Claudia Dangond, excandidata a magistrada de la Corte Constitucional, quien fue candidata a ser magistrada de la Corte Constitucional, y quien tuvo la segunda votación más alta después de Miguel Efraín Polo, habló sobre el proceso de elección que se llevó a cabo en el Congreso. En diálogo con Mañanas Blu, Dangond, reflexionó sobre su experiencia durante las votaciones y las tensiones políticas que rodearon su intento de acceso a una de las posiciones más importantes del país. Sin embargo aseguró que no sintió presión, pese a la ajustada votación, que en un inicio estuvo atropellada. A pesar de haber logrado 50 votos en la primera ronda, Dangond vio cómo su apoyo se redujo a 47 votos en la segunda ronda, pero confesó que de eso se trataba y que debía haber un ganador. "Creo que pues se jugaron las cartas políticas, los políticos y pues los candidatos estuvimos ahí, atentos a responder todas las preguntas, a conversar con todos. Y bueno, pues finalmente tomaron una decisión por mayoría, que es lo que ordena la ley colombiana", aseguró.Y agregó, "Es una sensación ambivalente, porque evidentemente había que tener un ganador. Antier estábamos empatados, y aunque el resultado pudo haber sido diferente, llegó un momento en que los votos se transformaron", comentó. Al ser preguntada sobre sus tendencias políticas, aseguró que no le gustan lo extremos, "no soy de extrema derecha. Soy una defensora de la Constitución y siempre he tratado de mantenerme independiente en mis opiniones", aclaró. Además, se reafirmó como una figura académica con una perspectiva equilibrada.Tras su intento fallido por llegar a la Corte Constitucional, Claudia Dangond vuelve a su vida académica en la Universidad Javeriana. Confesó haber intentado acceder a la Corte en tres ocasiones, logrando esta vez llegar a la terna. Escuche aquí la entrevista:
El concejal Daniel Briceño presentó una denuncia por el presunto aporte de Daily Cop a la campaña del 2022 del presidente Gustavo Petro, entonces candidato. En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, explicó qué pruebas o argumentos nuevos hay y en qué va la investigación.Cabe recordar que el jefe de Estado le respondió al concejal, vía X: “Pobre Daniel, un hombre despistado en la vida”.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Briceño mencionó que, luego de conocerse las investigaciones del Consejo Nacional Electoral y las otras denuncias por dicha financiación, “puede haber una conducta de carácter penal”, puesto que la ley y el código penal prohíben que tanto el gerente de campaña como el candidato respectivo financien su campaña “con fuentes de carácter prohibido”.La denuncia se centra en cómo se habría destinado esos recursos a través de actividades delictivas o no permitidas, lo cual podría implicar no solo al gerente de campaña, el ahora presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; sino directamente al presidente Petro."Cuando nosotros revisamos y decimos: 'cuáles son las fuentes de carácter prohibido', vamos al estatuto anticorrupción y son todas aquellas que se deriven de actividad ilícitas como esta, como la captación ilegal de recursos. Cuando un candidato y un gerente permiten que ingresen o le donen miembros o recursos que vienen de actividades ilícitas, pues aquí se confirmó una responsabilidad de carácter penal", indicó.Con el objetivo de avanzar en esta investigación, Briceño solicitó a la Comisión de Acusaciones que recoja todas las pruebas disponibles, tanto del CNE como de la Fiscalía y que se contemple el testimonio del testigo principal relacionado con Daily Cop."Entendemos que puede haber unas consecuencias en el Consejo Nacional Electoral de carácter administrativo, de allá nadie va a sacar al presidente, como está diciendo él, pero nosotros dijimos en la Comisión de Acusaciones, que es la competente, tiene que comenzar a investigar, se tiene que traer todo el expediente de Daily Cop, que además está cursando la Fiscalía con un principio de oportunidad y tiene que comenzarse a investigar tanto al gerente, pero aquí la responsabilidad del presidente", añadió.Recalcó que "es crucial entender cómo operaron buscando ocultar estas transacciones". El concejal Briceño señaló que la responsabilidad directa del presidente se debe a la naturaleza uninominal de su cargo en la campaña. Esto significa que, en caso de pruebas concretas, tanto el candidato como su equipo pueden enfrentar cargos penales.
