Más de medio centenar de congresistas de partidos de todo el espectro político presentaron este miércoles en el Congreso un proyecto de reforma constitucional que busca una "reducción severa", de casi el 50 %, del salario de los senadores y representantes a la Cámara.Este proyecto de reforma trata de atajar la "inmensa desigualdad que existe entre los salarios del congresista y lo que percibe la gente del común en Colombia", explicó el senador Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico.Cepeda propone que la remuneración mensual de los congresistas no exceda los veinte salarios mínimos, que actualmente para 2025 quedó fijado en 1.423.500 pesos (332 dólares al cambio de hoy), en vez de los 40 salarios mínimos que actualmente establece la Constitución.Así, el salario actual mensual de un congresista supera los 48 millones de pesos (11.200 dólares)."Aquí un congresista gana lo que ganan 100 colombianos que estén en la línea de pobreza", dijo Cepeda, quien recordó que el salario de los congresistas colombianos está entre los más altos de la región."Un salario tan alto ya vicia de alguna manera la relación entre el congresista y el poder Legislativo y Ejecutivo", consideró el senador del Pacto Histórico, haciendo referencia a prácticas de "prebendas" enquistadas en el Congreso desde hace décadas y que han ahondado la corrupción política y se "mantienen para que el voto de alguna manera esté viciado".Además, esta "desproporción" se da en un contexto de crisis fiscal, donde el Gobierno busca formas de financiar el presupuesto de la Nación y trata de impulsar una "política de austeridad".La iniciativa, que deberá pasar ocho debates (cuatro en cada cámara) por modificar un artículo de la Constitución, está secundada por 56 congresistas de casi todas las bancadas, sobre todo del Pacto Histórico, pero también de la Coalición Verde Esperanza, el derechista Cambio Radical, el partido Liberal (centro), Fuerza Ciudadana (izquierda), Partido de la U (centro-derecha) y de Comunes, el partido de las antiguas Farc."Espero que a este proyecto se una también la oposición política y podamos darle la buena noticia al país de que manera unificada todos los congresistas de todas las bancadas hemos tomado una decisión democrática", apuntó Cepeda.
En un extenso pronunciamiento a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas a varios sectores que, según él, han contribuido a la actual situación económica del país. El mandatario señaló que el expresidente Iván Duque disparó la deuda pública y que el Banco de la República mantuvo tasas de interés excesivamente altas, lo que agravó los problemas financieros.Petro defendió su gestión, asegurando que su Gobierno ha manejado la crisis, evitando mayores costos para las personas más pobres. Explicó que, aunque se ha pagado el “horroroso e injusto subsidio a la gasolina”, no se ha incrementado el endeudamiento externo, limitándose a usar nuevos préstamos solo para saldar deuda existente. Sin embargo, admitió que esto ha obligado a recortar la inversión pública cuando debería estar aumentando.El mandatario también arremetió contra el Congreso, específicamente contra el senador Efraín Cepeda y las bancadas costeñas, y los acusó de haber hundido la ley de financiamiento que buscaba “suavizar los efectos económicos mediante la reducción de impuestos a las empresas, la eliminación del IVA en sectores estratégicos como turismo, energías limpias y transporte eléctrico, y una propuesta para convertir las deudas de los usuarios de energía en deuda pública para reducir tarifas”.Según el mandatario, estos congresistas actuaron en favor de “carteles de empresarios oscuros” del sector de juegos de suerte y azar, motivados por intereses políticos y sectarismos.
