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Confirman tutela a favor de Triple A por caso de asistencia técnica

Corte Suprema de Justicia respaldó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, relacionado con el detrimento patrimonial de la empresa por contrato con Inassa.

303199_Blu Radio/ Triple A. Foto: Cortesía
Blu Radio/ Triple A. Foto: Cortesía

Con una tutela, la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de Barranquilla, Triple A, consiguió que la Corte Suprema de Justicia amparara su derecho a declararse víctima en el proceso judicial por el multimillonario contrato de asistencia técnica con Inassa, el cual es objeto de una investigación transnacional en España y Colombia.

La sala de casación penal del alto tribunal confirmó la tutela fallada, en primera instancia, por el Tribunal Superior de Bogotá a favor de la Triple A. El proceso obedece a un contrato por 237 mil millones de pesos que, según la investigación de la Fiscalía, no se ejecutó.
 
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En España, el proceso es conocido como el 'Caso Lezo' y en Colombia es denominado 'Operación Acordeón'.

Varios altos directivos de Inassa, empresa filial de la estatal española Canal de Isabel II y dueña de la mayoría de las acciones de Triple A,

han sido detenidos en España, mientras en Colombia el directivo de más alto rango que está siendo investigado es el antiguo gerente de la compañía, Ramón Navarro.

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La Fiscalía 42 delegada ante los tribunales había rechazado una demanda civil de la Triple A con el argumento de que no podía declararse víctima ya que el dinero había beneficiado a su socia mayoritaria, Inassa.

Sin embargo, la Triple A basó su alegato para la tutela en que son empresas independientes y con patrimonio propio, por lo que los actos presuntamente cometidos por Inassa la afectaron directamente.

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La Corte, en fallo del 6 de mayo, confirmó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, considerando que se trata del derecho fundamental al debido proceso, y remitió a la Corte Constitucional para una posible revisión.

La investigación por el contrato de asesoría técnica, comercial, operativa y administrativa data de 2017, cuando la Procuraduría General de la Nación pidió suspenderlo porque se había pagado por servicios que no fueron suministrados.
 
 

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