Los recientes casos de maltrato animal en Colombia han encendido las alarmas tras la poca efectividad de las autoridades en pro del bienestar de estos seres vivos. Según la Ley 1774 de 2016, todo aquel que por cualquier medio maltrate a un animal, causándole lesiones o incluso la muerte, incurrirá en penas de 12 a 36 meses de prisión y multas de hasta 60 salarios mínimos.Sin embargo, al ser un delito no menor y contar con penas que no superan los cuatro años de prisión, los maltratadores de animales en el país no reciben sanciones adecuadas, según el daño que realizan a estos seres vivos. En diálogo con Blu Radio, la senadora Andrea Padilla, quien es una de las autoras del proyecto que pretende revertir la situación, explicó la gravedad del panorama colombiano.“Entre el 2017 y septiembre del 2024, la Fiscalía General de la Nación recibió 14.600 denuncias por maltrato animal. Es decir, por casos graves que acabaron con la vida y la integridad física del animal: que este resultara muerto o, producto de una violación sexual, quedara con una discapacidad permanente. De esos casos, solamente hubo sanciones en el 2,5%. Es decir, estamos ante una impunidad dramática”, le dijo Padilla a Blu Radio.A eso se suman los casos de abandono o aquellos que no han sido reportados por los ciudadanos en el país, por lo que la cifra podría ser mucho más preocupante. Por lo mismo, desde el Congreso de la República se está tramitando un proyecto, apodado como Ley Angel, que pretende mejorar la situación de los animales en Colombia.¿En qué consiste y qué tan avanzada está la Ley Ángel?Para finales del año pasado, el proyecto alcanzó la aprobación en tres de sus cuatro debates, por lo que la meta para este 2025 es completar el último que se necesita. Según la senadora Andrea Padilla, la Ley Ángel debe pasar por la Plenaria de la Cámara de Representantes para que sea una realidad, pues la iniciativa es una corrección de lo que ya se encuentra establecido en el código penal.“Nosotros estamos dividiendo el delito en dos y lo que haríamos es aumentar las multas, que hoy van de 5 a 60 salarios mínimos: estamos aumentando la mínima de lesiones de 15 a 30 salarios y la mínima de muerte de 30 a 60 salarios, entonces aumenta la mínima de multa para ambos delitos”, dijo Padilla.En cuanto a las penas carcelarias, en caso de cometerse algún tipo de maltrato físico, se aumentarían de 20 a 48 meses (más de 3 años para las lesiones) y, en el caso de la muerte, de 24 a 56 meses (casi 5 años de cárcel). Con esto, los delitos por maltrato animal ya no serían excarcelables, pues superarían el umbral mínimo para serlo.“Vendrían otras multas complementarias, por ejemplo otras sanciones: que una persona que ha sido condenada por maltratar a un animal no pueda volver a tener animales en un periodo de hasta 7 años, estamos habilitando a la Policía para que ingrese a los domicilios, pues si llega, y solo si el propietario del predio lo permite, este puede entrar. En fin, eso es un trámite. Entonces lo que estamos buscando es que la Policía pueda ingresar cuando exista certeza de que el animal está siendo violentado, de tal forma que su integridad física y su vida”, afirmó Padilla.Con este proyecto, sumado a uno adicional que pretende destinar predios para la construcción de centros de bienestar animal a nivel regional o provincial, se espera que las cifras de maltrato en Colombia se reduzcan a tal punto de brindar garantías para los seres vivos en el país.