Sigue la polémica por la canción +57, que unió por primera vez a los más importantes exponentes del reguetón colombiano. Los reclamos por el contenido sexual vinculado a menores de edad han sido el tema de discordia desde diferentes sectores, incluso políticos.Es por eso que durante la Plenaria de este martes 12 de noviembre en el Senado de la República, las senadoras Karina Espinosa (Liberal) y Sonia Bernal (Pacto Histórico) anunciaron que presentarán un proyecto de ley llamado Letras Decentes, con el que buscan regular a la industria musical para que no se promuevan canciones que promuevan la misoginia, la explotación sexual y la violencia de género.“Tiene sanciones, pero también obliga a sus cantautores y autores a reparar el daño y promocionar música decente donde se haga respetar a la mujer, a los niños y adolescentes, y también radicamos una proposición para un debate de control político. Esta música proporciona la evidencia que escuchar letras de canciones de contenido sexual está asociado con futuras conductas de sexting entre adolescentes varones. Estos resultados sugieren que los chicos pueden ser especialmente susceptibles a mensajes líricos sobre sexualidad, lo que puede deberse en parte a expectativas sexuales de género”, señaló la senadora Espinosa.Esto mientras son varios los proyectos de ley que buscan una mayor protección de los menores de edad en el país y que están olvidados en el Congreso de la República, como por ejemplo el proyecto de prohibición del matrimonio infantil que desde el mes de agosto espera su último debate en la Plenaria del Senado.“Nos ha mostrado es lo normalizada que está la pedofilia en nuestra cultura colombiana y es tan crítico que hasta está escrito en la ley porque así nadie lo crea Colombia hoy es uno de los pocos países que permite el matrimonio infantil en el mundo ocupamos el puesto número 20 en la tasa de matrimonio infantil y somos uno de los pocos en los que este fenómeno no se ha reducido en las últimas décadas en parte porque ni siquiera nos lo proponemos”, señaló la representante Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso).
La canción +57 sigue generando polémica, no solo diversas figuras de todos los sectores se han pronunciado en rechazo. Ahora se sumó la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se pide al instituto Colombiano de Bienestar Familiar convocar a los autores y las autoras e intérpretes de la canción a una capacitación sobre derechos de niños, niñas y adolescentes y sobre prevención de violencias en esta población.“El objetivo de este espacio será generar concientización sobre la importancia y preponderancia del bienestar de los niños y la necesidad urgente de erradicar cualquier manifestación pública que menoscabe sus derechos, en concordancia con el artículo 44 de la Constitución Política”, aseguraron.Dicha proposición la impulsa la representante Carolina Giraldo: “los invitamos a que acepten esta capacitación. (…) Muchos de ellos no son conscientes del daño que estos mensajes pueden estar causando en la sociedad y en particular a los niños y adolescentes”.La polémica surge por la frase “Una mamacita desde los fourteen”, ya que muchos aseguran que pone de manifiesto que la protagonista de la canción, sobre la que se hacen varios comentarios sexualizantes, es una menor de edad.A eso se le añade el contexto actual de la ciudad de Medellín que enfrenta una epidemia de extranjeros que llegan allí para explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes. Es por lo anterior que argumentan que dicha canción incita no solo a la sexualización de menores de edad, sino que también aumenta la vulnerabilidad de esta población que a diario se ve expuesta a esta problemática.Además, representantes como Alexandra Vásquez impulsan la recolección de firmas para que la disquera de la que hace parte la cantante Karol G retire la canción."Comprometidos con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, nos permitimos solicitarles amablemente el retiro de plataformas de streaming de música y redes sociales oficiales de la canción +57. Este producto musical, como ha sido señalado por múltiples voces de medios, organizaciones de la sociedad civil, entidades del Estado y de expertos en el análisis cultural, entre ellos el ICBF, perpetúa estereotipos de la narcocultura y hace una preocupante apología a la sexualización de menores", señaló Vásquez.En el mismo sentido, los senadores y representantes firmantes invitaron respetuosamente, a Maluma, Karol G, J Balvin, Feid, Blessd, Ovy On The Drums y Ryan Castro a utilizar sus plataformas para transmitir mensajes que promuevan la igualdad, el respeto y la protección de los menores de edad en lugar de reforzar narrativas que indirectamente validan la explotación infantil.