Las tensiones en Colombia por cuenta de la crisis política que enfrenta Venezuela ante el robo de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, el recrudecimiento de la represión, la violación sistemática de derechos humanos, y los choques entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado a pocos días de la posesión presidencial; han llevado a que desde distintos sectores políticos hicieran un llamado al presidente Gustavo Petro y su Canciller Luis Gilberto Murillo, para que tome una posición que pase entre rechazar la invitación y no delegar al embajador Milton Rengifo para participar del acto de posesión este viernes 10 de enero en Caracas, rechazar la violencia y reconocer a Edmundo González como presidente electo, según se comprueba por las actas rescatadas por los opositores al régimen.Frente al hecho más reciente de represión, el secuestro del yerno de González, el presidente del Congreso colombiano, Efraín Cepeda, manifestó su voz de rechazo al calificar el hecho como un nuevo intento de acallar y amedrentar a las fuerzas democráticas.“Los países democráticos no podemos tolerar ese tipo de acciones que violan los derechos humanos. El mundo entero sabe que el pueblo venezolano eligió a Edmundo como su presidente de forma democrática en las urnas, por lo tanto, ese mandato debe respetarse con la toma de juramento este viernes 10 de enero. Colombia debe protestar, no podemos avalar hechos como estos”, señaló el senador conservador en su cuenta de X.Justo voces integrantes de las comisiones de relaciones internacionales del Congreso, como el senador Nicolás Echeverry (conservador) y el representante Jorge Rodrigo Tovar (Curules de Paz - Vicepresidente de la Cámara), han pedido a Cepeda que reciba en una sesión del Congreso al presidente electo González y a María Corina Machado como un símbolo de respaldo de la mayoría del poder legislativo a la democracia y la restauración de las libertades en el vecino país.Incluso voces desde la oposición como el senador por Cambio Radical, Carlos Motoa, pidieron al Gobierno Petro evaluar la continuidad de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. Otras voces provenientes del Partido Liberal, como el representante Octavio Cardona, sostienen que “a tres días, aún se siente la esperanza de que Venezuela resurja esperando que se posesione el presidente electo, no el dictador”.A su vez, la representante verde Katherine Miranda criticó la posición del Presidente Petro y el canciller Luis Gilberto Murillo, que tendrá de delegado en la posesión al embajador en Caracas y que no reconocerán ningún resultado si no se presentan las actas por parte del CNE. “En tres días sabremos si el Gobierno colombiano está del lado de la democracia o la dictadura. Apoyar a Maduro no solamente los hace cómplices del régimen, sino también de los secuestros y asesinatos”.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que están evaluando con el presidente Gustavo Petro esta solicitud para priorizar en la agenda legislativa de 2025 la reforma a la salud, la laboral y la jurisdicción agraria, las cuales tienen mensaje de urgencia.También trabajarán en el proyecto de ley de competencias que contempla el acto legislativo del SGP para presentarlo el 20 de julio.“Sin duda alguna, lo que ocupará la atención del Congreso y del Gobierno son tres proyectos esenciales: la reforma a la salud, que tiene que continuar su discusión en la plenaria de la Cámara. Aspiramos a que se inicie en las sesiones y pueda hacer tránsito al Senado de la República; la reforma laboral, que ya presentó ponencia en la Comisión Séptima del Senado. Faltan otras ponencias y esperamos que comience la discusión y el debate de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado; y la jurisdicción agraria, que tiene mensaje de urgencia y fue aprobada por un amplio consenso en las comisiones primeras de Senado y Cámara”, afirmó el jefe de la cartera.El ministro también aseguró que buscarán consensos en el legislativo para aprobar los proyectos en un año electoral, en línea con la postura que mostró el presidente Gustavo Petro en su alocución de fin de año.“Lo hemos hecho durante este periodo pasado, con mucho diálogo, con mucha concertación, dialogando con las bancadas, dialogando con los distintos sectores, tratando de buscar los mayores consensos posibles. Yo creo que eso dio resultados el semestre pasado. Avanzamos en todos los proyectos (…) Este semestre es definitivo. No hay mucho tiempo que perder. Vamos a trabajar intensamente e incluso se está evaluando, se está contemplando, y en los próximos días tomaremos una decisión final con el presidente sobre si se convoca unas semanas antes a sesiones extra al Congreso para algún proyecto puntual”, concluyó.