El 15 de enero de 2025, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, al lado de otros congresistas, radicó el proyecto de ley que busca reducir un 50 % el salario de los congresistas desde mitad de año del 2026. Noticia que ha creado todo un debate, en especial por parte de otros legisladores que se han mostrado en contra de esto.Algunos que apoyan el proyecto son Humberto De La Calle Lombana, Mauricio Gómez Amín, Esmeralda Hernández Silva, Robert Daza Guevara, Antonio José Correa y Julio César Estrada, entre otros, pero, según dijo el senador Cepeda, en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, las únicas bancadas que no tienen a nadie apoyando el proyecto son de los partidos Centro Democrático y Conservador.“He sido uno de los congresistas que más he presentado esta iniciativa, llevo mal contadas 10. He hecho derechos de petición, derechos a su momento al presidente Santos, Duque, piándoles decretos mediante los cuales se suprimieran factores salariales. Decir que he estado en contra, sería fatal”, dijo sobre su postura del tema.¿El Congreso ve con buenos ojos la propuesta?Cepeda aseguró que “existe cierto nivel de antipatía” por estos salarios, que ponen un escenario “favorable”. Mencionó los comentarios de muchos ciudadanos sobre el trabajo que se hace al interior del Congreso de la República y el dinero que obtienen de eso. Por eso, también miraron la propuesta de reducir los tiempos de descanso en los actos legislativos, que, según él, han avanzado positivamente.¿Y los ‘micos’ del proyecto?Existe cierta incertidumbre ente la ciudadanía de tres posible ‘micos’, los cuales le restarían “validez” y “credibilidad” al proyecto presentado por los congresistas este 15 de enero: el primero es la fecha en que entraría en función que será a mitad del año de 2026; deja por fuera los otros salarios altos, sino que podrían subir y se fijarán por el del presidente y, por último, un parágrafo “inconstitucional” que aplicará si el congresista lo declara así.Ante estas inquietudes, el senador Cepeda aseguró que “no es ningún mico”: “Algunos colegas tienden a utilizar para excusar su voto negativo, el pretexto de que se estaría legislando en causa propia. Eso se resuelve fácilmente y es difiriendo este nuevo régimen salarial para julio de 2026, pero, en segundo lugar, no es un mico ni inconstitucional el parágrafo que hemos introducido. Quien desee hacerlo, es un asunto voluntario, puede acogerse a esto de manera anticipada y hay no hay ninguna inconstitucionalidad (…) Sobre el salario de los otros funcionarios, en el actual articulo 187 las cosas están amarradas. Lo que hace esta reforma es muy sencillo: desatar ese amarre y sencillamente hacer que el régimen de salario de los congresistas tenga un carácter autónomo y, por tanto, se apegue a un monto límite de 20 salario mínimos, que creemos que es proporcional y correcto”, explicó.¿Y el aumento se hará con el salario mínimo?Sí. El senador Cepeda dijo que, si se aprueba la medida, el aumento de los congresistas irá acorde al salario mínimo, es decir, si se establece 20 SMLV para cada legislador, su aumento irá a la par que de la ciudadanía.Conozca más detalles del proyecto aquí:
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que se convocaría anticipadamente a los legisladores para dar prioridad a las reformas sociales.“Lo que están haciendo muchas EPS con los dineros públicos de la salud es un robo continuado. De nuevo le solicito a la Fiscalía profundizar la investigación con auditoría forense. Se citarán extraordinarias en el Congreso para la continuación del debate de la reforma de la salud”, escribió el mandatario.El pasado 7 de enero, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, había dicho que estaban evaluando con el presidente Gustavo Petro esta solicitud para priorizar en la agenda legislativa de 2025 la reforma a la salud, la laboral y la jurisdicción agraria, las cuales tienen mensaje de urgencia. También trabajarán en el proyecto de ley de competencias que contempla el acto legislativo del SGP para presentarlo el 20 de julio.La reforma a la salud será tramitada en medio de una crisis del sector salud. Cabe mencionar que, en entrevista con Mañanas Blu, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, advirtió sobre la situación crítica que enfrenta el sistema y señaló la posibilidad de una crisis humanitaria debido a las decisiones del Gobierno. La funcionaria manifestó su preocupación por el aumento insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y la falta de diálogo real por parte del Ministerio liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo.