La incertidumbre por el impacto fiscal de la reforma al sistema general de participaciones que se discute en el Congreso fue clave en la decisión del Banco de la República de bajar las tasas de interés 50 puntos básicos y no en 75 puntos como deseaba el Gobierno, así quedó consignado en las minutas de la última reunión de la junta directiva.El Congreso aprobó en el sexto de ocho debates una reforma que establece un aumento significativo de las transferencias que el Gobierno nacional tendrá que hacer a alcaldías y gobernaciones a pesar de las advertencias de varios centros de estudios como Fedesarrollo, Anif e, incluso, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, quienes aseguran que el proyecto podría dejar al Gobierno central sin presupuesto de inversión y al borde de la quiebra.Para el Banco de la República es evidente que la aprobación de esa reforma fue clave en la disparada del precio del dólar en Colombia, en especial porque no está claro que el aumento de las transferencias vaya a darse al mismo ritmo al que se redefinen las competencias de los gobiernos locales y el Gobierno nacional."La fuerte devaluación de la tasa de cambio observada durante las últimas semanas, que si bien ha sido un fenómeno común para otras economías latinoamericanas en un contexto de incertidumbre sobre las condiciones financieras globales, en el caso colombiano se ha visto acentuada por la notable caída de los precios internacionales del petróleo, la creciente preocupación por el financiamiento del presupuesto de 2025 y la incertidumbre por las perspectivas fiscales de mediano plazo asociadas al proyecto de Acto Legislativo sobre las transferencias a los entes territoriales. Despejar estas dudas es un requisito indispensable para serenar los mercados y mantener la estabilidad macroeconómica del país. Destacaron que el debilitamiento del peso y de otras monedas de la región se ha dado a pesar de la importante reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. Ello reduciría el margen de maniobra para continuar con el relajamiento de la política monetaria al ritmo que se ha venido llevando a cabo hasta el momento", indicó el documento.Quienes votaron por una reducción más agresiva de las tasas dijeron estar confiados en que, como se ha logrado en el pasado, "las instituciones y la voluntad lograrán alcanzar un consenso para encontrar una fórmula que evite el deterioro fiscal y disipar los temores en los mercados".Sin embargo, el grupo mayoritario teme que el nerviosismo del mercado siga aumentando el precio del dólar y eso termine impactando a la inflación, pero también dijo estar preocupados por la posibilidad de que el salario mínimo suba por encima de las proyecciones del equipo técnico del banco (6.3 %) y que la inflación en servicios y comidas fuera del hogar continúa siendo elevada.