Esta posición generó gran debate sobre una de las propuestas más importantes del Gobierno nacional. De acuerdo con el análisis, la naturaleza de la reforma plantea un cambio estructural en la prestación de los servicios de salud, lo que justifica su clasificación como una ley de carácter estatutario. A diferencia de las leyes ordinarias, las leyes estatutarias regulan derechos fundamentales, competencias y la organización institucional, lo que implica un procedimiento legislativo más riguroso.La Unidad Coordinadora argumentó que, al tocar aspectos relacionados con el derecho a la salud, las competencias del sistema y el papel de las entidades prestadoras, el proyecto adquiere la naturaleza jurídica de ley estatutaria. Este procedimiento requiere mayor consenso, una mayor participación en su discusión y el respaldo de los procedimientos constitucionales establecidos para proteger derechos fundamentales.Desde el Congreso, esta posición se considera clave para evitar contratiempos legales que puedan retrasar la aprobación de la reforma. De hecho, el cumplimiento del procedimiento formal como ley estatutaria significaría también una mayor transparencia en su discusión y el fortalecimiento de la gobernabilidad para lograr un acuerdo entre las distintas bancadas políticas.“La ley 100 ha sido desde 1993 una ley ordinaria y nosotros estamos reformando la ley 100. La ley estatutaria de la salud seguirá vigente, pues no es nuestro interés reformarla”, señaló el presidente Gustavo Petro en contra de dicho concepto.Ante esto, se pronunció la representante Lina María Garrido “Señor Presidente, su reforma a la salud no solo es un grave error jurídico, sino una amenaza al orden constitucional y democrático de nuestro país. La ley 100 de 1993, concebida como una norma ordinaria, reguló la salud dentro del marco de la seguridad social, ya que en ese momento no era considerada un derecho fundamental. Fue la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-760 de 2008, quien declaró la salud como derecho fundamental, lo que llevó a la promulgación de la ley estatutaria 1751 de 2015, conforme a lo exigido por el artículo 152 literal (a) de la Constitución”, aseguró.A lo anterior añadió que “Por lo tanto, su reforma, al pretender estructurar integralmente este derecho, debe tramitarse como ley estatutaria, no ordinaria. Insistir en lo contrario es violar la Constitución. Más allá del error técnico, su terquedad y la mala asesoría que recibe están erosionando la confianza en nuestras instituciones y promoviendo un centralismo autoritario. Lo invito salir del oscuro escenario del desconocimiento, no siga soportándose en sus asesores, lo invito a rectificar, a respetar el marco constitucional y a actuar con la responsabilidad que su cargo exige. Colombia no merece pagar el precio de sus experimentos ideológicos”.
Este martes 17 de diciembre, llegaron al Congreso la Orquesta Sinfónica de Colombia, Coro Nacional y Batuta, en forma de protesta para expresar su preocupación frente a los graves efectos que tendría el recorte presupuestal asignado a sus instituciones junto a senadores cercanos al Gobierno como Aida Avella. Según señalaron, el presupuesto contemplado para 2025 es menos del 30 % de lo esperado, lo que pondría en riesgo su continuidad y afectaría directamente a más de 180 músicos y trabajadores administrativos.A eso se le suma que también afectaría al programa de la Fundación Nacional Batuta, que beneficia a más de 20.000 niños en el país.Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, enfatizó que esta reducción pone en peligro los avances históricos y culturales alcanzados por el sector en los últimos años.Este sector cultural hace un llamado para evitar que estas decisiones afecten el desarrollo cultural y social del país. Según dicen, el impacto presupuestal es también consecuencia del hundimiento de la Ley de Financiamiento, lo que pone en riesgo proyectos esenciales para el desarrollo musical y cultural en Colombia.Antonio Suárez, director de la Asociación Nacional de Música Sinfónica, resaltó que los logros alcanzados en 2024 podrían verse afectados. Estos incluyen la exitosa temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, que reunió a más de 90.000 asistentes y realizó una exitosa gira por Suramérica, así como el resurgimiento histórico de la Banda Sinfónica Nacional, después de 22 años de inactividad, y el nacimiento del Coro Nacional como el primer coro profesional del país.Según Suárez, estos logros no solo representan el progreso artístico del país, sino también la transformación social a través de la cultura, que depende de recursos sostenibles para seguir avanzando. "La música nos recuerda que detrás de los números hay vidas y sueños que no pueden quedar en silencio", afirmó el director.Escuche el informe completo aquí:
En diálogo con Mañanas Blu, el presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el magistrado José Muñoz, se pronunció sobre la delicada relación entre el poder ejecutivo y la rama judicial en Colombia, a raíz de las recientes declaraciones y críticas del presidente Gustavo Petro hacia el Consejo de Estado y el Congreso.El magistrado Muñoz enfatizó la importancia del respeto hacia las decisiones judiciales, no solo por su impacto en la democracia, sino también por el peso específico que tiene la opinión del jefe de Estado en el país. Por eso, dijo que el presidente “no es un ciudadano cualquiera", entendiendo sus funciones, y sus palabras deben ser con más detenimiento.Además, enfatizó que, así como es deber del presidente comprender eso, lo es el de todos los gobernantes ya sea a nivel departamental, municipal, descentralizados y todos los que tienen algún poder; recalcó que hay un “deber de comportarse y tener ese talante democrático”.“Lo que pasa es que, acuérdense, (Petro) no es un ciudadano cualquiera, es el presidente, que tiene muchos poderes. Él aglutina el poder del ejecutivo y en ese sentido, obviamente tiene una voz, no cualquier voz, y, obviamente, que la investidura que tiene y que le ha entregado el país a través de unas elecciones, lo que sugiere y lo que indica es que precisamente él entiende y comprenda”, explicó.El magistrado Muñoz también destacó que el respeto a las instituciones y a los procesos judiciales es fundamental y que dichas decisiones judiciales son el resultado de un proceso “reflexivo y ponderado” y deben ser respetadas.En ese sentido, subrayó que la crítica desmedida a decisiones judiciales puede interpretarse como un ataque sistemático a la justicia.El magistrado hizo un llamado a la ciudadanía para que entienda el rol fundamental de los jueces como garantes de los derechos, pues, añadió, van más allá de las coyunturas políticas y son esenciales para asegurar “la democracia y el estado de derecho”.Así, agregó que la labor judicial no solo es un acto administrativo, es una protección de los derechos de los ciudadanos.
