Un nuevo acuerdo logrado en el Concejo de Bogotá promete establecer reglas más claras en torno a la imposición de comparendos por parte de las cámaras de fotomultas. La concejal Diana Diago, autora del proyecto de acuerdo que busca regular el uso de estas herramientas de control, aseguró en entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que esta medida busca generar confianza entre los ciudadanos y crear una consciencia real de cuidar la vida.¿Cámaras de fotomultas sirven para reducir accidentes de tránsito?Según cifras presentadas por la concejal, en los últimos tres años se registró un incremento del 900 % en los comparendos impuestos por cámaras de fotomultas, pero esto no se tradujo en una disminución de la siniestralidad vial. En 2023, se reportaron 12.680 siniestros con 22.950 víctimas, lo que representa un aumento del 78 % en comparación con 2020."El año pasado se recaudaron más de $160.000 millones, eso es un ingreso grandísimo para Bogotá. ¿Pero realmente está cumpliendo con la función? Si tenemos el 70 % más de siniestros viales. Eso quiere decir que las cámaras no están funcionando como se quiere", puntualizó Diago.Además, la cabildante alertó que para 2024 se prevé la instalación de 80 nuevas cámaras de fotomultas, lo que, según ella, solo profundizaría el problema.¿Qué cambiará con las cámaras de fotomultas en Bogotá?Diago explicó que el acuerdo aprobado establece una serie de lineamientos para garantizar transparencia en el uso de las cámaras de fotomultas:Identificación visible: las cámaras deberán estar plenamente identificadas de acuerdo con la norma nacional, evitando su instalación en lugares ocultos.Divulgación de tecnología: la Secretaría de Movilidad deberá informar sobre los sistemas y tecnologías utilizadas en la detección de infracciones.Campañas de sensibilización: se realizarán actividades para educar a los ciudadanos sobre el propósito de las cámaras y promover el cumplimiento voluntario de las normas de tránsito.Control en zonas específicas: las reglas también aplicarán para mecanismos de control en áreas de prohibido estacionar y cruces de intersecciones."Creo que la Secretaría de Movilidad debe hacer campañas pedagógicas en otros sentidos porque es que no se ven, yo la verdad como concejal de Bogotá haciendo control político todo el tiempo, no se ve una campaña, dígame usted cuando ha visto una campaña salvemos la vida", agregó.Además, la cabildante contó que estos cambios vienen "apalancados con una norma a nivel nacional, todas las cámaras de fotodetección a nivel nacional deben tener plena señalización"."Con este acuerdo pues le da más fuerza jurídica, pero lo importante es que los ciudadanos entiendan por qué están, para qué son y cómo deben transitar por esos corredores viales", concluyó.
El Concejo de Bogotá aprobó el acuerdo 607 de 2024, que busca mejorar las prácticas relacionadas con la imposición de sanciones a los conductores de plataformas digitales de transporte como Uber, DiDi, Cabify e inDriver. Este acuerdo, que está pendiente de sanción por parte del alcalde Carlos Fernando Galán, tiene como objetivo garantizar un trato justo y respetuoso durante los procedimientos sancionatorios.¿Qué cambiará para los conductores de apps de transporte el acuerdo del Concejo de Bogotá?Según el concejal Juan Daniel Oviedo, quien es uno de los líderes de la iniciativa, en entrevista con Mañanas Blu, defendió al acuerdo y explicó que propone:Educar a los agentes de tránsito: para evitar prácticas abusivas durante los operativos.Respetar la intimidad de los ciudadanos: se busca prevenir interrogatorios sin el cumplimiento del debido proceso y evitar decomisos innecesarios de equipos como celulares.Evitar la doble sanción: el acuerdo busca que no se impongan múltiples sanciones por una misma infracción, tal como lo establece la ley.Promover el debido proceso: según Oviedo, este aspecto incluye evitar prácticas como solicitar teléfonos móviles para verificar conversaciones de WhatsApp entre pasajeros y conductores, algo que