En una histórica votación, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes confirmó el avance del proyecto que busca la creación de un nuevo departamento en Colombia, denominado Sur Caribe. Liderado por la representante Cha Dorina Hernández Palomino, la iniciativa busca unir 28 municipios actualmente distribuidos entre los departamentos de Bolívar, Cesar, Magdalena y Norte de Santander.La propuesta surge en un contexto de reclamos históricos de abandono institucional en estas localidades. Según Hernández, el objetivo es mejorar la eficiencia en la administración pública y proporcionar una atención más cercana y eficaz a los más de 600.000 habitantes que residen en estas localidades.“Un nuevo departamento de la región #SurCaribe avanza su trámite para concentrar 28 municipios. Vamos a fortalecer la descentralización y garantizar mayor autonomía a las regiones. Estamos trabajando incansablemente para lograr un país con un #ordenjusto”, publicó la congresista en su cuenta de X.El núcleo administrativo del nuevo departamento sería el municipio de Aguachica, actualmente parte de Cesar. Este paso, según el proyecto, permitiría una reducción significativa de los costos y tiempos de desplazamiento para acceder a servicios institucionales, algo que ha sido una demanda constante de estas regiones."Revitalizaría un antiguo departamento (Banco) que existió entre 1859 y 1885", destaca el documento presentado por los promotores de la ley.El legado histórico también juega un papel fundamental en esta propuesta, al incorporarse como parte de un proyecto de desarrollo orientado especialmente por el concepto de agua, promovido por el presidente Gustavo Petro. Hernández aseguró, en declaraciones a Red+ Noticias, que la propuesta "se alinea con propuestas de desarrollo territorial alrededor del agua” y busca “atender el rezago histórico” de la región.La bandera del nuevo departamento está prevista para simbolizar su identidad y recursos: el verde simboliza los recursos naturales, el azul representa la ecorregión acuática y el cielo, mientras que el blanco refleja la esperanza acompañada de un sol naciente, según detalles este emblemático diseño busca resaltar las riquezas no aprovechadas del área.La iniciativa avanza con una ponencia positiva y sin impacto fiscal negativo para la nación, lo que contribuye a un sistema de asignación de transferencias más justo. En total, cubriría una extensión de 21.885 kilómetros cuadrados (aproximadamente 8.451 millas cuadradas), abarcando una población considerable en áreas urbanas y rurales. Hernández subraya la importancia de esta medida:."Este acto legislativo no solo favorecería a los municipios involucrados, sino que también establecería un piloto de descentralización", se mencionó en la declaración.El proyecto ha despertado interés también por las implicaciones culturales que puede permitir al recordar la lucha de líderes africanos como Benkos Biohó, quien fundó Los Palenques y se destacó por su defensa de la libertad de los esclavos en el siglo XVII.“Hoy hemos dado un paso histórico al radicar el proyecto que busca la creación del nuevo departamento Sur Caribe en el Congreso de la República. Este proyecto es una respuesta a las necesidades de autonomía y desarrollo de los municipios del Magdalena Medio, que han sufrido durante mucho tiempo el abandono estatal y la violencia”, agregó la congresista del Pacto Histórico.Finalmente, el posible surgimiento de Sur Caribe no solo buscaría beneficios económicos y administrativos, sino que también abre una puerta para el reconocimiento cultural y etnográfico de estas regiones. El proyecto de ley continúa su trámite en el Congreso, y su posible aprobación supondría una evolución significativa en el panorama administrativo del país.
Hay una reforma en el Congreso a la que el Gobierno le ha puesto toda la artillería y es la de la Ley de Transferencias o sea la posibilidad de reformar el actual sistema de transferencias que el gobierno central traslada a los entes territoriales aumente, para que estos atiendan las obligaciones que los gobiernos locales han venido asumiendo como producto del proceso de descentralización.En diálogo con Mañanas Blu, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió al acalorado debate en torno al proyecto que busca profundizar la autonomía territorial en Colombia. En un contexto donde las finanzas del país son noticia constante, Cristo aclaró que este proyecto cuenta con el respaldo del presidente Gustavo Petro, quien ha