El Ministerio de Salud se vio obligado a defender este lunes el incremento del 5,36 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), monto que el Estado destina a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para cubrir la atención médica de cada paciente. En una rueda de prensa, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, justificó la medida, explicando que el ajuste respondió a la inflación registrada hasta noviembre de 2024 y a la actualización de servicios y tecnologías en salud, cumpliendo así con la normativa vigente.Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, fue una de las primeras en manifestar su desacuerdo. En un pronunciamiento posterior, Juvinao aseguró que el propio ministro Jaramillo había reconocido que la decisión de incrementar la UPC, por debajo de lo recomendado por expertos, contribuiría a la desfinanciación del sistema de salud. Esto, según Juvinao, perjudicaría a los ciudadanos que requieren atención médica, especialmente en un contexto de inflación y creciente demanda de servicios.Además, la congresista hizo un llamado a los órganos de control y a la Corte Constitucional para que se pronuncien sobre este aumento, considerando que podría tener repercusiones negativas para la calidad de los servicios de salud en el país.El debate se intensificó con la intervención de otros políticos como Andrés Forero, quien también criticó la decisión del Gobierno. Forero cuestionó el despido de un funcionario con seis años de experiencia en el Ministerio de Salud, quien, según él, había recomendado un aumento del 20 % para la UPC en 2025. "¿Por qué el ministro Jaramillo tildó de 'tránsfuga' a este funcionario y no consideró su recomendación?", se preguntó Forero en sus redes sociales, sugiriendo que este despido podría esconder diferencias técnicas importantes dentro del Ministerio.La controversia sigue siendo tema de discusión entre autoridades, expertos y la ciudadanía, que observa de cerca cómo el ajuste de la UPC afectará la financiación y calidad del sistema de salud colombiano.
Congresistas del partido Cambio Radical calificaron este hecho como una "vergüenza" y anunciaron la preparación de un debate de control político contra el canciller Luis Gilberto Murillo, a quien acusan de "legitimar la dictadura" del régimen venezolano."Es momento de pensar en debate de control político hacía el canciller y una moción de censura en las próximas semanas cuando se instale de nuevo el Congreso colombiano", dijo el senador Carlos Motoa.¿Por qué preparan moción de censura contra canciller Murillo?Según los parlamentarios, la presencia de Rengifo en la toma de posesión de Maduro, que ha sido ampliamente rechazada por sectores de la oposición debido a las violaciones a los derechos humanos y la falta de democracia en Venezuela, representa un apoyo implícito al gobierno de Maduro. El gesto, además, se da en un contexto de creciente crisis humanitaria en Venezuela, que ha provocado el éxodo masivo de ciudadanos hacia Colombia. Los congresistas de Cambio Radical sostienen que este tipo de acciones no solo son una falta de respeto a los que han huido del régimen venezolano, sino también una muestra clara de acercamiento con un régimen que, a su juicio, mantiene a Venezuela en un estado de represión y autoritarismo.“Hoy se destapó la mentirosa neutralidad de Petro ante el régimen dictatorial de Maduro” dijo el representante Julio César Triana.Además, los congresistas han mencionado la posibilidad de convocar una moción de censura contra el canciller, acusándolo de ser cómplice al no tomar una postura más firme en defensa de la democracia en Venezuela. En su opinión, el Gierno colombiano, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, está demostrando una actitud que, según ellos, no refleja el sentir de gran parte de la población colombiana que ha sufrido las consecuencias del autoritarismo venezolano."El apoyo del Gobierno colombiano a ese mandato ilegítimo de Nicolas Maduro ha generado el rechazo de millones de colombianos y de la comunidad internacional. Es una verguenza lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro, el canciller y el embajador reconociendo a un mandatario que ha usufructuado el poder de manera ilegítima y ha vulnerado las garantías democráticas", añadió Motoa.