consideró una violación a la privacidad.Oviedo afirmó que la Secretaría de Movilidad de Bogotá ya expidió una circular el 28 de noviembre de 2024, en la que establece buenas prácticas para los operativos relacionados con la infracción D12, la cual sanciona el transporte público no autorizado.SuperTransporte está en desacuerdo con el acuerdoLa Superintendencia de Transporte emitió un comunicado este lunes en el que instó a la administración distrital a revisar este acuerdo. Según la entidad, las disposiciones deben ajustarse estrictamente al marco normativo vigente, especialmente al Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002).La superintendente Ayda Lucy Ospina Arias señaló que los concejos municipales no pueden dictar normas permanentes que modifiquen el Código de Tránsito. Destacó que el acuerdo no puede condicionar la aplicación de sanciones establecidas en dicho código ni limitar las funciones de las autoridades en casos donde una misma conducta configure múltiples infracciones.En respuesta a esto, el concejal Oviedo recomendó a la superintendente revisar "bien el contenido del acuerdo porque no se está modificando la ley de transporte, simplemente que haya campañas pedagógicas y jornadas de formación y sensibilización para que la gente entienda qué es el comparendo D12".¿Cuántas personas trabajan con plataformas en Bogotá?El cabildante afirmó que el acuerdo busca proteger los derechos de más de 362.000 personas que usan plataformas digitales de transporte, a pesar de que no existe una regulación específica para este servicio a nivel nacional. "Queremos decirles que, al menos, no los traten como delincuentes a la hora de imponer el comparendo", mencionó.Mientras el acuerdo genera debate, el Congreso de la República discute un proyecto de ley estatutaria que regularía el uso de plataformas digitales de transporte. Esta normativa, de ser aprobada, modificaría el Código Nacional de Tránsito para permitir explícitamente que vehículos particulares presten este tipo de servicios.El proyecto también plantea que, bajo el marco legal, no habría lugar a inmovilizaciones ni multas para conductores de plataformas digitales, siempre que operen de manera regulada. Sin embargo, el proceso legislativo, que incluye debates en ambas cámaras del Congreso y un control previo de la Corte Constitucional, está en curso.Cuál es la multa por trabajar en Uber, DiDi y más appsActualmente, la infracción D12, que sanciona el transporte público no autorizado, tiene una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalentes a 1.300.000 pesos en 2024. Esta normativa seguirá en vigor hasta que se apruebe una ley que regule el uso de plataformas digitales de transporte.
Este lunes, 9 de diciembre el Concejo de Bogotá está eligiendo la nueva mesa directiva de la corporación para el año 2025, la primera decisión se dio en lo que tiene que ver con la presidencia, que quedó en manos de los liberales con la representación de Samir Abisambra, quien fue elegido con 34 votos a favor, uno en blanco y sin votos en contra.Según los acuerdos políticos que se hicieron hace un año cuando se posesionó el nuevo Concejo de la ciudad, el primer año de presidencia le pertenecía al partido Nuevo Liberalismo, por lo que este año el elegido fue el concejal Javier Baena y para el 2025 corresponderá a los liberales.La postulación de Abisambra como único candidato por los liberales, generó rupturas en medio de la bancada de ese partido, fueron las concejales Clara Lucía Sandoval y María Victoria Vargas quienes se retiraron de la reunión previa a la elección, además de haber manifestado su descontento en plenaria.Así las cosas, Samir Abisambra se convierte en presidente del Concejo Distrital por segunda vez, ya que en 2022 había tomado ya las riendas de la corporación bogotana, siendo el segundo concejal más votado en las elecciones de octubre del 2023.Por otra parte, la primera vicepresidencia quedó en manos de Juan Daniel Oviedo, en representación de la oposición, fue elegido con 44 votos positivos.