comprometido su apoyo a la iniciativa. "El gobierno apoya el proyecto que se está tramitando y no solo el Ministerio del Interior", afirmó Cristo. Cristo destacó que la discusión no se limita a si se apoya el proyecto, sino que el enfoque se centra en cómo este se implementará. Aseguró que el presidente ha mantenido su compromiso desde hace años para fortalecer la autonomía territorial, un tema que ha sido atendido de manera recurrente en sus propuestas y campañas. A pesar de la oposición que surgió en el pasado contra reformas anteriores, el actual gobierno busca una transformación profunda que beneficie a los departamentos y municipios. "Es un momento crítico para debatir la autonomía territorial. Este no es solo un tema de recursos, sino de competencias y de evaluar si el centralismo ha sido capaz de reducir las brechas territoriales en el país", comentó. La propuesta que ha sido discutida en la Comisión Primera del Senado plantea que la entrada en vigencia del nuevo acto legislativo dependa de la aprobación de una ley de competencias. Esta ley, que se espera sea concertada con distintos sectores de la sociedad, definirá las responsabilidades que asumirán los niveles regionales y cuáles corresponderán al Estado central. "Si no logramos un acuerdo en la ley de competencias, el acto legislativo no podrá entrar en vigencia", advirtió el ministro. En ese sentido, subrayó la importancia de que esta iniciativa no implique un aumento del gasto público, sino más bien una redistribución de los recursos existentes, brindando un claro ejemplo sobre la educación. Escuche la entrevista aquí:
Luego de que surgieran versiones sobre la semana de receso, tal y como se toma para los colegios en el país del 7 al 11 de octubre, para el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, aseguró en Mañanas Blu, que se sesionará de manera habitual. "Vamos a seguir trabajando, juiciosos", dijo Salamanca al ser preguntado por la semana de receso.En ese sentido, además contó que en lo que llevan de su Presidencia, han aumentado a "tres sesiones plenarias a la semana para poder atender las responsabilidades de trámites legislativos, control político, mociones de censura que estaban representadas de la anterior vigencia". Reveló que esto hizo que "algunos colegas pues sugirieran que en la semana de receso escolar para compartir con sus familias considerando la posibilidad de no sesionar en dicha semana de receso escolar". Sin embargo, según contó, esta propuesta se estudió por parte de la mesa directiva y no fue acogida. "Tenemos mucho trabajo represada y no podemos descansar", agregó.Por su parte y sobre la COP16, también reveló que están organizando una agenda legislativa y sesionar de manera descentralizada en la primer semana en el departamento del Valle del Cauca. "Estamos organizando todo eso con las distintas bancadas mirando las citaciones a los ministros, organizando foros con la Academia y manteniendo sesiones al menos una de esas dos semanas acá en Bogotá", explicó.Escuche aquí la entrevista:
El representante a la Cámara David Racero es señalado de pedirle parte de su sueldo a una mujer de su Unidad de Trabajo Legislativo y además poniendo a atender un fruver a otro de sus colaboradores de la UTL. Tras este escándalo que estalló el fin de semana tras una publicación en la que muestran una serie de mensajes de WhatsApp en los que el congresista estaría pidiendo ese dinero, la procuradora, Margarita Cabello, anunció una indagación preliminar contra el congresista. La Sala Disciplinaria de Instrucción informó que, de acuerdo con versiones publicadas en medios de comunicación, el parlamentario habría exigido a una de sus asesoras que le entregara parte del salario que percibía en ese momento."Con el desarrollo de esta etapa procesal y la solicitud de pruebas hecha por el Ente de control se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si el servidor actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad", señaló la Procuraduría. En los mensajes se lee que Racero habría pedido a Estefanía Montoya, quien hizo parte de su unidad de trabajo en 2019 pagar a otro asesor llamada Yidis Gahona, la suma de $3.500.000 de un total de $8.158.000 que sería su salario.De acuerdo con el representante, los mensajes reflejan transacciones personales, préstamos de dinero entre él y Montoya, sin embargo, la explicación no concuerda con las cifras mencionadas, lo que deja abierta la posibilidad de que se haya pedido parte del sueldo a la asesora.