"Ahí está el resultado de tratar de imponerle al Congreso”, respondió el presidente del Senado, Efraín Cepeda, al presiente Gustavo Petro luego del hundimiento de la reforma política este lunes, 16 de diciembre.Este nuevo golpe al Gobierno llega tras la llamada ley de financiamiento, que tampoco fue aprobada; así como la proposición que buscaba aplazar el debate de la reforma a la salud para 2025.En diálogo con Mañanas Blu, Cepeda comentó que la señal que envían desde el Congreso es que se le “debe respetar”, así como a las demás instituciones y entidades que toman decisiones tan importantes para el país.En ese sentido, dijo que “amedrentar” no es la forma para tramitar las leyes. Por eso, hizo un llamado al Gobierno, explicando que se quedarán en la “orilla” de concertar y no de imponer.“Creo que la política de amedrantamiento aquí no pegó, aquí no caló en el Congreso de la República y menos mientras yo sea presidente. No es amedrentar al Congreso, no a las cortes, sino respetando sus decisiones”, aseveró.El presidente del Senado también se refirió al momento de las votaciones. Según indicó, el cuórum no se logró completar porque la reforma en sí “no gustaba” y fue ahí que los miembros de las bancadas se empezaron a retirar.“El cuórum se fue rompiendo porque, creo, la reforma no gustaba y las bancadas se fueron retirando poco a poco. De manera que esa fue crónica de una muerte anunciada (…) Las conciliaciones no se pueden hacer en sesiones extras y entonces había que acoger a ciegas lo que venía de la Cámara de Representantes”, detalló.Aseguró que algunos “pusieron palos en la rueda” y se alargó la discusión hasta que el Congreso se quedó sin cuórum. Ante las críticas, respondió que puso el debate en el orden del día, en séptimo lugar, porque para él son “igual de importantes los proyectos de los congresistas como los del Gobierno nacional”.“Me quedé hasta el final, pero se rompió”, puntualizó.
En una entrevista con Mañanas Blu, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reflexionó sobre el balance legislativo del gobierno y las tensiones generadas por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro hacia el Congreso. Durante la conversación, el ministro calificó como positiva la gestión del Gobierno en esta legislatura, pero reconoció que ciertos episodios, como el uso de expresiones fuertes por parte del mandatario, complicaron el ambiente político.Un balance legislativo positivoEl ministro destacó que la legislatura logró avances significativos en proyectos claves como la reforma laboral, la reforma a la salud y la jurisdicción agraria. Según Cristo, estos tres temas son "el corazón del proyecto político del Gobierno nacional". Aunque no todos alcanzaron la aprobación definitiva, señaló que están encaminados hacia su discusión en el próximo periodo.En cuanto a la reforma a la salud, afirmó que “se presentó después de una amplia concertación con los actores del sistema” y que actualmente está en discusión en la plenaria de la Cámara. Sin embargo, reconoció los retos: "Lo que me ha sorprendido esta legislatura es que los impedimentos se han vuelto una traba que hace mucho daño al funcionamiento del Congreso". A pesar de esto, se mostró optimista sobre la posibilidad de avanzar en la reforma durante las sesiones extraordinarias.En cuanto a la reforma laboral, Cristo enfatizó que ya cuenta con una ponencia en la Comisión Séptima del Senado y se han realizado audiencias públicas para su discusión. Confió en que este proyecto continuará avanzando en 2024.Polémicas entre el Ejecutivo y el CongresoEl ministro se refirió al polémico discurso del presidente Petro, quien calificó de "malditos congresistas" a los responsables del hundimiento de la ley de financiamiento. Aunque defendió la independencia del Congreso, Cristo fue enfático en que no respaldaba las declaraciones del mandatario: "¿Si usted me pregunta, hubiera tenido la expresión que el presidente utilizó? Obviamente no la hubiera utilizado. Creo que fue una expresión equivocada".Según el ministro, este tipo de tensiones no reflejan la dinámica general entre el Ejecutivo y el Legislativo. Afirmó que, pese a episodios de confrontación, se ha logrado construir una agenda conjunta que beneficia al país.Cristo