La Superintendencia de Transporte emitió un comunicado en el que insta a la Administración Distrital de Bogotá a revisar el acuerdo 607 de 2024, aprobado en segundo debate en el Concejo de Bogotá, que busca establecer disposiciones para mejorar las prácticas en la aplicación de sanciones por la infracción D12, relacionada con el uso de apps de transporte.Sin embargo, la Superintendencia advirtió que las disposiciones de este acuerdo deben ajustarse estrictamente al marco normativo vigente, y recordó que las autoridades locales no pueden modificar o adicionar normas permanentes del Código Nacional de Tránsito.¿Qué cambiaría con el acuerdo 607 sobre las infracciones a conductores de apps de transporte?El acuerdo del Concejo de Bogotá tiene como objetivo principal garantizar un procedimiento justo y respetuoso en la aplicación de comparendos a conductores de plataformas digitales como Uber, Didi, Cabify o inDriver. Según los mismos cabildantes, este acuerdo busca:Promover buenas prácticas en los operativos sancionatorios.Asegurar que las autoridades respeten los derechos de los conductores durante los procedimientos.Generar pedagogía sobre los derechos y responsabilidades de los actores viales.No obstante, la SuperTransporte destacó que cualquier alteración a los procedimientos establecidos por ley debe ser revisada con cuidado, para no contravenir las normas vigentes.¿Qué dice SuperTransporte sobre modificara procedimientos por infracción D12?La superintendente Ayda Lucy Ospina Arias subrayó que, aunque es positivo promover iniciativas que protejan los derechos de los actores viales, el Acuerdo no debe contradecir la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito). Según la norma, los concejos municipales y asambleas departamentales no pueden dictar normas permanentes que impliquen modificaciones al Código de Tránsito.“El respeto por la regulación vigente es fundamental para garantizar tanto la seguridad vial como la protección de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los prestadores del servicio público de transporte debidamente autorizados”, declaró Ospina Arias.Además, la Superintendencia resaltó que el acuerdo no puede condicionar la aplicación de sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito ni limitar la labor de las autoridades operativas en casos donde se configuren infracciones múltiples.Así las cosas, la Superintendencia aseguró que se desconoce "el concurso ideal de infracciones administrativas" si se les restringe el ejercicio de las autoridades de tránsito a que cuando de una misma conducta se configuren dos infracciones independientes, se informe solo una infracción para que sea investigada.¿Habrá ley que regule el uso de apps como Uber, DiDi, etc.?En paralelo, se discute en el Congreso un proyecto de ley estatutaria que busca regular los servicios de transporte ofrecidos mediante plataformas digitales. De aprobarse, esta ley eximiría a los conductores de estas aplicaciones de sanciones como la inmovilización de vehículos o multas, siempre que operen dentro de un marco legal.El proyecto de ley también plantea actualizar el Código Nacional de Tránsito, permitiendo explícitamente que vehículos particulares presten servicios a través de plataformas digitales. Mientras tanto, las multas e inmovilizaciones seguirán vigentes hasta que la legislación sea aprobada y regulada."Esto implica que, en ejercicio del derecho a la libre movilidad, no habrá lugar a inmovilizar ni multar vehículos que trabajen con plataformas como DiDi, Uber, Cabify, inDriver, etc., siempre y cuando estos servicios se encuentren legalizados", puntualizó la abogada Danna Piñeras a Blu Radio.Cuál es la multa por manejar DiDi, Uber, CabifyPara que esta normativa entre en vigor, sería necesario modificar el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, el cual actualmente sanciona el transporte público no autorizado mediante la infracción D12, la cual tiene una multa hoy en día de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, que en 2024 son 1.300.000 pesos.Sin embargo, cabe recordar que la abodaga Danna Piñeros explicó a Blu Radio que el proyecto debe someterse a un proceso legislativo especial, que incluye cuatro debates en el Congreso (dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado), seguido de un control previo de la Corte Constitucional.
Con 28 votos a favor y 12 en contra, la plenaria del Concejo de Bogotá aprobó el proyecto de acuerdo 399, que tiene como objetivo garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en colegios públicos de la ciudad.¿Qué implicaría el proyecto?Entre las medidas a abordar con esta nueva iniciativa se encuentra la creación de nuevos manuales de convivencia para que las instituciones educativas estén más preparadas para prevenir y abordar el acoso escolar. Con esto, se espera entonces contar con un protocolo más claro, rápido y confidencial en casos de discriminación (incluido el ciberacoso).El proyecto estipula también la realización de talleres para padres y cuidadores, con el propósito de fomentar el respeto y la inclusión en los hogares de los estudiantes. Además de grupos de apoyo que tienen el objetivo de fortalecer el respeto y la empatía dentro de las comunidades educativas.Por último, la iniciativa pretende establecer rutas de atención accesibles para que los estudiantes sepan y puedan acudir a un espacio seguro en caso de discriminación o violencia.El concejal José Cuesta Novoa, autor del proyecto, junto a los ponentes Juan Daniel Oviedo y Quena Ribadeneira aseguran que los verdaderos líderes de la iniciativa fueron los Cabildantes Estudiantiles. “Agradezco todos los aportes, las discusiones, las deliberaciones, las reflexiones y las observaciones, las cuales, en buena medida, terminaron fortaleciendo y consolidando esta iniciativa”, dijo el concejal Novoa.Con esto entonces, y luego de haber alcanzado la mayoría en los votos, el proyecto pasará ahora a sanción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. De concretarse toda la iniciativa, los estudiantes de la comunidad LGBTIQ+ podrían contar con un entorno más seguro y libre de discriminación.