Los trabajadores del sector aéreo siguen preocupados por el aumento de casos de conflicto verbal y físico que se ha presentado dentro de los aviones, por lo cual piden al Congreso que aprueben y lancen el proyecto de ley que endurezca las sanciones y medidas legales que se toman al momento en que se presentan estas situaciones.“Es inadmisible que se sigan presentando casos de pasajeros disruptivos y agresivos en Colombia, mientras el Congreso no avanza en la discusión y aprobación del proyecto que castiga con medidas ejemplares estas acciones”, dijo Carlos Roncancio, Asesor Legal de los trabajadores aéreos.La petición se retoma debido al caso sucedido este miércoles 18 de septiembre, en el cual, dentro de un avión de la aerolínea Avianca, un pasajero argentino atacó a un tripulante de cabina. Dañando la integridad de la víctima y obligando a cancelar el vuelo Cancún- Bogotá. Acción que también afectó a 111 pasajeros que tenían previsto viajar en el vuelo de regreso, el cual fue cancelado debido al actuar del pasajero.Aunque esta no es la primera vez que se solicita una acción establecida al momento de presentarse estas situaciones, el Sindicato de Trabajadores Aéreos volvió a solicitarle al Gobierno que se formalice y se apruebe el proyecto de ley contra pasajeros disruptivos.“Los trabajadores, las empresas y los demás pasajeros necesitamos que el Congreso de la República y la Cámara de Representantes nos respalden ya sacando el proyecto de ley”, señaló el presidente de la asociación colombiana de auxiliares de vuelo, Cristina Cadavid.Además de repetir el llamado, la asociación también celebró el acompañamiento que la aerolínea le ha prestado al auxiliar de vuelo, además afirmó que la demanda impuesta al agresor por los gastos que tuvo que cubrir la compañía va por buen camino.30.000 dólares, fueron el capital que la compañía tuvo que compensar debido al actuar del pasajero argentino, situación que no es un caso aislado, por lo cual se solicita que se pronuncie la entidad encargada y se puedan tomar medidas para evitar que casos como el del 18 de septiembre no vuelvan a suceder.
Una fuerte crítica al cese al fuego y a la apuesta de paz total hizo el gobernador Andrés Julián Rendón, por lo sucedido en la vereda La Plancha, en zona rural de este municipio del nordeste de Antioquia, donde miembros del los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN habrían atacado una unidad militar en el antiguo espacio territorial.El mandatario calificó como desalmado este ataque y señaló que el ELN delinque en esa zona del departamento en connivencia con el Estado Mayor Central de las Farc “la paradoja, quienes pretenden estar negociando con el gobierno, atacando a firmantes de paz que han negociado y han honrado la palabra con el gobierno nacional en otros contextos”, dijo.Aunque ya son cinco los muertos en medio de esta ofensiva con explosivos, el Ejército confirmó las identidades de cuatro de ellos, que son el suboficial Freddys Robles y los tres soldados identificados como Fabián Rengifo, Iván Reina y Carlos Ramos. Además, cuatro soldados y un civil también resultaron heridos en esta acción criminal y fueron trasladados a Medellín.Para el gobernador Rendón, una vez más se demuestra que “no tienen voluntad de paz”.“Yo no sé cuántas cosas más tienen que acontecer en Antioquia, en el resto del país para que el gobierno comprenda que la mal llamada paz total es un fracaso y que lo único que se necesita para imponer la paz es soltarle las manos a la fuerza pública, dotarla, equiparla bien, liderarla para que produzcan resultados contundentes en contra del crimen cualquier bandido de cualquier pelambre y en favor de la protección de los antioqueños y de los colombianos”, agregó.Los enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN en zona rural de Anorí ya completa dos semanas, dejando una grave crisis humanitaria, pues al menos 150 familias han salido desplazadas de veredas como Tenche y Los Trozos y 78 niños están desescolarizados.
Un gigantesco cráter se abrió este mediodía en la calzada Bogotá-Girardot, a la altura del sector San Raimundo. El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 de la tarde del jueves, en una zona donde actualmente se desarrollan obras de manejo de aguas y ampliación a un tercer carril.La falla en la estructura del pavimento se produjo debido a una caída en la banca, posiblemente relacionada con las intervenciones en curso. Entregarán en diciembre 21 kilómetros del tercer carril en la vía Bogotá El presidente de la ANI, Francisco Ospina Ramírez, informó que a lo largo del 2024 se han logrado avances importante, pasando de un 44,4 % de ejecución al inicio del año a un 65,1 % en la actualidad. Antes de que finalice el año, se entregará un tramo clave: 21 kilómetros de tercer carril, que comprenden importantes obras como:El puente vehicular del Boquerón.13 kilómetros de tercer carril en el sector de Chinauta.La conexión desde la salida del túnel Sumapaz hasta la intersección Jaibaná en Fusagasugá.Estructura del proyectoEl proyecto está dividido en ocho unidades funcionales, con intervenciones estratégicas a lo largo del corredor Bogotá-Girardot. Hasta la fecha, se han entregado cuatro tramos que benefician directamente a los usuarios de los municipios de:Soacha y Sibaté: Ampliación de calzadas para reducir congestión.Silvania y Fusagasugá: Mejora de accesos y fluidez en tramos críticos.Melgar, Ricaurte y Girardot: Incremento en la capacidad vial, facilitando el acceso turístico y comercial.