El Congreso avanza en la regulación de las apps de transporte privado intermediado por plataformas digitales como Uber, DiDi, InDriver y Cabify, una tarea necesaria que piden desde diferentes sectores en el país. Una de las principales propuestas incluidas en el proyecto de ley 136 de 2024 es la creación del Registro Único Nacional del Servicio de Movilidad Intermediado (Runsmi), un sistema que, de aprobarse, transformaría las condiciones bajo las cuales operan los conductores de estas aplicaciones y evitaría la inmovilización de sus vehículos.¿Qué es el Runsmi?El Runsmi será un registro nacional administrado por el Ministerio de Transporte, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), y que tendrá como objetivo centralizar la información de las plataformas digitales, los conductores, los propietarios de los vehículos y los carros habilitados para prestar el servicio.El proyecto establece un plazo de seis meses para la creación del Runsmi una vez sancionada la ley. Posteriormente, tanto los conductores como las plataformas tendrán un período adicional de seis meses para registrarse y cumplir con los requisitos exigidos.¿Qué requisitos habría para conductores?Para operar legalmente bajo esta normativa, los conductores deberán cumplir con una serie de condiciones específicas, entre las que se destacan:Registro obligatorio en el Runsmi: la información deberá actualizarse cada seis meses.Documentación al día: los vehículos deberán contar con Soat y revisión técnico-mecánica vigentes.Seguros adicionales: las plataformas deberán garantizar pólizas que cubran riesgos para conductores, pasajeros y terceros.Evaluación del servicio: los usuarios podrán calificar a los conductores.Tarifas dinámicas: permitidas según la oferta y demanda del servicio.¿Qué cambiaría en la ley colombiana?Otro de los cambios propuestos es la actualización del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, artículo que actualmente sanciona con multas y la inmovilización de vehículos a quienes presten servicios de transporte público no autorizado. La modificación busca especificar que los vehículos particulares registrados en el Runsmi podrán operar como transporte intermediado por plataformas digitales, lo que eliminaría o modificaría la infracción D12, que en 2024 equivale a una multa de 1.300.000 pesos.¿Qué pasará con las multas anteriores?A pesar de los beneficios que traerá esta regulación, las sanciones impuestas antes de su aprobación no serán anuladas. Según la abogada Danna Piñeros, consultora jurídica consultada por Blu Radio, las penalidades seguirán vigentes hasta que la normativa entre en vigor, lo que implica que los conductores sancionados anteriormente no serán exonerados.Por otro lado, la ley asignará a la Superintendencia de Transporte la inspección, vigilancia y control de los conductores que operen bajo esta modalidad. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio será responsable de regular las plataformas digitales.¿Qué faltaría para que sea ley?El proyecto de ley debe superar cuatro debates en el Congreso, dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado, además de un control previo por parte de la Corte Constitucional, control que verificará que la normativa cumpla con los requisitos formales y materiales exigidos para su entrada en vigor.
A través de su cuenta en la red social X, Cepeda aseguró que la iniciativa contará con el respaldo de varios parlamentarios, entre ellos el representante a la Cámara Gabriel Becerra, quien también forma parte de la coalición de Gobierno. Becerra manifestó su apoyo a la propuesta y expresó su disposición para participar en el trámite legislativo.Este anuncio se produce en un panorama fiscal tenso, donde la ciudadanía observa con creciente desconfianza el uso de los recursos públicos. El senador Cepeda destacó que, a pesar de que esta iniciativa ha sido presentada en ocasiones anteriores sin éxito, ahora cuenta con el respaldo de una "gran mayoría" de congresistas que coinciden en la necesidad de reducir los altos salarios de los legisladores. Según Cepeda, los congresistas actualmente perciben un salario mensual superior a los 48 millones de pesos, cifra que, en su opinión, resulta desmesurada en un contexto económico complicado.El proyecto de ley que se presentará busca, entre otros aspectos, ajustar los salarios de los miembros del Congreso para alinearlos con las realidades económicas del país. Este tipo de iniciativas, que persiguen una mayor equidad en la distribución de los recursos públicos, han generado intensos debates en el pasado. Aunque en intentos previos no se ha logrado el consenso necesario para su aprobación, Cepeda confía en que, con el apoyo de una mayoría legislativa, esta vez la propuesta tendrá un desenlace positivo.El argumento de Cepeda se centra en una crítica a los privilegios que, según él, disfruta una parte de la clase política, mientras el país enfrenta serias dificultades económicas y sociales. Dicho proyecto será radicado en los próximos días.