también expresó preocupación por la actitud de la mesa directiva del Senado, que, según él, obstaculizó el debate de la reforma política. "Es una lástima para el Congreso y para el país, porque se perdió una oportunidad de reformar el sistema político", lamentó.Reforma a la salud: entre avances y críticasEn relación con la reforma a la salud, Cristo rechazó las críticas que acusan al gobierno de apresurar su aprobación. "Llevamos año y medio en discusión de la reforma a la salud. Es importante que el país ya tome decisiones", afirmó.No obstante, reconoció que existen diferencias con algunos sectores, incluidas asociaciones médico-científicas, que han solicitado más mesas de concertación. "El sistema de salud está en crisis desde hace 15 o 20 años en Colombia", señaló el ministro, argumentando que el proyecto busca solucionar problemas estructurales acumulados.Perspectivas para 2025Finalmente, el ministro del Interior reiteró su compromiso de insistir en la reforma política y la reforma laboral durante el próximo periodo legislativo. Además, resaltó la necesidad de promover un Congreso más eficiente, capaz de debatir los temas prioritarios para el país sin ser detenido por impedimentos y recusaciones.Cristo también hizo un llamado a la reflexión tanto en el Congreso como en el Ejecutivo para reducir la polarización:Petro llamó malditos a congresistas que no aprobaron reforma tributariaEl presidente Gustavo Petro desató el fin de semana pasado una tormenta política al lanzar duras críticas contra los congresistas que rechazaron la reforma tributaria; los calificó de malditos"Malditos congresistas. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo", dijo, tras señalar directamente a miembros de la bancada Caribe. Según el mandatario, los parlamentarios no tuvieron "la valentía" de defender a su región, especialmente en la votación de artículos que buscaban reducir las tarifas de energía eléctrica en el Caribe.
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) solicitó formalmente al presidente de la Cámara de Representantes, José Raúl Salamanca, suspender la discusión de la reforma a la salud impulsada por el Gobierno nacional durante el resto del presente año. A través de un derecho de petición firmado por el presidente de la ACSC, el médico intensivista Agamenón Quintero, se expone una serie de preocupaciones sobre las implicaciones de este proyecto, al que consideran insuficientemente debatido y cargado de falencias.En su comunicado, la ACSC presenta tres peticiones clave. La primera solicita la suspensión de la discusión del proyecto. La segunda propuesta consiste en abrir mesas técnicas para que los parlamentarios puedan conocer en profundidad las falencias del proyecto, además de nutrirse con posibles alternativas que los congresistas puedan proponer, en cumplimiento de su obligación de representar a los colombianos. Finalmente, la ACSC pide que, conforme al artículo 158 de la Ley 5 de 1991, se realice una discusión detallada, artículo por artículo, dada la complejidad e importancia que este proyecto tiene para los ciudadanos del país.El derecho de petición, que requiere una respuesta inmediata, subraya las preocupaciones de la ACSC sobre el proyecto de 64 artículos aprobado previamente en la Comisión Séptima de la Cámara. Según los líderes gremiales, este proyecto desconoce derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como la libre elección de prestador, y no aborda adecuadamente aspectos clave como la financiación del sistema de salud, la atención a pacientes de mediana y alta complejidad, ni la dignificación y el reconocimiento de los derechos del talento humano en salud. Asimismo, critican la falta de claridad en cuanto al régimen de transición propuesto, que podría generar incertidumbre y dificultades en la implementación del proyecto.Para la ACSC, la discusión de un proyecto de tal magnitud y trascendencia para el bienestar de los colombianos debe ser exhaustiva y contar con la participación activa de todos los actores involucrados. De no tomarse en cuenta estas solicitudes, advierten que el proyecto podría poner en riesgo la calidad y accesibilidad del sistema de salud en el país, afectando gravemente a los ciudadanos y a los profesionales de la salud.