La reciente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha despertado inquietudes en América Latina, especialmente en los contextos políticos de Colombia y Venezuela. Las preguntas giran en torno a cómo el nuevo Gobierno estadounidense, liderado por Trump y con figuras como Marco Rubio en posiciones clave, podría afectar las dinámicas políticas en la región.Por ejemplo, emergen interrogantes sobre una posible negociación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la administración Trump, tras la revelación de que delegados del régimen venezolano se han reunido con personas cercanas al presidente.¿Qué puede esperar Latinoamérica ahora?En diálogo con Mañana Blu con Camila Zuluaga, el director para la veeduría de defensa de WOLA, Adam Isacson, apuntó a que dentro de la Casa Blanca existirán divisiones notables. Por un lado, algunos miembros del gabinete priorizan la migración y la deportación de venezolanos, mientras que, por otro, Rubio se sienta a la mesa con una agenda que busca seguir presionando al régimen de Maduro."Es imposible saber todavía, pero hay una fuerte probabilidad de que entre este Gobierno en frente de Trump va a haber una división interna bastante aguda. Es que, digamos, en la Casa Blanca los oficiales que ya han nombrado son quienes priorizan mucho el tema de la migración, que quieren excluir a los migrantes. Y hay como 600.000 migrantes venezolanos que han entrado a Estados Unidos durante los últimos tres o cuatro años y quieren devolverlos también. Esos mismos de la Casa Blanca son obsesionados con la inmigración y también obsesionados con acceso al petróleo", indicó.Esto, añadió, podría generar una brecha significativa en las estrategias adoptadas. En ese sentido, habló también de Colombia, pues la administración de Gustavo Petro podría enfrentar “retos” con el nuevo Gobierno de EEUU.Un enfoque más duro en las sanciones hacia Venezuela podría implicar mayores flujos migratorios hacia Colombia, poniendo presión al Gobierno Petro, según dijo Isacson."Para Colombia van a haber, especialmente para el Gobierno de Petro, varios retos; más retos que ventajas. Sobre el tema de Venezuela no sé exactamente cómo entrar, porque lo que están pensando la gente como Rubio es endurecer sanciones a cosas que tal vez resultarían en más sufrimiento dentro de Venezuela y más migrantes saliendo de Venezuela entrando a Colombia. Eso sí es un reto, pero veo retos más grandes en el tema de inmigración y drogas", sostuvo.En este sentido, mencionó que la estabilidad de la política colombiana está en jaque, ya que el péndulo político podría inclinarse hacia la derecha en respuesta al ascenso de Trump, afectando la popularidad del actual Gobierno de izquierda.Explicó que la tendencia de construir un bloque de derecha en América Latina puede intensificarse con la influencia de Trump y sus aliados.