El Gobierno nacional presentaría una nueva reforma tributaria ante el Congreso, luego de que se hundiera la ley de financiamiento, así lo confirmó Alexander López, director de Planeación nacional.“Los recursos son insuficientes, por eso vamos a insistir en que el Congreso debe aprobar o una ley de financiamiento o una nueva tributaria en donde los que tienen más paguen los impuestos para que sectores vulnerables reciban el apoyo del Estado”, dijo López.El funcionario aseguró que esta decisión se toma después de una semana de análisis del presidente con los equipos económicos para evitar recortes en inversión.“Avanzamos en nuestro proyecto de garantizar los derechos de la población y por eso hemos protegido recursos para la educación, salud, reforma agraria y seguridad alimentaria. Esas decisiones con odio y con el propósito de destruir al presidente y al Gobierno solo llenan de falta de oportunidades a nuestro pueblo”, agregó López culpando una vez más al Congreso por no haber aprobado la ley de financiamiento que buscaba recaudar 12 billones de pesos.Antes del 31 de diciembre el Gobierno va a expedir el decreto que especifica los recortes en el presupuesto 2025, la mayor parte saldrá de funcionamiento.
Lo que expuso el exministro de Justicia del Gobierno de Iván Duque, Wilson Ruíz, es que actualmente, los ingresos de los municipios dependen de tributos como los de licores, tabaco y transferencias nacionales, lo que limita su capacidad para atender necesidades locales y ejecutar proyectos estratégicos.Frente a esta situación, el referendo propone que los departamentos administren directamente el 50 % de los impuestos de renta y patrimonio, disminuyendo su dependencia del Gobierno central.Además, el proyecto contempla la creación de un Fondo de Compensación Regional, diseñado para garantizar recursos mínimos a las regiones con menor capacidad fiscal. Este mecanismo busca equilibrar las desigualdades económicas entre los departamentos y fortalecer su desarrollo institucional.En Blu Radio hablamos con Wilson Ruiz, quien aseguró que el presidente Gustavo Petro ha “satanizado” las iniciativas en lo que tiene que ver con la autonomía fiscal, pero que finalmente es en pro de los habitantes de las pequeñas regiones del país.“Es un mensaje para el presidente y para el Ministro del Interior (Juan Fernando Cristo), que nosotros vamos a dar la discusión como tiene que ser”, dijo Ruiz en diálogo con Blu Radio.Así las cosas, esta iniciativa deberá pasar primero por el Congreso de la República y luego por la Corte Constitucional.
El pasado 17 de octubre la Cámara de Representantes aprobó la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, por lo que el proyecto pasará a ser debatido por el Senado a comienzos del 2025. Este texto plantea cambios significativos para los millones de trabajadores formales en Colombia. Desde mayores remuneraciones en el recargo nocturno hasta cambios en los contratos de a término fijo.Sin embargo, si el otro año se aprueba esta reforma, los trabajadores recibirían un pago extra si trabajan los días festivos. La reforma laboral introduce un incremento progresivo en el recargo que se paga a los trabajadores por laborar en días festivos. Actualmente, este recargo se encuentra en un 75 %. Sin embargo, el plan de la reforma establece un aumento gradual hasta alcanzar el 100 % en 2027.El cronograma de incrementos será el siguiente:2025: el recargo subirá del 75% actual al 80%.2026: aumentará al 90%.2027: se completará la transición, alcanzando el 100%.Un pago extra que preocupa a empresariosPor otro lado, desde septiembre de este año la alianza de asociaciones y gremios de Colombia (Aliadas) ha venido criticando duramente esta reforma laboral. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana y del gremio Aliadas, afirmó que la propuesta de reforma laboral deja por fuera a los trabajadores independientes e informales del país. Asimismo, señaló que los artículos de la reforma podrían incentivar la informalidad, ya que incrementan los costos operativos para las microempresas y los emprendimientos en Colombia.Por ahora, la mesa directiva de la Comisión Séptima del Senado de la República ya designó a 12 ponentes para el proyecto de ley de reforma laboral que entra a su tercer debate en 2025.
