parada)", fue lo primero que se aclaró en el video publicado, por parte de quien presenta a continuación la jugada.En el proceso se usó un trazado de líneas en triangulación para determinar si el atacante de Millonarios estaba o no adelantado.Una de las conclusiones, según el relato, es que el artillero azul se encuentra a la misma altura del penúltimo defensor de Nacional, es decir, William Tesillo.