Blu Radio tuvo acceso a nuevos detalles de un encuentro en la Casa de Nariño el 6 de noviembre de este año, que contó con la participación del presidente Gustavo Petro y sería determinante en la intervención de los Estados Unidos dentro de la polémica por la compra del software Pegasus.Un día después, 7 de noviembre, el diario El Tiempo publicó la declaración de altos funcionarios del Gobierno de Joe Biden, quienes afirmaron que ese país fue el responsable de la compra del software espía Pegasus con el objetivo de implementarlo en la lucha contra el narcotráfico. Además, señalaron que el Gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022) no tuvo conocimiento del negocio pactado con la firma NSO Group por 11 millones de dólares.Además, los funcionarios norteamericanos expresaron que la compra se efectuó por dos montos de 5.5 millones de dólares. La fiscal Luz Adriana Camargo, quien abrió una investigación, afirmó que el sistema financiero de Israel registró el ingreso de dinero y declaró que “la operación por 11 millones de dólares existió”.¿Quién tuvo acceso a Pegasus?Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, qué miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de Catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países( Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir la herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial(Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.La reunión en PalacioEl 6 de noviembre de este año se llevó a cabo, en la Casa de Nariño, un encuentro crucial entre el presidente Gustavo Petro y un alto dignatario del gobierno de Estados Unidos, tan solo unas horas después de la elección presidencial en ese país, donde fue electo Donald Trump.La fuente anónima argumentó a Blu Radio que las recientes publicaciones en medios, que salpicaba aún más a la línea de mando de la Policía y al gobierno Duque, incluyendo ministros y funcionarios, así como la actuación penal contra importantes aliados en la lucha contra las drogas, como el exministro de Defensa Diego Molano y el general Jorge Luis Vargas, motivaron la intervención y la llegada de esta figura importante de la política norteamericana. Este dignatario estuvo acompañado en todo momento por un esquema de seguridad extranjero durante las pocas horas que permaneció en territorio colombiano.Lo llamativo de la reunión es que en ella se habría informado al Primer mandatario sobre una versión desconocida en ese momento por la opinión pública sobre la participación de Estados Unidos en la compra de Pegasus. No obstante, no fue sino hasta la revelación de El Tiempo y la reunión sostenida entre el embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca con funcionarios del gobierno Biden que el presidente Petro emitió un pronunciamiento en su cuenta de X: “Si esto es cierto, sí que serían peor las cosas”.Otro de los puntos que pudo conocer este medio fue que la persona encargada de responder las preguntas del embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca en Washington fue Todd Robinson, político estadounidense con una larga experiencia en la lucha contra el narcotráfico y la persona que designó Estados Unidos para permitir un mayor entendimiento, teniendo en cuenta la estrecha relación de Robinson en asuntos de América Latina.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, tambien por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
Emilio Tapia, principal involucrado en el escándalo de corrupción relacionado con el caso Centros Poblados, alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación este martes, en el que admite su responsabilidad en los hechos que resultaron en la pérdida de más de $70.000 millones destinados a conectar con internet a escuelas rurales en Colombia. Este caso, que estalló durante el gobierno del expresidente Iván Duque, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.Detalles del preacuerdoEl preacuerdo entre Emilio Tapia y la Fiscalía contempla cuatro puntos clave que definen las condiciones de su colaboración y su castigo:Condena de seis años de cárcel: Tapia aceptó cumplir una pena privativa de la libertad que, aunque reducida, refleja la gravedad de los delitos cometidos.Devolución de $5000 millones: el empresario deberá reintegrar parte de los fondos desviados. De este monto, ya entregó $2500 millones en efectivo. Los otros $2500 millones serán restituidos mediante bienes que se encuentran en Girardot y zonas rurales de Medellín, según lo confirmó su defensa.Testigo clave para la Fiscalía: Tapia se comprometió a colaborar como testigo en las investigaciones, lo que podría revelar información crucial sobre otros implicados en la red de corrupción.Aceptación de tres delitos: el empresario admitió su responsabilidad en los cargos imputados, consolidando su disposición para cooperar con la justicia.El escándalo de Centros PobladosEl caso Centros Poblados estalló cuando se descubrió que los recursos destinados a llevar conectividad a zonas apartadas del país, mediante un contrato adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), fueron desviados mediante documentación falsa y una red de corrupción liderada por Tapia.El contrato, valuado en $1,07 billones, fue cancelado después de que se conociera que las empresas contratistas no tenían la capacidad técnica ni financiera para ejecutar el proyecto. Este hecho salpicó a funcionarios del gobierno de la época y desató una crisis de credibilidad en las instituciones.