La petición la hace el concejal, Julián Sastoque, quien afirmó que los bogotanos han tenido un buen comportamiento en el racionamiento, por lo cual se puede hacer un ajuste en el cronograma de racionamiento para que se suspenda los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Por su parte, el concejal aseguró que con esta suposición del esquema se apoyaría a la economía de los locales comerciales que trabajan los días de fiesta y a las familias presentes en Bogotá les daría un parte de tranquilidad, movilizarse y festejar con calma."Yo sí creo que hay que dimensionar que son ocasiones muy importantes para las familias bogotanas, para el encuentro, pero también para la actividad económica en la ciudad, para una buena movilidad, garantizar la posibilidad de que puedan tener provisión del servicio de agua en sus hogares en temporada decembrina. No estamos diciendo que todo el mes, sino esos días concretos, que puedan hacer un ajuste en el cronograma. Los bogotanos y bogotanas hemos sido juiciosos cumpliendo con el racionamiento porque entendemos que es una medida que hay que adoptar en estos tiempos en donde vivimos una crisis por el abastecimiento del recurso hídrico y a pesar de que la administración del alcalde pudo haber hecho más, hemos cumplido", mencionó el concejal.Ante esto, el concejal dice que las localidades que tendrían el corte ese día son sectores con bastante movimiento, localidades como: Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Suba.Entre tanto, cabe recordar que el alcalde, Carlos Fernando Galán, confirmó que se hará un estudio diario hasta el 15 de diciembre para conocer cómo avanza el consumo y ahorro de agua en la capital, y así tomar una decisión si se mantiene o renueva el esquema de racionamiento.
Sigue la polémica con la directora de la UAESP, Consuelo Ordóñez, quien aseguró que el viaje a México fue con autorización del Ministerio del Interior, correspondiente a una invitación de ese gobierno. Esto ocurrió mientras Bogotá pasaba por la crisis de acumulación de basuras, por lo cual desde el concejo de la capital lo asimilaron como un conflicto de intereses. Justamente quien denunció un aparente viaje sin autorización de la directora, fue la concejal Diana Diago, ya que en el debate del martes 5 de noviembre, aseguró que los viaje no fueron autorizadas:Diago: qué pena con usted, señora Consuelo Ordóñez, a mí no me venga a meter los dedos a la boca que yo sé cómo es que está haciendo estás haciendo estas licitaciones y sé lo que está pasando con su entidad (UAESP) y sé que es lo que está pasando con esos viajes que no tienen permiso del Ministerio del Interior.Ordóñez: tiene permiso del Ministerio del Interior y responde a una invitación del gobierno de la ciudad de México.Sin embargo, después del debate, desde el concejo hicieron el requerimiento de un derecho de petición para contrastar los viajes y las personas autorizadas. Ante esto, el Ministerio del Interior, emitió la respuesta confirmando que el nombre de la directora, Consuelo Ordóñez, no estaba en la lista.Ante esto, la concejal envió una solicitud a la Procuraduría para iniciar la investigación disciplinaria en contra de Consuelo Ordóñez, directa de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, por el presunto incumplimiento de lo establecido por la ley en cuanto a la autorización de “misiones oficial y salida del país por parte de funcionarios públicos”.En la carta se asegura que la salida del país de la directora, ocurría en medio de una crisis sanitaria en el distrito con respecto al manejo en los contratos de los cementerios distritales.“Es de conocimiento público que la funcionaria en mención realizó un viaje a México entre el 17 y 22 de septiembre del 2024, financiado por la Federación Interamericana del Cemento. Este desplazamiento ocurrió en medio de una grave crisis que afectaba a los cementerios distritales de Bogotá, la cual se agudizó al punto de llevar a su cierre definitivo el 21 de septiembre del mismo año” enfatiza la carta enviada a la Procuraduría.Entre tanto, desde el Consejo piden tomar medidas drásticas, asegurando que los recursos de los bogotanos no deben estar y con la denuncia en manos de funcionarios cuestionarios. Por su parte, aún no hay un pronunciamiento oficial de la directora de la UAESP, Consuelo Ordóñez, argumentando la respuesta entregada en el debate del Concejo de Bogotá, asegurando que el viaje sí estaba autorizado.
El Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el proyecto para prevenir el uso de vapeadores en la capital del país. La iniciativa busca actuar frente a la normalización del tabaquismo en las nuevas generaciones.De acuerdo con los impulsores de la medida, los concejales Rolando González y Rocío Dussan, este fenómeno ha aumentado de manera alarmante en los últimos años, especialmente entre los adolescentes y jóvenes. Por lo mismo, el proyecto ordenaría a las entidades del distrito trabajar bajo Cuatro aspectos: Identificar, caracterizar y monitorear el fenómeno del vapeo en Bogotá.Realizar actividades educativas para las personas que reconozcan el nivel de riesgos en su salud a la hora de consumir estos dispositivos.Diseñar estrategias que orienten y apoyen a las personas con consumo problemáticos.Evitar que se vapee en sitios públicos, concientizando a las personas de los efectos que genera en el ambiente.Cabe recordar que, según datos de la Fundación Neumológica Colombiana, el 31 % de los estudiantes de Bogotá entre 10 y 17 años han probado cigarrillos electrónicos: el 76 % lo hace por experimentar, el 81 % lo hace en actividades lúdicas en el colegio y el 83 % lo hace con amigos de las instituciones educativas.“Esto no es un juego, es un problema de salud pública que nos está afectando como sociedad. Estos artefactos no son una moda inofensiva, son una amenaza real para la salud; por ello, debemos trabajar en cambiar las conductas y actitudes, que permitan evitar su consumo”, dijo el concejal González.Bajo este panorama, se espera entonces que el proyecto avance en el Concejo de Bogotá y sea aprobado en su totalidad. Con lo anterior, el Distrito estaría en la obligación de generar espacios para prevenir el uso de vapeadores en la capital del país.
El Concejo de Bogotá aprobó dentro del cupo de endeudamiento $4.2 billones al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para el desarrollo de 25 obras de las cuales 9 son nuevas. Entre esa lista de las obras nuevas está el proyecto de la avenida Suba - Cota, que se convertiría en una nueva salida para los bogotanos de la ciudad por el norte. “El cupo de endeudamiento aprobado hoy por el Concejo de Bogotá nos permitirá hacer importantes inversiones para cumplirles a las y los bogotanos en materia de movilidad, vivienda, seguridad, salud, educación y cultura, recreación y deporte”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán. Así será la avenida Suba - CotaEn 2020 la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Cota, llegaron a un acuerdo para darle vía libre a esta obra que ahora ya está financiada. El proyecto beneficiará inicialmente a los habitantes y comerciantes del noroccidente de Bogotá, especialmente de la localidad de Suba, el municipio de Cota y la Región Metropolitana, colindando al occidente con Cota y al oriente con los barrios San José de Bavaria, Casablanca, entre otros.Blu Radio conoció que ya se encuentran en ejecución el contrato de estudios y diseños que contempla la “elaboración de la factibilidad, estudios y diseños para la construcción de la vía Cota desde la carrera 92 (cerro de La Conejera) e intersección con el municipio de Cota”, en el cual se divide el proyecto en tres tramos, de la siguiente manera:Tramo 1: dos carriles por sentido, andenes y ciclorruta. Este tramo hace parte de la localidad de Suba, en las inmediaciones del cerro de La Conejera, sobre la actual intersección de la carrera 92 con la calle 170, en el semáforo sur de esta. La vía se ampliará en el costado izquierdo (sentido Suba – Cota) de la vía actual a lo largo de 580 metros, y en la cual se construirá un puente con ciclorruta y andenes, con el fin de no afectar el cerro de La Conejera.Tramo 2: dos carriles por sentido, andenes, ciclorruta y separador, en este tramo se incluye la intersección con la avenida Borde Norte la cual se atenderá a través de retornos sobre el corredor de la nueva avenida Suba-Cota.Tramo 3: empalme con la variante Cota, con dos carriles por sentido, andenes y ciclorruta. Este tramo corresponde a una nueva vía que conserva y protege el corredor del río Bogotá, incluye el puente para cruzar el río y empalmar con la variante Cota. Así mismo, sobre la carrera 122 se proyecta abandonar la calzada existente y se alinea el corredor 300 metros hacia la izquierda de la calzada existente hasta encontrar el mejor punto de cruce sobre el río Bogotá.Finalmente, en la parte de la llegada al municipio de Cota, se estipula un puente sobre el río Bogotá que cuenta con una longitud de 190 metros en voladizos sucesivos compensados y posteriormente un par de puentes de 128 metros cada uno, con una viga postensada sobre la variante Cota.Estos son los 25 proyectos que están incluidos en el cupo de endeudamientoProyectos impacto metropolitano nuevos:Avenida Suba – CotaPuente Vehicular Ciudad Verde TibanicaAv. Jorge Gaitán CortésAvenida Villas fase I / Calle 147 a 153TransMiCable Potosí (Gestión Predial)Ciclorruta Av. Boyacá / Av. Villavicencio - Av. CaracasCiclorruta carrera 50Ciclorruta complemento Av. Jorge Gaitán CortésCiclopuente TibanicaProyectos en etapa de estudios y diseños, o en ejecución o en proceso de liquidación:Accesos Norte (Convenio ANI) Gestión PredialAv. El Tintal / Grupo 1Av. El Tintal / Grupo 2Av. Alsacia / Grupo 3Av. Laureano Gómez / Entre calles 170 y 193Av. Mutis / Entre transversal 112B Bis A y carrera 112Av. Villas / Entre calles 153 y 170 y Fase 2 Estudios y DiseñosCalle 54 sur / Entre carreras 88 C y 89 BCiclorruta av. Pedro León Trabuchy / Entre av. Américas a calle 26Corabastos María PazIntercambiador calle 80 / carrera 116 a límite de BogotáIntersección av. NQS con av. BosaPuente vehicular El Verjón / Sobre quebrada Los SantosPuente San Agustín / Calle 49 bis sur con carrera 5FReforzamiento Puentes Vehiculares G1 / Dos (2) puentesTaludes (4 Grupos: 32 puntos y 31 predios)
El concejal del Partido Verde Julián Sastoque denunció que el 2024 ha sido el año con más casos de violencia intrafamiliar desde el 2016. Según afirma, y con corte a septiembre, se han presentado 43.586 hechos de este tipo.La cifra representa un aumento de casi el 80 % frente al mismo periodo del 2023, pues el total del año cerró con poco más de 36.000 casos.“La mayoría de las víctimas son mujeres, con más de 30.000 sucesos, pero también los menores de edad: los niños, las niñas y adolescentes, que son cerca de 6.000”, le dijo Sastoque a Blu Radio. “A nivel nacional, la realidad no es distinta, estamos hablando de casi 122.000 casos en el país que, por supuesto, lo que nos dicen es que ni el alcalde Galán ni el Gobierno del presidente Petro han tomado las acciones pertinentes”, continuó.>>> Lea también: "Bogotá está preparada para marchas que están siendo llamadas por el presidente": GalánDe acuerdo con la denuncia, los hogares en donde más se ha visto la violencia intrafamiliar son aquellos que están atravesando situaciones emocionales difíciles o cuentan con vulnerabilidades socioeconómicas. Además, los hombres, posiblemente con enfermedades o trastornos mentales, serían los principales agresores.Entre los datos más llamativos se encuentra el horario en el que se dan este tipo de agresiones. Según se evidencia en la gráfica, la mayoría de los casos se presentan en la madrugada. “Este es el primer paso también para un feminicidio. Es decir, esto fácilmente muta de ser un delito de violencia intrafamiliar hacia un delito por homicidio o por feminicidio”, aseguró Sastoque.Por lo anterior, el concejal invitó a todas las mujeres y jóvenes que sean víctimas de violencia para que denuncien ante las autoridades competentes: línea 123 de la Policía Nacional. Asimismo, hizo un llamado al Distrito para que revele las acciones que está llevando a cabo para frenar este tipo de violencia.
